El caso Endesa

Chile se presenta como país modelo en la ejecución de las políticas de libre mercado. Durante la dictadura de Pinochet se puso a la orden del día la privatización de un número grande de empresas públicas. Las privatizaciones absorbieron CAP (Compañía de Aceros del Pacífico), la CTC (Compañía de Teléfonos de Chile), Entel, Endesa, porciones de LAN, etc. En los años de la Concertación, la práctica privatizadora prosiguió, estimulando la acumulación en conglomerados que ya habían encontrado su momento de despegue en los años anteriores. Al parecer, esta política ultraliberal fue una de las condiciones que el régimen de Pinochet impuso a la opocisión para llevar a cabo la llamada "transición".

El éxito de este proceso se expresa en el hecho de que hoy día siete personas tengan el control del 70% de los valores del país. El proceso privatizador ha encontrado su instrumento en una serie de "holdings" que, una vez consolidados en el mercado chileno, extendieron su radio de acción localizándose en otros países del continente, bien sea solos, asociados entre ellos o con empresas transnacionales. Actualmente quedan muy pocas empresas, sobre todo mineras, en manos del Estado chileno. Es posible que conserven esa situación por razones estratégicas (alimentan la burocracia y el aparato militar). Pero a lo largo de los años se han ensayado muchas fórmulas para inducir su privatización.

El carácter de estas privatizaciones constituye un acto expropiatorio del patrimonio estatal. Las concesiones fueron hechas bajo condiciones políticas favorables a los empresarios, (que frecuentemente eran los propios funcionarios de la dictadura, al mismo tiempo empresarios, es decir, intelectuales orgánicos de la burguesía, encargados de realizar las licitaciones) que muchas veces se adjudicaron estos bienes por sumas ínfimas o poniendo como garantías sus propias deudas.

La historia de Endesa España en Chile comenzó cuando esta empresa llegó a un acuerdo financiero con un grupo chileno que representa los más turbios intereses de la burocracia estatal bajo la dictadura militar de Pinochet, implementando todas las técnicas de la ingeniería financiera para desvalijar el patrimonio estatal chileno. La estrategia se alcanzó de modo directo y seguro, reemplazando el riesgo empresarial por la discrecionalidad absoluta del poder estatal para el reparto de la propiedad pública entre los mismos burócratas a cargo del gobierno o allegados a él.

Primero crearon los fondos de pensiones para los trabajadores (auténtico timo de la estampita realizado por el Estado). Como segundo paso se nombraron administradores fiduciarios de estos fondos; como tercer paso, convirtieron esos fondos líquidos en capital procediendo a comprar empresas públicas para transformarlas en privadas que cotizan en bolsa. La consecuencia fue que el Estado enajenó el patrimonio público y que estos gestores del aparato burocrático estatal pinochetista, aparecían como sus únicos beneficiarios en múltiples sociedades donde se hacían cargo de toda la gestión de ese patrimonio, y a su vez adquirían pequeños paquetes de acciones de carácter instrumental (con cláusulas de control sobre las decisiones), única manera de poder participar legalmente en las juntas de accionistas.

La última etapa de esta operación de ingeniería financiera se completó con la entrada de los capitales extranjeros (en este caso ENDESA-ESPAÑA) en lo que podríamos llamar la segunda privatización. Esta vez, las empresas ya privatizadas en manos de estos nuevos capitanes de industria a su paso por el aparato estatal pinochetista, ofrecían vender las sociedades con métodos ortodoxos tipo OPA o con métodos dignos de Meyer Lanski uno de los maestros financieros de los militares chilenos en sus buenas épocas.

La decisión de Endesa-España de entrar en Enersis, está plenamente justificada desde un punto de vista económico-estratégico. Comprando Enersis no sólo se adquiere la primera eléctrica de Chile (que domina asimismo la generadora que se llama como la empresa española: Endesa), sino que además se consigue el control (al sumar sus participaciones de Endesa-España a las de la compañía chilena) de otras empresas generadoras y distribuidoras de electricidad en Argentina, Perú, Colombia y Brasil.

