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El
pasado 17 de enero fueron juzgados cinco castellanistas acusados
de haber pintado
de rojo la estatua
de Franco que “adorna” la entrada de la sede del Ministerio
de Medio Ambiente en Madrid. Jose Antonio de Torre, Diego
Estebanez, Juan Carlos Gómez, Luis Ocampo y Paulino Reyero
fueron acusados en el juzgado nº 8 de Madrid por un delito de
“daños en los bienes”.
Veintisiete años después
de la muerte del Caudillo, al que León Felipe llamó “sapus
iscariote y ladrón”, se sigue juzgando a los demócratas que
protestan por la presencia de símbolos fascistas en las calles
y plazas de nuestros pueblos y ciudades.
En
mayo del año 2001 se llevó a cabo una acción de protesta
contra la citada efigie de Franco. A consecuencia de la misma
cayeron cincuenta litros de pintura roja sobre la estatua de
bronce que homenajea al genocida.
El
Ayuntamiento ha valorado en más de 700.000 pts la limpieza del
caballo y del jinete. A esta cantidad el fiscal ha añadido en
su petición acusatoria otras 500.000 pts para cada una de las
personas acusadas.
Bajo
la Monarquía heredada del Franquismo la justicia actúa como un
elemento de represión contra las organizaciones populares y
contra los militantes de izquierda que luchan para cambiar el
sistema político vigente.
Durante
la vista judicial era inevitable que salieran a relucir los crímenes
del franquismo. Uno de los acusados declaró que a su abuelo le
fusilaron los fascistas en los primeros meses de la Guerra
Civil. Otro declaró que a su padre le “habían dado el paseíllo
varias veces los falangistas” y aunque no le mataron tuvo que
vivir toda su vida traumatizado por haber visto el fusilamiento
de sus mejores amigos.
Frente
a la ignominia que supone el procesamiento de personas demócratas
por acciones de resistencia antifascista, resonó con fuerza en
la sala la voz de Paulino Reyero que a todas las preguntas del
fiscal relativas a su participación en los hechos contestó lo
mismo: “Soy demócrata, republicano y antifascista. Por eso
tuve que subirme al caballo y actuar contra la estatua del
General Genocida”.
La
jueza del penal número ocho condujo el juicio con mano de
hierro. Dejó asientos vacíos en la minúscula sala de vistas
mientras decenas de personas hubieron de permanecer en los
pasillos durante horas sin poder acceder a su interior. Cuando
los acusados intentaban expresar los motivos por los que
hicieron su acción, ella les cortaba tajantemente diciendo una
y otra vez: “irrelevante, irrelevante”. Con todo, no pudo
evitar la jueza que Luis Ocampo, médico de profesión,
manifestara que había actuado así porque tenía pacientes que
tenían que tomar fármacos para superar la angustia que le
producían las exaltaciones públicas del fascismo. Durante décadas
estas personas han vivido con la humillación de tener que
agachar la cabeza cuando se cruzaban por la calle con los
asesinos de sus familiares más queridos.
Marcelino
Camacho fue llamado a declarar sobre la naturaleza represiva del
franquismo y sufrió el mismo trato represivo que los acusados y
el resto de los testigos. Hasta tal punto, que el fundador de
CCOO llegó a decir que eso mismo le pasaba cuando en pleno
franquismo le juzgaban en el Tribunal de Orden Público, que no
le dejaban hablar.
Los
cinco acusados manifestaron su total acuerdo con la acción
ejecutada, pero sólo dos: Luis Ocampo y Paulino Reyero
reconocieron haber participado en ella. Los demás se limitaron
a presenciarla con satisfacción.
La
fiscal llegó a olvidar que Franco ha muerto y en medio de un
informe sin sensibilidad democrática de ningún tipo llegó a
calificar la estatua del dictador de “elemento de ornato de la
ciudad”. En realidad no ejerció como Ministerio Público sino
como sumisa funcionaria al servicio de la represión borbónica.
Doris
Benegas, abogada de uno de los acusados, contestó el informe
del fiscal diciendo que no se trataba de una estatua cualquiera
ni estaba en un lugar poco frecuentado. Si se llega a condenar a
los castellanistas la ciudadanía entenderá que la dictadura no
ha terminado. Lamentó igualmente que la justicia no persiga la
apología del genocidio.
Se
da la circunstancia de que ninguna institución pública
reivindica la propiedad de la estatua, dándose la paradoja de
que el Ayuntamiento de Madrid ha procedido a la limpieza de un
objeto que según consta por documento escrito no le pertenece.
A juicio de las defensas no se puede condenar a los acusados
“porque lo que no es de nadie no puede ser objeto de
delito”.
El
bien jurídico que la jueza y fiscal del nº 8 intentan proteger
es un mal, es un pésimo ejemplo para los niños que han tenido
la suerte de no conocer el franquismo, pero a los que el Régimen
político actual da un pésimo ejemplo conservando este tipo de
símbolos.
En
el colofón del juicio, al pronunciar la jueza la tópica
pregunta: “¿Tienen ustedes algo más que alegar?”, los
acusados dijeron que no se sentían delincuentes y pidieron que
la justicia se sitúe de parte de los demócratas.
IZQUIERDA CASTELLANA
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