1. TRABAJAMOS POR EL AUTOGOBIERNO DE ASTURIAS.  

UN PROYECTO POLÍTICO PARA ASTURIAS 

Los grandes problemas que Asturias tiene planteados en la actualidad se derivan, en gran medida, de la inexistencia de Proyecto Politico para nuestra Comunidad. 

La Constitución de 1978 supuso un paso en la descentralización del Estado. El modelo constitucional se basa en un sistema general de autonomías como forma de organización estatal. Dicho sistema es uniforme en su estructura y en la organización de las competencias, pero no lo es de entrada, sino al final de un proceso caracterizado por distintas formas de acceso a la autonomía, diversos niveles iniciales de autonomía efectiva y diversos ritmos de construcción de cada Comunidad, pero con un horizonte político y competencial común para todas. 

La perspectiva tímidamente federalizante pero abierta, del texto constitucional, ha sufrido durante los años ochenta la limitación restrictiva y centralista de la LOAPA y de los Pactos Autonómicos de 1981, que además de sancionar y generalizar la organización básica de las CC.AA y los contenidos competenciales, establecieron, sin embargo, un dique a las iniciativas de las comunidades autónomas sobre la base de la diferenciación rigurosa de las comunidades constituidas por la vía de la codeterminación activa (referéndum) del artículo 151, con respecto a las que accedieron a la autonomía por el procedimiento del artículo 143. 

La interpretación restrictiva y dual del modelo autonómico fue asumida por los sucesivos gobiernos socialistas, que desde su mayoría absoluta en el gobierno del estado y en buena parte de las CC.AA., dilataron los traspasos de competencias, e impidieron la reforma de los Estatutos de autonomía del 143 para el acceso a la autonomía plena, una vez cumplidos los cinco años previstos en el texto constitucional, dejando pendiente la regulación del modelo de financiación, la reforma del senado o la participación de las comunidades autónomas en Europa hasta bien entrada la década de los años noventa.  

La pérdida de las mayorías absolutas y la búsqueda de alianzas con los nacionalismos conservadores, lleva al PSOE y más recientemente al PP, a la búsqueda de acuerdos estatales como el del 92 y a una nueva concepción del hecho diferencial más allá de los aspectos históricos, culturales o lingüísticos para justificar la dualización y la asimetría del estado en aspectos políticos, financieros y de capacidad de autogobierno para las Comunidades denominadas históricas. 

En este contexto de neoliberalismo económico y pragmatismo político se ha producido el deterioro del necesario equilibrio con los cada vez más débiles mecanismos de solidaridad, convirtiendo el impulso federalizante de la Constitución en un modelo asimétrico y desigual donde conviven la autonomía política y financiera más amplias con la mera descentralización administrativa. 

En la práctica este proceso descrito ha impedido el autogobierno de Asturias, con una limitación competencial sustancial y un desarrollo permanentemente frustrado de sus instituciones políticas. Asturias ha vivido a lo largo de las dos últimas décadas un proceso de descentralización, restringiéndose su capacidad política a un hecho básicamente administrativo. 

La negación del reconocimiento de los mismos derechos políticos, económicos, lingüísticos, institucionales o competenciales que al resto de las Nacionalidades Históricas, se enmarca también en una sólida posición política de sectores sociales influyentes, grupos empresariales, significativos ámbitos de los medios de comunicación en Asturias, así como las direcciones políticas del PSOE y del PP, que mantienen una concepción de las instituciones políticas asturianas como una Diputación, y una visión de Asturias vinculada al patriotismo de la subvención, al sucursalismo del estado fruto de la asunción de la concepción de la Asturias subsidiada, y de la ausencia de una voluntad y un proyecto político articulado para Asturias. Todo ello ha llevado al sentimiento de desigualdad de Asturias respecto a otras Comunidades, el constante aflorar de agravios comparativos, junto con la ausencia se soluciones que proporcionen un marco estable tanto en lo que se refiere a la financiación de nuestra Comunidad, como en lo relativo a la capacidad política de Asturias , sus competencias, y el reconocimiento de su identidad como pueblo. 

El fracaso de la reciente reforma estatutaria pactada por el PSOE y el PP, ha puesto de manifiesto nuevamente todas estas situaciones, abriendo nuevas heridas, pero consiguiendo en su rechazo una movilización social muy amplia como la desarrollada desde el" Pautu Pol Autogobierno y La Ofiacialidá". 

Desde Asturias, y desde la izquierda, es inasumible el mantenimiento de una situación de permanente frustración del desarrollo de nuestras instituciones políticas de Autogobierno, de la limitación de competencias básicas de nuestro gobierno político o de la negación de nuestra identidad como pueblo. El autogobierno pleno de Asturias es una idea estratégica de la izquierda asturiana no sólo porque todo pueblo puede aspirar a constituirse como Comunidad Política, sino también porque la vertebración de Asturias, la superación del desmantelamiento económico y las propuestas de transformación desde la izquierda, y la defensa de su identidad necesitan un poder político democrático que las articule. 

Desde nuestra definición como fuerza política de la izquierda asturiana que pretende la construcción de Asturias como País, y desde nuestra identidad como pueblo y del consiguiente ejercicio del Autogobierno, Izquierda Xunida ha de dar respuesta al agotamiento de un modelo autonómico que ha supuesto para nuestra Comunidad la imposibilidad de constituirse política e institucionalmente, de autogobernarse, y de desarrollarse desde su identidad lingüística y cultural, respondiendo a la vez a un modelo de Estado desigual que profundiza los desequilibrios y la insolidaridad entre las Comunidades Autónomas. Izquierda Unida no puede asumir un Estado dual, desigual y asimétrico en el que las diferencias competenciales, financieras políticas o lingüísticas, o el uso social que de ellas se hace supongan privilegios económicos para una Comunidades, desigualdades en los derechos que se les reconocen a su ciudadanos/as, o desequilibrios en los servicios que estos reciben.  

