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JOSEPH PÉREZ - LOS COMUNEROS

LA SANTA JUNTA

 

            La asamblea que se había convocado y que se reunió en Ávila en agosto de 1520 se proponía en principio examinar la situación del reino y estudiar las reformas que debían ser emprendidas. En realidad, alimentaba mayores ambiciones que salieron a la luz después de su traslado a Tordesillas en el mes de septiembre. Apoyándose en la autoridad de la reina, que había recogido Padilla en su entrevista con ella, la asamblea se proclamó entonces Cortes y Junta General del reino, título que había de conservar hasta el fin de la guerra civil y que expresa el doble carácter de la institución. Como Cortes, la asamblea reunía a los procuradores de las ciudades con voz y voto en ellas; sobre esta base se consideraba cualificada para discutir las reformas que se debían implantar en el país. Como Junta General de reino, la asamblea actuaba como un auténtico gobierno, concentrando todos los poderes del Estado y aparecía como el órgano supremo de la revolución. Esta dualidad no fue formulada nunca claramente, pero se desprende de la práctica de actuación de la santa Junta (tal era el nombre que se daba así misma y con el que la conocían sus partidarios) desde su asentamiento en Tordesillas, y los contemporáneos no se engañaron al respecto. Burgos aceptó el papel consultivo de la Junta –organismo de discusión y deliberación- pero se negó a ver en ella un elemento ejecutivo, un gobierno revolucionario. Fue esta divergencia fundamental la que le sirvió de pretexto para romper con los comuneros. Otros procuradores compartían estas reticencias, aunque sin expresarlas con tata claridad y, sobre todo, sin tomar una postura tan firme, pero esta ambigüedad no dejaba de flotar sobre la asamblea. Una parte de sus miembros se mostraría solidario, en el futuro, de una línea de conducta que no aprobaba completamente.

             A esta ambigüedad sobre la naturaleza y el objeto de la Junta se añadía una segunda causa de malestar que yacía en la misma composición de la asamblea. Elegidos para poner en marcha un programa reivindicativo, muchos procuradores no estaban dispuestos a desempeñar el papel que en realidad les correspondió: el de responsables políticos encargados de animar y dirigir la revolución. En agosto y septiembre de 1520 las ciudades enviaron a Tordesillas hombres representativos de todas las categorías sociales: regidores, caballeros, eclesiásticos, letrados, teólogos, hombre del pueblo (es decir, comuneros en el sentido estricto de la palabra), lo cual se comprende perfectamente, ya que el primer objetivo de la Junta era restablecer el orden en el reino y, por tanto, necesitaba recoger la opinión de las personas más autorizadas y más representativas de los diversos medios sociales.  Una especie de unión nacional quedó establecida a raíz de las primeras sesiones de la Junta, y los jefes del movimiento no podían sino sentirse satisfechos por este amplio acuerdo que permitía aislar a los representantes del poder real.

             Cuando la Junta se transformó en gobierno revolucionario sin dejar de ser una asamblea representativa y deliberativa y, sobre todo, cuando tras la aparente unanimidad de los primeros momentos comenzó a delinearse la rivalidad de los dos grupos antagónicos, muchos procuradores se encontraron cogidos en la trampa. Aceptaron asistir a las sesiones de la Junta arrastrados por la poderosa corriente que conmovió al país tras el incendio de Media del Campo; la indignación contra los flamencos y sus cómplices se mezclaba con el entusiasmo popular y con la voluntad de reorganizar el país. Se sentían seguros de que el poder real se rendiría rápidamente y concedería las reformas solicitadas. Pero el núcleo inicial de la Junta planeaba explotar a fondo su victoria; Padilla se instaló en Tordesillas y la Junta decidió disolver el Consejo Real. Muchos procuradores no compartían el ardor revolucionario que demostraban algunos de sus colegas. Pese a ello siguieron en su puesto, participando contra sus auténticos sentimientos en un movimiento que los superaba y que se desaprobaban sin atreverse a decirlo abiertamente. Y es que se veían obligados a continuar en su puesto coaccionados por sus mandatarios, que no eran ya electores complacientes como al principio –caballeros y comuneros mezclados-, sino auténticos militares, encuadrados por diputados celosos e intransigentes.

             Por lo demás tampoco era tan importante modificar la representación de algunas ciudades. Los procuradores, sometidos a la doble presión de sus electores y de la comunidad de Valladolid, sede de la Junta, acaban casi siempre inclinándose y aceptando las decisiones más extremistas. Esto explica la constante tensión entre la Junta general y la comunidad de Valladolid en la última etapa del movimiento comunero. La mayor parte de los procuradores deseaba llegar a un entendimiento con los nobles y el poder real, pero no se atrevían a proclamarlo abiertamente porque se sabían vigilados por las cuadrillas de Valladolid. Don Pero Laso de la Vega tomó la decisión más lógica, dadas las circunstancias: traicionó la insurrección y pasó al bando contrario. Otros procuradores se limitaron a desaprobar las formas más brutales de la guerra (pillajes, detenciones arbitrarias...) y a proseguir las negociaciones con el adversario con la esperanza de conseguir una paz de compromiso que permitiera volver a la unión nacional de los primeros momentos de la rebelión.