"Muchos de los hechos de los que se ha tenido conocimiento en la sesión de Barcelona de 20, 21 y 22 de mayo de 2005 constituyen crímenes de guerra, tal como vienen definidos en el artículo 8, párrafos 1 y 2 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, así como crímenes contra la humanidad, definidos en el artículo 7 del mismo Estatuto. Estos hechos son responsabilidad tanto de la potencia ocupante, como de los individuos que los cometen, amparan o permiten."

Sesión de Clausura del domingo, 23: el presidente del Tribunal, François Houtard, lee el Dictamen Final, flanqueado por Sharon M. Ceci y Carlos Jiménez Villarejo. [Foto: Eduardo Luque (PASI)]

[...]

Conclusiones*

El Tribunal Internacional de Iraq constituido en Barcelona se inscribe en una serie de sesiones iniciadas en Bruselas en marzo de 2004 y que terminarán en junio de 2005 en Estambul [1]. Asimismo se han celebrado en Berlín, Estocolmo, Hiroshima, Roma, Nueva York y otras ciudades. Antes de la guerra se celebró en el Capitolio de Roma una sesión del Tribunal Permanente de Pueblos sobre la ilegalidad de la intervención armada en Iraq.

El conjunto de los hechos sometidos a la consideración de este Tribunal tienen sus raíces en una larga historia de colonialismo del Oriente Próximo y Medio y de control del petróleo por las naciones europeas y, más recientemente, por EEUU. Hoy día, ante el carácter estratégico que tiene el petróleo para la economía mundial, su control se ha convertido en un factor de primer orden que determina el despliegue de la estrategia militar, el establecimiento de bases militares y, eventualmente, el recurso a la guerra.

Las varias justificaciones (falta de democracia en la región, lucha contra el terrorismo, sin hablar de la falsa acusación de posesión de armas de destrucción masiva) sirven de pretextos para intervenciones armadas. El discurso mesiánico del presidente Bush y de sus asesores neoconservadores añade la idea que se trata de conflictos de civilizaciones y aún de religiones.

Además, la llamada reconstrucción económica, social y política de Iraq por el poder ocupante, que ha implicado la privatización de las actividades económicas a favor de intereses mayoritariamente estadounidenses, la destrucción de la agricultura campesina en favor de un modelo de exportación, la privatización de los servicios públicos (en particular la salud y la educación) corresponde a la orientación del modelo neoliberal global promovido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Las consecuencias dramáticas de esta lógica se traducen para el pueblo iraquí en injusticias, crímenes, violación del derecho de los pueblos, sufrimientos y muerte, como lo fue en Vietnam, en Afganistán, en Colombia y en otros muchos lugares del mundo. Por eso, la guerra de Iraq no es solamente una agresión criminal contra un pueblo, sino también el resultado de un proyecto global que concierne a toda la humanidad. Si no se detiene el proyecto que se está ejecutando en Iraq existe el riesgo cierto de extensión a otros países de la región.

El Tribunal ha oído los testimonios de ciudadanos iraquíes, hombres y mujeres, que desplazándose expresamente a esta ciudad, han comparecido para ilustrar al Tribunal sobre la actual realidad de Iraq [2]. El Tribunal destaca el coraje y el valor cívico de estos testigos que han constituido el principal fundamento del pronunciamiento del Tribunal. Ellos representan a los más variados ámbitos de la sociedad de su país, a los trabajadores, a la sanidad, a la enseñanza, al periodismo y la activa de los defensa de los derechos humanos. Precisamente por ello, y por su inmediato conocimiento de la realidad, sus testimonios gozan de la máxima credibilidad y han permitido al Tribunal disponer de una información rigurosa y veraz.

Así pues, concluimos:

Primero. La invasión y ocupación de Iraq y el proceso de transición diseñado por los ocupantes no estaba dirigido contra el Gobierno de Iraq, sino contra el Estado de Iraq. Por ello, a la ilegalidad del ataque y la invasión hay que sumar la ilegalidad de las medidas contrarias a normas imperativas de derecho internacional que prohíben cambiar el estatuto jurídico del territorio invadido o usurpar la soberanía del Estado ocupado, incluidos sus recursos naturales; medidas todas ellas adoptadas durante la etapa de la llamada Autoridad Provisional de la Coalición, dirigida por Paul Bremer, con vocación de permanencia en el tiempo

Segundo. Según el derecho internacional, la ocupación resultante de un conflicto armado es una situación de hecho. Su existencia o inexistencia no depende de una declaración formal, ni siquiera por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El título de ocupante deriva de la autoridad efectiva, de hecho, sobre el territorio, ya que es esa autoridad efectiva la que constituye el fundamento de la responsabilidad del ocupante. Aparentemente la potencia ocupante y sus aliados continúan en Iraq porque así lo ha solicitado el llamado "gobierno transitorio iraquí". Pero sobre el terreno, los hechos demuestran que no hay subordinación de la fuerza multinacional al Gobierno, sino al mando estadounidense. La autoridad última, no sólo del poder militar, sino también del civil, y el control efectivo del territorio reside en el Gobierno de EEUU y en los miles de asesores de todo tipo dependientes de su embajada en Bagdad.

