Elementos
para un juicio político revolucionario al Estado “democrático”
español
Parte IV
¿Qué hubo de común entre la matanza del 11M y el envenenamiento masivo llamado “síndrome tóxico” del aceite de colza?
“El Estado miente deliberadamente…”
Albert Einstein: “Notas autobiográficas”
(1947)
El 11 de marzo de 2004, un brutal atentado terrorista perpetrado en la red de
trenes de cercanías de Madrid, provocó 192 víctimas mortales
y 1.200 heridos de distinta gravedad. Los servicios de seguridad del Estado
lograron aprehender a 29 personas que fueron acusadas en diverso grado de participar
en los hechos, se les juzgó en un proceso preñado de irregularidades
que acaba de finalizar a falta de la sentencia del Alto Tribunal.
Veintiséis años antes, durante la primavera de 1981 cientos de
miles de personas fueron atacadas en más de 25 zonas geográficas
de España, por una “extraña enfermedad” a la que inicialmente
se le denominó “neumonía atípica”, cuyo número
de muertos quintuplicó al de los “trenes de la muerte”, y
las decenas de miles que sobrevivieron a ella todavía soportan graves
y dolorosas secuelas físicas y psíquicas irreversibles.
¿Qué han tenido de común estos dos actos genocidas? Que
los respectivos tribunales que juzgaron los hechos jamás pudieron probar
científicamente las causas materiales que oficialmente
se dieron por válidas en uno y otro caso. En efecto, tanto en el Juzgado
de Instrucción como en la Vista oral del Juicio por la masacre del 11
de marzo, la naturaleza o características del explosivo de deflagró
en los trenes, fue arbitrariamente atribuida a un tipo de dinamita llamado “Goma2”
de la marca “Eco”; y tanto en el Juzgado de Instrucción como
en la vista oral del juicio por el “síndrome tóxico”,
la causa material del envenenamiento masivo se decidió políticamente
que fuera un aceite de colza destinado al uso industrial adaptado para el consumo
humano.
Semejante cambio de una causa material presuntamente desconocida por otra supuesta,
permitió acusar, procesar y condenar, a personas que nada tuvieron que
ver con los hechos que les fueron imputados en uno y otro caso. Por el “síndrome
tóxico” pagaron el pato algunos industriales y comerciantes al
por menor que habían venido lucrándose con la producción
y distribución de aceite de colza desnaturalizado absolutamente inocuo.
Y en el caso de los atentados del 11M oficiaron de chivos expiatorios ciertos
delincuentes comunes dedicados al trapicheo con drogas y explosivos en pequeñas
cantidades —todos ellos, además, confidentes de la policía
o de la Guardia Civil— así como unos cuantos inmigrantes de distinta
procedencia que profesan la religión islámica, seleccionados “ad
hoc” por los servicios de inteligencia policiales y de la Guardia Civil,
en claro contubernio prevaricador con el Juez de Instrucción y la Fiscalía
del Estado, tal como se pudo poner en evidencia durante todo el proceso.
El Juicio sobre el “síndrome tóxico”
El primero de mayo de 1981, una enfermedad hasta entonces desconocida irrumpió en la escena nacional española, atacando a colectivos de personas de forma aparentemente aleatoria en las zonas centro, norte y noroeste del país. Fue algo que las autoridades políticas sanitarias bajo el gobierno de la “Unión de Centro Democrático”, empezaron denominando “neumonía atípica” en razón de que el mal atacaba las vías respiratorias. Confundiendo la sintomatología o forma de manifestación de la enfermedad con su etiología o causa que la produce, difundieron que se trataba de un micoplasma o especie de hongo trasmitido a los seres humanos por vía aérea, pero sin aportar las pruebas científicas fundadas en serias investigaciones de laboratorio y hechos empíricos estadísticamente contrastados. Una explicación muy poco consistente, dado que el contagio se extendía a grupos de personas reducidos en poblaciones poco masificadas, así como que se había difundido con gran rapidez en determinadas áreas geográficas distantes unas de otras, todo lo cual desvirtuaba la tesis de la transmisión por vía aérea. Pero bastó que el Estado apelara al ejército de periodistas venales afines al gobierno de turno —silenciando al resto con veladas amenazas de no hacer publicidad institucional en sus medios— para que la tesis oficial cuajara en la conciencia ciudadana.
A todo esto, investigando el cuerpo de los muertos afectados
por la enfermedad, el doctor Antonio Muro y Fernández-Cavada, a la sazón
director en funciones del Hospital del Rey, comprobó en todos ellos la
existencia de una “hiperplasia” en sus intestinos delgados, lo cual
reveló de modo concluyente que la causa de la epidemia había sido
un tóxico ingerido por vía digestiva.
Una vez desvirtuada la tesis de su difusión por vía aérea,
los políticos eventualmente a cargo del aparato de Estado, de un día
para otro, se olvidaron de la “neumonía atípica”,
y la enfermedad pasó a ser oficialmente denominada “síndrome
tóxico”. Hasta que el 10 de junio de 1981, con la
misma irresponsabilidad científica y a través del Ministro del
ramo en ese momento, llamado Sancho Rof, el gobierno decidió popularizar
la enfermedad con el nombre de “síndrome del aceite
tóxico” o, más concretamente, “caso
del aceite de colza”, tesis basada en la hipótesis
de que el mal fue presuntamente producido por la anilina utilizada
para adaptar el aceite industrial de colza al consumo humano.
Un mes antes y a instancias del mismo gobierno de la entonces UCD, el Estado español ya había puesto la investigación del asunto en manos del “Centro para el Control de la Enfermedad” (Center Of Disease Control) con sede en la ciudad norteamericana de Atlanta, cuyos directivos recibieron la orden del Departamento de Estado, para que ocultaran los estudios epidemiológicos y las encuestas realizadas que vinculaban las causas de la enfermedad con el aceite de colza, sencillamente porque tales “estudios” transgredieron los principios más elementales de la metodología científica. Y por supuesto nunca pudieron demostrar ningún vínculo entre el aceite de colza y la causa de la enfermedad.
Si el aceite hubiera sido el agente tóxico —tal como sostuvo el gobierno de la UCD en connivencia con TODOS los partidos del arco parlamentario español, incluido el PCE, lo cual evidencia que se trató de una mentira genocida de Estado— entonces la enfermedad habría alcanzado a todos los miembros de una misma familia que inevitablemente debieron consumirlo, dado que en la cocina hogareña española el aceite es un producto de consumo general. Pero quedó demostrado estadísticamente que en los hogares donde la toxicidad alcanzó, por ejemplo, a uno de sus miembros, fue muy raro que afectara siquiera a la mitad de los demás.
La tesis de que el agente tóxico fue el aceite de colza tampoco permite explicar la discriminación que la enfermedad ha hecho entre una familia y otra, pues, como es sabido, el "garrafista" ambulante vendió el mismo producto a residentes en bloques completos de pisos, y resulta que solo hubo afectados en unas familias que lo adquirieron y en otras no, a pesar de que las garrafas se llenaron en el mismo momento procedentes del mismo tanque y vendidas el mismo día.
Dado que la tesis del aceite de colza fue anunciada recién el 10 de junio, cuando la enfermedad había hecho su aparición pública el 1 de mayo, los hogares donde coincidió que hubo un enfermo y se consumía ese tipo de aceite, el resto de la familia debió seguir consumiéndolo durante cuarenta días, dado que en ese lapso de tiempo no pudieron conocer su presunta toxicidad. Sin embargo ninguno de ellos resultó afectado.
Durante la práctica experimental con el aceite aplicado sobre animales de laboratorio, los investigadores oficiales nunca pudieron verificar la más mínima lesión causada por el supuesto agente tóxico. Y aunque utilizaron dosis masivas del mismo aceite retirado de las casas donde se registró el mayor número de enfermos, lo único que consiguieron es que los cobayos engordaran aumentando de peso.
No deja de resultar menos paradójica la supuesta discriminación
que la enfermedad hizo respecto de distintas regiones de España, porque
resulta que durante los mismos períodos del año 1981, el mismo
aceite de colza adulterado de composición semejante al distribuido en
Madrid, fue vendido en Cataluña. La cantidad comercializada en esa región,
fue superior a 350.000 Kg. Sin embargo, no se ha tenido constancia de que allí
se hubiera registrado algún afectado.
Lo más sorprendente es que aceite de estas mismas características,
concretamente el de la marca “El Olivo”, producido y distribuido
en Cataluña, donde no hubo ningún afectado, también fue
distribuido entre familias de Castilla, sobre todo en Madrid capital y poblaciones
colindantes. Pues bien, a la luz de la estadística de afectados, según
la tesis oficial habría de concluirse que el aceite de colza se vuelve
tóxico por el simple hecho de trasponer los límites en tránsito
de una comunidad autónoma a otra.
Todas estas evidencias fueron deliberadamente hurtadas a la opinión pública, y el 15 de mayo de 1981 el Dr. Antonio Muro y Fernández-Cavada fue cesado en sus funciones de director del Hospital del Rey. No por razones de ineficiencia y falta de responsabilidad social en el desempeño de sus funciones sino bien al contrario. El secreto motivo de su cese fue, que la verdadera causa material del “síndrome tóxico” no debía ser conocida por la ciudadanía.
