m) El reinado de María Cristina. Primera guerra carlista. La desamortización de Mendizábal.

Un año antes, Carlos María y sus partidarios absolutistas, comenzaron a  conspirar apoyados por sectores tradicionalitas de la Iglesia. Ese año de 1832, el rey enfermó de gravedad, por lo que su esposa, María Cristina, asumió la regencia y, con su aprobación, inició una apertura del régimen apoyándose en los liberales. Tales fueron los frutos del interregno revolucionario entre 1820 y 1823, que, tras la muerte del rey Fernando acaecida el 29 de setiembre de 1833, desembocarían directamente en una guerra dinástica entre los borbones partidarios del absolutismo, y los borbones que proponían una reforma liberal moderada de término medio, entre el absolutismo feudal y la monarquía constitucional, propugnada por la Regente María Cristina de Borbón.

A propósito de esta coyuntura bélica, citando a Lord Liverpool[32] cuando dijo que jamás hubo cambio político de importancia “con menos encarnizamiento y efusión de sangre que la revolución española de 1820-23”, Marx le dio la razón agregando que, tanto ésta última como la de 1812, habían sido “revoluciones frívolas”. Por lo tanto, Marx sostiene ―y nosotros acordamos— que los liberales “podían haberle dado (a la revolución) la forma de las guerras civiles del siglo XIV”.[33] Sin embargo, en razón de las limitaciones económico-sociales, pero, sobre todo, de las políticas por parte de quienes oficiaron de vanguardia en ese período, la idiosincrasia monárquica intangible de las mayorías sociales campesinas en ese país, hicieron inevitable que la revolución burguesa adquiriera en España un carácter monárquico:

<<Debido a las tradiciones españolas, es poco probable que el partido revolucionario hubiera triunfado caso de derrocar a la monarquía. La propia revolución en España debía aparecer, para vencer, en calidad de pretendiente al trono (...) Fue precisamente Fernando VII quien proporcionó a la revolución una bandera monárquica, el nombre de Isabel, mientras que legaba la contrarrevolución a su hermano Don Carlos, el Don Quijote de la Santa Inquisición. Fernando VII se mantuvo fiel a sí mismo hasta el final. Si durante toda su vida pudo engañar a los liberales con falsas promesas, ¿podía renunciar a la satisfacción de engañar a los serviles a la hora de la muerte? ¡Por la parte religiosa siempre fue escéptico! De ningún modo podía creer que alguien ―ni siquiera el Espíritu Santo― pudiera ser tan estúpido que dijera la verdad>> (Op. Cit.)

Respecto de los moderados:

<<...enseguida perdieron su fervor a la revolución, y después la traicionaron, abrigando la esperanza de que podrían llegar al poder merced a la intervención francesa, y, de este modo, sin hacer esfuerzos para instaurar la nueva sociedad, recoger sus frutos sin permitir a los plebeyos el acceso a ellos.>> (Ibíd)

Como hemos visto, ese “enseguida” se puso de manifiesto en julio de 1821, y el “después”, cuando María Cristina de Borbón ―en acuerdo con los liberales “moderados”― otorgó a España el régimen constitucional conocido por “estatuto real de 1834”,[34] a medio camino entre el absolutismo y la monarquía constitucional inaugurada en Francia por Luis Felipe I de Orleans, en 1830. Esta movida ahondó la fractura expuesta entre liberales “moderados” y “exaltados”, quienes fundaron el Partido Progresista, al tiempo que el acercamiento de María Cristina de Borbón a los liberales de medio pelo, enconó aún más el conflicto con las huestes absolutistas de Carlos María Isidro de Borbón quien, desde Portugal, alentó al ejército y a la marina a unirse a su causa.  Este llamamiento prendió en las tropas acantonadas en Talavera de la Reina, cuyo alzamiento daría inicio a la primera guerra carlista, el 2 de octubre de 1833, propagándose rápidamente a las provincias vascongadas, Navarra, ambas Castillas, Aragón, Cataluña y Valencia, hasta 1840. 

