UNA APUESTA POR LA ENSEÑANZA PÚBLICA ASTURIANA Y POR LA MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO.

1.- INTRODUCIÓN 

La política educativa de los dos últimos decenios ha girado en torno a la idea de "reforma", primero como promesa y catalizador de diversas esperanzas de mejora del sistema educativo y luego como reflejo de una frustración bastante general respecto a los logros que se habían prometido con la misma. Es decir, en los años ochenta se vendió constantemente la idea de reforma y se generaron muchas expectativas en torno a los cambios que se iban a introducir en el sistema educativo (adaptación, mejora, calidad, etc...), pero los años noventa supusieron la frustración de las expectativas que los sectores progresistas de la comunidad educativa y de la sociedad habían puesto en esa reforma. Dicha frustración tiene su origen, por una parte, en el viraje que en la política educativa (y en la política general) da el gobierno del PSOE, con introducción de desarrollos legislativos cada vez más alejados de los presupuestos de los que se partía y, por otra, en la falta de compromisos de financiación suficiente de la educación, lo que impedía ni siquiera plantear objetivos fundamentales de la propia reforma. Casi podemos decir que si exceptuamos la escolarización obligatoria hasta los 16 años y la extensión de la escolarización en la etapa 3-6 años, que sin duda constituyen avances positivos, los otros aspectos de importancia que se planteaban (modelo educativo, oferta, democratización, integración, calidad educativa, etc.) se han quedado en el baúl de las intenciones sin pasar a realizaciones concretas.

De esta forma, se ha producido una lamentable situación, percibida claramente hoy por el conjunto de la comunidad educativa y, sobre todo, por el profesorado: los sectores progresistas, que fueron los que trabajaron y apostaron por el cambio educativo en los 80, han visto incumplidas la mayoría de las promesas y frustradas sus expectativas, mientras los sectores conservadores observaban como, poco a poco, se iban imponiendo las premisas y los presupuestos más derechistas en el ámbito educativo. Y esto se iba haciendo primero con la política del PSOE, con leyes tan negativas como la "Ley Pertierra", y luego, de forma desaforada, con la del PP, que llega al gobierno con un afán claro de poner a toda velocidad la locomotora de la privatización y de la contrarreforma, una locomotora que había sido puesta en marcha por el PSOE.

En el ámbito de Asturias, esta situación general se ha vivido de forma aún más acusada debido a varias razones: aceleración improvisada de la implantación LOGSE sin medios adecuados; continuado recorte de dotación de plantillas y unidades escolares; retraso excesivo, y que todavía se prolonga, de las transferencias; privatización creciente que incluye conciertos a los centros elitistas por antonomasia (OPUS), y otras.

La frustración que sienten los sectores progresistas tiene su justificación en una política educativa cuyos rasgos dominantes responden claramente a la concepción neoliberal que impregna toda la actividad política de nuestro país desde finales de los ochenta y principios de los noventa y que supone la introducción de medidas que van en la dirección contraria a la que se esperaba y se exigía durante esos años. 

2.- LOS RASGOS DOMINANTES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA ACTUAL.-

• Privatización: Por un lado, se da un viraje al sentido inicial de los conciertos de la etapa obligatoria, pasando de una concertación derivada de la imposibilidad de la enseñanza pública para hacer frente a todas las necesidades de escolarización a una concertación que respondía a intereses económicos e ideológicos de los sectores empresariales y/o religiosos a los que primero el PSOE (la mayoría de los conciertos) y luego el PP (culminación del proceso) pretendían contentar. Se llega, así, a concertar todos los centros privados de Asturias que lo solicitaron (todos menos tres). 

• Segregación social y desigualdad territorial: Los pocos logros que se habían conseguido en materia de atención a los más desfavorecidos del sistema se han eliminado a medida que se iban sustituyendo los discursos de la integración por los de la competitividad. De esta forma, el PP termina con lo poco que quedaba en dotación para apoyo a los que más problemas tienen en el aprendizaje; se elimina toda la atención a los escolares con necesidades educativas especiales de carácter transitorio, condenándolos irremisiblemente al fracaso; se devalúan los programas de Garantía Social, y solo la presión social evita que se reduzcan a un año, o se abandona la atención de las necesidades de la escuela rural, supliéndolas con medidas parciales y menos costosas pero más llamativas ("Aldea Digital"). 

