VICENÇ Navarro. Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu-Fabra

 

Una característica de la educación primaria y secundaria en España es su polarización por clase social. En general, el 30% de la población, de renta superior (burguesía, pequeña burguesía y clase media profesional de renta alta), envía a sus hijos a las escuelas privadas, mientras que el 70% restante (clase trabajadora y clase media de renta media y baja) los matricula en la escuela pública.
Ni que decir tiene que existe permeabilidad entre los dos tipos de centros escolares, de manera que hay niños de las clases pudientes que van a la pública e hijos de las clases populares que van a la privada. Pero, en general, hay una separación clara entre la escuela privada y la escuela pública en España, según la clase social de los niños a los que sirven. La escuela española es, pues, altamente clasista.

En realidad, según el último Informe Pisa sobre los sistemas educativos de los países de la OCDE (el grupo de mayor desarrollo en el mundo), España es uno de los países en los que la clase social de las familias tiene mayor importancia a la hora de configurar las oportunidades educativas de sus hijos. Es más, el mismo estudio señala que esta acentuación de la división social es una de las causas más importantes del escaso desarrollo educativo español.
Esta polarización social de la escuela se reproduce como resultado del enorme poder político y mediático del 30% de renta superior del país y de los poderes fácticos afines a este sector de la población, entre los cuales la Iglesia católica juega un papel clave: posee el 70% de los centros de enseñanza privada en España.

Esta identificación de clases pudientes e Iglesia ha sido una constante en la historia de España, lo cual explica la hostilidad que grandes sectores de las clases populares han tenido históricamente hacia la Iglesia católica. Sólo cabe recordar que los condenables incendios de iglesias y conventos, que tuvieron lugar los días después del golpe militar en 1936, fueron consecuencia del conocido apoyo que le prestó la Iglesia española, que interrumpió un Gobierno popular, democráticamente elegido, que había introducido el derecho a la educación y convertido la escuela pública en el centro de la enseñanza (hasta entonces controlada en su buena mayoría por la Iglesia).

LA POLARIZACIÓN social de la educación reproduce así la estructura de clases del país. La mayoría de los grandes empresarios, banqueros, directores y gerentes de las cajas de ahorros, legisladores, altos funcionarios de la Administración, miembros de las Academias Reales, periodistas y creadores de opinión, entre otros (lo que en terminología anglosajona se llama el establishment) son productos de las escuelas privadas (y envían sus hijos a las escuelas privadas), mientras que la gran mayoría de sindicalistas, trabajadores y miembros de las clases populares han sido educados en las públicas. La escuela consolida de este modo una de las estructuras sociales más rígidas y con menos movilidad social existentes hoy en la Unión Europea de los Quince.
Los recursos por alumno son un 32% mayores en las escuelas privadas de la Iglesia que en las públicas, y ello, en gran parte, debido a las subvenciones que las primeras reciben del Estado (2.700 millones de euros al año). Estas ayudas son justificadas por parte del Estado y por parte de la Iglesia, por, entre otras razones, la necesidad de garantizar con fondos públicos el derecho de los padres que deseen dar formación religiosa católica a sus hijos. Es éste un derecho escrito en la Constitución española como consecuencia de la enorme influencia que las fuerzas conservadoras tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia (un derecho inexistente en gran parte de las constituciones de los países democráticos vigentes en el mundo), y que el Gobierno socialista respeta continuando tal financiación.

El punto al que la Iglesia y las clases pudientes (y los instrumentos políticos de las derechas, desde el Partido Popular en España a los nacionalistas conservadores en Catalunya) se oponen con gran agresividad es a que se tomen medidas para que se diluya la acentuación de la división social de la educación española (que se basa en la selección por parte de las escuelas privadas del alumnado por clase social), impidiendo que tales escuelas privadas continúen escogiendo a sus alumnos --excluyendo a niños de las clases populares, incluidos los inmigrantes (que necesitan mayores recursos para su integración)--, tal como está ocurriendo hoy.

ÉSTA ES LA cuestión clave de la conflictividad presente. Es una lucha de clases encubierta en la que la Iglesia, una vez más, defiende a ultranza sus privilegios. La mal llamada escuela privada (la auténticamente privada es únicamente un 5% de toda la escuela en España) está financiada públicamente y antepone los intereses particulares sobre los generales, no actuando como un componente del sistema público educativo.
Por otra parte, el bajo gasto público en educación es también consecuencia del poder de las clases pudientes (que envían sus hijos a la escuela privada y que se oponen a pagar más impuestos para aumentar el dinero público invertido en educación), y que creen erróneamente que no les afecta la escasez de recursos de la enseñanza pública. En realidad, la calidad de la escuela privada concertada depende de la calidad que posea la pública, tal como señala el Informe Pisa. La reforma educativa de los gobiernos progresistas tiene que, además de incrementar sustancialmente el gasto público en educación, eliminar esa polarización social que está reproduciendo una estructura totalmente clasista que afecta negativamente la calidad del sistema educativo