| El sistema Público de
los Servicios Sociales en Asturias
El objetivo en el ámbito de la política social de Izquierda Unida es garantizar una red pública y de calidad de servicios sociales en nuestra Comunidad Autónoma dependiente del Principado y de los Ayuntamientos que desarrolle la ejecución de las políticas de bienestar social destinadas al conjunto de la población. A tal efecto se desarrollarán las siguientes medidas: 1. - Reforma de la Ley Básica de Servicios Sociales que defina un nuevo modelo de organización de los servicios que permita concretar las funciones de cada uno de los niveles organizativos, atribuyendo a la Dirección Regional de Acción Social un papel de coordinación y planificación de las actuaciones y distribución de los recursos para asegurar el equilibrio regional, a los servicios sociales de área la atención especializada, dotándoles de los suficientes recursos para lograr una eficiente intervención técnica y otorgando finalmente a los servicios sociales municipales el papel de primer contacto (o puerta de entrada). 2. - Incorporación de las organizaciones y entidades sin ánimo de lucro a través de conciertos con objetivos y programas que complementen la intervención pública, asegurando el control y el seguimiento de las actuaciones. 3. - Fomento de la acción voluntaria mediante la aprobación de la Ley del Voluntariado y de un Plan Plurianual, que defina y potencie aquellos sectores o programas más indicados para esta actividad, que garantice los derechos tanto de las personas voluntarias como de las usuarias de estos servicios, que procure la adecuada formación de esos voluntarios y que garantice que la acción voluntaria no sea un elemento sustitutivo de empleo. 4. - Establecimiento de fórmulas eficaces de participación ciudadana, impulsando el Consejo de Bienestar Social que ha de ser el espacio de participación, seguimiento y control de la política de servicios sociales en Asturias, evitando crear comisiones por cada área que diluyan la participación efectiva de las instituciones implicadas (entidades públicas y organizaciones ciudadanas). 5º. - Creación de una estructura de coordinación entre las Administraciones Públicas (autonómica y local) para el desarrollo del Plan Concertado de los Servicios Sociales. 6º. - Definición de un sistema de coordinación sociosanitaria que implique y vincule a los profesionales de ambos servicios públicos de manera que se garantice la atención integral a los usuarios. Lucha contra la exclusión social Introducción En nuestra Comunidad los fenómenos de pobreza, exclusión y marginalidad social, lejos de desaparecer, como sería lo lógico en una sociedad avanzada próxima a cruzar el umbral del tercer milenio, han venido manteniéndose constantes en los últimos años, sin que los programas que se han puesto en marcha hayan dado más fruto que un resultado tímidamente paliativo. Para nuestra formación política este hecho no es tolerable. Rechazamos que nuestra sociedad pueda convivir con bolsas de marginalidad social más o menos grandes y las acepte como un mal necesario e irremediable. Tampoco creemos que el hecho de que estas bolsas sean consecuencia de un sistema económico injusto y desigual pueda justificar la inacción de las fuerzas políticas y sociales de la izquierda. Plan de erradicación de la exclusión social Izquierda Unida de Asturias adquiere en su programa el compromiso formal de erradicar la exclusión social, no ya con un cambio sustancial en el sistema económico (puesto que ello supera el estrecho marco de un programa electoral para una legislatura), sino mediante la puesta en marcha de un ambicioso y financieramente bien dotado Plan de Erradicación de la Pobreza y la Exclusión, a desarrollar en los próximos años que, complementado con un programa de medidas en políticas activas de empleo (que figuran en otra parte de este programa) dará como resultado la eliminación de los fenómenos más graves de marginalidad social y la limitación de los sufrimientos más sangrantes que padecen otros colectivos con situaciones menos desesperadas. En este sentido proponemos en los próximos cuatro años: - Erradicar la pobreza severa (que es aquella que sufren las personas y las familias cuyos ingresos literalmente