El pasado 21 de junio a las 15:29 hs. el señor Siestoes escribió:

          Buenas, camaradas

          Lo primero de todo, felicitaros por vuestro trabajo, se aprende muchísimo con vuestros artículos. El motivo por el que os escribo es acerca de la Renta Básica Universal. En los últimos años hasta los capitalistas más descarados no han podido negar que las contradicciones internas del capitalismo desembocarán en un futuro no muy lejano en cada vez mayor automatización de la producción con el desempleo (y pérdida de valor de las mercancías) que ello generaría.

          Ante este dilema, muchos teóricos burgueses están abogando ya, entre otras cosas, por la Renta Básica Universal como solución a largo plazo. Entiendo que la RUB es sólo otra de las utopías capitalistas que intentan anteponer al lógico socialismo-comunismo, pero si me gustaría que, si os interesa y os parece de utilidad, dierais vuestra opinión en concreto sobre este tema y lo refutarais.

          Un saludo y gracias por adelantado!

Sin ganancias que superen con creces el costo en salarios para producirlas, el capitalismo deja de funcionar

          Señor Siestoes:

          Sí. Como hemos dejado dicho en nuestra última publicación, la propiedad privada sobre los medios de producción y la consecuente competencia entre sus propietarios, son los dos principios activos del capitalismo que han venido impulsado la productividad en la producción de riqueza para fines de acumular capital. Principio activo es todo aquello que mueve a la realización de un fin, y la finalidad del movimiento social que hace al capitalismo, es la acumulación de ganancia económica explotando trabajo ajeno. Pero contradictoriamente, ese movimiento sustituye trabajo asalariado —única fuerza creadora de valor económico en forma de ganancia—, por medios técnicos cada vez más eficaces que, contablemente, se limitan a trasladar su costo de mercado al producto, en forma de amortización por desgaste. O sea, que no generan ganancia ninguna. Así las cosas, la tendencia objetiva del movimiento que genera la combinación entre la propiedad privada y la competencia intercapitalista, ambos principios activos van en dirección inevitable hacia el automatismo como sustituto de trabajo humano por máquinas en las distintas ramas de la producción; un hecho que ha venido aproximando el capitalismo hacia el fin de su existencia. Y el caso es que hoy día, esa tendencia es ya casi una realidad actual que no permanece a la espera de un futuro próximo, señor Siestoes. Porque la creciente automatización de la producción, determina que la ganancia creciente capitalista remita con tendencia inevitable a desaparecer. Y es que la pérdida de puestos de trabajo no solo reduce la ganancia, sino que siembra la exclusión social profunda entre los sectores mayoritarios de la sociedad explotados, cada vez más más numerosos y desfavorecidos, un fenómeno que así, de haber sido una excepción durante las precedentes recesiones económicas periódicas, ha pasado cada vez más a ser la norma. Pero los intelectuales pequeñoburgueses —férreamente aquerenciados en el sistema capitalista entendido por ellos como el non plus ultra eterno de la convivencia humana—, se inventaron eso de la Renta Básica Universal a la que definieron como “el derecho de todo ciudadano y residente acreditado, a percibir una cantidad periódica que cubra, al menos, sus necesidades vitales sin que por ello deba contraprestación alguna”4 5. Sin pararse a pensar que la producción acumulativa de ganancia, es históricamente incompatible con el principio activo de la competencia entre propietarios de los medios de producción.

 

          Bajo tales condiciones económicas terminales deletéreas del capitalismo, descritas aquí, cabe preguntarse ¿de dónde los distintos Estados nacionales podrán obtener los medios, para financiar la tan cacareada Renta Básica Universal, si no es engrosando sine die la deuda pública por falta de recursos materiales genuinos que respalden la emisión monetaria? Y ya sabemos lo que sucede cuando la economía capitalista se prolonga a caballo de semejante alternativa. Cuando Lehman Brothers estalló en 2008 anunciando la última recesión económica todavía no superada, la deuda financiera de los principales Estados nacionales de Occidente había crecido hasta alcanzar los 59 billones de dólares. Cuatro años después alcanzó los 67 billones y en 2014 llegó a los 65. Todo parece indicar que vamos hacia otra debacle financiera como parte constitutiva del inevitable proceso hacia un cambio revolucionario del sistema, que acabará para siempre con la explotación del trabajo asalariado. En medio de semejante situación, la pequeñoburguesía intelectual que, a cambio de promocionar la presunta eternidad del capitalismo ha venido sobreviviendo cómodamente a expensas de las dádivas del sistema en condiciones favorables, ahora no sabe cómo explicar que las noxas sociales de la presente recesión económica se prolonguen. Un significativo ejemplo de esta desorientación, es el trabajo titulado “Crisis y fractura en Europa”, que un conjunto de profesionales en la materia han elaborado para la Obra Social de La Caisha, publicado en 2012 y que nosotros a continuación reproducimos aquí:

       <<INTRODUCCIÓN.

       La intensa crisis económica de alcance internacional, originada en el ámbito de las finanzas está teniendo un gran impacto en las economías nacionales. Entre las consecuencias más directas debemos citar el descenso de la actividad económica, el declive de las inversiones y el consumo, además de una fuerte caída del empleo en la mayoría de los países. Nos enfrentamos a una crisis de carácter global porque está afectando, de un modo u otro, a todos los países, pero también porque incide en muchas esferas de la vida, no solo la financiera y económica, sino en el espacio social y en el mundo de las ideas y los valores. Este carácter global y su prolongada duración suponen una evidente amenaza para la cohesión social.

 

       Dada la magnitud de esta crisis, la multiplicidad de análisis y debates han trascendido la esfera política y académica extendiéndose a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Ello permite el seguimiento de la crisis a una ciudadanía atenta a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB), los niveles de déficit y gasto, la prima de riesgo y las evaluaciones que las agencias de rating realizan sobre entidades financieras, empresas o estados. De este modo, despertamos cada mañana con información cambiante sobre el estado de las bolsas, la situación de las economías más frágiles o los nuevos paquetes de reforma emprendidos por los gobiernos. Paradójicamente, esta proliferación de información económica convive con una escasa presencia de información y discusión política sobre las consecuencias sociales de la crisis.

 

       La destrucción de empleo ha traído consigo la preocupación por el grandísimo incremento de las cifras de personas desempleadas en algunos países que, debido a su magnitud, son en sí mismas una muestra inapelable crisis y fractura social en Europa de la gravedad de los efectos sociales de la crisis. Sin embargo, la tasa de desempleo resulta insuficiente para mostrar los efectos de la falta de ingresos por trabajo en las condiciones de vida de las personas y sus hogares. El desempleo, al igual que el empleo, se distribuye de manera desigual entre la población, por lo que existen determinados grupos sociales con una mayor probabilidad de verse afectados en función del sector económico en el que trabajaban, el carácter de la contratación o el grado de cualificación. Del mismo modo que los efectos de esta crisis están siendo más intensos en algunos grupos poblacionales determinados por el sexo, la edad o la pertenencia a minoría étnica. También sabemos que el desempleo no tiene una relación directa con la pobreza y la exclusión social. La respuesta de los sistemas de protección social a través de las prestaciones de desempleo y las pensiones, por un lado, y la protección familiar, por otro, están amortiguando los efectos de la destrucción de empleo en Europa. Sin embargo, hay personas que quedan al margen de esta protección o la han agotado debido a su prolongada situación en desempleo. Por este motivo, dentro del desempleo existen casos, cada vez más numerosos, en los que la falta de ingresos por trabajo y la ausencia de otros mecanismos de protección provocan situaciones de pobreza y privación económica que, a su vez, se traducen en falta de acceso a bienes básicos, dificultades en el mantenimiento de la vivienda y otro tipo de problemas.

       No es la primera vez que las ciencias sociales se enfrentan al estudio del impacto social de las crisis económicas. El crac del 29 o las reconversiones industriales originadas por la crisis del petróleo en los setenta provocaron un aumento de la pobreza y amenazaron seriamente la cohesión social. Por ello sabemos que, incluso una vez superadas las etapas de recesión económica, los efectos perduran y que determinados fenómenos alcanzan carácter estructural: personas expulsadas para siempre del mercado laboral, generaciones de jóvenes perdidas, proliferación de conductas anómicas –consumo de drogas, alcoholismo, etc.–, deterioro de la salud mental o fractura de las relaciones familiares.

 

       Es cierto que la sensibilidad social hacia las graves consecuencias de la crisis actual ha provocado una explosión de reacciones críticas y de protesta a lo largo y ancho del territorio físico y virtual, que alertan tanto sobre los efectos de la misma como sobre las medidas de ajuste. Entre estas reacciones, las entidades de acción social fueron las que denunciaron con bastante celeridad el impacto de la crisis en la demanda de atención y cobertura de necesidades básicas ante la lentitud y limitación de los sistemas públicos de res-puesta a las situaciones urgentes.

 

       Sin embargo, y a pesar de la alarma social, los instrumentos disponibles en cada país para el seguimiento del impacto social de la crisis son escasos. Están mejor desarrollados los indicadores relacionados con el empleo y los salarios, y los que recogen razonablemente la respuesta de los sistemas de protección social –pensiones y prestaciones sociales–. Por el contrario, los indicadores que señalan los efectos sociales de la crisis tienen poca capacidad comparativa. Tan solo la Labour Force Survey (EU-LFS) nos proporciona un indicador coyuntural muy aproximativo de los hogares que carecen de ingresos –en los que no hay personas ocupadas ni tienen pensiones o protección por desempleo–. La Encuesta Europea de condiciones de Vida, con la que se puede hacer un acercamiento a la medición de la pobreza y las privaciones, tiene una periodicidad anual y recoge los ingresos del año anterior. En consecuencia, a pesar del esfuerzo realizado para adelantar los primeros resultados, los datos llegan tarde para informar las decisiones políticas, sobre todo cuando los procesos avanzan y los acontecimientos se suceden con una extraordinaria rapidez como está ocurriendo en esta crisis. En los informes de la comisión Europea y del comité de Protección Social se ha reconocido que los indicadores «no son suficientemente reactivos en un contexto de cambio rápido» (comisión Europea, 2009). Su propio informe, que trata de analizar el impacto social, es un buen ejemplo del desequilibrio en cuanto al conocimiento disponible en estos ámbitos: en realidad de lo que habla más es del impacto en el empleo y de las consecuencias para los distintos sistemas de protección social. Los cambios en las condiciones de vida de la población están prácticamente ausentes y la evolución de los fenómenos de pobreza y de exclusión social se mantienen en parte desconocidos.

