Visto para sentencia el juicio contra cinco miembros de
Izquierda Castellana que pintaron de rojo la estatua de Franco en Madrid

Obtenido de: IZQUIERDA CASTELLANA
09/03/03


  El pasado 17 de enero fueron juzgados cinco castellanistas acusados de haber pintado de rojo la estatua de Franco que “adorna” la entrada de la sede del Ministerio de Medio Ambiente en Madrid. Jose Antonio de Torre, Diego Estebanez, Juan Carlos Gómez, Luis Ocampo y Paulino Reyero fueron acusados en el juzgado nº 8 de Madrid por un delito de “daños en los bienes”.

  Veintisiete años después de la muerte del Caudillo, al que León Felipe llamó “sapus iscariote y ladrón”, se sigue juzgando a los demócratas que protestan por la presencia de símbolos fascistas en las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades.

 

En mayo del año 2001 se llevó a cabo una acción de protesta contra la citada efigie de Franco. A consecuencia de la misma cayeron cincuenta litros de pintura roja sobre la estatua de bronce que homenajea al genocida.

 

El Ayuntamiento ha valorado en más de 700.000 pts la limpieza del caballo y del jinete. A esta cantidad el fiscal ha añadido en su petición acusatoria otras 500.000 pts para cada una de las personas acusadas.

 

Bajo la Monarquía heredada del Franquismo la justicia actúa como un elemento de represión contra las organizaciones populares y contra los militantes de izquierda que luchan para cambiar el sistema político vigente.

 

Durante la vista judicial era inevitable que salieran a relucir los crímenes del franquismo. Uno de los acusados declaró que a su abuelo le fusilaron los fascistas en los primeros meses de la Guerra Civil. Otro declaró que a su padre le “habían dado el paseíllo varias veces los falangistas” y aunque no le mataron tuvo que vivir toda su vida traumatizado por haber visto el fusilamiento de sus mejores amigos.

 

Frente a la ignominia que supone el procesamiento de personas demócratas por acciones de resistencia antifascista, resonó con fuerza en la sala la voz de Paulino Reyero que a todas las preguntas del fiscal relativas a su participación en los hechos contestó lo mismo: “Soy demócrata, republicano y antifascista. Por eso tuve que subirme al caballo y actuar contra la estatua del General Genocida”.

 

La jueza del penal número ocho condujo el juicio con mano de hierro. Dejó asientos vacíos en la minúscula sala de vistas mientras decenas de personas hubieron de permanecer en los pasillos durante horas sin poder acceder a su interior. Cuando los acusados intentaban expresar los motivos por los que hicieron su acción, ella les cortaba tajantemente diciendo una y otra vez: “irrelevante, irrelevante”. Con todo, no pudo evitar la jueza que Luis Ocampo, médico de profesión, manifestara que había actuado así porque tenía pacientes que tenían que tomar fármacos para superar la angustia que le producían las exaltaciones públicas del fascismo. Durante décadas estas personas han vivido con la humillación de tener que agachar la cabeza cuando se cruzaban por la calle con los asesinos de sus familiares más queridos.

 

Marcelino Camacho fue llamado a declarar sobre la naturaleza represiva del franquismo y sufrió el mismo trato represivo que los acusados y el resto de los testigos. Hasta tal punto, que el fundador de CCOO llegó a decir que eso mismo le pasaba cuando en pleno franquismo le juzgaban en el Tribunal de Orden Público, que no le dejaban hablar.

 

Los cinco acusados manifestaron su total acuerdo con la acción ejecutada, pero sólo dos: Luis Ocampo y Paulino Reyero reconocieron haber participado en ella. Los demás se limitaron a presenciarla con satisfacción.

 

La fiscal llegó a olvidar que Franco ha muerto y en medio de un informe sin sensibilidad democrática de ningún tipo llegó a calificar la estatua del dictador de “elemento de ornato de la ciudad”. En realidad no ejerció como Ministerio Público sino como sumisa funcionaria al servicio de la represión borbónica.

 

Doris Benegas, abogada de uno de los acusados, contestó el informe del fiscal diciendo que no se trataba de una estatua cualquiera ni estaba en un lugar poco frecuentado. Si se llega a condenar a los castellanistas la ciudadanía entenderá que la dictadura no ha terminado. Lamentó igualmente que la justicia no persiga la apología del genocidio.

 

Se da la circunstancia de que ninguna institución pública reivindica la propiedad de la estatua, dándose la paradoja de que el Ayuntamiento de Madrid ha procedido a la limpieza de un objeto que según consta por documento escrito no le pertenece. A juicio de las defensas no se puede condenar a los acusados “porque lo que no es de nadie no puede ser objeto de delito”.

 

El bien jurídico que la jueza y fiscal del nº 8 intentan proteger es un mal, es un pésimo ejemplo para los niños que han tenido la suerte de no conocer el franquismo, pero a los que el Régimen político actual da un pésimo ejemplo conservando este tipo de símbolos.

 

En el colofón del juicio, al pronunciar la jueza la tópica pregunta: “¿Tienen ustedes algo más que alegar?”, los acusados dijeron que no se sentían delincuentes y pidieron que la justicia se sitúe de parte de los demócratas.

IZQUIERDA CASTELLANA