• Recorte de recursos: La falta de financiación suficiente para la enseñanza pública ha sido una constante desde principios de los noventa, a pesar de que se estaba produciendo la implantación de la reforma y las necesidades eran, por tanto, mayores. Esa política de recortes se tradujo en: reducción de plantillas en los centros, falta de oferta formativa en bachilleres o ciclos formativos (en este curso más de 2500 alumnos se quedaron sin plaza en centros públicos por falta de oferta), merma de recursos para formación del profesorado, no integración en la red pública de centros de enseñanzas musicales, deficiente escolarización de lengua asturiana, etc. Sin embargo, al mismo tiempo iban creciendo los recursos destinados a la enseñanza privada, que en los últimos años se "come" la subida presupuestaria.
• Desatención a las necesidades de la ESO: La mayor dificultad que en la ESO supone la incorporación obligatoria de todos los jóvenes hasta los 16 años (modificación positiva) no vino acompañada por aumento de recursos, nuevas ideas o formas de organización apropiadas para abordar esas nuevas necesidades. Antes al contrario, primero el PSOE y luego el PP apostaron por obviar esas dificultades y, o bien se conformaron con la función guardería de los centros escolares (abandonando a su suerte al profesorado), o bien apostaron por medidas destinadas a sacar de las aulas a los que den problemas, desentendiéndose de su futuro. En las decisiones políticas ha pesado siempre más la prioridad del ahorro (antes era Maastricht y ahora el Plan de Estabilidad) que la lucha por atender mejor a los más necesitados. Reflejo de esa política fue la configuración de la red y las decisiones de escolarización de esta etapa, impuestas a machamartillo por PSOE y luego por el PP.
• Retroceso en la gestión democrática: En consonancia con los principios neoliberales se apostó por modelos jerárquicos (ejecución de las directrices emanadas del poder) y se recortó la participación de la comunidad educativa en la gestión de los asuntos educativos. Ello responde a la lógica de sus prioridades políticas: dado que la participación podría chocar con la lógica del recorte o la privatización, es mejor reducirla. Esta filosofía está detrás de la "Ley Pertierra", que ahora el PP utiliza para convertir a los directores en brazos armados de la administración. La nula voluntad que el PP está demostrando en promocionar los procesos electorales en la enseñanza, la inexistente atención al asociacionismo o la designación cada vez más frecuente de directores a "dedo" responden a ese modelo educativo en el que la mayoría se reduce a ejecutar lo establecido por el poder o sus "expertos".

• Adulteración del concepto de calidad educativa: Ansiosos por apropiarse por un discurso muy aceptado, como es el de la calidad, tanto el PP como, antes, el PSOE no dudaron en desvirtuar el concepto para asimilarlo a sus políticas de competitividad. De esta forma, la búsqueda de una educación global para todos, de una enseñanza que fomenta la capacidad crítica y la autonomía de los individuos, lo que exige cambios y aumento de recursos, se sustituye por la cuantificación de determinados aspectos formales y externos, por una competitividad que deja fuera a quienes no puedan seguir el "ritmo de la competencia". Así, se consiguen dos objetivos básicos de la política neoliberal: reducir el gasto y fomentar la selección. 
• Inestabilidad laboral: Desde hace unos cuanto años se está produciendo un crecimiento preocupante de la inestabilidad laboral en la enseñanza, que en Asturias alcanza ya a más de 2000 personas de la enseñanza pública no universitaria. Esto, que como problema laboral merece una consideración política, se convierte también en un problema educativo, al incidir negativamente en aspectos que influyen en la atención educativa (coordinación, seguimiento de proyecto educativo, conocimiento alumnado, etc.). Esto responde a una política que persigue la movilidad e inestabilidad de los trabajadores de la enseñanza, lo que permitirá una disponibilidad que se aprovechará para recortar más y para reducir la capacidad reivindicativa del colectivo, otro aspecto que se está buscando desaforadamente.
• El abandono de la educación en valores: La política de la competitividad, que busca la selección de los "mejores" para fomentar el mercado, deja de lado la educación en valores (cuyo rendimiento social es inmenso pero a más largo plazo, lo que no interesa en este modelo neoliberal dominante), reduciéndola a puro discurso carente de iniciativas institucionales y quedando al albur del voluntarismo de los trabajadores o de iniciativas de organizaciones diversas. El neoliberalismo, interesado en seleccionar a los más competitivos para las necesidades del mercado, descuida la formación global de los individuos en valores que le importan poco o que le resultan costosos desde su perspectiva de búsqueda de rendimiento inmediato. De ahí la sustitución de la educación en valores por la política de "competitividad", "mercado", etc.

• Mínima atención a la lengua y cultura asturiana: Desde su apuesta por mantener la lengua asturiana arrinconada, el PSOE y el PP comparten la política, con pocos matices diferenciales, de aparentar pero no dar: lanzan el discurso de la necesidad de atender la lengua y la cultura asturiana con el fin de no enfadar a ciertos votantes o dar la imagen de escuchar las exigencias de un amplio sector social, pero soterradamente hacen todo lo posible para impedir avances en el proceso de escolarización y de dignificación social de la misma, que además no será contemplada en las transferencias al no reconocerse su oficialidad. De ahí que pongan todas las trabas posibles para facilitar la elección de los alumnos o la continuidad del estudio del asturiano en la secundaria, incumpliendo las propias resoluciones aprobadas en la Junta General (demostrando que el discurso va por un lado y la práctica por otro).
• Tendencia a reducir la enseñanza a lo estrictamente lectivo: El PP, siguiendo la tendencia implantada antes por el PSOE, ha planteado una propuesta de organización del tiempo escolar que supone: falta de compromiso sobre cualquier tipo de actividad formativa distinta a lo estrictamente lectivo, imposibilidad de abordar otras actividades con total garantía de continuidad y con cierta perspectiva global y una concepción cerrada y estrecha del papel que pueden jugar los centros educativos .

Desde IU siempre hemos luchado para que las competencias educativas a las diversas comunidades autónomas tuvieran un nivel competencial igual para todas ellas, independientemente de que accedieran por el art. 151 o el 143 de la C.E., y para que la transferencia se produjese hace ya años. Sin embargo, en el año 94, el PP y el PSOE pactan el modelo y los ritmos de transferencias a las comunidades autónomas, fijando que las de educación serían competencias por delegación y que, junto con la de sanidad, irían en el último paquete y, por tanto, no se harían antes del 97. 

Este modelo PP-PSOE concuerda con su concepción restrictiva del autogobierno, pues en el futuro, si finalmente se producen así las transferencias, como parece probable, impedirá al gobierno asturiano delegar ciertas competencias a los distritos educativos de carácter comarcal y/o municipal, cuestión que se pretende desde IU.