La importancia estratégica de la batalla librada por Endesa-España para lograr el control de Enersis, se ha puesto en evidencia tras la creación del BBVA, donde se ha reabierto el debate sobre si las empresas energéticas tienen el tamaño suficiente para defenderse de una posible operación hostil en un sector que gravita hacia la centralización. La tendencia hacia las fusiones entre las grandes compañías eléctricas europeas son un síntoma más de esta realidad y sus ecos ya se escuchan entre las empresas españolas. La amenaza de ofertas públicas de adquisición no solicitadas es evidente.

Los expertos vaticinan que, en unos años, el sector eléctrico europeo se reducirá a cinco o seis grupos. Empresas como la francesa Edf o las alemanas Vega-Riag y RWE tienen el tamaño suficiente como para absorber de un plumazo a cualquiera de las españolas. La única excepción es Endesa-España, que cogió músculo con la adquisición de la chilena Enersis y, además, está protegida por una acción de oro, por la que -en este caso el Estado español- está legalmente facultado para autorizar o no la eventual adquisición de determinado porcentaje de capital de la Empresa.

La mejor manera de evitar que un grupo se cuele por la ventana es aumentar de tamaño, algo que se consigue mediante fusiones. «Algunas eléctricas ya empiezan a contemplar la posibilidad de una unión con otra empresa del sector», señaló una fuente del mercado bursátil, quien vaticinó importantes movimientos de centralización.

A fines de 1997, cuando se negociaba la nueva asociación entre Endesa-España y Enersis, el presidente de la empresa española, Rodolfo Martín-Villa, declaró que su propósito era "hacer de Enersis la capital de nuestra presencia en la región". "Nuestra obligación y derecho -recalcó- es defender esa inversión" en referencia oblicua a los mil quinientos millones de dólares gastados en una operación que no les aseguró -todavía- control indisputado de Enersis y menos de Endesa-Chile. Estas declaraciones dan una idea clara de la magnitud de los intereses estratégicos del capital imperialista español en todo este asunto.

En agosto de 1997, Endesa-España compró el 29,06% del capital de Enersis tras desembolsar 1.500 millones de dólares (unos 250.000 millones de pesetas). Con tres directores -Rodolfo Martin Villa, Alfredo Llorente y Héctor López Vilaseco- de un total de siete, Endesa-España no tenía el control de Enersis ni gran presencia en la administración. Sólo un ejecutivo español, Emilio García, que es asesor de la contraloría. Haber invertido lo que invirtieron para tener una participación de minoría no era negocio. Apostaron por hacer prevalecer en Chile la dialéctica económica de convertir la cantidad en cualidad, pujando por comprar el control de algo que no se podía poner a la venta. Habían ido a ese país para mandar y no mandaban.

El nudo del problema estuvo en que tras el proceso de privatización iniciado en la época de Pinochet, las compañías chilenas tienen una configuración accionarial peculiar. La participación máxima por parte de un solo accionista estaba limitada estatutariamente al 32% del capital de la empresa, y en todas ellas las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que manejan en su conjunto 50.000 millones de dólares, ocupaban una posición relevante, que en el caso de Enersis alcanzaba al 29,2% del capital de la compañía.

Se trataba, pues, de romper por primera vez el blindaje político desde los tiempos de la dictadura, que garantizaba a las AFP el control monopólico sobre las empresas privatizadas. Esto sólo era posible modificando los estatutos y eliminando la cláusula por la cual un solo accionista no podía apropiarse más de un 32% del capital social. Y para eso, había que conseguir el respaldo de los dos tercios de las acciones emitidas, o negociar directamente con los administradores fiduciarios a espaldas de la masa accionaria.

Los administradores fiduciarios comandados por el ingeniero Yuraszeck y trece o catorce ejecutivos de su confianza, construyeron un holding casi de la nada. Se aprovecharon de las oportunidades que les brindó la dictadura al privatizar Chilectra. Organizaron las Chispas, sociedades de inversión con dos tipos de acciones. De las A se emitieron 75 millones, de las B sólo 250 mil que quedaron en poder de Yuraszeck y los suyos. Las acciones B no daban dividendos, pero sí algo más importante: el control. Las amistades y la dictadura hicieron el resto. El Banco del Estado, presidido por Alvaro Bardón, les prestó 65 millones de dólares para adquirir el 20% de Chilectra. Así comenzó Enersis, que luego se convirtió en un holding que controla Endesa, Sinapsis, la Inmobiliaria Manso de Velasco, Aguas Cordillera y otras empresas.