Tercero. El desmantelamiento de la estructura productiva de Iraq y la introducción salvaje de la economía de mercado, privatizando agricultura, industria y servicios y, de manera particular, la imposibilidad de que el pueblo de Iraq se beneficie de su principal recurso, el petróleo, ha significado una flagrante violación del derecho internacional y la privación de derechos básicos de la población iraquí.

Cuarto. Muchos de los hechos de los que se ha tenido conocimiento en la sesión de Barcelona de 20, 21 y 22 de mayo de 2005 constituyen crímenes de guerra, tal como vienen definidos en el artículo 8, párrafos 1 y 2 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, así como crímenes contra la humanidad, definidos en el artículo 7 del mismo Estatuto. Estos hechos son responsabilidad tanto de la potencia ocupante, como de los individuos que los cometen, amparan o permiten.

Quinto. La invasión y la ocupación de Iraq, contra la soberanía y los derechos individuales y colectivos del pueblo iraquí, otorga plena legitimidad a la resistencia que, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, expresa el ejercicio del derecho a la legítima defensa, constituyendo la única garantía de un futuro libre y democrático.

Sexto. Asimismo, se rechaza rotundamente toda forma de terrorismo que sólo perjudica la construcción de ese futuro.

Séptimo. La recuperación de la plena soberanía de Iraq pasa, de forma previa e inexcusable, por la inmediata retirada de los contingentes militares del ocupante, desmantelamiento de sus bases y cese de su férula represiva. Mientras no se produzca esta retirada, las autoridades locales carecerán de la mínima legitimidad y sus decisiones políticas y jurídicas, en particular la implantación de un nuevo marco constitucional, no tendrán ningún tipo de validez. Sólo tras la retirada podrá gestarse un poder político plural y realmente independiente, que no sea el producto de fórmulas de designación o de elección orientadas por agentes externos y que no se vea sometido a tutela y restringido, de resultas, en sus atribuciones.

Octavo. Se hace imprescindible el establecimiento de garantías de respeto pleno y efectivo de los derechos humanos, así como la exigencia de responsabilidades por todas las acciones cometidas por el ocupante, incluyendo el resarcimiento moral y material de las personas que han sufrido violaciones en sus derechos fundamentales.

Noveno. La plena recuperación de la soberanía política es el paso previo para la subsiguiente recuperación de la soberanía económica. Sólo un Gobierno realmente libre podrá adoptar políticas efectivas encaminadas a facilitar la dispensa de ayuda, la normalización de los servicios, la remisión de las privatizaciones, el final de la corrupción y el resarcimiento por la destrucción generada.

El Tribunal acuerda remitir su dictamen a Naciones Unidas, a los gobiernos de las potencias ocupantes, al Gobierno español y al de la Generalitat de Catalunya, a la Comisión de la Unión Europea y al responsable de la Política de Seguridad y Defensa de la Unión Europea.

Por último, el Tribunal espera que los ciudadanos de todos el mundo mantengan su solidaridad con el pueblo de Iraq, la sensibilización frente a las violaciones de los derechos humanos y su voluntad de lucha en favor de la paz.

Miembros del Tribunal:

Presidente:
François Houtart, Sociólogo y Teólogo, director del Centre Tricontinental, Lovaina; presidente de la Sesión de Barcelona del TII.

Mercedes García Aran, profesora de Derecho Penal, Universidad de Barcelona.
Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal Jefe Anticorrupción de la Audiencia Nacional.
Sharon Marie Ceci, representante de Internacional Action Center, EEUU.
Pedro Martínez Montávez, Arabista, catedrático emérito de Árabe e Islam, Universidad Autónoma de Madrid.
María Pilar Massana Llorens, miembro de Aturem la Guerra de Barcelona, PASI-CEOSI.
Jaume Saura, profesor de Derecho Internacional, Universidad de Barcelona, y presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña.

Miembros de Honor del Tribunal (no presentes en Barcelona):

Ahmed Ben Bella, primer Presidente de Argelia.
Ramsey Clark, ex Fiscal General de EEUU y Presidente de Internacional Action Center, EEUU.
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.
Joan Martínez Alier, catedrático de Economía e Historia Económica, Universidad Autónoma de Barcelona.
Rosa Regàs, escritora y Directora General de la Biblioteca Nacional.
Javier Sádaba, catedrático de Ética, Universidad Autónoma de Madrid.
Nawal as-Saadawi, escritora

* El Dictamen completo se dará a conocer próximamente.

