Conclusión

En los espacios de publicidad electoral concedidos por el Estado a los partidos políticos institucionalizados —con vistas al llamado impropiamente “referéndum” por la constitución europea—, todos los partidarios del SI se han prodigado curiosamente en tratar de convencer de lo que proponen, haciendo alusión a supuestos derechos sociales, objetivos, que en la sociedad española actual no aparecen por ningún ladoexcepto en el papel, y que este Tratado ni siquiera contempla ni se lo propone a pesar de que los mencionen.[ [23] ] ¿Por qué? Pues, porque las cada vez mayores exigencias de ganancia del capital, lo impide.

 

El Partido Popular —en un encuadre sociológico de imágenes puramente urbanas—, hizo campaña por el SI haciendo terrorismo ideológico con una serie de duplas de sentido genéricamente contrapuesto, identificando el SI con el significado, de palabras bonitas como coherencia, empleo, pluralidad, tolerancia, sensatez, apertura, seguridad solidaridad, rumbo, o libertad de expresión, y al NO con caos, paro, monotonía, radicalismo, imprudencia, cerrazón, vulnerabilidad, indiferencia y desorientación. Como si leyendo este engendro de “constitución”, pudiera descubrirse algo más que coherencia y solidaridad entre los magnates del capital que trazaron sus líneas políticas directrices a los mandados de la Conferencia Intergubernamental, completamente a espaldas de la participación y el conocimiento de los asalariados, llamados a votar en favor del SI. Sólo a última hora, de prisa y corriendo, decidieron publicar unos cuantos trípticos que repartieron en los estadios de fútbol y por algunas calles del país, donde han proferido los mismos insultos a la más elemental inteligencia política que exigen las actuales circunstancias.

 

De este modo, demuestran que la coherencia, la solidaridad, la seguridad, el rumbo y la libertad de que hablan los señores del Partido Popular, es la suya, que comparten con la fracción de la burguesía que representan sus demás colegas de partidos afines en el aparato de Estado español y en la UE, que han llamado a votar por el SI. Chantajearon amenazando con el caos, la desorientación, la vulnerabilidad y la ausencia de libertad —que ellos mismos han impulsado con sus políticas en función de gobierno— a quienes, por temor a más de todos estos males si no se disciplinan al conjuro, en buena parte se inclinaron ante estos sacerdotes fundamentalistas oficiantes del culto mitológico a la propiedad privada capitalista, depositando dócilmente su voto por el SI.

 

Como si aprobando ese tratado, fuera a desaparecer la vulnerabilidad, la inseguridad, la desorientación y el caos inducido en que se encuentran sumidas las familias del más de un millón de parados y de los cuatro millones y pico de empleados que trabajan en régimen precario —cuando no sin régimen alguno— bajo la vista gorda de estos políticos; como si en semejantes condiciones se pudiera llegar a ser otra cosa que indiferente, cuando no imprudentemente radical. Por eso, no es improbable que su borrachera de poder les haya traicionado, y los “tontos” de esta película les tengan preparada una inesperada lección de cultura política autodidacta, que nosotros celebraríamos alborozados. No sería ésta la primera vez en la historia y no nos estamos refiriendo precisamente al resultado de esta consulta electoral.

 

En cuanto al PSOE —parece que, menos proclive a confiarse de sus propios handicaps políticos de consenso— ha optado por renunciar a los contrastes —por eso de los ominosos incendios asociados a los corto circuitos—, y se ha dedicado, en exclusividad, a cargar la conciencia de su clientela política con “energía positiva”. “Se trata —decían literalmente entre sucesivos cuadros alusivos de imágenes personalizadas e intimistas— de la economía, de la pesca, de la educación, del progreso y del empleo, de las ciudades, del futuro de los jóvenes, de los adultos, de las mujeres, de la justicia, de los jubilados, de la paz, —y, en fin— de nuestros derechos”.

