EL SENADO RECHAZA CON LOS VOTOS DEL PP Y CIU LA PROPOSICION DE LEY PRESENTADA POR IU PARA QUE SE RECONOZCA EL DERECHO A UTILIZAR EL CORREO ELECTRONICO EN LAS COMUNICACIONES DE LOS TRABAJADORES CON LOS SINDICATOS EN LA EMPRESA.
En el día de ayer, 26 de septiembre, el pleno del Senado debatió la Proposición de Ley presentada por Izquierda Unida para que se modificase el Estatuto de los Trabajadores y la Ley orgánica de libertad sindical, al objeto de reconocer el derecho de los trabajadores a utilizar el correo electrónico en las comunicaciones con los sindicatos y viceversa en el seno de la empresa.
Comenzó la sesión con la presentación por parte de Manuel Camara, senador por Izquierda Unida, de la propuesta de ley, recordando que el Senado por unanimidad aprobó una proposición el 28 de noviembre del 2000 "instando al gobierno a que en el plazo más breve posible estudie la forma de poner en marcha las medidas necesarias para considerar el correo electrónico e Internet como instrumentos de comunicación e información de los trabajadores con sus representantes sindicales y viceversa" que desde esa fecha hasta el día de hoy, el gobierno no había tomado ninguna medida para dar cumplimiento al requerimiento del Senado y que la propuesta de ley pretendía dar continuidad a los compromisos adquiridos, para que estos no quedasen solo en palabras. Gloso igualmente la necesidad de acomodar la ley a la nueva realidad creada con el uso generalizado de nuevas tecnologías y la necesidad de dar a este tema un marco legal que hoy no existe, con el fin de evitar conflictos sociales y judiciales fruto de la ausencia de legislación.
Tomo la palabra a continuación la senadora Martín Mendizabal, en nombre del PP, para adelantar que su grupo votaría en contra de la proposición, argumentando que aun compartiendo la filosofía de la propuesta y la idea de fondo, la proposición de ley no daba respuesta a las necesidades y la misma, no tenia en cuenta los posibles abusos, el posible colapso de los servidores de las empresas, no establecía limitaciones para su uso, que ya en el Estatuto se permitían las comunicaciones en términos generales, que lo que se pretendía era el establecimiento de nuevos y complementarios derechos y que correspondía a las partes (sindicatos y empresarios) ponerse de acuerdo sobre el uso de estas herramientas.
Replico el senador de Izquierda Unida, que si estaban de acuerdo con la filosofía podrían aceptar la propuesta para su tramite y modificar el contenido en el curso de la tramitación parlamentaria, que bien se podría reconocer el derecho y remitir a la negociación colectiva para concretar el ejercicio del mismo. Da la impresión que detrás de su negativa están los intereses de las grandes entidades bancarias que no aceptan de buen grado que los trabajadores y los sindicatos se comuniquen; los abusos en el ámbito laboral, en mayor medida que en otros ámbitos son sancionables, en tanto que suponen la quiebra de la buena fe contractual; los trabajadores y sus sindicatos en términos generales hacen un uso respetuoso de la ley. Llamando la atención del PP que dice hoy lo contrario de lo dicho el pasado año termino su intervención el representante de la izquierda.
El portavoz de Coalición Canaria, dijo que seguía con interés el debate y que fijaría su posición al final del mismo.
El representante del Partido Nacionalista Vasco, dijo que esta proposición tenia la virtud de dar continuidad a las actividades que aprobaba el senado, que estaba bien presentada y bien defendida, que merecía la pena tomarla en cuenta y que la negativa del PP tenia por objeto limitar los derechos de los trabajadores y que en su criterio la coherencia obligaba a aceptar la propuesta, su grupo votaría a favor de la misma.
Entelsa de Cataluña se manifestó igualmente a favor y mostró su perplejidad por la pobreza de la posición del PP "nunca tantos (los del PP) argumentaron tampoco", no se puede limitar un derecho porque puedan darse abusos.
CIU tras decir que el gobierno no ha cumplido, manifestó que estaban en contra del fondo y de la forma de la proposición, que el gobierno tiene que facilitar el uso pero no legislar y que corresponde a los agentes sociales la concreción de este derecho en el marco de la negociación colectiva, por ello votarían en contra.
El portavoz del PSOE llamo la atención de que el gobierno después de 10 meses no había hecho nada sobre el particular, que votarían a favor para que se tomara en consideración y que en el tramite se podrían concretar algunos detalles (horarios de acceso, pequeñas empresas etc...). Esto es positivo para trabajadores y empresarios, no hay derechos si estos no se pueden ejercitar.
El PP replico posteriormente a todos los grupos, manifestando su acuerdo con CIU y su interés por legislar de forma no intervencionista, que deben ser las partes las que pacten la forma de ejercer un derecho, que no se puede privar a sindicatos y empresarios de la posibilidad de acordar sobre esta materia, que no imaginaban que el PNV se contagiaría tan pronto de la participación de IU en el gobierno vasco y que el Gobierno en este asunto cumpliría con su obligación.
IU replico a la portavoz del PP que sus senadores votarían en esta ocasión lo contrario a lo acordado anteriormente por el senado, pues este insto al gobierno y no a las partes para regular el derecho con claridad y el ejercicio del mismo.
La votación posterior registro 68 votos a favor 144 en contra y una abstención. Es evidente que tras este votación corresponde al PP y a CIU exclusivamente la responsabilidad de no poder contar en nuestro país con una regulación que permita y regule racionalmente la utilización de los nuevos avances técnicos para las comunicaciones entre los sindicatos y los trabajadores. Siempre hemos pensado que no hay contradicción entre la necesidad de legislar y la posibilidad de que las partes acuerden sobre las mismas materias, pero sabemos y conocemos que la relación que se establece entre las partes (empresarios y sindicatos) no es una relación de igualdad y que por lo tanto confiar solo a su acuerdo es esperar, en muchos casos eternamente, a que los empresarios cambien de opinión.
Por nuestra parte continuaremos trabajando para que estos derechos se reconozcan y no se queden a las puertas de las empresas, tenemos la seguridad de que mas pronto que tarde, entre todos los que estamos intereados, lo conseguiremos.
Madrid, 27 de septiembre del 2001