A partir del mes de julio y asumiendo ya la investigación
de forma privada, el Dr. Muro enunció su hipótesis de que el síndrome
tóxico ha sido causado por un producto fitosanitario, un organotiofosforado
introducido deliberadamente en una partida de tomates o pimientos. Desde entonces
y hasta su muerte en 1985 de un cáncer de pulmón, el doctor Muro
se dedicó a investigar el fenómeno del envenenamiento masivo,
reconstruyendo el proceso de la producción, distribución y consumo
de los productos envenenados. Pero lo hizo invirtiendo su orden de sucesión
económica natural, que va del productor al consumidor. Al contrario,
el Doctor Muro orientó su investigación partiendo del consumidor.
Desde allí fue al punto de venta o distribución al por menor inmediato
anterior al acto del consumo. Y de este a la empresa distribuidora en el mercado
de abasto o distribución al por mayor, hasta llegar a individualizar
a la empresa productora.
Así fue cómo pudo descubrir que el envenenamiento tuvo su origen
en una partida de tomates cultivados en Roquetas de Mar (Almería), previamente
tratados con un compuesto organotiofosforado, el fenamiphos (comercializado
con el nombre de Nemacur), combinado con isofenphos (comercializado
con el nombre de Oftanol).
Cabe señalar que el isofenphos es el producto que habría causado la característica neuropatía retardada acusada por los afectados, y que la partícula "tio" (en el compuesto organo-tio-fosforado) alude a la presencia de azufre en la mortal combinación. Combinación por lo tanto fosforada y azufrada. Así lo dejó escrito el Dr. Muro:
<<El nematicida fitosistémico Nemacur-10, prohibido en varios países por su alta peligrosidad, e introducido en España por primera vez pocos meses antes de la epidemia del síndrome tóxico, es un organotiofosforado del grupo fenamiphos (4-[metiltio]-m-toliletil-isopropilamidofosfato) que, de no respetarse sus muy dilatados intervalos de seguridad (mínimo de tres meses), se convierte dentro del fruto en un fitometabolito derivado extraordinariamente agresivo —su toxicidad se potencia unas 700 (setecientas) veces— y cuya composición exacta parece ser alto secreto militar. Las partes fundamentales de su molécula y su acción bloqueante irreversible de la acetilcolinesterasa, explica extraordinariamente bien, pese a los desmentidos globales de la OMS, la patogenia y cuadro clínico observados en el síndrome tóxico. Los tomates contaminados son semiselectos de la variedad 'lucy', razón por la cual su consumo no afectó a clases o zonas urbanas adineradas.>> (Andreas Faber-Kaiser: "El Pacto de silencio" Royland Edicions/88. Ver:
El doctor Antonio Muro desarrolló su investigación
epidemiológica ininterrumpidamente —desde mayo de 1981 hasta poco
antes de su muerte en abril de 1985— aplicada a más de 25 regiones
del territorio español, en las cuales estudió a 1.086 personas
enfermas y a 1.154 sanas; una muestra suficientemente representativa que partió
de los hábitos alimenticios de los afectados por la enfermedad y continuó
por la determinación de un producto común en la ingesta habitual
de todos ellos, hasta dar con el sitio preciso de su producción siguiendo
el entrelazamiento de los eslabones en la cadena de su distribución comercial.
Ese sitio preciso fue la localidad almeriense de Roquetas de Mar, y el primer
eslabón en la cadena de su distribución, la lonja llamada “Agrupamar”.
Un vez fallecido el doctor Muro, a solicitud de una de las acusaciones y de
las respectivas defensas de los aceiteros imputados —convenientemente
elegidos por el Poder Ejecutivo en connivencia con el Poder Judicial para ejercer
de chivos expiatorios— el Tribunal nombró a los doctores Martínez
Ruiz y Clavera, para que sometieran la tesis oficial y la del doctor Muro a
una reevaluación, a fin de determinar cual de las dos proposiciones contenía
una explicación científica sobre el origen causal y desarrollo
de la enfermedad.
Según reporta Rafael Pérez Escolar en el capítulo IX de
sus “Memorias” titulado: “Las Atrocidades
de la razón de Estado”:
<< Para ejecutar el trabajo reevaluador, los doctores Martínez Ruiz y Clavera utilizaron técnicas informáticas de búsqueda exhaustiva y heurística [investigativa], conocidas en la denominada inteligencia artificial como un método para “la exploración de modelos y la determinación de caminos de conexión”, en los que no pudiese incidir en forma alguna el subjetivismo del evaluador en detrimento de las determinaciones rigurosamente objetivas (…)
Pero los datos brutos de los “casos/control” se remitieron exclusivamente a la CDC de Atlanta, y allí permanecieron secuestrados sin la menor posibilidad de contraste o reevaluación, a pesar de que fueron solicitados en repetidas ocasiones por el tribunal, aunque, como pudo verse sobradamente, a éste no le importaba en lo más mínimo que se incumplieran una y otra vez sus propios requerimientos, como también le traía al fresco la “recomendación Nº 4 de la OMS [Organización Mundial de la Salud] en el Working Group” [Grupo de Trabajo] de 1983: Habida cuenta de la importancia de los datos epidemiológicos que relacionan la exposición al aceite, con el desarrollo del Síndrome del Aceite Toxico, se insta encarecidamente a que todos los datos de los nueve estudios de casos-control sean rápidamente preparados para su publicación científica internacional”. Lo que nunca se llevó a efecto, a pesar de la insistencia del comité de dirección de la OMS para que se diese cumplimiento a una recomendación tan razonable. De la reevaluación de los trabajos del doctor Muro practicada por los doctores Martínez Ruiz y Clavera, resultó que la discriminación familiar entre sanos y enfermos se explicaba por abrumadora mayoría (el 98,98 por 100) mediante la ingesta de tomates, ya que los individuos que mostraban preferencia por este fruto o cualquier ensalada que lo contuviese, resultaron afectados por la enfermedad en forma muy significativa (el 96,4 por 100) con relación a los que no mantenían esa preferencia alimentaria. De manera que las disposición hacia el tomate o la ensalada que lo contuviese, determinaba en el seno de la familia afectada una probabilidad de enfermar (factor de riesgo) 367 veces superior a los demás, y, a su vez, el rechazo de esta misma preferencia equivalía a una probabilidad de permanecer indemne (factor de protección) 390 veces superior>>. (Op. cit. Lo entre corchetes nuestro)
Ante el resultado de la investigación realizada por el Doctor Muro y el trabajo de reevaluación por parte de los doctores Martínez Ruiz y Clavera, cabe concluir sin ningún tipo de duda, que la epidemia del llamado “síndrome tóxico del aceite” tuvo su causa en la ingesta de tomates procedentes de Roquetas de Mar, y que el factor venenoso consistió en un compuesto órgano-fosforado. Los síntomas que acompañaron a todos los enfermos sin excepción en las fases agudas de la dolencia: diarrea, opresión respiratoria, inhibición de la colinesterasa e insomnio, pudo determinarse que son los característicos de la exposición de los seres humanos a este tipo de compuestos organofosforados.
Dicho muy resumidamente, la colinesterasa es una sustancia neurotrasmisora contenida en los glóbulos rojos, cuya función consiste en transmitir estímulos nerviosos a los músculos del cuerpo que funcionan independientemente de la voluntad, como es el caso de los que rítmicamente se contraen y relajan para permitir la respiración. Cuando por cualquier causa la colinesterasa deja de ejercer su función neurotrasmisora, se produce la parálisis muscular pudiendo provocar la muerte del paciente afectado, por asfixia. Los compuestos organo-fosforados están entre los agentes tóxicos que inhiben la función neurotrasmisora de la colinesterasa. Un mismo compuesto organofosforado es lo que el doctor Muro encontró en los cadáveres de miles de afectados por la enfermedad estudiados por él.
Hay que recordar aquí, que los compuestos órganofosforados forman parte de determinados gases tóxicos que fueron sintetizados por primera vez en laboratorio como parte de la investigación militar que el ejército norteamericano llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Dado su carácter biocida, esta sustancia también fue utilizada en la elaboración de insecticidas y pesticidas de alto poder contaminante. Pero estos compuestos se destinaron especialmente a la fabricación de armamento químico, que se siguió produciendo a pesar de que ha sido prohibida por convenios internacionales convertidos así en papel mojado. También es necesario decir que la utilización de estos compuestos tóxicos en España —como en tantos otros países— esta sometida a un riguroso control administrativo y solo se autoriza para muy contadas plagas en el cultivo agrícola, de modo que cualquier otro uso es ilegal y está severamente penado. Pues bien:
<<A lo largo de su ingente investigación, los doctores Martínez Ruiz y Clavera procedieron a tabular los síntomas padecidos por los enfermos pertenecientes a más de tres mil familias, todas ellas identificadas con exactitud para hacer posible cualquier comprobación posterior por quienes también tuviesen interés en conocer la verdad de lo sucedido. En esos trabajos se pudo comprobar que en el 66 por 100 de los casos, los síntomas analizados eran muy típicos de la enfermedad debida a compuestos organofosforados según se atribuye en la bibliografía internacional más autorizada; en el 23,24 por 100 esos síntomas eran típicos, y solo en el 5,27 por 100 tenían el carácter compatible con otros compuestos, por lo que la correspondencia de la enfermedad con el origen organofosforado resultaba evidente>> (Op. cit.)