 

Se deben referir a los derechos de reunión, de asociación y de opinión, de entrar y salir libremente del territorio nacional[ [24] ]; de besarse y hasta fornicar en cualquier sitio público, de esnifar cocaína, chutarse heroína o ponerse de alcohol hasta las cejas en calles y parques de todas las ciudades de España (y del Mundo). ¿Qué otros “derechos” señores? ¿Quieren que hablemos del derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación? ¿En que porcentaje han progresado esos derechos respecto del enorme progreso alcanzado por las fuerzas productivas de la sociedad española en los últimos veinticinco años de “democracia”?

 

¿Qué significa la palabra derecho? Etimológicamente proviene de los vocablos latinos “directus”, que significa “lo derecho”, “lo recto”, “lo rígido”, “lo que está de acuerdo con —o conforme a— la regla”, y “dirigere” o regere”, que significan respectivamente “dirigir”, “regir”, “conducir” o “gobernar”.

Así pues, desde el punto de vista etimológico, la palabra derecho proviene del latín “directum”, la cual deriva de “dirigere”, que signitfica “enderezar”, “dirigir”, “encaminar”. Sin embargo, lo que se conoce por “derecho” no desciende de una palabra latina de morfología semejante e igual significado, sino del vocablo latino de antigua raíz indoiránica “ius”, que designaba el lugar o acto de administrar justicia y del cual se han derivado las palabras “justo”, “juramento”, “justicia” —como sinónimo de derecho— y, más recientemente, jurisprudencia, jurídico, jurisconsulto, jurisdicción, jurisperito, etc.

Ahora bien, en su acepción más moderna, por un lado, la expresión ius” hace referencia al “derecho” como conjunto de reglas o leyes que imperan coactivamente sobre el universo de una determinada comunidad. Pero, por otro lado, esa misma expresión se entiende, contradictoriamente, como el enunciado de los derechos fundamentales de las personas. Y el caso es que, según avanza el proceso de acumulación del capital, las leyes coercitivas por las que se rige la sociedad, capitalista, no hacen más que ir negando —uno a uno— los supuestos derechos fundamentales de las personas, excepto uno que, si es preciso, el Estado burgués está dispuesto a cumplir y hacer cumplir a sangre y fuego: el sacrosanto derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción. Empezando por el derecho fundamental más importante, del cual depende, en gran medida, el derecho a la vida —y no precisamente vegetativa—, en tanto que se trata del trabajo creativo, de la actividad teórico-práctica distintiva de los seres humanos respecto del resto del reino animal.

Y el caso es que, desde principios de la década de los setenta del siglo pasado, coincidiendo con la crisis económica desatada por la crisis de sobreacumulación absoluta que obligó a decretar la inconvertibilidad del dólar —agravada por el aumento artificial en los precios del petróleo— el capitalismo mundial ha operado el más profundo ataque de sus leyes laborales coercitivas sobre los derechos fundamentales de los trabajadores. Así, los Estados burgueses, mediante una reforma laboral tras otra, de modo asimétrico pero sistemático, fue convirtiendo el derecho fundamental a la seguridad en el empleo, en su contrario: el paro masivo, para luego democratizarlo repartiéndolo bajo la última forma legal, igualmente coercitiva, del trabajo temporal  jurídicamente comprendido en los popularmente llamados “contratos basura”.

   

Estamos ante la paradoja, nada aparente, de que, negando el derecho fundamental al trabajo, las leyes coercitivas de la burguesía niegan consecuentemente otros derechos fundamentales, como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad en el trabajo, a la información y, por tanto, a la opinión. Porque, dividiendo y enfrentando a los asalariados en régimen de empleo fijo con los eventuales —en el marco de leyes que abaratan cada vez más el despido—, la burguesía consigue superexplotar al conjunto, someterlo a la disciplina de trabajar más por menos, especialmente a ese más del 70% de asalariados españoles en condiciones de empleo precario.

En efecto, según el estudio de la Tesorería General de la Nación para 2001, las bases de cotización (directamente relacionadas con el salario) se situaban, para los nuevos empleados, en 868 euros mensuales, cuando la base media para los cotizantes anteriores era de 1.387 euros, o sea que la nueva es más de un 30% inferior a la preexistente, y, en el caso de las personas que acceden al primer empleo, este porcentaje negativo oscila entre un 42 y un 37%, según los casos. Los contratos fijos son prácticamente inexistentes, y de los nuevos contratados acogidos al sistema público de protección el 76,62% está constituido por personas con contratos temporales a jornada completa o parcial.

