La historia política de la familia Chávez una vez como tragedia y otra vez como farsa

1.-Del pacto de "Punto Fijo" al "Caracazo"

Puede afirmarse, con total certidumbre, que el chavismo es la conclusión política de las hasta hoy inamovibles condiciones objetivas y subjetivas desde que tuvo lugar la sublevación popular de 1989 conocida por el "caracazo". Unas condiciones objetivas completamente maduras para acabar con el capitalismo, contradictoriamente coexistentes con una conciencia política de los explotados completamente desfavorable para esa necesaria tarea.

Durante las cuatro décadas anteriores a ese suceso, los políticos burgueses de Acción Democrática y sus colegas del Copei, en perfecta simbiosis política con la gran patronal agrupada en "Fedecámaras", se hicieron dueños del Estado venezolano y vinieron alternándose a cargo de los sucesivos gobiernos de acuerdo con el "Pacto de Punto Fijo", sellado bajo patrocinio del imperialismo norteamericano tras el derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958. Mediante este sistema oligárquico exclusivo, los llamados "adecos" y "copeyanos" compartieron sin mayores contratiempos una especie de populismo clientelista que administró los negocios de la burguesía venezolana sin contratiempos políticos, gracias a las fabulosas rentas petroleras.(1)

Montados sobre la estabilidad de los precios del petróleo al alza, a través del Estado la patronal venezolana tuvo margen para mejorar el nivel de vida de las masas respecto de la segunda preguerra y, a la vez, apropiarse y usufructuar buena parte del ingreso petrolero bajo la forma de subsidios, créditos blandos y contratos jugosos, desentendiéndose casi por completo de procurar emancipar la acumulación del capital industrial, comercial y de servicios del país, respecto de la renta diferencial de la tierra.

La profundización de la crisis económica y la consecuente inestabilidad política mundial, invirtió por completo el signo económico y social de Venezuela, y la alianza obrero-patronal empezó a debilitarse. A principios de la década de los años 80, el mercado petrolero mundial mostraba señales de baja en la demanda, y año tras año la OPEP retrocedió en la fijación de los precios, hasta el colapso del mercado. El barril de petróleo, que en 1983 se cotizaba a 30,80 dólares, bajó a 28,50 dólares en 1984, y a 27,70 en 1985. En 1986, Arabia Saudita rompió con los acuerdos de la OPEP, dejó de respetar las cuotas e incrementó su producción en más del 40%, lo que hizo que el precio disminuyera todavía más, en un 60%, hasta niveles entre 12 y 15 dólares, manteniéndose tendencialmente en torno a estos valores hasta nuestros días. Naturalmente, dentro de esta tendencia general, el mercado registra fuertes altibajos en función de la coyuntura. Por ejemplo durante la "Guerra del Golfo Pérsico", en 1990, volvió temporalmente por encima de los 20 dólares. Y en 1998 con la crisis asiática, la demanda mundial disminuyó fuertemente (ese continente es el que más ha aumentado su ritmo de consumo energético) y el precio cayó por debajo de los 10 dólares. Pero más allá de las fluctuaciones, el valor real del crudo se ha mantenido en 5 dólares (de 1970) lo que significa el doble de lo que teníamos en 1970-71, pero menos de la mitad de 1973.

Dada la fuerte dependencia del proceso de acumulación de capital venezolano respecto de las rentas petroleras, esta inestabilidad en el mercado de ese producto indujo a la incertidumbre de los negocios de la burguesía, que optó por un comportamiento rentista, desinversor y especulativo, en fin parasitario. En 1983, ante una obligada e inminente devaluación del bolívar, evadió más de 20.000 millones de dólares, causó el "Viernes Negro" y logró que el Estado asumiera el costo cambiario de su deuda privada con el exterior: es decir, que le resarciera de los efectos de la crisis provocada por el brusco descenso en los precios internacionales del crudo. Durante el quinquenio siguiente, fue creado el RECADI (Régimen de cambios diferenciales), por el cual se aplicó un tipo de cambio preferente para las importaciones, y el Estado estuvo vendiendo a Fedecámaras al precio de entre 7 y 15 bolívares, los dólares que a los demás venezolanos les costaba 35 y luego 100. Gracias a ello, mediante el fraude por sobrefacturación de importaciones en cohecho con la Comisión de Importaciones -que autorizó operaciones en una magnitud que llegó a exceder los límites de las reservas internacionales- la patronal pudo fugar capitales por valor equivalente a lo sacado del país hasta 1983.(2)

2.- Del "Caracazo" al golpe del MRB200

En estas estaba la burguesía venezolana, cuando el crash de 1987 sorprendió al mundo provocando otra brusca disminución de la demanda y de los precios internacionales del crudo. En Venezuela, esta nueva situación se tradujo en un crecimiento vertiginoso de la deuda externa, una presión a la baja sobre el bolívar y graves desajustes de las cuentas nacionales, lo cual precipitó el agotamiento de las reservas nacionales y la quiebra del país, agudizando la penuria de las grandes masas explotadas.

Esto explica que en Venezuela se haya operado una gran polarización entre las clases en base a niveles de pobreza extrema, que pasaron del 5% en 1985 al 33% en 1993, y los de pobreza crítica del 27% al 66% en el mismo período (Cordiplan, IX plan 1995). La pobreza total -según el método de Líneas de Pobreza- alcanzó para 1995 hasta un 71% de la población, cifra que en el área rural llegó al 87%, y en la zona urbana al 69%, en tanto que la extrema llegó a un 41% (Unicef-Cordiplan.1995). Al tiempo que disminuyó el gasto social y el ingreso per cápita, siguen actualmente bajando los índices de nutrición, educación y protección a los sectores más necesitados.

Las autoridades venezolanas del Ministerio de la Familia muestran una gran diferencia con las antes citadas. Aun así, basándose en la metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), estimaban para 1994 que un 49% de la población nacional era pobre y un 22% estaba en la pobreza extrema o miseria. En contraposición, la OCEI para 1995 ubica la pobreza en el 66% y la pobreza extrema en 37%.

De acuerdo con el informe de 1996 del Proyecto Venezuela elaborado por el Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (Fundacredesa, Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humanos. 1996) se ratificó que eran pobres 8 de cada 10 venezolanos. La distribución porcentual -se encuestaron 86.528 personas en todo el país- fue de un 5,4% para el estrato I y II de una alta concentración de riquezas, 14% en el estrato III que representan una clase media débil, una pobreza relativa de 42,3% en el estrato IV y un 38,3% de pobreza extrema para el estrato V.

Esta situación se agravó sustancialmente a partir de las Políticas de Ajuste iniciadas en 1989, reduciendo el salario real en un 40% respecto al del año 1988. Nueve de cada diez personas del estrato V, y 68,7% del estrato IV dependen de un salario semanal, por día o a destajo (Fundacredesa, Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humanos. 1996). Se consideran como pobres extremos (estrato V) quienes carecen de los ingresos que les permitan acceder a la canasta básica de consumo, y pobres (estrato IV) quienes apenas tienen recursos para cubrir la canasta y algunos gastos básicos como vestidos. El deterioro del ingreso real familiar se vio todavía más afectado. Para 1987 el 37% de las familias percibían ingresos por debajo de la canasta básica de supervivencia, cifra que ascendió en un lapso de 5 años (Cordiplan, IX plan 1995). En el estrato IV, 61,9% de los jefes de familia entra en la categoría de obrero especializado y el estrato V, 55,9% pertenece al sector informal (Fundacredesa, Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humanos. 1996).

Hoy, el cuadro que presentaba la economía venezolana para 1989, cuando se intentó un proceso de reformas estructurales y coyunturales importantes, identificadas en el VIII Plan de la Nación con el rótulo de "Capitalización de los Recursos Humanos", sigue siendo el mismo pero en condiciones de mayor deterioro socio-educacional y económico. En los años 80 término medio cada venezolano disponía de 3.000 calorías y 70 gramos de proteína. Hoy están por debajo de 2.000 calorías y apenas alcanzan a consumir 54 gramos de proteínas. Cada uno de los integrantes del núcleo familiar del estrato I come 207 gramos de carne y pescado al día, y 71 gramos de leche y productos lácteos. Carne y pescado constituyen una pequeña parte de la dieta diaria del núcleo familiar del estrato V (113,56 gramos por persona); 36,55 gramos de leche y productos lácteos son la excepción de las comidas (Fundacredesa, Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humanos. 1996). En términos de salud se pone de manifiesto el estancamiento que se ha producido en el proceso de reducción que se había consolidado en las tasas de mortalidad infantil, las tasas de mortalidad materna, el porcentaje de niños con bajo peso al nacer y de desnutrición infantil.

Según Unicef-Cordiplan (1995), entre 1980 y 1994, el gasto en salud en términos reales cayó en 43%, mientras que a nivel per cápita bajo en 59%. Asimismo, los estudios realizados por Fundacredesa, relativos al peso y la talla de niños de siete años de diversa condición, apuntan que existen grandes desigualdades sociales. Los niños pobres a los siete años pesan cuatro kilos menos que los de estratos altos, mientras que en el caso de las niñas la diferencia es de dos kilos.

En cuanto a la talla, la diferencia es de siete centímetros menos en los niños de pocos recursos frente a los de altos recursos y en las niñas es de cuatro centímetros. Por otro lado, la prevalencia de muertes por diarreas (60,5%), enfermedades parasitarias -hay parásitos en los intestinos de 43 de cada cien infantes-, respiratorias agudas -asma (62%)-, encefalitis (75%) e inclusive por desnutrición de niños menores de cinco años (CORDIPLAN, IX PLAN 1995); todo esto se traduce en un perfil epidemiológico complejo y heterogéneo caracterizado por la coexistencia de sectores de la población que mueren por patologías típicas de países pobres.

Semejante situación no podía tardar en trasladarse al plano político, lo que ocurrió a fines de los 80, cuando el tinglado burocrático-burgués erigido sobre esa base económica empezó a tambalearse durante diez años hasta venirse abajo. Ante la ausencia de una alternativa efectivamente revolucionaria, el primer acto de este derrumbe al interior del sistema capitalista se puso de manifiesto en febrero de 1989, a poco de que el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez asumiera su segunda presidencia y pusiera en práctica un programa de "ajuste duro" siguiendo las directivas del FMI. El resultado fue un estallido de protestas callejeras masivas brutalmente reprimido por el mismo ejército que hoy sostiene en el poder a Hugo Chávez Frías, que se saldó con más de 2.000 muertos.

El segundo acto de esta puesta en escena de la ley del valor en la Venezuela de los últimos cincuenta años, fue protagonizada por oficiales jóvenes de ese país en las sucesivas rebeliones militares de febrero y agosto de 1992 (3), muchos de ellos salidos de la clase media baja, todavía bajo la impresión de aquél movimiento de masas de magnitud que fue el "caracazo". En el caso de Chávez, el influjo de aquellos menesterosos ayunos de conciencia de clase asaltando los supermercados de Caracas, fue sin duda mayor, dado que ese hombre es el espíritu redivivo de su venerado bisabuelo, el "general de los llanos" venezolanos Pedro Pérez Delgado, guerrillero de principios de siglo popularmente conocido por "Maisanta", que murió preso en 1922 porque luchó queriendo que los pobres de su país fueran menos desgraciados. A su gesta legendaria se ha referido el historiador y médico venezolano José León Tapia en "El último hombre a caballo" (1974).