El año pasado se estimaba el valor de Enersis en cinco mil millones de dólares. A mediados del año pasado, necesitados de capital adicional ficticio en busca de aplicación productiva, los controladores de Enersis decidieron hacer nuevas alianzas para salir gananciosos en enormes negocios que se abrían con las privatizaciones eléctricas en México y Brasil. Con tal propósito buscaron secretamente una alianza estratégica con Endesa-España -por entonces todavía empresa estatal aunque en proceso de privatización- en que ésta abriría poder comprador para las acciones de las Chispas.

Según los términos del acuerdo, Endesa-España destinaría a esa Oferta Pública de Acciones (OPA) -que no está reglamentada en la legislación chilena- mil quinientos millones de dólares. Otros mil millones de dólares sería aporte de capital para Enersis. Ambas empresas formarían una tercera -Endesis, participada por Endesa-España en un 65% y por Enersis en un 45%- para operar en América Latina. Yuraszeck y sus catorce ejecutivos seguirían ocupando puestos claves en el nuevo esquema. La OPA funcionó con tropiezos. Hubo accionistas de la clase A que se negaron a vender, especialmente en una de las Chispas -Luz-, que exigieron mejoría sustancial en la negociación. No era para menos: se estaban destinando 500 millones de dólares para comprar las acciones A, que representaban el 99,9%, y mil millones para la compra del 0,06% de las acciones que eran del tipo B.

Esta operación de control fraudulento tuvo como principal gestor por parte española al director de Endesa-España, Rodolfo Martín Villa, asesorado por el Santander Investment y el despacho de abogados Marco A. Cariola y Cía Abogados Limitada (Marco Cariola es un senador chileno conocido por su afinidad con Pinochet). La compra de los títulos de Enersis se llevó a cabo a través del cohecho con una fracción minoritaria de la compañía: los administradores fiduciarios encabezados por José Yuraszeck, un hombre cercano al senador vitalicio y expresidente de la República. Como se ha visto más arriba,Endesa-España pagó por el 0,6% de las acciones de Enersis en poder de esta minoría, entre 7 y 10 veces más que al resto de los pequeños accionistas
1 (Revista "Qué pasa": "El monarca de Endesa").

A esos pequeños accionistas que habían comprado acciones y a los 4.000.000 de trabajadores que participaban con sus fondos de pensiones, se les pagaba un precio tasado que, para simplificar, vamos a suponer de 100 pesetas la acción. Estos pequeños accionistas vendían sus acciones. Pero los "hijos de Pinochet" que poseían cantidades irrisorias de capital pero que ostentaban el privilegio de la gestión mediante cláusulas políticas impuestas por la Dictadura, llegaban a un acuerdo con la empresa extranjera de la segunda privatización y vendían sus acciones a 700 o 1000 pesetas, única manera de que tuviera "sentido práctico" la operación de cohecho y estafa.

Esa enorme diferencia en el precio de adquisición (sólo en parte justificada porque las acciones de Yuraszeck incorporaban determinados derechos de control sobre la empresa) produjo una reacción (de repulsa de los pequeños ahorradores contra la empresa española). Se presentaron querellas contra los gestores de Enersis y el propio Consejo de Defensa del Estado (lo que en España sería la Fiscalía General del Estado) actuó de oficio contra Yuraszeck, que fue también sancionado por la Superintendencia de Valores de Chile (el simil de la CNMV en España). La situación se hizo tan crítica que el directorio de Enersis destituyó al presidente de la empresa en octubre de 1997
(Revista "Qué pasa": "La derrota final de Yurasezck y su salida de Enersis").

