e.- La IVª Internacional y el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua
La posición del SU respecto de Nicaragua y El Salvador ilustra con tanta o más elocuencia la profesión de fe en el espontaneísmo revolucionario elemental de las masas sin partido que, desde 1953, gravitó sobre la fracción más numerosa y representativa de la IVª Internacional arrastrándole cada vez con mayor fuerza hacia el agujero negro del antiimperialismo pequeñoburgués. Esto ha podido apreciarse con nitidez en la Resolución del 1 de octubre de 1979. Allí, los "hombres de prestigio" encuadrados en esa fracción mayoritaria de la Internacional, hicieron un análisis de la situación y anunciaron las perspectivas del proceso en Nicaragua. Se tenía clara conciencia de que el FSLN era una bolsa de gatos dividida más por cuestiones subalternas -tales como las que diez años antes dividieron al PRT argentino- que por consideraciones estratégicas, en el mejor de los casos muy poco que ver con un proyecto revolucionario de clase. Sobre todo, carentes en absoluto de conciencia y voluntad política en una perspectiva internacional del proceso:
<<La división del FSLN en tres tendencias, cada una con su propia organización desde 1975, revela la acuidad de los debates sobre las modalidades de la lucha contra la dictadura. No obstante, su contenido traducía la maduración de las condiciones objetivas que favorecían el combate por el derrocamiento de Somoza. Estas discusiones, en efecto, se centraban en las relaciones entre la lucha armada y la movilización de las masas, la función respectiva de la movilización de las masas urbanas y las del campesinado, el lugar y el alcance de la radicalización de fracciones de la pequeñoburguesía, las relaciones entre el trabajo militar y el trabajo político, la función y la importancia de los acuerdos con la burguesía de oposición
Dos tendencias se reclamaban del marxismo: "la tendencia guerra popular prolongada" y la tendencia "proletaria" (marxista leninista). La primera haciendo referencia a la expetriencia china, y ante todo vietnamita, proyectaba una guerra de liberación que se apoyaba en una sólida implantación en las zonas rurales y podría entonces dar golpes decisivos en las ciudades. La segunda ponía el acento en el trabajo urbano, ante todo a nivel de barrios populares, en la implantación en el movimiento obrero, el movimiento estudiantil y el movimiento de las mujeres, esto con preparación de un levantamiento que se combinaría con las acciones del FSLN. Era la más reticente hacia una política de alianzas con la burguesía y no escatimaba sus críticas a la tercera tendencia: los "terceristas". Estos últimos representaban la fuerza más numerosa. Fueron los más activos en los golpes de mano militares y, también, los más comprometidos en las relaciones con sectores de la burguesía reunuidos en el FAO [Frente Amplio Opositor]. Una parte de su dirección tenía lazos con la IIª Internacional.
Ninguna de las tres tendencias expresaba una clara comprensión de la dinámica de la revolución permanente que abriría el derrumbamiento revolucionario de la dictadura; mientras que algunos se erigían en abogados de la necesidad de limitar los objetivos a la implantación de una "etapa dmocrático burguesa", otros lo enfocaban sencillamente como una paso intermedio en el camino de la revolución socialista...>> (Op. Cit. Punto 5 Lo entre corchetes es mío)
A pesar de este reconocimiento de la realidad política del FSLN, a caballo de su profesión de fe romántica en el espontaneísmo revolucionario de las masas, el S.U. se inventó una "creciente independencia" política del movimiento respecto de la burguesía, concebida como producto de las "heroicas" luchas elementales contra la dictadura. Por esta vía de razonamiento inducida empíricamente, al S.U. le pareció ver que el enfrentamiento contra el régimen de Somoza estaba obrando un nuevo milagro revolucionario en el FSLN y que, a través suyo, la realidad política de ese país tomaba la misma dinámica de revolución permanente que en Cuba veinte años antes. Así fue como, a través de esa engañosa proyección analógica terminaron apostándolo todo por FSLN:
<<La amplitud de las movilizaciones de masas y el desarrollo semiestontáneo de comités y de milicias, estimularon la evolución ideológica de los cuadros del FSLM que dirigían este movimiento, cuya impetuosidad les obligó a operar reajustes permanentes. El derrumbamiento del régimen somocista determinó un proceso revolucionario que no entraba en los esquemas preestablecidos de la "etapa democrática". El FSLN conocía así un cambio profundo que volvía caducas las antiguas líneas de separación.