3.-El golpista revolucionario
se transforma en demócrata burgués

Nosotros vamos a suponer aquí que Cháves quiere sinceramente honrar la estirpe familiar de la que dice provenir. No obstante, como Marx demostró que sucediera con Luis Bonaparte respecto de su tío Napoleón (4), Chávez está confirmando lo que Hegel dijo que ocurre con los grandes hechos y personajes de la historia, que se producen dos veces: una vez como tragedia y otra vez como farsa. Amnistiado en 1994 por el expresidente Rafael Caldera bajo el compromiso de dejar la vida militar activa, el segundo "Maisanta" decidió reaparecer reciclado a la acción política pura, cuando la crisis asiática volvió a repercutir sobre Venezuela con otra brusca disminución de la demanda y de los precios internacionales del crudo, provocando el desbarajuste económico y la miseria en el 80% de la población. Tal fue el contexto económico de la campaña electoral a la que el biznieto de "Maisanta" se presentó como candidato, haciendo frecuentes apariciones públicas en ropa de fajina militar diciendo a su audiencia que iba "vestido para la batalla", y que sus palabras eran municiones "cuyo blanco son aquellos adversarios que actúan por mandato de los desacreditados partidos políticos del "establishment" montado a instancias del pacto de "Punto Fijo":

<<Somos un país muy rico. El más rico del mundo. Estamos pobres por la corrupción de los políticos. Se han robado nuestra riqueza condenando a la mayoría a vivir en condiciones infrahumanas. Debemos sacar a los políticos del poder para que la riqueza sea redistribuida con justicia y equidad.>>

Así comenzó el tercer acto de esta tragedia social para los superexplotados de Venezuela, que Chávez convirtió en una comedia de enredo representada en el escenario político de las instituciones "democráticas" de ese país. Con esto no queremos significar que el principal protagonista de este sainete sea un completo farsante, porque según todas las evidencias se identifica con lo que él sinceramente cree que está haciendo y dice haberse propuesto: no más que regenerar el capitalismo en Venezuela. Durante una entrevista concedida al periodista Rafael del Naranco de la cadena "capriles", preguntado en noviembre de 1998 si era comunista, Chávez respondió:

<<Para nada. Un grupo de francotiradores nacionales y extranjeros dicen que soy una especie de Hitler con Mussolini. Muy lejos de eso. Todo mi proyecto político es la búsqueda del lado humano del sistema capitalista, alejándonos de la corriente que el Papa llama «neoliberalismo salvaje». Proponemos un modelo económico humanista, diversificado, orientado a la producción y a la generación de empleo.>>

La corrupción de los "malos gobernantes" como causa de los males que padecen los países del llamado "tercer mundo", este fue el espíritu de la denuncia con que Chávez conspiró contra la "partidocracia" venezolana dentro de los cuarteles, el mismo que después empleó en las siete campañas electorales para barrerles de las instituciones del Estado, y sigue ahora siendo la esencia de su mensaje y comportamiento político desde su cargo de presidente. La paternidad de esta forma de "matar al mensajero", convertido por los "mas media" en sentido común a escala planetaria -de lo que la consigna "que se vayan todos" made in Argentina es un ejemplo elocuente- pertenece precisamente a las usinas ideológicas del FMI, el otro demonio que Chávez levantó en los largos discursos de su campaña electoral para emprenderla a palos retóricos con él.

En realidad, la corrupción política no empieza ni termina en la codicia de ciertos dirigentes gubernamentales. Marx decía con absoluta razón, que el burócrata estatal se caracteriza porque tiende irresistiblemente a hacer de la función pública que eventualmente ejerce, cosa privada para disfrute personal, y que esto se explica por el hecho de que, bajo el capitalismo, la propiedad privada y los intereses particulares no pasan por la propiedad pública y el interés general sino al revés. La corrupción política es tan funcional a la democracia representativa de la burguesía, como consustancial a la acumulación del capital, del mismo modo que el cambio de piel lo es al crecimiento vegetativo de los ofidios. Motoriza la alternancia política entre los distintos partidos más representativos en los gobiernos, lo cual deja intangible y prolonga la vida del sistema social dominante a través del rito comicial periódico, a la vez que por vía de los hechos consumados (dado que la justicia penaliza conductas individuales) pone el Estado al servicio de los grupos empresariales más poderosos de la sociedad. A estas alturas del proceso que le tiene por principal protagonista, nuestro personaje ya debe saber la verdad de a puño que encierra lo dicho en este párrafo. Decimos esto a propósito de las escaramuzas en torno al juicio abierto por la justicia española al "Banco Bilbao-Vizcaya-Argentaria" (BBVA), que acabó destapando el cohecho entre esta entidad financiera internacional y el "Movimiento para la V República" durante las últimas elecciones presidenciales en Venezuela. El general retirado Alberto Müller Rojas, máximo responsable de la campaña electoral de Hugo Chávez, ha reconocido ante el diario oficialista caraqueño El Nacional, haber recibido en 1998 "donaciones" del BBVA, asegurando que el ahora presidente de Venezuela conocía la existencia de las negociaciones y de las aportaciones dinerarias de ese grupo financiero español. El BBV, que desde los tiempos de Rafael Caldera posee en el país el Banco de Comercio, pidió a cambio que, en caso de salir electos, los representantes chavistas a cargo del nuevo gobierno "facilitaran sus operaciones en Venezuela". Según esta fuente, dentro de la política de privatizaciones "el sector más favorecido por este gobierno es el bancario":http://www.lavanguardia.es/web/20020407/23357963.html, http://www.lavanguardia.es/web/20020407/23350325.html y http://www.lavanguardia.es/web/20020406/23341418.html.

A poco de ser elegido presidente, Chávez aprobó la privatización del Banco Provincial, la mayor entidad financiera de Venezuela, convertido desde entonces en filial del BBVA. En agosto de 2.000, los accionistas del Banco Provincial aprobaron fusionarse con la entidad local Banco de Lara. De esta alianza resultó una institución con activos de 4.200 millones de dólares (4.652 millones de euros), una cartera de préstamos de 1.600 millones de dólares (1.772 millones de euros) y unos depósitos de 3.200 millones de dólares (3.544 millones de euros), según informes del Dow Jones Newswires. El Banco Lara, que cambió su nombre por el de Provincial, aportó a la fusión 403 sucursales y 988 cajeros automáticos. Esta operación se enmarcó dentro de la reestructuración que se está operando en el sector bancario venezolano, caracterizado por la presencia de un elevado número de pequeñas entidades: http://americaeconomica.com/numeros/60/noticias/mjlara.htm

4.-¿Qué tiene que ver el MB200
con la "tercera vía" de Blair?

Si seguimos pensando que Chávez conserva intacta la honestidad personal y el espíritu justiciero de su bisabuelo "Maisanta", debemos concluir que este hombre confía en que su política de favorecer la más alta centralización del capital financiero en Venezuela -excepto en los sectores de la educación, la salud y el petróleo- puede contribuir a que este país salga de la crisis que atraviesa, elevando el nivel de vida del 80% de la población que hoy vive bajo la línea de la pobreza. La paradoja contenida en esta hipótesis sólo cobra sentido en el contexto de la "tercera vía" ideada por Anthony Giddens, actual director de la "London School of Económics", uno de tantos "científicos" sociales provenientes de la clase media baja, que, ante la prolongada pasividad del proletariado masturban su intelecto en los jardines de la burguesía internacional. Y Chávez, que ha leído a Giddens, parece haber sido inconfesadamente subyugado por este nuevo embeleco de la pequeñoburguesía librada a su suerte dentro del sistema capitalista en su etapa postrera.

Haciendo suyo el supuesto de que el capitalismo es el mejor de los mundos posibles, Giddens sostiene que la tendencia a la internacionalización de la vida económica, social, política y cultural es un dato irreversible de la realidad histórica actual, y que la izquierda no debería revolverse radicalmente contra ella, sino asumir eso como un reto al ideal de igualdad basado en la justicia distributiva, y a la necesidad de participación general y activa de las gentes más allá de sus ámbitos puramente privados. Para responder a ese desafío, aconseja ampliar el espectro de la vida política, planteando que, en paralelo a la democracia representativa de las instituciones de Estado, se creen ámbitos "políticos" de participación democrática directa en el seno de la sociedad civil, para contribuir a resolver cuestiones atinentes, por ejemplo, a la relación entre los sexos (movimiento feminista), entre un mismo sexo (movimiento gay), entre sociedad y naturaleza en general (ecologismo), entre pobres y ricos (movimientos de solidaridad), entre una parte de la naturaleza y los seres humanos (movimiento por el derecho de los animales), en el seno de las familias (movimiento por el derecho de los niños, de las mujeres maltratadas) etc., etc (5). Todo ello como presunto medio de intentar poner los términos de la globalización de la vida a medio camino entre el despotismo insolidario del mercado generador de desigualdades "indecorosas" que promueve la derecha ultraliberal, y los principios morales reguladores del Estado burgués del bienestar que Giddens considera perimido por insostenible. A esto Giddens le llama "regeneración de la legitimidad política".......:

<<<<No es verdad que la generación joven esté menos interesada en la política en comparación con la anterior; al contrario, las encuestas indican que la generación joven está muy interesada en la política, más todavía que la generación anterior. Ello no obstante, el tipo de política en que se interesa y el tipo de compromiso y de implicación que busca no es la integración en la política parlamentaria ni de los congresos partidistas. La generación joven está más interesada en una gama mucho más amplia de temas políticos: la solidaridad y la cooperación internacional, el respeto a la diversidad cultural y de las identidades, los derechos de los animales, la ecología, la sexualidad, los derechos de la familia, la homosexualidad, muchos temas como estos que hasta cierto punto sólo tocan parcialmente el campo político ortodoxo tradicional.
Mediante la regeneración de la legitimidad política conseguiremos la transformación de la democracia para permitir que estos temas se incluyan y también para permitir que la gente vuelva a formar parte de la política. Yo describo lo que es necesario, lo que llamo la democratización de la democracia. La democracia liberal parecía ganar con la caída del comunismo, pero la democracia liberal había funcionado como una respuesta al comunismo.>>
(Anthony Giddens: "Más allá de la derecha y la izquierda. Una nueva política para el nuevo milenio. 21/05/998. Conferencia pronunciada en la fundación Trías Fargas. http://www.cholonautas.edu.pe/pdf/masderizq.pdf

.....pero omite cuidadosamente decir a qué clase de legitimidad política se refiere. A la clase de legitimidad política burguesa, desde luego. El general Perón, que no pudo saber lo que es la globalización pero que de control social de las clases subalternas en épocas de estupidez política sabía un rato más que Giddens, solía decir a sus allegados en el poder, que:

<<A la gente debemos dejarle que decida sobre el noventa por ciento de los asuntos públicos, nosotros sólo debemos encargarnos del resto. Pero que ese diez por ciento sea lo más importante>>

Regenerar el capitalismo sobre bases políticas democráticas populares para que no haya tantos pobres ni corruptos, tal es la esencia de lo que ha venido propugnando el Movimiento por la V República. Chávez y su gente han estado soñando con la misma "ética de las ideas" que "Maisanta", la misma que anima la "revolución democrática" en partidos como el PRD mejicano, pero con un toque de jacobinismo antiglobalizador que busca evocar al populismo izquierdoso de los años cincuenta y sesenta. Un poco más allá de la "tercera vía" que plantea Giddens, a la izquierda del "centroizquierda". Con los colores de este espíritu pintó el cuadro de la campaña electoral, prometiendo la negociación de una moratoria de la deuda externa y la revisión de los contratos con compañías petroleras extranjeras, todo ello en el marco de reiterados ataques contra el Fondo Monetario Internacional.

5.-Promesas

Así comenzó el tercer acto de esta tragedia social para los superexplotados de Venezuela, que Chávez convirtió en una comedia de enredo representada en el escenario político de las instituciones "democráticas" de ese país. Contagiando a las masas de un optimismo arrollador respecto de las posibilidades humanitarias del sistema capitalista venezolano y en la seguridad de ser los protagonistas principales de un proceso que prometió transformar a la nación más que cualquier suceso desde la independencia del país, los chavistas se propusieron destruir el poder que el pacto de "Punto Fijo" confirió a los partidos políticos tradicionales y a la burocracia sindical, contraponiéndole una democracia participativa en la que incluyó al estamento castrense. Una democracia esencialmente basada en la unidad entre pueblo y ejército, línea política maestra que dejó dibujada en varios discursos suyos, como el de mayo de 1999, durante el acto de inauguración del puerto fluvial de Nutria en cuya construcción habían participado efectivos de las FF.AA(6):

<<La inauguración, la activación de este puerto fluvial, donde los soldados de la marina, junto a los soldados del Ejército y de la Guardia Nacional se están asentando junto al pueblo, asì como estamos viendo aquí hoy a los soldados de las Fuerzas Armadas junto a su pueblo, a los hombres y las mujeres, debajo de este sol, debajo de esta tierra, encima de este suelo, al frente de estas aguas, Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fuerza Aérea, junto al pueblo; juntos Fuerzas armadas y pueblo haremos la revolución bolivariana. Y lo que está ocurriendo aquí, en este comando fluvial de Puerto Nutria es un ejemplo de ello. Aquí están los campesinos, los pescadores, las maestras, los estudiantes, las madres cuidadoras, los artesanos, los pequeños productores, los trabajadores petroleros.>> (Luis Chávez Frías. 22/05/999)

Pero Chávez no sólo intentó romper con el concepto puramente cívico de la democracia vigente, sino que descalifica a la cohorte de historiadores oficiales que desprecian la etapa heroica de los "grandes forjadores de la historia", a quienes ahora asimilan con el totalitarismo "intolerante" y tratan peyorativamente de "caudillos" o de "hombres fuertes". En un libro de entrevistas titulado "Habla el comandante" (The Commander Speaks), Chávez afirma:

<<Los caudillos pueden haber sido necesarios para incorporar a nuestra gente a las luchas históricas. Yo creo que nos han vendido un modelo democrático burgués importado: el de la eliminación de nuestros líderes>>. (Op. Cit.)