Sólo desde un proyecto de Estado federal, como el propugnado por Izquierda Unida, es posible dar solución a los problemas planteados desde el reconocimiento de la igualdad de derechos de todas y cada una de la Comunidades Autónomas.En el ámbito español, la realidad plurinacional del estado es un hecho reconocido hoy social y culturalmente que debe reflejarse en la redefinición del Estado, lo cual comporta el reconocimiento de las identidades nacionales o de País que garantice el respeto a la diversidad, sin menoscabo de los derechos individuales de ciudadanía dentro del territorio de cada una de la Comunidades 

La propuesta federal se sitúa también en el marco de la construcción europea, proceso que bajo la hegemonía neoliberal, adolece de mayor participación ciudadana y arrastra un déficit democrático que es imprescindible superar. De lo contrario, quedaran afectadas necesidades sociales, el reconocimiento de la diversidad nacional y la lucha contra el desequilibrio territorial en su seno. Dentro de un proyecto federalista y solidario, Asturias, como Comunidad Autónoma del Estado español, debe aspirar a ser sujeto activo en la defensa de una idea alternativa de la construcción europea que tenga en cuenta las diversidades nacionales y regionales y la superación de los desequilibrios territoriales.  

La propuesta de construcción de la doble federalidad, española y europea, que propugnamos desde Izquierda Unida de Asturias tiene la virtualidad de concitar la síntesis entre la apuesta por la construcción de un estado federal plurinacional y la voluntad de construcción de Asturias como País, que expresa su soberanía política a través de la voluntad de autogobierno. Entender Asturias como País significa concebirnos como una Comunidad histórica con identidad propia  

  

LA CONSTRUCCIÓN DEL AUTOGOBIERNO  

Como ya hemos venido diciendo y explicando, Izquierda Unida apuesta decididamente por al construcción de un Estado Federal como la mejor manera de superar las grandes diferencias económicas, sociales e institucionaes existentes entre las diferentes comunidades que forman esta realidad llamada España. 

Sin embargo, en nuestra opinión en los últimos tiempos hemos perdido una oportunidad muy importante en el camino de dotar a Asturias de un Estatuto en el que el conjunto de las fuerzas políticas, sociales y culturales, en definitiva,el conjunto de la sociedad asturiana se sintiese satisfecha, lo que desde IU no ha sucedido, puesto que tanto el PP como el PSOE han impuesto una reforma estatutaria discriminatoria y desigual en Asturias, que nos niega nuestro derecho a la Autonomía Plena y limita nuestro autogobierno en materia competencial, política y lingúistica, negando a Asturias nuestro derecho a un Autogobierno pleno y nuestra capacidad de iniciativa política y la subordina a un nuevo proceso de descentralización administrativa. 

Para Izquierda Unida el Estatuto como la norma básica que nos dotamos los asturianos/-as en nuestra Comunidad, y por tanto, aspiramos a que sea un elemento clave en el que se recojan las aspiraciones del conjunto de la sociedad asturianas, porque no es sostenible que, en una determinada Comunidad Política, una norma básica como el Estatuto no sea un referente para una parte importante de su ciudadanos/-as. Por tanto, apostamos por un Estatuto que no recoja todo lo que quisieran el PP, el PSOE, IU o el PAS, pero que haga posible que lo pretende cada uno, su proyecto político para Asturias, tenga cabida en él. 

Esta ha sido nuestra voluntad, profundamente democrática, responsable y generosa, expresada durante el trabajo de la Ponencia para la reforma del Estatuto -creemos que de ello puede dar fe la sociedad asturiana-, sin embargo, otras fuerzas políticas no han sido igual de generosas. Por tanto, ante una reforma estatutaria que ha nacido muerta y constituye un agravio para Asturias, Izquierda Xunida considera imprescindible un proceso de reforma estatutaria sin ningún tipo de vetos hacia el Autogobierno de nuestra Comunidad Autónoma 

Desde nuestra aspiración, legítima, a la construcción de Asturias como país, unida a nuestra apuesta por un Estado federal solidario y simétrico, no es posible mantener diferencias entre unas Comunidades y otras en cuanto a su capacidad de autogobierno. Debemos aspirar a definir en nuestra Comunidad el horizonte de Autogobierno que Asturias precisa, incidiendo de verdad sobre las políitcas estatales que nos afectan, y para ello resulta imprescindible la Reforma del Estatuto, partiendo del reconocimiento de la capacidad de iniciativa de Asturias y no subordinándose a Pactos de Estado o acuerdos políticos, explícitos o implícitos, sino tomando como referencia la determinación del parlamento asturiano, expresión política de la soberanía popular de nuestra Comunidad Autonóma.  

El sentimiento de desigualdad de Asturias respecto a otras Comunidades, los agravios comparativos, así como la ausencia de soluciones que proporcionen un marco estable tanto en lo referido a la financiación de nuestra Comunidad, como en la capacidad política de Asturias y sus competencias, hacen necesario un proyecto de Estado federal, porque entendemos que es la mejor solución para dar una respuesta satisfactoria a los problemas planteados desde el reconocimiento de la igualdad de derechos de todas y de cada una de las Comunidades Autónomas que forman el Estado Español. 