En el transcurso del conflicto, durante el verano de 1835 los liberales progresistas protagonizaron un levantamiento con disturbios y quema de conventos, exigiendo que se derogara el Estatuto Real. Para calmar este descontento, María Cristina cedió el gobierno al Progresista Juan Álvarez Mendizábal[35], pero muy pronto entró en discordia con él a raíz del carácter revolucionario de su programa consiguiendo su dimisión el 14 de mayo de 1836. Le sustituyó el conservador Francisco Javier de Istúriz,[36] quien, al no contar con los apoyos suficientes en las Cortes, las disolvió. María Cristina firmó el decreto de disolución inaugurando una práctica frecuente en el constitucionalismo burgués español.

Cuando iban a reunirse las nuevas Cortes, estallaron distintos levantamientos en varias ciudades que Istúriz intentó controlar, hasta que la guardia del Real Sitio de La Granja (en la localidad segoviana de San Ildefonso) ―donde estaban reunidas las Cortes― se sublevó a iniciativa de los suboficiales (por eso llamada “sublevación de los sargentos) al mando de Mendizábal, el 12 de agosto, exigiendo la restitución de la Constitución de 1812. La reina regente se vio obligada a ceder, Istúriz fue destituido y unas nuevas Cortes proclamaron  la nueva Constitución en 1837, que acabó con la soberanía absoluta de la Corona ―aunque conservó el derecho al veto― dando paso, por primera vez, a un sistema de dos cámaras legislativas: el senado y la cámara de diputados. Con este texto, el sujeto de la soberanía volvió a recaer en la nación, como estipulaba la Constitución de 1812, no en la Corona, como contemplaba el Estatuto Real de 1834.

Mendizábal volvió a formar parte del gabinete ministerial cuando, el 11 de septiembre de 1836, el primer ministro, José María Calatrava le designó ministro de Hacienda tras el triunfo de la llamada sublevación de La Granja. Entre sus reformas de la hacienda pública y de la administración del Estado, Mendizábal se propuso dinamizar la economía agrícola del país, desposeyendo de sus pertenencias a las órdenes religiosas, con el propósito de reducir la deuda pública y proporcionar al Estado medios económicos con los que financiar la guerra civil contra los carlistas. Entre las reformas de la ley contenidas en su Memoria de 1837, destacó la supresión de las órdenes religiosas y la incautación por el Estado de sus bienes (con la salvedad de las dedicadas a la enseñanza de niños pobres y a la asistencia de enfermos), que permitió la formación de una quinta militar de 50.000 hombres para luchar contra el carlismo.

Entre el 15 y el 28 de septiembre de 1836, Mendizábal puso a consideración de la reina regente su programa de reformas, en el que destacaba el apoyo de las Cortes al nuevo gabinete ministerial, la reforma del clero regular o desamortización eclesiástica, la finalización inmediata de la guerra contra el carlismo y la eliminación de la deuda pública. En la desamortización de Mendizábal se procedió a la venta del patrimonio del clero regular (monjes, frailes) y de parte del secular ―lo que implicó la desaparición de monasterios y conventos― disponiendo que el Estado se comprometiera a proteger al clero por medio de subvenciones y pago de salarios. Aunque bien es verdad que de esa desamortización se benefició la plutocracia andaluza librecambista que Mendizábal antepuso a los intereses del campesinado ávido de tierras, burlando las expectativas de la población. Para eso, falseando los ideales democráticos de la revolución francesa en los que decían haberse inspirado los liberales progresistas, Mendizábal debió propugnar una reforma del censo electoral demasiado restringida respecto de la ―mucho más democrática― propuesta por los moderados,  lo cual condujo a la crisis política de mayo de 1836. Aunque no deja de ser cierto, que esta concesión a la burguesía agraria andaluza, también estuvo motivada por la exigencia de aumentar rápidamente los ingresos fiscales para paliar la desorbitada deuda pública a raíz de la guerra interna contra los carlistas y las expediciones de mantenimiento y reconquista de las colonias en América[37].