Por otra parte, el continuo retraso sufrido en el proceso de transferencias se ha agravado en Asturias en el último año debido a la crisis del PP y a la ruptura de relaciones entre el gobierno de Aznar y el de Marqués. Esta demora está teniendo efectos negativos en varios aspectos, de ahí que la asunción de competencias se convierta en una prioridad absoluta para IU de Asturias. Pero esta prioridad no implica la aceptación del marco, ni del monto financiero que en este momento se está poniendo como tope, ni del procedimiento que se está llevando a cabo en el proceso negociador. Para IU es imprescindible superar el marco estrecho de las transferencias por delegación, arbitrar mecanismos y establecer ámbitos de participación de todos los sectores de la comunidad educativa, y conseguir rebasar el insuficiente monto financiero del que se está hablando en este momento y que de una u otra manera dan por bueno el PP, PSOE y la recién creada URAS, pues los tres han aceptado que el gasto efectivo es el único criterio a tener en cuenta a la hora de determinar los recursos financieros que se deben transferir (olvidando, curiosamente, las promesas hechas por el PP de aumentar los recursos durante el proceso de transferencias para de mejorar la oferta y la calidad educativa).

4.- LA NECESIDAD DE UN NUEVO IMPULSO.-

En IU de Asturias estamos convencidos de la necesidad de un nuevo impulso en el sistema educativo, un nuevo impulso que exige:

Convertir la educación en una prioridad política, dotándola de los recursos necesarios paras responder a las nuevas necesidades que se exigen desde la sociedad y solventar las nuevas dificultades que esas exigencias generan.

Dar un giro radical en la dirección de la política educativa. Ese giro debe traducirse en una serie de medidas que conformen un sistema educativo caracterizado por los siguientes rasgos:

• La red pública será el eje del sistema, y la planificación tendrá como objetivo una adecuada cobertura de la demanda educativa, lo que implicará un cambio en la política de conciertos: no a los conciertos de la educación infantil, revocación de conciertos concedidos en estos últimos años (OPUS) y revisión restrictiva de los conciertos, eliminándolos en los centros que no respondan a necesidades sociales o incumplan la ley. Además, será necesario ampliar la oferta pública para cubrir la demanda en ámbitos como la FP, los bachilleratos, educación de adultos, educación infantil de 0-3 años (fomentando los acuerdos con las corporaciones locales), etc.
• La integración como objetivo básico, con lo que implica de dotación de medios para la atención a todos los que tengan alguna necesidad educativa especial, o a todos los que tengan problemas de aprendizaje. La concepción integradora del sistema debe plasmarse en la ESO en un conjunto de medidas que sirvan para paliar en lo posible el aumento de la dificultad de la educación en esta etapa tan conflictiva, cuya universalidad debemos defender. Dichas medidas irán referidas a ratios, apoyos, atención a la diversidad, formación del profesorado, etc.
• La apuesta por un sistema educativo de calidad para todos, un sistema donde las prioridades sean la formación integral de los individuos, el desarrollo de su capacidad crítica y de su autonomía personal, un sistema que debe buscar la igualdad y corregir las desigualdades. Por ello IU apuesta por eliminar las políticas basadas en la competitividad y diseñadas en decretos como el de "Elección de centros" o en desarrollos de la LOPEG. Mejora de recursos humanos y materiales, así como una clara apuesta por la estabilidad de las plantillas, evitando, en todo lo posible, la fluctuación por los perjuicios laborales y educativos que provoca.
• La gestión democrática, favoreciendo la participación de los sectores de la comunidad educativa, potenciando las competencias de los órganos colegiados y la relación de los cargos unipersonales de los centros con los sectores que lo eligen, renunciando a hacer de los mismos cargos al servicio de la administración, o apostando por el desarrollo sin complejos de la autonomía de los centros, garantizando un marco financiero que haga real la autonomía en los otros aspectos.
• La descentralización educativa, concebida no como un instrumento para favorecer la competencia, sino, al contrario, para medida favorecer la igualdad. Con este fin se desarrollarán los Distritos Educativos, con unas competencias que permita el marco legislativo derivado del modelo de competencias. El equilibrio territorial y social en el plano educativo, lo que implica planes específicos de atención para los centros con alumnado de más necesidades socioeconómicas y mejora de oferta educativa en las alas de Asturias, con especial atención y recursos para la zona rural.

• Compromiso claro con la educación en valores: la paz, la solidaridad, el antirracismo, el antisexismo, la lucha contra la xenofobia o contra cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, discapacidad, religión, origen u orientación e identidad afectiva. , a través de la formación de ciudadanos/as críticos/as y mejor preparados social y profesionalmente. La apuesta por una educación laica, lo que supone que, respetando los diversos valores religiosos y las aportaciones a la cultura de las diversas religiones, es preciso evitar cualquier concepción catequética de la escuela, lo que contradiría el carácter laico que debe tener el estado, según la C.E. 

• Concepción socio cultural abierta de los centros educativos, distinguiendo el tiempo lectivo de otras tareas, y garantizando los servicios complementarios y otra serie de actividades paralectivas para todos los que tengan necesidad. 
• El compromiso con la lengua y cultura asturiana, poniendo en marcha medidas para favorecer la escolarización en todas las etapas educativas así como el reconocimiento de los estudios superiores de lengua asturiana. Desarrollo inmediato, con participación de los sectores educativos, del currículum asturiano, poniendo en marcha una propuesta para la discusión nada más constituirse el gobierno.

5º LA PROPUESTA EDUCATIVA PARA ASTURIAS.