La historia heroica de combate sin compromisos del FSLN, su papel dirigente en la primera fase de la revolución y los lazos creados con sus fuerzas vivas, las lecciones que esta dirección pragmática y heterogénea ha deducido ya de este formidable ascenso de la lucha de clases, muestran el potencial de desarrollo político de los cuadros del FSLN...>> (Ibíd)
Habiéndose puesto de espaldas a la doctrina sentada por las magistrales lecciones políticas de hechos históricos como la Revolución de Octubre, la revolución china de 1925-27 y la Guerra Civil Española, la representación mayoritaria de la IVª Internacional despreció la necesidad de luchar por la independencia política de la clase obrera nicaraguense, dando por sentado que ésta se produce por el mero transcrecimiento espontáneo de las luchas elementales de las clases subalternas. Para el S.U, la Teoría de la Revolución Permanente había dejado de ser una estrategia conscientemente introducida por la vanguardia revolucionaria en el movimiento de los explotados, para concebirla como una especie de astucia de la razón política revolucionaria que emana espontáneamente de la lucha de clases elemental. En vez de plantearse la tarea de educar a la vanguardia amplia de los países atrasados en los principios del marxismo y los fundamentos de la estrategia de revolución permanente para la creación de partidos obreros revolucionarios, el S.U. renunció a ese trabajo creyendo haberlo visto realizado por los que en su momento fueron radicales pequeñoburgueses como el cubano Fidel Castro, el argelino Ben Bela, el nicaraguense Daniel Ortega o el salvadoreño Guillermo Ungo:
<<La IVª Internacional y sus secciones deben movilizar todas sus fuerzas para defender la revolución nicaraguense y apoyar al FSLN (...) Actuando como militantes leales, en el marco de la organización que ha dirigido el derrocamiento de la dictadura de Somoza y que dirige esta revolución, es como los militantes organizados en la IVª Internacional en Nicaragua defenderán las ideas fundamentales del marxismo revolucionario, porque traducen los intereses del proletariado y de los campesinos pobres, porque marcan las tareas estratégicas que culminan en la implantación de un Estado obrero basado en la democracia de los consejos obreros y campesinos.>> (Op. Cit. Punto 13)
En esta declaración brilla la idea de que el proletariado de los países de atraso relativo no necesita tener su propio partido marxista independiente para emprender la lucha por la toma del poder y la construcción del socialismo, porque "marxistas intuitivos" o "de oficio" encuadrados en movimientos policlasistas como el 26 de Julio cubano, el FLN argelino, el FSLN nicaraguense, o el FMLN salvadoreño, habrían ya suplido eficazmente a la IVª Internacional en esta responsabilidad política. De ahí que el S.U. decidiera apoyar incondicionalmente al FSLN diluyendo su política y sus militantes en ese frente popular. Tal como hizo el stalinisnmo con el Partido comunista Chino en los años 20 y con el Partido Comunista de España durante la guerra civil.
Desde luego que en el contexto internacional de la lucha de clases y sus perspectivas a principios de la década de los ochenta, la revolución proletaria en Nicaragua era imposible. Se puede atribuir tal imposibilidad al relativo aislamiento político internacional del proceso; más todavía después de la derrota del proyecto reformista en Guatemala (1982), de la intervención de EE.UU. en Grenada (1983) y del resultado de las negociaciones sobre los conflictos regionales en la cumbre de Malta entre los dos bloques internacionales de poder, producto de cuyo acuerdo la burocracia stalinista de la URSS se comprometió a no obstaculizar los intereses del imperialismo en la zona, dejándole con las manos libres para intervenir directamente en Panamá y desarrollar una guerra de baja intensidad en Nicaragua que acabó por estrangular el proyecto del FSLN. Pero este pensamiento es completamente erróneo, porque aun en las mejores condiciones políticas, esa lucha antiimperialista no podía derivar en revolución socialista. Porque no era ese el deseo de la clase obrera y las masas campesinas nigaraguenses, ni estuvo jamás en el propósito de ninguna fracción del FSLN. Sin embargo, la IVª Internacional apoyó sin condiciones ese proyecto reformista, al que en 1979 creyó interesado en una dinámica de revolución permanente. Todavía en setiembre de 1991, durante el gobierno de Violeta chamorro, la IVª Internacional seguía sosteniendo que el Estado nicaraguense seguía siendo un Estado Obrero. Allí ratificó una vez más su ruptura con la tradición bolchevique según la cual, la garantía de un proceso revolucionario proletario genuino no está en la simple posesión de un poder militar reclutado al márgen del ejército burgués, sino en la existencia de un partido obrero de dirección marxista-leninista con influencia de masas, requisito completamente ausente en El Salvador. Con el agravante de que allí, los "hombres de prestigio" de la IVª Internacional forzaron violentamente la razón revolucionaria bolchevique al homologar el concepto de "Estado obrero" con el significado policlasista de "revolución democrático popular", una clara y rotunda adscripción a la revolución por etapas que, en "La Revolución permanente" Trotsky califico de "concepción evolucionista y filistea, no revolucionaria":
<<La IVª Internacional caracterizó al Estado nacido el 19 de julio de 1979, como un "Estado obrero". Esta fórmula, como toda categoría analítica -incluida la de "Estado burgués"- reviste realidades sumamente diferentes. Para nosotros el Estado sandinista tiene una naturaleza proletaria determinada por la constitución de un poder obrero, campesino y popular. De esta caracterización podemos sacar dos conclusiones:
- En el marco del nuevo Estado, la columna vertebral del avance hacia el socialismo está constituida por las fuerzas armadas sandinistas y por las milicias populares, y,
- Para triunfar, la contrarrevolución burguesa deberá desmantelar dicho Estado y reconstruir el Estado burgués destruido luego de la caida de Somoza.