Siguiendo este criterio, Chávez encaró la campaña electoral atacando propagandísticamente la pobreza y la corrupción en sus dos frentes de actuación: el externo, prometiendo -como hemos dicho ya- declarar la moratoria de la deuda externa (a la que denunció por "escandalosa e ilegal") y defender el patrimonio nacional; el interno, comprometiéndose a incentivar el aparato productivo del país y eliminar la corrupción política.

En primer lugar, prometió poner a la Asamblea Nacional como poder supremo de la Nación, por encima de los tres poderes de la democracia formal burguesa. Esto último se explica porque tal vez en ninguna otra parte el carácter oligárquico de los poderes del Estado haya venido siendo más acusado que en Venezuela, donde el contubernio entre los dos partidos que se habían venido alternando en las funciones de gobierno para burlar la voluntad popular expresada en las urnas, era ejercido con el mayor cinismo y desenfado. Chávez impugnó la Constitución Nacional de 1961 por privilegiar a los partidos políticos, cuyos representantes en el Congreso tenían poderes que iban desde la nominación de jueces hasta la aprobación de promociones militares.

Las críticas de Chávez contra el proceso democrático abierto tras la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, no se limitaban a descalificar a políticos corruptos como Carlos Andrés Pérez. Su crítica era de carácter institucional, orgánica. Chávez proponía un modelo de organización política de la sociedad adecuada al concepto de "democracia participativa", al ejercicio directo del poder por la ciudadanía al interior del Estado. En el libro "El A,B,C de la Asamblea Constituyente", el chavista Fabián Chacón ha dejado escrito que respecto del sistema político representativo burgués tradicional, el propuesto por el "Movimiento bolivariano" que alumbró el golpe de 1992, "supone una diferencia como la que hay entre el día y la noche".

Para ello, los chavistas prometieron "transformar por completo" los poderes de la nación, promulgando leyes que ordenaran la elección de los jueces por voto popular, un régimen legislativo descentralizado, y la eliminación de atribuciones legislativas y ejecutivas a los gobiernos provinciales, para que sean asumidas directamente por los ciudadanos a través las asambleas municipales. Esta idea de la "democracia participativa" inspirada en el movimiento antiglobalización del Foro Social Mundial contra la Pobreza, fue convertida en el principal pilar de la política exterior del Estado Venezolano desde 1999, en principio presentada a debate como alternativa a la democracia representativa(7). Sobre este asunto nos hemos extendido críticamente en http://www.nodo50org/gpm/globaliz/04.htm, de modo que ahora lo vamos a dejar aquí.

6.-Interludio electoralista
y primera "ley habilitante"

Con este "paquete", el 06/12/998 Chávez fue votado por el 56,2% de los electores, accedió a la presidencia del país y su movimiento pasó a ser mayoría absoluta en el Congreso barriendo del mapa político institucional a "adecos" y "copeyanos". El 02/02/999, Chávez tomó posesión del cargo proponiendo convocar un referendum para elegir una Asamblea General Constituyente, encargada de redactar una nueva constitución. En el marco provisional que dejó la sustitución del orden institucional anterior, funcionó un "Congresillo", nombre popular dado a la comisión legislativa que llenó el vacío dejado por el disuelto Congreso. También fueron sustituidos los titulares del principal órgano de Justicia del país y se cambió a quienes estaban a cargo de organismos de Contralor.

El proceso político prácticamente paralizó los mecanismos normales de gobierno en el año 1999, de modo que el presidente Chávez requirió el 17 de febrero y obtuvo el 22 de abril, una "ley habilitante" que le facultó para ejercer durante seis meses las potestades legislativas por decreto. Chávez aprovechó esta provisionalidad y desorganización del nuevo Estado venezolano, para distribuir los cargos políticos ejecutivos de mayor importancia social y trascendencia política entre los caudillos militares del "Movimiento revolucionario Bolivariano 200", que habían sido aclamados por amplias masas al salir de prisión en 1994 (Jefatura del Estado, secretaría presidencial, seguridad interior, política exterior, industrias básicas, transporte y comunicaciones, programas de desarrollo social, vivienda, reforma agraria, aduanas etc.).

En esos momentos, la mayoría del MVR sostuvo que la "transitoriedad" que vive el país y la ausencia de una ley específica sobre la "participación ciudadana", justificaban un reglamento "provisional". De esto salió un comité compuesto por 15 diputados (11 pro-Chávez) y apenas seis "civiles", como se les llama a los representantes de la sociedad civil de forma sarcástica ante el proceso de militarización que vive la administración pública y los poderes del Estado.

De este modo, el vacío institucional fue cubierto por un gobierno compuesto en buena parte por militares correligionarios de Chávez, entre ellos el Gral. retirado Alberto Esqueda Torres, a quien se le encargó administrar 580 millardos de bolívares destinados a financiar mejoras en la infraestructura del país, y otros 200 millardos para gastar en desarrollo regional, más 190 en fomento a la producción. También asumió responsabilidades ejecutivas de gobierno el Gral. retirado Pérez Quesada, a cargo del gasto de 95 millardos en el sector agrícola, 65 en industria y 20 en turismo, así como el General Eliécer Hurtado, a quién le fue asignado el gasto de 110 millardos de bolívares destinados a la construcción de comedores populares, y 90 millardos para el mantenimiento de las "brigadas cívico-militares". El Fondo de Solidaridad quedó a cargo del Tte. Cnel. retirado William Fariña con la asistencia del Tte. Cnel. Ballesteros. Otras áreas de responsabilidad política de primera línea fueron cubiertas igualmente por militares, como la de seguridad. Como viceministro del interior fue nombrado el Gral. Belisario Landis, quién acuñó el concepto de "pre-delincuentes", para definir a grupos sociales de riesgo, blanco preventivo para las fuerzas de seguridad.

El resto de las más altas instancias del nuevo gobierno provisional fueron asignadas a civiles adherentes al proyecto político de Chávez (8). Una parte de ellos hombres de su confianza personal, otros simplemente arribistas. Algunos provinieron de los viejos partidos de izquierda, como el P.C.V. o el MAS, pero muchos de ellos son "homus novus" que comenzaron su carrera política en este marco de escasa institucionalización. El presidente Chávez se reservó el puesto de manager del equipo y "el que se mueve no sale en la foto". Así quedó conformada la alianza cívico-militar que hizo realidad el eufemismo de la "unión entre FF.AA. y pueblo", esencia política de la proyectada "revolución bolivariana". La mayoría de los gobernadores de los estados que conforman la estructura federal de Venezuela responde a la línea política del Presidente Chávez, quién, además, utiliza los mecanismos de la alianza cívico-militar para marcar el carácter subordinado de esos funcionarios carentes de recursos propios. Un buen número de los 335 alcaldes también siguió y sigue las orientaciones del presidente.

A mediados de marzo de 1999, durante un mensaje a la nación de más de dos horas, explicó su programa económico para los dos años siguientes, y anunció que durante ese período se privatizarían las empresas estatales del aluminio, distribución eléctrica e hipódromos: "Venezuela sacará a la venta parte del aluminio venezolano, manteniendo la producción de bauxita y alúmina en manos del Estado", anunció Chávez. También puso en conocimiento de la opinión pública su propósito de iniciar la privatización del sistema de generación y distribución de energía eléctrica, con excepción de la empresa de generación hidroeléctrica (9).

A poco de ponerse en ejecución el "Plan Bolívar", en febrero de 1999 el gobierno debió enfrentar el primer incidente en torno a denuncias públicas de corrupción por apropiación indebida de algunos miles de millones de bolívares contra varios mandos militares de reciente nombramiento a cargo de los fondos asignados a ese Plan (10). A raíz de este contencioso con la prensa que recayó sobre un alto mando militar hasta ese momento Ministro de Defensa, una parte de la oficialidad que desde un principio manifestó no ver con buenos ojos el proyecto cívico-militar de Chávez, se vio ratificada en sus advertencias acerca de las consecuencias de implicar directamente a las FF.AA. como institución de Estado con una determinada política partidaria. Esta inquietud creciente de los mandos "institucionalistas" obligó a que Chávez cesara al militar quemado en la cartera de Defensa, nombrando en su lugar a José Vicente Rangel, hasta entonces canciller de la V República, un intelectual burgués de izquierdas, amigo y correligionario de Oscar Allende, con talante plural de acreditadas convicciones "democráticas". Habiendo militarizado las instituciones de Estado hasta el extremo de inquietar a la fracción "institucionalista" del ejército, Chávez debió romper con lo que hasta ese momento fue tradición en la política venezolana: que el cargo de Ministro de Defensa sea desempañado por un militar. Paradójicamente, sería esta fracción disidente de las FF.AA., la que devolvería a Chávez el gobierno que perdió por 48 horas a manos de la fracción golpista el 12 de abril de 2002. El 25 de abril de 1999 se realizó el referéndum y la absoluta mayoría de los votantes (88%) aprobó convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar un nuevo "contrato social". Esa votación significó una segunda gran derrota para los partidos del "stablishment": Acción Democrática, COPEI y Proyecto Venezuela, que fueron completamente barridos de las instituciones de Estado venezolanas. Producido este hecho, la declamada propuesta chavista de poner los organismos de la "democracia participativa" por encima del parlamento burgués, encendía de júbilo expectante el alma de millones de creyentes en la revolución socialista por generación espontánea del populismo burgués, puestos ante lo que parecía de inminente cumplimiento. Otra era, sin embargo, la expectativa en los círculos del poder económico y político del campo imperialista. En junio, el Banco Mundial otorgó a Venezuela un préstamo adicional por U$S 20 millones, anunciando que la cartera de proyectos de esta institución en ese país, había alcanzado ese año un total de U$S 530 millones. Después de su parloteo electoralista "radical" que a muchos les basta para dejarse llevar de las narices, Chávez hizo un peregrinaje a Wall Street para asegurar a los banqueros y especuladores que no tenían por qué preocuparse. Fue en ese momento (marzo de 1999), cuando abrió el sector eléctrico estatal a la privatización de los capitales imperialistas.

Aprobada la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, con tal fin se inició el proceso electoral para la composición de la ANC, y el 25 de julio nuevamente la derecha tradicional fue derrotada por un margen todavía mayor que en las dos convocatorias electorales anteriores. De los 130 constituyentes elegidos, apenas 7 representaron a la "derecha", el resto correspondió al movimiento bolivariano compuesto no sólo por militantes del Movimiento Quinta República (MVR) y de otras organizaciones políticas menores, como el MAS y el Partido Comunista, sino también por un espectro mayor de militantes "comunistas" sin partido, bolivarianos, ex militares de los procesos insurgentes del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992; progresistas independientes, empresarios, periodistas, defensores de los derechos humanos, ecologistas, escritores y poetas, obreros, campesinos y representantes de minorías indígenas. Acción Democrática, el partido con más victorias en la historia democrática del país, sufrió un desmembramiento y quedó fracturada. La otra agrupación beneficiaria del pacto de "Punto Fijo", el COPEI, que en otras épocas ocupaba el segundo lugar por número de escaños en el parlamento, quedó relegada a una representación de sólo cinco diputados. En los Estados, el partido socialcristiano apenas pudo conseguir la gobernación de Miranda. Dado el escaso peso social específico de la oposición y de cada uno de los agrupamientos del "Movimiento por la V República", el único factor aglutinante del proceso político abierto a principios de 1999 fue el Comandante Chávez.

