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Hace un año la ciudadanía consumó en la calle y en las urnas lo que exigían las movilizaciones contra la guerra: la derrota del gobierno representante de la derecha franquista que, en un marco irrespirable de agresiones sociales y laborales y de represión, ejercía de lacayo preferente del imperialismo norteamericano. La masiva rotundidad de las manifestaciones consiguió romper un instante el férreo consenso en torno a la invasión y ocupación de Iraq, vigente desde la Transición, entre PSOE y PP. La pancarta de la manifestación institucional del 12 de marzo, tras los terribles atentados del día anterior en Madrid, intentó taponar con la presencia unitaria de la familia real, Aznar, Zapatero, Berlusconi, Frutos, Llamazares, Fidalgo y Méndez, la riada de pueblo que al día siguiente – apenas recuperada de la brutal sacudida – exigía la verdad en las calles y apuntaba directamente a los responsables últimos de la barbarie, en Atocha y en Iraq. La salida de las tropas de Iraq era una decisión ineludible para el nuevo gobierno; se produjo y nos felicitamos por ello. No cambió sin embargo la subordinación al imperialismo, sucediéndose decisiones inscritas en la lógica militarista más genuina, intensificada por esperpénticas contorsiones destinadas a volver a conseguir el favor del imperio: incremento espectacular de la presencia militar en Afganistán bajo bandera de la OTAN, colaboración en la ocupación militar de Haití, aceptación del compromiso de la formación de militares, policías y jueces contribuyendo materialmente a la legitimación de la ocupación de Iraq, mantenimiento de las condiciones de cesión de las bases españolas a EE.UU. Lo indignante es que tales hechos estén sucediendo con el silencio cómplice de la supuesta izquierda verde que garantiza al PSOE la gobernabilidad.
Los beneficios de una minoría de empresarios y rentistas crecen, mientras el deterioro del salario, el empleo y los derechos laborales de la mayoría, se usa como moneda de cambio para atraer la inversión. Millones de jóvenes carecen de casa, en un país con tres millones de pisos vacíos en manos, en su mayor parte, de especuladores sin escrúpulos. El hijo del Borbón tiene a su disposición un palacio de mil setecientos metros cuadrados, mientras el precio de la vivienda no cesa de aumentar por causa de la especulación, consentida cuando no potenciada por el poder político. ¿Qué hace el régimen para terminar con estos problemas? Nada que suponga una mejora de tan lamentable situación: Tras más de dos años de intensa lucha política y social, el Gobierno de Zapatero, se propone llevar adelante una reforma del vetusto edificio borbónico, consensuada con la derecha, firmando con Rajoy, el pasado 14 de Enero, un pacto de Estado. Rajoy, representante de la derecha más rancia, heredera consciente del franquismo, declaraba al día siguiente: “Hoy se recupera el espíritu de 1978, que es el de contar con los grandes partidos nacionales para el diseño de la arquitectura institucional de este país. Yo estoy muy satisfecho.”. La única Reforma Constitucional que nosotros entendemos es aquella que fije el derecho inrevocable a la autodeterminación de los pueblos, es la que fije la República como forma de Estado en España y la que garantice los derechos sociales y laborales de las clase trabajadora. La política económica del gobierno PSOE, apoyada por IU y ERC, continúa la senda marcada por anteriores gobiernos: engrasar con explotación creciente beneficios bancarios y empresariales insultantes. Así lo ratifica el aplauso de Rodrigo Rato a Zapatero desde el Fondo Monetario Internacional. Hay pues que comenzar a trabajar, redoblar nuestros esfuerzos por construir una alternativa unitaría de esta izquierda, independiente del régimen y republicana; levantar un muro democrático que exprese las reivindicaciones y anhelos de las clases populares: de los jóvenes y las mujeres sin trabajo, de los inmigrantes explotados por empresarios sin escrúpulos, de los trabajadores.... El Referéndum sobre la Constitución Europea ha tenido lugar en medio de la vulneración