Lo fundamental a comprender es que, el 19 de julio, hubo un cambio cualitativo en los marcos del Estado, que ese cambio cualitativo estuvo determinado por el tipo de revolución (democrático popular) y que en base a ese Estado se inició la construcción del socialismo.
Ese Estado no ha sido modificado por el triunfo de Violeta Barrios. Lo que hoy estamos viendo es una contradicción entre el gobierno de la UNO y el aparato de estado de la revolución. Esa contradicción tenderá a resolverse en el marco de un avance de la revolución o del triunfo de la contrarrevolución>> (Resoluciones del 13º Congreso de la IVª Internacional. Punto IV).
Vemos que los "hombres de prestigio" de la IVª hablan aquí, no de "dictadura democrática popular" (del proletariado y los campesinos pobres) según la fórmula de Lenin en 1905, sino de "revolución democrático popular". Y este matiz no es casual. Como antes en Cuba contra Batista, el FSLN formó una especie de "frente patriótico" en un intento de arrimarse al sector de la burguesía nacional supuestamente antiimperialista comandado por Violeta Chamorro, Alfonso Robelo y Alfredo Cruz. También entonces EE.UU. empezó ayudando a la "revolución". Pero cuando sólo había expropiado los bienes de Somoza, nacionalizado el sistema crediticio nicaraguense y decretado el tímido control de los bancos extranjeros, EE.UU. se puso en la vereda de enfrente y empezó a financiar a la "contra". Inciada la guerra civil, en vez de responder reemplazando la democracia burguesa por la formación de soviets de obreros y campesinos, en vez de profundizar la reforma agraria, expropiar al resto del capital bancario, a los medios de comunicación y a todo el capital industrial, el FSLN dejó intangible todo eso limitándose a firmar un pacto de ayuda con la URSS, al tiempo que proclamaba su respeto al pluralismo político, a la democracia formal, al no alineamiento y a la "economía mixta", consistente en la combinación entre el "area de propiedad del pueblo" -constituida exclusivamente por el patrimonio expropiado a la familia Somoza y sus aliados- y el "area de la propiedad privada". Ni siquiera se atrevieron a seguir el ejemplo de los cubanos.
Así fue como el FSLN hubo de enfrentar la guerra contra el contubernio entre la burguesía nacional intocada y el imperialismo, en un contexto donde el 70% de las tierras, el 60% de la industria y los medios de comunicación privados, siguieron en manos de los mismos propietarios. Los ataques armados contra el régimen comenzaron a fines de 1980 y se combinaron al interior del país con una serie de sabotajes, agio, especulación, etc. Lo mismo que había ocurrido pocos años antes en Chile. El FSLN sólo se limitó a encarcelar a altos directivos de la COSEP que inmediatamente puso en libertad para negociar desde una eufemística "posición de fuerza". Negociar ¿qué?: los términos en que la patronal nicaraguense seguiría actuando al interior del país, como correa de transmisión de la agresión militar externa del imperialismo.
Dado el carácter oportunista de la dirección política sandinista con las limitaciones pequeñoburguesas de la mayoría social nicaraguense, el Frente quedó finalmente atrapado en las telarañas del poder real burgués a instancias de sus instituciones de Estado, como no podía ser de otra manera. Esto se confirmó tras el acuerdo de Esquipulas reunido el 7 de agosto de 1986. Allí, a cambio de su reconocimiento internacional como fuerza política representativa, el FSLN renunció formalmente al poder político real que hasta ese momento detentaba con sus 90.000 efectivos armados, para prestarse a diluir ese poder en el nuevo Estado democrático de derecho, convirtiendo el EPS en una institución castrense al uso, sin filiación político-partidaria y al mando del gobierno electo de turno. Esta voluntad política del FSLN quedó firmemente asentada en la Constitución promulgada en enero de 1987.
Cuando el llamado "poder sandinista" fue desalojado del gobierno por la Unión Nacional Opositora (UNO) en las elecciones de febrero de 1990, lo primero que hizo la Violeta Barrios al frente del nuevo gobierno "democrático", fue firmar con el FSLN el llamado "Protocolo de la transición", donde se formalizó el acuerdo que comprendía el respeto a la Constitución de 1987 en vigor, el mantenimiento de las conquistas sociales de la revolución, así como el desarme de la "contra" y de las milicias populares. Como parte de ese protocolo, Violeta Barrios nombró a Humberto Ortega comandante en jefe del del EPS, con el cometido expreso de que iniciara la tarea de sustraer a las nuevas FF.AA. nicaraguenses de la supeditación a la dirección política del FSLN, poniéndola al servicio del conjunto de la burguesía nicaraguense. Ésta ha sido la primera vez en la historia de Nicaragua, que un presidente civil legítimamente electo, ordena el cambio en el mando castrense sin mediar violencia alguna. Otra excepcionalidad política, no ya en la historia de Nicaragua sino mundial, fue que la función de acondicionar el "Ejército Sandinista" a las exigencias del nuevo de Estado de derecho, cortando todo vínculo político exclusivo con el FSLN, quedó a cargo del propio FSLN. Mayor paradigma de vocación contrarrevolucionaria es imposible. Esta tarea quedó parcialmente cumplida en 1995 con la aprobación en agosto del nuevo código militar, destinado a legalizar y reglamentar la función del Ejército ya acordada con la fracción antisomocista de la burguesía nacional, ocasionalmente representada en el gobierrno de Violeta Barrios.
