Segunda "ley habilitante"
y ofensiva antiburocrática paternalista
Finalmente, vencido en octubre el plazo de la "Ley Habilitante", el 7 de noviembre Chávez obtuvo de la Asamblea nacional un nuevo otorgamiento de poderes especiales a partir del 14, esta vez durante un año, para legislar por decreto en materia social, económica y de administración pública. Hasta ese momento, desde el 2 de febrero de 1999 en que juró como presidente, habían transcurrido nueve meses, período durante el cual el "Movimiento por la V República", plenamente legitimado para ejercer el gobierno, se limitó a recrearse formalmente organizando cinco convocatorias electorales que ganó despotricando contra el FMI, pero siguió pagando religiosamente los vencimientos de la deuda externa, y a despecho de que sobre la economía del país pende la amenaza de otro marasmo económico inducido por el descenso brusco en los precios del petróleo, Chávez ni siquiera se atrevió a decretar el control de cambios para prevenir la posibilidad cierta de una nueva fuga de capitales, como la de febrero de 1983, o como la de Argentina en noviembre pasado. La fuga de capitales causada por el miedo a políticas intervencionistas -que el Gobierno atribuye a "intenciones desestabilizadoras"- se cifró, sólo en julio y agosto de 2000, en 3.000 millones de dólares, sumando un 12% del PBI desde 1999. En medio de la catástrofe provocada por las lluvias en diciembre de 1999, Chávez dijo que el pago de la deuda externa es "sagrado". Y su ministro de relaciones exteriores José Vicente Rangel (otrora candidato presidencial del MAS) subrayó: "A pesar de las fuertes pérdidas y el enorme impacto [del desastre] en la economía...la nación cumple y seguirá cumpliendo sus compromisos con el pago de la deuda externa" (Cfr.: Noticiero AP, 24 de diciembre de 1999).
La base programática de toda esta superestructura política montada por el "movimiento bolivariano", se funda en la pretensión de abandonar la economía rentista para crear otra de "tipo productivo" en un marco capitalista de estabilidad financiera que permita articular una política redistributiva de la riqueza y un aumento del empleo. Se sueña con poder utilizar las reservas obtenidas por la explotación del petróleo, como pivote del equilibrio presupuestario y de la proyectada industrialización, algo que sólo pudo suceder durante la última onda larga expansiva del capitalismo, en condiciones de tendencia al alza en la demanda y los precios del petróleo, una añorada edad de oro cuyo nuevo horizonte prometedor de altas ganancias y no tanta miseria de las amplias masas explotadas, sólo puede ser alcanzado pasando por las horcas caudinas de otra guerra genocida de proporciones destructivas tan enormes, como la multibillonaria masa de capital que hoy sobra en el mundo.
A despecho de las lecciones de la historia(11), los militantes anticapitalistas que han se han venido comprometiendo con la revolución socialista por etapas, haciendo en todas partes proselitismo entre los explotados para que apoyen a la izquierda burguesa en su contencioso con la derecha, repitieron este comportamiento en Venezuela celebrando alborozados el triunfo comicial del movimiento bolivariano. Adhirieron a él de todas las formas posibles en su lucha para desalojar de las instituciones del Estado a los agentes políticos corruptos de la gran burguesía venezolana aliada del imperialismo. Cumplido este paso que insumió un año de confrontación puramente electoral, entrado el año 2000 la base económica y social de esa alianza entre el gran capital y la burocracia política y sindical corrupta siguió intacta en su capacidad política a través Fedecámaras y la CTV, que permanecieron a la espera de que el gobierno "moviera ficha". En efecto, hasta ese momento, desde que el gobierno chavista consiguió en abril y renovó en noviembre del 99 la autorización para sustituir al poder legislativo, puso en vigencia una cincuentena de leyes que en modo alguno afectaron seriamente los intereses de la burguesía ni, por tanto, alteraron políticamente la correlación de fuerzas sociales fundamentales hasta entonces existente.
