• IU-CLM se opone al Pacto por la Vivienda que firmará Barreda el lunes 12 de mayo por considerar que no servirá para abaratar las viviendas sino para enriquecer más a las “empresas del ladrillo”.

11/05/2008.- El concejal-portavoz de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha (IU-CLM) en Alcázar de S. Juan, Andrés Carmona Campo, criticaba que José María Barreda, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, firmará este lunes 12 de mayo un Pacto por la Vivienda en Castilla La Mancha con organizaciones sindicales y empresariales de la región y con la presencia de la ministra del ramo, Beatriz Corredor, por considerar que este pacto no es una solución a los problemas de la vivienda sino otra forma más de enriquecer a las “empresas del ladrillo”.

El Pacto por la Vivienda prevé la creación de una nueva figura, las “viviendas de iniciativa público-privada” (V.I.P.P.) que, promovidas y construidas por promotores privados sobre suelos de su propiedad y previo convenio entre el promotor y la consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, se construirán a un precio superior entre un 43 y un 82% respecto al módulo oficial. Está por ver, incluso, que en función del número de demandantes en ciertas zonas de nuestra geografía las viviendas ya terminadas o en construcción también se beneficien de la medida. La frase del presidente regional en el desayuno informativo de TVE “quedan muchos pisos por vender en Castilla La Mancha” hace temer el incumplimiento de su “propuesta estrella” de las pasadas elecciones autonómicas de construir 50.000 viviendas protegidas en la región.

De esta manera, el gobierno de Barreda, con el inicial apoyo del Partido Popular, pretende blindar beneficios a unos cuantos empresarios del ladrillo con la garantía de las arcas públicas, cuando con los módulos actuales hay suficientes constructores dispuestos a construir viviendas protegidas con beneficios moderados.

Para Izquierda Unida no es el momento ni la manera de intervenir en el mercado regional de la vivienda. Años atrás los empresarios han obtenido exagerados beneficios gracias a la exigua promoción de vivienda protegida (6,34% del total entre 2000 y 2005) de un gobierno que miraba para otro lado ante las escandalosas hipotecas que tenían que contraer los jóvenes. Ahora que las personas jóvenes no pueden comprar viviendas tan caras, los promotores no quieren que funcionen las leyes del mercado y buscan el amparo del gobierno regional para seguir obteniendo intolerables beneficios.” El propio José María Barreda lo ha manifestado públicamente: “Los promotores están interesados porque de este modo ganarán menos dinero que con las viviendas libres, pero ganarán algo por lo menos”. Izquierda Unida cree que dichos promotores deberían revertir el exceso de beneficio anterior en la comunidad, ajustándose a lo sumo a los precios máximos de protección pública, que ya para Ciudad Real ascendieron más del 27% en 2006 y han sido actualizados en 2007 otro 5%, o incluso retornando a límites anteriores para acercarse al coste real de construcción incluyendo la remuneración justa del empresario, no como hasta ahora.

El gobierno regional piensa en un prototipo de pareja de jóvenes que ingresen 1.000 euros cada uno. Pagarán una cuota mensual del 30% de sus ingresos, 600 euros, pero no dicen durante cuanto tiempo. Al tipo más barato del mercado sobre el euribor actual resulta la friolera de ¡53 años! No piensa en los demandantes que no alcancen estos ingresos. El artículo 47 de la constitución española de 1978 ampara a todos los españoles, no sólo a la gente “VIPP”.

A un año de estas elecciones, no conocemos nada sobre la Ley de Garantías del derecho a una vivienda de los jóvenes inscritos en las privatizadas oficinas de registro de demandantes de vivienda. La promesa consistía en que si en un año no se les facilitaba una vivienda protegida se les financiaría el pago del alquiler de una vivienda. De momento se trata de un fraude electoral a los 47.000 demandantes de vivienda protegida.

PROPUESTAS DE IZQUIERDA UNIDA

El gobierno regional ha de ofrecer a los promotores con viviendas sin vender la calificación de éstas como viviendas protegidas a los módulos actuales de protección oficial y adjudicar las resultantes a los jóvenes demandantes en los registros de vivienda que cumplan los requisitos y tengan interés en los emplazamientos de las mismas. Es insostenible económica y medioambientalmente la construcción de 50.000 viviendas habiendo viviendas vacías.

El gobierno regional ha de cumplir su compromiso electoral y haga de una vez la Ley de garantías. Cada día que pasa es un día de incumplimiento del compromiso electoral.

En políticas de suelo, además de ofertar el suelo que dispone la Junta, debería abrir una línea de crédito a interés cero para que los Ayuntamientos puedan adquirir por compra suelo o hacer convenios con los propietarios urbanizándolo para la construcción de vivienda protegida y los equipamientos necesarios.

El empleo solo se resuelve con un cambio en el modelo productivo. Es insostenible mantener un ritmo sobredimensionado de construcción de vivienda anual. Una parte del empleo en el sector se tiene que derivar a sectores industriales y de servicios con una política general diferente.

Para paliar el desempleo que se genera es urgente que se implementen los planes integrales de empleo en colaboración con los Ayuntamientos, pero con salarios que superen los actuales 775 euros que llevan sin actualizarse 3 años y con la Seguridad social con cargo al Gobierno Regional. Hay que recordar que estos planes se financian en un 70% por el Fondo Social Europeo .