El resto de la faena quedó a cargo de quienes sucedieron en el cargo a Humberto Ortega, los generales sandinistas Joaquín Cuadra Lacayo y Javier Carrión, cómodamente aquerenciados en esa importante parcela del aparato político burgués nicaraguense. La metamorfosis operada por la ideología democrática sobre el EPS en sólo cinco años, quedó fehacientemente probada en 1996, tras la segunda derrota consecutiva del FSLN, esta vez a manos del P.L.C. Cuando el escrutinio de los comicios dio por perdidas las elecciones al FSLN, Daniel Ortega intentó anularlas alegando fraude, pero el Ejército al mando del sandinista Joaquín Cuadra Lacayo, respetuoso de la Constitución, apoyó al Consejo Supremo Electoral en su decisión de declarar ganador al ahora Presidente filosomocista Arnoldo Alemán. Total: que si hasta la derrota de Somoza las masas nicaraguenses hicieron alguna vez resplandecer sobre su país el espíritu de la revolución permanente, el FSLN se encargó muy rápidamente de apagar ese destello desde el poder que ejerció al interior del aparato de Estado nicaraguense.
Doce años después, en una entrevista que no tiene desperdicio concedida a la revista "Visión Sandinista", Daniel Ortega justificó el comportamiento del FSLN diciendo que en aquellas circunstancias no se podía ir más allá de la "revolución democrática":
<<Nosotros, indiscutiblemente, luchamos y hemos luchado por un ideal socialista, pero ciñéndonos a la realidad tuvimos que plantearnos, en esta etapa del desarrollo histórico de Nicaragua, de las circunstancias internacionales -sobre todo por la ubicación misma de Nicaragua, la amenaza del imperialismo, etc.- realizar una revolución democrática.
¿Qué cosa es la revolución democrática? La revolución democrática se establece con toda claridad en la Constitución de 1987, donde se sientan las bases de las elecciones periódicas, del multipartidismo, por lo tanto, de la independencia de los poderes del Estado, la subordinación de las FF.AA. al poder civil, al gobierno, es decir, todas las bases de una apertura democrática liberal>> (Visión Sandinista: "Daniel Ortega se confiesa ante la Historia" http://members.tripod.com/VSandinista/Julio1999
Para Ortega y para los hombres de prestigio de la IVª Internacional, el FSLN, con sus 90.000 efectivos del EPS en acción y la masa popular que se empeñó en la lucha con ese movimiento, estaban preparados para realizar el "ideal socialista". Pero las condiciones históricas (el imperialismo y la frontera común con la Honduras contrarrevolucionaria) lo impedían. Por lo tanto concluyeron que, para hacer la revolución, había que pasar por las horcas caudinas de la democracia liberal. La historia demostró así, que el FSLN no llegó a ser jamás otra cosa que la vanguardia burguesa de un movimiento beligerante enfrentado a una "realidad actual", el somocismo, que había devenido totalmente incompatible con las exigencias de la ley del valor en la Nicaragua del capitalismo tardío. Habida cuenta de que la amenaza del imperialismo -antes y después de 1979- es tan cierta como que Nicaragua no es una Isla y sus fronteras con Honduras siguen estando allí, el recurso de Ortega a estos datos de la realidad para justificar el comportamiento democratista del FSLN no es más que otro de los movimientos retóricos de distracción ideológica que jalonan la historia de la contrarrevolución reformista desde los tiempos de Willich y Schapper. El estado de cosas al que, más que ceñirse decidió aferrarse la dirección del movimiento sandinista, no fue lo que impidió empezar a realizar el "ideal socialista" -como pretextó Daniel Ortega en aquella entrevista con Fredi García Eschke- sino otra: los límites ideológicos y políticos pequeñoburgueses de las clases subalternas nicaraguenses. Esta es la condición política que los verdaderos revolucionarios, los comunistas, deben contribuir a cambiar en medida suficiente antes de empeñarse en la lucha directa por el poder. Así lo comprendieron Marx y Engels desde 1850, poniendo esta comprensión a la altura de los más elevados principios que deben regir el comportamiento de los revolucionarios. Y el caso es que de este principio que conforma el arte de hacer política revolucionaria, los reformistas y centristas siempre han huido como de la peste. La diferencia entre los revolucionarios y los que sólo pasan por serlo, pues, consiste en que los primeros pugnan ante todo por contribuir a preparar las condiciones políticas propicias a la lucha por el cambio efectivamente revolucionario y nunca antes se deciden a luchar directa ni indirectamente por institucionalizar ningún poder y menos aun participar en él por nada del mundo. Los falsos revolucionarios, por el contrario, son unos incondicionales del poder, de ahí su inconfesada idiosincracia burocrática y politiquera. Por su propio carácter político de clase intermedia, los reformistas y los centristas son propensos a compadrear con el poder establecido, calesquiera sean las condiciones de la lucha por él. Tal es el límite extremo de su acción política. Y cuando las condiciones subjetivas para la lucha revolucionaria están dadas, ellos siempre aprovechan la oportunidad para contribuir a su derrota, dado que en una dinámica de revolución socialista no cabe el compadreo, la maniobra ni la componenda con ningún poder político burgués. Aunque parezca lo contrario, es el poder (burgués) el que les elije a ellos y no al revés.