Desde finales de julio de 1981 el gobierno pudo saber —y sin duda supo— que el aceite de colza desnaturalizado no era la causa de la epidemia. Desde ese momento debió haber puesto todos los medios a disposición del Estado para analizar las otras alternativas existentes sobre el posible origen de la enfermedad, que para esa fecha ya estaban sobre la mesa de quienes en ese momento tenían a su cargo la salud pública en España. Dado que numerosos afectados se estaban muriendo, es obvio que la necesidad de conocer el origen del mal para atacarlo en el cuerpo de los pacientes, debió ser prioridad absoluta para la autoridades. Todavía con más razón dado que antes de finalizar el año 1981, el gobierno fue ampliamente informado sobre las investigaciones y resultados acerca de qué tipo determinado de insecticida organo-fosforado podría haber desencadenado la nueva enfermedad. Pero se mantuvo impasible mirando para otro lado.
Semejante insensibilidad humana por motivaciones políticas, llegó al extremo de su complicidad con el genocidio,
<<….cuando 8 meses después de aparecer el primer caso de síndrome tóxico, un médico militar, el teniente coronel Luis Sánchez-Monge Montero, envió al Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) "para que lo leyera Valenciano" —me diría, refiriéndose con ello al Dr. Luis Valenciano, a la sazón Director General de la Salud Pública— un informe en el que afirmaba que el origen de la grave enfermedad radicaba en un veneno que bloqueaba la colinesterasa, y en el que explicaba cómo había que curar a los enfermos. Mas adelante definiría este veneno como un compuesto organofosforado. No se trataba de una aventurada teoría: el Dr. Sánchez-Monge ya había curado para entonces particularmente a unos cuantos afectados. Lo cual quiere decir que tal vez no todas, pero decididamente muchas de las 60.000 víctimas podrían estar curadas desde 1982. Pero nadie reacciona en el INSALUD ni en la Dirección General de la Salud Pública. Pero la gravedad de la inhibición oficial no termina allí. El Dr. Sánchez-Monge envía también un informe sobre sus evaluaciones y curaciones a la publicación especializada "Tribuna Médica", que lo reproduce en la página 8 de su número 937, correspondiente al 19 de marzo de 1982. Yo me imagino que el Ministerio de Sanidad debe de estar puntualmente informado de cuantas noticias interesantes se publican en un semanario de las características de "Tribuna Médica". De modo que me imagino al Sr. Ministro enterado de que hay un médico que está afirmando haber curado a una serie de pacientes de la enfermedad conocida por síndrome tóxico, enfermedad nueva y desconocida en cuanto a su tratamiento, y que en aquellos momentos configuraba el problema número uno planteado a la Sanidad española con carácter de extrema urgencia permanente, hasta su total resolución. Me imagino que en estas circunstancias el máximo responsable de la salud de sus conciudadanos lo dejará todo para leer lo que escribe un médico que afirma haber logrado la curación de unos cuantos afectados. Y al minuto siguiente de concluir esta lectura, me imagino al aludido velador de nuestra salud telefoneando al médico en cuestión, para tenerlo al cabo de una hora en el Ministerio de Sanidad y discutir con él sus experiencias con la finalidad de aplicarlas —en el supuesto de que realmente resultaran positivas— al resto de la población afectada por la misma epidemia. Pues no. Nadie, ni desde el INSALUD ni desde el Ministerio de Sanidad, se acercó a ver qué más tenía que decir el único médico español que había logrado salvar vidas y aliviar a enfermos de la masiva intoxicación.>> (Andreas Faber-Kaiser: Op. cit.)
Rafael Pérez Escolar corroboró estas observaciones de Andreas Faber-Kaiser poniendo en boca del doctor Sánchez Monge tres preguntas que, por permanecer todavía ocultas al gran público, evidencian el carácter despótico del llamado “Estado Democrático de Derecho” en lo que respecta a cuestiones esenciales de la vida social en España:
<<Por qué causa no se investigó el protagonismo de los organofosforados en la epidemia? ¿Por qué mejoran los afectados cuando les trato con el antídoto de estos compuestos (antropina, oximas, Toxogonin). Y sobre todo, ¿por qué desde la presidencia del Gobierno se ignoran estos datos, imprescindibles para el tratamiento de la enfermedad, cuando yo los presento en mis informes con una claridad meridiana? Unas dramáticas preguntas formuladas por un médico militar que poseía un profundo conocimiento de la sintomatología propia de los compuestos organofosforados>> (R.P. Escolar: Op. cit.)
Hemos mencionado más arriba a los biocidas “Oftanol”
y “Nemacur” que el doctor Muro encontró en el cuerpo de los
muertos por la enfermedad. Estos dos letales productos son marca registrada
de la conocida multinacional química “Bayer”. Por tanto,
la verdad sobre llamada “neumonía atípica” demuestra
que la industria química privada multinacional, es la única sobre
la cual descansa la posibilidad real de violar impunemente cualquier acuerdo
internacional sobre la suspensión de la experimentación y almacenamiento
de armamento químico semejante, y que el comportamiento cómplice
del Estado español en este caso, es otra prueba más de que, junto
con la centralización de los capitales a escala multinacional, la fusión
política a tres bandas entre
los oligopolios económicos, los Estados
burgueses nacionales y los organismos internacionales,
constituyen el fenómeno más característico del capitalismo
tardío a escala mundial, demostrando la cada vez más
la alta correlación histórica efectiva
entre la totalitarización del poder económico
en la sociedad civil y la totalitarización del poder político
en las instituciones estatales nacionales y supranacionales, encubierta
por las formas engañosas de la “democracia”,
como medio por el cual los políticos profesionales —de espaldas
a las necesidades de las mayorías sociales—, se reparten alternativamente
la facultad de gobernar en favor de uno u otro sector de la minoría social
dominante.
En el caso del llamado “Síndrome tóxico”, el contubernio
entre las instituciones políticas estatales nacionales y supraestatales
de carácter internacional, se hizo evidente durante las sesiones del
“Grupo de Trabajo” de la ONU en Copenhague, tal como lo ha denunciado
el propio Rafael Pérez Escolar en su mencionada obra:
<<6. Hay que aludir finalmente al clamoroso reconocimiento hecho por el doctor Goulding cuando presidió en 1983 el Working Group auspiciado por la OMS. En la sesión de apertura no dudó en manifestar ante los delegados elegidos por las autoridades sanitarias españolas que los trabajos correspondientes se celebrarían a puerta cerrada. Sin embargo, en las cintas grabadas (o, mejor dicho, en un fragmento que casualmente no había sido manipulado o borrado), quedó constancia de estas palabras pronunciadas por el propio Goulding: “Para ayudar a las autoridades españolas, lo que salga al fin de esta reunión, sea lo que sea, hay que sesgarlo [torcerlo] políticamente”
Lo expuesto demuestra que no se trataba en modo alguno de perseguir la verdad mediante una investigación objetiva. El “Working Group” de Copenhague fue diseñado y organizado de la manera más concienzuda para ocultar lo que efectivamente había sucedido: un inmenso fraude que desvirtuaba el verdadero origen de la epidemia, puesto que, tal como anticipó su presidente, el tal Goulding, el resultado final tenía que ser forzosamente del agrado de nuestras autoridades. Lo que en realidad era como buscar la concordancia con los intereses americanos de carácter superior, a los que se había condicionado la aquiescencia [aprobación] de todos los partidos políticos, algo tan difícil de conseguir en un país como el nuestro. Con este propósito, el desaprensivo sujeto tenido por hombre de ciencia, no dudó en reconocer que a esos resultados había que “sesgarlos políticamente”, esto es, cambiarlos por otros que ocultasen la verdad para que resultara más conveniente a la tesis oficial. Y, a todo esto, ¿quién pensaba en las pobres víctimas durante las doctas sesiones de “trabajo” desarrolladas en Copenhague? En las víctimas que ya había producido la epidemia y en las que en un futuro inmediato se verían afectadas por una actuación inconfesable. Así había sido dispuesto por quienes ejercen el poder de manera ilimitada y en términos absolutos.>> (Op. cit. Lo entre corchetes nuestro)
Si las autoridades sanitarias nunca pudieron presentar pruebas científicas sobre la causa material del “síndrome tóxico” que sin embargo atribuyeron al aceite de colza, ¿cuál fue la causa eficiente de semejante crímen de Estado? La respuesta a esta pregunta se hizo pública en la calle, cuando multitudinarias manifestaciones ante la base madrileña de utilización militar conjunta en Torrejón de Ardoz, demandaron la solución adecuada a ese mal, llegando a exigir, incluso, la renuncia del Alcalde por negarse a liderar esta demanda del pueblo.
Pero la certidumbre que alumbró la conciencia e impulsó
el protagonismo de esas protestas, sin duda estuvo en la investigaciones del
doctor Muro, en la confirmación empírica de los trabajos realizados
por los doctores Martínez Ruiz y Clavera, y en la terapia eficaz aplicada
por el doctor Sánchez Monge Montero, verdadera vanguardia intelectual
de ese movimiento. Todo esto a despecho de la campaña oficial de descrédito
que los grandes medios de difusión hicieron recaer sobre el doctor Antonio
Muro, sometiéndoles al oprobio social y al ridículo más
cruel, ruin y soez que sus periodistas a sueldo pudieron imaginar contra él.