no les dan para comer todos los días)reforzando los programas de Renta Mínima con la ampliación de su cobertura, y los programas de alimentos que, y en coordinación con los servicios sanitarios, se extenderán también a los medicamentos en los casos en los que sea necesario. - Establecer mecanismos de solución estable para el colectivo de los "sin techo", siendo conscientes de que en este colectivo conviven distintas problemáticas que requerirán su tratamiento específico, poniendo en marcha programas integrales de recuperación personal y autoestima, formación ocupacional, integración socioeconómica y alojamiento estable para estas personas. - Poner las bases para resolver el problema social que la reforma psiquiátrica ha dejado pendiente, precisamente por no llevarse a cabo muchas de las medidas complementarias de cobertura que dicha reforma establecía. - Poner en marcha un programa de atención integral sociosanitaria para los enfermos crónicos graves y enfermos terminales de SIDA carentes de recursos y apoyo familiar, especialmente ex-reclusos, mediante la habilitación de recursos asistenciales en hospitales de cuidados medios (especialmente del Hospital Monte Naranco) y programas de ayuda social, medicina paliativa y medicina ambulatoria domiciliaria en los casos en los que sea posible. Este Plan, que gozará de las características y los beneficios de una actuación prioritaria, requerirá para su puesta en marcha de la colaboración de todas las administraciones públicas y las entidades ciudadanas que trabajan en los ámbitos sociales, en un esfuerzo de coordinación de las actuaciones cuya responsabilidad recaerá, además de en la estructura del Principado de Asturias, en el Consejo de Bienestar Social como máxima estructura de participación en política social. La Renta Mínima como derecho subjetivo La propuesta de Izquierda Unida parte de la necesidad de una renta mínima, garantizada por el Estado, con categoría de derecho subjetivo, esto es, exigible a partir de que se acredite que se cumplen los requisitos que se establezcan, dirigida a cubrir las necesidades básicas de la población excluida y pobre en edad de trabajar o de aquella que, habiendo superado esa edad y por cualquier circunstancia, carezca de cualquier fuente de ingresos. Está concebida, por tanto, como un recurso último de protección subsidiaria de los otros sistemas, que cuente a su vez con los recursos humanos y materiales necesarios para facilitar el camino a la inserción. Esta propuesta, que por sus propias características sólo podría ser financiada con cargo a lo Presupuestos Generales del Estado supondrá un avance sustancial en el camino de la equiparación de nuestro sistema de protección social con el de los países europeos de nuestro entorno. Esta es una exigencia derivada del hecho mismo de la convergencia, según conclusión de los Consejos Económicos y Sociales de la Unión Europea que han señalado que: "Para permitir el progreso de la Unión Europea es necesario evitar, en una primera fase, la aparición de mayores divergencias entre la Protección Social existente en los Estados miembros, y caminar después hacia las posibilidades de homogeneidad de los Sistemas Nacionales de Protección Social". Sin embargo, el hecho de que dicha prestación se financie con cargo a los Presupuestos del Gobierno Central no significa que el Principado de Asturias y los Ayuntamientos no jueguen un papel esencial en su gestión. Antes al contrario, la Comunidad Autónoma y los Entes Locales, en el marco de un Plan Concertado para las rentas mínimas que garantizase un tratamiento armónico en todas las Comunidades Autónomas, fijarán los criterios y los programas de inserción. En el desarrollo de este nuevo programa de Rentas Mínimas que sustituiría al actual del Ingreso Mínimo de Inserción se incorporarán las siguientes propuestas, reiteradamente sugeridas por las organizaciones ciudadanas que trabajan en el ámbito de la pobreza y la marginación: 2º- Dar un tratamiento más benévolo a los ingresos propios de la unidad familiar (trabajos eventuales, pensiones u otros ingresos no regulares) para evitar los efectos perversos del carácter diferencial, como el abandono de familiares pensionistas o la desincentivación al empleo.