Ese primer traspié ha marcado la trayectoria de Endesa en Chile desde entonces hasta hoy mismo. El nacionalismo fue utilizado con habilidad por la derecha económica para enfrentar a los pequeños accionistas y a las AFP contra Endesa España, a la que hicieron aparecer como el buque insignia del nuevo imperialismo español. Aunque no estuvo directamente imputado en la causa abierta, Martín Villa tuvo que declarar ante los tribunales chilenos. En julio de 1998, el presidente de Endesa se entrevistó con el mismísimo presidente de la República, Eduardo Frei. En realidad todo este proceso se explica por intereses particulares encontrados, donde la "defensa del interés nacional" de unos y la "defensa de los DD.HH." de otros no tiene más que un carácter instrumental. Aquí, lo que se discute no es que Enersis se integre en Endesa España, sino los términos políticos y réditos económicos de esa integración. No es la venta del patriminio nacional chileno sino el precio a pagar por Enedesa España y el reparto de ese negocio. Y el caso es que, con esta movida, la burocracia pinochetista se reafirmó en la confianza y el apoyo social de 4.000.000 de trabajadores chilenos, buena parte de la aristocracia obrera de ese país.

La fractura, sin embargo, no provino de estas diferencias, sino del poder absoluto de Endesa-España sobre el grupo Enersis. Las cláusulas desconocidas por los accionistas y directores establecían un virtual derecho a veto de Endesa-España sobre Enersis y eventualmente sobre Endesa-Chile, a cuyo directorio se agregaba un adjunto con poderes decisorios. Cuando la mayoría de los miembros del directorio supo de las cláusulas del acuerdo secreto, desautorizó a José Yurasezck y al poco tiempo forzó su expulsión así como la de sus ejecutivos de confianza, procediendo a invalidar las negociaciones e imponer una reformulación de los términos del acuerdo con Endesa-España.

La caída de Yurasezck no significó ruptura con Endesa-España que ya tenía en su poder las acciones, convirtiéndose en accionista mayoritario de Enersis, aunque sin alcanzar control pleno. La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que, en un principio autorizó las negociaciones, luego las condenó aplicando multas durísimas a los excontroladores de Enersis y solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que estudiara una querella criminal que, en cierto momento amenazó con extenderse a los directivos de Endesa España.

José Yurasezck y los otros ejecutivos ahora querellados no quedaron en la ruina. En total, según se informó, percibieron 376,2 millones de dólares, de los cuales al exgerente general le correspondieron 84 millones. Algunos estiman que las cifras fueron muy superiores. Sepultado el "negocio del siglo", siguieron los coletazos. El empresario y entonces senador, Sebastián Piñera, que había encabezado la lucha contra Yurasezck y el acuerdo con Endesa-España, negoció directamente con los españoles y ganó él solo entre tres y cuatro millones de dólares. Otros accionistas se organizaron para obtener mejoramientos de parte de Endesa-España.

En última instancia la sangre no ha llegado al río. El CDE actuó para ayudar al mejor funcionamiento del modelo de privatización diseñado por la Dictadura, sin afectar la base misma de la negociación Enersis-Endesa, sustentada en la originaria apropiación oscura de una empresa estatal por parte de Yurasezck y sus colaboradores. Base esencial del modelo es la inversión extranjera y en este caso la actuación de Endesa-España que no puede pasar inadvertida pero que finalmente no ha sido objeto ni de querella judicial ni de investigación parlamentaria en Chile (menos aun en España, obviamente). No se lo ha hecho para no afectar la inversión extranjera y específicamente las relaciones de negocios con empresarios españoles que han adquirido especial importancia durante los gobiernos de la Concertación. Pero los amagos de implicar judicial y parlamentariamente a los directivos españoles de Endesa, sin duda formó parte de la presión por parte chilena para capitalizar los blindajes políticos de la Dictadura, del mismo modo que con el actual proceso en curso de extadición a Pinochet, la burguesía imperialista española pugna por romperlos en nombre de la gran burguesía internacional.