flagrante de las leyes y normas democráticas más elementales, minimizando escandalosamente la presencia pública y mediática de quiénes defendíamos el NO y restringiéndola a la de los partidos políticos con representación parlamentaria que no han invertido en ello grandes esfuerzos. Una vez más el eslogan “lo llaman democracia y no lo es” representaba la impotencia y la rabia de la ciudadanía ante un Referéndum que recordaba los de los tiempos de Franco. A pesar del consenso “de Estado” entre PP y PSOE, inalterable pese a la estridencia verbal de los enfrentamientos mediáticos, el 18% dijo NO y el 58% se abstuvo. Ellos dicen que han ganado. Nosotros sabemos que cada vez menos gente está dispuesta a tragarse ruedas de molino. La santa alianza entre el PP y la dirección del PSOE se propone también impedir que el pueblo vasco debata el denominado plan Ibarretxe, lo que, se comparta o no su contenido, supone un atropello antidemocrático. De igual forma la reforma de la LOCE y la necesaria separación efectiva entre iglesia y el estado van camino de limitarse a unos cambios cosméticos, que no solucionen los problemas de fondo. La Constitución de 1978 es un símbolo anacrónico y reaccionario de la ausencia de ruptura con la dictadura franquista. Un símbolo superado por las necesidades históricas de nuestros pueblos. La dirección del PSOE y el Gobierno de Rodríguez Zapatero están defraudando las expectativas de sus propios militantes y las de millones de ciudadanos que le dieron el voto para desbancar a la derecha y acometer una cada vez más necesaria reforma democrática. Ese y no otro fue el mandato del 14 de Marzo. Día a día va quedando claro que los pueblos del Estado español no se enfrentan únicamente a formas de hacer política y a talantes más o menos crispados, sino a una estructura que garantiza, gobierne quien gobierne, que la política se hace siempre en función de los intereses de una oligarquía, a cuya cabeza se sitúa un rey no elegido. Por eso, en este catorce de Abril en el que recordamos la proclamación de la II República, y hacemos nuestras las razones de quienes se dejaron en su defensa la vida, la libertad y la juventud, las organizaciones firmantes, renovamos nuestro compromiso de trabajar por la superación del régimen monárquico y para crear las bases de un nuevo marco político de respeto a la soberanía de los pueblos del Estado español. Por el respeto a los derechos sociales y políticos de los ciudadanos, por separación efectiva de la Iglesia y el Estado y la eliminación de la religión en las escuelas públicas. ¡NO A LA CONSTITUCIÓN DE 1978! ¡SOBERANÍA POPULAR! ¡DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS! ¡POR LA INDEPENDENCIA NACIONAL FRENTE AL IMPERIALISMO!
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Un
año más la llegada del 14 de abril representa el recuerdo y la
actualización política del momento crucial en el que los pueblos del
estado español irrumpen en la calle y se hacen dueños de su historia.
Trae la memoria también de una Transición que bajo la máscara de la
democracia, supuso la recomposición de los mecanismos de poder en manos
de las mismas clases dominantes y la liquidación del movimiento popular
que lideró la lucha contra la dictadura. Los sucesivos gobiernos de la
monarquía han ejecutado fielmente el programa político neoliberal, han
consumado la integración en la OTAN e incrementado la dependencia de
EE.UU y profundizado hasta la exasperación el problema nacional.
A
pesar de la complicidad directa de las grandes centrales sindicales en
el mantenimiento de la paz social, el malestar de las capas populares más
explotadas aumenta al ritmo del deterioro de las condiciones de trabajo
y de vida. El paro sigue en cifras intolerables; la precariedad se
extiende imparable entre jóvenes y mujeres, cada día mueren cuatro
trabajadores en accidentes laborales y un ejército de inmigrantes sufre
condiciones de trabajo que rozan la esclavitud. La carestía de la vida
desde la entrada en vigor del euro y las privatizaciones de servicios públicos
colocan a cada vez más trabajadores y pensionistas en el umbral de la
miseria.