En el marco de las competencias plenas debemos desarrollar el modelo de escuela publica que Asturies y sus concejos necesitan, lo que implica resolver con la implicación de los mismos y de la comunidad educativa, cuestiones como:

Los instrumentos y medidas de calidad de la enseñanza y la superación de desigualdades, los servicios complementarios.

La red de distritos educativos y sus estructuras de gestión y participación, sus funciones y competencias.

La organización de la oferta formativa y de ciclos, la red de centros y la oferta formativa en cada distrito.

Los programas de actividades complementarias y extraescolares y la utilización social y cultural de las infraestructuras educativas. 

Los compromisos de financiación.

Para Izquierda Unida de Asturies la política educativa constituye una prioridad de gobierno, de forma especial en la próxima legislatura, en este sentido representa un objetivo inmediato la consecución de las competencias en enseñanza planteandonos el horizonte del 1 de enero del 2000; somos consciente de las dificultades de esto pero también de la necesidad, expuesta por la comunidad educativa, de alcanzar la transferencia educativa lo antes posible. Transferencia que debe partir de un acuerdo político y social lo más amplio posible, implicando a las instituciones locales y a los colectivos sociales en este proceso y en su desarrollo futuro; futuro que reclama una financiación adecuada y una capacidad real de autogobierno educativo, es decir recursos suficientes y competencias plenas. 

Desde la gestión de la competencia educativa se trata de definir la escuela pública asturiana, proceso que debe realizarse de forma transparente y participativa; entendemos además que este proceso de debate educativo y social, de diseño curricular, debe recuperar el impulso de la reforma y sus contenidos más transformadores.

1º Por una enseñanza pública de calidad para la igualdad.

Para Izquierda Xunida una educación de calidad es aquella que responde a las distintas necesidades educativas de los concejos, los colectivos y las personas mediante una efectiva igualdad de oportunidades, mecanismos compensatorios y equilibradores y una gestión democrática transparente y socialmente eficaz.

1. Las políticas de calidad que planteamos son políticas para la igualdad con las siguientes propuestas básicas: 

• Elaboración con participación de la comunidad educativa de una Ley de la Escuela Pública contemplando medidas y compromisos de igualdad y calidad sobre: ratios, plantillas, servicios de apoyo, acciones especificas de atención a la diversidad y de compensación educativa, etc. Asimismo se señalarían los mecanismos de incorporación a la red pública de los centros concertados que reuniesen determinados requisitos.

• Creación de un Instituto de calidad y evaluación del sistema educativo en colaboración con el Consejo Escolar autonómico y apoyando a los centros educativos.

• Desarrollo de un Plan de medidas urgentes por la calidad y para la igualdad en la educación, con actuaciones para una efectiva atención a la diversidad del alumnado en las etapas obligatorias, ya sea por proceder de otras culturas, por razones de exclusión social, discapacidad u otras. Este plan, aprobado por el Consejo Escolar autonómico, y con la colaboración de los concejos atendería a las necesidades derivadas de la realidad geográfica, social y económica de cada territorio. Cada centro educativo contara con los recursos necesarios para un efectivo desarrollo de la integración, comenzando por la adecuación arquitectónica a la accesibilidad; en los casos de atención a necesidades especiales se contemplarán ratios más reducidas, profesorado y especialistas de apoyo, insistiéndose en programas de prevención y detención precoz, atención temprana y en la integración normalizada de este alumnado. Estas medidas se coordinarían con otros servicios y políticas de la administración autonómica y local. 
• De forma permanente la planificación y la gestión educativa contemplara los programas específicos de integración y las medidas compensatorias, constituyendo una prioridad en la asignación de recursos y profesionales; como orientación general se procurara repartir esta actividad entre todos los centros financiados con fondos públicos, tendiendo a la integración de los/as alumnos/as con dificultades en las aulas habituales, solamente en casos necesarios se utilizaran otros espacios y recursos. Asimismo constituye una prioridad la solución de los problemas de convivencia, en este sentido se replanteara el tamaño de los centros y la progresiva eliminación de los macrocentros, como elemento también de calidad.

• Organización del Servicio de Inspección por distritos, con una Inspección Pedagógica y otra Inspección Administrativa; los respectivos responsables serán elegidos por dos años por los inspectores del distrito, que accederán a su puesto a través del concurso de méritos. 
• Se establecerá una división de funciones y separación en las unidades administrativas de los dos tipos de inspección; siendo responsable de la formación del profesorado la Inspección Pedagógica en estrecha colaboración con los CEPs.
• Los informes de cada inspector se elevarán directamente a la Dirección Autonómica de Educación, y en el caso de resoluciones contrarias a la propuesta de la inspección estas serán motivadas y se archivarán junto al informe del Servicio de Inspección.

Desde el compromiso con la escuela pública, y el lógico rechazo a los procesos de privatización en sus diferentes formas ( conciertos, cheque escolar...), planteamos una red de centros educativos que responda a los siguientes criterios:

• Definición a través una planificación a corto y medio plazo de las necesidades educativas, en un sentido amplio tanto en las etapas obligatorias como en las no obligatorias, de la comunidad autónoma y los distritos, y establecimiento de la de la cobertura necesaria desde el sistema público de las demanda de escolarización y su evolución. En este sentido los conciertos con centros privados tendrán un carácter subsidiario respecto a la oferta pública. Izquierda unida de Asturias considera inadmisible el proceso desarrollado de cierre de unidades y perdida de puestos de trabajo en la enseñanza pública manteniendo, cuando no aumentando los conciertos con la enseñanza privada. No se plantearan, como criterio general, conciertos con centros privados de enseñanzas no obligatorias, especialmente de educación infantil.

