PROYECTO DE NUEVA ZONIFICACIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL P.P. EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Inicialmente el gobierno de Esperanza Aguirre recorta los gastos sociales, provocando el deterioro de la sanidad pública, y generando importantes desequilibrios entre las necesidades de salud de la población y las insuficientes infraestructuras sanitarias públicas.

Acto seguido, bajo la apariencia de cubrir esos desequilibrios y ocultando que fue su política la causante de los mismos, promueve la construcción de nuevos hospitales bajo la fórmula de Concesión Administrativa, de manera que el gobierno de la Comunidad adjudica a empresas privadas la construcción y explotación de hospitales, pagando posteriormente un canon o alquiler por su uso durante un período determinado (30 años prorrogables otros 30), sin cerrar la posibilidad de establecer pagos adicionales a cargo del usuario por determinadas prestaciones -en un comienzo no directamente sanitarias-.

Si el anterior paso introduce el ánimo de lucro en la explotación de centros sanitarios incluidos en la red pública, el proyecto de nueva zonificación sanitaria persigue -bajo la justificación de mejorar la gestión y acercarse al cumplimiento de la Ley General de Sanidad-, colocar como cabeceras de varias Áreas Sanitarias a esos hospitales, asegurando así que obtendrán importantes beneficios económicos y entregando la salud de más de millón y medio de personas a las empresas privadas que los explotan (muchas procedentes de la construcción, poco escrupulosas con lo colectivo y acostumbradas a obtener enormes dividendos).

Este proyecto de nueva zonificación no ha contado en su proceso de elaboración con la participación de los movimientos sociales, los sindicatos o los diversos sectores profesionales, de ahí que no responda a las necesidades y problemas de salud de la población madrileña, ni aborde los graves problemas que presenta el sistema sanitario en la Comunidad.

La nueva zonificación no se ha programado teniendo en cuenta las características de la población, ni una correcta distribución de las infraestructuras sanitarias, de manera que aumenta los actuales desequilibrios y desigualdades entre las diferentes Áreas Sanitarias de la Comunidad, lo que incrementa los riesgos para la salud del conjunto de la población.

Se rompen barrios, se obliga a desplazamientos más largos, se coloca a hospitales explotados privadamente o directamente privados como cabeceras y hospitales de referencia de Áreas, por lo que la asistencia sanitaria de más de un millón y medio de madrileños no estará garantizada por la sanidad pública. Esto vulnera el derecho constitucional y supone un agravio comparativo con el resto de la población del Estado. A nadie escapa que la oferta de servicios reales y su calidad, no será la misma en el H. de la Paz o en el H. Gregorio Marañón, que en la empresa privada Apax Partners, dueña de la Fundación Jiménez Díaz (Área 14), o en los nuevos hospitales explotados privadamente de Arganda o Vallecas (Área 12), o de San Sebastián de los Reyes (Área 13).

Por otra parte, los nuevos hospitales nacen sin dotación de personal y sin que se contemple en la Comunidad un incremento del empleo sanitario público (se prevé un trasvase de trabajadores de hospitales públicos a estos nuevos centros privados), y se acompañan de nuevas destrucciones de camas y servicios, a través del desarrollo de los Planes Directores de los hospitales públicos, hasta el punto que el balance total en la Comunidad será negativo (se destruye mayor número de camas públicas que el número de camas privadas creadas).

La única finalidad del proyecto es aumentar el poder del sector privado, colocando a los nuevos hospitales de gestión indirecta (explotados por empresas privadas), y a hospitales directamente privados, como centros hospitalarios de referencia de diversas Áreas Sanitarias.

Si el desarrollo de la gestión indirecta -Iniciativas de Financiación Privada bajo la fórmula de Concesiones Administrativas-, y el aumento de los contratos directos con el sector privado, introducen el ánimo de lucro en la explotación de centros sanitarios incluidos en la red pública, sustituyen el derecho administrativo por el derecho privado en su funcionamiento, y sustituyen -en los procesos de atención sanitaria- la búsqueda del beneficio social por la búsqueda del beneficio económico privado, la entrega de Áreas Sanitarias enteras a empresas privadas supone un salto cualitativo en el proceso de mercantilización de la salud.

Los nuevos hospitales privados, al ser cabeceras o referencias de Área, no tendrán que competir con los grandes hospitales públicos -se les asegura el negocio-, y asumirán la gestión hospitalaria, las políticas de personal y las condiciones laborales, y las políticas sanitarias y económicas de Áreas enteras.

En definitiva, el gobierno de la Comunidad, mediante el proyecto de nueva zonificación, persigue garantizar al sector privado que opera en la sanidad pública la máxima rentabilidad económica y la máxima influencia política.

HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LA POBLACIÓN, A LAS FUERZAS POLÍTICAS, SINDICALES Y PROFESIONALES, PARA MOVILIZARSE E IMPEDIR QUE ESTE NUEVO ATAQUE A LA SANIDAD PÚBLICA PROSPERE.

LLAMAMOS A LAS FUERZAS POLÍTICAS, SINDICALES Y PROFESIONALES, A ROMPER TODO PACTO EXISTENTE QUE AFIANCE EN EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AL P.P. Y SU POLÍTICA DE DESMANTELAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.