            El hecho es que el común de los asalariados, trabajando en una jornada normal, no gana ni mucho menos lo suficiente para la cobertura de sus necesidades. Esto le obliga a someterse a la multiplicación de horas por jornada, a destajos exhaustivos y a incentivaciones de productividad de toda índole, con el resultado de un agotamiento por  estrés que borran u obnubilan de su cerebro los necesarios alertas ante los signos emergentes de peligro para su seguridad personal en el trabajo. Cualquier psicólogo honesto puede certificar este diagnóstico, poniendo de relieve el carácter superexplotador y criminal de las leyes laborales administradas por empresarios, políticos y sindicalistas institucionalizados.

Los sistemas de seguridad en el empleo, que daban al trabajador autoestima, confianza en sus capacidades laborales y dominio de su propia disponibilidad para sus planes personales, familiares o sociales, están siendo eliminados por los empresarios por inservibles e incluso nocivos para los actuales fines del capitalismo, que entienden como muy peligrosa para su propia seguridad esa libre disponibilidad del tiempo extralaboral por parte de los trabajadores, ya que, dedicado ese tiempo a la reflexión sobre la esencia del Sistema y a la asociación y lucha para el progreso de sus condiciones de vida y de trabajo, la economía de mercado y el sistema empresarial capitalista se verían muy razonablemente amenazados. Es esto lo que, aleccionados por la historia, los capitalistas quieren evitar, y, para ello, están disponiendo, a marchas forzadas, una reestructuración de su sistema productivo, con el fin de subsumir a los asalariados en sus mecanismos enajenantes de forma total, hasta el extremo de que la vieja finalidad obrera de "trabajar para vivir" se convierta en "vivir para trabajar", remachando la maniobra de alienar el poco residuo de tiempo libre que les queda, induciéndoles  al consumismo febril de productos y al culto por las más bajas pasiones alentadas desde los medios de comunicación de masas, que así completan el gueto infrahumano en que se mantiene al conjunto bajo el dominio político absoluto del capital.

     

            A la vista de la obscena evolución de las ganancias experimentada por el ajeno y enajenante mundo de los negocios privados burgueses —cimentado con el trabajo no pagado de los asalariados españoles y de otros países de la periferia capitalista—, ¿hace falta aportar más cifras y datos para comparar el progreso de esta mayoría social absoluta, con el enorme acopio patrimonial de esa irrisoria minoría relativa de banqueros y demás patronos privados en la industria, el comercio y los servicios, con su relativamente dispendioso e insultante fondo de consumo? ç

 

Entonces, ¿de qué democracia nos están hablando? A ver si dejamos las cosas claras de una vez. Esta pregunta no va dirigida naturalmente a los partidos políticos institucionalizados; ni siquiera a las formaciones extraparlamentarias, ONGs y demás, que, de un modo u otro, “les bailan el agua” a unos y a otros . Preguntamos a los trabajadores, especialmente a los asalariados, para que nos pongamos en camino de recuperar la dignidad política de palabras como “derechos”; “libertad”; “democracia” o “solidaridad”.

 

A ver cuando seremos mayoría unida en la voluntad política de limpiar estos bellos conceptos, sin los cuales no vale la pena vivir —y que, hay que recordarlo no pertenecen más que a quienes luchan por ellos— para quitarles toda la basura política y moral que las clases dominantes les han echado encima en estos últimos veinticinco años, con la inestimable ayuda de la izquierda política institucionalizada. ¿Cómo hacerlo? Eso lo deben saber ustedes tan bien o mejor que nosotros, compañeros. Desde luego que la dignidad de estas palabras no se recupera haciéndoles la pelota a los explotadores ni a los embaucadores políticos profesionales a su servicio —con cargo a los presupuestos estatales que financiamos nosotros; esto está más que claro.