b) Intensificar la coordinación política y técnica para la integración social, con otros ámbitos como la vivienda, la educación, etc., así como con la iniciativa social. c) Evitar actuaciones contra el derecho a la intimidad de las personas excluidas. d) Crear y potenciar donde ya existan las comisiones de seguimiento de las Rentas Mínimas (los llamados Consejos de Inserción), en las que participen las Administraciones Públicas, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales más representativas y los empresarios, para evaluar los diferentes programas y establecer los mecanismos de corrección en su aplicación. e) Incluir las prestaciones económicas, en planes globales de lucha contra la pobreza y la exclusión social, y conseguir la necesaria coordinación entre los diversos sistemas públicos de protección social Plan de Erradicación del Chabolismo En el curso de la próxima legislatura Izquierda Unida de Asturias se compromete a erradicar el chabolismo en nuestra Comunidad Autónoma mediante la elaboración y puesta en marcha de un plan de actuación con los siguientes contenidos mínimos: 1. - Estudio de la situación del chabolismo y la infravivienda en la Comunidad, desagregado en los siguientes puntos: a) Cuantificación y localización espacial y temporal del fenómeno. b) Situación y problemática social de los colectivos afectados. c) Definición de las diferentes tipologías de las viviendas provisionales que pudieran requerirse en función de la localización del fenómeno, distinguiendo núcleos rurales y urbanos. 2. - Reserva de suelo para la construcción de viviendas provisionales. 3. - Programas de realojo, que incluyan la construcción de viviendas provisionales sólo en aquellos casos en los que se requiera este paso intermedio, incluyendo los compromisos de financiación, la localización territorial y los plazos de ejecución. 4. - Definición de los contenidos básicos y de las necesidades presupuestarias de los planes integrales de intervención social (con el objetivo de la reubicación de las familias en viviendas normalizadas) que, necesariamente, debe contemplar cada programa de realojo.
POLÍTICAS SECTORIALES Aunque, como se ha dicho, el objetivo de la propuesta política de Izquierda Unida de Asturias es diseñar un programa integral de bienestar social que permita atender las necesidades del conjunto de la población, fiel al criterio de universalización de los servicios sociales, no es menos cierto que determinados colectivos necesitan de unas actuaciones específicas que respondan a sus necesidades concretas, sin perjuicio de que la responsabilidad en el diseño y la ejecución de las mismas le corresponda al sistema público de los servicios sociales. En este sentido Izquierda Unida garantizará a partir del próximo 13 de Junio, desde el nivel de responsabilidad que alcance, el desarrollo de una serie de medidas dirigidas a los colectivos de personas mayores, de niños y niñas, de inmigrantes, de emigrantes retornados, de minusválidos tanto físicos (motóricos y sensoriales) como psíquicos y de minorías étnicas con el objetivo de eliminar las barreras que impiden su efectiva integración social, así como una política específica dirigida a superar las situaciones de discriminación por razón de orientación sexual.
Personas mayores Las personas mayores de 65 años constituyen ya una quinta parte del total de la población en nuestra Comunidad Autónoma. El progresivo envejecimiento de la población asturiana tiende a incrementar su tasa de dependencia con el consiguiente crecimiento de la demanda de los servicios públicos bienestar social y de atención sociosanitaria. Frente a este aumento de la demanda, las políticas del Partido Popular en este área se han caracterizado por una progresiva desatención de lo público y un apoyo cada vez más intenso a la iniciativa privada. Así, por ejemplo, en estos años no se ha incrementado la oferta de plazas residenciales públicas y ha aumentado sustancialmente el número de plazas concertadas con residencias privadas. Así mismo, la incapacidad de la Administración para atender la demanda de ayuda a domicilio ha supuesto un crecimiento notable de las empresas privadas que ofertan estos servicios a mayor precio y con menor calidad. Para saldar una deuda histórica con las personas que en nuestra Comunidad han luchado por las libertades, Izquierda Unida garantizará el pago de las indemnizaciones aprobadas en Resolución de la Junta General del Principado a expresos y represaliados políticos. En cualquier caso, el objetivo de los programas públicos en favor de las personas mayores es aumentar su calidad de vida, su autonomía personal, su protagonismo social (recordando que estas personas siguen siendo, como el resto, ciudadanos con derechos y obligaciones) y su participación social. A tal fin impulsaremos las siguientes medidas: 1?. - Medidas encaminadas a prevenir la solución residencial a aquellos mayores con inseguridades, dependencias o discapacidades que impidan su desenvolvimiento por sí mismos: - Aumento sustancial de los programas públicos de ayuda a domicilio con el objetivo de duplicar en los próximos cuatro años el número de usuarios e incrementar la intensidad hasta un mínimo de 30 horas por usuario y mes, ampliando el programa a los núcleos de población del ámbito rural. - Potenciación y aumento de la cobertura del servicio de teleasistencia. - Aumento del número de Centros de Día, con un contenido sociorehabilitador y de atención sociosanitaria orientados a estancias diurnas que incluyan servicios de fisioterapia, terapia ocupacional y atención personal. - Incremento del número de viviendas y apartamentos tutelados, especialmente en las poblaciones de mayor demanda, mediante convenios con ayuntamientos. - Habilitación de plazas en residencias para estancias temporales. 