En este sentido, fue la composición social mayoritariamente pequeñoburguesa del frente policlasista, y la necesidad históricamente determinada por el capital imperialista en Nicaragua de sacudirse el anacronismo económico y político del poder somocista, lo que trazó por anticipado el "ser en sí" y la trayectoria "según otros" del FSLN. A despecho de este curso predeterminado tangible y más que evidente ya en 1987, tres años después, haciendo suyos los mismos recursos retóricos de Ortega, "los hombres de prestigio" de la IVª Internacional seguían haciendo pasar al Estado liberal nicaraguense por un Estado obrero y a la profesión de fe democrático burguesa del FSLN por una virtud revolucionaria ejemplar:
<<En esas condiciones, los sandinistas se han esforzado por salvar la situación a largo plazo. Arrinconados en una economía de guerra, quisieron mantener relaciones internacionales diversificadas y evitar medidas de socialización rápida que habrían tenido efectos políticos interiores, aunque con consecuencias económicas imprevisibles. A pesar de la agresión, dieron una lección al mundo al no renunciar a la democracia, al pluralismo político y sindical y a la realización de elecciones generales en 1984 y 1990.>> (IVª Internacional: Resoluciones del 13º Congreso. VIII. Febrero de 1990)
En realidad, lo que se dedicaron a salvar los sandinistas en el largo plazo desde que se hicieron cargo del gobierno, no fue la situación revolucionaria en Nicaragua, sino la suya propia como expresión política de una fracción de la sociedad burguesa nicaraguense dentro del aparato de Estado capitalista; situación que, en gran medida, contribuyeron a crear como consignatarios en modo alguno gratuitos, esto es, actuando interesadamente a nombre propio pero por cuenta de la burguesía nacional opositora y, en última instancia, del capital imperialista. Para ello no hace falta más que observar la situación actual del país donde, el único cambio significativo desde noviembre de 1979 hasta hoy, consistió en que el FSLN ha conseguido crear un espacio político para la pequeñoburguesía dentro del nuevo Estado democrático burgués nicaraguense, que en el Estado totalitario de Somoza no existía. A esto se redujo el significado político de la lucha de clases durante ese período, y el "derecho adquirido" por los sandinistas, a compartir con sus representados los frutos económicos de ese poder político.
Esta propensión del FSLN a usufructuar el poder político institucionalizado, se puso de manifiesto desde que comenzaron a expropiar los bienes de la familia Somoza, convirtiendo el "area de propiedad del pueblo" en botín de guerra", como en los tiempos de la piratería. Así fue como, desde 1979 hasta 1990, procedieron allí al reparto de una buena "piñata" de privilegios económicos entre la masa de sus partidarios. Estos "derechos adquiridos" en virtud de su lucha por el poder, es lo primero que los sandinistas negociaron con la Violeta Barrios tras su derrota en las elecciones de 1990, y es lo que siguen defendiendo ahora frente al actual gobierno de Arnaldo Alemán desde 1996. A costa incluso de tener que llegar a un "pacto de gobernabilidad" con el P.L.C. en el gobierno, un partido que agrupa a las fuerzas del somocismo redivivo.
Inmediatamente después de que el nuevo gobierno de Violeta Barrios empezara a implemantar su programa bajo las directivas del FMI y la política privatizadora del Estado que comenzó con la suspensión de la Ley de Administración del Estado -en base al Decreto Presidencial 8-90 del 10 de mayo de 1990- diversas centrales sindicales de adscripción sandinista encabezadas por la Unión Nacional de Empleados Públicos (UNE), se declararon en huelga. En esos momentos los sindicatos movilizados formaron la coalición llamada Frente Nacional de Trabajadores (FNT); organización que, a consecuencia de la derrota electoral del FSLN, empezó a sentirse liberada de la férrea disciplina que anteriormente reinaba en el Frente Sandinista. De esta forma, en los meses siguientes, a consecuencia de nuevas expulsiones de trabajadores del sector público, de las fuertes alzas en los precios de los servicios públicos y de la introducción de la nueva moneda (el córdoba oro9), el FNT respondió con otra huelga nacional que derivó en una virtual insurrección. El presunto "Estado obrero" echó mano del Ejército Popular Sandinista y de la dirigencia del FSLN combinando represión y negociación con el propósito de a alcanzar un acuerdo que diera término a la huelga y a la convulsión social que reinaba en las calles.
