21/01/2008.- Para la concejala de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha (IU-CLM), Esther Vázquez Rubio, se trata de una oportunista ofensiva de sectores de la derecha más conservadora e intolerante que pretenden criminalizar a quienes practican y se someten a la interrupción voluntariamente del embarazo (IVE). Estos hechos ponen en evidencia la inseguridad jurídica en que se produce la prestación de la IVE en nuestro país con la actual normativa que no garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La IV Conferencia Mundial de la Mujer auspiciada por Naciones Unidas, celebrada en Pekín en el año 1995, ya recomendó revisar cualquier legislación punitiva de la interrupción del embarazo, pero el Gobierno Español sigue sin hacer cambios. También el Parlamento Europeo recomienda que para proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres, la interrupción voluntaria del embarazo sea legal, segura y accesible para todas las mujeres.

Desde la entrada en vigor de ley 9/1985 sobre despenalización de la interrupción del embarazo en determinados supuestos, se ha puesto de manifiesto las limitaciones y restricciones de esta legislación debido principalmente a: la consideración de delito que esta práctica tiene todavía hoy en España, la privatización de esta prestación en el 97% de los casos, la inseguridad a la que se somete a los profesionales sanitarios que practican las IVE y la falta de garantías de la prestación en la red sanitaria pública y la heterogeneidad existente a nivel autonómico en el acceso a esta prestación.

A las insuficiencias de nuestra legislación hay que sumar las insuficiencias de la red sanitaria pública en materia preventiva y asistencial. Una serie de cuestiones agravan una situación ya de por sí complicada como son la insuficiencia en los programas de prevención, un 63% de las jóvenes menores de 24 años que han abortado no había ido a ningún centro de planificación familiar, la ausencia de una correcta educación sexual entre nuestra juventud y la falta de información y financiación de los métodos anticonceptivos, aspectos que tienen una incidencia directa en el incremento de embarazos no deseados.

En Castilla-La Mancha no existe ningún centro sanitario público que incluya entre sus prestaciones la interrupción voluntariamente del embarazo (IVE), sólo una clínica tiene concierto con el SESCAM y son escasas las clínicas privadas autorizadas. Pero además la píldora postcoital no es accesible para los jóvenes, ni es gratuita, ni hay una red de centros que garantice la información continua, ni existe una adecuada educación en materia de sexualidad y anticoncepción.

Ante esta situación Izquierda Unida de Castilla-La Mancha se suma a las manifestaciones de denuncia y protesta impulsadas por las organizaciones feministas y la red de centros autorizados para la práctica de IVEs y, en particular, queremos contribuir con diversas medidas a extender la necesidad del cambio de normativa que aborde adecuadamente este problema de salud pública:

- Participamos e impulsamos los actos de protesta de las organizaciones de mujeres en todo el territorio.
- Nos sumaremos a las campañas iniciadas por las asociaciones feministas.

IU reclama que la interrupción voluntaria del embarazo salga del Código Penal, apuesta por su regulación mediante una Ley de Plazos, que devuelva la dignidad a las mujeres, que acabe con la inseguridad jurídica e incluya la generalización de la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo en las 14 primeras semanas dentro de la red sanitaria pública. Así mismo seguiremos denunciando la tibieza de gobierno del PSOE (regional y estatal) y reclamando que la administración sanitaria no puede mirar para otro lado ignorando las carencias en educación sexual y anticoncepción que eviten embarazos no deseados y negando las prestaciones que garanticen plenamente los derechos reproductivos de las mujeres.