Entre todos los sectores económicos españoles el gran beneficiario de los años de crecimiento ha sido el sector financiero, especialmente la gran banca privada. Las políticas de lucha contra la inflación y de mantenimiento del tipo de cambio han supuesto una apuesta decidida por el capital financiero en detrimento de la economía productiva.

No ocurre así con otros operadores financieros, especialmente con la compañías de seguros donde la penetración exterior es elevada. Asimismo, las Cajas de Ahorros españolas están viviendo momentos de cambio, desatados tras la reforma de su legislación específica y que adopta tres tendencias: la expansión territorial de las grandes Cajas, las fusiones y absorciones en la medianas y pequeñas y los avances de los propósitos privatizadores con las cuotas participativas u otros instrumentos. Todo ello impulsado por las fuerzas de la gran patronal y su concepción del "libre mercado" según se interpretan por sus peculiares órganos de gobierno y sin atender a ningún diseño general que sitúe su papel en la economía de las comunidades donde operan.

El banco emisor, el Banco Central Europeo, sucesor del Banco de España, conforme a los criterios de la UEM, hace gala de independencia respecto del control del Gobierno, marcándole sus prioridades de fundamentalismo monetario, quedando consagrado a la preservación de la estabilidad de los precios como sumo guardián de la ortodoxia monetarista.

En resumen, las características que han afectado al sistema financiero español en relación con su funcionalidad respecto de la economía real, son las siguientes:

• Elevados tipos de interés, con lo que se constituye un mecanismo para drenar recursos de la economía real.

• Escaso compromiso con el tejido productivo y, por oposición, acusadas tendencias a la especulación.

• Situación fiscal de opacidad y privilegio.

• Elevados costes de pasivo e intermediación.

• Tendencia a la privatización y a la autonomización creciente sin ningún tipo de control.

Con independencia de cualquier otra consideración, la desregulación y la privatización oligopolista crecientes en el sector financiero contribuyen a que predomine la lógica de la rentabilidad de los capitales financieros, con independencia de cualquier compromiso con la economía real.

En un marco internacional de mayor apertura y agilidad en los mercados financieros esta tendencia es muy peligrosa puesto que el sistema financiero español se convierte en un mecanismo para drenar capital de la economía española en dirección a aquellas oportunidades de inversión que más satisfagan la rentabilidad que se demanda por sus propietarios.

El otro gran problema, el del coste del dinero, tiene implicaciones que si no se analizan en su totalidad conducen a interpretaciones muy convenientes para el capital financiero pero en absoluto para la solución de los problemas de la economía española. Es cierto que el tipo de interés elevado obedece, en primer término, a la política del Banco de España y del Gobierno, pero no es menos cierto que esa política es la que más conviene al capital financiero para preservar su valor.

Es igualmente cierto que la inflación es un componente importante dentro del tipo de interés nominal, pero también lo es, que la especulación financiera y urbanística y el propio alto coste del dinero son determinantes para cebar la inflación, junto con una peseta fija, precisamente para mantener artificialmente el valor del capital denominado en pesetas.

De la misma forma, los márgenes de intermediación son elevados, incluyendo en ellos estructuras de coste quizá excesivas. Así mismo, la parte de los beneficios en esos márgenes sigue siendo muy importante y gran parte del sobrecoste se debe a la constatada ineptitud de la banca española para racionalizar sus estructuras agudizada hasta el paroxismo con fusiones.

Las tendencias liberalizadoras, por lo tanto, agudizan las disfunciones del sector financiero respecto de la economía real y ni siquiera son un acicate para la modernización y racionalización en el sentido liberal del sector, de lo que cabría esperar una reducción de los tipos de interés. Más bien tienden a perseverar en un modelo de sistema financiero protegido, creador de inflación y abusivo.

Los objetivos a conseguir en política financiera son los siguientes:

• Reducción de los tipos de interés: de forma progresiva y selectiva, reduciendo costes de intermediación, utilizando la competencia en el mercado financiero y penalizando fiscalmente las guerras de pasivo.

• Recuperación del ahorro y su función inversora: a través de la racionalización general del sector y creando nuevos instrumentos de ahorro, luchando contra la especulación e incrementando la fiscalidad sobre los rendimientos del capital financiero.

• Vinculación de los recursos al territorio: a través, primordialmente de las Cajas de Ahorros y de la Banca Pública.

• Control democrático del sistema financiero: evitando las privatizaciones, cambiando la regulación de las Cajas y sujetando al Banco de España a los mecanismos generales de regulación y planificación económica.

Las funciones a cumplir por el Banco Central Europeo son las de apoyar a las políticas económicas generales y velar por el cumplimiento de la legalidad, la transparencia y la coherencia del sistema financiero con la economía real.

Por tanto, el Estatuto del Banco Central Europeo deberá hacerlo depender del Parlamento, estando su Presidencia y sus políticas sujetas al control del mismo. A efectos de colaborar con la Planificación general, el Banco Central Europeo deberá estar representado en el Consejo económico y social (CES) dentro de los representantes de la Administración. Para una dinámica más general existirá una coordinación a nivel europeo que no estará en contradicción con las prioridades económicas parlamentarias.

• Paralización del proyecto de cuotas participativas u otros instrumentos que conduzcan a la privatización. El carácter de entidades de derecho no lucrativas y, por lo tanto, de autofinanciación obligatoria, es la característica que les ha permitido mejorar su capacidad de crecimiento y de propulsar el desarrollo espacial allí donde han tenido sus sedes.

• Demarcación del territorio de las Cajas, por Comunidades Autónomas y conciertos de expansión negociada con otras cajas en otras comunidades distintas a la de origen, para no cometer duplicidades de expansión burocrática sin posibilidad de que la tarta financiera sea mayor de la que es.

• Potenciación del papel de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y de las Federaciones por comunidades, para tareas de integración de sistemas y operativa, productos nuevos, operaciones al por mayor, inversión productiva común...

• Reforma de la Ley Orgánica Reguladora de Cajas de Ahorro (LORCA) que sustituya la actual representación de impositores por nuevas fórmulas. Representación institucional en función proporcional al número de votos.

• Fomento de la banca mixta y para ello, aumento del tipo de impuestos de sociedades sobre los beneficios del negocio bancario hasta el 50%.

• Eliminación de todas las deducciones fiscales que no tengan apoyo en una Ley individual.

• Estatuto de servicio público de la banca que impida participaciones en una sola mano o grupo, superiores al 2%, sin que previamente esté conforme el Tribunal de la Competencia, se informe a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Banco de España aunque no coticen en Bolsa el banco matriz.

• Conversión en participaciones de las subvenciones oficiales.

• Plan de reducción de costes en el sistema bancario negociado con los trabajadores/as y sus sindicatos.

• Creación de un sistema de inspección con capacidad sancionadora, radicado en el Banco de España, con capacidad para atender a las demandas de usuarios/as individuales.

• Suspensión del secreto bancario a efectos fiscales ante la apertura de diligencias de la inspección tributaria.

• Incremento de las retenciones en origen a las operaciones de depósito a corto plazo (supercuentas, cuentas del mercado monetario,...).

• Creación de corporaciones industriales para la inversión en el territorio con participación del sector financiero, las empresas y la administraciones que emitan títulos con bonificación fiscal.

• Generalización y extensión de las sociedades de garantía recíproca y capital-riesgo dirigidas a la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y a la economía social.