e.-1993: año decisivo, se impone la concepción militarista.

Ante los magros resultados obtenidos en las tareas de reclutamiento en otras regiones indígenas de Oaxaca, Veracruz y Puebla y entre las clases y sectores sociales de las ciudades del centro y norte del país por los comisarios políticos indígenas enviados ex profeso para esos trabajos, la Comandancia General advertía al Buró Político sobre la creciente impaciencia que mostraban algunas comunidades “para ir a la guerra”, alegando que si el inicio de la rebelión se tornaba indefinido, tomarían acuerdo para considerar seriamente su desincorporación de las filas del EZLN; al final, instaba al Buró Político “a echarle mas ganas, a ponerle huevos”, como si para hacer la revolución bastara con eso.

Si por parte de algunas comunidades existió la amenaza de abandonar las filas del EZLN — según la Comandancia General— “porque ya nos tardamos mucho en ir a la guerra”, en contrapartida los que sí abandonaron las filas de las FLN, por el motivo contrario, o sea, por la inminencia de la rebelión indígena, fueron muchos miembros de las redes urbanas y rurales de las regiones del centro y norte de México.

Bajo esas circunstancias, desde semanas antes de que concluyera el año de 1992, el Subcomandante Marcos recorrió personalmente las comunidades de las cañadas y de la selva; la causa de este recorrido tenía como objetivo “amarrar” la aprobación del inicio de la rebelión, sin precisar fecha exacta, durante el transcurso de 1993, según el mismo subcomandante marcos reconoció en la reunión donde se aprobó la rebelión indígena, la cual se llevó a cabo en la comunidad de El Prado, en Enero de 1993. Allí el Subcomandante Marcos dijo: “nosotros nos hemos preparado para que las propuestas nuestras que se presenten aquí sean aprobadas”. (Ver “Nupi” nuestra revista interna de Marzo-Abril de 1993.)

La reunión en El Prado, tuvo rango de Congreso de las FLN; a él acudieron el número de delegados que correspondía —de acuerdo con la convocatoria—, a las redes urbanas y rurales del centro y norte del país, a la cabeza de los cuales aparecía el comandante Rodrigo, uno de los dirigentes históricos e ideólogo de las FLN en las ciudades. Esta delegación era minoritaria con respecto a la delegación que representaba a las comunidades indígenas, entre las cuales el Subcomandante Marcos había consensuado para aprobar la rebelión.

En síntesis, el Congreso de las FLN en la comunidad de El Prado, tenía dos objetivos:

1)       La aprobación de la insurrección y,

2)       Una restauración a fondo de las FLN, acorde con la nueva situación creada (una aplastante mayoría indígena).

En los hechos, esta reestructuración significaba que, con la aprobación de la insurrección, el centro de las decisiones más importantes pasaba del Buró Político a la comandancia general del EZLN. A partir de ese momento, las FLN, en los hechos, dejaron de existir y sus dirigentes históricos  fueron desplazados a un segundo plano; el mismo comandante Germán —numero 1 dentro de la estructura de las FLN—, pese a que se le preservó su grado de comandante, en la realidad había quedado por debajo del Subcomandante Marcos.

Durante el transcurso de los trabajos en El Prado, como era obvio, el punto que mayor discusión y encono generó, fue la aprobación de la rebelión durante el transcurso de 1993. El comandante Rodrigo —representando una minoría urbana— exigía el aplazamiento indefinido de la insurrección, por considerarla políticamente prematura si se consideraban otros factores importantes: políticos, económicos, y organizativos, fuera de los territorios zapatistas. Y militarmente irresponsable, porque no se aseguraba la simultaneidad de la rebelión en otros puntos del país.

Con la aprobación de la insurrección, el comandante Rodrigo se retiró de los trabajos del Congreso, derrotado por el Subcomandante Marcos, y la mayoría indígena renunció a su grado de comandante. Poco tiempo después, su renuncia fue secundada por otros dirigentes de las redes urbanas, algunos de ellos ex miembros del Buró Político que trabajaron durante años muy cerca de él y que por lo mismo mantenían coincidencias politico-ideologicas.

Después de la escisión de Enero de 1993, decayó aún más el trabajo fuera del área de influencia zapatista. En Chiapas, los comisarios políticos indígenas que habían intentado levantar el trabajo político durante más de seis años en otras partes del país, quedaron mas aislados y dispersos. Resultaba claro que la insurrección estaría circunscrita a la región de las cañadas y de la selva.

A partir del Congreso en El Prado, se incrementaron los rumores de una “revuelta de la indiada”, al mismo tiempo que los mandos del ejercito federal en Chiapas negaban reiteradamente —ante la insistencia de los medios de comunicación— tales rumores; no obstante, se intensificaron las incursiones y patrullajes de las tropas gubernamentales. Lo inevitable se dio a finales de Mayo, al chocar por primera vez —y entablar combate— tropas del ejercito federal contra insurgentes zapatistas en la Sierra de Corralchen; el resultado: varios muertos de ambos lados. Aún así, las autoridades siguieron negando la inminente insurrección indígena. Tuvieron que pasar ocho meses más, para que aceptaran lo que ya no daba lugar a ninguna duda: la rebelión indígena había estallado la madrugada del 1 de enero de 1994.

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