Las huelgas de mayo y julio de 1990 fueron importantes recordatorios de la capacidad movilizadora de las centrales sindicales y de las organizaciones populares. A consecuencia de ello, la política gubernamental tuvo que dar un viraje hacia un plan de estabilización un poco más gradual y con mayores compensaciones sociales, a la vez que el inspirador de dichas políticas y Presidente del Banco Central -Francisco Mayorga- fue sustituido por tecnócratas más moderados. Fruto de este hecho, en las siguientes rondas de negociación entre las centrales sindicales y el gobierno, éstas lograron concesiones sobre la base de amenazar con nuevos disturbios, huelgas y movilizaciones que pudieran poner en peligro el proceso de estabilización.
La primera ronda de negociaciones a nivel nacional (impuesta por las huelgas de mayo-julio de 1990) culminó con el acuerdo de Concertación I, firmado en octubre de 1990. La segunda fase, o Concertación II, fue realizada en mayo-agosto de 1991. El contenido de dichos acuerdos representaba un compromiso en el campo de la estabilización: los sindicatos aceptaban el principio de austeridad fiscal, mientras el gobierno prometía vincular los salarios con los costos de una canasta básica para el consumidor. En lo referente al ajuste estructural los sindicatos no lograron obtener ningún logro relevante.
De los acuerdos de la Concertación II las centrales sindicales obtuvieron una significativa concesión de las medidas privatizadoras: la cesión del 25% de las empresas estatales privatizadas para los trabajadores organizados en los diversos sindicatos -la llamada Area de Propiedad de los Trabajadores (APT). En este contexto, uno de los fenómenos más destacados fue (al igual de lo que sucedió en países de Europa del Este) que las centrales sindicales -que años atrás habían estado divididas por sus relaciones con el régimen sandinista- ahora se encontraban sentadas en el mismo lado de la mesa de negociaciones defendiendo intereses análogos; mientras que los ex-administradores del Estado se convertían en empresarios De ello se observaba cómo el proceso de conflicto y negociación desarrollado a raíz de las privatizaciones aumentó la autonomía de los sindicatos en tanto que representantes de intereses específicos de clase; y que, en dirección opuesta, muchos altos funcionarios del régimen saliente fueron convirtiéndose en dueños y administradores de bancos y negocios, poniendo de manifiesto diferencias de clase, más allá de las adscripciones partidarias.
Con la segunda derrota electoral de los sandinistas en 1996, muchos de los antiguos propietarios somocistas expropiados percibieron la posibilidad de recuperar sus bienes, a la vez que los beneficiarios de la Reforma Agraria -militantes del FSLN y su clientela política- mantuvieron la determinación de quedarse con ellos. Para complicar el ya complejo paisaje, el gobierno entrante prometió tierra a los antiguos combatientes de ambos frentes -del Ejército Popular Sandinista y de la "contra" nicaragüense, lo cual vino a complicar más las cosas. Este choque de intereses opuestos sobre la propiedad de la tierra expropiada a Somoza, supuso uno de los conflictos más complejos de la Nicaragua contemporánea. Según diversos cálculos, en 1990 cerca del 40% de las tierras de Nicaragua estaban en litigio, enfrentando a gente de bajos recursos con acaudalados terratenientes y a la élite social del somocismo con la burocracia partidaria del régimen sandinista y sus allegados.
Así pues, la extensa red de actores sociales y políticos presentes en el conflicto de la tierra en Nicaragua supuso un nudo gordiano donde todo el mundo estaba implicado: las centrales sindicales sandinistas (ATC y CST -posteriormente organizadas en el Frente Nacional de Trabajadores -la FNT-), diversos gremios de agricultores y ganaderos (UNAG, UPANIC), el Movimiento Comunal (MC), las organizaciones de desmovilizados del Ejército Popular Sandinista y de la Resistencia Nicaragüense, la patronal (COSEP), y las élites nicaragüenses afincadas en Nicaragua y en Miami. A nivel internacional, merece la pena mencionar el rol ejercido por el Congreso, el Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos, así como por las organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). De esta forma, el conflicto de la propiedad significó una batalla en la que estuvieron comprometidos todos los sectores sociales nacionales y una fracción del capital imperialista.