Nota de IraqSolidaridad:

1. Véase en IraqSolidaridad: Barcelona: Tribunal Internacional de Iraq

2. Los testigos iraquíes presentes en la Sesión de Barcelona fueron:
Iman A. Jamas, periodista y traductora, ex directora del Observatorio de la Ocupación de Bagdad y coordinadora de la delegación iraquí;
Yawad Mohammad M. Mahdi al-Jalisi, director de la Universidad Escuela Al-Jalisiya, imán de la mezquita al-Khadimiya (Bagdad) y secretario general del Congreso Fundacional Nacional Iraquí;
Intisar Muhammad Araibi, directora de la Sección Farmacéutica del Hospital Universitario Al-Yarmouk, Bagdad;
Muhammad Tariq Abd Allah, Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Derechos Humanos y Democracia, Faluya y Bagdad;
Abdullah Adul Hamid Mousa, Comité Ejecutivo de la Unión General de Trabajadores del Petróleo, Basora;
Abid Ali Kadhim al-Mamouri, profesor de Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad An-Nahrein, Bagdad; y
Muhammad Yasin Muhammad, Comité de Derechos Humanos del Consejo Municipal de Adamiya, Bagdad.

Más información, noticias y todos los documentos relacionados con el Tribunal / More info:
Barcelona: Tribunal Internacional de Iraq - World Tribunal on Iraq

Programa de la Sesión Plenaria del Tribunal

English Programme of Plenary Session

"Many of the facts that have been put forward in Barcelona constitute war crimes, as defined in article 8, paragraphs1 & 2 of the statute of the International Criminal Court. They also constitute crimes against humanity as defined in article 7 of the same statute. These crimes are as much the responsibility of the occupying power as that of the individuals that commit them, allow them to happen, or aid the culprits."

[...]

Conclusions

The International Tribunal on Iraq, constituted in Barcelona (for members see below), joins a series of sessions that began in Brussels in March 2004 and will finish in June 2005 in Istanbul. Sessions have been held in Berlin, Stockholm, Hiroshima, Rome, New York and other cities. Before the war a session of the Permanent Tribunal of the People was held in Rome about the illegality of armed intervention in Iraq.

The facts considered by this Tribunal have their roots in the long history of colonization of the Near and Middle East and of the control of the oil production by the European nations and, more recently, by the USA. Control over oil production has become a prime factor in determining military strategies, the setting up of military bases and eventually the resources of the war.

Various justifications -such as the lack of democracy in the region and the fight against terrorism, not to mention the false accusation of the possession of weapons of mass destruction-, serve as the pretext for armed interventions. The messianic speech by President Bush and his neoconservative advisors also give us the idea that this is a conflict of civilizations, and even of religions.

Also, the so called economical, social and political reconstruction of Iraq by the occupying power that has involved the privatization of economical activities in favour of mainly USA interests, the destruction of rural agriculture in favour of exportation, the privatization of public services such as health and education, correspond to the orientation of the neoliberal global model promoted by the International Monetary Fund and the World Bank.

The dramatic consequences of this logic are: injustice, crime, violation of people's rights, suffering and death, as it happened before in Vietnam, Afghanistan, Columbia and in many other places in the world. This is why the war in Iraq isn't only a criminal aggression against the people, but also the result of a global project that concerns all humanity. If the project that is being carried out in Iraq isn't stopped, there is a real danger of it extending to other countries of the region.

The Tribunal has heard the testimonies of Iraqi citizens, men and women who have travelled purposely to Barcelona to explain to the Tribunal the present reality in Iraq (see list below). The Tribunal has underlined the courage and civil merit of these witnesses that have constituted the fundamental principle of the pronunciation of the Tribunal. They represent the most varied field of the society of their country, workers, health, education, journalism and the defence of human rights. For this reason, and because of their immediate knowledge of the reality, their testimonies are of the maximum credibility and have allowed the Tribunal the access to rigorous and true information.

And so we conclude:

1. The invasion and occupation of Iraq and the process of transition designed by the occupants was not aimed at the government of Iraq, but against the State of Iraq. To the illegality of the attack and the invasion we must add the illegality of the measures contrary to the rules of international law that ban any changes to the judiciary statutes of the invaded territory, or the usurping of the sovereignty of the occupied State, including its natural resources. All these measures were adopted during the Provisional Authority of the Coalition, directed by Paul Bremer, with the intention of these changes becoming permanent.

2. According to international law, the occupation caused by armed conflict is a factual situation. Its existence or non-existence doesn't depend on a formal declaration, not even on behalf of the Security Council of the United Nations. The title of occupant derives from the real authority, because this authority constitutes the basis of the occupant's responsibility. The occupying power and its allies apparently continue in Iraq at the request of the transitional Iraqi government. Facts show that there is no subordination of the multinational force to the government, but to the US command. The final authority, not only the military but also the civil power, and the effective control of the territory resides in the USA Government and in the thousands of advisors dependant on its embassy in Baghdad.

