JURRAMENDI '85

Iruñea, a 4 de Mayo de 1985

El Partido Carlista, como protagonista durante muchos años de la historia de España y parte esencial de la del Pueblo Vasco, ante la cada vez mayor confusión ideológica en la que está inmersa Euskal Herria y la utilización interesada y fraudulenta de la historia y hasta del propio Carlismo para justificación de las más dispares posiciones
políticas y la consecuente falta de proyectos políticos coherentes, hace público el siguiente comunicado:

LA HISTORIA

1.– Fue el Carlismo el pionero -y durante mucho tiempo en solitario- en la lucha por la defensa de la libertad y la personalidad de los Pueblos que componen el Estado Español, frente al centralismo uniformista.

2.– Nuestra lucha tuvo como sustento ideológico -al margen de la más o menos fuerte componente dinástica que lo
representaba- la reivindicación de lo que bajo el término de "Fueros" significaban las facultades propias de regirse y autogobernarse las distintas Comunidades de España, así como sus signos propios de identidad.

3.- Tal iniciativa, desde la fuerte componente vasca del Carlismo, no se dirigió contra ningún pueblo de España -que
tamhién eran victima del mismo centralismo- ni contra la unidad del Estado Español, (nuestra bandera precisamente era la española y se contemplaba todo el Estado bajo una misma forma de gobierno) y, por lo tanto, nunca supuso un intento separador e independentista de unos pueblos respecto del Estado. La defensa de esos mismos ideales se llevó a toda España.

4.– Resultan, pues, incoherentes y faltan a la realidad histórica quienes se autoproclaman sucesores y herederos
del Carlismo -como en determinados momentos reivindican pensadores (PNV) peneuvistas o de (HB) Herri Batasuna- para justificar posturas independentistas que no responden al patrimonio legado por nuestro Partido,aunque, por otro lado, sí es exacta la apreciación de quienes, analizando la evolución del pensamiento político vasco, ven el nacimiento del nacionalismo independentista como una rebeldía y forma íntima de venganza política ante lo que fue una derrota militar y un no reconocimiento de los derechos y libertades reivindicadas por el Carlismo; de la misma forma que tamhién ETA surgió del rencor y odio nacidos de la derrota en el 36 del Nacionalismo Vasco y la continuidad en el no respeto a aquellas libertades.

El independentismo nunca podrá ser justificado en base al Carlismo y la historia del pueblo vasco, que, en todo caso, conduce al federalismo del Estado Español, propugnado por los Carlistas y que llevó a Carlos VII a definirse como "El Rey de las Repúblicas españolas".

LA VIOLENCIA

Menos justificación existe todavía para quienes califican las acciones violentas de ETA como continuación histórica de la practicada por los ejércitos Carlistas, y ello:

EN PRIMER LUGAR.– Porque el justificar la violencia, en razón de la existencia de la misma en el pasado, supone trasladar la mente y la realidad social a los tiempos en que aquella se dio, y en ese caso, la no superación humana y su enquistamiento mental.

EN SEGUNDO LUGAR.– Porque puede que la mayoría de un pueblo -como el Carlismo supuso en la zona vasca- hubiera optado por decisiones de este tipo, pero nunca estará legitimada para adoptarlas una minoría del mismo, cuando se irroga una representación que no les ha sido otorgada y marginando instituciones que libre y democráticamente ese mismo pueblo ha adoptado.

EN TERCER LUGAR.– La violencia practicada en nombre de un pueblo exigiría, además de su representación mayoritaria, unos mínimos condicionantes éticos y un acusado respeto al propio pueblo, todo lo cual, por supuesto,
no existe cuando se está hundiendo a éste en la miseria y cuando se atenta contra personas caprichosamente elegidas, incluso entre miembros representativos del pueblo vasco, y las acciones de "guerra" consisten en asesinatos, extorsiones, secuestros y torturas vilmente efectuadas contra víctimas indefensas y con toda suerte
de agravantes que degradan cada acción a la más baja de las condiciones.

EN CUARTO LUGAR.– Menos justificación tiene la violencia, por haberse dado ya una democracia que, aunque imperfecta -como toda alternativa política- ha permitido el inicio del autogobierno de los pueblos y su acomodación a formas acordadas por el voto mayoritario y que no coincide ni en forma de gobierno ni en representantes con los
que, clandestina o públicamente, sostienen la violencia.

