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Fecha:
Miércoles 06 de Diciembre del 2006
Los poderes del Estado y las instituciones llamadas "democráticas" rinden pleitesía a una monarquía designada por Franco, que la impuso como garante de los intereses de una clase social a cuya cabeza se encuentra la oligarquía financiera integrada por los antiguos franquistas y los neofranquistas, por los grandes terratenientes y por todos aquellos que, junto a la banca y los especuladores inmobiliarios, están esquilmando a los pueblos del Estado español. Lo que se ha denominado la Transición española no ha sido más que la adaptación del régimen fascista a las nuevas necesidades del gran capital, que pretende hacernos olvidar su complicidad con la dictadura franquista y con sus crímenes mediante una Constitución que sirva como ley de punto final a todo lo sucedido durante 40 años de tiranía. A la cabeza de esta farsa ponen a Juan Carlos I y lo nombran Jefe del Estado y Jefe de las Fuerzas Armadas sin que nadie lo haya elegido, garantizándole de por vida la inmunidad penal. De este modo la responsabilidad de este sujeto en la época de Franco, que la tuvo, así como la que tenga en el futuro, queda anulada por la Constitución española. Así pues, la Constitución de 1978 se ha convertido en una ley que da por buenos el golpe de Estado de 1936 y los crímenes de la dictadura. El gobierno democrático y legítimo de la II República queda en el más absoluto de los olvidos, y los luchadores antifascistas, con el heroico apoyo de las Brigadas Internacionales que vinieron a dar su vida por las libertades, la democracia, la igualdad social y el avance de los pueblos, han sido borrados de un plumazo por la Constitución monárquica del 78. El movimiento por la República no acepta la Constitución monárquica del 78 ni la monarquía, y lucha por la conquista de la III República como forma superadora de la opresión, tanto social como nacional, y de las desigualdades que entraña el anacrónico sistema monárquico, que sólo aspira a mantener los privilegios de clase y de casta de unas minorías a costa de las amplias mayorías. En la política imperialista que desarrolla la Unión Europea, el Estado español, con los Gobiernos del monarca a la cabeza, antes con el PP y ahora con el PSOE, está interviniendo en países soberanos como Afganistán o Haití, y en conflictos como el de Líbano, en claro apoyo a la política opresiva de Israel. Desde la política antiimperialista que defiende el movimiento republicano, exigimos el retorno de las tropas que invaden países soberanos, la salida de España de la OTAN y el desmantelamiento de las bases estadounidenses en nuestro país, pues nos negamos a supeditar nuestra soberanía nacional a una potencia extranjera que se ha convertido en la mayor amenaza contra la paz mundial. El acceso a la vivienda se está convirtiendo en algo imposible para millones de personas y, en particular, para los jóvenes. El robo descarado que practican promotoras, constructoras, bancos, instituciones y ayuntamientos, ha convertido la gestión de una necesidad básica en una descomunal estafa al más puro estilo mafioso, llena de testaferros y funcionarios corruptos, con unos intereses bancarios artificialmente en constante crecimiento, que están asfixiando a millones de familias. Todo esto cuando a Felipe, el heredero del Rey, le montan una casa de 1.700 metros cuadrados sin problema económico alguno, con el cinismo de proclamar a los cuatro vientos que todos tenemos los mismos derechos. Las movilizaciones de miles de jóvenes por una vivienda digna y asequible son la denuncia de un problema que, como el paro y la precariedad, forma parte de las preocupaciones más importantes a las que se enfrentan las nuevas y futuras generaciones. A los trabajadores se les ha impuesto, sin información ni consulta, una contrarreforma laboral que abarata el despido libre, que potencia las ETTs y la subcontratación, que rebaja las cuotas empresariales al desempleo y a la formación y que subvenciona con diversas partidas directamente a los empresarios. La otra contrarreforma de las pensiones, igualmente firmada por la patronal, el Gobierno, CCOO y UGT, lleva a prolongar la edad de jubilación, a rebajar las pensiones, a endurecer el contrato de relevo que afecta directamente a los jóvenes y a rebajar las cuotas empresariales a la seguridad social. Por todo ello, hay que unir y movilizar a los trabajadores para impedir más retrocesos y prepararse para avanzar. Otros muchos problemas se interrelacionan con los mencionados anteriormente, como el de la sanidad, que se deteriora cada día más, o la educación, que se resiente del trasvase de fondos públicos a los centros privados en detrimento de la escuela pública. Todo ello mientras se subvenciona a la Iglesia Católica con miles de millones de euros que salen del bolsillo de todos, creyentes y no creyentes, en tanto quedan sin atender otros muchos asuntos prioritarios. Aspiramos a una enseñanza laica y gratuita, sin clases de religión, que sirva para educar en los ideales de la igualdad, la justicia social y la solidaridad. El proceso de paz abierto a partir de la tregua permanente de ETA permite albergar la esperanza de superar el conflicto en el País Vasco si se resuelven los problemas políticos que lo generaron, como el derecho a la autodeterminación, que está siendo negado sistemáticamente por la oligarquía centralista, a cuya cabeza está la monarquía borbónica. La derecha neofranquista del PP está bloqueando el proceso, pues no está interesada en la paz, y el PSOE, con su debilidad y cobardía, no está dando los pasos para avanzar en este proceso necesario para todos. La derogación de la ley antiterrorista, la derogación de la ley de partidos y el reconocimiento de la existencia de presos políticos, así como la eliminación de la presión a la izquierda abertzale, serían medidas que ayudarían a avanzar en el proceso de paz en el País Vasco. Una situación parecida de bloqueo o de honda insatisfacción se da con la Ley de la Memoria Histórica en trámite parlamentario. Ya hay muchas asociaciones que la llaman traición de la memoria histórica, pues deja intactos todos los crímenes del franquismo, los juicios sumarísimos, el golpe militar del 36, los asesinatos cometidos en la transición, la simbología franquista... El movimiento republicano exige una ley que satisfaga a todos los que lucharon por la República como verdaderos patriotas y demócratas, que anule todas las sentencias franquistas y condene a los verdugos, que fueron los fascistas y quienes los apoyaron. Hoy surgen de nuevo, alentadas por la derecha, las ideas fascistas y sus organizaciones, que también se amparan en la corrupción política y económica que el sistema de la monarquía está generalizando. Actúan impunemente como avanzadilla para imponer el terror y frenar a los sectores populares de izquierdas, cebándose de forma especial con los extranjeros, precisamente por ser la parte más débil y desprotegida de la sociedad, pues las leyes de este sistema injusto les niegan los mínimos derechos que les corresponden como ciudadanos. El movimiento antifascista que va desarrollándose a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía, tiene el apoyo del movimiento republicano para avanzar hacia una sociedad más justa, sin privilegios y sin reminiscencias del franquismo. La movilización contra la monarquía y por la III República el 6 de diciembre en Madrid, es una necesidad histórica para las capas populares de todos los pueblos del Estado español, porque el movimiento republicano está en crecimiento y es necesario articularlo y organizarlo más y mejor. Es imprescindible romper las ataduras del pasado superando la constitución de 1978 y abriendo un proceso constituyente para conseguir la III República, como marco democrático superador de las desigualdades sociales, de la injusticia y de la corrupción que genera el régimen de la monarquía heredera del franquismo.
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