En su prólogo a la primera edición de “El Capital”,
Marx dice que todo investigador científico libre debe enfrentarse al
mismo enemigo en todos los campos del conocimiento, y que ese enemigo está
en las formas de manifestación que invariablemente velan u ocultan la
naturaleza o verdad de cada objeto de estudio, lo cual exige y justifica el
trabajo intelectual que la desvele o alumbre al conocimiento. Y aclara que,
en el caso de la economía política,
<<La naturaleza peculiar de su objeto (las relaciones sociales o de clase) convoca a la lid contra ella (contra la investigación científica libre) a las más violentas y aborrecibles pasiones del corazón humano: las furias del interés privado.>> (Op. cit. Lo entre paréntesis nuestro)
El directo y específico objeto de estudio del doctor Muro en su meritorio empeño por descubrir la verdadera causa material o naturaleza del “síndrome tóxico”, como es obvio nada tuvo que ver con las relaciones sociales, sino con la relación natural o química entre un compuesto organofosforado y la colinesterasa en el flujo sanguíneo de los afectados por esa enfermedad. Pero las relaciones sociales sí fueron decisivas personificadas en los personeros políticos ocasionales de la clase dominante, para elegir la causa material conveniente a sus intereses ocultando la verdadera. Tal como el propio doctor Muro ha podido comprobar en primera persona. Su trabajo, pues, resultó ser doblemente meritorio: como simple trabajador intelectual por haber sabido traspasar la opacidad natural de su objeto específico de estudio y descubrir su naturaleza; y como científico libre porque pudo y quiso conseguir que la verdad prevalezca en su espíritu sobre cualquier otra consideración individual, poniéndose así por encima de los condicionamientos políticos y sociales con que intentaron doblegarle.
Con esto queremos decir que, más allá de sus posibles y más que probables idearios sociales y políticos burgueses, este investigador se comportó como un revolucionario aunque no llegara a ser consciente de ello, ni tal vez —de haber sobrevivido a ese episodio— fuera capaz de mantener ese mismo compromiso con la verdad científico-social por mucho tiempo.
Volviendo a la primera de las tres preguntas que el doctor Sánchez Monge formuló al gobierno: ¿Por qué causa no se investigó el protagonismo de los organofosforados en la epidemia? Para responder a esta pregunta debemos remitirnos a la situación internacional durante los últimos años de la década de los 70 del siglo pasado, y a sus repercusiones políticas al interior del Estado español. Como explicamos en otro trabajo titulado “La parodia golpista del 23F en España”,
<<A lo largo de 1979 se produjeron acontecimientos que irían a provocar un giro importante en la situación mundial. En enero, fue derrocado el emperador de Irán, Reza Phalevi, instaurándose la República Islámica. En agosto triunfó el movimiento pequeñoburgués sandinista en Nicaragua. En noviembre, los llamados “Guardianes de la revolución” asaltaron la embajada norteamericana en Teherán tomando un número indeterminado de rehenes. Poco después, las tropas soviéticas ocuparon Afganistán para responder al asedio norteamericano —a instancias de su aliado paquistaní— sobre aquél eslabón más débil de la URSS en Asia. La CIA, en connivencia con los sátrapas islámicos en esa región, pusieron en quiebra la política exterior de distensión del presidente norteamericano Jimmy Carter, quien descendió al nivel más bajo de popularidad en toda la historia presidencial de ese país, obligándole a un mayor endurecimiento en sus relaciones con el “bloque comunista”, a una política de “ley y orden” en sus propios dominios internacionales, de confrontación con la otra superpotencia y de rearme.
Este giro de la política internacional norteamericana alteró profundamente la situación interna de España, cuyo gobierno de “consenso” (con la izquierda burguesa liderada por el PCE) bajo la presidencia de Suárez, venía de tomar una serie de iniciativas que le cogieron a contrapié. Justamente a lo largo de 1978 y 1979, (para garantizar la estabilidad política del proceso de transición) Suárez había congelado la decisión de integrar a España en la OTAN —cuestión que no pudo ser consensuada con la izquierda¬, cuya militancia, además, acusaba la acción de los movimientos antiimperialistas en la escena internacional, demandando de su gobierno una mayor dimensión iberoamericana y africana de la política exterior española.
En septiembre de 1978, Suárez había viajado a Cuba para invitar a Fidel Castro a visitar España. Fue el primer presidente en tomar semejante iniciativa. Un año después, Yasir Arafat fue recibido en Madrid con honores de Jefe de Estado, siendo España el primer país europeo en dar ese paso. Finalmente, el gobierno de la UCD envió un observador a la Cumbre de Países No Alineados realizada en La Habana, gesto diplomático insólito en un país tradicionalmente aliado de los EE.UU.
El rumbo de la política interior y exterior de España, marchaba, pues, a contrapelo de las exigencias norteamericanas derivadas de la nueva situación en ese país y en el Mundo. Lo que deseaba Washington era una España “segura”, estable y sometida a sus dictados; una España dentro de la OTAN, dócilmente alineada en la lucha contra la otra superpotencia y, por supuesto, sin reflejos neutralistas o tercermundistas en su política exterior.
Pero Suárez, hipotecado al consenso con la izquierda burguesa del PCE en aras de la estabilidad política del Estado a instancias de su relativa capacidad de control del movimiento de masas, estaba cada vez menos en condiciones de cumplir con las exigencias del imperialismo norteamericano. Esas nuevas exigencias de Washington, al mismo tiempo que las crecientes disidencias con sus socios democristianos y liberales al interior de UCD, fueron las que contribuyeron decisivamente a convulsionar y desestabilizar su gobierno, acabando por erosionar su propio prestigio político personal, no sólo de cara a la banca y los medios de comunicación que le habían catapultado al gobierno, sino a la propia volubilidad pragmática del Monarca.
Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) renovado, con el instinto político carroñero que le caracterizó desde su relanzamiento, comenzó a desmarcarse de la política de consenso con el Gobierno, iniciando su viaje al centro para fagocitarse el cadáver de la UCD y ocupar su puesto. Por de pronto, sintiendo la necesidad de ganarse la confianza de la banca, de los yankys y del Monarca, en el congreso de mayo del 79 lastró el marxismo: “Hay que ser socialista antes que marxista”, dijo Felipe González en una de sus sesiones a los delegados. El partido se negó a seguirlo y él renunció tácticamente a modo de presión como diciendo: “yo o el caos”. Cuando todos —incluso la derecha civilizada de Fraga— se echaron las manos a la cabeza, en setiembre volvió reforzado en su autoridad política personal.
Este proceso de recomposición burocrática de los partidos políticos institucionalizados, se fue a acentuando conforme se hacia patente —a lo largo de 1980—, que el próximo presidente norteamericano sería el republicano Ronad Reagan. De hecho, a lo largo del año, las distintas fuerzas más reaccionarias vinculadas al imperialismo norteamericano, empezaron a moverse claramente con estas nuevas previsiones del gran viraje a la derecha en las postrimerías del gobierno de Carter, y que bajo el mandato de Reagan no hicieron más que confirmarse y profundizarse.
Finalmente, la llegada de Reagan a la Casa Blanca dio un nuevo impulso a los preparativos involucionistas en curso desde varios meses atrás. A poco de haber tomado posesión de su cargo, el nuevo secretario de Estado, Alexander Haigh, declaró públicamente que: “España debe fijar de inmediato un calendario para su integración en la OTAN”. Las promesas de una futura integración sin concretar ni dar pasos prácticos en ese sentido, ya no son suficientes. El golpe militar en setiembre contra el gobierno turco de Süleymán Demirel, fue una premonición y un aviso. Un informe del coronel Quintero (agregado militar español en Ankara) donde se valoraba positivamente el golpe, circuló profusamente entre la oficialidad y recibió favorables comentarios. En la prensa ultra española, los artículos amenazantes sobre el carácter “límite” e “intolerable” de la situación, se sucedían a diario. En Euskadi, durante los primeros días de noviembre, ETA cometió atentados con resultado de muerte contra once dirigentes de UCD, entre militares y guardias civiles. (Op. cit.)
Tal fue la situación política que desencadenó los sucesos del 23 de febrero, a raíz de los cuales cambió el curso de la política exterior de España en favor de la integración en la OTAN. Pero este cambio solo sucedió en las altas esferas del poder político, porque en la sociedad española siguió predominando todavía el espíritu de independencia o no alineación respecto de la “guerra fría” entre soviéticos y norteamericanos por el predominio en las relaciones internacionales, espíritu que Adolfo Suárez había abrazado como producto del pacto con la izquierda burguesa liderada por el P.C.E. en aras de la estabilidad política del país. Esto es lo que explica que uno de los compromisos que adquirió Suárez al firmar ese pacto con el P.C.E., fue retrasar indefinidamente la integración de España en la OTAN y así lo hizo.
En esas estábamos cuando irrumpió la epidemia del “síndrome tóxico” que vino a poner en serio peligro aquel apaño en las alturas del poder resultante de la parodia de golpe de Estado secretamente urdida por la partidocracia en el poder, de común acuerdo con el Departamento de Estado para deshacerse de Suárez a fin de allanar el camino de la integración de España en la OTAN. Por tanto, cabe pensar que este dramático contratiempo del “síndrome tóxico” para los planes de integrar a España en la OTAN fue fortuito; y lo más probable es que un escape de gas tóxico procedente de la base de utilización conjunta conteniendo algún compuesto de naturaleza organofosforada se produjera por accidente.