Durante la crisis de mayo del 36, el moderantismo se dividió en dos. Un grupo capitaneado por Istúriz, apoyó el criterio con que Mendizábal llevó a cabo la transferencia de los bienes hasta entonces propiedad del clero, pero criticaba el alcance de las reformas políticas y estaba dispuesto a revisar el Estatuto Real de 1834 en un sentido mucho más amplio y liberal. Esta tendencia de un moderantismo democrático fue el punto de partida de los primeros centristas, entre los “exaltados” y los moderados –ahora— de derechas que se declaró opuesto a la desamortización y abierto al "carlismo posibilista", dando origen al tradicionalismo y al neocatolicismo. Su única consigna era "orden y fortalecimiento del poder real". Se inspiraba en autores como Joseph De Maistre[38] y Robert Lamennais,[39], precursores de “la razón de Estado” que insistían en poner límites al individualismo capitalista en nombre de la autoridad de la Iglesia y del Estado. Salvando las distintas condiciones históricas de la lucha de clases en España entre aquella época y la actual, digamos que el papel que representó la derecha de los liberales (Mendizábal) en 1836, viene a ser hoy Izquierda Unida; el centro que entonces ocupó Istúriz y después Leopoldo O´Donell, lo ocupa hoy el Partido Comunista de España y demás formaciones políticas que se reclaman del republicanismo burgués, en tanto que el sitio de la extrema izquierda liberal ―que en 1820-23 ocupaban gente como del Riego y Evaristo San Miguel― es ocupado hoy por una exigua minoría de “exaltados”, que seguimos sobre la línea política materialista histórica más consecuentemente trazada entre Marx y Lenin. En este sentido, la tragedia histórica se repite, pero esta vez, como farsa. 

El General progresista Baldomero Fernández Espartero --que desde 1833 había tomado partido por los derechos dinásticos de la reina Isabel II en contra del absolutista Carlos Isidro de Borbón ―hermano de Fernando VII— en mayo de 1834 fue nombrado general en jefe de Vizcaya, dirigió el levantamiento de los dos sitios carlistas de Bilbao, el segundo de ellos después de derrotar a las fuerzas absolutistas de Carlos Isidro en Luchana, el 24 de diciembre de 1836, por lo cual la Reina regente María Luisa, le concedió el título de conde de Luchana. Accedió por vez primera al gobierno cuando, el 29 de julio de 1837, fue designado ministro de la Guerra durante el gobierno liberal revolucionario de Calatrava, si bien, desde agosto hasta octubre de ese mismo año, presidió oficiosamente un fugaz gabinete gubernamental en el que también desempeñó el Ministerio de la Guerra. Nombrado general en jefe del Ejército del Norte desde 1836, fomentó hábilmente las divisiones entre los mandos carlistas y atrajo a Rafael Maroto [40] hacia conversaciones de paz, que terminaron con la firma del Convenio de Vergara (31 de agosto de 1839), por medio del que se puso fin a la primera Guerra Carlista en casi todo el territorio español, por cuyo servicio recibió el título de duque de la Victoria. No obstante, se encargó de acabar definitivamente con el conflicto y pacificó la comarca de El Maestrazgo, donde derrotó y obligó a huir a Francia al general carlista Ramón Cabrera en julio de 1840, tras haber conquistado su bastión de Morella (Castellón) dos meses antes.

Una vez pacificado el país, la reina regente María Cristina de Borbón, madre de Isabel II, cuya vida privada no era todo lo ejemplar que debiera, situación consentida y ocultada por el partido moderado para mantenerse en el gobierno. Llegó un momento en que dicho comportamiento salió a la calle como represalia por haber firmado la Ley de Ayuntamientos, desoyendo el consejo de Espartero, quien, ante la notoria impopularidad de dicha Ley, le había suplicado que no la firmara. Se sublevaron las principales ciudades de España y, ante tales sucesos, María Cristina se vio obligada a renunciar a la Regencia antes que pasar por el trance de que se debatiera en el Congreso su verdadero estado civil (viuda, casada,...) ante sus reiterados estados de gestación y alumbramiento, ya que para ser Regente debía permanecer viuda.