  

La reforma estautaria que propugnamos se vertebra en torno a cuatro ejes fundamentales:  

* Capacidad política plena a la JGP, dotando al Gobierno Asturiano de la capacidad de disolución de la misma -los hechos recientes demuestran que es inplazable- estableciendo como únicos límites aquellos que la propia Junta General establezca en la legislación aprobada. Culminar la institucionalización política de nuestra Comunidad. 

* El reconocimiento de nuestra identidad colectiva como nacionalidad y comunidad histórica y de la cooficialidad de la lengua asturiana. Su normalización debe contemplarse dentro de un proceso gradual que, partiendo de su reconocimiento legal, articule un conjunto de medidas para su utilización en la enseñanza, en los medios de comunicación, en definitiva, en el tejido social asturiano, porque entendemos que la cooficialidad del asturiano es la única vía para lograr la equiparación con el castellano a efectos de igualdad de oportuinidad de uso por parte de los/as asturianos/-as parlantes (en su ámbito territorial el Asturgaláico tendrá un tratamiento similar). 

* Ampliación de las Competencias exclusivas, de desarrollo legislativo y de ejecución, reforzando la entidad política e institucional de Asturies, algo que debe abordarse desde la apuesta por construir una democracia avanzada que implica acercar el poder y la capacidad de decisión a los ámbitos e instituciones más inmediatas, articulando a la vez la participación y el protagonismo de los colectivos sociales y los ciudadanos. 

*Reforma en profundidad del sistema de financiación autonómica, definiendo un modelo de financiación que asegure la autonomía y la suficiencia financiera de la Comunidad, en el marco de una corresponsabilidad fiscal solidaria con mecanismos de nivelación de los servicios públicos y reducción de las desigualdades interterritoriales. 

La reforma que proponemos podemos caracterizarla, al menos, en base a la consecución de aspectos aspecíficos competenciales tales como:  

A) Competencias Exclusivas 

* Régimen local. 

* Montes, aprovechamiento y servicios forestales, vías pecuarias y pastos.  

* Normas adiccionales de protección del medio ambiente. 

* Sanidad e higiene. 

B)Competencias de Desarrollo legislativo 

*Seguridad Social, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma. 

* Ordenación del crédito, banca y seguros. 

* Telecomunicaciones. 

* Reestructuración de sectores económicos en crisis. 

C) Competencias de Ejecución  

* Participación en la gestión de fondos estatales y comunitarios de desarrollo territorial,promoción económica e incentivos económicos. 

* Instituciones penitenciarias. 

*Gestión de las prestaciones y servicios relacionados con la política de empleo. 

  

Asimismo consideramos que la reforma del estatuto de Autonomía de Asturias debe incorporar en su redacción: 

* El ejercicio de la iniciativa legislativa para la reforma de la Constitución. 

* Los convenios de gestión y/o conciertos inversores con la Administración Central en materias que, aunque de titularidad estatal, afectan al desarrollo y transformación de la Comunidad. 

* La policía Autonómica y creación de la Junta de Seguridad. 

* La Institución del Defensor de Pueblo.(Procurador General de la Junta General del Principado) 

* El reconocimiento en cuanto a la Participación en la construcción de la UE, tanto en los foros institucionales estatales y europeos que corresponda, como en la cooperación en la plasmación del derecho comunitario en el ámbito competencial propio 

* La regulación del Pacto local, a través de un árticulo que regule la relación entre las adiministraciones Autonómica y de los Concejos.  

* La ampliación del número de Diputados de la Junta general del Principado. 

* Compilación del derecho consuetudinario astruiano como derecho civil especial. Y competencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias como tribunal de casación sobre aquellos asuntos que tengan que resolverse, tomando como norma este derecho. 

El Autogobierno de Asturias no se articula exclusivamente en el marco de la ampliación de los techos competenciales o políticos en el Estatuto de Autonomía, sino también, y de manera funadamental, en la negociación de la transferencia efectiva de dichas competencias, por lo que entendemos que una de las prioridades de la actuación del Gobierno asturiano ha de ser la consecución del ejercicio de las competencias estatutarias. En este sentido, desde Izquierda Unida de Asturias reclamamos la urgente necesidad de que finalice el proceso de las transferencias incluidas en la anterior reforma estatutaria, pues nuestra Comunidad es la única en la que durante la última legislatura no se ha producido ni una sólo de las transferencias previstas: Educación, Trabajo... , para a partir de ahí continuar la transferencia de las competencias incluidas en la última reforma del Estatuto. 

  

UN MODELO SOLIDARIO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 

El modelo autonómico que venimos impulsando y que pretendemos continuar durante la próxima Legislatura, teniendo en el horizonte la necesidad de una reforma constitucional que nos conduzca a un Estado Federal, necesita obligatoriamente de un sistema de financiación que pivote sobre los principios de autonomía financiera, suficiencia, solidaridad y corresposabilidad fiscal, que garantice los recursos económicos suficientes, a fin de que solvente el grave problema de los desequilibrios territoriales,así como la asunción de competencias y servicios no produzca déficits. 

Un claro ejemplo de lo que decimos lo representa la situación de la Universidad de Oviedo. 

Izquierda Unida de Asturias, y en la medida de nuestra fuerza, se compromete a impulsar un cambio en el sistema de financiación de las CC. AA., porque entendemos que es injusto con Comunidades como la nuestra y, además, regresivo. El modelo que pretendemos conseguir pasa por un cambio sustancial de la LOFCA (Ley Órganica de Financiación Autonómica) y del Fondo de Compensación Interrritorial de tal modo que se garantice un principio, que es básico en cualquier sistema político, el de soli- 

daridad entre las Comunidades. 