Decimos en principio, porque si bien el primer caso de “síndrome tóxico” fue anunciado oficialmente el 1 de mayo de 1981, en realidad los primeros síntomas de la epidemia se produjeron en enero de ese mismo año, los llamados por eso “casos tempranos”. Fue precisamente durante los primeros meses de 1981 cuando se difundieron rumores procedentes de la base militar de utilización conjunta situada en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, acerca de que varios militares americanos habían sido afectados de una presunta “legionella”, siendo algunos de ellos evacuados en aviones-hospitales a EE.UU., y otros a la base norteamericana de Wiesbaden, Alemania, al mismo tiempo que militares españoles con desempeño en la misma base eran ingresados en el Hospital General del Aire. En su edición del 26 de mayo de 1981, el periódico “El País” reportó que, según datos facilitados por la Dirección General de la Salud Pública, 105 enfermos habían ingresado por “neumonía atípica” en el Hospital General del Aire, 7 más en el Hospital Militar del Generalísimo, y otros 19 en el Hospital Militar Gómez Ulla:
<<Eran pocos, ciertamente, pero revestían una extraordinaria importancia, porque todo apuntaba a que los afectados en esos primeros meses del año 1981 pudieron ser muchos más, aunque su registro fuese rechazado (ocultado) por las autoridades sanitarias que habían formado el “censo oficial” a su antojo, omitiendo en esa anualidad las estadísticas relativas a la incidencia mensual de “neumonías atípicas”, para lo que excusaron tan anómala conducta en “cambios de criterios de apreciación”>> (Rafael Pérez Escolar: Op. cit.)
En efecto, el 11 de febrero de 1981 se conoció el fallecimiento del niño Jaime Vaquero, residente en Torrejón de Ardoz, mientras era trasladado en ambulancia al Hospital de la Paz. Los médicos solicitaron permiso a la familia del fallecido para practicarle la autopsia, dado que por aquellos mismos días se habían producido más casos con igual resultado de muerte. Esto indujo a que los abogados defensores de los industriales y comerciantes encausados en el llamado “juicio de la colza”, se pusieran a la tarea de averiguar el incremento de la morbilidad (cantidad de casos de una misma enfermedad contraídos en un determinado período de tiempo) durante el año 1981. Según esos datos que obraban en el Instituto Nacional de Estadística, si en el año 1980 los ingresos hospitalarios de varones debidos a “envenenamientos o intoxicación por otros agentes” habían llegado a ser de 880, al año siguiente ascendieron a 19.366. Respecto a las mujeres, en 1980 se registraron 480 ingresos, para pasar en 1981 nada menos que a 34.160.
Pero interesándose por tales datos las defensas de los imputados pudieron sonsacar que separadamente a la estadística de ingresos hospitalarios por causa de ese “síndrome tóxico oficial” hubo otra que el Instituto Nacional de Estadística tipificó no precisamente como “neumonía atípica” sino como “neumonías”. Solamente en Madrid, los datos de ingresos hospitalarios de varones por esta afección en 1980 fueron 44.497, cifra que al año siguiente casi se duplicó pasando a ser de 83.804. Respecto de las mujeres, los ingresos hospitalarios por “neumonías” que en 1980 fueron 16.627, en 1981 se cuadruplicaron pasando a ser 61.170:
<<De estos datos se deducía razonablemente que el síndrome tóxico se desarrolló en dos ondas epidémicas. La primera a principios y mediados de enero de 1981, coincidiendo con una amplia afección en la zona de Torrejón, lo que, según manifestaron diversos testigos y publicaron algunos periódicos, determinó, como ya hemos dicho, la evacuación de civiles y militares americanos a diversos centros hospitalarios, fundamentalmente a Alemania, para ser sustituidos por nuevas unidades.>> (Op. cit.)
Como hemos dicho ya, cabe pensar que la primera onda epidémica fue fortuita y muy localizada en la misma base militar de Torrejón de Ardoz y sus aledaños, con que de haber quedado circunscrita a esta zona y en tanto y cuanto trascendiera a la opinión pública, la base quedaría en evidencia como el origen del “síndrome tóxico” en flagrante violación del tratado de amistad y cooperación entre España y EE.UU., por lo que la política secretamente pactada para integrar a España en la OTAN, resultaría un rotundo fracaso. Cabe señalar aquí que, en esos momentos, el grueso de la ciudadanía española todavía era una “piña cívica" en torno a la consigna: “OTAN no, bases fuera”
Para evitar esa eventualidad contraria al contubernio de intereses que estuvieron en la raíz de la parodia de golpe presuntamente abortado por el Monarca el 23F 12 horas después de haberse producido, se hizo imperioso crear deliberadamente otra onda epidémica que comprometiera a más zonas de la geografía humana del país, para lo cual y con la misma intencionalidad, se inventó una supuesta causa del “síndrome tóxico” arbitrariamente atribuida a unas inocuas anilinas, con las que se había venido reconvirtiendo al consumo humano aceite de colza para uso industrial desde hacía tiempo y no había pasado nada.
Esta segunda epidemia no consistió ya en la muy localizada y accidental propagación de un gas tóxico de la variedad militar organofosforada sobre Torrejón de Ardoz, sino en la deliberada contaminación de cierta especie de frutos (tomates) con ese mismo compuesto, durante su proceso de crecimiento y maduración en la mata, para luego comprarlos y finalmente distribuirlos en esa misma localidad y otras ciudades de España —convenientemente elegidas— con destino al consumo letal previsto. Se buscó así dispersar la atención de la opinión pública para evitar que Torrejón de Ardoz apareciera como el único escenario de la epidemia y la base de utilización conjunta como su foco de su irradiación.
Según el registro estadístico de los ingresos hospitalarios, esta segunda epidemia criminal deliberadmente inducida, tuvo como causa material el mismo agente nematicida organofosforado se inició a mediados de abril y comenzó a remitir en la segunda quincena de mayo. Pero el vehículo no fue la atmósfera, sino una partida de tomates contaminados cultivados en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.
<<El nematicida, al ser un tóxico “sistémico” e incorporarse al interior del fruto, generó metabolitos altamente agresivos, mucho más agresivos que el veneno directo, al biopotenciarse su poder ponzoñoso [según avanzaba el proceso de maduración en la mata]. Sólo bastaba vigilar discretamente al agricultor y su invernadero para saber cuándo iba a recolectar el fruto y llevarlo a la alhóndiga [lonja o mercado] Agrupamar, donde tendría lugar su venta en pública subasta mezclado con el de otros agricultores, por lo que las unidades envenenadas aparecerían confundidas de manera aleatoria con otras perfectamente normales. Alguien en la subasta (el dinero se esparcía a manos llenas al servicio del criminal objetivo) pujó hasta donde resultó necesario para adjudicarse el fruto, que seguidamente sería vendido en Torrejón, las localidades cercanas —Alcalá de Henares y Guadalajara, entre otras—, y algunos mercadillos en el cinturón industrial de Madrid, lo que continuó por pueblos y ciudades al norte y noroeste de la capital, hasta llegar a Santander y Galicia, sin olvidar el empleo de otras pequeñas partidas en el Sur y en Levante. Torrejón de Ardoz dejó así de ser el punto exclusivo en el origen de la enfermedad.>> (Op. cit. Lo entre corchetes nuestro)
En agosto de 1981 el Estado español bajo el gobierno
de Leopoldo Calvo Sotelo, pidió el ingreso de España en la OTAN.
En octubre, las Cortes confirmaron esta petición sin que se produjera
contestación alguna en la calle. Un año después, el 28
de octubre de 1982 el Partido Socialista Obrero Español arrasó
en las urnas y asumió el gobierno, desde donde el Estado organizó
la tan profusa y costosa como sutil campaña de propaganda que acabó
convirtiendo aquel espíritu popular “anti OTAN” absolutamente
mayoritario, en su contrario.
En gran medida, esta engañosa transformación ideológica
“democrática” del franquismo con Franco en franquismo sin
Franco, no alteró su contenido esencialmente totalitario. Y uno de sus
frutos fue el genocidio de Estado envuelto en esa otra gran farsa política
montada por la flamante monarquía parlamentaria neofranquista, que consistió
en conseguir que los españoles vivieran el drama social del “síndrome
tóxico” tal cual Cervantes le hizo vivir al Quijote aquél
episodio con los molinos de viento: como si un inocente aceite desnaturalizado
de colza fuera la “endemoniada” causa material del crimen.
Una vez más la mentira deliberada del Estado había prevalecido en la conciencia ingenua de una mayoría de ciudadanos españoles, tanto como para que —además de aceptar complacientes el ingreso de España en la OTAN— puedan seguir creyendo en que lo más sagrado para la “democracia” es el tan cacareado "derecho a la vida", así como que "el fin no justifica los medios".
El Juicio del 11-MComo hemos dicho más arriba, respecto de la causa material de los atentados —o tipo de explosivo utilizado en ellos— el juicio estuvo plagado de graves irregularidades jurídicas que lo invalidan para dictar sentencia con arreglo al derecho. Y esto ha ocurrido tanto en su fase sumarial —desde el auto del 18 de junio de 2004, hasta el auto de procesamiento del 10 de abril de 2006— como en la Comisión de Investigación Parlamentaria.
