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La asamblea que se había convocado y que se reunió en
Ávila en agosto de 1520 se proponía en principio examinar la
situación del reino y estudiar las reformas que debían ser
emprendidas. En realidad, alimentaba mayores ambiciones que
salieron a la luz después de su traslado a Tordesillas en el
mes de septiembre. Apoyándose en la autoridad de la reina, que
había recogido Padilla en su entrevista con ella, la asamblea
se proclamó entonces Cortes y Junta General del reino, título
que había de conservar hasta el fin de la guerra civil y que
expresa el doble carácter de la institución. Como Cortes, la
asamblea reunía a los procuradores de las ciudades con voz y
voto en ellas; sobre esta base se consideraba cualificada para
discutir las reformas que se debían implantar en el país. Como
Junta General de reino, la asamblea actuaba como un auténtico
gobierno, concentrando todos los poderes del Estado y aparecía
como el órgano supremo de la revolución. Esta dualidad no fue
formulada nunca claramente, pero se desprende de la práctica de
actuación de la santa Junta (tal era el nombre que se daba así
misma y con el que la conocían sus partidarios) desde su
asentamiento en Tordesillas, y los contemporáneos no se engañaron
al respecto. Burgos aceptó el papel consultivo de la Junta
–organismo de discusión y deliberación- pero se negó a ver
en ella un elemento ejecutivo, un gobierno revolucionario. Fue
esta divergencia fundamental la que le sirvió de pretexto para
romper con los comuneros. Otros procuradores compartían estas
reticencias, aunque sin expresarlas con tata claridad y, sobre
todo, sin tomar una postura tan firme, pero esta ambigüedad no
dejaba de flotar sobre la asamblea. Una parte de sus miembros se
mostraría solidario, en el futuro, de una línea de conducta
que no aprobaba completamente.
A esta ambigüedad sobre la naturaleza y el objeto de la
Junta se añadía una segunda causa de malestar que yacía en la
misma composición de la asamblea. Elegidos para poner en marcha
un programa reivindicativo, muchos procuradores no estaban
dispuestos a desempeñar el papel que en realidad les
correspondió: el de responsables políticos encargados de
animar y dirigir la revolución. En agosto y septiembre de 1520
las ciudades enviaron a Tordesillas hombres representativos de
todas las categorías sociales: regidores, caballeros, eclesiásticos,
letrados, teólogos, hombre del pueblo (es decir, comuneros en
el sentido estricto de la palabra), lo cual se comprende
perfectamente, ya que el primer objetivo de la Junta era
restablecer el orden en el reino y, por tanto, necesitaba
recoger la opinión de las personas más autorizadas y más
representativas de los diversos medios sociales. Una especie de unión nacional quedó establecida a raíz de
las primeras sesiones de la Junta, y los jefes del movimiento no
podían sino sentirse satisfechos por este amplio acuerdo que
permitía aislar a los representantes del poder real.
Cuando la Junta se transformó en gobierno revolucionario
sin dejar de ser una asamblea representativa y deliberativa y,
sobre todo, cuando tras la aparente unanimidad de los primeros
momentos comenzó a delinearse la rivalidad de los dos grupos
antagónicos, muchos procuradores se encontraron cogidos en la
trampa. Aceptaron asistir a las sesiones de la Junta arrastrados
por la poderosa corriente que conmovió al país tras el
incendio de Media del Campo; la indignación contra los
flamencos y sus cómplices se mezclaba con el entusiasmo popular
y con la voluntad de reorganizar el país. Se sentían seguros
de que el poder real se rendiría rápidamente y concedería las
reformas solicitadas. Pero el núcleo inicial de la Junta
planeaba explotar a fondo su victoria; Padilla se instaló en
Tordesillas y la Junta decidió disolver el Consejo Real. Muchos
procuradores no compartían el ardor revolucionario que
demostraban algunos de sus colegas. Pese a ello siguieron en su
puesto, participando contra sus auténticos sentimientos en un
movimiento que los superaba y que se desaprobaban sin atreverse
a decirlo abiertamente. Y es que se veían obligados a continuar
en su puesto coaccionados por sus mandatarios, que no eran ya
electores complacientes como al principio –caballeros y
comuneros mezclados-, sino auténticos militares, encuadrados
por diputados celosos e intransigentes.
Por lo demás tampoco era tan importante modificar la
representación de algunas ciudades. Los procuradores, sometidos
a la doble presión de sus electores y de la comunidad de
Valladolid, sede de la Junta, acaban casi siempre inclinándose
y aceptando las decisiones más extremistas. Esto explica la
constante tensión entre la Junta general y la comunidad de
Valladolid en la última etapa del movimiento comunero. La mayor
parte de los procuradores deseaba llegar a un entendimiento con
los nobles y el poder real, pero no se atrevían a proclamarlo
abiertamente porque se sabían vigilados por las cuadrillas de
Valladolid. Don Pero Laso de la Vega tomó la decisión más lógica,
dadas las circunstancias: traicionó la insurrección y pasó al
bando contrario. Otros procuradores se limitaron a desaprobar
las formas más brutales de la guerra (pillajes, detenciones
arbitrarias...) y a proseguir las negociaciones con el
adversario con la esperanza de conseguir una paz de compromiso
que permitiera volver a la unión nacional de los primeros
momentos de la rebelión.
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