Como defendemos, apoyamos e impulsamos que palabras como solidaridad, igualdad y autogobierno tengan un significado concreto y no se queden en una mera exposición de principios, proponemos: que nuestro modelo financiero se base en los siguientes principios: 

1) Suficiciencia y autonomía financiera 

Todas las Comunidades Autónomas tienen que tener el mismo porcentaje de suficiencia financiera, que será del 100 % de su Participación en los Ingresos del Estado (PIE). Este porcentaje se obtendrá por parte de las CC AA mediante su participación en porcentajes disitintos en el IRPF, IVA e Impuestos Especiales.  

Los porcentajes de particpación de cada Comunidad en el IRPF, IVA e Impuestos Especiales se fijen teniendo en cuenta la cuantía total del PIE en cada Comunidad. 

Estos impuestos proponemos dividirlos en dos bloques:  

1) Base liquidable del IRPF  

2) el IVA (fase minorista) y los Impuestos Especiales. 

Cada uno de estos bloques aportará el 50 % de la cantidad correspondiente al PIE de cada Comunidad, pudiendo cada bloque oscilar en su particiapción en un 10 %, sufriendo el otro bloque el crecicimiento o decremento correspondiente. Los porcentajes de cada bloque se fijarán por las Comunidades Autónomas para el quinquenio del acuerdo financiero.  

La aplicación y desarrollo de la capacidad normativa por cualquier Comunidad Autónoma deberá ser autorizada por el Senado tras el informe favorable del Consejo de Política Fiscal y Financiera, teniendo en cuenta que si de su aplicación se desprendiesen perjuicios para otras comunidades se acordará la propuesta de los mecanismos compensatorios correspondientes. 

2) Principio de Solidaridad  

Al objeto de ir corrigiendo situaciones de desequilibrio, tanto en la prestación de los servicios públicos como en las infraestructuras se crearán, dotarán y pondrán en funcionamientos los siguientes fondos: 

En cumplimiento del artículo 15 de la LOFCA (Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas) se dotará al FONDO DE NIVELACIÓN con una cantidad no inferior al 0,1 % del PIB. Los criterios de apliicación del mismo serán los fijados en los artículos 13, 15 y adicional tercero de la LOFCA hasta que nos se modifique dicha ley. 

- FONDO DE DESARROLLO TERRITORIAL, cuyo objetivo básico sería contribuir a corregir los desequilibrios interterritoriales mediante una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las regiones industriales en declive.  

Este fondo se dotará presupuestariamente con una cantidad no inferior al 0,25 % del PIB, realizándose las coreciones por desfase en el ejercicio presupuestario siguiente. Este importe se distribuirá entre las Comunidades Autónomas con un nivel de renta por habitante inferior al 75 % de la media comunitaria. Se sustentará sobre las bases de PROGRAMACIÓN y ADICIONALIDAD.  

  

3) Reforma del Consejo de Política Fiscal y Financiera.- 

Desde IU apostamos por una reforam en profundidad de este organismo, de tal manera que limite el peso, excesivo, del Gobierno Central en favor de las CC AA, pero teniendo en cuenta que la representación de éstas debe tender a ser más la expresión de sus órganos legislativos más que de los diferentes Gobiernos regionales y ha de disminuir la representación del Gobierno Central. 

Por último y de acuerdo con nuesta apuesta por ir avanzando hacia un proceso federal, creemos que tiene que haber una mayor participación de las CC. AA. en la Agencia Tributaria, apostando por su paulatina federalización. 

  

  

DEMOCRATIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ASTURIANAS 

En los últimos tiempos, hemos asistido a una serie de espectáculos: transfuguismo, ruptura de la derecha... en fín, grandes o pequeñas corruptelas que van alejando al ciudadano/-a del ejercicio político y, lo que es más grave y preocupante, fomentando la idea de que las instituciones democráticas sirven para poco, y que la resolución a los problemas pasan por salidas individuales y nunca colectivas. 

Desde IU, como hemos venido haciendo en estos años, hacemos una apuesta decidida por devolver la ética al noble ejercicio de la política, así como a devolver a las instituciones asturianas el crédito que se merecen y conseguir que los/-as ciudadanos/-as las vean con confianza y como un lugar donde, desde la discrepancia, que es buena y enriquecedora, se trabaja y se intentan resolverlos graves y acuciantes problemas que tenemos. Para ello establecer mecanismos de control, participación, transparencia y pluralismo. 

Para conseguir estos objetivos nos parece fundamental impulsar, y así nos comprometemos la creación y puesta en marcha de organismos y figuras que completen y ahonden enel autogobierno y acerquen las instituciones a la ciudadanía. Así nos comprometemos a: 

- Reformar la Ley Electoral Asturiana, de tal manera que se establezca una única circunscripción electoral, que evite las tentaciones cantonalistas y desvertebradoras de nuestra Comunidad, regulando además la Creación de la Junta Electoral del principado de Asturias. 

- Creación del Consejo Consultivo, organismo encargado de controlar la legalidad de los Proyectos y Proposiciones de Ley y los Reglamentos del Gobierno. 

- Desarrollo de la Sindicatura de Cuentas. 

- Ley de publicidad Institucional de la Administración del Principado de Asturias y de los Concejos. 

- Ley del defensor del Pueblo de Asturias (Procurador General de la Junta general del Principado). 