Realizada la tarea de redactar la nueva Constitución fundacional de la V República, la ANC convocó al referendum para el 15 de diciembre, en que fue aprobada por abrumadora mayoría y 15 días después reemplazó a la Carta Magna de 1961, sustento político del pacto de "Punto Fijo". El 6 de enero de 2000, Chávez y el Consejo Nacional Electoral acordaron convocar nuevas elecciones para legitimar los poderes públicos y ajustarlos al nuevo marco constitucional. Realizada la convocatoria, el 30 de julio Chávez volvió a ganar los comicios -esta vez presidenciales- con el 59% de los votos escrutados, un 22% más que Arias Cárdenas, su principal rival. Los "chavistas" pasaron así a controlar la Asamblea Nacional, las gobernaciones y los municipios.

La flamante Constitución introdujo el derecho al voto de los militares, y, como hemos visto, incorporó las fuerzas armadas al desarrollo nacional. También contempla la figura del referéndum revocatorio, mediante el cual los venezolanos pueden revocar cualquier mandatario electo -desde el presidente a un alcalde- si consideran que no cumplió sus obligaciones. También establece cinco poderes, a los tres tradicionales de las Constituciones republicanas liberales se agrega el llamado "Poder Ciudadano". Este órgano se construye por la adición de tres organizaciones autónomas de contralor, dos de ellas pre-existentes: la Fiscalía General y la Contraloría General a la que se añadió la recién creada Defensoría del Pueblo. Teóricamente, estos órganos coordinados por un consejo compuesto por sus respectivos jefes, deberían actuar como puente entre la sociedad y el resto de los poderes estatales.

7.-Segunda "ley habilitante"
y ofensiva antiburocrática paternalista

Finalmente, vencido en octubre el plazo de la "Ley Habilitante", el 7 de noviembre Chávez obtuvo de la Asamblea nacional un nuevo otorgamiento de poderes especiales a partir del 14, esta vez durante un año, para legislar por decreto en materia social, económica y de administración pública. Hasta ese momento, desde el 2 de febrero de 1999 en que juró como presidente, habían transcurrido nueve meses, período durante el cual el "Movimiento por la V República", plenamente legitimado para ejercer el gobierno, se limitó a recrearse formalmente organizando cinco convocatorias electorales que ganó despotricando contra el FMI, pero siguió pagando religiosamente los vencimientos de la deuda externa, y a despecho de que sobre la economía del país pende la amenaza de otro marasmo económico inducido por el descenso brusco en los precios del petróleo, Chávez ni siquiera se atrevió a decretar el control de cambios para prevenir la posibilidad cierta de una nueva fuga de capitales, como la de febrero de 1983, o como la de Argentina en noviembre pasado. La fuga de capitales causada por el miedo a políticas intervencionistas -que el Gobierno atribuye a "intenciones desestabilizadoras"- se cifró, sólo en julio y agosto de 2000, en 3.000 millones de dólares, sumando un 12% del PBI desde 1999. En medio de la catástrofe provocada por las lluvias en diciembre de 1999, Chávez dijo que el pago de la deuda externa es "sagrado". Y su ministro de relaciones exteriores José Vicente Rangel (otrora candidato presidencial del MAS) subrayó: "A pesar de las fuertes pérdidas y el enorme impacto [del desastre] en la economía...la nación cumple y seguirá cumpliendo sus compromisos con el pago de la deuda externa" (Cfr.: Noticiero AP, 24 de diciembre de 1999).

La base programática de toda esta superestructura política montada por el "movimiento bolivariano", se funda en la pretensión de abandonar la economía rentista para crear otra de "tipo productivo" en un marco capitalista de estabilidad financiera que permita articular una política redistributiva de la riqueza y un aumento del empleo. Se sueña con poder utilizar las reservas obtenidas por la explotación del petróleo, como pivote del equilibrio presupuestario y de la proyectada industrialización, algo que sólo pudo suceder durante la última onda larga expansiva del capitalismo, en condiciones de tendencia al alza en la demanda y los precios del petróleo, una añorada edad de oro cuyo nuevo horizonte prometedor de altas ganancias y no tanta miseria de las amplias masas explotadas, sólo puede ser alcanzado pasando por las horcas caudinas de otra guerra genocida de proporciones destructivas tan enormes, como la multibillonaria masa de capital que hoy sobra en el mundo.

A despecho de las lecciones de la historia(11), los militantes anticapitalistas que han se han venido comprometiendo con la revolución socialista por etapas, haciendo en todas partes proselitismo entre los explotados para que apoyen a la izquierda burguesa en su contencioso con la derecha, repitieron este comportamiento en Venezuela celebrando alborozados el triunfo comicial del movimiento bolivariano. Adhirieron a él de todas las formas posibles en su lucha para desalojar de las instituciones del Estado a los agentes políticos corruptos de la gran burguesía venezolana aliada del imperialismo. Cumplido este paso que insumió un año de confrontación puramente electoral, entrado el año 2000 la base económica y social de esa alianza entre el gran capital y la burocracia política y sindical corrupta siguió intacta en su capacidad política a través Fedecámaras y la CTV, que permanecieron a la espera de que el gobierno "moviera ficha". En efecto, hasta ese momento, desde que el gobierno chavista consiguió en abril y renovó en noviembre del 99 la autorización para sustituir al poder legislativo, puso en vigencia una cincuentena de leyes que en modo alguno afectaron seriamente los intereses de la burguesía ni, por tanto, alteraron políticamente la correlación de fuerzas sociales fundamentales hasta entonces existente.

Para conseguir este cambio del poder político dentro de la sociedad burguesa que beneficie a los asalariados en detrimento de los capitalistas en general, Cháves solo ha tenido una opción: aumento general de salarios que eleve sustancialmente el nivel de vida de los empleados e implementación de una política económica y social que comience a transformar el subempleo en empleo asalariado efectivo para el 54% de la población económicamente activa que hoy subsiste malamente bajo el régimen del cuentapropismo. Sólo con el plumazo del aumento salarial posibilitado por la "Ley habilitante", Chávez se hubiera asegurado de un día para otro entrar a saco en la dependencias de la CTV, defenestrar a toda la burocracia sindical corrupta hoy al frente de la CTV, y poner en su lugar otra incondicional a los nuevos propósitos del "Estado bolivariano", tal como hizo Perón en Argentina año 1945, cuando, a caballo de esa misma política sobre el suelo firme de la expansión capitalista de postguerra, fundó el "Estado justicialista". Pero esto no se puede hacer bajo condiciones determinadas por la onda larga depresiva que todavía atraviesa el capitalismo mundial (12). Y menos aun disciplinándose a las directivas del FMI para pagar una deuda externa de 40.000 millones de U$S, como está haciendo Chávez inspirado en la "tercera vía" del ideólogo británico Giddens.

Así las cosas, habiendo renunciado a ser del todo consecuente con los trágicos sufrimientos de la pobreza y apoyarse en la movilización revolucionaria de las masas para romper con las leyes de juego de la explotación capitalista, Chávez debió convertir la política venezolana en una comedia de enredo entre las clases fundamentales del país al interior de las instituciones estatales y civiles. Una vez copados los distintos organismos del Estado, el chavismo lo intentó con los sindicatos. En un primer momento infructuosamente en febrero de 1999, cuando desconoció oficialmente la legitimidad de la CTV, pensando que las bases sindicales harían el resto. Después se sacó de la manga una organización sindical llamada "Frente de trabajadores bolivarianos". En setiembre congeló por decreto las negociaciones para la renovación de los convenios salariales hasta que se celebraran las elecciones sindicales previstas para mayo del 2001. Una vez decretada la paz social, echó mano del referendum consagrado por la nueva Constitución aprobada en diciembre de 1999, para organizar una consulta nacional -adosada a las elecciones municipales y vecinales en todo el país previstas para el 3 de diciembre de 2000- en la que se le preguntó a todos los electores del país -incluidos los patronos capitalistas- si veían necesario sustituir a la actual dirigencia sindical. Ante esta movida, los burócratas de la CTV llamaron a la abstención como repulsa, directiva que fue seguida por un 77% de los convocados, con lo que el referendum quedó completamente devaluado. No obstante entre el 22% de quienes acudieron a las urnas, la respuesta a la pregunta de si había que destituir a la actual dirigencia de la CTV fue mayoritariamente afirmativa, aprobando también el criterio de la elección por la militancia de base, en vez del nombramiento a dedo de la dirigencia sindical. Pero el candidato de su Movimiento V República (MVR) no ganó, demostrándose que los asalariados no consideraban a Chávez como un aliado confiable contra los patronos.

Otra cosa ocurrió con los sectores más deprimidos de la sociedad, que en el año 2000 se vieron favorecidos por un aumento en el gasto público del 42% financiado con los mayores ingresos petroleros de ese año. El Plan Bolívar 2000, algunas obras públicas e infraestructuras y, en general, un cierto aumento de gastos en educación, sanidad o vivienda fueron posibles en este contexto. Sin embargo, estas medidas estuvieron bastante por debajo de lo que muchos sectores de la base social chavista esperaban, que era un cambio radical en sus condiciones de vida. No obstante, parte considerable de esta base social que mantuvo viva su esperanza en el régimen, se hizo incondicional del proceso y pasó a engrosar las "Círculos bolivarianos", de crucial protagonismo en la vuelta de Chávez al poder tras el golpe del 11 de abril próximo pasado.

8.-Año 2001: antecedentes inmediatos del golpe

Ante los resultados de una mayor capitalización de las rentas del petróleo durante el año 2.000, cuyos precios aumentaron 9,5 U$S por barril respecto de 1999 (13), a principios de 2001 el movimiento obrero comenzó a movilizarse en pos de sus demandas postergadas, transformando el decreto de congelación de las reclamaciones sindicales en papel mojado. En enero, Caracas se convirtió en un caótico escaparate de conflictividad laboral y estudiantil, con incidentes o manifestaciones casi a diario en liceos y colegios públicos, recintos universitarios, calles y plazas congestionadas por protestas de trabajadores del metro, taxistas, vendedores ambulantes o funcionarios. Hasta febrero, el gobierno de Chávez no había respondido a los conflictos, pero la medida de utilizar la Guardia Nacional (policía militarizada) para realizar labores de disuasión ante la ola de protestas, fue síntoma de que algo había cambiado en la correlación de fuerzas entre el gobierno "revolucionario" y la oposición burguesa. En febrero de ese año, los asalariados de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) hicieron una huelga de 24 horas para reivindicar la reanudación de las negociaciones contractuales con la empresa suspendidas en setiembre de 1999 por imperativo legal, amenazando con prolongar el paro indefinidamente en caso de negativa a atender sus demandas salariales. El conflicto se había originado el año anterior cuando SIDOR inició un programa de reducción de plantilla ofreciendo una opción de jubilación anticipada voluntaria que fue rechazada por la mayoría de los trabajadores (14). La protesta se produjo tras las huelgas mantenidas días antes por 2.000 empleados de la Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) -la mayor compañía telefónica del país- y por los maestros del sistema educativo nacional. En ese momento, el principal sindicato petrolero, FEDEPETROL, también amenazó con realizar una protesta de alcance nacional por problemas laborales. El motivo del descontento sindical petrolero fue la política laboral de la empresa (Pdvsa). Los trabajadores acusaron a la compañía estatal de no cumplir el convenio colectivo firmado en noviembre del año anterior. En ese momento, Fedepetrol y dos sindicatos menores consiguieron que Pdvsa cediera formalmente a sus demandas salariales el pasado mes de octubre, después de una huelga de alcance nacional. Esta amenaza se cumplió en marzo, cuando el 95 por ciento de los 70.000 empleados de PDVSA han respondido al paro convocado por ese organismo y la totalidad de las 42.000 empresas subsidiarias que se rigen por el mismo convenio colectivo. El paro se hizo inevitable tras fracasar una reunión de conciliación planteada por iniciativa del Ministerio de Trabajo. El principal punto de conflicto entre Fedepetrol y PDVSA fue la petición del sindicato de que se les reconozca a los trabajadores petroleros un aumento salarial de 15% que el Gobierno decretó a mediados de 2000 para todos los empleados públicos. Aunque el Estado venezolano posee más del 51% de las acciones de PDVSA, al ser mixta los gastos de esta empresa no corren por cuenta del presupuesto estatal, y, por tanto, los trabajadores petroleros no son legalmente empleados del Estado; sus relaciones con PDVSA se rigen por un contrato colectivo similar al de otras empresas privadas. El presidente de PDVSA, general Guaicaipuro Lameda, planteó llevar el caso al Tribunal Supremo de Justicia, para que sea esa instancia la que establezca si el aumento para el sector público también corresponde a los empleados de una empresa estatal pero contratados como trabajadores privados. Fedepetrol rechazó el planteamiento de Lameda bajo el argumento de que el Tribunal Supremo es un apéndice del poder Ejecutivo y sus sentencias no son imparciales ni fiables.