 

       El presente trabajo de investigación analiza el impacto social de la crisis partiendo de una perspectiva multidimensional que tenga en cuenta los diferentes procesos de exclusión social que se producen en el ámbito estructural, institucional e individual-familiar en varios países europeos. De hecho, este estudio parte de la hipótesis de que las características difieren ciadas de los mercados laborales, las políticas sociales y el tejido social dan lugar a procesos de exclusión diferentes en cada país.

 

       En el campo de las ciencias sociales y especialmente en el estudio de las políticas sociales, es frecuente recurrir a la comparación internacional para entender la complejidad de los diversos modelos. Factores económicos, sociales, culturales e ideológicos resultan claves para explicar el desarrollo de los distintos modelos de bienestar en Europa. Por este motivo, dentro de la política social se ha dedicado un importante esfuerzo al establecimiento de clasificaciones que, aunque simplifiquen la realidad, resultan de utilidad para el análisis comparado. Entre ellas, una de las más compartidas ha sido la de Gøsta Esping-Andersen, quien diferencia tres regímenes de bienestar en Europa (1993): socialdemócrata, liberal y conservador o corporativista, en función de diversos factores, además de los ideológicos, tales como la capacidad de protección de las distintas prestaciones públicas o el papel que asumen los estados en las funciones de cuidado y atención familiar.

a) Régimen de bienestar socialdemócrata. Este modelo hace referencia a los sistemas de protección instaurados en Dinamarca, Suecia o Finlandia. En estos países la tradición de gobiernos socialdemócratas desde los años cuarenta y cincuenta favoreció la implantación de sistemas caracterizados por el universalismo de la protección que han ido manteniéndose gracias a una sólida legitimidad social.

b) Régimen de bienestar liberal. Este modelo explica la realidad de los países anglosajones como EE. UU., Australia y el Reino Unido. En estos países, de tradición liberal, el grado de protección asumido desde el sector público es menor ya que se potenció que los ciudadanos la consiguieran a través de la familia o el mercado. A diferencia de EE. UU., en el Reino Unido se desarrolló un sistema unificado de seguros, un sistema de salud público y un nivel asistencial que garantiza unos ingresos a aquellas personas que han demostrado su situación de necesidad y no pueden proveerse la protección en el mercado.

c) Régimen de bienestar conservador o corporativista. Este modelo define los sistemas de protección forjados en países del centro y sur de Europa tales como Francia, Países Bajos, Alemania, Italia o España. En ellos se fueron implantando sistemas de protección social basados en la contribución previa de los trabajadores. En este modelo, los derechos sociales

se vinculan a la posición respecto del mercado de trabajo a lo largo del ciclo vital, por ello la cuantía y la duración de las prestaciones se establecen en función de las aportaciones de cada trabajador. Las especificidades de los sistemas de protección de los países del sur de Europa, como Italia, España o Grecia, han llevado a varios autores a hablar de un modelo de bienestar mediterráneo o católico diferente del corporativista, con un alto componente familista (Ferrera, 1996; Sarasa y Moreno, 1995). En estos países, la protección contributiva aparece más fragmentada en diversos niveles y con complementos asistenciales.

 

       Esta clasificación sigue contando con un elevado respaldo en el campo de los análisis comparados en política social y, por su utilidad y vigencia, se ha utilizado como referencia en este trabajo, con la finalidad de analizar el impacto de la actual crisis de manera comparada en cada modelo de bienestar se han seleccionado cuatro países: Reino Unido, Francia, Dinamarca y España, que representan cada uno de los modelos de Estado de bienestar de la clasificación de Gosta Esping-Andersen. Dinamarca encarna el modelo socialdemócrata; Reino Unido como prototipo de país liberal; Francia, el régimen corporativista-conservador; y España, aparte del interés en analizar nuestra realidad, como representante de un país mediterráneo. Estos países muestran una clara diversidad respecto al impacto de la crisis, así como en la orientación introducida en la reforma de las políticas sociales.

 

       Esta comparación entre modelos se ha aplicado en cada uno de los análisis que se realizan en este trabajo con el objetivo de ubicar la realidad del caso español en el mapa de la diversidad de modelos sociales europeos. Para ello se ha contado con las fuentes de datos europeas (Eurostat) y con el análisis directo de fuentes de datos nacionales realizados e interpretados por tres investigadoras pertenecientes a universidades y centros de investigación de Dinamarca, Francia y el Reino Unido.

 

       El trabajo se estructura en cinco capítulos que tratan de abordar algunas de las líneas de estudio consideradas relevantes. En el primer capítulo se realiza una revisión de los distintos estudios surgidos en fechas recientes acerca del impacto social de la crisis con el propósito de establecer el marco analítico del presente estudio comparado. El segundo capítulo analiza el comportamiento de los mercados laborales en el período de crisis y los fenómenos de desempleo y precarización del empleo identificando los colectivos más afectados por dichos procesos. El tercer capítulo se centra en la evolución de las desigualdades sociales, especialmente en el seguimiento de la pobreza y de la pobreza extrema en cada territorio. El cuarto capítulo se dedica al estudio de la exclusión social, mediante un planteamiento multidimensional que permite identificar distintos procesos de pérdida de integración social en las condiciones de vida de los hogares más afectados por la crisis. Paralelamente, se lleva a cabo un análisis de las estrategias que, en este contexto de dificultad, estos hogares desarrollan día a día; consisten en combinaciones de acceso a recursos públicos, apoyos familiares e incremento de actividades laborales. La ausencia de estrategias conlleva la desprotección y el empeoramiento de las condiciones de vida. Por último, el quinto capítulo explora la evolución de las políticas de bienestar en el actual contexto de crisis en los cuatro escenarios analizados.

 

I EL IMPACTO SOCIAL DE LA CRISIS: ¿QUÉ SABEMOS?

       Comenzamos este trabajo realizando una revisión de los diferentes informes, estudios o evaluaciones surgidos sobre el impacto social de la crisis en Europa. Dada la proliferación de trabajos publicados en lo que llevamos de crisis, el objeto de esta revisión no ambiciona, ni mucho menos, compilar ni abarcar su totalidad, sino que la aspiración es configurar un mapa de la diversidad de ámbitos que están siendo objeto de preocupación en relación con el impacto social de la crisis. La idea es conformar un marco analítico en el que ubicar los distintos estudios comparados sobre los efectos sociales de la crisis que forman parte de esta publicación. La revisión de los estudios se ha estructurado en torno a algunos grandes ámbitos de interés social: empleo y mercado laboral, condiciones de vida, vivienda, relaciones sociales, educación, salud y políticas sociales.

 

I.1. SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LOS MERCADOS LABORALES.

       Fenómenos como la flexibilización, la deslocalización, el deterioro de las rentas del trabajo, el retroceso en la evolución de los salarios reales y, en general, el aumento de la desigualdad que todo ello causa anteceden a la crisis; sin embargo, esta supone hoy una clara amenaza para los avances laborales logrados (Vaughan-Whitehead, 2011).

 

       En los inicios de la crisis, una de cada tres personas paradas en Europa era desempleada de larga duración pues hacía más de un año que se encontraba en esa situación. Gran parte de los despidos iniciales correspondieron al personal poco cualificado de las empresas manufactureras (ibídem). Al mismo tiempo, la extensión de bajas remuneraciones, rebajas de los salarios asociadas a recortes en la jornada de trabajo o reorganizaciones internas como alternativa a los despidos o a la congelación del salario insertan a un número cada vez mayor de personas en el espacio de la pobreza y la exclusión social.

 

       La destrucción de empleo ha traído consigo la preocupación por el grandísimo incremento de las cifras de personas desempleadas en algunos países que, debido a su magnitud, son en sí mismas una muestra inapelable de la gravedad de los efectos sociales de la crisis. Sin embargo, la tasa de desempleo resulta insuficiente para mostrar los efectos de la falta de ingresos por trabajo en las condiciones de vida de las personas y sus hogares. El desempleo, al igual que el empleo, se distribuye de manera desigual entre la población, por lo que existen determinados grupos sociales con una mayor probabilidad de verse afectados en función del sector económico en el que trabajaban, el carácter de la contratación o el grado de cualificación. Del mismo modo que los efectos de esta crisis están siendo más intensos en algunos grupos poblacionales determinados por el sexo, la edad o la pertenencia a minoría étnica. También sabemos que el desempleo no tiene una relación directa con la pobreza y la exclusión social. La respuesta de los sistemas de protección social a través de las prestaciones de desempleo y las pensiones, por un lado, y la protección familiar, por otro, están amortiguando los efectos de la destrucción de empleo en Europa. Sin embargo, hay personas que quedan al margen de esta protección o la han agotado debido a su prolongada situación en desempleo. Por este motivo, dentro del desempleo existen casos, cada vez más numerosos, en los que la falta de ingresos por trabajo y la ausencia de otros mecanismos de protección provocan situaciones de pobreza y privación económica que, a su vez, se traducen en falta de acceso a bienes básicos, dificultades en el mantenimiento de la vivienda y otro tipo de problemas.

 

       No es la primera vez que las ciencias sociales se enfrentan al estudio del impacto social de las crisis económicas. El crac del 29 o las reconversiones industriales originadas por la crisis del petróleo en los setenta provocaron un aumento de la pobreza y amenazaron seriamente la cohesión social. Por ello sabemos que, incluso una vez superadas las etapas de recesión económica, los efectos perduran y determinados fenómenos alcanzan carácter estructural: personas expulsadas para siempre del mercado laboral, generaciones de jóvenes perdidas, proliferación de conductas anómicas –consumo de drogas, alcoholismo, etc.–, deterioro de la salud mental o fractura de las relaciones familiares.