Este conflicto se sustanció en medio de la permanente inestabilidad económica y socio-política del país. Con todo, su desenlace pareció irse resolviendo en base al compromiso y las componendas políticas entre los gobiernos salientes y entrantes. A cambio de obtener el adelanto en las elecciones y el compromiso de acelarar la despolitización del ejército, el gobierno de Violeta Barrios omitió deliberadamente investigar el proceso de confiscaciones al patrimonio de la familia Somoza, en especial las formas arbitrarias con que los sandinistas adjudicaron la propiedad de tierras y recursos en el interregno de febrero-abril de 1990 (lo que se calificó como la piñata sandinista). Y menor aún ha sido el control del PLC -que ganó las elecciones de 1996- hacia la segunda "piñata" (llamada "piñata de los lacayos") que benefició a sectores vinculados al gobierno de Violeta Barrios, quienes utilizaron el proceso de privatizaciones para enriquecerse.
Durante la campaña para las elecciones de 1996, el candidato a presidente por el neosomocista P.L.C., prometió que haría "pagar a los comandantes sandinistas" las mansiones de las que se apropiaron en la llamada "piñata". Una vez elegido presidente, Arnoldo Alemán debió enfrentar una furibunda ofensiva sindical y política desestabilizadora por parte de los sandinistas, hasta que se desdijo de aquella promesa y entró a negociar el asunto con el FSLN. Así fue como en la segunda mitad de 1997, el gobierno del P.L.C. no sólo abandonó su original propósito de hacer "justicia" frente la corruptela de los dirigentes sandinistas y sus miles de clientes políticos, sino que se comprometió a pagar la indemnización con fondos del Estado a los "legítimos" propietarios que reclamaron las "casas de lujo" en que -según "La Nación" de Costa Rica- siguen viviendo aun los burócratas del FSLN. Así lo confirmó a esta misma fuente el abogado sandinista Joaquín Cuadra Chamorro, uno de los principales negociadores en el acordado proyecto de ley para poner fin a las disputas por las expropiaciones hechas durante el gobierno del FSLN (1979-90):
<<En declaraciones a la prensa, luego del acuerdo, voceros del Gobierno de Alemán defendieron el pacto, señalando que éste traerá paz y estabilidad al régimen. Asimismo, las autoridades rechazaron que se esté gestando un "cogobierno" con el sandinismo, como acusan en la actualidad partidos minoritarios, molestos con este arreglo y otro pacto del Gobierno y el sandinismo, para reformar la ley electoral.>> (La Nación: "Sandinistas no pagarán piñata. Estado pagará todas las indemnizaciones") webmaster@nacion.co.cr
El Instituto de Estudios Políticos de Guatemala publico en 1998 un estudio donde expone los detalles de este acuerdo entre el P.L.C. en el gopbierno y el FSLN. Allí se dice que este acuerdo se comprende en el paquete de 16 reformas a la Constitución Política de la República que fue aprobado el 9 de diciembre de 1999 en su parte general y en primera legislatura, con 71 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones. Los votos a favor fueron de diputados sandinistas y liberales. Quienes se opusieron a las enmiendas son diputados liberales y sandinistas disidentes que aún se encuentran dentro de sus respectivos partidos; del Partido Conservador de Nicaragua (PCN); del de la Resistencia Nicaragüense (PRN); del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) y del evangélico Camino Cristiano Nicaragüense (CCN). La aprobación de estas 16 reformas constitucionales constituye la consumación del pacto entre la cúpula del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Gobierno de Arnoldo Alemán, culminando un año de negociaciones para repartirse cuotas de poder político y económico, en la víspera de las Elecciones Municipales del 2000, y las Presidenciales del 2001.
La última reforma constitucional se había llevado a cabo en 1995, durante el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, siendo el principal logro la democratización y la ampliación en el ejercicio del poder al resto de Poderes del Estado, particularmente al modificar la forma de escoger y estructurar la Asamblea Nacional (AN), al Consejo Supremo Electoral (CSE) y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que el ejercicio de las decisiones estaba mayormente concentrado en el Ejecutivo. En comparación con aquella reforma constitucional, el paquete aprobado el 9 de diciembre de 1999 representa una involución "democrática", ya que restaura poderes omnímodos al Presidente de la República y reparte potestades entre las dos principales fuerzas políticas del país: el PLC y el FSLN.
Las negociaciones para esta nueva reforma iniciaron a raíz del desgaste político de los principales líderes del FSLN: Daniel Ortega; y de Arnoldo Alemán del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en el gobierno. Arnoldo Alemán enfrentó un momento difícil cuando su gobierno se vio envuelto en el escándalo de un avión robado en Estados Unidos, supuestamente utilizado por el narcotráfico, y que sirvió para algunos viajes del mandatario. Esto deterioró en su momento al gobierno, y evidenció el grado de tráfico de influencias en el poder, dado que José Francisco Guash, quien introdujo el Lear Jet 35-A al país, ni siquiera pagó impuestos, todo porque la aeronave sería utilizada por Alemán. Este hecho y otros escándalos de corrupción investigados por la Contraloría General de la República, dieron pie a que el FSLN llegara a pedir la destitución de Alemán, acusándolo de estar involucrado con el narcotráfico internacional. Del otro lado estalló la crisis en el FSLN, cuando Zoilamérica Nárvaez Murillo acusó a su padrastro, Daniel Ortega, de violarla sexualmente desde los once años de edad, de someterla a sus placeres aún estando casada, y de otras presiones físicas. Para el FSLN como partido fue un momento dramático, ya que la denuncia llegó a los tribunales y de ahí al Parlamento, en donde Ortega es diputado. Los liberales alzaron sus voces para desaforar a Ortega y enviarlo a los tribunales sin inmunidad. Para el dirigente sandinista no era tanto el proceso de la demanda de su hijastra, sino verse en desamparo de inmunidad, porque le llovería centenares de acusaciones de sus enemigos políticos, por diversas causas.