Durante ese mismo mes, los más de 5.000 empleados de SIDOR volvieron a parar dos días durante 24 horas en protesta por la negativa de la empresa a firmar el nuevo convenio laboral. Ante la contundencia de las protestas, el Gobierno envió efectivos militares a desalojar con material antidisturbios a los piquetes de obreros apostados ante las principales refinerías. Finalmente, desde el 11 de mayo, después de tres semanas de paros alternos y manifestaciones, la huelga fue declarada por tiempo indefinido, extendiéndose a otros sectores, como el hierro, el aluminio (que suman 20.000 asalariados en Guayana) y la construcción, con la amenaza de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) de llevar a cabo una huelga general. Por su parte, en esos días 90.000 de los 160.000 educadores en 14.000 escuelas del país, concluyeron su paro ante el peligro de que los siete millones de alumnos perdieran el año escolar después de tres semanas sin clases, obteniendo el 60% de sus demandas. No obstante, el dirigente de FONATEV anunció que el conflicto se reanudaría en junio.

9.-La ley del trabajo intangible

Que los "chavistas" hayan propiciado convertir, una vez más, a la clase obrera venezolana en masa de maniobra al servicio de la clásica alternancia en el gobierno del Estado capitalista entre los distintos agentes políticos de la burguesía, es la demostración más categórica de que, en ese momento, el MBR200 había hecho ya suficientes méritos para entrar a terciar en el club exclusivo de la oligarquía partidocrática venezolana fundado por el pacto de "Punto Fijo", pero nada más que eso. Algo parecido a lo que ocurrió con el FSLN en Nicaragua, el FMLN en El Salvador o la CNRG en Guatemala, entre otros numerosos paradigmas políticos producto de la teoría de la revolución por etapas en los últimos setenta años.

A este respecto, cabe decir que el gobierno de Chávez no tocó un solo pelo de la "Ley del Trabajo". Hecha a la medida del contubernio político-sindical del pacto de "Punto fijo", su cumplimiento torna imposible convertir cualquier huelga en un instrumento eficaz para la conquista de las reivindicaciones obreras. En efecto, ante cualquier conflicto sindical, la Ley establece un procedimiento de negociación y conciliación previa, con prohibición expresa de paralización de actividades, lo cual se lleva un tiempo bastante prolongado en perjuicio de los trabajadores. Especialmente cuando, como es frecuente, se trata del incumplimiento de un compromiso adquirido por la patronal con anterioridad. En esos casos, según la Ley, la patronal no está obligada a cumplir el pacto como condición previa de la renegociación. Una vez agotada esta vía legal, los trabajadores son llevados a iniciar el camino del "Pliego Conflictivo", donde está previsto que se repita el mismo procedimiento de las "reuniones conciliatorias", pero ahora dentro de un ambiente formalmente conflictivo. Todo esto ya ante el Ministerio del Trabajo, quien comunica al Patrón que los trabajadores han introducido el "Pliego Conflictivo". Entonces comienza un nuevo período de reuniones.

Durante este proceso pudiera suceder (y es perfectamente legal) que el Patrón presente objeciones, como las que se adujeron en el caso de los trabajadores tribunalicios en 1998, cuando se les exigió a los sindicatos la presentación de pruebas que demostraran estar acreditados como representantes de la mayoría absoluta de los trabajadores. Una acción de este tipo por parte del Patrón le permite ganar una buena cantidad de tiempo y consume las energías de los sindicatos. Por otro lado, la Ley establece que en las reuniones conciliatorias (las previas y las posteriores a la introducción del "Pliego Conflictivo"), los sindicatos deben incorporar dos representantes. Por supuesto que la Ley no contempla la confrontación directa entre el Patrón y los trabajadores en asamblea. Esto de la "democracia representativa" donde "el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes" convierte a quienes debieran ser protagonistas en objetos de negociación ajena a sus intereses, en moneda de cambio entre los representantes y la patronal vía soborno o chantaje. Y, por supuesto, teniendo el control de los dos directivos sindicales, los patronos tienen "legalmente" el control de cualquier conato de conflicto.

Una vez cumplidas las famosas 120 horas (que en muchos casos se convierten en 200, 300 o más, para ver si es posible que en el último momento se concilie), se declara la huelga. Pero la cosa no es tan sencilla. La Ley Orgánica del Trabajo obliga a los sindicatos (Art. 498) a seguir trabajando en las áreas que los patronos y el Estado consideren vitales e indispensables, reguladas mediante el recurso universal de los "servicios mínimos". Con esto consiguen desvirtuar la esencia de la huelga. De esta manera, con las áreas vitales de la empresa funcionando gracias a la legitimación del esquirolaje, la huelga pierde todo efecto mientras una pequeña fracción de los trabajadores realiza protestas y algo de alboroto meramente testimonial en los medios de comunicación sin presionar a nadie.

Los trabajadores están perdidos desde el mismo momento en que se dejan introducir y enredar en el laberinto de las leyes burguesas con su "derecho de huelga". La "huelga" que cumple con todos los requisitos de la ley es la anti-huelga, la negación de la acción directa (es decir, sin intermediarios o representantes) de los trabajadores y de su confrontación contra el patrón. La Ley tiene previstas las medidas para los trabajadores que no cumplan con estos pasos: el decreto de reanudación de faena. El Ministerio del Trabajo o el Consejo de Ministros, declaran la ilegalidad de la huelga y proceden a decretar la reanudación del trabajo so pena de despedidos en masa. La otra opción que brinda la Ley es que una vez aplicado el decreto de reanudación de faena, los sindicatos pueden optar por solicitar el arbitraje voluntario por parte del Estado burgués, que ya se sabe cual será su dictamen. Ésta es, en esencia, la "democracia participativa" de Chávez.

10.-Las 49 leyes

Así las cosas, el 30 de mayo de 2001 Chávez regresó de una amplia gira por el oriente. En Moscú se declaró aliado estratégico de Rusia y firmó un acuerdo de cooperación técnico-militar que puede convertir a Venezuela en puente para el comercio armamentista de los nuevos burgueses rusos en América Latina. En Volgogrado se confesó admirador de Lenin por su "inolvidable contribución a los principios de la justicia social". En Teherán se mostró identificado con la revolución fundamentalista de los iraníes y visitó la tumba del ayatola Khomeini para rendirle "devoto homenaje". En Pekín confirmó su alianza estratégica "vital" con China y manifestó que era maoísta desde su época de cadete. Completamente de espaldas a la realidad económica, social y política que en esos momentos se cocinaba en Venezuela, millones de militantes anticapitalistas se dejaban subyugar por el espíritu de su otro "Maisanta" que Chávez sacó a pasear por aquella parte del mundo.

El 13 de noviembre de 2001, haciendo uso de la segunda "Ley habilitante" aun en vigor, Chávez aprobó por decreto 49 leyes que fueron promulgadas el 10 de diciembre, entre las cuales hay algunas que afectan seriamente los intereses del "stablishment" económico subsistente, sobre el cual se erigió la partidocracia de "adecos" y "copeyanos" tras la caída del régimen dictatorial de Pérez Jiménez en 1958. Uno de esos decretos del actual paquete de medidas es la "Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola", que pretende poner fin a la concentración de la propiedad territorial, donde el 10% de los propietarios es dueño del 70% de la tierra cultivable, lo cual hace que Venezuela tenga que importar alimentos. Se trata de una reforma agraria al estilo de Napoleón Bonaparte o Lázaro o Cárdenas, que deja intangible la propiedad privada de la tierra pero pretende, según dice la propia norma, "distribuir la riqueza eliminando el latifundio como sistema contrario a la paz social en el campo"(15). Esta medida no sólo ha encolerizado a los terratenientes. La banca advierte que la amenaza de expropiación ha provocado que pocos agricultores quieran atarse a un nuevo crédito, y dado que, según esta ley, los fundos dejan de ser garantía para las instituciones bancarias, se crea una incertidumbre en la actual cartera crediticia, imposibilitando otorgar nuevos créditos sin respaldo concreto.

Otra es la "Ley de Hidrocarburos", cuya principal disposición establece que la extracción del crudo debe ser competencia del Estado, al menos en un 51%, al tiempo que otorga a PDVSA una participación del 30% como regalía sobre los crudos extraídos en cualquier yacimiento. Anteriormente ese impuesto era del 16,7%. Estas medidas desestimulan la inversión de los capitales internacionales ociosos en esta industria, algo incompatible con la tendencia mundial dominante a la privatización de las empresas del Estado. En este sentido, se objeta que los planes de Pdvsa exigen una masa significativa de inversión -aproximadamente U$S 2.000 millones- para poner en funcionamiento nuevos yacimientos en la enorme bolsa de crudos pesados que se estima subyace en la faja del Orinoco, y que toda tardanza para ponerlos en funcionamiento por falta de capital -hoy disponible en manos privadas- resta ingresos al Estado y retrasa el desarrollo económico del país.

La "Ley de Pesca" está también entre las decisiones del Ejecutivo que más rechazo ha levantado. El objetivo, según especifica el decreto, es potenciar la pesca artesanal frente a la pesca industrial, especialmente la de arrastre, que "agota los recursos" y pone en peligro las especies. "De mantenerse este ritmo de explotación, el país va a perder gran parte de este patrimonio de recursos que también pertenecen a los venezolanos por nacer", argumenta el texto legal. La normativa ordena que se reserven las seis millas próximas a la costa y los recursos de los ríos para la pesca artesanal, y que se establezcan sanciones, limitaciones y licencias más caras para la pesca masiva. El presidente del gremio patronal que agrupa al 95% de la flota pesquera industrial, Guido Solari, denunció que esta ley "afecta drásticamente a la pesca de arrastre, impide las faenas y redundará en la pérdida de 15 mil puestos directos de trabajo"

El gobierno de Chávez promulgó este paquete de leyes en el peor momento económico de su mandato.

Variación anual del PIB trimestral


Fuente: Banco Central de Venezuela.

Como puede observarse en este cuadro, a fines de 2000 la actividad económica entró en declive para caer abruptamente a partir de agosto-setiembre de 2001. A fines de 2001 el crecimiento del PIB fue negativo en cuatro puntos, contra un 2,7 previsto por el gobierno para ese año. Esta depresión respondió al descenso de un 21,65% en los precios del petróleo que, de U$S 25,91 en 2000, bajaron a U$S 20,30 por barril en 2001, con lo que el superávit de la balanza comercial descendió de 13.111 millones de dólares en 2000, a 4.395 millones al cierre de 2001, y la balanza de pagos registró al cierre del 2001 un déficit de 2.434 millones de dólares, contra el superávit de 5.818 millones en el 2000, según datos del BCV. Como lógico resultado, las reservas internacionales del país bajaron 21,65%, de U$S 15.685 millones a 12.289 millones en el mismo período. Este desaceleramiento de la actividad económica se tradujo naturalmente en un aumento significativo del paro que, de poco más del 10% en 1999, paso al 15% en febrero de 2000, como lo muestra el cuadro siguiente:

Tasa de desempleo entre 1996 y febrero de 2000
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE).