Reunidas las Cortes del Reino en septiembre de 1840, eligieron Regente al general Espartero, por ser considerado el español con más méritos para ello. Desde mayo del año siguiente, tras ser elegido por las Cortes, pasó a desempeñar la regencia hasta la segunda mitad de 1843. Gobernó bajo la vigencia de la Constitución de 1837 y llevó a cabo la desamortización de los bienes del clero secular (1841), pero, al mismo tiempo, reprimió duramente conspiraciones, tanto de signo moderado como democrático, a la vez que hubo de enfrentarse en el Congreso de los Diputados a sus propios correligionarios progresistas, tales como Joaquín María López y Salustiano de Olózaga. En agosto de 1843, Espartero fue expulsado del poder después del triunfo de una sublevación ―contra su desempeño de la regencia―, encabezada por el general moderado de derecha, Ramón María Narváez, quien venció a sus tropas en la batalla de Torrejón de Ardoz (Madrid), sublevación en la cual también participaron —o cuando menos, se inhibieron— la mayoría de los progresistas.[41] En octubre, al cumplir los trece años, las Cortes españolas declararon a Isabel II mayor de edad y, por tanto, tras jurar la Constitución, fue reconocida reina. Durante los treinta y cinco años de su reinado, se consolidó el difícil tránsito en España desde un Estado absolutista a otro liberal-burgués.

Con su triunfo militar sobre Espartero en julio de 1843, Narváez aupó provisionalmente al gobierno a Luis González Bravo[42], uno de los tantos tránsfugas que, del partido Liberal revolucionario (progresista) se pasó sin solución de continuidad a los moderados de derecha. El 30 de ese mismo mes Espartero huyó de España. Pasó a ser dictador Narváez, uno de los líderes del partido moderado, al que apoyaban los grandes latifundistas. En el país se estableció un prolongado dominio de la reacción, llamado la “década moderada”, durante la cual, en 1845, siendo ya jefe de gobierno el general Narváez, proclamó otra constitución, en la que se concedió un mayor poder a la autoridad real. Las bodas de Isabel II ocasionaron otro conflicto entre Narváez y la reina Isabel, quién al rechazar ésta como heredero al trono al hijo del infante don Carlos Isidro (los absolutistas le llamaban Carlos VI) para aceptar a su primo Francisco de Asís, sobrino de Fernando VII, ocasionó la destitución de Narváez al frente del gobierno. Al año siguiente empezó en Catalunya la Segunda Guerra Carlista (1847-1849), coincidiendo su curso con la segunda revolución francesa que, en febrero de 1848, puso fin en Francia al sistema monárquico constitucional de Luis Felipe I. Meses antes, el 4 de octubre de 1847, tras aceptar la opción marital de la Reina, Narváez fue nuevamente nombrado presidente del Consejo de Ministros, período de gobierno que se dilataría hasta la primavera de 1851. Narváez cayó el 10 de abril de l851, siendo sustituido en la Presidencia por Bravo Murillo. Durante el mandato de éste, se automarginó de la política activa, no participando en la revolución de julio de 1854, ni en la vida política del Bienio Progresista. El principal logro reaccionario de su primer gobierno, fue el haber conseguido neutralizar la repercusión política en España de los movimientos revolucionarios europeos de 1848. A todo esto, los políticos liberales revolucionarios, como siempre, limitándose a conspirar desde los escaños de las Cortes y en los medios castrenses, atentos a la que pueda saltar espontáneamente desde la sociedad civil, pero dejando toda iniciativa del poder político efectivo a los distintos pronunciamientos encarnados en los jefes militares de uno u otro signo ideológico.