2. - Medidas destinadas a aumentar la oferta y la calidad de la alternativa residencial para aquellos casos en los que no se pueda aplicar otra alternativa: - Dotación de nuevas plazas residenciales en establecimientos públicos, hasta alcanzar en los próximos cuatro años una oferta de 3´5 plazas por cada cien personas mayores de sesenta y cinco años, especialmente diseñadas para personas que requieran de asistencia intensiva. - Aumento del personal en los establecimientos residenciales públicos y mejora de su capacitación profesional mediante mecanismos de formación continua. - Plan permanente del control de la calidad asistencial en los centros residenciales públicos y concertados mediante procedimientos de evaluación periódicos y participación de los residentes y sus familiares. - Mejora de los niveles de inspección y control de las residencias privadas para evitar situaciones de desatención o desprotección de los usuarios de las mismas o la insuficiente calidad de la asistencia. - Refuerzo del papel del Letrado Defensor del Anciano como un órgano independiente, con la función de investigar y corregir situaciones de desprotección que puedan denunciarse. 3. - Medidas destinadas a promover la participación y el protagonismo social de las personas mayores: - Implantación de un programa efectivo de cooperación intergeneracional con diferentes medidas: abuelos de adopción, programas de acogimiento u otros, que permitan promover el bienestar psico-físico de las personas mayores. - Promoción de los programas de voluntariado dirigidos a las personas jubiladas y prejubiladas. - Apoyo a las asociaciones en las que participen las personas mayores. - Dotación de mayores competencias al Consejo de Mayores y a los Consejos de Residentes.
Infancia La aprobación de la Ley del Menor del Principado de Asturias al final de la anterior legislatura, ley en cuyo contenido Izquierda Unida tuvo una importante contribución, supuso un avance en la definición de las políticas en favor de la infancia cuyo correlato lógico hubiera estado en su desarrollo, mediante la puesta en marcha de un Plan de Infancia en el que se definieran los objetivos y a conseguir y las actuaciones concretas a impulsar desde el Principado, y la creación de la Comisión de Participación del Menor con el objetivo de favorecer la participación de los agentes sociales que trabajan en el ámbito de la infancia y de lograr la unificación de redes y programas de actuación de las diferentes instituciones y administraciones públicas implicadas en la ejecución de políticas en favor de los niños y las niñas. Sin embargo, estos cuatro años se han caracterizado en esencia por una dejadez de la Administración del Principado en relación con estos asuntos. Si bien es cierto que se aprobó el Plan Regional de Infancia 1996-1999 también es verdad que muchas de las previsiones que contenía no se han desarrollado como tampoco se ha creado, cuatro años después de la aprobación de la Ley, la Comisión de Participación. El objetivo último de las políticas destinadas a la infancia es garantizar su protección entendida esta como el conjunto de actuaciones integradas en el sistema público de los servicios sociales que la administración realiza con la finalidad de promover el desarrollo y bienestar de los niños y las niñas en su núcleo familiar, así como prevenir y remediar cuantas situaciones de indefensión detecte, atendiendo en todo momento a su interés. A tal fin impulsaremos las siguientes medidas: Medidas de prevención: 1. - Unificación de redes y programas de actuación pertenecientes a las distintas administraciones públicas y entidades sociales que trabajan en infancia. 2. - Puesta en marcha de un programa integral, con la participación de los departamentos de servicios sociales, educación y sanidad de un programa de detección temprana de malos tratos y situaciones de riesgo y exclusión social. 3. - Diseño de programas de sensibilización social, en el que participen activamente tanto administraciones públicas como entidades sociales, sobre los derechos de los niños y niñas. 4. - Refuerzo de los programas de ayuda a domicilio, intervención de educadores familiares, puesta en marcha de escuelas de padres y madres, prestaciones de apoyo socioeconómico y otras medidas destinadas a las familias con niños en situación de riesgo.
