El dolor de las víctimas y de sus familias merece todo nuestro respeto. Por eso creemos en la reparación que produce la justicia y rechazamos la inconsciencia e irresponsabilidad de quienes alimentan la venganza. Nos parece que esto resulta especialmente preocupante cuando se alimenta el odio desde responsabilidades públicas y comunicacionales.

La acción terrorista requiere una respuesta justa en el marco del derecho internacional y su realización exige investigación, información, análisis y decisiones jurídicamente fundamentadas. El respeto a los que murieron o perdieron sus seres queridos hace innoble los empeños de los que piden el ojo por ojo. Como decía Ghandi "ojo por ojo y el mundo acabará ciego". Las democracias tienen sus reglas; son fuertes cuando las aplican y débiles cuando las vulneran, por eso la demanda de los sistemas democráticos debe ser justicia y no venganza.

No es verdad que la legalidad internacional ampare lo que está ocurriendo. Esta acción incumple la resolución 1368 del Consejo de Seguridad, que exigía un mandato bajo la dirección de Naciones Unidas. No se está haciendo justicia y no se han puesto en marcha las medidas que podían haber facilitado una respuesta internacional fundada en el derecho, en las garantías procesales mínimas y en el uso de los medios policiales y de intervención diplomática que la comunidad internacional tiene a su alcance.

Osama Ben Laden, al igual que el régimen indeseable y dictatorial de los talibán, no representan los intereses de los pueblos.

Todavía no se ha tomado ninguna medida que nos haga pensar en un cambio que afecte, de forma positiva, a la causa palestina y a los palestinos, uno de los temas más sentidos por la población árabe y musulmana. Ésta es una de las razones que abundan en el agravio y en el descrédito de la política occidental en la zona.

Desgraciadamente, el gobierno del Partido Popular y muy concretamente el Presidente Aznar se ha alineado con la estrategia adoptada por la administración norteamericana de responder con un ataque militar prolongado y cediendo incondicionalmente las bases de Rota, Morón y Zaragoza así como nuestro espacio aéreo y aguas jurisdiccionales al despliegue de las Fuerzas Armadas de los EEUU en su ataque a uno o varios Estados en el mundo. Esta decisión del Gobierno no ha sido sometida a las Cortes Generales que según el artículo 63 de la Constitución, es la única institución que puede determinar el que España participe o no en una guerra.

Apoyamos a las mujeres de Afganistán para que puedan formar parte del nuevo gobierno, un gobierno que deseamos se demuestre representativo, democrático y capaz de articular una constitución que reconozca los derechos de las mujeres.