Ante semejante situación, por razones de estabilidad de los sectores externo y fiscal, el BCV debería haber revisado su política cambiaria pasando a dejar flotar libremente el bolívar, dado que la desfavorable posición de reservas internacionales combinada con una sobrevaluación artificial del bolívar en alrededor del 30%, era un coctel de consecuencias financieras y sociales explosivas. Sin embargo, Chávez se negó a devaluar calificando de "nefasta" la opción de abandonar el sistema de bandas cambiarias introducido en 1997 como un arma contra la inflación. Y el BCV, que respaldó la postura presidencial, insistió en la "sustentabilidad" del sistema de bandas, pese a que gran parte de los países latinoamericanos ha optado por sistemas de libre flotación y otros, como Ecuador, se decidieron por la dolarización de sus economías.

A raíz de la promulgación de este paquete de las 49 leyes en momentos de dificultades económicas tan graves, el gobierno de Chávez hubo de enfrentar una ofensiva patronal liderada por Fedecámarás, que, con el apoyo de la burocracia sindical adscrita al partido Acción Democrática, tuvo capacidad para sumar, además del descontento de la pequeño burguesía, el de buena parte de los asalariados. Al exitoso "paro cívico" del 10 de diciembre, el 23 de enero le siguió una multitudinaria marcha pacífica contra la ley de tierras que igualó y, por momentos, superó, a una manifestación oficialista simultánea encabezada por 20.000 campesinos. El 7 de febrero, el coronel en activo de la Aviación, Pedro Soto, pidió públicamente la renuncia de Chávez. Tras él, una serie de militares, también con mando de tropa, se unieron a la exigencia de Soto protagonizando una rebelión "desarmada" que, en un principio pareció extenderse a todo el ejército, pero se desinfló a fines de ese mes.

En el ínterin, tras haber amenazado un mes antes con nacionalizar la banca, el 14 de febrero el "revolucionario" presidente Hugo Chávez "respondió" a la ofensiva patronal decidiéndose finalmente por decretar la libre flotación del bolívar en el más puro estilo neoliberal, reemplazando al sistema de bandas imperante desde 1997, con lo que el dólar se disparó en 24 horas de 803 a 1,099 bolívares por unidad, sellando así una devaluación del 26,9 por ciento. Este bandazo indujo previsiones inflacionarias y la posibilidad real de que en el mediano plazo el país desemboque en una estangflación o depresión económica con alta inflación. Esta liberación abrupta de la moneda, se enmarcó en un doble plan de estabilización con recortes fiscales destinados a reducir de cuatro a dos por ciento el déficit fiscal, para paliar los desajustes causados en el presupuesto por el descenso de los precios del petróleo y relanzar las exportaciones, todo ello inspirado en la directivas del FMI a las que el gobierno siguió sometido (16) . "Esto es el neoliberalismo salvaje", sentenció el economista venezolano Orlando Ochoa, al tiempo que su colega, Miguel Rodríguez, proponía "integrar al presidente Chávez en el club de los monetaristas". Ante este viraje de 180 grados operado nuevamente en Venezuela, el FMI dio su bendición al gobierno bolivariano de la V república: "Las medidas van en buena dirección" indicó su portavoz, Thomas Dawson. Por su parte, el presidente de la muy privada "Asociación Bancaria", Ignacio Salvatierra, declaró que la medida supone "un retorno a los mecanismos tradicionales":
http://www-ni.laprensa.com.ni/archivo/2002/febrero/15/elmundo/

Paralelamente, el 25 de febrero Chávez designó discrecionalmente a un nuevo presidente y a cinco miembros de la junta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), lo que provocó la insurrección de los ejecutivos destituidos y más de 3.000 seguidores entre los empleados de la estatal petrolera, quienes decidieron no reconocer a la junta directiva designada por el Gobierno, basándose en la potestad que le confieren los estatutos de la empresa y la legislación vigente, en virtud de que los nuevos directivos fueron nombrados por criterios puramente políticos al margen de sus méritos profesionales. El 4 de marzo, los trabajadores petroleros solidarizados con sus directivos plantearon un ultimátum al gobierno para que destituya la junta nombrada por él. Un día antes, siempre en la línea política del FMI, Chávez anunció que durante todo el año 2002 no habría aumento de sueldos para nadie: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1854000/1854767.stm

El 6 de marzo Acción Democrática y COPEI, junto a la Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV) se hicieron directamente visibles en alianza con los grandes medios noticiosos, los directivos de la cámara de comercio (Fedecámaras) y los popes de la iglesia católica, para formular un programa nebuloso ("Bases para un Acuerdo Democrático") con el fin de reemplazar a Chávez. El nuevo acuerdo declaró que el Estado debe respetar la "autonomía" de las instituciones económicas y civiles (en clara referencia a PDVSA), la prensa corporativa y la iglesia católica.

11.-El desenlace golpista

El conflicto con PDVSA, que comenzó el 8 de marzo, se prolongó durante todo ese mes, con varias paralizaciones parciales de la empresa durante la última semana y primeros días de abril, lo cual produjo trastornos considerables en la producción, exportación y refinación del crudo. El 18, el gobierno amenazó con militarizar la empresa. El 24 los trabajadores dieron plazo Chávez hasta el 1 de abril para sustituir a los directivos nombrados. A fines de marzo, el gobierno contestó ratificando a la directiva cuestionada que procedió a aprobar las jubilaciones supuestamente forzadas del consultor jurídico y del titular de relaciones públicas de la empresa, lo cual fue interpretado por los empleados como una represalia y una provocación. Esta movida del gobierno desbordó el conflicto que incluyó el inicio de la paralización de actividades en cuatro refinerías y la suspensión de las labores de los camiones cisterna que abastecen los puestos públicos de venta de gasolina, así como la suspensión de labores administrativas.

El 7 de abril, apoyándose en las atribuciones especiales que otorga al ejecutivo la Constitución Bolivariana, el gobierno despidió a siete altos ejecutivos de la estatal petrolera PDVSA y dio la jubilación a otros 12, acusándolos de la escalada del conflicto que desde hacía seis semanas mantenían los trabajadores de la corporación (17) . Antes de esa nueva represalia, previendo la probable generalización del conflicto, Chávez se desdijo de sus propias declaraciones del mes anterior, y el 5 de abril anunció la aplicación de un aumento general de salarios de un 15% para restar fuerza a la oposición. El 9 se cumplió el presentimiento del gobierno, la CTV y Fedecámaras convocaron a un paro general de 48 horas en solidaridad con los trabajadores de PDVSA, con una adhesión significativamente inferior a la huelga del 10 de diciembre. El 10 de abril, el presidente de la CTV, Carlos Ortega, y el de Fedecámaras, Pedro Carmona, en sendas ruedas de prensa llamaron simultáneamente a la huelga indefinida y a la "desobediencia civil pacífica". Mientras los sindicalistas y patronos sediciosos hacían este llamado, las manifestaciones de ambos bandos en las calles se estaban traduciendo en enfrentamientos armados.

En esos momentos, el general de división de la Guardia Nacional (GN) Rafael Bustillos, exhortó al alto mando militar a "no utilizar la fuerza" en contra de las personas que se encontraban en las calles apoyando el paro de 48 horas. El 11 de abril se supo que los hechos del día anterior se habían saldado con 12 muertos y 110 heridos entre los manifestantes de la oposición, en su mayoría por disparos durante una poco esclarecida escaramuza en las inmediaciones de la sede del gobierno. Esta confusión fue aprovechada por la fracción golpista del ejército para echarle la culpa al gobierno. El generalato de la Guardia Nacional (GN) criticó la ausencia de imparcialidad de sus fuerzas durante la labor de mantenimiento del orden. Carlos Martínez, inspector general de la GN, hablando junto a un grupo de generales del cuerpo, dijo que inicialmente los guardias hicieron su trabajo con corrección, pero posteriormente no fueron diligentes para impedir que grupos de oficialistas agrediesen a otros de oposición.

El jefe del Estado Mayor de la Armada, vicealmirante Héctor Ramírez, señaló que nunca imaginó que Chávez utilizaría la fuerza contra la marcha pacífica en medio de un paro general indefinido que pedía su renuncia. Ramírez subrayó que un gran grupo de militares estaba "convencido" de que Chávez "no debía continuar" como jefe del Estado, porque se había puesto a dirigir "una revolución" que nunca nos explicó. Seguidamente reveló que los militares venezolanos eran "conscientes" de que la salida de Chávez del poder no debía ser por un golpe de Estado militar sino por una acción de la sociedad civil.

Por su parte, el comandante del Ejército, general de división Efraín Vásquez Velasco, se declaró en contra del gobierno por el "atropello" que ha sufrido la sociedad civil y ordenó a las unidades militares que se mantuvieran acuarteladas, al tiempo que acordó con el Frente Institucional Militar para echar a Chávez, con la promesa de no romper la continuidad "democrática". Rodeado de un grupo de militares de alta graduación, Vásquez pidió perdón al pueblo venezolano, dijo que su actitud "no era un golpe de Estado", y se pronunció contra Chávez "porque los muertos de hoy no se pueden tolerar". En ese contexto, los instigadores del golpe aprovecharon para hurgar en la herida del gobierno abierta a fines de enero, a raíz de ciertos informes según los cuales Chávez estaría gestando una alianza con la guerrilla colombiana.

Con la fuerza argumental de estos dos presuntos hechos acusatorios (dirigir una revolución comunista y usar la fuerza armada contra el pueblo), haciendo girar su táctica sobre la ocasional bisagra que le brindaron los militares institucionalistas, la fracción golpista de la FAN, encabezada por el General Vásquez Velasco, abrió las puertas a la destitución de Chávez anunciando su renuncia para que no parezca un ataque contra la institucionalidad de la "V República" democráticamente elegida. Para los sectores militares institucionalistas comprometidos en los hechos del 11 de abril, lo más importante era que la operación de extirpar a Chávez del cargo de presidente no tuviera carácter de golpe y se preservara el hilo constitucional. Cuando el nuevo presidente de facto, Pedro Carmona, decretó la disolución de la Asamblea Nacional y de todo el entramado institucional del "Estado democrático bolivariano", la correlación de fuerzas volvió a cambiar de inmediato porque la bisagra del poder militar constitucionalista -apoyado por la diplomacia norteamericana- pasó nuevamente a manos de los "chavistas" (18). El chavismo militar, que hasta ese momento no había disparado un tiro en defensa de su jefe, sumó sus fuerzas al sector institucionalista y el presidente Chávez, cuya carta de renuncia nunca apareció, volvió al palacio presidencial de Miraflores, hecho ya un cadáver político.

Habiendo decidido desde un primer momento gobernar sin el concurso de los explotados y seguir encadenando el país a las directivas del FMI, la tercera vía del "chavismo" acabó convirtiendo la trágica penuria que se extiende por la sociedad civil venezolana, en una comedia al interior de las instituciones de Estado (19), la declamada "democracia participativa", en una dictadura personal, y la esperanza de millones de menesterosos que le auparon al gobierno, en energía política al servicio de los intereses que prometió eliminar. Si seguimos atribuyéndole sinceridad -a Chávez y a los militantes populares que insisten en confundir este tipo de política con una acción efectivamente revolucionaria- hay que decir que estamos ante un nuevo despropósito socialmente irresponsable y políticamente cuasicriminal.

Por décadas, la vida político-económica total de este país cuya población alcanza los 23 millones, ha sido subordinada al "bon vivant" de una pequeña elite y a cumplir con los pagos de interés exigidos por la deuda externa que los bancos de Wall Street controlan, a expensas de un 80% que ha venido viviendo bajo la línea de la pobreza. Esta realidad es la que el "Movimiento Bolivariano" ha prometido corregir y nosotros no cuestionamos que lo haya intentado sinceramente. Pero lo ha querido hacer como el gobierno español dice que lo ha hecho el PSOE durante la última huelga: "soplando y sorbiendo al mismo tiempo", o sea, procurando nadar a favor de los pobres sin que se le moje la ropa del sistema capitalista que lleva puesta. Y eso, de no pasar por otro infierno bélico a escala planetaria, es imposible. Más todavía en un país capitalista dependiente como Venezuela.