 

En cuanto al Partido Comunista de España, que informa la política de la coalición tristemente llamada “Izquierda Unida”, ellos llamaron a votar por el NO, porque dicen que esta constitución no fue hecha por los trabajadores, ni por los jóvenes, ni por las mujeres, ni por los inmigrantes. Porque no es una constitución hecha para los derechos sociales, ni para el desarrollo sostenible, ni para la paz

.

Y tienen razón. Pero la constitución de 1978 tampoco fue hecha por y para los trabajadores, sino por y para la burguesía. Pero también por y para la burocracia y los poderes fácticos franquistas con los que el PCE pactó para que le dejen disfrutar de un lugar al sol en la nueva monarquía parlamentaria bajo la dictadura del capital, a cambio de meter en ese redil a sus bases políticas. Una carta magna elaborada por una ínfima y selecta minoría política servidora de esos intereses —los llamados padres de la Constitución”— todos ellos representantes oficiales u oficiosos de alguna fracción del capital, porque el PCE fue excluido de esa tarea. Sin embargo, este partido la aceptó. ¿Por qué? Pues, porque, en 1975, Carrillo abdicó de la República ante el Rey en favor de la Monarquía, precisamente para que ese partido, bajo su dirección política, pasara a formar parte del sistema oligárquico de partidos burgueses, ocupando el espacio a la extrema izquierda del sistema, el mismo espacio que, desde 1935, reclamaron ocupar en la República, sin contar para ello en ningún momento con los trabajadores ni con sus propios militantes, a quienes engañaron y manipularon miserablemente.

 

Y, como acabamos de recordar, al amparo de esa flamante monarquía constitucional fue posible que la burguesía española se enriqueciera de forma inaudita, llevando adelante el ataque más brutal a las condiciones de vida y de trabajo que los asalariados habían conquistado con sus luchas desde los tiempos de la posguerra civil. Porque en esto no hay que dejarse engañar con el argumento del progreso “en general”, el progreso de “todos”. Faltaría más que siendo el factor subjetivo fundamental de las fuerzas productivas de la sociedad, la clase obrera debiera dar las gracias la burguesía por haber participado de ese progreso.

 

Si durante la década de los sesenta y setenta, la participación de los asalariados españoles en el producto nacional se reducía al chocolate del loro, dado el progreso material alcanzado treinta años después, la proporción que representa esa parte de progreso en términos de salario relativo —directo e indirecto— no sólo siguió siendo el chocolate del loro, sino que se ha visto enormemente reducido en favor de los patrones.[ [25] ] Y en esto ha tenido mucho que ver el comportamiento del PCE y sus adláteres sindicales.

 

Y ahora votaron que NO, pero sólo para salvar la cara una vez más, manteniendo a sus bases políticas obreras en la esperanza de que el capitalismo es estratégicamente compatible con la democratización del progreso social, y de que, alguna vez, la “democracia” obre el milagro, “tacita a tacita”, de que las constituciones puedan ser hechas, algún día, por los trabajadores. Algún día. Y a cambio de esta promesa que posterga la necesidad objetiva de hacer la revolución ya mismo, —del mismo modo que la UE posterga los derechos sociales a ese futuro incierto que llaman “objetivos políticos” ¿qué piden?, confianza en ese futuro, lo cual supone, naturalmente, que ellos se reservan el presente como acólitos de la burguesía en eso de alejar el horizonte de la revolución en la conciencia de la vanguardia amplia del proletariado de tal modo secuestrada, hasta las calendas griegas. Tal es su cometido político estratégico como formación política institucionalizada al interior del Estado capitalista español.

 

De ser por la confianza en el futuro basada en el gradualismo de cangrejo con el que estos señores se han venido empeñando hasta hoy, arreglados estaríamos con su táctica probada de oponerse a cada reforma laboral reivindicando la anterior, que es a lo que se han venido limitando con una concepción del progreso que sólo pudo caber en la cabeza de románticos al estilo de Manrique, cuando propuso conformarse a un presente adverso diciendo que “todo pasado fue mejor”. Menuda idea de la revolución comunista les ha inspirado a estos señores la fe en la praxis “democrática” desde sus cómodos escaños en el Congreso de la monarquía borbónica durante todos estos años. Porque, a decir verdad, no han hecho otra cosa que confirmar el aserto de Marx, en cuanto a que “no es la conciencia la que determina la existencia, sino la existencia social la que determina la conciencia.”. Eh, señor Llamazares, señor Frutos, señora Ángeles Maestro, ¿están Uds. ahí?