• Control efectivo a través de un Plan de Inspección de los centros concertados, de las condiciones de los mismos y del cumplimiento del Reglamento de Conciertos, dentro de una política restrictiva de los mismos anulación inmediata de todos los que presenten irregularidades.
• Participación real de los centros concertados en los programas compensatorios y en la admisión, dentro de la planificación correspondiente, de alumnos/as con dificultades.
• Desarrollo de las medidas legales que obliguen a los centros concertados a la contratación de personal a través de la bolsa de interinos que establezca la Dirección Autonómica de Educación, y que establezca como causa de anulación de los conciertos la realización de despidos declarados como improcedentes por los tribunales ordinarios.

2º Descentralización y organización del sistema educativo. 

Un objetivo fundamental de una política educativa desde la izquierda es contribuir a la construcción de una Asturies equilibrada social y territorialmente; para esto es fundamental el garantizar al conjunto de los concejos a través de la organización territorial del sistema educativo, especialmente los distritos, una oferta formativa de calidad suficiente y adecuada a su realidad y demandas sociales y económicas, a su presente y sus posibilidades de futuro, en este sentido se plantea un especial compromiso con las zonas rurales, comarcas desindustrializadas y zonas marginales y un tratamiento reequilibrador desde la educación, algo a sumar lógicamente a otras medidas.

1. Sobre la organización territorial y la oferta educativa.

Definimos el Distrito Escolar o Educativo como la unidad orgánica y funcional en que se estructura el conjunto de recursos humanos, físicos, curriculares y materiales que se van a aplicar en el servicio educativo en un marco geográfico delimitado, respondiendo a una serie de criterios que contribuyen a definir la organización territorial del sistema educativo de forma operativa y razonable. Este planteamiento de organización territorial en el ámbito educativo pretende ser coherente también con la necesidad más global de comarcalización y organización territorial de Asturies, a lo que debe contribuir la racionalización de los servicios públicos. La red de distritos educativos que proponemos pretende acercar el servicio educativo a los ciudadanos y favorecer su participación en la gestión del mismo, respondiendo como criterios básicos:

• Cada distrito educativo atenderá a un número máximo y mínimo de habitantes, asi como una extensión geográfica razonable.

• Cada distrito educativo mantendrá una oferta educativa completa, desde la educación infantil a la educación de adultos y enseñanzas especiales de música o idiomas.

• Cada distrito educativo contara con la estructura administrativa y de gestión básica, incluyendo consejo escolar y junta de personal, asi como los recursos pedagógicos y los servicios complementarios necesarios. Asimismo gestionaría los recursos humanos y económicos suficientes para el desarrollo de sus funciones, garantizando una adecuada cobertura de las necesidades de transporte, comedores, equipos de apoyo...

• Distrito urbano: Cuando la gran extensión del municipio hace aconsejable dividir éste en varios Distritos.

• Distrito comarcal: Cuando varios concejos integran un Distrito. Con dos variantes a) Distrito integrado por un gran concejo aglutinante y varios concejos vecinos más reducidos, b) Distrito "rural" o "comarcal" integrado concejos reducidos, de tamaño similar, que integran una zona o comarca geográficamente identificable.

Desde la apuesta por la escuela pública de calidad y la adecuada cobertura de las demandas educativas en sus diferentes ámbitos planteamos las siguientes prioridades:

• En el caso de la Educación Infantil ampliación de la red pública para cubrir la demanda 0-6, especialmente en el tramo 0-3, con centros que cubran una doble función, la educativa y la de servicio social, combinando los horarios de permanencia en los centros los tiempos escolares y los de acogida.

• Creación de centros de educación de personas adultas hasta cubrir la demanda en régimen presencial en cada distrito y oferta de enseñanza a distancia; el consejo escolar del distrito coordinara el conjunto de la oferta educativa para personas adultas incluyendo las de los propios concejos y/o universidades populares. Estos centros tendrán espacios y horarios adecuados a la situación de su alumnado.

• Se mantendrán las enseñanzas presenciales de nocturno.

1. Sobre la formación profesional.

• Elaboración de un Plan de formación profesional que contemple el conjunto de las actuaciones en esta materia, y la creación de un único sistema de formación profesional que integre los tres subsistemas, el desarrollo de los ciclos formativos de grado medio y superior, y la coordinación de la formación ocupacional, la formación permanente y los programas de garantía social, previo análisis de las expectativas de empleo y de las necesidades de formación correspondientes.
• Creación del Consejo Autonómico de la Formación Profesional, con participación de los agentes sociales, que se coordinara con el Consejo escolar en todo lo referido a enseñanza reglada, y con los organismos de análisis y planificación económica autonómicos, comarcales y/o municipales como observatorios locales de empleo o centros de desarrollo. Se diseñara un plan de practicas con especial implicación de las administraciones y el sector público.
• Elaboración de un nuevo mapa de la formación profesional en sus diferentes ámbitos, que asegure una oferta suficiente y de calidad en el conjunto del territorio asturiano y los distritos educativos, oferta adaptada a la realidad y desarrollo de cada territorio contribuyendo al equilibrio social y territorial. 