El proceso que Chávez encabezó durante los últimos tres años, no fue un conflicto populista clásico entre el bloque de poder conformado por las burguesías nacionales dependientes y sus respectivos asalariados, por un lado, y el capital imperialista por otro. De hecho, su política empezó enfrentándole a la patronal en su conjunto y a la oligarquía político-sindical configurada por el "Pacto de Punto Fijo", para acabar enajenándose la voluntad mayoritaria de la clase obrera y de buena parte de los marginados cuyos votos le alzaron a la presidencia del país. Pero esa política nunca perdió la confianza del FMI ni del BM, los dos policías económicos del gran capital multinacional. Todavía tras el golpe y el contragolpe, debilitado como salió ante las FF.AA. y el conjunto de la sociedad, el 6 de junio próximo pasado una comisión del Banco Mundial que se entrevistó con Hugo Chávez, celebró la coherencia del paquete económico propuesto por el nuevo gobierno. El representante del organismo crediticio internacional para México, Venezuela y Colombia, Oliver Lafoncreu, destacó la coincidencia entre ese programa y los objetivos del BM para "combatir la pobreza".

Por su parte, fuentes militares han señalado que el retorno del presidente Chávez al poder fue previamente negociado. Los generales venezolanos le impusieron condiciones para que pudiera volver al palacio presidencial de Miraflores. Entre ellas, comprometerse a no involucrar a las fuerzas armadas en su discurso político ni pretender convertirlas en un partido a su servicio, así como a no utilizar el uniforme militar (el presidente Chávez ya anunció que no vestirá más de teniente coronel) y a eliminar el calificativo de revolucionarias a su sus acciones de gobierno. El alto mando también exigió al presidente que disuelva los "Círculos Bolivarianos". Es que la correlación militar de fuerzas se ha vuelto de tal modo desfavorable al "MRB 200", que si el presidente venezolano quisiera someter a juicio por rebelión a todos los militares implicados en el golpe, tendría que proceder a una purga imposible de realizar porque no habría relevo para los puestos vacantes, en el supuesto de que no provocara otra rebelión.

La debilidad de la fracción chavista post golpe, se mide también por su incapacidad política para efectivizar el escarmiento, siquiera selectivo, al brazo armado de los enemigos que juramentó combatir. Diez días después de reasumir el gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela revocó la detención domiciliaria y otorgó la libertad condicional a cuatro altos oficiales acusados de participar en el golpe, aunque el presidente del TSJ, Iván Rincón, dispuso que los militares no podrán salir del país ni ausentarse del área metropolitana de Caracas sin permiso, deberán presentarse una vez a la semana ante ese tribunal y no podrán participar en marchas o en cualquier otro tipo de actividades de carácter político. La decisión del Supremo benefició al ex comandante general del Ejército y general de división Efraín Vásquez Velasco, al vicealmirante Héctor Ramírez, al contraalmirante Daniel Comisso y al general de brigada de Aviación Pedro Pereira. Respecto del empresario sedicioso, Pedro Carmona, tras permanecer unos días bajo arresto domiciliario, se le permitió exiliarse en Méjico junto a su valedor político: Carlos Andrés Pérez.

A partir de entonces, la política chavista de consolidación de la OPEP para revalorizar el precio del petróleo, su amistad con Fidel Castro y la venta de crudo a Cuba, su condena a los ataques en Afganistán por "combatir al terrorismo con terrorismo", su reticencia a sumarse activamente a la respuesta militar del Plan Colombia, su oposición al ALCA y su apoyo a la alternativa -sin sustento social burgués- de la integración regional capitalista independiente soñada por Bolívar, todo esto, a juzgar por el dos veces metamorfoseado "Maisanta" que volvió a gobernar formalmente desde el 14 de abril último, parece algo de un pasado que no volverá.

12.-Conclusión

En este punto de la lectura, cabe que se nos ponga ante el desafío de responder a ¿qué otra cosa mejor podía haberse hecho bajo las condiciones en que debió gobernar el "Movimiento por la V República"? En primer lugar, es ésta una pregunta impertinente, porque los revolucionarios no podríamos participar hoy en un gobierno de un país como Venezuela ni en cualquier otro del mundo actual, precisamente porque las condiciones subjetivas de hoy día son contrarrevolucionarias.

En condiciones contrarrevolucionarias un gobierno tiene que ser esencialmente contrarrevolucionario. Además, no puede serlo solamente "un poquito" para dejar de serlo más adelante, del mismo modo que una mujer no puede estar "un poquito" embarazada. Es una cuestión de lógica específica del objeto específico. La lógica del embarazo conduce inevitablemente a la reproducción del ser humano genérico y la lógica política de la contrarrevolución conlleva no menos fatalmente la reproducción económica y social del capital. Esto es lo que han hecho los reformistas toda la vida.

Y el caso es que el "chavismo" decidió gobernar -no por casualidad- bajo la lógica política de la contrarrevolución en pleno apogeo, aun cuando, contradictoriamente, sobre una ola de descontento popular. Las masas que en este momento se revuelven contra el capitalismo -en Venezuela y en cualquier otra parte- lo hacen con la esperanza de vivir mejor dentro de este sistema. No aspiran a más que a esto. Y bajo semejantes condiciones, cualquier gobierno determinado por esta lógica de la contrarrevolución dominante en la sociedad actual, no puede resultar otra cosa que la reproducción económica y social del capital social global según la ley general de la acumulación capitalista, por más buena voluntad que todos los Chávez del mundo pongan en ayudar a los pobres. Esto es lo que se está confirmando, una vez más, en Venezuela.

Analítica Research (AR) acaba de presentar una síntesis del informe "La Pobreza en el Trienio 1999-2001", del profesor Matías Riutort, uno de los especialistas venezolanos en el tema. Según el informe, a pesar del supuesto enfoque social que habrían tenido las políticas públicas durante el presente gobierno, la pobreza se ha incrementado y el pretendido avance social fue negativo. De acuerdo a la información suministrada por OCEI en Indicadores de la Fuerza de Trabajo, el ingreso medio nominal de los hogares aumentó en 11,4% en 1999 y en 6,7% en 2000. Mientras que el Valor de la Canasta Normativa de Consumo aumentó para esos mismos años 14,6% y 13,2%, respectivamente. Estos resultados indican que el ingreso medio de los hogares tuvo una pérdida de poder adquisitivo de 2,8% en 1999 y de 5,7% en 2000. Para el año 2001 no se dispone aún de los resultados de la Encuesta de Hogares para el segundo semestre. Por esta razón se establecieron hipótesis en cuanto al comportamiento del ingreso medio de los hogares. Este puede haber aumentado entre 9,8 y 13,2%. Teniendo en cuenta que el Valor de la Canasta Normativa de Consumo aumentó en 14%, esto implicaría que el poder adquisitivo pudiera haber caído hasta un máximo de 3,7% en el año 2001. Considerando los tres años de gobierno "chavista" en forma conjunta, el ingreso medio nominal de los hogares aumentó entre 30,6 y 34,6%, mientras que el Valor de la Canasta Normativa de Consumo (costo de vida) aumentó en 47,8%. Esto quiere decir que en el trienio 1999-2001 el poder adquisitivo de los hogares venezolanos pudo haberse reducido en promedio entre 8,9 y 11,7%. A pesar de que los niveles de inflación del trienio fueron inferiores a los registrados en 1997 y 1998, la economía no fue capaz de generar ingresos que superaran el crecimiento de los precios. Esto obviamente es el resultado de una economía cuyo producto per cápita se redujo en relación al alcanzado en 1998, y ha funcionado con altos niveles de desempleo e informalidad. Como resultado de todo esto, en el año 2000 aumentó tanto la pobreza general medida en términos de la canasta normativa de consumo global, como la pobreza crítica medida en términos de la canasta normativa de consumo de alimentos. En el año 1998 el 57,6% de los hogares venezolanos tenía ingresos inferiores a la Línea de Pobreza General. Dos años después, el porcentaje de hogares pobres aumentó a 60,3%. En el año 1998 el 28,8% de los hogares tenía ingresos inferiores a la Línea de Pobreza Crítica, situación parecida a la media europea de hace más de ciento cincuenta años (Dikens). Entre 1999 y 2000 se produjo una reducción en el porcentaje de pobreza crítica, gracias a que los precios de los alimentos crecieron más lentamente que el resto de los bienes que conforman la Canasta Normativa de Consumo. Este fue el único mérito del gobierno bolivariano bajo las directivas del FMI y del BM. Así es cómo el señor Oliver Lafoncreu, actual representante del BM para Venezuela, Méjico y Colombia, propone "comabatir la pobreza en el mundo". Un criterio que condena al capitalismo como sistema de vida, en tanto demuestra ser incapaz de garantizar a los explotados la participación en el progreso resultante de su trabajo.

Ante el retraso en la conciencia social y política de millones de explotados respecto de la insoportable situación objetiva o material en que viven, el problema es que decenas de millones de militantes populares que quieren sinceramente superar las lacras del capitalismo, contradictoriamente pierden tiempo sembrando una nueva desesperanza en el despropósito de apoyar gobiernos como el del "frente patriótico" de Chávez, que prometen cambios favorables a los pobres pero aceptan las leyes de la explotación de trabajo ajeno y de la acumulación del capital, que lo impiden, con su inevitable secuela de paro, penuria y desgracias humanas lacerantes.

Por todo esto es que los revolucionarios rechazamos estar en el escenario que nos plantea la pregunta, porque lo que hay que resolver no pasa por imaginarse metidos en la piel de un ocasional burócrata burgués de izquierdas -para más inri militar- sino en nuestra propia piel de explotados, en la piel de la única clase social universal capaz de dar solución definitiva a todos los males de este mundo. Una vez ahí, la forma de la pregunta abandona la alteridad de clase y cambia de perspectiva, porque no se trata ya de lo que Chávez pudo haber hecho por los explotados y no hizo, se trata de saber qué debemos hacer los explotados por nosotros mismos en las actuales condiciones de la lucha de clases. Tal es la diferencia entre el recurrente ser social por un otro en el que se cree pero no se conoce, y el ser social por sí mismo que, conociendo a su otro, llega al conocimiento de su propia necesidad de actuar para sí.

Desde esta perspectiva de clase, la otra cosa mejor que hubiéramos hecho nosotros en Venezuela, es lo que estamos haciendo con carácter prioritario: emplear la moderna ciencia social del materialismo histórico aplicada a experiencias como la de Venezuela, para convencer de que antes de plantearse gobernar, los revolucionarios de verdad deben contribuir a crear las necesarias condiciones subjetivas para ello; trabajar con conocimiento, inteligencia y tenacidad, para que los millones de militantes populares que sienten hoy día la necesidad de acabar con las lacras del capitalismo, comprendan que hacer realmente posible satisfacer esa necesidad, no pasa por aceptar las leyes económicas que reproducen esas lacras independientemente de la buena voluntad de quien sea, sino por empezar a implantar otras leyes -no naturales sino científicosociales- acordes con el desarrollo de las fuerzas productivas y los intereses de las mayorías absolutas que en este mundo son explotadas por una minoría cada vez más irrisoria y superflua.

Para eso, insistimos una vez mas en que es imprescindible que los asalariados abandonemos la tutela ideológica, política y organizativa de los burgueses, cualquiera sea su fracción. Nada de cepos parecidos al "Frente Patriótico" y a gobiernos como el de la V república burguesa. Y el primer paso para recorrer este camino hacia nuestra propia emancipación y de la humanidad entera, consiste en que los asalariados más sensibles y críticos del capitalismo, dejen de lado supercherías como la que últimamente se sacó de la chistera el prestidigitador social de moda, Anthony Giddens, y decidan organizarse en torno al materialismo histórico, la única actividad del intelecto referido a la sociedad que merece el calificativo de ciencia.

Esta propuesta es rechazada con indiferente desprecio por las más amplias masas de asalariados en el mundo, que van por la vida con el "pensamiento único" burgués y el remache de la debacle burocrática soviética como "fracaso del comunismo" en la cabeza. No es la primera vez en la historia que la burguesía logra construir corazas ideológicas como ésta en la conciencia del proletariado, tantas como las contradicciones del sistema le impulsaron a destruir con sus luchas. Y la próxima vez, el proceso no será distinto. Sabemos que esta coraza ideológica sólo ha saltado y de seguro volverá a saltar hecha añicos, por obra exclusiva de la acción contestataria espontánea frente las agresiones del capital. De ahí la importancia decisiva de que los revolucionarios coincidan en incentivar y acompañar estas luchas tratando en todo momentos de ponerse al frente de ellas.