El pacto surgió entonces como un acuerdo que beneficiara y oxigenara políticamente, tanto la imagen de ambos dirigentes como la de ambos partidos. Ni el FSLN pediría la destitución de Arnoldo Alemán por el escándalo del "narcojet" y buscaría encausarlo judicialmente por corrupción, ni los liberales despojarían de inmunidad a Daniel Ortega para no procesarlo criminalmente. De ahí hacia delante, las negociaciones giraron alrededor de repartirse importantes cuotas de poder político, fortaleciéndose uno sobre el otro, y pasando de los discursos virulentos a hablar de "gobernabilidad". Atrás quedaron los señalamientos de "criminal", "asesino", "corrupto", "somocista", "dictador" y "ladrón", que tantas veces hizo Daniel Ortega contra Arnoldo Alemán, y los epítetos del gobernante hacia Ortega y el FSLN, de "incapaces", "piñateros", "dictadores", "saqueadores", etc.
¿Quién gana y quién pierde con el acuerdo FSLN-P.L.C.? Sin duda alguna que el primer perdedor es el proceso político "democrático" iniciado en 1987 como producto de los Acuerdos de Esquipulas II, reforzado con los resultados electorales de 1990. Este proceso corre peligro de regresión, en la medida en que el pacto FSLN-P.L.C. le ha hecho retroceder a los niveles de 1971, cuando el dictador Anastasio Somoza Debayle, del Partido Liberal Nacionalista (PLN), hizo el pacto de "Kupia Kumi" (en lengua misquita "Un solo corazón") con su adversario político conservador, Fernando Agüero Rocha. Un pacto denunciado en su momento por Carlos Fonseca que le costó ser perseguido y asesinado. Otros perdedores son las fuerzas políticas distintas que rivalizan, tanto con al PLC como con el FSLN y los sectores políticos y económicos ligados a ambos, así como los partidos pequeños, los políticos independientes y todo lo que queda fuera de este bipartidismo a ultranza que se ha venido imponiendo. En el balance preliminar de los resultados es evidente que ambos partidos obtuvieron lo que buscaban en el futuro inmediato, aunque para el PLC los saldos sean más positivos, y pese a que aún se mantiene latente el cuestionamiento de su liderazgo y credibilidad, y aunque continúan desgastados y desacreditados ante la opinión pública, de acuerdo con los resultados de la última encuesta de CID-Gallup.
¿Qué ha logrado el FSLN?:
¿Qué logró el PLC y Arnoldo Alemán?:
Puestos a hacer un balance de lo que ocurrió en Nicargua desde noviembre de 1979 hasta hoy, para no faltar groseramente a la verdad histórica hay que decir que todo ese período de la lucha de clases estuvo atravesado por la disputa entre los poderes fácticos de ese país para dirimir quien rapiñaba una parte alícuota mayor en el reparto de ese 40% de la riqueza nacional expropiada a los Somoza. Dije más arriba que los sandinistas convirtieron el "área de propiedad del pueblo" en verdadero botín de guerra y esto no es una exageración. En setiembre de 1997, la somocista Asociación de Confiscados nicaragüenses acusó entre otros al general Joaquúín Cuadra Lacayo -por entonces jefe del Ejército Popular Sandinista ya completamente reciclado- de "haberse beneficiado con cinco mansiones de lujo", al amparo de las leyes aprobadas por el Gobierno del FSLN, mediante las cuales repartió más de 20.000 propiedades decomisadas a antiguos colaboradores y miembros del régimen de Anastasio Somoza, que -según la letra y el espíritu de esas leyes- debieron ser otorgadas a ciudadanos nicaraguenses de escasos recursos. A esta acusación respondió el abogado Joaquín Cuadra Chamorro, padre del General y uno de los principales negociadores en el acordado proyecto de ley para poner fin a las disputas por las expropiaciones hechas durante el gobierno del FSLN (1979-90), declarando que las propiedades en litigio "corresponden a las que el FSLN asignó a sus mandos medios para compensarlos por los bajos sueldos pagados en la función pública", mientras que su hijo les defendió diciendo que "merecen esas propiedades porque arriesgan sus vidas en las misiones". (Cfr. Op.cit. webmaster@nacion.co.cr) En toda esta baba politiquera y corrupta, los hombres de prestigio de la IVª quisieron ver una dinámica de revolución permanente. Capitulaciones ideológicas y políticas tan escandalosas como ésta sólo se pueden encontrar en los anales del stalinismo.
mayo 2001
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