Aquí es donde empiezan las sospechosas contradicciones de la actuación policial en torno a este asunto. En efecto, antes de que finalizaran esos análisis, el jefe de los T.E:D:A:X., Sánchez Manzano, hizo circular un informe “preliminar” con fecha 12 de marzo, en el que afirmaba textualmente:
<<En las pruebas analíticas, aún no finalizadas, los resultados obtenidos hasta el momento confirman que se trata de la misma sustancia que la hallada en la furgoneta Renault ya mencionada, que a su vez se corresponde con la muestra patrón de dinamita Goma-2 ECO.>> "El País" 22-06-05
Pocas horas después, en el informe que presentó ese mismo día, la Policía Científica no confirmó precisamente lo que Sánchez Manzano se había apresurado a difundir. En las conclusiones del análisis realizado por ese organismo se dice, efectivamente, que la mochila de Vallecas sólo contenía Goma-2 “ECO”. Pero también afirma que, tanto el explosivo hallado en la furgoneta “Kangoo”, como la "muestra patrón" —además de los componentes normales que definen el explosivo tipificado como Goma-2 “ECO”— ambos contenían metenamina. (Ver Pág. 153 del Auto de procesamiento del 10/04/06). ¿Por qué la “muestra patrón tomada de un cartucho de dinamita Goma 2 ECO” (Pág. 86) contenía metenamina, si ésta es una sustancia impropia no componente de la Goma2 “ECO”? Buena pregunta. Porque de ser así no podría hablarse en sentido estricto de dinamita, como lo hizo el comisario jefe de los T.E.D.A.X., Juan Jesús Sánchez Manzano, en su informe preliminar.
Esta sustancia —científicamente conocida como
hexametilentetramina— es un compuesto altamente tóxico que se utiliza
para fines terapéuticos —especialmente como desinfectante de las
vías urinarias— pero también como precursor de uno de los
más potentes explosivos militares. De la metenamina se obtiene la “cyclonita”,
conocida también como exógeno o RDX, siglas en inglés de
la expresión: Royal Demolition Explosive. El
exógeno, regularmente es usado en explosivos, es decir, en combinación
con otras sustancias explosivas, como el TNT. De hecho, se recomienda
no usarlo solo, sino con algún otro explosivo, dado que
es menos sensible a la detonación que el mercurio fulminante, o la nitroglicerina.
No se conocen ni el sabor ni el olor del RDX. Es un producto sintético
que no aparece naturalmente en el medio ambiente. Cuando se quema con otras
sustancias produce humo pero no provoca incendio. Es
decir, no deflagra, solo explota, tal como sucedió con los
“trenes de la muerte” el 11M, y con el piso de la calle de Martín
Gaite, en Leganés, donde —según los testimonios
fílmicos y fotográficos de los hechos— supuestamente se
inmolaron los presuntos autores materiales de esa matanza.
Inventado en la última década del siglo XIX, el RDX empezó
a experimentarse en los años veinte del siglo pasado y su empleo data
de la segunda guerra mundial, considerado desde entonces como el de mayor alcance
y “brisant” de entre los altos explosivos militares convencionales.
Brisant es una medida de la rapidez con la cual un explosivo desarrolla la presión
máxima de la onda expansiva que provoca. Dicho más claramente,
el “brisance” es una medida de la capacidad destructiva de un explosivo.
En este contexto, las implicaciones de la química con
la política son evidentes, tanto como decisivas las conclusiones del
primer informe presentado por la Policía científica, porque si
el explosivo hallado en la furgoneta Kangoo fue el que efectivamente se utilizó
en los atentados, la hipótesis oficial —que atribuyó la
autoría de los hechos a la trama delictiva asturiana asociada al terrorismo
islamista— quedaba desvirtuada, y a la investigación judicial sólo
le quedaban dos alternativas políticas: orientarse hacia una posible
implicación de ETA —tesis que ha venido sosteniendo el Partido
Popular y sus socios mediáticos desde el principio— o bien volverse
hacia el interior del aparato estatal (2).
En el auto de fecha 18/06/04, el Juez Del Olmo transcribe el informe —sobre
los análisis efectuados— presentado al juzgado Nº 6 el 26
de marzo de 2004 por la Unidad Central de Desactivación de Explosivos-N.B.Q.,
firmado por el Jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos-NBQ,
Comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, en el que se dice lo siguiente:
<<Las analíticas efectuadas a los restos de explosivos encontrados en la furgoneta de Alcalá de Henares RENAULT KANGOO, apuntan la presencia en su composición de Nitrocelulosa, Nitroglicol, Nitrato Amónico, Ftalato de Dibutilo, Metenamina y Carbonato Cálcico; las realizadas a la sustancia explosiva del artefacto desactivado en la Comisaría del Distrito de Puente de Vallecas ofreció el mismo resultado anterior; y las realizadas con muestra patrón de Dinamita GOMA 2 ECO, da el mismo resultado analítico; todo lo cual viene a determinar que en ambos casos (el de la furgoneta de Alcalá y el de la mochila de Vallecas) se utilizó el mismo explosivo>> (Op. Cit. )
O sea, que en este informe del 26 de marzo, Manzano desmintió lo dicho por él mismo en su “informe preliminar” del día 12, lo cual sigue en contradicción con las conclusiones de la Policía Científica en cuanto a que, según su informe de ese día 12, la dinamita de la mochila que —todavía no se sabe cómo— apareció en la comisaría del Puente Vallecas, no contiene metenamina (3) .
El 25 de enero de 2005, la Guardia Civil envió al Juez Juan Del Olmo un informe (registro 2854/Q/04. (Página 218/19 del Auto del 10 de abril de 2006 sobre el análisis realizado a unas muestras de cartuchos de dinamita recogidas en Asturias, según el cual se comprobó que entre su composición química, estaban las cinco sustancias constitutivas de dos variedades de dinamita: Goma2 “ECO” y Goma2 “EC”, excepto la metenamina, componente del explosivo militar “RDX” o “cyclonita”.
El 21 de marzo de ese mismo año, la Comandancia de Toledo de la Guardia Civil, habiendo previamente analizado el explosivo contenido en la mochila-bomba —que no hizo explosión— en el intento de atentado sobre la vías del AVE, y sabiendo ya que no contenía metenamina, solicitó al Juez la ampliación de datos sobre la composición química de las muestras de explosivos encontradas en la casa de Leganés, donde supuestamente se inmolaron los presuntos ejecutores de los atentados del 11M. En esa petición al Juez, firmada por el Teniente Ángel Dorado Sánchez, no consta que la Guardia Civil hubiera encontrado metenamina en los restos de la mochila del AVE.
El 5 de abril, el Juez Juan del Olmo dirigió una providencia a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, solicitando que la Unidad Central de Desactivación de Explosivos averigüe si la sustancia conocida como metenamina aparece en la “muestra-patrón” del explosivo Goma2 de la marca “ECO” —fabricado por Unión Española de Explosivos (UEE)—, y si se trata de “una sustancia contaminante ajena y extraña a la composición originaria de la sustancia explosiva Goma2”.
Según reporta “El Mundo” en su edición del viernes 12 de agosto de 2005, con fecha 20 de abril de ese mismo año, el Comisario Jefe de los T.E.D.A.X., Sánchez Manzano, contestó al Juez Juan del Olmo empezando por atribuir a un “error de transcripción” que en su informe del 26 de marzo de 2004 se nombrara la metenamina como formando parte de la Goma 2 “ECO” contenida en la mochila-bomba encontrada en la Comisaría de Vallecas. A continuación y como queriendo restar importancia al detalle, Manzano explicó que la metenamina “no es una sustancia explosiva en sí misma”, que se emplea como desinfectante de urinarios y que, por tanto, se trata de un producto “irrelevante para la identificación de un explosivo”. Sólo por semejante afirmación que niega los principios más elementales de la química —este burócrata policial no debería permanecer un minuto más al frente de un organismo como los T.E.D.A.X. El Nitrato de Potasio es un oxidante poderoso que tampoco en sí mismo es explosivo. Pero mezclado en determinadas proporciones con metenamina y Nitrato de Amonio, constituye la base química del potente RDX o exógeno, de una capacidad destructiva una vez y media superior al TNT o dinamita.