Medidas de intervención 1. - Incremento sustancial de la oferta de los jardines de infancia dependientes de la Administración del Principado de tal forma que se dupliquen las plazas en los próximos cuatro años. 2. - Puesta en marcha en colaboración con los ayuntamientos de iniciativas e infraestructuras de promoción del tiempo libre infantil tales como ludotecas, bibliotecas infantiles, exposiciones itinerantes u otras. 3. - Desarrollo de los programas de acogimiento familiar y adopción. de tal manera que se establezca el siguiente itinerario de protección
4º- Los Centros de Menores del Principado de Asturias, para garantizar una mejor asistencia se especializarán en grupos de edades, con las siguientes categorías:
6º. - Se ampliará el marco de cobertura y protección más allá de la barrera de los 18 años. Con independencia de que la ley exige de las Administraciones Públicas que ejerzan la guarda o la tutela por lo menos hasta los 18 años, no tiene sentido que se aplique con rigidez este límite máximo habida cuenta que la realidad social demuestra que la inserción de los jóvenes a la edad adulta no se produce hasta años más tarde de cumplidos los 18. Política Social y Mujer
Cada día es más concluyente la información disponible sobre el fenómeno que se conoce como de "Feminización de la pobreza". Diversos factores están contribuyendo al mismo, entre ellos: El alto porcentaje que representan las mujeres en el total de parados. Evidente en hechos como que seis de cada diez demandantes de empleo sean mujeres o que la mayoría de los contratos basura afecten a mujeres. La escasa cuantía de las pensiones de viudedad. La dificultad para el cobro efectivo de las pensiones compensatorias acordadas en separaciones conyugales El aumento de familias monoparentales en las que la mujer es la única responsable. Por todo ello proponemos medidas que fomenten el empleo de las mujeres y contribuyan a disminuir el impacto ésta clara discriminación. 1. - Creación de un fondo de garantía de pensiones compensatorias y de alimentos acordadas judicialmente, en el supuesto de impago por el cónyuge obligado, en caso de ruptura matrimonial o del núcleo familiar. Este fondo de titularidad del Principado de Asturias correría a cargo del pago de las citadas pensiones y se subrogaría en los derechos de la persona beneficiaria para exigir su reembolso al cónyuge moroso. 2. - Elaboración de un Plan Autonómico de lucha contra la violencia doméstica que contemple un conjunto de actuaciones integrales que den respuesta adecuada a las situaciones de malos tratos a mujeres, que incluya medidas educativas y de prevención a cargo de personal especializado y la creación de una red de casas o pisos de acogida. Así mismo incluiría fórmulas para favorecer la inserción laboral de estas mujeres a fin de procurarles su autonomía personal y en tanto no sea posible garantizar una renta de emergencia 3. - Desarrollo de planes específicos de atención social e integración para exreclusas, mujeres pertenecientes a minorías étnicas y mujeres emigrantes. 4 .- Con la entrada en vigor del nuevo Código penal, la prostitución dejó de ser una actividad delictiva, pero las personas que la ejercen asumen graves riesgos, al no contar con una protección jurídica, social o sanitaria reconocida, situación esta que se presta a la explotación y coacción sin límites de estas personas. Proponemos abordar medidas que posibiliten que este colectivo disfrute de cobertura social. Con ello se ayudará a superar su marginación y a remover los estereotipos sociales que impiden el ejercicio de su profesión en condiciones aceptables, se favorecerá la independencia personal y la búsqueda de otras opciones laborales. Se promoverán iniciativas en pro de la información, formación e incorporación de las personas que ejerzan la prostitución a otras alternativas sociolaborales, siempre que libremente lo soliciten. El colectivo de prostitutas, incluidas las inmigrantes "ilegales", debe tener derecho a beneficiarse de las prestaciones sanitarias públicas. El Principado organizará programas de educación para la salud que tengan que ver con la especificidad de su trabajo. Las prostitutas víctimas de malos tratos o violencia tendrán derecho a ser atendidas en los centros de asistencia a la mujer de la Comunidad Autónoma y de los Ayuntamientos.