• Aumento significativo de la oferta formativa en número de plazas y de familias profesionales, adecuación y renovación de las mismas, mayor incorporación de las nuevas tecnologías, programas específicos por ámbitos profesionales.
• Desarrollo de programas específicos de incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito formativo y al desarrollo de las prácticas, y su permanente actualización
• Oferta de programas de garantía social en todos los IES.
• Diseño de un plan de formación del profesorado, de adecuación y de carácter permanente 

4º jornada escolar y papel sociocultural del centro educativo

Desde Izquierda Xunida entendemos que el problema de la jornada y el papel sociocultural del centro educativo solo puede resolverse, al igual que otros, dentro de la definición y desarrollo de un sistema pública y de calidad;. En este sentido es oportuno señalar que esta es una cuestión compleja, que en ocasiones ha generado recelos entre los distintos sectores de la comunidad educativa, si bien no es menos cierto que diferentes intereses y necesidades al respecto de la jornada y horario no tienen porqué ser excluyentes ni contradictorios si se tiene clara un proyecto educativo correcto y de calidad en cada centro, elaborado con la participación de la comunidad educativa.

Planteamos criterios abiertos en torno a la jornada escolar y el modelo de centro abierto a la sociedad que es necesario situar dentro de una perspectiva global en dos sentidos al menos:

• En el ámbito general de la política educativa y del compromiso presupuestario indispensable para garantizar una oferta educativa de calidad, y su coordinación con otras políticas sociales; en definitiva el modelo de centro y de jornada y horario será positivo si el conjunto de las necesidades educativas y sociales se cubren. Si no es así cualquier opción presentará problemas dentro del progresivo deterioro de la escuela pública
• En el ámbito más concreto del centro, pues la jornada escolar es un elemento de la organización del proyecto educativo de un centro, y por lo tanto de la oferta que hace a la sociedad de su entorno como servicio público, y debe ser coherente con el conjunto de las funciones del centro.

• Actividad docente y formativa
• Actividad extraescolar y servicios complementarios, como transporte, comedor, integración.
• Actividad sociocultural, en un sentido amplio.

• Entendemos que la actividad escolar debe entenderse de una forma amplia, no vinculando mecánicamente jornada escolar con horario lectivo y/o laboral del profesorado y del personal no docente. Es posible, y sería positivo, desarrollar otras actividades, de apoyo e integración, de formación del profesorado... actividades que deberían contemplarse en el proyecto educativo.

• Si bien es cierto que la organización del centro y de la jornada escolar corresponde al propio centro, ésta debe definirse de una manera integrada en el distrito educativo o marco territorial de coordinación; al igual que debe planificarse la oferta de ciclos de forma equilibrada en el territorio de Asturias y sus comarcas, se debe buscar una oferta flexible que plantee los diferentes modelos de la jornada y/o garantice la cobertura horaria para las familias que trabajan padre y madre, sin necesidad de horario lectivo estricto.
• La definición y mecanismos para el establecimiento de la jornada, y su normativa, debe incluir al conjunto de los centros públicos, incluyendo CRAS y escuelas infantiles; se debe garantizar una participación adecuada del conjunto de la comunidad educativa. Es necesario un esfuerzo en torno a la oferta de formación nocturna así como en las zonas rurales.
• Apostamos por una concepción abierta de los centros a su entorno social y cultural, a la positiva y posible utilización de sus equipamientos e infraestructuras para ampliar la oferta en estos campos. Esto debe implicar tanto a la administración autonómica como municipal a través del diseño marco de las actividades complementarias y extraescolares realizadas en horario no docente, definiendo un catálogo de puestos de trabajo remunerados y de actividades voluntarias.
• Definición de los horarios de apertura y la utilización social de cada centro en su entorno concreto, estableciendo los mecanismos de participación de los agentes sociales con el objetivo de contribuir al desarrollo de sus iniciativas además de las de las propias administraciones públicas y sus programas en diferentes ámbitos..

5º Participación democrática.

El conjunto de estas actuaciones que planteamos desde Izquierda Xunida requiere un compromiso con el fomento de la participación y el protagonismo de la comunidad educativa en la planificación, desarrollo y control de la política educativa, en la gestión de los centros y en la del propio sistema. Esto pasa fundamentalmente por un apoyo activo al asociacionismo y por la reformulación de los órganos, en la línea de aumentar las competencias y la eficacia de los consejos escolares.

Propuestas: 

• Revisión de la ley del Consejo Escolar de la CA, garantizando su funcionamiento y objetivos, entre otras cosas suprimiendo la presencia de las "personalidades de reconocido prestigio" designadas por el gobierno, y planteando la elección de su presidente por parte del propio Consejo.
• Creación de los consejos escolares de distrito educativo y/o municipales Con las siguientes funciones: De gobierno en lo que se refiere a la planificación general de la oferta educativa en su ámbito territorial; de control y propuesta en aquellas cuestiones educativas sobre las que no puedan tomar decisiones últimas, Creación o consolidación del Consejo Escolar de zona con participación de los grupos políticos, organizaciones educativas, centros, CEPs, y entidades sociales, con las siguientes funciones básicas

• Organización y distribución de los recursos humanos y materiales, con criterios de discriminación positiva.

• Propuesta de planificación de la red de centros.

• Criterios para el desarrollo de una política de integración

• Contribuir a la elaboración de los proyectos educativos.

• Diseño marco de las actividades complementarias y extraescolares tal y como se plantea al abordar la cuestión de la jornada escolar y el modelo de centro.

• Creación de la Red zonal de Escuelas Infantiles y Centros de Educación de personas adultas.

• Planificación de la oferta de formación profesional. 

• Actuaciones sobre el fracaso escolar, la adecuación del curriculum escolar al entorno.

• Desde los ayuntamientos se asumiría un papel más activo en el ámbito escolar, participando en:

• Definición y desarrollo de la estructura de distritos educativos, como marcos de gestión de la política educativa.