EN QUINTO LUGAR.– No tiene justificación la violencia, porque cualquiera que fuese la causa que hubiera explicado el movimiento de la misma, -que no justificado- y cualquiera que hubiera sido el delito encausado, se dio una "amnistía total y sin reservas" que anulaba dichas causas. Máxime, cuando quienes optan por la violencia lo hacen contra gentes que se rigen por normas de derecho, en las que no es posible aplicar la pena de muerte. Y más paradójicamente, cuando lucharon en la consecución de ese objetivo activa y solidariamente junto con la mayoría del pueblo español, aquellos que ahora por sus intereses defienden el asesinato.

EL INDEPENDENTISMO

Fl Partido Carlista, no obstante, su oposición a los nacionalismos independentistas, no encuentra, al margen del
legítimo derecho a la crítica y diversidad política, fundamento alguno para los escándalos y denuncias formuladas por personas de corte democrático contra quienes legítimamente se declaran independentistas. Es evidente que
todo español y todo grupo político tiene perfecto derecho a declararse independentista al amparo del principio de
libertad de pensamiento y conciencia que reconoce la Constitución, sin incurrir, por lo tanto, en violación de dicha
Norma básica por el hecho de que ésta establezca la unidad del Estado. Esto es así, de la misma forma que puede
defenderse la catolicidad del Estado, cuando el texto constitucional declara a éste laico; o la Repúhlica, a pesar de
ser monárquica la forma política del Estado establecida en el mismo, o propugnarse el marxismo-leninismo, cuando la Constitución defiende la economía social de mercado. La Constitución ampara a quienes se declaran
independentistas y sólo exige el sometimiento a sus normas y el utilizar los medios previstos en ella para su
modificación. Todo los demás es pura demagogia partidista, atentatoria contra la libertad y perjudicial en grado
sumo para la normalización del País Vasco, sobre todo, si tales denuncias provienen de miembros del Gobierno. Debe tenerse muy en cuenta que dándose en los partidos nacionalistas vascos (abertzales) unos componentes de adhesión que responden más a estímulos sentimentales y externos que a ideologías concretas, definidas y
determinadas, al haber sido asumidos por el Estado parte de esos estímulos, sus signos de identidad se difuminan e incluso dentro de ellos surgen las crisis lógicas derivadas de las diferencias que aparecen a la hora de tener que aplicar políticas concretas que previamente no se habían definido. En esta situación, su indefinición pretende
contrarrestarse con la proclamación independentista, ya que, en la medida en que no sea asumido con normalidad por los no abertzales como un pensamiento legítimo y admisible, seguirá sirviendo de aglutinante, las más de las veces demagógico, a quienes temen aterrizar en ideologías concretas. El Partido carlista estima, con suficiente
conocimiento de causa, que el verdadero sentimiento independentista, serenamente adquirido y racional en su planteamiento, existe en muy contadas personas de los propios partidos que lo proclaman. En la mayoría, responde a un visceralismo opositor, que sube o baja en función de determinadas circunstancias, o a maniobras utilizadas por los líderes de las diversas corrientes de partidos con crisis internas, que les permiten ir incorporando
adhesiones a sus posturas sin que desde la corriente enfrentada se les pueda tachar de traidores, innovadores o heterodoxos. A mayor crisis de un partido, mayor será el verbalismo independentista.

EL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACION

El Partido Carlista reconoce asimismo, el derecho de autodeterminación de los pueblos que componen el Estado Español; pero evidentemente sujeto su ejercicio a las lógicas normas que mantengan dicho derecho en cauces operativos y de equidad y no en demagogias verbalistas y anarquía. UNA DE ESAS NORMAS es su limitación en el
tiempo; de forma que -aunque existan momentos sucesivos o periódicos para su ejercicio- no cabe la viabilidad de
un Estado bajo la amenaza de continuas e inesperadas consultas populares sobre la continuidad o no en la incorporación al Estado. En SEGUNDO LUGAR, el ejercicio de tal derecho debe partir de una clara identidad como pueblo. EN TERCER LUGAR, con referencia expresa al pueblo vasco -con historia, peculiaridades y derechos
propios- el ejercicio de su derecho debe previamente obtener el "plácet" o reconocimiento de cada una de las
distintas sub-comunidades que integran dicho pueblo. EN CUARTO LUGAR, como norma básica para el ejercicio de cualquier derecho, la autodeterminación para ejercitarla, debe partir de la inexistencia de toda práctica de violencia intimidatoria o coaccionante.