- Otra de las medidas que nos comprometemos a adoptar es reformar la Ley 6/84, regula la elección del Presidente del Principado, no nos parece adecuado que sólo se pueda votar en sentido afirmativo o abstenerse, hay que conceder la posibilidad a la Cámara de votar no en la investidura. 

- Reforma del reglamento del Parlamento asturiano, mejorando todos los aspectos aún pendientes pese a el avance de la reforma efectuada en esta legislatura y regulando en él el procedimiento para la realización de las Consultas Populares en Asturias. 

Creemos que resulta fundamental y máxime después de la situación creada en Asturias por el gobierno del PP, dotar a nuestra Comunidad de la posibilidad de una disolución anticipada de la Cámara por parte del Presidente del Gobierno regional. Es evidente que sin esta facultad seguiremos siendo una autonomía de segundo nivel . 

Es de vital importancia en cuaquier sistema democrático que el Poder Legislativo cumpla a rajatabla con las funciones que tiene encomendadas: elaboración de las leyes, control del del Ejecutivo, etc. En este sentido entendemos que la Junta General del Principado tiene que tener un mayor control sobre el Gobierno, para lo que resulta primordial la compare cencia periódica del Presidente del Gobierno y una tramitación ágil, según lo dispuesto en RJGP, de las iniciativas de la oposición y su cumplimiento por parte del Consejo de Gobierno. 

Dotar a la JGP, expresión máxima de la soberanía de los/-as asturianos/-as, de los mecanismos necesarios para que realice un control exhaustivo y riguroso sobre el funcionamiento de los diferentes organismos y entes públicos financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Principado. 

En última instancia, y continuando con una tradición que viene siendo característica de IU, nos comprometemos y promover todo tipo de iniciativas en defensa de la transparencia, la ética y la independencia en la actividad pública. Es de imperiosa necesidad el de definir un mecanismo de control y seguimiento en las CONTRATACIONES, ampliando los supuestos de TRÁFICO DE INFLUENCIA Y AMIGUISMO, que tan flaco favor hacen a la Administración Pública.  

  

UNA ADMINISTRACIÓN MODERNA Y EFICAZ 

En unos momentos en que el discurso dominante y aceptado por todos/-as es el de bendecir la gestión privada y de culpar de todos los males: ineficacia, burocratismo, absentismo... y todos los adjetivos que queramos a la gestión pública, desde Izquierda Unida consideramos que la Administración Pública tiene que ser un espejo donde la profesionalización, el rigor y el trabajo eficaz sean los elementos que más destaquen y, además, así sean percibidos por la ciudadanía. 

Desde IU nos parece que no puede esperar el inicio de una reforma en profundidad de la Administración que la racionalice, acerque y adecue a las necesidades de la sociedead del siglo XXI y esté en consonancia con la realidad española actual: Estado de las Autonomías e integración de España en las estructuras políticas de la UE. 

Es fundamental, una reducción al mínimo de la Administración periférica, que esté en consonancia con la realidad actual, configurada desde hace más de veinte años, lo que implica redefinir de forma clara y nítida las funciones de la Administración Central, Autonómica y Local. 

- Tenemos que ser capaces de establecer, si es posible con un gran acuerdo entre todos los sectores implicados: representantes políticos, representantes de los trabajadores y represpesentes sociales, en tanto que la sociedad civil tiene mucho que decir en el tipo de Administración que quiere, una gran reforma del aparato admionistrativo que lleve a un mejor funcionamiento de los servicios públicos, para que sean percibidos por los/-as ciudadanos/-as como algo suyo que tienen que defender, pero a los que hay que exigir. 

- Izquierda Unida se compromete a impulsar la carrera profesional de los/-as trabajadores públicos siempre los más perjudicados con un mal funcionamiento de la Administración- porque entendemos son la mejor garantía de un funcioanamiento profesioanl, riguroso y técnico de la misma. 

- Reforma, consensuada, de la Ley 3/85, de Ordenación de la Función Pública Asturiana, a fin de adecuarla a la nueva situación derivida de la aprobación por parte de la Cortes Generales del Estatuto de la Función Pública.  

- Mejora de los servicios de información. En la era del tiempo real, es más que necesario dotar estos servicios de un sistema inoformático, común y sencillo, que gantice un fácil y sencillo manejo, tanto para los profesionales como para los/-as usuarios. 

- Redución al mínimo del silencio administrativo. Se tiene que responder en la mayoría de la mayoría de los casos, lo que reduce los plazos y acerca la gestión administrativa al propio ciudadano. 

- Crear y poner en marcha un gran centro documental, en el que se integren los  

existentes, lo que racionalizará esfuerzos y ahorrará costes. 

- Izquierda Unida se compromete a racionalizar el trabajo administrativo, aprovechando al máximo los recursos humanos existentes en la Administración y reduciendo al mínimo imprescindible las contrataciones técnicas externas. 

- Proceder a la edición electrónica del BOPAP y facilitar su acceso gratuíto a los usuarios de Internet. 

  

  

LA PARTICIPACIÓN DE ASTURIAS EN LA POLÍTICA ESTATAL Y EUROPEA 

Tal y como hemos venido repitiendo a lo largo de este programa con el que presentamosa los/as asturianos, Izquierda Unida apuesta por la superación del Estado de las Autonomías en la perspectiva de una federalización del Estado. Resulta totalmente lógica nuesta propuesta e idea de influir, en la medida de nuestras fuerzas y posibilidades, en el diseño y gestión de políticas que, por el contenido de las materias que se tratan, afectan de una forma directa a nueestra Comunidad Autónoma. 