Así, "El Mercurio" del 16 de agosto de 1997 daba una de cal haciendo suyas las argumentaciones que utilizó la defensa española, al decir que el juicio "no contribuye al clima de confianza indispensable para atraer al país grandes capitales y permitir a sus empresas alcanzar asociaciones aptas para competir en la economía internacional globalizada". Al mismo tiempo, más sutilmente, el presidente Frei daba otra de arena deslindando toda responsabilidad del Ejecutivo chileno, al señalar que la querella era cosa del autónomo CDE. Algunos recordaron que esa autonomía no le impidió invocar "razones de Estado" para imponerle al Consejo la paralización de acciones en el escándalo de los llamados "pinocheques" por valor de 971 millones de pesos, cantidad que el hijo primogénito de Pinochet recibió en 1990, por la supuesta venta al Ejército de la empresa "Valmoval" propiedad suya, fabricante de material bélico 3 (Revista "Qué pasa": "El día que el capitán general iba a renunciar ").

En cículos del mismo aparato de Estado español, pesaba también en esos momentos la amenaza de una investigación judicial y parlamentaria en Chile, dado que Endesa-España es todavía una empresa estatal. El propio José María Aznar hizo gestiones ante el presidente de la DC, Enrique Krauss, cuando estuvo en Europa, en julio, para que el presidente Frei recibiera a Rodolfo Martín-Villa. Luego de algunas reticencias del gobierno, la entrevista tuvo lugar en el domicilio particular de Frei en la calle Baztán, con un Martín-Villa que viajó especialmente a Chile, luego de haber solicitado intermediación a Andrés Zaldívar y Ricardo Lagos. El máximo ejecutivo de Endesa-España fue recibido por el ministro de Hacienda, Eduardo Aninat. Parece haber obtenido seguridades de que los intereses españoles no se verían comprometidos en la querella del CDE. Por las dudas, Rodolfo Martín-Villa vino nuevamente a Chile en esos días a reforzar las defensas judiciales, políticas y publicitarias de Endesa-España.

El asunto no tuvo fácil resolución y quedaron rescoldos. En primer lugar, porque el sustituto de Yurasezck en la presidencia de Endesa fue José Antonio Guzmán, un conocido pinochetista que se ha jactado de visitar al dictador en la mansión londinense donde esta detenido, y que, siguiendo sus directivas, ha actuado con sutileza contra los intereses españoles. Según se supo, ya a principios del pasado mes de marzo Guzmán negoció en secreto con directivos de la empresa norteamericana Duke Energy, la posibilidad de que ésta se hiciera con el control de Endesa-Chile, la sociedad de generación eléctrica en la que Enersis controla un 25% del capital. Quitarle a Enersis el poder en Endesa-Chile es como vaciarla de su principal activo en la región.4 (Revista "Qué pasa": "Divorcio definitivo ")

Según la revista chilena "Qué pasa", en setiembre de 1997, cuando pesaba sobre él la amenaza de ser llevado ante los tribunales chilenos acusado de cohecho con la fracción empresarial burocrático estatal de Yurasezck, Martín Villa...

<<...no ha disimulado su molestia frente al presidente de Enersis, José Antonio Guzmán, a quien fustigó con duros términos en presencia de otros directores y ejecutivos, por considerar que su colaboración había sido nula para aplacar los remezones del "chispazo">>

Desde el 16 de octubre de 1998, día en que el gobierno inglés no pudo dejar de ejecutar el pedido de extradición de Garzón, y Pinochet fue retenido en Londres, los medios de comunicación se vinieron empeñando en sensibilizar a la opinión pública ampliando lo ya conocido sobre los crímenes de la dictadura chilena, con profusa información sobre las repercusiones políticas y jurídicas de la situación procesal del ex dictador chileno, al tiempo que los militantes defensores de los DD.HH. se deshacían en elogios a la justicia española

La visita de Guzmán a Pinochet se producjo el domingo 15 de noviembre de 1998. Acudió al frente de una delegación de grandes empresarios chilenos, la cual afirmó que el dictador supera con «muy buen ánimo», propio de un «buen soldado», la «humillación» surgida por el arresto al que fue sometido hace un mes en la capital británica. «Le expresamos el cariño que sentimos por él y el reconocimiento que tenemos por su Gobierno», declaró Guzmán, expresidente de la patronal, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Los empresarios liderados por Walter Riesco, actual presidente de la CPC, viajaron a Londres para expresar a Pinochet su afecto por la «indigna e injusta» situación que estába viviendo.