Para conseguir este cambio del poder político dentro de la sociedad burguesa que beneficie a los asalariados en detrimento de los capitalistas en general, Cháves solo ha tenido una opción: aumento general de salarios que eleve sustancialmente el nivel de vida de los empleados e implementación de una política económica y social que comience a transformar el subempleo en empleo asalariado efectivo para el 54% de la población económicamente activa que hoy subsiste malamente bajo el régimen del cuentapropismo. Sólo con el plumazo del aumento salarial posibilitado por la "Ley habilitante", Chávez se hubiera asegurado de un día para otro entrar a saco en la dependencias de la CTV, defenestrar a toda la burocracia sindical corrupta hoy al frente de la CTV, y poner en su lugar otra incondicional a los nuevos propósitos del "Estado bolivariano", tal como hizo Perón en Argentina año 1945, cuando, a caballo de esa misma política sobre el suelo firme de la expansión capitalista de postguerra, fundó el "Estado justicialista". Pero esto no se puede hacer bajo condiciones determinadas por la onda larga depresiva que todavía atraviesa el capitalismo mundial (12). Y menos aun disciplinándose a las directivas del FMI para pagar una deuda externa de 40.000 millones de U$S, como está haciendo Chávez inspirado en la "tercera vía" del ideólogo británico Giddens.
Así las cosas, habiendo renunciado a ser del todo consecuente con los trágicos sufrimientos de la pobreza y apoyarse en la movilización revolucionaria de las masas para romper con las leyes de juego de la explotación capitalista, Chávez debió convertir la política venezolana en una comedia de enredo entre las clases fundamentales del país al interior de las instituciones estatales y civiles. Una vez copados los distintos organismos del Estado, el chavismo lo intentó con los sindicatos. En un primer momento infructuosamente en febrero de 1999, cuando desconoció oficialmente la legitimidad de la CTV, pensando que las bases sindicales harían el resto. Después se sacó de la manga una organización sindical llamada "Frente de trabajadores bolivarianos". En setiembre congeló por decreto las negociaciones para la renovación de los convenios salariales hasta que se celebraran las elecciones sindicales previstas para mayo del 2001. Una vez decretada la paz social, echó mano del referendum consagrado por la nueva Constitución aprobada en diciembre de 1999, para organizar una consulta nacional -adosada a las elecciones municipales y vecinales en todo el país previstas para el 3 de diciembre de 2000- en la que se le preguntó a todos los electores del país -incluidos los patronos capitalistas- si veían necesario sustituir a la actual dirigencia sindical. Ante esta movida, los burócratas de la CTV llamaron a la abstención como repulsa, directiva que fue seguida por un 77% de los convocados, con lo que el referendum quedó completamente devaluado. No obstante entre el 22% de quienes acudieron a las urnas, la respuesta a la pregunta de si había que destituir a la actual dirigencia de la CTV fue mayoritariamente afirmativa, aprobando también el criterio de la elección por la militancia de base, en vez del nombramiento a dedo de la dirigencia sindical. Pero el candidato de su Movimiento V República (MVR) no ganó, demostrándose que los asalariados no consideraban a Chávez como un aliado confiable contra los patronos.
Otra cosa ocurrió con los sectores más deprimidos de la sociedad, que en el año 2000 se vieron favorecidos por un aumento en el gasto público del 42% financiado con los mayores ingresos petroleros de ese año. El Plan Bolívar 2000, algunas obras públicas e infraestructuras y, en general, un cierto aumento de gastos en educación, sanidad o vivienda fueron posibles en este contexto. Sin embargo, estas medidas estuvieron bastante por debajo de lo que muchos sectores de la base social chavista esperaban, que era un cambio radical en sus condiciones de vida. No obstante, parte considerable de esta base social que mantuvo viva su esperanza en el régimen, se hizo incondicional del proceso y pasó a engrosar las "Círculos bolivarianos", de crucial protagonismo en la vuelta de Chávez al poder tras el golpe del 11 de abril próximo pasado.
Madrid, junio de 2002
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