EL ESTADO FEDERAL Y LOS FUEROS

En el ejercicio de nuestro derecho a mantener la ideología propia, el Partido Carlista defiende -como inherente al
derecho de los puehlos, como fórmula coherente de perfeccionar el transitorio Estado de las Autonomías y como
medio más operativo- la consecución del ESTADO FEDERAL ESPAÑOL, que supondrá la expresión máxima de la voluntad unitaria y a la vez compaginada con el respeto a las peculiaridades y al derecho de autogobierno de los Pueblos que lo integran. Un Estado federal, el que propugnamos, que debe llevar el derecho al autogobierno a todos
los niveles en los que se organiza la sociedad: barrios, localidades, comarcas, provincias y regiones o nacionalidades. Es contraria al auténtico espíritu foral la construcción de la sociedad en base a pueblos (federados) con una organización propia centralista, absorbente, que no permita ejercitar sus propias libertades autonómicas a las instituciones inferiores. No es la sustitución del nacionalismo español por otros nacionalismos regionales lo que defendemos, sino una sociedad construida de abajo a arriba -del barrio al Estado- que distribuya el poder político
reconociendo a cada uno de los niveles de organización territorial las máximas competencias racionalmente exigibles, lo que hará posible una participación eficaz de los ciudadanos comprometidos directamente con los
problemas sociales que les afectan. No es el foralismo un fósil que algunos románticos o trasnochados queremos resucitar, como pretenden presentarlo a la sociedad vasca los grupos nacionalistas, ya que no tratamos de trasladar a nuestros tiempos formas ni instituciones caducas de antaño, sino el respeto a las libertades de todas
las comunidades a autogobernarse y la formulación viva de la forma de realizarlo; es en definitiva, el principio más
progresista, humano y racional para organizar territorialmente la sociedad.

LA CUESTIÓN DE NAVARRA

Ese mismo espíritu puede aconsejar la confederación de pueblos dentro del Estado, cediendo éstos libremente a las nuevas instituciones las competencias o atribuciones que estimen precisas para hacer más operativas o eficaces la defensa de valores culturales, económicos o históricos comunes y suponer las diferencias que, por sus distinta dimensión y potencialidad, existen hoy entre Comunidades Autónomas. Es en este marco en el que deben
establecerse las relaciones de Navarra con la Comunidad Autónoma Vasca; avanzando paulatinamente hacia la confederación que permita la integración de ambas en una unidad superior, con la garantía de que tanto Navarracomo el resto de los Territorios históricos de la Comunidad Autónoma conservarán su propia personalidad e
identidad y sus instituciones políticas peculiares, con las competencias no cedidas a las instituciones comunes, y
sin que ésto suponga cuestionar la existencia del Estado Español, ni por encima de él, lograr otras formas de
asociación o unidad de los Estados europeos.No obstante, esta unión confederada ni ninguna otra será posible, sino
por el contrario se producirá un mayor alejamiento de ambas Comunidades, si se sigue manifestando el verbalismo
independentista y sobre todo, si no cesa el terrorismo y la violencia. Es preciso acabar con las utopías disolventes y
la marginación de los iluminados que pretenden salvar a su pueblo por el terrorismo asesino, para iniciar un camino
que conduzca a unas relaciones fraternales y a un clima de cooperación que hagan finalmente posible la confederación. Es urgente sustituir el mesianismo y la demagogia por el respeto y la racionalidad para que desaparezcan apariencias de imposición y temores ahsorcionistas. Es necesaria la descentralización de la
Comunidad Autónoma Vasca – la aplicación del vituperado foralismo- para que podamos apreciar la validez de la confederación y la firme decisión de llevarla a cabo. Paralelamente, es preciso que desde fuera del País Vasco se eviten toda suerte de análisis superficiales, y actividades partidistas o de confrontación en busca de electoralismos fáciles que contribuyan a acrecentar una tensión existente en grado sumo y de difícil y lenta corrección. Es por la vía de la convergencia de los partidos, en el actuar ante los problemas esenciales que afectan a esa Sociedad y también en la generosa interpretación y aplicación del Estatuto de Autonomía, como se irá alcanzando paulatinamente la normalización de una zona crispada desde hace más de 150 años y que propició la aparición de nuestro pensamiento político, el Carlismo