(Madrid, 22 de noviembre 2006).- El Gobierno oculta a Izquierda Unida el texto completo del acuerdo suscrito justamente hace dos meses, el pasado 22 de septiembre, entre el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal por el que se adoptó el nuevo modelo de financiación para la Iglesia Católica que entrará en vigor el próximo año.

Tras hacer pública la firma de este acuerdo en el Consejo de Ministros, el coordinador general de Izquierda Unida y presidente del Grupo Parlamentario de IU-ICV remitió al Gobierno el pasado 2 de octubre a través del Congreso de los Diputados una “solicitud de informes y documentación”, prevista por el Reglamento de la Cámara, solicitando la remisión completa del texto del acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y la jerarquía de la Iglesia Católica, para que todos los grupos parlamentarios tengan información completa veraz y de primera mano sobre todos los puntos acordados, más allá de los que fueron trasladados a los medios de comunicación.
Dos meses después, concretamente con fecha de registro de entrada en la Cámara a 21 de noviembre, el Ministerio de la Presidencia traslada una lacónica respuesta en la que señala que “los términos del Acuerdo al que hace referencia Su Señoría se encuentran plasmados en la disposición adicional decimosexta del Proyecto de Ley de Presupuestos generales del Estado para 2007”, evitando así la remisión del texto original tal y como le había sido solicitado.

En la remisión de esta respuesta se produce otra “llamativa circunstancia”. Entre la fecha de elaboración de la respuesta por parte del Gobierno –el 3 de noviembre, tal y como figura en la copia sellada con el tampón de Presidencia remitido a Llamazares- y el 21 de ese mismo mes en que entra en el Congreso, trascurren 18 días, lo que dio tiempo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado sin que los Grupos Parlamentarios conocieran en su integridad el contenido del acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia, más allá de lo recogido por los medios de comunicación y la parte incluida en la mencionada disposición adicional decimosexta”.
Gaspar Llamazares ha calificado de “impresentable” la actitud demostrada por el Gobierno en este caso. A su juicio, “no sabemos qué tienen que ocultarnos a nosotros y a todos los grupos de la Cámara en relación a un acuerdo que ellos mismos vendieron a bombo y platillo, aun a costa de la oposición existente dentro del propio PSOE”.

Para el coordinador de IU, “hasta ahora estábamos acostumbrados a que se nos negaran documentos en relación a los vuelos ilegales de la CIA, otros relacionados a temas de seguridad del Estado alegando la ley del CNI, pero no existen precedentes parlamentarios sobre lo que está pasando con este tema, ya que no pensamos que este acuerdo económico tenga nada que ver con la seguridad nacional”.

Llamazares adelantó que “no nos daremos por vencidos y seguiremos reclamando esta información que se hurta a la Cámara con evidente desprecio a quienes la integramos, a los propios fieles de la Iglesia Católica y a todos los ciudadanos de cuyos impuestos van a salir la financiación de este acuerdo pactado y cuyo contenido total se nos oculta y niega”.

Se da la circunstancia de que Izquierda Unida solicitó la pasada semana -durante el Pleno del Congreso en que se votaron las enmiendas parciales a los Presupuestos-, votación separa de la mencionada disposición adicional para evidenciar su frontal rechazo a la nueva financiación religiosa pactada por los socialistas y la jerarquía eclesial. La votación, realizada en la mañana del martes día 14, dio como resultado 170 votos a favor de la nueva financiación, 140 votos en contra y 20 abstenciones. El Grupo de IU-ICV se encontró con el sorprendente acompañamiento del PP en su ‘no’, además de un voto en contra del Grupo Mixto y, al menos, dos fugas de voto del PSOE por discrepancia con el nuevo sistema económico para la Iglesia.

Según consta en la relación individualizada de la votación, las dos fugas en el Grupo Socialista se debieron a Juan Antonio Barrio, de la corriente Izquierda Socialista, que decidió abstenerse, mientras que Victorino Mayoral optó por levantar las manos y no participar en la votación, pese a hallarse presente en el hemiciclo. Álvaro Cuesta, secretario de Política Municipal del PSOE y uno de los más críticos con el acuerdo que alcanzó el Gobierno y la Conferencia Episcopal, votó finalmente a favor del nuevo modelo, aunque fuentes próximas al mismo alegaron que se había equivocado. ERC y CIU se abstuvieron.

El sorprendente voto en contra del PP se produjo pese a que fuentes de la jerarquía eclesiástica manifestaron públicamente su profunda satisfacción por el acuerdo alcanzado y a que el 23 de septiembre, un día después del anuncio por el Consejo de Ministros, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, afirmara que su partido no tenía nada que objetar al acuerdo en materia de financiación, lo que se contradice con el voto final