 

       Es cierto que la sensibilidad social hacia las graves consecuencias de la crisis actual ha provocado una explosión de reacciones críticas y de protesta a lo largo y ancho del territorio físico y virtual, que alertan tanto sobre los efectos de la misma como sobre las medidas de ajuste. Entre estas reacciones, las entidades de acción social fueron las que denunciaron con bastante celeridad el impacto de la crisis en la demanda de atención y cobertura de necesidades básicas ante la lentitud y limitación de los sistemas públicos de respuesta a las situaciones urgentes.

 

       Sin embargo, y a pesar de la alarma social, los instrumentos disponibles en cada país para el seguimiento del impacto social de la crisis son escasos. Están mejor desarrollados los indicadores relacionados con el empleo y los salarios, y los que recogen razonablemente la respuesta de los sistemas de protección social –pensiones y prestaciones sociales–. Por el contrario, los indicadores que señalan los efectos sociales de la crisis tienen poca capacidad comparativa. Tan solo la Labour Force Survey (EU-LFS) nos proporciona un indicador coyuntural muy aproximativo de los hogares que carecen de ingresos –en los que no hay personas ocupadas ni tienen pensiones o protección por desempleo–. La Encuesta Europea de Condiciones de Vida, con la que se puede hacer un acercamiento a la medición de la pobreza y las privaciones, tiene una periodicidad anual y recoge los ingresos del año anterior. En consecuencia, a pesar del esfuerzo realizado para adelantar los primeros resultados, los datos llegan tarde para informar las decisiones políticas, sobre todo cuando los procesos avanzan y los acontecimientos se suceden con una extraordinaria rapidez como está ocurriendo en esta crisis. En los informes de la Comisión Europea y del Comité de Protección Social se ha reconocido que los indicadores «no son suficientemente reactivos en un contexto de cambio rápido» (Comisión Europea, 2009). Su propio informe, que trata de analizar el impacto social, es un buen ejemplo del desequilibrio en cuanto al conocimiento disponible en estos ámbitos: en realidad de lo que habla más es del impacto en el empleo y de las consecuencias para los distintos sistemas de protección social. Los cambios en las condiciones de vida de la población están prácticamente ausentes y la evolución de los fenómenos de pobreza y de exclusión social se mantienen en parte desconocidos. (….)

 

       Los ajustes de Francia y España han incrementado la segmenta ción del mercado laboral (Dolado y Felgueroso, 2011) al utilizarse los contratos temporales como amortiguación del empleo, representando en el caso español hasta el 90% de los puestos de trabajo eliminados (Vaughan-Whitehead, 2011). La flexibilidad interna del modelo alemán, sostenida sobre la reducción de las jornadas laborales y la contención salarial (Herzog-Stein et al 2010), ha permitido inicialmente mantener el empleo, las expectativas laborales, el trabajo cualificado y ahorrar los costes del desempleo (Fröhlich, 2010). Sin embargo, ese denominado milagro alemán, apoyado en la financiación pública y el diálogo social (Vaughan-Whitehead, 2011), esconde jornadas parciales, temporales y unos salarios ínfimos (Knuth, 2012; Lehndorff, 2012).

 

       En Dinamarca se reflexiona sobre el modelo de flexiguridad y su pertinencia en la regulación del empleo y el mercado laboral en momentos de crisis (Tangian, 2010; Jørgensen, 2011). Suecia ha desarrollado medidas encaminadas al mantenimiento del empleo juvenil y programas de formación que eviten un aumento del desempleo a largo plazo. En Italia, el sistema Cassa Integrazione (prestación económica a personas empleadas en empresas con dificultades) ha contribuido a mitigar el efecto de la crisis en el desempleo.

 

       La afección sobre el cuerpo social también es dispar. Si se atiende al género, la incidencia ha sido desigual. El mercado de trabajo concentró un mayor impacto en los sectores tradicionalmente masculinos como, por ejemplo, la construcción. En el resto de los sectores afectados, las mujeres fueron las primeras en ser despedidas o en experimentar mayores recortes salariales (Vaughan-Whitehead, 2011). Este prematuro impacto ha contribuido a que la proporción de mujeres desempleadas de larga duración sea extremadamente alta (Maier, 2011). Los citados recortes salariales y su tradicional inserción en empleos de bajos salarios (Grimshaw y Rafferty, 2011) impiden eliminar la brecha salarial existente y ralentizan la eliminación de desigualdades en el mercado laboral (Sallé y Molpeceres, 2010).

 

       En cuanto a la edad, la mayoría de los países europeos presentan tasas duplicadas de desempleo juvenil con respecto al resto de la población activa. Los incrementos más pronunciados se producen en Estonia, Lituania y Letonia, así como en Irlanda, Grecia y España (García, 2011; Bell y Blanchflower, 2011). En el caso de España, la tasa de paro entre las personas menores de 25 años alcanza ya el 52% (Encuesta de Población Activa, 2012).

 

       Con respecto a los colectivos minoritarios (inmigrantes, otros grupos étnicos, etc.), han reproducido el desempleo hipercíclico: las tasas de desempleo crecen vertiginosamente en épocas de recesión y descienden también de manera rápida en recuperación (Hogarth et al. 2009). El colectivo inmigrante encarna de manera ejemplar este proceso. La crisis supone un indiscutible impacto en los flujos migratorios (Kahanec y Zimmermann, 2010) que tardará en concretarse debido a la distancia entre las transformaciones económicas y su efecto en los flujos (triandafyllidou, 2010). El descenso en las llegadas y el incremento de las partidas es evidente en países como Irlanda, España y el Reino Unido, donde la inmigración laboral antes de la crisis era elevada (Pajares, 2010). La condición flexible del colectivo inmigrante en el espacio laboral –en especial las personas en situación irregular– impulsa políticas destinadas a vetar el acceso –explícita o implícitamente– como forma de paliar los efectos en el desempleo. Entre estas medidas se encuentran la reducción de entradas legales por motivos laborales, obstaculización del reagrupamiento, incremento de la penalización por entrada ilegal o incentivación del retorno (Felgueroso y Vázquez, 2009). Es esperable que estas políticas restrictivas se incrementen ante la permanencia de la crisis (Zincone et al., 2012).

 

       Por último, es preciso señalar que las realidades descritas pueden tener un carácter acumulativo que multiplique los efectos. Por ejemplo, una mujer inmigrante joven podría concentrar gran parte de los impactos descritos (Harcourt y Woestman, 2010)

 

I.2. SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LOS HOGARES

       Las transformaciones en el mercado de trabajo tienen una lógica repercusión en los recursos económicos disponibles y el consumo de los hogares. El 40% de las personas con trabajo, predominantemente con contrato no permanente y por cuenta propia, señalaban sus problemas para llegar a fin de mes (Eurofound, 2012; Anderson, 2010). Este impacto es extensible a la mayoría de los países miembros, con las lógicas variaciones nacionales, y provoca una reducción del consumo en ocio, vestido y calzado, teléfono e internet, gastos indispensables como la luz o el agua y, por último, en la cesta de la compra.

 

       Este retraimiento del consumo se produce en todos los sectores sociales pero con diferencias cuantitativas y cualitativas en los distintos grupos sociales (Laparra y Pérez, 2011). Los colectivos más vulnerables –jóvenes, minorías, etc.–, que ya sufrían un significativo número de privaciones, ahora ni siquiera pueden cubrir las necesidades más básicas (Mc Dermott y Stephens, 2010). Por ejemplo, la especial incidencia de la crisis en el colectivo de inmigrantes irregulares sumerge a una parte de ellos en realidades de extrema necesidad, sobre todo en países del área mediterránea (Engbersen y Broeders, 2011).

 

       Pero el efecto del desempleo o la reducción de salarios en los hogares no se corresponden con realidades similares de crisis anteriores. La intensidad del ajuste de gasto y el incremento en el nivel deseado del ahorro ha sido explicado por otros factores como, por ejemplo, el flujo previsto de rentas futuras (Sastre y Fernández-Sánchez, 2011). Este es significativamente menor que en épocas de recesión análogas debido a la negativa concurrencia de diversas variables: situación financiera general, percepción de pobreza, riesgo de perder el empleo y la vivienda habitual (Gallup, 2010).

 

       Por último, uno de los únicos aspectos positivos del impacto de la crisis es que el decrecimiento de la economía y la significativa reducción del consumo en los hogares –cifrada en torno al 5%– han reducido el consumo energético y las emisiones de Co2 de la mayoría de los países europeos (Colectivo Ioé, 2011).

 

I.3. SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS EN EL MERCADO DE LA VIVIENDA

       Un escenario de tipos de interés bajos llevó a muchas personas a un alto nivel de endeudamiento. La paulatina subida de los tipos provoca que muchas de estas personas comiencen a dejar de pagar las cuotas mensuales. Las penalizaciones por los impagos incrementan las deudas en un escenario en el que el precio de la vivienda sufre también una gran caída. El resultado es un empeoramiento de las condiciones de habitabilidad, especialmente en los hogares más vulnerables, culminando en muchas ocasiones en embargos y desahucios (Babés et al., 2011).

 

       La profunda crisis económica y las medidas de austeridad extienden la pobreza y la exclusión residencial a lo largo de Europa. Países como Francia, el Reino Unido o Irlanda incrementan las demandas de vivienda social en un contexto donde los presupuestos nacionales dedicados a las políticas de vivienda se han reducido nítidamente a la vez que han aumentado las dificultades para conseguir préstamos hipotecarios (Pittini y Laino, 2011).

 

       Ante este conjunto de circunstancias, se articulan diversas estrategias de optimización de los recursos residenciales desde las redes de apoyo informal. Por ejemplo, la conformación de hogares en torno a personas con ingresos estables –personas empleadas, pensionistas, etc.–,  lo que transforma notablemente la estructura residencial y puede ocasionar, entre otros efectos, un incremento de conflictos en los hogares y las personas que los conforman (Laparra y Pérez, 2011).

 

I.4. SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LAS CONDUCTAS y RELACIONES SOCIALES

       La crisis ha acentuado la dimensión conflictiva de la realidad social europea en múltiples direcciones. Según la denominada teoría de la motivación criminal, las transformaciones económicas traumáticas impulsarían el desarrollo de conductas ilegales y criminales. Por ejemplo, en el caso de la violencia de género, factores como la pobreza y el desempleo son identificados como la tercera y la cuarta causa más común de esta violencia (Gallup, 2010).

