Intervención del diputado de IU Antero Ruiz López en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 19 de febrero, defendiendo la Proposición de Ley sobre medidas para la creación de empleo a través de la reducción de las horas extraordinarias.
No es la primera vez que Izquierda Unida plantea un debate en esta Cámara sobre la necesidad de reducir el tiempo de trabajo. Desearíamos reiterar los principios sobre los que hemos defendido en esta Cámara esta reducción.
En primer lugar debemos reiterar que el crecimiento intenso -y favorable- de la productividad, tanto general como en actividades concretas, sólo puede verse acompañado de tasas más elevadas de crecimiento del empleo si los beneficios de ese incremento de la productividad se invierten en nuevas actividades productivas, y si se establecen otros elementos distribuidores y correctores, como la reducción y organización del tiempo de trabajo.
Por otro lado, existen evidencias suficientes para sostener que el proceso histórico de reducción del tiempo de trabajo, y las reducciones concretas del mismo que se han producido, han dado lugar a su vez a reorganizaciones del trabajo y de la jornada que han permitido incrementos de la productividad y han aumentado los niveles de empleo, de tal forma que si no se hubieran producido, hoy el volumen de empleo sería menor.
Por último, cabe decir que, en la mayoría de los países y en estos últimos años, se viene produciendo una reducción del tiempo de trabajo considerando toda la vida laboral de la personas a través de mecanismos sociales como el retraso de la edad de incorporación de los jóvenes al mercado laboral y el adelanto de la edad de jubilación. Las presiones para el alargamiento de la vida laboral no se justifican como factor de empleo, señorías, sino como una técnica para asegurar el sistema de pensiones ante la caída demográfica.
Todas estas razones vienen a apoyar la necesidad de relanzar el proceso de reducción y reorganización del tiempo de trabajo como uno de los mecanismos esenciales para aumentar la intensidad de la creación de empleo.
Además el tiempo de trabajo debe ser considerado hoy de forma integral, teniendo en cuenta no sólo la duración de la jornada laboral en sentido estricto, sino también otros elementos como su reordenación, las horas extraordinarias, el trabajo a tiempo parcial como una forma de empleo voluntaria y con garantía de derechos, la interrupción voluntaria del empleo, las jubilaciones anticipadas y los contratos de relevo.
Hoy proponemos profundizar en el debate plantando la cuestión de las Horas extraordinarias.
Señorías, al presentar esta proposición de Izquierda Unida, espero que cuando menos compartan Ustedes con nosotros una cuestión: Cualquier análisis que se efectúe de las cifras de desempleo es insatisfactorio.
Es evidente, así lo revelan las últimas cifras, que la economía española ha perdido capacidad para crear empleo. Este es un proceso que viene observándose desde hace tiempo y que nos debe conducir a seguir reclamando políticas activas de empleo que promuevan acciones específicas dirigidas a los colectivos más débiles.
Si esto ha ocurrido en periodos de importantes crecimientos de la actividad económica cabe imaginar que en periodos de incertidumbre o ralentización económica esta capacidad de crear empleo, y más aún empleo de calidad será aún más reducida.
Claro que esta incapacidad no depende tanto de las características del sistema productivo, aunque en este terreno sigue habiendo una incapacidad por parte del capital de diseñar inversiones generadoras de puestos de trabajo, sino, muy especialmente, de la voluntad política de la derecha de articular un espacio socioeconómico donde el empleo y la renta sean un valor secundario.
La Encuesta de Población Activa ha revelado que el número de ocupados en el último trimestre del año pasado eran 17.400 menos que en el trimestre anterior y que la tasa de paro se sitúa en el 12,96%. Estos datos indican la pérdida de las mejoras que parecían haberse producido en los últimos seis años.
La estrategia del Gobierno para mejorar estas cifras parece clara: si la EPA pinta mal, cambiemos la EPA. El nuevo sistema de medición va a reducir prácticamente en 500.000 el número de parados.
La estrategia que aquí se defiende es otra: otros presupuestos, otra política económica que cuide no sólo de las prestaciones sociales para los desempleados sino en incorporar, como han hecho otros países, factores anticíclicos en la política económica para mejorar la cantidad y la calidad del empleo.
En la dirección contraria, el Partido Popular ha impulsado, frente a la reducción de la actividad económica, un paquete de medidas que apela a mayores rebajas fiscales para las empresas, que no garantiza la inversión y el empleo y amenaza la protección social.
Un nuevo favor a las rentas más altas que se benefician de favores fiscales: en una palabra se renuncia a ingresos que podían constituir una cuota de solidaridad que mejoraran las prestaciones por desempleo o la cobertura del mismo y las políticas activas de empleo.
Nosotros sugerimos otra interpretación de la política de empleo. El crecimiento de la productividad es una constante en las economías actuales. La aparición de nuevas tecnologías, la implantación de nuevos sistemas de organización de la producción, la mejora de la formación y la cualificación profesional y el incremento de la competitividad empresarial provocan un aumento continuo y general de la productividad del trabajo, especialmente intenso en los sectores industriales y en una parte sustancial de las actividades terciarias.