 

¿Cómo piensan que los trabajadores podremos alguna vez llegar a inspirar una constitución que asuma en plenitud los derechos sociales, el desarrollo sostenible y la paz, dentro de un orden burgués, donde sólo caben los derechos sociales en tanto no menoscaben la ganancia media, y así no hay manera de alcanzar el desarrollo sostenible ni la paz, desbordados por la tendencia irresistible a la acumulación del capital, si es que no se le pone término expropiando despóticamente su principio activo y sus fuentes?[ [26] ] ¿Cómo es posible esta pretensión dejando intangible la propiedad privada sobre los medios de producción y el ejército burgués?[ [27] ] Esta es la pregunta que ustedes se han venido negando a contestar desde 1935, cuando José Díaz y Dolores Ibárruri aceptaron la teoría de los frentes populares en el VII Congreso de la Comintern stalinista y lo empezaron a llevar a la práctica aniquilando a los revolucionarios marxistas españoles y catalanes en mayo de 1937.

 

El problema que ustedes tienen, no está en que no puedan engañar a tipejos como los del GPM; el problema es que lleguen a perder por su izquierda, la base social de sustentación  política que todavía hoy parece justificar lo que la burguesía se gasta en mantenerles; para eso estamos nosotros trabajando ad honorem, en la seguridad de que vamos siendo cada vez más. El tiempo no pasa en vano. Esto es más dramáticamente cierto para quienes tienen algo que ocultar y bastante más que perder con el capitalismo. Nos referimos al negocio de vivir cómodamente del cuento, creyendo —y tratando de convencer a los demás—, de que la revolución se hace vendiendo la perla de que “otro mundo es posible” dentro del orden burgués, que para eso les mantienen.

 

El sustento político de los revolucionarios es de otro carácter: la teoría revolucionaria y la memoria histórica de la lucha de clases aplicadas ambas al análisis de la realidad actual del capitalismo para su transformación revolucionaria, contando en esta tarea con el aval de los resultados empíricos que confirman la verdad de la teoría y la necesidad objetiva cada vez más acuciante, de asumir la estrategia comunista según esos principios teóricos generales, y los aportes bolcheviques a la táctica de la lucha por la toma del poder y la construcción del socialismo, táctica enriquecida por la inteligente y eficaz adecuación creadora a las condiciones históricas (objetivas y subjetivas) de cada momento. En suma, tratando de sacar nuestra poesía del futuro para hacer día que pasa posible lo necesario.

 

Mientras tanto, los indigentes políticos reformistas burgueses de izquierda, a seguir mendigando la “sopa boba” que todos los dias reciben desde su derecha, como aquellos menesterosos llamados “sopistas”, por la misma comida que diariamente les daban en muchos conventos de los padres capuchinos a las 12 en punto, haciendo un arte tan miserable y pacato de lo posible, como el alimento que les agradecían.

 

Madrid, marzo de 2005         

   