 

       El potencial incremento de las tensiones se interpreta también en clave intergeneracional. Así, algunos estudios apuntan la emergencia de una nueva clase social, compuesta principalmente por jóvenes que no logran un trabajo digno ni un nivel de vida razonable. En este grupo, denominado el precariado y caracterizado por la ira, la anomia, la ansiedad y la alienación (Standing, 2011a), se da un elevado grado de precariedad laboral, resultante del encadenamiento de trabajos temporales, que impide la construcción de identidades laborales y dificulta el acceso a las prestaciones sociales.

 

       En esta línea, los acontecimientos del verano de 2011 en el Reino Unido han sido interpretados como las protestas de un amplio sector de personas excluidas, con importantes privaciones y atenazadas por el desempleo y los recortes (Žižek, 2011). Del mismo modo, la juventud congregada la primavera de 2011 en las principales plazas de sus países –Tahrir, Syntagma, puerta del Sol o plaza de Catalunya– encarnaría a las personas formadas pero vetadas para entrar en el mercado laboral (observatorio Metropolitano, 2011). Aunque es evidente el desencanto general, el estallido social se contiene debido a que las personas en situación más precaria habitan todavía en el hogar familiar y están bajo su protección (Dolado y Felgueroso, 2011). Por último, un importante número de personas ha perdido seguridad material y estatus social e imputan su situación al colectivo extranjero cuya otredad se ve intensificada en épocas de dificultades económicas (Cachón, 2009). Todo ello constituye un caldo de cultivo ideal para formaciones políticas populistas, antiinmigrantes y antieuropeas, bajo la amenaza de la xenofobia, la discriminación y sus manifestaciones más violentas (International Labour Organization, 2009).

 

       Por último, entre 2007 y 2009 se plasma una disminución de la confianza general en los gobiernos y en la clase política, especialmente en los países más afectados por la recesión o con mayores niveles de corrupción (Della Porta y Vannucci, 2007; Jiménez y Villoria, 2012). En consecuencia, los partidos, tanto socialdemócratas como conservadores, se enfrentan a importantes transformaciones políticas, junto a un aumento del peso electoral y mediático de las posiciones más extremas. Por un lado, partidos de ultraderecha que defienden políticas de protección económica nacional y mano dura frente a la inmigración y el delito. Por otro, grupos de izquierda y multitud de movimientos sociales con actitudes críticas ante la falta de medidas drásticas de penalización al gran capital y contra los recortes sociales.

       Estas transformaciones apuntan incluso a una crisis de la representación en la que una parte creciente de la ciudadanía no se sentiría adecuadamente representada por las instituciones existentes ni por las fuerzas sociales que las ocupan (observatorio Metropolitano, 2011b)

 

I.5. SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LA EDUCACIÓN

       La especial incidencia del desempleo en las personas más jóvenes y, por tanto, el retraso en su inserción laboral sitúan el espacio educativo en un lugar central en esta crisis.

       En ocasiones se achaca a la crisis el absentismo escolar, como si este fuera consecuencia del caos y el estrés existentes en determinados hogares con dificultades económicas (Federación de Entidades de Atención y de Educación a la Infancia y la Adolescencia-FEDAIA, 2012). Sin embargo, este hecho contrasta con las cifras de abandono escolar de los últimos años ya que desde 2000 se han reducido en la mayoría de los países. En el año 2011 se cifraba en el 14,4% la media de personas de la Unión Europea que abandonaban prematuramente los estudios. No obstante, eran notables las diferencias entre países, por ejemplo, Austria, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Lituania, Luxemburgo y Polonia alcanzaban el 10%. En cambio España, Malta y Portugal presentaban índices superiores al 30%. En el caso español, ello se explica, por un lado, debido al fácil acceso al mercado laboral en sectores emergentes –construcción, servicios, etc.– que supuso un reclamo para la juventud, y por otro, un abandono prematuro entre el colectivo inmigrante (Comisión Europea, 2011).

 

       La cada vez mayor exigencia profesional y, por tanto, la demanda de formación alargan la estancia en el sistema educativo, incluso en los niveles superiores donde, al mismo tiempo, se reduce el número de becas, se limita la investigación o se suprimen los intercambios (OECD, 2011).

 

I.6. SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LA SALUD

       El comienzo de la crisis económica es considerado como un riesgo para el espacio sanitario en una doble dimensión: el estado de salud y la propia articulación del sistema sanitario. Por ello, son varias las medidas propuestas en la dirección de identificar, prevenir y actuar contra los factores de mayor riesgo globalmente (World Health Organization, 2009).

 

       Es muy reveladora la incidencia de la crisis en el espacio de la salud mental. Los momentos iniciales de la recesión mostraban un descenso de la satisfacción con el nivel de vida que se traducía en un incremento de los cuadros de ansiedad, depresión o estrés (Anderson et al. , 2010). En esta línea, se estudia incluso la relación entre recursos y salud mental: el riesgo de sufrir una enfermedad mental se incrementa con el aumento de las deudas (Stuckler et al., 2011). Estas realidades de dificultad se han vinculado también frecuentemente a las tasas de muerte por suicidio o los consumos de sustancias estupefacientes (World Health Organization, 2011).

 

       En relación con la primera realidad, y pese a las dificultades para su identificación, se constata un aumento de los suicidios en el período de crisis, especialmente en países con grandes dificultades económicas. Entre 2007 y 2009 la tasa de suicidio en hombres se ha incrementado más del 24% en Grecia y más del 16% en Irlanda. En el caso de Italia, el incremento de suicidios motivados por dificultades económicas entre 2005 y 2010 es del 52% (Povoledo y Carvajal, 2012). Este hecho manifiesta la extrema desesperación asociada a la crisis.

 

       En lo relativo al consumo de drogas, las dificultades económicas son detonantes o acentuadoras; sin embargo, la pérdida de ingresos también es interpretada como reductora del gasto en drogas o impulsora de modalidades menos costosas como, por ejemplo, cambiar el consumo de cocaína y drogas de diseño por el de hachís, la marihuana o el alcohol. Las altas tasas de desempleo juvenil se vinculan también al incremento de personas dedicadas a la venta de estas sustancias (observatorio Europeo de las Drogas y las toxicomanías-OEDT, 2010).

 

       En cuanto al sistema sanitario, los recortes suponen importantes riesgos para la salud de la población (Stuckler et al, 2011). Véase el caso del sistema nacional de salud del Reino Unido (Taylor-Gooby y Stoker, 2011) o el de España, donde la merma de la cobertura –principalmente en el caso de la población más vulnerable– pone en riesgo su carácter universal (López-Fernández et al., 2012).

 

I.7. SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LAS POLÍTICAS SOCIALES

       El cuestionamiento del Estado de bienestar en Europa y la situación de contención del gasto social existían ya antes de la crisis. Sin embargo, la presión actual por la reducción del déficit ha situado el gasto social en el punto de mira de los gobiernos europeos intensificando y acelerando la transformación de las políticas sociales. De este modo, las propuestas de asistencialización de la protección social o una creciente presencia de la provisión privada de servicios de bienestar en detrimento de los servicios públicos están encontrando viabilidad en un contexto de escasa capacidad de contestación social por parte de la sociedad en general y de los agentes sindicales en particular. Este sería el caso de España, con reformas de la legislación laboral tendentes a abaratar los costes de despido o medidas dirigidas a reducir la protección pública en los sistemas de pensiones, sanitarios o educativos.

 

       Ciertamente la presente crisis destaca por su impacto en los derechos colectivos y la amenaza que ello supone a la condición ciudadana. Si bien se continúa insistiendo en que los derechos sociales son una exigencia del principio de solidaridad e imprescindibles para la cohesión y la integración, paradójicamente se acepta que no es posible reforzarlos si antes no se han restringido, condición sine qua non para apaciguar los poderes del mercado que operan al margen de todo control y límite jurídico (Pisarello, 2011).

 

       Son escasos los estudios sobre el impacto de los recortes de las políticas sociales ya que la mayor parte de las políticas de ajuste implantadas no van acompañadas de evaluaciones previas ni posteriores. Sin embargo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, los expertos ya alertan sobre los riesgos sociales de estas políticas de ajuste entre los que se encuentran el empobrecimiento y la caída en la exclusión de una parte de la población europea. Las evidencias muestran que estos efectos se concentran precisamente en los colectivos más vulnerables. Las entidades no lucrativas de acción social advierten que una de las consecuencias directas de las políticas de ajuste es el deterioro de los servicios de atención a las necesidades más básicas de la población como son información, atención urgente, rentas mínimas y servicios sociales. Este hecho incrementa el riesgo de exclusión entre la población vulnerable (Frazer y Marlier, 2011). En Dinamarca un estudio editado por The Economic Council of the Labour Movement (2011), evaluó el impacto social de las medidas de ajuste tomadas en una segunda fase de la crisis, tales como la subida de impuestos indirectos y los recortes de determinadas prestaciones de desempleo, familiares, ayudas a procesos de fertilidad y otras. Este estudio revelaba que, si bien el impacto social de dichas medidas afecta a amplios grupos de población, el efecto era mucho mayor en el 10% de los hogares con ingresos más bajos. Emmenegger, et al. (2012) señalan que, además de los factores económicos, las políticas sociales son también responsables del riesgo progresivo de dualización social. Las crecientes desigualdades generadas por el mercado laboral pueden ser incrementadas o bien amortiguadas en cada contexto nacional por las políticas sociales, que incluyen no solo las regulaciones laborales sino también los sistemas de protección social. La intensidad de la protección de cada modelo social en Europa es fruto de las distintas correlaciones de fuerzas e ideologías políticas y de las organizaciones empresariales y sindicales en cada ámbito de toma de decisiones.