En este punto, vamos a incluir otro testimonio; se trata de
las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la Estación
de Atocha en el momento de hacer explosión tres de los artefactos aquel
11 de marzo a las 7,38, donde no parece que los estallidos se hayan producido
al interior de los vagones del tren estacionado en el andén, sino en
el mismo andén, lo cual contradice la versión oficial. Pero lo
más importante es que se verifica la naturaleza del explosivo utilizado,
porque, efectivamente, no hubo deflagración sino explosión, dado
que en el punto preciso del que parte la honda expansiva, puede verse un intenso
pero fugaz destello de fuego que deja paso a una abundante y densa humareda
Según Robert Andrew, quien se prestó a colaborar en la dilucidación
de la verdad acerca de la matanza del 11M en Madrid, este experto americano
en explosivos ha dicho que, a la vista de las imágenes cabe hablar de
un “impacto transversal de carga hueca”. Transversal o colateral,
porque la carga explosiva llevaba una dirección que cortó, chocó
o interceptó la dirección en que estaba dispuesto el tren estacionado
en el andén, aunque no se puede saber con qué ángulo de
incidencia se produjo el impacto. Un explosivo de “carga hueca”
o “dirigida”, se define por la geometría de la carcasa que
lo contiene, cuya superficie dirigida contra el objeto transversal a destruir,
en vez de ser plana o convexa, tiene forma cóncava, con el vértice
hacia dentro del artefacto. En 1888, el físico norteamericano Charles
Eduard Munroe descubrió que una carga explosiva con esa forma en su parte
anterior, aumentaba su poder destructor, porque la conicidad hace que toda la
carga explosiva se concentre sobre esa superficie de contacto, que es la de
menor resistencia a la expansión de los gases producidos por la explosión
al interior de la carcasa. En el caso de un proyectil de punta hueca, una vez
alcanzado el blanco la cabeza con esa oquedad choca contra la superficie de
impacto —por ejemplo, la coraza de un vehículo blindado—
y se "adhiere" igual que una "ventosa" durante el momento
de explosión de la carga interna, produciéndose así el
"efecto Munroe": al mismo tiempo que explosiona la carga por el impacto
del proyectil sobre el blanco, en toda la superficie de contacto perfora la
coraza y, a través del agujero producido penetra el metal fundido incandescente
al interior del carro blindado, con lo que la temperatura se eleva en varios
centenares de grados provocando la muerte casi instantánea de sus ocupantes,
junto con la explosión de la munición o el combustible allí
existente.
A despecho de la tinta que corrió para desvelar la verdad sobre este asunto —como en los manantiales subterráneos sólo perceptibles para algunos espeleólogos de la política— recién un año después, en la página 85 del auto fechado el 10 de abril de 2006, el juez Juan del Olmo corrigió lo dicho en aquél “informe preliminar” por el comisario de los T.E.D.A.X., Juan Jesús Sánchez Manzano, en cuanto a que el explosivo encontrado en la furgoneta de Alcalá, tanto como la muestra patrón extraída por la policía científica de un cartucho de Goma2 “ECO”, estaban contaminados con metenamina. Pero ratificó al comisario-jefe al considerar “irrelevante” la presencia de metenamina en la muestra recogida por la policía de la furgoneta marca Renault modelo “Kangoo” en la mañana del 11M:
<<En los análisis realizados en el Servicio de Análisis Químicos de la Comisaría General de Policía Científica, a una muestra de esta sustancia (la encontrada en la Furgoneta “Renault” Kangoo), y a otra muestra patrón, tomada de un cartucho de dinamita GOMA 2 ECO, se detectó, en ambas sustancias, los siguientes componentes: Nítrocelulosa, Nitroglicol, Nitrato Amónico, Ftalato de Dibutilo, Metenamina y Carbonato Calcico (ANEXO II).
La presencia, a priori, de la metenamina, es significativa en cuanto a que la dinamita GOMA 2 ECO no incorpora esta sustancia, pero no es relevante para la identificación de sustancias explosivas, como se recoge en el Informe Pericial del 20 de abril de 2005 sobre sustancias químicas y explosivos, de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ, en el que se determina que la presencia de esta sustancia es debida a una contaminación (ANEXO III).>> (Juan del Olmo: “Auto de procesamiento” del 10/04/06 Pp. 86)
La conclusión es obvia: los explosivos utilizados para la comisión de los atentados ha sido simple dinamita GOMA2 “ECO”, provista a los terroristas por la trama delictiva asturiana con base operativa en Avilés. Hasta abril de este año de 2006, ésta ha sido la tesis que prevaleció en el espíritu del Juez Juan del Olmo, quien ha mostrado muy poca enjundia y vocación personal para que prevalezca la justicia como un poder efectivamente independiente del ejecutivo. Porque su auto de procesamiento no estuvo basado en la evidencia empírica de las pruebas de cargo que alumbran la verdad de los hechos y sus causas, sino que prevaleció en él la falacia de autoridad dimanante de informes policiales “ad hoc”, ese “hilo de Ariadna” al que determinados poderes fácticos han tratado de condicionar el siempre imprevisible laberinto judicial.
Y así ha sido, en efecto: si la marca de dinamita GOMA 2 “ECO” encontrada en la furgoneta de Alcalá contiene metenamina, debemos decir que se trata de una presencia “a priori” ajena al explosivo —previamente escogido como prueba de cargo— para poder vincular convenientemente los supuestos ejecutores islamistas de los atentados, con la trama delictiva asturiana que supuestamente se lo proveyó. Así, dados nuestros fines judiciales políticamente preconcebidos, decidimos que la metenamina contenida en el explosivo de la furgoneta de Alcalá y en el piso de Leganés, “no es relevante para la identificación de sustancias explosivas” del tipo que a nosotros nos interesa identificar, por lo cual juzgamos técnicamente “que la presencia de esta sustancia es debida a una contaminación” y la consideramos como no existente. Así de sencillo. Es decir, que mediante una especie de ilusionismo jurídico basado en una falacia de autoridad técnica dimanante de informes oficiales, logramos que el explosivo militar RDX realmente utilizado en los atentados, sea sustituido en el auto del juez por un teórico explosivo Goma2 de la marca “ECO” supuestamente salido de la mina “Conchita”. Tal es el “hilo de Ariadna” por donde el Juez Juan del Olmo se ha dejado llevar muy cómodamente desde el auto del 18 de junio de 2004, hasta el auto de procesamiento del 10 de abril de 2006 ya citado.
¿Qué hizo durante todo este tiempo el estamento mediático que de hecho vino sirviendo a los intereses del Partido Popular en la oposición al actual bloque histórico de poder burgués encabezado por el PSOE? Emplear el mismo método de los sofistas y de los escolásticos: lo importante y decisivo no fue saber la verdad de los hechos, sino hacer prevalecer la “verdad” que nos conviene para derribar al adversario en el gobierno —en este caso al PSOE—, tratando de causar el menor daño posible a las instituciones del Estado en la conciencia colectiva de las clases subalternas.
De modo que primero se cogieron al hilo argumental de la nitroglicerina, atacando lo dicho por el Comisario Álvarez Manzano durante la sesión de la Comisión de investigación parlamentaria sobre el 11M reunida el miércoles 7 de julio de 2004. Todo comenzó por la pregunta que el representante del Partido Popular, Ignacio del Burgo, le hizo al Jefe de los T.E.D.A.X., Juan Jesús Sánchez Manzano, acerca de unas declaraciones que subdirector general operativo de la Dirección general de la Policía hizo públicamente al mediodía del día 11M en presencia de los más altos mandos policiales, en el sentido de que el explosivo utilizado en los atentados había sido Goma2 de la marca “Titadyn” —años ha muy usada por ETA en sus atentados— ante lo que Sánchez Manzano respondió:
<<Desconozco en qué se puede haber basado, pero yo le puedo explicar el proceso que seguimos en estos casos. La Unidad Central de Desactivación de Explosivos es una unidad especializada, eminentemente técnica, con una normativa específica que regula cada uno de los procedimientos y de los pasos que se tienen que dar, incluso en cuanto a la gestión de la información que se genera desde el punto de vista técnico, y siempre procedemos de la misma manera. Aquí, por supuesto, acentuamos el rigor para que las cosas se produzcan exactamente como se tienen que producir, por dos razones fundamentales: una, porque nos lo dice la normativa específica que lo regula y otra porque, como ustedes saben, si es eminentemente técnica y no seguimos los procedimientos rigurosamente, perdemos credibilidad, con lo cual la calificación de técnicas se nos derrumbaría.
He dicho que los restos de los focos de las explosiones llegan a la unidad a las 12:30; se inicia su análisis y se obtienen los primeros resultados en torno a las 14:00 horas. Tampoco le sé precisar ahora exactamente a qué hora pudo ser cuando se obtuvieron los primeros resultados fiables sobre los que ya se puede pronunciar el jefe de unidad o cualquier especialista, porque si no, no lo hacen. Ahí el resultado que se obtiene es que es dinamita, sin poder precisar la clase comercial de dinamita.
Esto es así porque cuando se produce la explosión, la alta combustión destruye todos los componentes de los explosivos. En algunos casos, no en todos, cuando se hace el análisis de los restos del foco de la explosión logramos encontrar restos de nitroglicerina, y la nitroglicerina es el componente de todas las dinamitas.>> (Op cit. Pág. 4. Subrayado nuestro)
Y ante una pregunta del diputado Labordeta para que diga si a las 14 Hs. del día 12 de marzo se podía saber efectivamente que tipo o marca de dinamita había sido utilizada en los atentados, Sánchez Manzano volvió sobre el mismo argumento más clara y taxativamente:
<<A las 14 horas, como son muestras obtenidas en los restos que ha dejado la explosión, lo único que se puede averiguar es que es dinamita, porque lo único que se puede encontrar es nitroglicerina, que es componente común en todas las dinamitas; con independencia de la clase comercial que sea, siempre tienen ese componente. (4)>> (Ibíd. Pág. 17)
El equívoco de Sánchez Manzano en la Comisión
de Investigación al decir que la nitroglicerina es el componente común
a todas las dinamitas, tal fue el clavo ardiendo al que el Partido Popular se
mantuvo agarrado, tratando de defender la tesis de que el explosivo utilizado
en los atentados no fue GOMA2 de la marca “ECO” sino de la marca
“Titadyn”, que es el que había venido utilizando ETA desde
1999. Y es que la equivocación de Álvarez Manzano, consistió
en que no es cierto que todas las dinamitas contienen nitroglicerina. Porque,
precisamente lo que distingue a la dinamita del tipo “Titadyn”,
es que contiene nitroglicerina, en tanto que la dinamita
del tipo GOMA2 contiene nitroglicol. De modo que si
es cierto que en los focos de las explosiones se encontró nitroglicerina,
no puede ser igualmente cierto que el explosivo GOMA2 utilizado el 11M haya
sido de la marca “ECO”. Menos aun si ese explosivo contenía
metenamina.