• Desarrollo de programas y actividades complementarias, propiamente educativas o coordinadas con otras políticas de carácter social, cultural, etc., que pueden o deben articularse con la implicación de la escuela pública o la utilización de sus infraestructuras.

6 Educación y valores.

El sistema educativo, una correcta práctica escolar pueden y deben jugar un importante papel en la formación de personas autónomas y críticas, ciudadanos y ciudadanas capaces de ser protagonistas en una sociedad sin duda compleja; la educación, al igual que los medios de comunicación, no pude asumir una falsa neutralidad sino plantear un claro compromiso en el fomento de valores transformadores y coherentes con la vocación de una escuela democrática.

Es evidente que esto reclama de una actuación permanente y cotidiana, de cambios en los métodos y contenidos curriculares, de planteamientos transversales, de la implicación del conjunto de la comunidad educativa ; de forma prioritaria planteamos los siguientes contenidos: la paz y la solidaridad, , la superación de la xenofobia y de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, discapacidad, religión, origen u orientación e identidad afectiva. En definitiva planteamos una educación para la convivencia y la participación, a través de las siguientes medidas:

• la elaboración y puesta en marcha de programas de formación del profesorado, equipos directivos y psicopedagógicos, con carácter generalizable, para conseguir:

• Una revisión del curriculum desde una óptica global, revisando tanto los contenidos como las actitudes y valores.
• Erradicar el sexismo en la orientación y elección de estudios.

• Inclusión de contenidos curriculares y comportamientos igualitarios desde la educación primaria.
• Eliminar de los libros de texto los modelos estereotipados que supongan la superioridad de un sexo, raza o colectivo sobre otro.
• Fomentar en todos los centros de ESO las jornadas complementarias, extraescolares, desde un planteamiento pedagógico no sexista ni discriminatorio.
• Desarrollar programas de formación para la igualdad con fondos sociales de las iniciativas comunitarias.

6º Escuela pública asturiana.

El compromiso con la escuela pública asturiana pasa necesariamente por varios ejes, desde la apuesta clara por la descentralización educativa y la capacidad real de autogobierno tanto en lo político como en lo financiero, el desarrollo de una practica y unos contenidos curriculares que responda a la realidad cultural y social de Asturies y de sus concejos, a la indispensable contribución a la normalización de la lengua asturiana desde el ámbito educativo, y en su zona del gallego-asturiano,

En este sentido, más allá del reconocimiento de la oficialidad del asturiano, dentro del plan de normalización se garantizará la oferta de lengua asturiana en todos los centros y niveles educativos y en su zona del gallego-asturiano, asegurando los necesarios recursos humanos y materiales; esta cuestión se planteará en el marco de la transferencia a través de las siguientes medidas:

• Oferta obligatoria para todos los centros públicos, privados concertados y privados de lengua asturiana en todos los niveles educativos. Oferta optativa para el alumnado que se entenderá aceptada si no consta la negativa expresa.
• Consideración de la lengua asturiana en el marco curricular en todos los niveles, lo que supone para le educación secundaria y los bachilleres su presencia como materia voluntaria pero no optativa.

• Impulso de la formación del profesorado, ampliación de la plantilla, y definición del catalogo de puestos de trabajo de profesores de lengua asturiana.
• Publicación de los diseños curriculares oficiales de lengua asturiana en BOPA.

• Licenciatura de filología asturiana y especialidad de lengua asturiana en los estudios de magisterio.

• Definición de la presencia curricular de la cultura tradicional asturiana.

La Universidad Asturiana :

Izquierda Unida de Asturias considera la enseñanza superior como un servicio público referido a los intereses generales de la Comunidad.El logro de una Universidad pública de calidad, garantía de la igualdad de oportunidades y medio para ayudar a la superación de los desequilibrios y desigualdades sociales, ha venido siendo una de nuestras prioridades, entendiendo que la Universidad es uno de los pilares fundamentales en el diseño de futuro de nuestra Comunidad.

La transferencia al Principado de las competencias en materia de Universidades en 1995, supuso , por una parte la atribución a la Comunidad Autónoma de la capacidad de definir las políticas básicas en torno a la planificación universitaria. Junto a este paso importante en la capacidad de Autogobierno de nuestra Comunidad, la mala negociación de la transferencia supuso la asunción de una Universidad no sólo con un fuerte endeudamiento sino que el montante de la subvención pública para atender sus gastos de funcionamiento no resultaba suficiente para garantizar el coste real del gasto universitario. Existió una doble responsabilidad, la de la propia gestión universitaria, y de la gestión del proceso de transferencias por parte del Gobierno socialista, que implica un desfase entre lo que es la transferencia del Estado (nominativa) y lo que que son necesidades de funcionamiento para mantener unaUniversidad como la actual. En estos cuatro años la Comunidad Autónoma ha realizado un importante esfuerzo financiero por encima de los cinco mil millones para atajar el endeudamiento, pero sin establecer los mecanismos necesarios a través de una auditoría integral a fin de situar las actuaciones imprescindibles en la reorientación y regeneración de la gestión propia de la Universidad. Una gestión que en los últimos años ha dañado seriamente la credibilidad y la confianza de la sociedad asturiana en una Institución con la historia y el prestigio académico e investigador dela Universidad de Oviedo. En este sentido es también absolutamente inaceptable la ausencia de una planificación básica, y que tras permanentes solicitudes desde el Consejo Social y desde otros ámbitos el equipo rectoral no haya diseñado la programación plurianual que contemple el Plan de Titulaciones y de infraestructuras, lo que supone una demora inadmisible que limita la imprescindible conexión de nuestra universidad con las demandas sociales, perjudicando también la expectativas de los y las jóneves y de los concejos en los quese asienta la oferta univertitaria asturiana.