 

       Por todo ello, y ya en un plano propositivo, los investigadores del ámbito de la inclusión social que conforman la Red Europea de Expertos Independientes, en su informe: Impacto social de la crisis y desarrollos a la luz de medidas de consolidación fiscal”, publicado en 2011, recomiendan intensificar el seguimiento de fenómenos como la pobreza y la exclusión. Igualmente estiman urgente evaluar los riesgos y efectos de las medidas de austeridad implantadas. El objetivo es evitar que estas afecten a la provisión de los servicios que atienden las necesidades básicas de la población y, entre ellas, priorizar la garantía de ingresos mínimos para llevar una vida digna (Frazer y Marlier, 2011).

 

       Morel, Palier y Palme (2012) consideran preciso dar un paso más allá de las políticas de respuesta urgentes y utilizar este contexto de crisis para redefinir los principios, los objetivos y los instrumentos del Estado de bienestar y adaptarlos al nuevo contexto socioeconómico actual. Bajo la propuesta de un nuevo paradigma de la inversión social, estos expertos proponen políticas orientadas al desarrollo del capital humano a través de la promoción de servicios a las personas –educación infantil y cuidados de larga duración, educación continua, formación y reciclaje profesional– y mediante regulaciones laborales que contemplen fórmulas que combinen flexibilidad y seguridad y promuevan un uso eficiente del capital humano –políticas que incentiven el empleo de las mujeres y que activen el mercado de trabajo–. En la misma línea, Frazer y Marlier (2011) advierten de que los estados miembros de la Unión Europea, con sus políticas de austeridad, están haciendo caso omiso de las recomendaciones pactadas para la Agenda Europea 2020, entre otras, invertir en políticas de inclusión activa. Igualmente Clasen y Clegg (2011) reivindican la necesidad de combinar políticas de protección económica con medidas de activación para hacer frente a la perversa combinación de riesgos que forman el desempleo y la precariedad laboral.

 

       Todos coinciden en que, para emprender esta línea de reformas, es precisa una correlación de fuerzas sociales que aúne los intereses de diversos grupos sociales y políticos de la izquierda y el centro derecha. De hecho, Vandenbroucke, et al. (2011) plantean la necesidad de un «nuevo pacto social europeo por la inversión social» en el que los estados miembros de la Unión Europea se comprometan a cumplir una Agenda 2020 que apueste por una estrategia a largo plazo de reorientación de las políticas económicas y sociales hacia el paradigma de la inversión social.

 

I.8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS METODOLÓGICAS

 I.8.1. La heterogeneidad de los efectos de la crisis.

       Tras la revisión de estudios realizada, la primera conclusión que sacamos es la profunda heterogeneidad de los efectos de la crisis. Los ya distantes niveles de cohesión social en Europa se han acentuado. La larga lista de análisis comparados evidencia que estamos lejos de alcanzar un único modelo social europeo. Como hemos mencionado la relación entre la situación económica y la evolución de los mercados no es ni directa ni unívoca. El resultado de las reformas económicas en los mercados laborales europeos depende de factores como la estructura productiva, los niveles de productividad, la distribución del tiempo de trabajo o la vinculación entre flexibilidad y seguridad en las relaciones laborales. Esta última cuestión ya motivó múltiples análisis de comparación entre los distintos mercados europeos. Desde la flexibilidad más extendida del mercado laboral británico a la fórmula de flexiguridad pactada en países del norte de Europa o los mercados que han mantenido mayores cotas de seguridad en detrimento de la flexibilidad como el francés o el alemán. El caso español es atípico en el contexto europeo, porque en él convive un nivel elevado de seguridad para una parte de los trabajadores más antiguos con una fuerte flexibilidad concentrada en los trabajadores recién llegados, sobre todo, jóvenes, mujeres y personas extranjeras.

 

       No es casualidad que el modelo económico español, basado en sectores de baja cualificación y menor productividad y con cotas de temporalidad elevadas, haya sido uno de los que más empleo ha destruido durante la crisis. En el resto, el descenso de la actividad económica no ha influido tan directamente en la destrucción de empleo. Por ejemplo, en el modelo danés, se ha tendido a intensificar las estrategias laborales previas a la crisis como, por ejemplo, incrementar la flexibilidad reforzando las apuestas por la innovación y el sector de las comunicaciones. En Francia, se ha optado por mantener la misma protección en las relaciones laborales a pesar de la crisis.

 

       Igualmente, la crisis evidencia que los sistemas económicos caracterizados por la presencia de burbujas inmobiliarias, el caso de Estados Unidos, Irlanda o España, han sufrido un mayor impacto tanto en el plano económico y laboral, debido al descenso de la actividad económica ligada a la construcción, como en el social, debido al efecto de la pérdida de empleo en hogares con elevadas cotas de endeudamiento.

       Existe una larga tradición de estudio comparado de las políticas sociales en Europa que tiene como resultado la clasificación de regímenes de bienestar diferenciados. Estas clasificaciones tienen en cuenta el peso que asume el Estado en la protección de necesidades frente a la provisión familiar o mercantil y los resultados de los distintos regímenes en cuanto a la igualdad social y el bienestar de la población. Es decir, existía en Europa antes del Impacto social de la crisis una gran distancia entre modelos de protección que daban lugar a sociedades más o menos igualitarias y cohesionadas.

 

       De este modo, una de las líneas de estudio pertinentes en este contexto consistiría en evaluar el grado de resistencia de cada modelo de protección social ante el impacto económico y social de la crisis, intuyendo que a mayor capacidad de desmercantilización del Estado, menor impacto del desempleo en el bienestar social de la ciudadanía (Esping-Andersen, 1993). Específicamente se ha evidenciado una relación directa entre el alcance de la protección de desempleo y la garantía de ingresos mínimos, y la reducción de los niveles de desigualdad y de la pobreza.

 

       Parece que las políticas de austeridad son una respuesta común e inevitable de los gobiernos europeos a la crisis. Frente a esta pretendida inevitabilidad encontramos políticas de ajuste de gran diversidad y alcance; sin embargo, es preciso tener en cuenta que tanto los recortes como la congelación del gasto parten de realidades de protección muy distintas y, por tanto, producen efectos desiguales en la ciudadanía. En este caso también cabe prever que en modelos como el liberal o el mediterráneo, con sistemas de protección pública más débiles y en los que las personas y familias asumen la responsabilidad en la protección del desempleo o la pobreza, la reducción del gasto social se sienta con mayor intensidad.

Falta mencionar como otro factor diferenciador el tratamiento del fenómeno de la inmigración en los distintos escenarios europeos. El control de los flujos de entrada, los procesos de regularización y el acceso de la población inmigrante al mercado laboral y los sistemas de protección han dado lugar a niveles muy diferentes de integración social. Esta sería una cuestión que debería evaluarse: en qué medida cada modelo de integración de la población inmigrante está influyendo en el grado de vulnerabilidad de dicha población frente a la crisis en función de su fragilidad laboral o situación de regularidad.

 

       A modo de conclusión metodológica, pensamos que para conocer la dimensión del impacto diferenciado en cada entorno es preciso atender a la diversidad de procesos de integración que se producen en cada escenario, entendiendo que los procesos de integración social y, en definitiva, el nivel de cohesión social de un territorio, se articula a través de la relación de sus miembros con el mercado laboral, la protección de los sistemas públicos y los propios lazos familiares y sociales que protegen a los individuos entre sí.

 

I.8.2. SIDERENTES NIVELES DE ANÁLISIS EN LOS PROCESOS DE EXCLUSIÓN

       Del apartado anterior se deriva la necesidad de que el esfuerzo futuro destinado a profundizar en el análisis del impacto social de la crisis tenga en cuenta la existencia de procesos de exclusión al menos en tres ámbitos: estructural, institucional e individual-relacional. La siguiente tabla (1.1), inspirada en otros trabajos previos (Laparra y Pérez, 2008) sobre los procesos de exclusión social, puede servir de esquema analítico del impacto social de la crisis en distintos países

 

       En el ámbito estructural, quizá el más visible y analizado por el momento, hay evidencias de que la crisis está reforzando un aumento de las desigualdades debido a la destrucción de empleo, por un lado, y a la precarización de parte del mercado laboral, por otro. Tanto la falta de ingresos por empleo como el estancamiento o la disminución de los salarios de una parte de los trabajadores dan lugar a procesos de pérdida de nivel adquisitivo más o menos extendidos en cada territorio y al empobrecimiento de determinados grupos poblacionales. Es decir, que el resultado de estos procesos es el aumento de las desigualdades y de la pobreza. Indicadores como las tasas de desempleo y de pobreza relativa –moderada y severa–, hogares sin ingresos y el índice de desigualdad (Gini) o la medición de diferentes tipos de privación, aunque constituyen indicadores algo lentos para captar la sensibilidad de los rápidos procesos de cambio político y económico originados por la crisis, resultan útiles para la comparación y el seguimiento del impacto social en los próximos años.

 

       Las tasas de pobreza relativa en Europa, de momento, no parecen haber sufrido incrementos notables a pesar del aumento del desempleo, seguramente por el efecto amortiguador de la familia o la protección de las prestaciones de desempleo. Sin embargo, sí aparecen indicios en estudios nacionales del incremento de las tasas de pobreza severa y los niveles de privación de una parte de población.

 

       Por tanto, para conocer el impacto del desempleo o la pérdida de ingresos es necesario atender también a los procesos que se desarrollan en el ámbito institucional. Es decir, al efecto de los distintos mecanismos de protección diseñados en cada modelo de bienestar para proteger a la población al margen del empleo y las medidas de respuesta diseñadas para hacer frente a la crisis.

 

       Mencionábamos anteriormente la distinta capacidad de protección según los modelos de bienestar y los diversos grados de eficacia de las prestaciones frente a la pobreza. Cada país cuenta con información acerca de la cobertura de sus prestaciones; sin embargo, es preciso avanzar en la comparabilidad y agilidad de dichos indicadores con el fin de conocer su capacidad para ayudar a la población vulnerable en esta crisis, así como para evidenciar el volumen y el perfil de las personas que van agotando la protección de prestaciones, pues tiene carácter limitado en la mayor parte de los modelos.

 

       La construcción de los sistemas de protección de desempleo ha sido muy heterogénea en cada país y está más o menos sujeta al principio de cotización previa, esto da lugar a niveles de protección muy diferenciados. En España, la protección del desempleo en la crisis ampara razonablemente a los desempleados con contribuciones más largas y de mayor cuantía en el mercado laboral, mientras que la mayor parte de los trabajadores temporales y autónomos quedan al margen de la protección de desempleo. De nuevo los jóvenes y el colectivo extranjero ocupan este espacio de desprotección al que se suman progresivamente el resto de los desempleados que agotan las prestaciones.

