Introducción 

Es obvio que una política social no puede plantearse al margen de la política económica. De hecho son razones económicas, el modelo económico desigual que padecemos, las que generan buen parte de situaciones de exclusión social. Las sociedades capitalistas producen y reproducen las desigualdades en los diversos ámbitos de la vida social (entre capital y fuerza de trabajo, entre los sectores vinculados a la industria, los servicios o la agricultura, entre las diferentes regiones geográficas, entre el mundo rural y urbano, entre minorías organizadas y masas sociales fragmentadas, etc.), originando una serie de intereses y necesidades divergentes, que no son homogéneas ni agrupables sin conflicto; su coexistencia implica un continuo despliegue de juegos de poder y contrapoder entre las partes. 

Existe una ruptura entre la teoría de la política económica y la de la política social; ésta siempre ha estado subordinada a aquella. Las reformas sociales que se han emprendido históricamente han ido acompañadas de modos concretos de intentar articular la política económica y la política social. La crisis económica ha generado, por parte de la derecha neoliberal, un discurso de frenar el gasto social y de desmantelar el Estado de Bienestar, por otra parte, tan insuficiente en nuestro país. Sin embargo, desde la izquierda no sólo hemos de recuperar el discurso solidario, sino que hemos de decir que el gasto social no es generador de la crisis, sino al contrario: invertir en política social es una fórmula de solución a la crisis y de ayuda al crecimiento económico en la medida que se mejoraran las desigualdades por la redistribución. 

Históricamente la política social (la que se refiere a la acción social y los servicios sociales) ha tenido como objetivo actuar para reducir la pobreza y la marginación (hoy llamada exclusión). Con la implantación de los derechos sociales la política social tiene un carácter universal, es decir considera que todos los ciudadanos son sujetos de esos derechos sociales y que la acción protectora o redistribuidora ha de extenderse a toda la población. 

El diseño de las políticas sociales que aparece a continuación es tributario de esa concepción universalista de los derechos sociales y por ende de los servicios sociales que han de garantizar las diferentes Administraciones Públicas, y tiene como objetivo garantizara un sistema público de servicios sociales adecuado a la realidad y a las necesidades de Asturias. 

Balance de la legislatura 

La política social desarrollada por los gobiernos del Partido Popular y sus sucesores ilegítimos, la URAS, se han caracterizado por tres notas simples: desmantelamiento, descoordinación y privatización, notas que han venido acompañadas de una enorme falta de planificación y una improvisación constante que ha convertido su política e un continuo desbarajuste. Baste decir, como dato, que casi ninguno de los programas comprometidos al inicio de la legislatura (plan de lucha contra el chabolismo, plan contra la exclusión social o plan de toxicomanías) se ha elaborado, y los que si se hicieron, como el plan de infancia o el plan gerontológico, se han venido incumpliendo sistemáticamente. 

Efectivamente, la primera gran obsesión de los responsables de esta área consistió en desmantelar la estructura organizativa pública de los servicios sociales en Asturias que, mal que bien, se había puesto en marcha desde 1987. Así los servicios sociales comarcales, que cumplían una función de diseño e impulso de programas especializado concretos, así como de evaluación y corrección de los mismos fueron arrasados con la excusa de la descentralización total a los ayuntamientos, cuando se sabe que una buena parte de los mismos no tienen ni capacidad técnica ni financiera para asumir esas transferencias en la gestión de servicios. Ello ha dado lugar a la desaparición de programas concretos como el de prevención de malos tratos a la infancia o el de toxicomanías y la disminución de la calidad asistencial, dato puesto de manifiesto en un informe de finales de 1997 por el Defensor del Pueblo. 

Fruto de este desmantelamiento y de la concepción puramente asistencialista de la política social es la descoordinación generalizada que se ha dado en tres niveles: entre los diferentes servicios de la Administración Regional, entre los servicios sociales municipales y del Principado y entre los servicios sociales y otros servicios conexos como pueden ser los sanitarios. Esta descoordinación redunda en una disminución de la calidad de la prestación y en el despilfarro de los recursos públicos y es consecuencia esencialmente de la mala política desarrollada por el Gobierno Regional. 

Sin embargo, el elemento definitorio de la actuación en materia de política social del Gobierno de la derecha ha sido la privatización en la gestión de los servicios públicos y las prestaciones. El ejemplo más claro, pero no el único, ha estado en la paralización de la construcción de nuevas plazas residenciales para ancianos que fue sustituida por un significativo aumento (en más del doble) del número de plazas concertadas con residencias privadas. Así mismo el numero de convenios con entidades privadas (con o sin ánimo de lucro) se ha multiplicado, pretendiendo hacer descansar en la llamada iniciativa social la responsabilidad del diseño y ejecución de las políticas de bienestar.