Por tanto, de acuerdo con estos objetivos, Izuqierda Unida de Asturias se compromete a: 

* Reforma total del Senado.- El modelo actual del Senado resulta totalmente inefecaz para el desarrollo de los objetivos del Estado de las Autonomías. En estos momentos es una Cámara de doble lectura, que relantiza cuando no dificulta los proyectos y proposiciones de Ley, aprobados por el Ccongreso, pero que de ninguna manera atiende a lo que debe ser una Cáamra de representación territorial. 

IU apuesta por una reforma federalizante del Senado, que lo convierta en una Cámara de representación territorial, donde se refleje el carácter plurinacional y plurirregional del Estado, convirtiéndose en un instrumento de diálogo entre las distintas CC.AA, por lo que apoyamos que sea el lugar donde se acuerden los criterios de financiación autonómica, así como el organismo donde se decida la posición de España ante la UE cuando se traten de cuestiones que afectan a la CC. AA.  

* Participación de Asturias en el Consejo Económico y Social del Estado, porque ententendemos que las Comunidades Autónomas tienen que representar un papel activo en la orientación y determinación de la política económica estatal.  

Por lo que respecta a la participación de Asturias y el resto de CC AA del Estado, en la condrucción europea, hay que entenderla como la presencia de sujetos activos en  

la defensa activa de una idea alternativa de la construcción europea que tenga en cuenta, además de la solución al profundio déficit democrático, las diversidades nacionales y regionales, así como la superación de los desequilibrios territoriales.  

Como se ha recogido en el documento de Oviedo de la CONFERENCIA DE PARLAMENTOS REGIONALES EUROPEOS (CALRE) la acción de la Comunidad Europea, de conformidad con el principio de subsidiaridad, no sólo afecta a los estados miembros sino también a sus entidades, en la medida en que éstas disponen de un poder legislativo propio que les confiere el derecho constitucional nacional. Por tanto, se hace más necesario la necesidad de establecer mecanismos institucionales que permitan expresar la voluntad de la CC AA tanto en las diversas estructuras de la UE, como en la conformación de la voluntad del Estado Español ante las distintas políticas de la UE, ya que muchas de ellas afectan a temas que son ya competencia de las Comunidades. 

El déficit democrático de la construcción europea tiene su expresión más clara en el parlamentario, tanto a nivel estatal como autonómico. Es fundamental que los Tratados sean muy debatidos en los Parlamentos estatales y autonómicos. Desde Izquierda Unida venimos demandando que la Constitución un artículo europeo, semejante al añadido en la alemana después de Maastricht que garantice el control parlamentario de los mismos. Pero no sólo esto, sino que es necesario que los Estatutos lo recojan y así proponemos incluir dicho artículo en la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. 

En el desarrollo y profundización de este camino, IU propone estas medidas: 

* Redefinición del Comité de las Regiones, a fin de transformarlo en un instrumento de particpación activa de nacionalidades y regiones en la definición de las las políticas de la UE, potenciando a su vez las relaciones de dicho comité en el Parlamento Europeo. 

* Regularización de la CALRE y aprobación de su protocolo de relación con el Parlamen 

to Europeo. 

* Particpación de LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO , a través de la CALRE, en las Comisiones Permanentes del PE que traten asuntyos de interés regional. 

* Impulso de formas de cooperación transversales entre las distintas regiones de la Unión Europea. 

*Presencia activa DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS y del resto de Comunidades del Estado, en las instituciones de la UE y en el COREPER. 

* Articulación de los mecansimos necesariso para la particpación activa de Asturias y del resto de las CC AA en la configuración, demanda y distribución de los fondos estructurales y de cohesión, mientras no se lleve a cabo la necesaria reforma del Senado. 

* Creación de la Secretaría de Relaciones con el Exterior que desarrolle políticas de cooperació e intercambio económico, cultural y político, de carácter transnacional, especialmente con las "regiones" del Arco Atlántico que forman parte de la Unión Europea con las que nos unen un ámbito económico y cultural. 

DESARROLLO DEL MUNICIPALISMO  

La articulación de la soberanía política de nuestra Comunidad no se debe establecer exclusivamente desde el ámbito de la acción del Gobierno asturiano o desde las insitituciones políticas de la Comunidad. Izquierda Unida entiende el autogobierno tanto municipal como autonómico como un instrumento imprescindible para una mejor gestión de los servicios, una mayor particpación y control ciudadana y uina contribución al equilibrio territorial de nuestra Comunidad Autónoma  

La vertebración política y territorial de Asturias demanda la descentralización del poder y de los servicios de acuerdo con nuestra realidad territorial, social y demográfica. En Asturias tenemos que abordar un proceso de organización del territorio -hasta ahora hemos asistido a una artificosa división en circunscripciones electorales-, que fomenta el neocaciquismo o el cantonalismo, pero que en nada mejora la gestión de servicios comunes o la toma decisiones que, por su enjundia, afectan a un ámbito territorial. El poco desarrollo de entidades supranacionales o comarcales, mancomunidades etc. pone de relieve las dificultades, contradicciones y complejidades que conlleva una articulación territorial de Asturias, pero que, desde la izquierda, resulta inaplazable. 

El proceso de vertenbración y de descentralización tiene su fundamento en la búsqueda de un mayor grado de eficiencia en la gestión, y sobre todo, en la particiapción ciudadana. Este es un criterio fundamental a tener en cuenta a la hora de transferir competencias desde la Comunidad a los Concejos. El principio de subsidiaridad debe aplicarse en la relación entre la Comunidad y los concejos. En esta línea es esencial la introducción de un nuevo artículo en el marco de la Reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias que garantice la transferencia d competencias y el Pacto local en nuestra Comunidad.  