Pero, cuando esto ocurra, una vez que el proletariado haga ese trabajo de destrucción ideológica y de nuevo se muestre permeable a las ideas revolucionarias, su vanguardia ideológica y política ya tiene que haber acabado la tarea de autoorganizarse en torno a la teoría revolucionaria y generado en la sociedad opinión pública realmente alternativa a la burguesa hoy predominante. Y esta tarea es tanto más prioritaria cuanto más tiempo se prolonguen los períodos de retroceso de la lucha política de los explotados y de relativa paz social entre las clases, como es el caso que está ocurriendo ahora mismo. Tal es el sentido y condición de existencia de organizaciones como el GPM y trabajos como éste que presentamos aquí, en línea con nuestra declaración de principios.

Madrid, junio de 2002

Notas

  1. La "Petroleum Intelligence Weekly" clasifica a "Petróleos de Venezuela sociedad Anónima" (PDVSA) como la segunda empresa petrolera del mundo. El 78% de las divisas de ese país, el 54% de los ingresos fiscales, y el 19% del PBI (26% si se cuenta el ingreso por la venta de derivados) provienen de la exportación de crudo. Del total de la energía nacional, 28% es hidráulica, 45% la origina el gas y 24% el petróleo y la gasolina. Si se produjera como hace 30 años, la producción sería de 10 millones de barriles.volver
  2. En una economía abierta donde impera un tipo de cambio libre, flotante o flexible, el valor de la moneda extranjera fluctúa según la oferta y la demanda, determinada, a su vez, en parte, por la diferencia entre las compras y las ventas de dólares para liquidar el valor de las importaciones y exportaciones de mercancías. En ese supuesto, si las importaciones se incrementan a un ritmo mayor que las exportaciones del país, la moneda extranjera tiende a aumentar de precio, hecho que desestimula las importaciones por encarecimiento, con lo que la balanza comercial tiende al equilibrio. El tipo de cambio fijo (preferencial) se independiza de este mecanismo, propiciando la especulación fraudulenta con moneda extranjera mediante la sobrefacturación de compras al exterior y el recurso al seguro de cambio, lo cual tiende al agotamiento de las reservas internacionales del país y al colapso del sistema económico.volver
  3. Esta rebelión comenzó a prepararse en la clandestinidad de los medios castrenses, en 1983, cuando un grupo de oficiales y suboficiales juraron en secreto libertar a la patria del yugo del bipartidismo y la oligarquía mediante un levantamiento militar que estuvieron planeando durante casi diez años. Fracasado el intento, una vez dejados en libertad los sediciosos cambiaron las armas por las ideas y la doctrina, e iniciaron la segunda etapa de la lucha por ese mismo propósito. Para ello construyeron el brazo cívico de ese movimiento militar que pasó a un segundo plano. Así emergió de las sombras cuartelarias el "Movimiento Bolivariano Revolucionario 200" (MBR-200), mentor político del "Movimiento V República" y del "Polo Patriótico". volver
  4. "El 18 Brumario de Luis Bonaparte". Ivolver
  5. La elección de Chávez puso en marcha esfuerzos para organizar y movilizar a otros sectores de la población, incluyendo los desempleados, los ocupantes ilegales de tierras, e incluso a los presos. Las cárceles venezolanas están entre las más derruidas y peligrosas del mundo. El Presidente Chávez y algunos de sus seguidores se reunieron con los presos y los convencieron de entregar sus armas. Sarith Suriega, una congresista perteneciente al Partido de la Quinta República de Chávez que participó en el esfuerzo, dijo que "los presos entregaron armas que tenían ocultas en las paredes, y a cambio "nosotros les prometimos estudiar sus quejas, no sólo sobre las condiciones carcelarias, sino también sobre sus propias sentencias, que consideraban injustas."volver
  6. Además de su función específica de seguir empeñadas en la "seguridad nacional", según lo dispone el "Plan Bolívar 2000" pasó a ser también competencia de las FF.AA. dedicarse a tareas productivas, asistenciales y de mantenimiento, tales como construir carreteras, desarrollar planes médico-hospitalarios, barrer las calles o pintar escuelas. volver
  7. A iniciativa del gobierno venezolano, la tercera sesión plenaria de la OEA celebrada el 08/06/99 aprobó la realización de una jornada de análisis y reflexión sobre "democracia participativa", que se llevó a cabo en San José de Costa Rica el 10/04/00, logrando que el concepto de "democracia participativa" se incluyera en el proyecto de Carta Democrática Interamericana que prepararon las delegaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el XXXI Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de esa organización regional. Celebrada en San José de Costa Rica, del 3 al 5 de junio de 2001. En esa reunión, Jorge Valero, representante venezolano ante la OEA se encargó de esta misión que ha pasado a ser "un punto de honor para el presidente Chávez y su equipo de política exterior". Pero este honor pasó por el aro de la conveniencia, porque esta vez el gobierno venezolano declinó presentar el concepto en oposición al de democracia representativa. El embajador Valero debió insistir en que la democracia participativa no significa menospreciar la democracia representativa, aceptando que son conceptos e ideas complementarias, algo más parecido a lo que estaba sucediendo en el país. Esta moderación fue clave para que la propuesta venezolana fuera aceptada dentro de la OEA. volver
  8. Entre el MVR y el MAS se repartieron el 60% de los puestos en el parlamento, aunque no fue suficiente para adjudicarse las dos terceras partes de la Asamblea. En torno a este reparto ya se produjo la primera ruptura en el frente político del "chavismo". Dos meses antes de realizarse los comicios, el MVR rompió su alianza con el partido "Patria Para Todos", por desacuerdos en el apoyo a candidatos regionales.volver
  9. El proceso privatizador en Venezuela comenzó en enero de 1990 con la venta del 68,43% del Banco Occidental de Descuento por un monto de 9.652.820 dólares. Desde entonces, Venezuela ha privatizado 32 empresas del Estado lo cual se ha traducido en más de 2.000 millones de dólares en ingresos y en el traspaso de más de 37.000 empleados del sector público al privado. Ciertos apologetas del "chavismo" dicen que estas privatizaciones son parte del tira y afloja con los ultraliberales, una concesión a cambio de preservar a PDVSA en su condición de sociedad anónima estatal. volver
  10. Las acusaciones partieron de un informe filtrado a la prensa desde la Contraloría General de la República. Según este informe, en la Guarnición de Mérida desaparecieron 350 millones de bolívares. A quien estaba a cargo, Jorge Luis García Carneiro, lo ascendieron a general de División y lo colocaron como Jefe de la Casa Militar. De la Guarnición de Guárico desaparecieron 240 millones de bolívares. Quien estaba a cargo, Melvin José López Hidalgo fue ascendido a general de División y nombrado Comandante de la Tercera División de Infantería en Caracas. En la Guarnición de Monagas desaparecieron 600 millones de bolívares. Estaban a cargo el general Néstor González González - ascendido a general de División y nombrado Comandante de las Escuelas del Ejército- y su administrador, el teniente coronel Pedro Gómez Galarraga.volver
  11. Desde la matanza de Shangai en 1927, hasta el genocidio de la última dictadura militar en Argentina, pasando por numerosos y trágicos episodios -como el de la guerra civil española (1936-39) y la "batalla de chile" (1970-73)- la burocracia stalinista consiguió que el movimiento revolucionario al exterior de la URSS hiciera con el proletariado mundial lo que el PCURS hizo tras la muerte de Lenin con el proletariado soviético: someter sus intereses históricos a los intereses presentes de la pequeñoburguesía.
  12. Un aumento sostenido de la demanda de fuerza de trabajo y, por tanto, de los salarios, sólo es posible bajo condiciones de un lento crecimiento de la composición orgánica del capital, que vaya acompañado por un alza espectacular de la tasa y masa de la ganancia industrial, tanto como para que el crecimiento del empleo y la mejora en el nivel de vida de los asalariados, puedan ser financiados por una también creciente inversión en capital adicional -constante y variable- garantizando, además, el correspondiente aumento en los lujos que los capitalistas satisfacen mediante sus personales fondos de consumo. (Cfr. "El Capital" Libro I Cap. XXIII punto 1)volver
  13. En 2000, los ingresos petroleros duplicaron las previsiones presupuestarias del gobierno, permitieron controlar la inflación hasta reducirla a la mitad (15%) y conseguir un crecimiento del 3,2% volver
  14. Antes de la privatización, había en SIDOR 12.000 trabajadores. Actualmente sólo quedan 5.000 producto de la estrategia de despidos indirectos que la nueva administración privatizada está aplicando. Desde 1998 la empresa pertenece al consorcio Amazonia de capital Argentino, Mejicano, Brasileño y Venezolano.
  15. Lázaro Cárdenas fue un general del ejército mejicano que, cuando fue gobierno -entre 1934 y 1940- expropió veinte millones de Ha. cultivables en 11.000 ejidos y las repartió entre 750.000 familias campesinas, que recibieron en promedio 25,6 hectáreas cada una. De estas tierras, sólo la cuarta parte era cultivable y menos del 5% de riego; la mitad era de pastos y otra quinta parte de bosques. Desde entonces, lo que ocurrió es que el 65% de la población activa de ese país, que era rural en 1940, pasó a ser urbana en 1970, y según las últimas cifras del Censo de Población, entre 1970 y 1990 las actividades agropecuarias pasaron del 39 al 23% de los ocupados. En ese mismo lapso, la proporción del empleo en las ciudades, aumentó del 61 a 77%. en detrimento de la actividad rural. A tenor de estas cifras ¿qué hizo el capitalismo mejicano con aquellas 750.000 familias "beneficiarias" del cardenismo? Lo más seguro es que una parte de sus descendientes haya emigrado a EE.UU, otra languidezca en el paro urbano, y una minoría "privilegiada" malviva de un salario en los suburbios de México DF. La propiedad privada de la tierra produce y reproduce el latifundio, del mismo modo que la propiedad privada sobre los medios de producción produce y reproduce la centralización del capital.
  16. El presidente de Venezuela prometió ser muy "riguroso en el recorte de gastos innecesarios" y anunció que llevará a cabo "un seguimiento directo de los efectos de las medidas". Pero la reducción de gastos "no tocará" los presupuestos destinados a la salud, la educación y los microcréditos, aseveró Chávez, quien también pasó revista al comportamiento del dólar desde que se adoptaron las nuevas medidas.: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1826000/1826387.stm
  17. El art. 236, numeral 16), entre otras atribuciones del presidente la nueva Carta Magna le faculta para: "Nombrar y remover a aquellos funcionarios o funcionarias cuya designación le atribuyen esta Constitución"
  18. El Gobierno estadounidense aconsejó a los golpistas venezolanos que no disolvieran la Asamblea Nacional, según ha revelado el diario The New York Times. Mientras, un ministro del efímero Gobierno del empresario Pedro Carmona asegura que si la transición abortó fue por "un conflicto militar interno". Según New York Times, el viernes 12 de abril el secretario adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos, Otto Reich, habló por teléfono con el empresario Pedro Carmona -designado ese día presidente en lugar de Hugo Chávez- y le dijo que la disolución de la cámara ''era una estupidez'' y causaría demasiado escándalo. Carmona no hizo caso a Reich, ex embajador de EE.UU. en Venezuela, cuyo ''consejo'', el mismo día en que algunos oficiales militares recluyeron a Chávez, ''sugiere un interés temprano y urgente de la administración (del presidente estadounidense George W.) Bush por ver que Carmona tuviera éxito'' y ''que se mantuviera la apariencia de continuidad democrática'', indica el diario. http://www.lavanguardia.es/web/20020417/23466129.html
  19. En el culmen del tercer acto, esta comedia llegó al climax de su naturaleza bufa durante el debate público planteado acerca de si hubo o no hubo golpe supeditado a si hubo o no hubo libre renuncia a la presidencia por parte de Chávez.

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