No contamos con información que nos permita evaluar los diversos paquetes de medidas anticrisis, ni de prever su impacto, ni de valorar su efectividad a posteriori. Obviamente, las medidas emprendidas por los gobiernos para hacer frente a la crisis y a su situación de déficit están claramente ideologizadas y tienen consecuencias en la población. Si van orientadas a mejorar los ingresos del Estado a través del aumento de la recaudación fiscal, la subida de los impuestos tendrá efectos muy diferenciados: si atañe a los impuestos de consumo, se ha demostrado su efecto regresivo al perjudicar más a las personas que menos ganan; si concierne a los impuestos sobre la renta, en algunos casos, se han diseñado subidas proporcionales para el conjunto de la población, en otros, se ha optado por gravar más las rentas medias; existe un clamor crítico social que aboga por gravar el capital, internacional o nacional, o las rentas más altas.

 

       Tampoco son inocuos los procesos de toma de decisión relacionados con la reducción del déficit de los estados. La reducción de gasto puede o no venir de la mano del gasto social (sanitario, educativo o de servicios sociales, prestaciones de desempleo), que es, sin duda, una de las mayores partidas de gasto de los estados. Si esto sucede, puede tener un gran impacto en el bienestar de la población, todavía sin calibrar ante la falta de estudios de impacto de determinados recortes en las áreas de salud y educación, o en la pérdida de cohesión de las sociedades europeas. Precisamente por eso llama la atención la adopción de medidas de austeridad de manera indiscriminada. el Impacto social de la crisis.

 

       Por último, el ámbito más complejo e inaccesible, pero imprescindible en el estudio del impacto social de la crisis, es aquel en el que confluyen el conjunto de procesos originados en el mercado laboral o en la presencia o no de protección pública. Es el caso de las personas y sus familias afectadas por la ausencia de empleo y la presencia o no de apoyos institucionales. Aquí se ponen en marcha estrategias de apoyo y supervivencia de carácter informal, como la ayuda económica entre miembros de una familia a través de ingresos del trabajo o pensiones si los hubiera, estrategias de ahorro y privaciones, incremento del empleo o de actividades informales por parte de algunos miembros. Es el espacio también en el que se detectan los efectos más graves del desempleo, en forma de endeudamientos, impagos, afecciones físicas y mentales. Por último, es el espacio en el que se produce el deterioro o el conflicto de las relaciones emocionales entre las parejas y en el que la educación y el desarrollo de los menores pueden verse afectados.

 

       Son escasas las fuentes que nos permiten conocer las condiciones de vida de la población de un modo multidimensional y la comparabilidad a escala europea. Sin embargo, este es el nivel en el que se observan verdaderamente las consecuencias de otros procesos en el día a día de las familias y el efecto de los mecanismos de protección tanto públicos como familiares. Es el espacio donde se puede identificar a las personas desempleadas que más sufren por carecer de apoyos tanto familiares como institucionales.

       Este trabajo nace de la necesidad de establecer fuentes de información que consideren los tres tipos de procesos de exclusión. Prescindir de cualquiera de ellos en el análisis o el diseño de medidas frente a la crisis conlleva riesgos. Plantear la pobreza y la exclusión de algunas familias como un problema propio de personas que adolecen de cualificación, recursos y estrategias, sin tener en cuenta las consecuencias originadas tanto en el sistema económico como en los límites y la orientación de nuestras políticas sociales, nos cegaría ante la realidad y limitaría la búsqueda de soluciones. Tratar los problemas generados en el ámbito económico tan solo con información y recetas de carácter económico, soslayando los efectos del desempleo en las personas y sus familias, tampoco resulta útil como medida para minimizar las consecuencias negativas para la colectividad en el medio y largo plazo. Por último, ignorar los efectos diferenciados de las medidas de austeridad emprendidas sería del todo inconsciente en el actual contexto.

 

       En resumen, existe cierta experiencia de análisis comparado de los modelos de protección social y sus efectos en la pobreza o las privaciones. Igualmente, se ha desarrollado una amplia línea de trabajo en el estudio comparado de los mercados laborales y las economías europeas y sus efectos en el desempleo. Pero no existe una trayectoria de investigación que trate de poner en relación los distintos ámbitos, social-relacional, laboral y político, en la configuración de distintos modelos de integración social, y, sin embargo, sería muy útil para valorar su eficacia en la amortiguación de los efectos de la crisis.

 

I.8.3. EL EFECTO INTENSIFICADOR DE LA CRISIS

       La presente crisis ha precipitado procesos que venían produciéndose en Europa desde hace décadas tales como la destrucción de empleo, la demanda de flexibilidad laboral traducida en la precarización de parte de la población empleada o los serios cuestionamientos de la viabilidad del gasto social.

 

       Hay evidencias suficientes que muestran cómo en las etapas de mayor crecimiento se han mantenido o incluso incrementado las desigualdades sociales. Las desigualdades generadas por los mercados laborales, más o menos precarizados, y los límites de las políticas sociales o las dinámicas migratorias han contribuido al mantenimiento de fenómenos de carácter estructural como el desempleo de larga duración y la pobreza.

 

       El riesgo derivado de esta confusión radica en que, en situaciones delicadas como la actual, el miedo y la sensibilidad de la opinión pública generen un contexto propicio para determinados cambios sociales y políticos difíciles de emprender en momentos de estabilidad o bonanza económica. Es el caso de reformas laborales tendentes al incremento de la flexibilidad laboral que impliquen menores costes salariales o de despido. Asimismo, el temor al incremento del déficit está intensificando, como hemos mencionado, los planteamientos de inviabilidad de los modelos de bienestar actuales y, por tanto, la inevitabilidad de los recortes sociales.

 

       Llama la atención que las estrategias de austeridad emprendidas por los gobiernos nacionales no van acompañadas de estudios de impacto, ni han sido sometidas a debates políticos o públicos en relación con las consecuencias sociales de las mismas. Se esgrimen argumentos que ya cuentan con cierta trayectoria en la crítica neoliberal al Estado de bienestar. Son argumentos simples y en buena medida erróneos en relación con las políticas sociales amenazadas por los recortes. En primer lugar, el argumento del elevado coste de las políticas sociales se confunde intencionadamente con el de la escasa eficacia de los sistemas públicos. Si algo ha podido evidenciarse en las políticas sociales de los estados de bienestar europeos es, precisamente, su eficacia: el éxito de la atención sanitaria en la calidad y esperanza de vida de la población: el efecto de los sistemas educativos en la extensión de la igualdad de oportunidades y en la mejora de la productividad de los recursos humanos, la incidencia de las pensiones y prestaciones de desempleo en la redistribución de ingresos y la disminución de la pobreza. De hecho, en esta crisis, frente a los fallos de los mercados financieros o la debilidad de los sectores productivos, las políticas sociales europeas han mostrado su fortaleza y eficacia amortiguando los efectos negativos. Sería distinto sostener un profundo debate público que se ciñera exclusivamente al coste de estos mecanismos estabilizadores e incluyera advertencias sobre los costes implícitos del recorte, así como los riesgos de una sociedad cada vez más desigual y, por tanto, de una pérdida de cohesión social.

 

I.8.4. EL IMPACTO ES GENERALIZADO, PERO LA CRISIS SE ENSAÑA CON ALGUNOS GRUPOS SOCIALES

       La crisis está afectando a buena parte de la sociedad europea. Los datos y los pronunciamientos cotidianos muestran su incidencia en el consumo, el ahorro, el ocio y las condiciones de vida de la ciudadanía europea. Sin embargo, es notoria una mayor repercusión en determinados grupos, especialmente los más vulnerables.

 

       En el mundo laboral, es destacable el impacto en las personas empleadas temporalmente, con baja cualificación y cortos períodos de cotización, etcétera. Sabemos de otras crisis que, incluso cuando se produce una fase de recuperación y surgen nuevas oportunidades laborales, no serán estas personas las beneficiadas debido a sus déficits de cualificación y a su menor capital social.

 

       La identificación de las personas más vulnerables y en peores condiciones de vida debe ayudar al establecimiento de políticas que rescaten a quienes han sido más golpeados por los procesos de exclusión social.

 

II. LOS PROCESOS DE EXCLUSIÓN DEL EMPLEO

       La cuestión del impacto de la crisis en los procesos de exclusión es sin duda compleja. Una primera reflexión nos debe llevar a poner el foco de atención en el mercado de trabajo. El análisis de las transformaciones acaecidas en el mundo laboral es el primer paso para entender la dinámica de la integración y la exclusión social. El acceso al empleo o al empleo de calidad no es la única vía para conseguir mejorar la situación de dificultad de colectivos que experimentan situaciones de vulnerabilidad en mayor proporción que la población general, pero es considerado como un instrumento valioso de integración.

 

       Entendemos que resulta de especial interés la reflexión sobre los procesos de exclusión del empleo en perspectiva comparada. Las diferencias en los sistemas de protección del empleo y las características propias de los mercados laborales marcan importantes diferencias en las estrategias adoptadas en cada país para el abordaje de la crisis así como en las consecuencias para los sectores más desfavorecidos.

 

       En la primera parte presentamos los indicadores de exclusión en un sentido amplio: definimos la exclusión del empleo como las situaciones de desempleo y de empleo precario. Incluimos la reflexión sobre la precariedad considerándola un impedimento, para quien la padece, en la regulación de su vida de acuerdo con unos estándares de calidad mínimos (colectivo Ioé, 2008). Posteriormente centramos la atención en el desempleo antes y durante la crisis. En particular estudiamos la transición del empleo al desempleo y las características de los que tienen menos probabilidad de percibir prestaciones de desempleo.

 

       La fuente principal de datos que analizamos es la Encuesta de Población Activa europea –EU-LFS en sus siglas en inglés– que agrupa las encuestas de población activa nacionales realizadas por cada instituto de estadística nacional. Eurostat armoniza las clasificaciones empleadas, agrupa los valores de algunas variables para anonimizar los datos –caso, por ejemplo, de la edad– y pone los datos a disposición de los investigadores.