Así, en su artículo titulado: “La dinamita fantasma: Los
informes periciales no sólo conducen a Mina Conchita”, el periodista
de “El Mundo”, Fernando Múgica, dijo lo siguiente:
<<El estudio riguroso de la procedencia y composición de los explosivos utilizados en el 11-M es esencial para poder esclarecer los atentados. Hasta ahora, se han manejado dos verdades absolutas que se consideran indiscutibles: las bombas que explosionaron en los trenes estaban fabricadas con Goma 2 y la dinamita utilizada salió de Mina Conchita, en Asturias.
Se va a cumplir el primer aniversario de la masacre y, a la vista de los datos policiales que el juez Juan del Olmo ha sacado a la luz, las dos afirmaciones se sostienen con pruebas meramente deductivas.
En las propias conclusiones policiales se lee con absoluta claridad: “No se puede afirmar el tipo de dinamita que explosionó en los trenes”. Los componentes encontrados no son suficientes como para confirmar que fuera Goma 2. En definitiva, a pesar de la desenfrenada polémica que ello suscitó, un año más tarde de los atentados no puede concretarse el tipo de dinamita que provocó la matanza.
Existen incluso expertos que aseguran que los daños estructurales en los trenes no se corresponden con una explosión provocada por dinamita si no está reforzada con otros materiales como, por ejemplo, la nitroglicerina en forma de gelatina. Sin embargo, hay una cosa clara: el material explosivo que se encontró en la Comisaría de Vallecas, en la furgoneta aparcada en Alcalá de Henares, en el artefacto encontrado en las vías del AVE y en la dinamita hallada en el piso de Leganés, eran Goma 2.
No obstante, entre los propios miembros de la Unidad Central de Información de la Guardia Civil (UCIE) se extiende cada vez más el convencimiento de que 10 kilogramos de dinamita, sea Goma 2 o Titadyn, no hubieran roto por sí solos la estructura de la base de los vagones, ni hubieran abierto los mismos como si se hubiera utilizado un abrelatas.>> (Op. Cit 08/03/05 Subrayado nuestro)
Pero ni este ni los demás periodistas de investigación
que giraron de hecho en torno a la órbita política del Partido
Popular en todo este asunto, se despegaron un ápice de la premisa mayor
sostenida por ese partido en cuanto a que atribuyen a ETA haber participado
en los atentados. En efecto, si el explosivo contenía nitroglicerina
era Titadyn utilizado regularmente por ETA desde 1999. Y si contenía
metenamina era explosivo militar del tipo RDX, que ETA había presuntamente
adquirido a las FARC colombianas.
Finalmente, el 19 de julio último, después de la tremenda presión
ejercida por los intelectuales afines al P.P., llamados “conspiranoicos”
sobre el Juez del caso, recién hemos podido conocer un detalle del dictamen
de la funcionaria a cargo del laboratorio de los T.E.D.A.X., que a las 14 hs.
del 11M suscribió el análisis sobre los restos hallados en los
focos de las explosiones detonadas ese día en los “trenes de la
muerte" (5).
Y el detalle en cuestión es que en el informe presentado ante el Juez
Juan Del Olmo —que la citó a comparecer el pasado martes 18 de
julio—, la química Teresa de Lara dice que dicho análisis
se hizo aplicando la “cromatografía de capa fina”, añadiendo
que esta técnica de análisis sólo permite saber “el
tipo genérico” del explosivo utilizado, no la totalidad de sus
componentes. A raíz de la mención a las presuntas limitaciones
de esta técnica de análisis, se generó un debate nacional
por Internet del que participaron algunos reducidos medios de irrisorio alcance
social, excepto el periódico de P.J. Ramírez: “El Mundo”.
Como sucede con las demás cuestiones políticas domésticas
que afectan a la estabilidad de los gobiernos de turno y pueden salpicar la
imagen del Estado, esta discusión pasó una vez más desapercibida
para el grueso de la población, ante el riguroso silencio de los “mass
media” del país (radio y televisión).
El debate giró en torno de si la “cromatografía de capa fina” permite determinar todos los componentes de una sustancia o sólo algunos, según el tamaño de la muestra recogida en el lugar de los hechos y con elementos ajenos que “interfieren” la identificación —como sostuvo ante el Juez la Inspectora Jefe del Departamento de Analítica de los T.E.D.A.X.— o si es posible hacerlo independientemente de tales limitaciones. Pero sólo en cuanto a si los explosivos analizados contenían nitroglicerina o nitroglicol. Entre la prensa escrita de relativo mayor alcance, solo “El Mundo” en sus ediciones del 30 y 31 de julio de 2006, implicó políticamente a la incordia presencia de metenamina en los análisis a la muestra del explosivo recogida de la furgoneta “Kango” hallada en Alcalá el día de autos, así como entre los escombros del piso de Leganés.
El debate acerca de si el estado actual de la ciencia química aplicada permite o no determinar precisamente los componentes de cualquier sustancia, se está extendiendo cada vez más entre técnicos e investigadores con distinto grado de conocimiento y experiencia en “cromatografía de capa fina”. Así, según reporta “El Mundo” en su edición del 30 de julio de 2006:
<<Para los expertos consultados resulta totalmente inverosímil la versión de los hechos que han defendido ante el juez Juan del Olmo el comisario Jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, y la inspectora que realizó los análisis sobre el explosivo hallado en los trenes, según la cual es imposible determinar los componentes de las bombas y solo puede decirse que se trata de dinamita.>> (Op. cit.)
La misma edición de este periódico incluye la opinión del catedrático de física aplicada en la Universidad de Alcalá de Henares, quien asegura que, según sus respectivas especificaciones, los cromatógrafos actuales de uso comercial son capaces de separar “muestras de sustancias químicas para cantidades del orden de 0,00001 gramos o incluso menores, siempre que se utilicen disoluciones líquidas de esa sustancias, o de cantidades muy inferiores —del orden de 0,000000001 gramos— si las muestras son vaporizados y se utilizan aparatos denominados de cromatografía de gases, que son también estándar en muchos laboratorios de química analítica.
Ese mismo día, el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Investigación sobre el 11M, Jaime Ignacio del Burgo, instó al Juez Del Olmo a que aclare “de una vez por todas” la sucesión de errores y contradicciones que se están poniendo de manifiesto en torno a los explosivos utilizados en la masacre:
<<Si no fuera así —advirtió del Burgo— sobre el Juzgado de la audiencia Nacional planearía la palabra prevaricación (6).>> (“El Mundo” 31/07/06 Pp. 9)
(1) Según consta en la denuncia policial, las llaves de esa furgoneta fueron sustraídas a su dueño ocho meses antes. Y desde que la robaron hasta que fue encontrada en Alcalá de Henares, sólo había recorrido 200 km. Por tanto, no pudo ser éste el vehículo donde supuestamente se transportó el explosivo utilizado el 11M.
(2) A la vanguardia de los socios mediáticos del Partido Popular en todo este asunto, destacan “El Mundo” y “Libertad digital”, contando con reputados “periodistas de investigación” como Fernando Múgica y Luis del Pino. Y aunque por ahí se dice que ETA dispone del explosivo militar RDX supuestamente entregado por las (FARC) Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia http://paz-digital.org/new/content/view/576/26/ aunque no hay antecedentes de que alguna vez lo haya utilizado. De este asunto sobre la posible implicación de ETA en la matanza del 11M nos hemos de ocupar brevemente más adelante.
(3) Según reporta el periodista Luis Del Pino en http://www.libertaddigital.com/php3/noticia.php3?cpn=1276260669el Jefe del Grupo de desactivación de explosivos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid —que el 11 de Marzo coordinó las operaciones de los TEDAX en el escenario de los hechos— “ordenó revisar por dos veces los bultos que hubiera en los trenes debido al hecho de que habían aparecido artefactos sin explotar. Su orden era tajante: ‘dos veces, de la cabecera a la cola’. Además, hizo especial hincapié en dejar claro al juez que él no sólo coordinó la acción en Atocha sino en todos los escenarios del ataque”.
(4) Esta concreta mención a la nitroglicerina desapareció en el informe que le llegó al juez Del Olmo un mes después de los atentados. El análisis en este otro contexto, versó sobre “muestras diversas de metal, plástico, telas, clavos diversos, restos de material aislante, tierras y sustancia pulverulenta de color rosado (posible polvo de extinción de incendios)” recogidas en los distintos focos de explosión.
(5) En esa comparecencia ante el Juez estuvieron también presentes la fiscal del caso, Olga Sánchez, y la abogada de la “Asociación 11M Víctimas del terrorismo”, presidida por la señora Pilar Manjón.
(6) En el lenguaje jurídico, prevaricar significa emitir un fallo o sentencia a sabiendas de que es falso.