Desde Izquierda Unida entendemos el municipalismo como un elemento esencial para un proceso de transformación desde la izquierda, y en este sentido, creemos inaplazable el garantizar los suficientes recursos financieros para conseguir que sean capaces de financiar los servicios que gestionan, teniendo claro que se debe tender hacia una mejor redistribución de los recursos económicos, situando el objetivo del 25 % para las Haciendad Locales.  

Los concejos asturianos representan la administración pública más cercana al ciudadano y ciudadana, por tanto tienen que representar un papel esencial en la profundización del diáologo entre la sociedad civil y el sistema de representación democrática. El desarrollo democrático y la vertebración de la Comunidad pasa por trasladar a la administración local asturiana competen- 

cias y recursos para su eficaz gestión. En este sentido, desde Izquierda Unida nos comprometemos a impulsar un Pacto Local en Asturias que sea el foro o instrumento desde donde se aborden todos estos problemas que, de una u otra manera, afectan al conjunto de los concejos e inicie un debate sobre qué Ordenación Territorial es la más adecuada para nuestra Comunidad Autónoma. 

La profundización de la participación vecinal debe ser regulada a través de la Ley de Consultas Populares en los Concejos Asturianos 

Por último, señalar que para Izquierda Unida los municipios no sólo han de ser sujetos activos en la vertebración de la Comunidad, sino que tienen que representar un papel primordial en la construcción comunitaria, para lo que han de establecerse los mecanismo que permitan expresar su voluntad en las diversas estrucuturas de la Unión Europea. En este sentido consideramos fundamental impulsar las siguientes medidas: 

* Creación de un Comité de Municipios, como órgano de participación de éstos en la definición de las políticas de la Unión Europea. 

* Desarrollo de formas de cooperación transversales entre los municipios de los países miembro de la UE. 

* Corresponsabilización de los Municipios en las políticas desarrolladas por el Estado ante la UE, lo que conlleva: 

- Cooperación ascendente y descendente sobre procesos comunitarios entre las administraciones locales. 

- La articulación de mecanismos para la particpación de los concejos en la gestión de los fondos estrucutruales y de cohesión.  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VERTEBRACIÓN SOCIAL 

La construcción de un modelo de democracia avanzada en lo político, lo social y lo cultural como el que planteamos desde Izquierda Xunida demanda no sólo importantes procesos de descentralización y transformación de las administraciones e instituciones políticas, sino que también requiere una sociedad más fuerte y vertebrada en torno a valores muy diferente a los actuales. Entendemos como indispensable el protagonismo de las organizaciones y colectivos sociales, de las personas, desde diferentes experiencias y propuestas y su contribución a los procesos de democratización y transformación que el futuro de Asturias demanda. 

Desde Izquierda Unida de Asturias apostamos por el reconocimiento y el fortalecimiento de la participación y vertebración social, como algo indispensable para el desarrollo de nuestro programa que reclama el compromiso de los ciudadanos y ciudadanas. 

Esta apuesta por la articulación de la sociedad y el reconocimiento del protagonismo que corresponde a los agentes sociales, entendiendo su lógica autonomía y responsabilidad, constituye uno de los elementos centrales de la alternativa programática de IU de Asturias y significa el situar las prácticas de gobierno y a las propias instituciones autonómicas y municipales, en un plano radicalmente diferente de relación con la sociedad. 

Esta apuesta, por tanto, se traslada y se concreta en cada una las líneas programáticas y de actuación de gobierno que las acompañan y las hacen posible, a la vez que constituyen un objetivo en cada una de ellas, ya sea en materia de política económica, social o cultural, que requieren una toma de postura activa por parte de los agentes sociales y los/as ciudadanos/-as. Un cambio de valores a favor de lo público y lo colectivo, de la solidaridad y la corresponsabilidad, de la austeridad y la ética. Pero asimismo somos conscientes que una democracia real para Asturias y sus concejos y comarcas, la planificación y desarrollo de las políticas que demanda la situación de crisis de nuestra Comunidad, no serán posibles sin el concurso del esfuerzo y compromiso de la sociedad y sus agentes más activos. 

1 Análisis de la situación de la participación social. 

Nos encontramos en una sociedad muy débilmente articulada y con muy reducidos niveles de participación en las organizaciones y colectivos de todo tipo, ya sean políticos, sindicales o sociales en sus muy diferentes expresiones. Esta debilidad del tejido social es mayor aun en zonas rurales, en las que resulta aun más complicado por la dispersión de los núcleos, mayor envejecimiento de la población y menor tradición y ambiente asociativo. 

Esta situación es producto de muchos factores, entre los que podemos destacar: 

* La evolución política de los últimos años y la reducción del funcionamiento democrático a su más mínima expresión, el voto cada cuatro años, junto a numerosos escándalos y una corrupción que parece caracterizar el ejercicio de la política y la actividad pública alejando a la población no sólo de las organizaciones políticas, sino también de cualquier otro tipo de asociaciones o colectivos, justificando, en alguna medida, una actitud más individualista y pasiva. 

* La hegemonía de valores impuestos en nuestra historia más reciente, tales como el individualismo y la insolidaridad, el consumismo y el despilfarro, y en ocasiones el rechazo a lo diferente; la difusión generalizada de las ideas y propuestas políticas conservadoras como las únicas posibles y el inexistente espacio en los medios de comunicación a planteamientos alternativos. 