 

       En nuestro caso, hemos usado los datos correspondientes a España, Francia, el Reino Unido y Dinamarca entre los años 2006 y 2010 aunque, por motivos de espacio, presentamos principalmente resultados para los años 2006, antes de que comenzara la crisis, y 2010, último año disponible de la EU-LFS. Debe tenerse en cuenta que no siempre se pueden comparar las mismas variables en todos los países o todos los años ya que, a pesar del trabajo de Eurostat, las encuestas nacionales no son completamente equivalentes en su diseño y contenido.

 

II.1. Indicadores de exclusión del empleo

       II.1.1. Personas en los márgenes del empleo y en el desempleo

       La crisis está incidiendo de manera distinta, y con ritmos diversos, en los países que analizamos. Se trata de países con estructuras productivas, mercados de trabajo y formas diferentes de organizar la negociación colectiva entre el gobierno y los principales agentes sociales. Además, cada gobierno ha abordado la situación de manera distinta y, a menudo, contradictoria con la de otros países.

 

       La principal característica del mercado de trabajo en España en las últimas décadas es el aumento brutal del desempleo en períodos de crisis. Es un rasgo estructural que se repite en la actual coyuntura y que distingue a España del resto de los países objeto de comparación. En España, de 2005 a 2011 el desempleo ha pasado del 9,2% al 22%. En cambio, la crisis del empleo es mucho menor en los otros países que, además, partían de cifras de desempleo mucho más bajas. El desempleo en 2010 se situaba en algo menos de un 8% en Dinamarca y el Reino Unido, y un 9,3% en Francia. Este último es el país que muestra una mayor estabilidad y un menor efecto de la crisis en cuanto al aumento del desempleo si se compara con 2006. En el Reino Unido y en Dinamarca el incremento del desempleo ha sido moderado: entre tres y cuatro puntos porcentuales. En la tabla 2.1., se ve perfectamente cómo la traducción de la crisis económica en reducción del empleo y aumento del paro es muy destacable en España en relación con el resto de los países.

 

       La principal característica del mercado de trabajo en España en las últimas décadas es el aumento brutal del desempleo en períodos de crisis. Es un rasgo estructural que se repite en la actual coyuntura y que distingue a España del resto de los países objeto de comparación. En España, de 2005 a 2011 el desempleo ha pasado del 9,2% al 22%. En cambio, la crisis del empleo es mucho menor en los otros países que, además, partían de cifras de desempleo mucho más bajas. El desempleo en 2010 se situaba en algo menos de un 8% en Dinamarca y el Reino Unido, y un 9,3% en Francia. Este último es el país que muestra una mayor estabilidad y un menor efecto de la crisis en cuanto al aumento del desempleo si se compara con 2006. En el Reino Unido y en Dinamarca el incremento del desempleo ha sido moderado: entre tres y cuatro puntos porcentuales. En la tabla 2.1., se ve perfectamente cómo la traducción de la crisis económica en reducción del empleo y aumento del paro es muy destacable en España en relación con el resto de los países.

 

       Son diversas las razones para explicar por qué, a diferencia de España, el desempleo ha afectado relativamente poco en estos países. En el caso del Reino Unido, autores como Bell y Blanchflower consideran que el aumento del desempleo es menor que el esperado, dado que el PIB y los niveles de empleo han caído significativamente en estos años, debido a la elevada flexibilidad del mercado de trabajo británico que, como veremos, no consiste exclusivamente en la temporalidad (Bell y Blanchflower, 2010 y 2011).

También se ha señalado que las condiciones laborales y medidas como la reducción temporal del impuesto sobre las ventas (IVA) influyeron en la baja de los salarios. Por último, la importancia del desempleo y su duración están estrechamente vinculadas al sistema de protección al desempleo, y la protección en el Reino Unido es la más baja de los países que se comparan. Hay que señalar, en cualquier caso, que el nuevo Gobierno conservador eliminó en 2010 el Future Jobs Fund, un ambicioso programa recién iniciado de protección e inserción para los jóvenes desempleados (Aricò y Stein, 2012: 18), y también aumentó el IVA al 20% en enero de 2 011.

 

       En el caso francés se argumenta que una de las razones de que aumente poco el desempleo, en términos comparativos, se debe a que una parte importante de los empleados están razonablemente seguros en su empleo –a través del CDI o contrato de duración indefinida– y el nivel de flexibilidad externa es bajo. En 2007, un 86% de los asalariados privados tenían este tipo de contrato (DARES, 2008). Se ha de tener en cuenta que, de los países analizados, Francia es el que ha experimentado un menor decrecimiento del PIB en 2009 y que en 2010 hubo un ligero crecimiento del empleo.

 

       Dinamarca partía de los valores más bajos de desempleo antes de la crisis pero ha experimentado un crecimiento importante, lo que ha puesto en entredicho el éxito en períodos de recesión del modelo de flexiguridad del que es su máximo exponente. En este modelo se combina un elevado nivel de flexibilidad para los empleadores con elevados niveles de seguridad para los trabajadores. La flexibilidad se concreta principalmente en bajos niveles de protección legal (2) con el consenso de los sindicatos. La seguridad se traduce en altos salarios, sindicatos fuertes y generosas prestaciones por desempleo y asistenciales.

 

       El modelo danés de flexiguridad supone una rotación importante entre el empleo y el desempleo; se calcula que aproximadamente medio millón de asalariados o cerca de una quinta parte de la fuerza de trabajo entra en el desempleo cada año. A pesar de ello, se encontraba un nuevo empleo con facilidad debido al apoyo de unas políticas activas de empleo mucho más desarrolladas que las de otros países. Sin embargo, en los años de crisis se ha destruido empleo; ha decrecido en un 5,2% en 2009 y en un 2,1% en 2010.

 

       Con la crisis también ha aumentado la duración del desempleo. En el año 2010, en Dinamarca y el Reino Unido aumentó el desempleo de larga duración por primera vez en relación con los años anteriores, mientras que en España venía aumentando ya desde 2009, lo que representa un vuelco en la tendencia a la reducción del desempleo de un año o más que caracterizó la primera mitad de la década de 2000 en estos países.

 

       De nuevo Francia registra una tendencia diferente. Partía y se ha mantenido con las tasas de paro de larga duración –más de un año– más altas, con valores cercanos o por encima del 40%. En el lado contrario, Dinamarca partía y se ha mantenido con la tasa más baja, en torno al 20%. En cambio, España y el Reino Unido han sufrido el incremento más alto en estas tasas: 16 puntos porcentuales España –hasta alcanzar el 35% en 2010– y 10 puntos porcentuales el Reino Unido –hasta alcanzar el 37%–. En todos los países, salvo el Reino Unido, el desempleo de las mujeres era superior al de los hombres antes de la crisis, pero en 2010 se ha igualado. El caso más extremo es el de España donde el desempleo de las mujeres prácticamente duplicaba el de los hombres en 2006. En 2010 se ha reducido la diferencia a un punto.

 

       En cambio, el desempleo de larga duración es mayor entre los hombres que entre las mujeres, salvo en España. El Reino Unido es el país donde las diferencias son más marcadas: en 2006 había casi el doble de paro de larga duración entre los hombres que entre las mujeres (27,4% frente a 14,7%), pero en 2010 hubo un aumento considerable en los dos grupos y la brecha se redujo (37,4 frente a 22,3%).

 

La incidencia del desempleo durante la crisis es más marcada en ciertos grupos de edad. El paro juvenil triplica el de los adultos mayores en España y Francia, y lo cuadriplica en el Reino Unido. En Dinamarca solo lo duplica. Es interesante observar que estas ratios se mantienen prácticamente constantes antes y durante la crisis. En otras palabras: la crisis ha causado el incremento del desempleo en todos los grupos de edad, pero las posiciones relativas se mantienen inalteradas, si bien son los más jóvenes los más perjudicados.

 

       Tradicionalmente el paro de larga duración se da con más frecuencia entre las personas mayores de 50 años. Por ejemplo, en 2006 en España este tipo de paro era más de cuatro veces superior entre estas personas que entre los menores de 25 años, y dos veces y media más alto que entre las personas de 25 a 49 años. con la crisis las diferencias se han atenuado, pasando a ser un 80% y un 50% más alto, respectivamente.

 

       Francia es el país donde más peso tiene el paro de larga duración, particularmente entre los adultos mayores; durante los años de la crisis ha disminuido algo entre los mayores de 25 años, pero ha aumentado entre los más jóvenes. En el otro extremo, Dinamarca es el país donde la gran mayoría de las personas desempleadas menores de 25 años lo son por un período menor a seis meses en 2010 el 81,9% de ellos había perdido su empleo hacía menos de seis meses. Aun así, de 2006 a 2010 aumentó la proporción de desempleados que lo han sido durante más de seis meses.

 

       El desempleo afecta más a la población extranjera en todos los países pero las tendencias en los años que median entre 2006 y 2010 son diferentes. El cambio más radical se registra en España donde en 2006 la diferencia entre el desempleo de los nacionales y el de los no nacionales era la más baja de los países analizados, mientras que en 2010 el paro de los extranjeros supera en más de catorce puntos al de los nacionales –32,1% y 17,9% respectivamente–. En cambio, en el Reino Unido el proceso ha sido el inverso y se ha reducido la diferencia de 3,1 puntos porcentuales a solo 0,3.

 

       Los extranjeros desempleados tienen tasas más altas de desempleo de larga duración en Dinamarca y Francia, mientras que en España y el Reino Unido estas corresponden a los desempleados nacionales. Sin embargo, la crisis ha implicado un aumento mayor del desempleo de larga duración entre los no nacionales en todos los países excepto en Francia. En este país la pauta es la misma que antes de la crisis; no obstante, en 2006 y 2010 el desempleo de larga duración afectó más a los individuos que no tienen la nacionalidad francesa.

 

       El desempleo de larga duración es mayor en las personas cuyo nivel de estudios finalizados es bajo; esta es una pauta general en los países analizados. Además, en los años de crisis, la distancia se ha acrecentado, sobre todo en España, donde el cambio ha sido mucho más intenso; en 2010 el paro afecta a más de una cuarta parte de las personas con bajo nivel formativo, quince puntos por encima del desempleo de quienes tienen un nivel alto de educación, según la EU-LFS.