Minusvalías. .- El Plan Regional de Minusvalías no aportó soluciones eficaces a la situación de discriminación social en la que viven las personas minusválidas. Buena prueba de ello es por ejemplo que tras más de cuatro de años de su aprobación, todavía no se han desarrollado las disposiciones contempladas en la Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras. Para garantizar la superación de esta situación, se tomarán las siguientes medidas: 1 - La exigencia de que todas las revisiones de los Planes Urbanísticos las medidas de superación de barreras contempladas en la ley. 2. - Desarrollo de un plan que permita en el periodo de cuatro años eliminar las barreras arquitectónicas de todos los organismos oficiales dependientes del Principado de Asturias. 3- Revisión del Plan General de Minusvalías, contando con la participación de las entidades ciudadanas más representativas y de las asociaciones de discapacitados. 4. - Extensión de los programas de ayuda a domicilio a las familias con personas minusválidas. Vivienda para todos El cumplimiento del mandato constitucional del derecho a una vivienda digna requiere en nuestra Comunidad de una reflexión previa de cómo está siendo la evolución de la situación social de Asturias, en continuo deterioro como consecuencia del agravamiento de su crisis económica e industrial y a qué sectores sociales y ámbitos territoriales está afectando especialmente. Así, junto con el desempleo, la dificultad para acceder a una vivienda se convierte en una de las expresiones palmarias de esta situación de crisis que, por lo demás, tiende a hacerse crónica. De hecho, cada vez más sectores sociales que hasta ahora podían adquirir una vivienda o acceder a ella, se han visto abocados a requerir de los poderes públicos condiciones extraordinarias para poder optar a ese derecho. Esta situación, junto con la crónica insuficiencia de recursos destinados a las viviendas sociales y una política de viviendas donde ha primado más el hecho especulativo que el derecho a la vivienda, ha generado que viviendas que, en su origen, estaban destinadas a los colectivos más desfavorecidos socialmente, tengan hoy una demanda proveniente de estos nuevos sectores sociales empobrecidos a los que la administración no ha logrado dar todavía una respuesta satisfactoria. En este sentido, la planificación deberá constituir un eje fundamental en la política de vivienda, definiéndose a través de este mecanismo las necesidades reales de viviendas de promoción social en función de las diferentes categorías de viviendas protegidas, considerando esas necesidades en función de las demandas de cada uno de los núcleos de población. Por lo tanto, se hace necesario establecer dos planes plurianuales del Gobierno, elaborados en colaboración con los ayuntamientos; a saber, un Plan de Vivienda y un Plan de Erradicación del Chabolismo y la Infravivienda cuyos contenidos ya se han expuesto con anterioridad. Plan de Vivienda En este Plan Plurianual se deberán contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 1. - Un estudio global de las necesidades de vivienda en la Comunidad Autónoma desagregado en los siguientes extremos: a) Capacidad económica de los usuarios, lo que permitiría cuantificar las necesidades de vivienda en función de las categorías de viviendas protegidas o, en su caso, definir qué porcentaje de estas necesidades podrían ser cubiertas por la iniciativa privada. b) Núcleos de población donde existen esas necesidades. c) Tipología de la demanda de viviendas d) Ayudas a la adquisición de viviendas de segunda mano y a la rehabilitación de viviendas. e) Inventario de viviendas desocupadas e inmovilizadas. 2. - Una propuesta de definición de las necesidades de suelo público y un plan de adquisición del mismo en colaboración con los ayuntamientos. 3. - Un programa de construcción (o, en su caso, adquisición) de viviendas promovidas por la Administración Pública o la iniciativa social, desagregado en cada una de las categorías de viviendas protegidas, con un compromiso de financiación y la fijación de los plazos de ejecución. 4. - La determinación de las necesidades de intervención social que se requieran en algunas situaciones, concretadas en cada promoción, en colaboración con los ayuntamientos. 