Es preciso señalar también que la Universidad asturiana comparte con el resto de universidades del Estado una serie de probelmas estructurales y normativos cuya resolución está en manos del Gobierno Central, como la necesaria reforma de la LRU, la estructura de los cuerpos docentes, la política general de investigación, la consecución de unos planes de estudio apropiados a las necesidades de la sociedad, la adopción de medidas que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza pública superior o el compromiso para superar los deficits de financiación que se han producido en las transferencias.

Decíamos anteriormente que la Universidad ha de ser uno de los pilares esenciales en los que se fundamente el esfuerzo de los asturianos y asturianas para definir un proyecto sólido de futuro superador del declive de nuestra Comunidad. Los profesionales, técnicos, investigadores e intelectuales de primera fila con los que cuenta nuestra universidad deben sentirse apoyados por la sociedad pararealizar su trabajo al servicio de la comunidad, al tiempo que deben ser sensibles a las necesidades inmediatas de nuestra sociedad. No es otro el objetivo de la ley del consejo Social que hemos impulsado desde el parlamento asturiano, la Junta General :servir de vehículo entre la sociedad asturiana y la academia, para que esta aporte todo su saber a los asturianos y asturianas. 

El sistema universitario asturiano tiene tal importancia,tanto en términos de su función sociocultural ( investigación y docencia ), como en términos económicos, que su eficacia incide directamente en el desarrollo y potencialidades de progreso futuro de nuestra Comunidad. Es por ello por lo que Asturias necesita definir una política universitaria que de respuesta a los graves problemas de nuestra universidad concibiendo el interés de la Universidad indisociado de los intereses de Asturias. En este sentido, consideramos que las propuestras programáticas a desarrollar en la próxima legislatura son:

1.- Dar solución a los problemas de endeudamiento de la Universidad de Oviedo y a su insuficiente dotación económica. esta solución hace necesario un compromiso compartido al que deben contribuir el Principado, la Administración central y la propia Universidad, en el marco de un plan definido de saneamiento de carácter plurianual. A fin de establecer el Plan plurianual de saneamiento y las soluciones de fondo a los problemas planteados es preciso:

a) Partir de la realización de una auditoría integral de la Universidad de Oviedo a fin de situar el origen de los procedimientos irregulares de gestión y proponer las necesarias modificaciones de las disfunciones y práticas que están en el origen de alguno de los problemas enunciados.

b) Comprometer a la Administración Central en la correccción de una insuficiente transferencia económica al Principado de Asturias para la financiación de la Universidad de Oviedo.

2.- Desplegar en toda su potencialidad la Ley del Consejo Social, regulando de forma inmediata su reglamento y todos los órganos en ella previstos, como el comité de control de cuentas, desarrollando todas sus competencias y dotándolo de los medios personales y materiales necesarios. Como órgano colegiado de gobierno universitario que garantiza la participación de la sociedad asturiana en el servicio público de la educación superior, el Consejo Social se convierte en la pieza esencial en torno a la cual ha de establecerse la definición de la Universidad que Asturias necesita: una Universidad de calidad y eficiente, percibida como tal por los asturianos y asturianas.

3.- Aprobar de manera inmediata la Programación Plurianual de la Universidad de Oviedo tras la propuesta de la Universidad ( Junta de Gobierno, Claustro y Consejo Social) y en base a un amplio debate social y territorial para definir el Plan de Titulaciones que nutrirán los Campus actuales y otras posibles ampliaciones que se estimen, y que deberá acompañarse de un Plan Plurianual de Infraestructuras y de un estudio financiero.

La Planificación del futuro de nuestra Universidad, pieza básica que ha de engranarse con la definición de las políticas de desarrollo de nuestra Comunidad, ha de establecerse en base a un orden lógico que ponga en primer lugar las necesidades de Asturias en materia de formación superior e investigación, para en función de las mismas tomar las decisiones sonre las nuevas titulaciones necesarias y finalmente, situar la financiación apropiada.

Dicha Planificación ha de asegurar también, además de la conexión con las políticas preferentes de desarrollo de nuestra Comunidad, la necesaria implicación de la Universidad asturiana con la Cultura e identidad de Asturias en materia de Cultura Tradicional, Lengua, Patrimonio, etc., conectando el desarrollo de la Universidad con las políticas transversales que se enmarcan en un Proyecto global de Asturias.

4.- La mejora de la calidad del servicio público de la Universidad asturiana, el incremento de su oferta investigadora, la ampliación de sus titulaciones deben ser, como hemos señalado, prioridades de la acción del Gobierno de Asturias que estará obligado a instrumentalizar todas las medidas necesarias para estimular su función y eficacia. Ambas variables, han de ser perfectamente evaluables, y por consiguiente comprobables en su operatividad y productividad en el marco del instrumento que se ha de habilitar:el contrato-programa entre la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias. 

5.- La Comunidad Autónoma asturiana ha de completar el marco de desarrollo legislativo pendiente desde la transferencia, es decir, la promulgación de la Ley de las Universidades Públicas del Principado de Asturias, en la que se ha de concretar, sin menoscabo alguno de la Autonomía Universitaria, las normas por la que debe regirse el sistema universitario del principado, en su régimen económico, financiero, patrimonial o del propio personal de administración y servicios.