Cuatro meses después del auto de extradición de Garzón, y mientras Pinochet seguía retenido en Londres, durante la junta de accionistas de Enersis convocada el 24 de febrero del pasado año de 1999, Endesa se quedó en el 74% de los votos a favor del cambio estatutario, es decir, a sólo un punto de su objetivo. Un extraño retraso en la tramitación de los votos del fondo norteamericano Franklin Templeton, poseedor del 1,5% del capital de Enersis, y favorable a Endesa, junto a la postura de Guzmán, que sumó como abstenciones (equivalente a votos contra la modificación de estatutos) las acciones que delegaron en él votos a la junta, hicieron que, al final, la empresa española se quedara sin la opción de llevar a cabo la anunciada OPA. Dos días antes de la junta de accionistas, la periodosta María Eugenia Larraín de la revista "Qué pasa" reflexionaba sobre las consecuencias del fracaso de la OPA de Endesa-España sobre Enersis.

Este nuevo fracaso y las amenazas de acordar con la norteamericana Duke Energy, obligó a Endesa España a elevar el precio que estaba dispuesta a pagar por las acciones tipo "B" hasta los 320 pesos por título: un nivel nunca alcanzado por la empresa en la Bolsa. De esa forma, se consiguió una nueva convocatoria de la junta extraordinaria de accionistas. Celebrada el 30 de marzo de 1999 en el Centro Diego Portales, esta junta aprobó finalmente por un porcentaje del 84,22% de las acciones emitidas, cambiar los estatutos de Enersis para que el límite de concentración se eleve del 32% del capital al 65%. Endesa España consiguió así salvar el último obstáculo que le impedía controlar Enersis y convertirse en la primera compañía eléctrica de Latinoamérica. 5

Al día siguiente, el presidente de Endesa, Rodolfo Martín Villa, llegó a las 9.30 horas procedente de Madrid para asistir a una histórica reunión del directorio de Enersis: no sólo se iba a ratificar la victoria de la empresa española, sino que se iba a proceder a la sustitución de José Antonio Guzmán, presidente de la empresa chilena, que ha actuado siempre contra los intereses de su accionista mayoritario.

Aunque la renovación completa del directorio no se hizo el 30 de abril de 1999, a partir de esa histórica reunión la gestión de Enersis quedó completamente en manos españolas. De hecho, Martín Villa fue designado pocas horas más tarde nuevo presidente de Enersis, y Alfredo Llorente, director general de Endesa Internacional, vicepresidente.

No obstante, aun en mayo las espadas todavía continuaban en alto, y las autoridades chilenas no sólo estrecharon el cerco sobre Endesa sino que lo extiendieron a Telefónica. Por esas fechas, la Fiscalía paralizó la OPA de Enersis -ya en poder de Endesa España- para hacerse con la mayoría de Endesa Chile. A esta iniciativa se sumó un grupo de parlamentarios chilenos, que anunciaron la presentación de un proyecto de ley para impedir la concentración y la «integración vertical» en el sector eléctrico.

El fiscal nacional económico, Rodrigo Asenjo, tampoco descartó iniciar acciones para impedir el monopolio en el sector de las telecomunicaciones, donde la española Telefónica controla CTC, la mayor empresa del país. En una entrevista publicada por el diario El Mercurio, Asenjo reconoce que se «cometió un error cuando se aceptó la integración vertical» en el sector. CTC opera en telefonía básica, de larga distancia y móvil, en Internet, servicios informáticos y venta de equipos. Aunque es la primera empresa del sector en Chile, es la segunda en telefonía de larga distancia, donde es superada por Entel, del grupo italiano Stet y del chileno Chilquinta.

Además, Asenjo señaló que la Fiscalía está «atenta» a las concentraciones en banca y en telecomunicaciones. En el sector financiero, el BSCH se acaba de hacer con el control de la primera entidad del país, el Banco de Santiago, y posee el segundo, Banco Santander Chile.

Por su parte, los diputados Zarko Luksic, Tomás Jocelyn-Holt, Ricardo Rincón y Andrés Palma, de la oficialista Democracia Cristiana (DC), negaron que estas medida tengan por objeto afectar los intereses españoles en este ámbito, sino favorecer a todos los chilenos.

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