5. - Elaboración de un programa de incorporación al mercado de viviendas desocupadas mediante el establecimiento de incentivos fiscales, cargas, subvenciones, etc. Otras medidas: Iniciativas de viviendas para jóvenes Aunque las apuntadas anteriormente constituyen el núcleo básico de las medidas de orden normativo que Izquierda Unida de Asturias propone para garantizar el acceso a la vivienda de los sectores sociales menos favorecidos, éstas no agotan el elenco de reformas que, a nuestro juicio, conviene introducir en la legislación en materia de promoción de la vivienda. A ellas habría que añadir, por ejemplo, la constitución y el ejercicio ponderado del derecho de tanteo y retracto en favor de la Administración del Principado, o de la municipal, en su caso, en las compraventas de viviendas que mantengan la calificación de protegidas, para evitar la especulación. Sin embargo es en el ámbito juvenil donde Izquierda Unida se plantea impulsar su ámbito de propuesta política y de modificación normativa en los siguientes aspectos: - Apoyo al cooperativismo juvenil de vivienda, especialmente a la creación y consolidación de cooperativas de gestión de viviendas en alquiler, como entidades de jóvenes que gestionan viviendas sociales, estableciéndose límites temporales de permanencia de cada joven, y siendo la titularidad, tanto de los terrenos como de la vivienda, de la administración, correspondiendo la gestión integral del edificio a los y las jóvenes pertenecientes a la cooperativa. - Dinamización de un programa específico de autoconstrucción y rehabilitación con los siguientes objetivos: * Formación e inserción laboral en el campo de la construcción y rehabilitación de viviendas. * Desarrollo de un plan de construcción y recuperación, tanto de vivienda nueva como rehabilitada, vinculado a la recuperación del patrimonio urbano y a las viviendas abandonadas en la zona rural. * Incorporación de estas viviendas al parque público para su posterior uso en función de las necesidades sociales. - Plan de construcción de viviendas para jóvenes estudiantes desplazados, con una tipología multifuncional que permitiera un uso alternativo en la temporada vacacional.
Inmigrantes Las causas que provocan los movimientos migratorios tienen un origen estructural, difícilmente abordable desde el reducido ámbito autonómico o municipal. Sin embargo, la realidad constatable es que Asturias es ya un lugar de acogida. A nuestra Comunidad Autónoma llegan inmigrantes que tienen voluntad de permanencia, aunque las leyes del Estado son sumamente restrictivas. En este sentido abogamos por la modificación profunda de las leyes estatales de extranjería y de asilo que reconozca el papel fundamental de las personas inmigrantes en la construcción de una sociedad multicultural, plural y democrática. En Asturias de forma cotidiana se producen situaciones de urgencia, bien por la precariedad económica en la que están viviendo algunos inmigrantes o por la falta de reconocimiento de los derechos más elementales de las personas, lo que hace que se encuentren en una situación de gran debilidad. Para afrontarla se impulsarán desde la Administración Autonómica con el objetivo de lograr la integración de los y las inmigrantes las siguientes medidas: 1. - Garantizar la escolarización obligatoria para todos los niños y niñas inmigrantes que residan en Asturias, con idénticos derechos en cuanto a becas y ayudas al estudio que los nacionales. 2. - Garantizar la asistencia sanitaria (primaria y especializada) y la farmacéutica en la red sanitaria pública a todos los inmigrantes residentes en Asturias dotándoles de la correspondiente tarjeta sanitaria. 3. - Disponer, en colaboración con los Ayuntamientos, de una bolsa de viviendas de titularidad pública para acogida de inmigrantes en situaciones de emergencia social. 4. - Elaborar campañas de sensibilización y programas de intercambio cultural con la participación de distintos sectores ciudadanos (agentes sociales, asociaciones de vecinos y otras entidades ciudadanas) y las propias asociaciones de inmigrantes para superar determinados estereotipos negativos de la migración, prevenir actitudes racistas, xenófobas o intolerantes y favorecer su integración social. 5. - Favorecer el pleno ejercicio de los derechos de los inmigrantes mediante la creación de servicios específicos de información y asesoramiento a ciudadanos extranjeros.
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