* La reproducción de esquemas de poder y dependencia, de prácticas deficientemente democráticas y participativas, en las organizaciones sociales de todo tipo, y su incapacidad para implicar en su actividad más que a pequeños grupos. 

* La instrumentalización interesada de las políticas de fomento de la participación, y de los recursos y subvenciones públicas para premiar a los colectivos afines o dóciles a la administración y castigar a los colectivos autónomos o críticos. 

* La falta de voluntad para articular instrumentos que permitieran la intervención real de los agentes sociales en la definición de las alternativas a sus problemas.  

Todo esto ha generado un profundo desánimo y escepticismo en las organizaciones sociales. 

En definitiva, las prácticas y el discurso de las administraciones han respondido, entre otros objetivos, a "blindar"al gobierno y a las instituciones, aun a costa de erosionar el propio sistema democrático, con una visión restrictiva o claramente alejada de los preceptos constitucionales, y contribuir a la desvertebración social. Valores e intereses de carácter conservador que explican el creciente arraigo de la derecha tradicional en la juventud y sectores populares, incluso en una Comunidad autónoma como la asturiana. 

2) Propuestas básicas para el fomento de la participación social. 

Para una actuación de gobierno desde la izquierda representa un objetivo central el contribuir a la consolidación del tejido social, y articular espacios de protagonismo y corresponsabilidad para el mismo, en el desarrollo del conjunto de las políticas, ya sea en ámbitos sectoriales o de carácter general. Esto representa un reto complejo de apertura de las instituciones a la sociedad, de definición de las medidas de apoyo al asociacionismo y de los instrumentos de participación; algo que se debe hacer con la implicación de los propios colectivos, asumiendo que es necesario abrir un diálogo permanente con experiencias y propuestas autónomas y muy diferentes. Incluso entendiendo que los intereses de los ciudadanos y ciudadanas se pueden expresar a través de mecanismos muy informales y coyunturales ante temas concretos. 

Como planteamientos básicos para definir un programa de gobierno para nuestra Comunidad Autónoma y los municipios asturianos que contemple como uno de sus ejes fundamentales la apuesta por la vertebración social, situamos los siguientes: 

a) El compromiso de IU de Asturias con el desarrollo de políticas activas de fomento de la participación como componente central del proceso de democratización política y reforma de las administraciones públicas, con los siguientes criterios: 

* Participación de los agentes sociales, asociaciones y colectivos en la planificación desarrollo y control de las políticas de fomento de la participación a través de comisiones o instancias específicas. 

* Aumento de los recursos o destinados a estas políticas, racionalización y control democrático del desarrollo de programas subvencionados, y reducción del margen de discrecionalidad política en la concesión de subvenciones, asegurando una total transparencia y publicidad de las mismas. Desarrollo del mecanismo de convenio para apoyar programas de actividades e intervención social. 

*Aumento de la presencia e iniciativa en los medios de comunicación de los colectivos sociales, especialmente en los de carácter público a través de la regulación del derecho de acceso. 

*Utilización de diferentes infraestructuras públicas, fundamentalmente la educativa y cultural, como soportes de la actividad social de su entorno. * Apuesta por la adecuación de la legislación sobre asociacionismo con el objetivo de que responda a la realidad y especificidades del mismo, así como su potenciación a través de medidas como la declaración de entidades de utilidad público, y reforma de aquella legislación que limite la posibilidades de participación. 

*Apuesta por la elaboración de una ley de voluntariado social que estimule y apoye el compromiso y la intervención social. 

* Articulación de medidas específicas en ámbitos sectoriales para dar respuesta a problemáticas particulares en torno al asociacionismo juvenil, de mujeres, de cooperación para el desarrollo, de vecinos/-as ... 

*Desarrollo de los mecanismos de publicidad e información de las administraciones públicas, asegurando no solo una actuación clara y transparente sino la capacidad de participación e intervención social, especialmente en la planificación.  

b)La articulación de la participación a través de instrumentos democráticos
representativos, contemplando los siguientes objetivos:  * Establecimiento de ámbitos sectoriales e integrados de participación, asegurando el equilibrio entre la participación, sectorial estructurada en torno a Consejos de colectivos sociales específicos (juventud, mujer..) o temáticos (Bienestar social, escolares, medio ambiente, cooperación...) y la participación más global, fundamentalmente a través de los Consejos Económicos y sociales, reformando éstos en la perspectiva de una coordinación e integración de los Consejos Sectoriales y de sus propuestas y planteamientos. 

* Desarrollo territorial de la articulación de la participación desde los ámbitos más inmediatos (municipios, comarcas autonómico entendiendo que las realidades pueden ser diversas en su naturaleza, ritmos y desarrollo. También se debe resolver la relación y coordinación de estos instrumentos con los que puedan definirse a nivel estatal.

* Dotar de capacidad real de intervención a estos Consejos tanto los Consejos Económicos y Sociales, lo más globales, como sectoriales se debe superar, por tanto, el carácter de meros órganos consultivos o informativos, para que contribuyan corresponsablemente a la definición, desarrollo y evaluación de las políticas que les afecten. A través de estos consejos, o con otras fórmulas, se debe articular la presencia social en los órganos y empresas públicas.   * Desarrollo de medidas y reformas tanto legislativas como informativas que faciliten la información y la iniciativa social, como facilitar la iniciativa legislativa popular, el referéndum, el derecho de petición, la participación en la actividad parlamentaria o el establecimiento de reglamentos de participación ciudadana.