Como ciudadanos españoles, que han ejercido su derecho al voto en las pasadas elecciones del 25 de mayo, y tras conocer la deliberada ausencia de dos diputados en la Asamblea de Madrid, que con su no voto han alterado los resultados públicamente esperados, haciendo imposible el gobierno pactado del PSOE con IU, nos consideramos con el derecho de presentar ante la opinión pública y compartir con los demás ciudadanos estas reclamaciones:

Cuando depositamos nuestros votos en las urnas, tales votos suelen recaer en candidatos presentados en listas cerradas por uno u otro partido. Obviamente, los candidatos elegidos lo son por voluntad y delegación de quienes los votan, de modo que su responsabilidad deben ejercerla dentro del Partido por el que han optado y en el que el mismo Partido y los electores los han confirmado.

Los candidatos elegidos son libres, pero al entrar en un Partido, su responsabilidad queda delimitada por el programa y, en cierto modo, disciplina del Partido; dentro de él podrán exponer sus opiniones, acordes o discrepantes, pero en casos importantes como el presente, donde estaba anunciada la posibilidad real de gobernar del propio Partido, respaldada por la mayoría del electorado, la denegación de esos dos votos ha supuesto una estafa al propio Partido, a los electores y al mismo sistema democrático de la sociedad. La enorme trascendencia del voto en este caso hace claramente inmoral su ausencia o denegación, sin que haya razones que lo justifiquen.

En consecuencia, tales diputados se han desposeído automáticamente de su legítima representación política. Su no voto se llama, en términos populares, traición, por lo que los electores tienen derecho a que otros candidatos, del mismo Partido, los reemplacen y asuman su delegación.

Existe la práctica del tribunal Constitucional, que reconoce a los candidatos elegidos el disponer de su Acta de Diputado como de una propiedad personal. Tal práctica, casi inusual, choca con el significado y derecho democrático de los electores. Por eso, creemos razonable exigir que esa ley sea inmediatamente modificada con el apoyo de los Partidos y en beneficio de todos. Lo legal , si es inmoral, no tiene validez.

Con el derecho de nuestra parte, nos unimos a cuantos por respeto a la democracia, consideran innecesarias unas nuevas elecciones. La solución más lógica y coherente, la más inmediata y menos costosa y, por supuesto, la más moral, es anular la decisión de esos dos diputados y aprobar que dos candidatos del mismo Partido los sustituyan. Los ciudadanos ya votaron a quienes querían y esa voluntad debe ser respetada. La democracia dimana del pueblo. ¿Qué democracia sería la nuestra si ésta se viera obligada a proceder en contra de la voluntad y derecho de los ciudadanos?