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[23] En el cuerpo 4 del “Proyecto de Carta de los derechos fundamentales de la UE”, con el número  4112/2/00, la presidencia presentó una lista de derechos, en la que se pide que se distingan cuales de ellos son derechos reconocidos “a las personas físicas y jurídicas, que podrán invocar en la esfera de competencias de la Unión”, y cuales (sólo) pueden invocarse como “objetivos políticos” de la acción de La Unión”, es decir que no pueden usufructuarse ni reclamar por ellos porque, como tales,  no existen. La lista de estos derechos —que en cada caso va acompañada de la pregunta “¿derecho u objetivo político?” , o de la recomendación de que se distinga entre derecho efectivo y “objetivo político” es la siguiente: “Derecho al medio ambiente y a la protección de los consumidores”.  “Derecho al trabajo”, del cual la presidencia considera que es un simple “objetivo político”, y que tal objetivo no es el pleno empleo, sino “un nivel de empleo elevado” . “Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo”. “Remuneración equitativa y salario mínimo”. La presidencia recomienda distinguir en este último enunciado, lo que de él se entiende por un derecho adquirido y lo que se considera un simple “objetivo”. “Derecho al descanso semanal y a las vacaciones pagadas”. “Derecho a la pensión”. “Acceso gratuito a los servicios de colocación”, que son los que hoy prestan en todo el Mundo a título oneroso las agencias privadas de colocaciones, rapiñando parte del salario de los “beneficiados”  por agenciarles un trabajo. Derecho a la “orientación profesional y a la formación continuada” .  “Derecho a la salud”. Derecho a la  seguridad social; derecho a la asistencia social y médica. Como decimos, ninguno de estos derechos están definidos en la Carta como derechos reconocidos por la UE. 

[24] Una parte del pueblo vasco está excluido de estos derechos. Son los “sozialista abertzaleak”, nueva denominación de la  organización ya proscrita llamada “Herri Batasuna”. En realidad, se trata de los nacionalistas burgueses de izquierda, que se niegan a condenar la violencia de su brazo armado: ETA., cuyo conflicto con la burocracia política centralista del Estado español, es parte de lo que hemos dado en llamar  “colonialismo atípico en Euskadi”., en tanto que la burguesía centralista representada por esa burocracia política, concluca el derecho histórico a la autodeterminación del pueblo vasco por el hecho de forzarle a formar parte de lo que desde la unión política del territorio bajo dominio no consensuado de las dos Castillas y Aragón, pasó a llamarse España.  En cuanto a los demás ciudadanos, está claro que, para ejercer el derecho de reunión y de asociación con fines políticos con arreglo a la plena vigencia de la democracia como gobierno del pueblo, es necesario el ejercicio no menos pleno e irrestricto del derecho a la opinión. Y en la sociedad capitalista, este derecho está condicionado por el sagrado derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción de la opinión, lo cual, como ocurre con los demás medios de producción , no son los asalariados —en este caso los periodistas— quienes deciden sobre el contenido político de la información y la opinión, sino sus patronos, los dueños o propietarios privados de esos medios, es decir, los capitalistas, tan despóticamente como en las demás empresas privadas. En lo que respecta a las empresas de difusión “publica” o estatal, en tanto el Estado es el brazo político y militar de la burguesía, el despotismo de la información y la opinión es el que, en general, responde a los intereses generales estratégicos del dominio político del capital en su conjunto sobre los explotados, y, en particular, el que ejercen las distintas fracciones burguesas que alternan en la función de gobierno, cada una en favor de sus intereses particulares con fines electoralistas en la política doméstica. Teniendo en cuenta que los asalariados constituyen hoy día la mayoría absoluta de la sociedad en todas partes, se explica por qué la burguesía consigue hacer pasar por democracia, lo que no es más que la mona de su dictadura social y política de clase vestida de seda.          

[25] ¿Quiere esto decir que la clase obrera tenía un nivel de vida superior al de hoy día? No. ¿Significa que tenía menos estabilidad en el empleo y seguridad social que hoy día?. Tampoco. ¿Significa que tenía un mayor salario relativo? Sí.

[26] El colmo del cinismo político a caballo de su propia ramplonería teórica, lo acaba de alcanzar con diferencia el señor Zapatero, vinculando el proyecto de UE con la paz perpetua de Kant. Sobre este asunto ya nos hemos ocupado atendiendo a consultas de una militante de ese partido en: http://www.nodo50.org/gpm/necesidad-comunismo/30.htm y : http://www.nodo50.org/gpm/necesidad-comunismo/31.htm.

[27] El principio activo del capital consiste en apoderarse de una mayor masa posible de trabajo necesario (salario), para convertirlo en excedente (plusvalor) para los fines de la acumulación. Este principio está potencialmente contenido en la propiedad privada sobre los medios de producción y su tendencia al derrumbe del sistema. Tal es el fundamento teórico e histórico del comunismo.