3. The dismantling of the productive structure of Iraq and the savage introduction of the market economy, the privatization of agriculture, industry and services and in particular the impossibility of the Iraqi people to benefit from their prime resource - oil - mean a flagrant violation of international law and the privation of the basic rights of the Iraqi people.

4. Many of the facts that have been put forward in Barcelona constitute war crimes, as defined in article 8, paragraphs1 & 2 of the statute of the International Criminal Court. They also constitute crimes against humanity as defined in article 7 of the same statute. These crimes are as much the responsibility of the occupying power as that of the individuals that commit them, allow them to happen, or aid the culprits.

5. The invasion and occupation of Iraq, against sovereignty, individuals and collectives of the Iraqi people, give full legitimacy to the resistance, which according to article 51 of the United Nations Chart expresses the right to legitimate defence, constituting the only guarantee to a free and democratic future.

6. In the same way all forms of terrorism that only prejudice the construction of this future are categorically rejected.

7. The recuperation of the full sovereignty of Iraq must first undergo the immediate removal of all the occupier's military contingents, the dismantling of its bases and the ceasing of its repressive rule. Whilst this removal does not take place the local authorities will lack a minimum legitimacy and its political and legal decisions, particularly the implantation of a new constitution, will not be valid. Only after this withdrawal will a new plural and truly independent political power be formed. This will not be the product of formulas of designation or of elections orientated by external agents and will not be subject to trusteeship and so restricted in its attributions.

8. The setting up of guarantees of full and effective respect of human rights, as well as the demands of responsibility for all the acts committed by the occupier -including the material and moral compensation of the people that have suffered violations of their fundamental rights- is indispensable.

9. Full recuperation of political sovereignty is the first step towards the recuperation of economical sovereignty. Only a truly free government can adopt effective policies aimed at the dispensation of help, the normalization of the services, the remission of privatizations, the end of corruption and compensation for the destruction.

The Tribunal agrees to send its report to the United Nations, to the government of the occupying powers, to the Spanish Government and to the Generalitat de Catalunya, to the European Union Commission and to the person responsible for Political Security and Defence of the European Union.

And finally, the Tribunal hopes that citizens from all over the world will maintain their solidarity with the people of Iraq, their sensitization in relation with the violations of human rights and their will to fight in favour of peace.

Barcelona, May 22, 2005

Members of the Tribunal:

President:
François Houtart, Sociologist o and Theologist. Director of Centre Tricontinental, Lovaina.

Members:
Mercedes García Aran, professor of Criminal Law. Barcelona University.
Carlos Jiménez Villarejo, former Anti corruption Prosecutor at the Spanish National Audience.
Sharon Marie Ceci. USA Internacional Action Center member.
Pedro Martínez Montávez. Arabist, professor emeritus of Arab and Islam at the Autonomous University of Madrid.
María Pilar Massana Llorens, member of Aturem la Guerra (Stop the War) Barcelona, PASI-CEOSI.
Jaume Saura, professor of International Law at the Barcelona University and President of Human Rights Institute of Catalonia.

Honour Members (not attending the Hearing):

Ahmed Ben Bella, First President of Alger.
Ramsey Clark, Former US Attorney and President of International Action Center, EEUU.
Adolfo Pérez Esquivel, Awarded Nobel of Peace.
Joan Martínez Alier, Professor of Economics and Economical History. Autonomous University of Barcelona.
Rosa Regás, Writer and director of the Spanish National Library.
Javier Sádaba, Professor of Ethics. Autonomous University of Madrid.
Nawal as-Saadawi. Writer.

Iraq testimonies attending the Hearing in Barcelona:

Iman Ahmed Jamas. Journalist and translator; former director of the Occupation Watch in Baghdad and co-ordinator of the Iraqi delegation for the Tribunal.
Yawad Mohammad M. Mahdi al-Jalisi. Director of Al-Jalisiya University-School, imam of Al-Khadimiya Mosque (Baghdad), Secretary General of Iraqi Foundational National Congress.
Intisar Muhammad Araibi. Director of Pharmacy Department in Al-Yarmouk University Hospital, Baghdad.
Muhammad Tariq Abd Allah. Executive manager of Human Rights Studies and Democracy Centre, Faluya/Baghdad.
Abdullah Adul Hamid Mousa. Member of the Executive Board of the Oil Trade Union, Basora.
Abid Ali Kadhim al-Mamouri. Professor of Economic International Relations. An-Nahrein University, Baghdad.
Muhammad Yasin Muhammad. Member of the Local Council of Adamiya (Baghdad) Human Rights Committee.