En la mayoría de los países europeos la producción ha venido creciendo continuamente y en los últimos veinte años este proceso no ha sido acompañado por el mismo ritmo de crecimiento del empleo.
En España en particular, los datos muestran de forma contundente el crecimiento de la productividad y la atonía del volumen total de empleo. En los últimos veinticinco años la productividad por trabajador se ha multiplicado por algo más de dos, mientras el empleo apenas ha superado al nivel de hace dos décadas.
Insistimos en lo que se ha señalado al principio de esta intervención. El crecimiento intenso -y favorable- de la productividad, tanto general como en actividades concretas, sólo puede verse acompañado de tasas más elevadas de crecimiento del empleo si los beneficios de ese incremento de la productividad se invierten en nuevas actividades productivas, y si se establecen otros elementos distribuidores y correctores, como la reducción y organización del tiempo de trabajo.
Paralelamente a la reducción y reordenación de la jornada laboral deben tomarse distintas medidas que contribuyan a eliminar o reducir drásticamente las horas extraordinarias.
El exceso de jornada obstaculiza que nuestro mercado de trabajo genere más empleo. En este país se realizan cerca de 70 millones de horas extraordinarias anuales declaradas, Por este motivo, no es comprensible la actitud numantina de Gobierno y patronal que, incumpliendo los acuerdos con los sindicatos que datan de 1997, rechazan negociar la reducción del tiempo de trabajo y de las horas extraordinarias como mecanismo de creación de empleo.
Pero no solamente hablo de resistencia numantina; hablamos de ignorancia de políticas de empleo, de burla a los intereses de los trabajadores y, porque no decirlo de fraude a la seguridad social.
La administración ha tolerado al sector bancario, durante la primera semana de enero, una prolongación de jornada de aproximadamente 1.050.000 horas.
Se dice pronto. Si estas horas se computaran como extraordinarias el fraude a la Seguridad Social habrá sido de 10,7 Millones de Euros (mas de 1700 millones de las viejas pesetas); si se computan como fuera de convenio, el fraude habrá sido la mitad.
SI suman las Cajas de Ahorro, multipliquen por dos las horas extraordinarias y el fraude en un sector que lleva años reduciendo empleo. Eso sí no hemos visto ni oído a nadie de la Administración preocuparse por los trabajadores ni por el fraude.
Nuestro mercado laboral tiene un gran potencial de creación de empleo y así lo demuestran las estadísticas laborales anuales que revelan que se realizan cerca de 70 millones de horas extraordinarias anuales declaradas. A estas habría que añadir una cantidad difícil de calcular de horas extraordinarias sumergidas, que es razonable suponer que están aumentando en los últimos años. Estas no se declaran y, a veces, ni se pagan.
Estos excesos de jornada ponen de manifiesto que sí existen posibilidades de crear más puestos de trabajo, posibilidades que se ampliarían con la adopción de una jornada laboral de 35 horas semanales.
Frente a esta posición generalizada se sitúa la actitud numantina e ideológica de Gobierno y patronal, que manifiestan una total cerrazón a negociar la reducción del tiempo de trabajo, incumpliendo este aspecto de los acuerdos interconfederales firmados en 1997.
En los mismos se plasmó el compromiso de los agentes sociales de instar al Gobierno a iniciar el período de consultas previsto en el artículo 35.2 del ET para limitar o reducir las horas extraordinarias. Este compromiso significaba que ambas partes compartían que la realización habitual de horas extraordinarias era perjudicial para el empleo y contradictoria con el objetivo de reducir lo más rápidamente posible el paro.
A pesar de que las partes firmantes se dirigieron al Ministerio de Trabajo para solicitar la apertura del citado período de consultas, el Gobierno nunca reconoció el inicio de tal procedimiento: convocó un grupo de trabajo, pero eludió siempre el reconocimiento del proceso contemplado en el 35.2 del Estatuto de los Trabajadores; ignoró las propuestas sindicales presentadas (quedaron sin respuesta); no presentó conclusión alguna del grupo de trabajo; y dejó, finalmente, de convocarlo a pesar de las reiteradas reclamaciones y protestas sindicales. En todo este proceso, la actitud de las patronales fue de complicidad pasiva con la conducta del Gobierno.
Como resultado de todo ello, continúan sin tomarse medidas para fomentar la creación de empleo reduciendo las horas extraordinarias.
En este sentido, esta Proposición reclama que el Gobierno cumpla el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores referido a la limitación de las horas extraordinarias y al establecimiento de los mecanismos de vigilancia y control de la Inspección de Trabajo.
El Gobierno, haciendo uso de los poderes que le confiere al efecto el Art. 35.2 del ET puede y debe actuar, entre otras, en las siguientes líneas:
Señorías, en la actualidad, la reducción del tiempo de trabajo es un proceso que se está abordando en el conjunto de países europeos, a través de diversas experiencias, tomando en consideración diferentes instrumentos y modelos pero que, en cualquier caso, está presente y forma parte no sólo de los debates y reivindicaciones sindicales, sino que empieza a tomarse en consideración en el marco general de las políticas de empleo.
Hoy demandamos algo sencillo: que se cumplan acuerdos y se aborden principios que datan, ni más ni menos, del estatuto de los trabajadores.