 

       Mientras que en Dinamarca el paro de larga duración afecta por igual a los desempleados con nivel educativo bajo (inferior a secundaria), medio (secundaria) o alto (estudios postsecundarios), en España, Francia y el Reino Unido el desempleo de larga duración afecta más a los desempleados más desfavorecidos en cuanto a capital educativo. Sin embargo, en España las diferencias entre los dos extremos son sensiblemente menores que las que se observan en Francia y Reino Unido: el desempleo de larga duración en 2010 era un 30% más alto entre los que tienen un nivel de estudios bajo frente a los de nivel de estudios alto; mientras que en Francia la diferencia es del 60% y en el Reino Unido del 70%.

 

       Además de las personas que cumplen las condiciones para ser consideradas desempleadas, hay otro colectivo heterogéneo que se sitúa en la frontera del desempleo. Son los que tienen una relación marginal con el mercado de trabajo, personas que no han buscado trabajo activamente durante las pasadas cuatro semanas, pero lo quieren y están disponibles para ello (OCDE, 2011). En esta situación se halla un variado elenco de personas: todas aquellas que, por diversas circunstancias, han perdido empleabilidad de manera severa pero quisieran estar trabajando aun a pesar de no buscar activamente empleo. En particular, comprende a mayores desanimados, a amas de casa que desearían trabajar de forma remunerada y también a jóvenes que ni estudian ni trabajan pero que desearían trabajar.

 

       En España, según datos de Eurostat, este colectivo de jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo y de la actividad es especialmente relevante: en 2011 un 23,1% de los jóvenes entre 18 y 24 años, cuando en el Reino Unido es del 18,4%, en Francia representan un 15,9% y en Dinamarca un 8,4%. Sin embargo España se asemeja a Dinamarca y el Reino Unido –aunque no a Francia– en que la crisis ha agrandado este segmento de jóvenes excluidos.

 

       En general España ya era, en el período anterior a la crisis, según cálculos basados en la EU-LFS, el país con el colectivo de personas marginalmente vinculadas al mercado de trabajo más numeroso en relación con el total de las personas inactivas, un 20% en 2010, seguido de Dinamarca y el Reino Unido con un 19,5 y 18,1% respectivamente. Francia es el país donde menos peso tiene, comprende a un 6% de los inactivos. Respecto a 2006, este colectivo aumentó 2,5 puntos porcentuales en España y más de cuatro puntos en Dinamarca, mientras que se redujo un punto en el Reino Unido y se mantuvo en Francia.

 

II.2. El desempleo y la no ocupación en los hogares.

 

       Las situaciones de exclusión del empleo de las personas no pueden abordarse sin comprender su entorno familiar. La familia, en un sentido amplio, es la red básica de seguridad de la persona. Por ello cuando falta este apoyo, bien sea por la ausencia –en términos físicos y emocionales– de familia, o bien por la acumulación de problemas en la misma, se dispara la espiral de la exclusión social en sus múltiples dimensiones. Además, como es bien sabido, las dificultades laborales afectan a las relaciones familiares, de tal manera que la intensidad de empleo, según la incidencia mayor o menor del desempleo, y la inactividad en el hogar influyen directamente en su vulnerabilidad social y en sus relaciones internas.

Para comparar la intensidad de la exclusión del empleo en los hogares entre los países utilizaremos el indicador de las personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja. Este indicador forma parte del indicador agregado de pobreza y exclusión social que se ha definido en la Estrategia Europa 2020 junto al de población por debajo del umbral de pobreza y el de privación severa. La intensidad de trabajo en el hogar se refiere a la relación entre el número de personas que efectivamente trabajan en un hogar y las que están en edad de trabajar. Se calcula a partir del número de meses que los miembros en edad de trabajar del hogar han estado trabajando el año de referencia de los ingresos. Se considera que la intensidad es muy baja si se está por debajo del 0,2. Este indicador recoge la dimensión del desempleo pero también la de la inactividad, ya sea debido a estudios, a trabajo en exclusiva en el hogar u otras razones.

 

       Los datos para 2010 (Eurostat, EU-LFS) muestran que es en el Reino Unido donde hay la mayor proporción de personas que viven en hogares con muy baja intensidad de trabajo (un 13,1%), mientras que en Dinamarca es del 10,3% y en España y Francia del 9,8%. Sin embargo es España el país donde más ha aumentado durante la crisis: cuatro puntos respecto al 6% de 2006. En el Reino Unido el incremento ha sido de poco más de un punto y todavía menor en Francia y Dinamarca.

 

       Se ha de tener en cuenta que en estos datos influyen factores como las tasas de desempleo y las de actividad de los miembros del hogar, también otros como el peso del trabajo a tiempo parcial y el tamaño y la composición de los hogares. En España, el desempleo es mucho mayor y la tasa de actividad de las mujeres es menor en relación con el resto de los países analizados, pero al mismo tiempo el peso del empleo a tiempo parcial es inferior.

 

       Si se compara la vulnerabilidad ligada a la baja intensidad del empleo en el hogar de colectivos específicos, entonces emerge con fuerza la imagen del Reino Unido como el país con mayor vulnerabilidad, siendo especialmente relevante la situación de las familias con hijos. La muy baja intensidad de empleo entre los hogares con hijos dependientes afecta en el Reino Unido al 11,6% de las personas que viven en este tipo de hogares, mientras que en España representa un 8,1%; la proporción es menor en Francia y Dinamarca –6,9% y 5,1% respectivamente–.

 

       Los mayores porcentajes de hogares con muy baja intensidad de empleo corresponden a los hogares de personas solas con hijos dependientes, alrededor de un 20% y 21% en España y Francia, y algo menos en Dinamarca (18,9%). En cambio en el Reino Unido un 43,7% de estos hogares tiene una muy baja intensidad de empleo.

 

Reflejan la misma tendencia los datos sobre los hogares donde ningún adulto está trabajando. En el Reino Unido es más alta la proporción de niños que viven en estos hogares: un 17,9%, en los otros países oscila entre el 8,9% de Dinamarca y el 10,8% de España. De nuevo es en España donde más ha aumentado durante el período de crisis económica: más de cinco puntos en cuatro años. Sin embargo en 2011 España es el país con el mayor porcentaje de adultos que viven en un hogar formado por una pareja con hijos en el que ningún adulto está trabajando: un 9,1%; en el Reino Unido es del 6,7% y en Francia y Dinamarca, inferior al 5% (EU-SILC).

 

       El indicador que mejor refleja la gravedad de la exclusión del empleo en el caso español es la proporción de los desempleados en el hogar. Los hogares con todos los activos parados han crecido ininterrumpidamente en estos años de crisis; representaban un 13,3% de las viviendas familiares con al menos un activo en el primer trimestre de 2012, casi diez puntos más que en el mismo trimestre de 2006. Los hogares con al menos la mitad de los activos parados se aproximaba en este primer trimestre de 2012 al 30%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

 

No se dispone de datos estrictamente comparables para todos los países que se analizan, pero si se atiende a la percepción subjetiva del desempleo recogida por la EU-SIL c, en 2009 en España habría un 7,65% de los hogares con todos los activos parados, el tercer país en desempleo total en el hogar, por detrás de Letonia y de Irlanda (véanse los resultados en el capítulo 4), cuando solo dos años antes, en 2007, era del 3,9%. En cambio, tanto en Francia como en Dinamarca se ha mantenido estable (4,5% en Francia y 3,38% en Dinamarca en 2009). El Reino Unido es el único de estos países, además de España, en el que han aumentado los hogares con todos los activos parados: de un 2% a un 3,4% en 2009 (EU-SILC).

 

       Aunque en España la actual crisis afecta a todos los miembros del hogar, está creciendo el número de personas principales desempleadas. En el primer trimestre de 2012 el 38,4% de los desempleados son personas principales –42,3% en el caso de los hombres–, este porcentaje era del 29,3% en el mismo trimestre de 2006.

      

       A medida que se prolonga el desempleo y acaba la percepción de la prestación o subsidio se agudizan las dificultades para subsistir, en particular si no hay otros perceptores de ingresos derivados del trabajo o de una pensión de jubilación o de otro tipo en el hogar. En España los hogares sin perceptores de ingresos representan un 3,4% de las viviendas familiares en el primer trimestre de 2012, cuando en el equivalente de 2006 representaban un 2,1% (INE, EPA). La cobertura de las prestaciones por desempleo, cuya evolución veremos en otro apartado, y la propia estructura de la familia española con un peso importante de la convivencia de la gente mayor con sus hijos, explica que el aumento de los hogares sin ningún tipo de ingreso sea más moderado que el incremento general del desempleo, sobre todo si tenemos en cuenta que los datos más recientes del primer trimestre de 2012 señalan que en un 46,2% de las viviendas con persona principal parada, esta no percibe prestación.

 

II.2.1. Abordando la precariedad: la temporalidad, el tiempo parcial y el subempleo

 

       El contrato temporal puede considerarse como el modelo de contrato atípico por excelencia del modelo español de mercado de trabajo (cachón, 1995) –distinto del trabajador en un centro de trabajo con contrato indefinido a tiempo completo–. España es el país que presenta un mayor porcentaje de contratos temporales. Distintos estudios (Gebel, 2010: 18) han demostrado que las personas con contrato temporal son las que más probabilidades tienen de acabar en el desempleo y de volver una y otra vez a ser demandantes de prestaciones por desempleo al finalizar sus contratos.

 

       No es de extrañar, por tanto, que su peso relativo se haya reducido con el avance de la crisis, al ser los contratos más vulnerables en los ciclos de recesión; si en 2006 la proporción era del 28,4%, en 2010 se redujo a un 21,3% y, según los últimos datos correspondientes al primer trimestre de 2012, representan un 23,8% de los asalariados.

 

       Destaca asimismo el alto nivel de autoempleo, un 16%, el más elevado entre los países que se comparan. Aquí puede influir la extensión del fenómeno de los falsos autónomos, es decir, personas que trabajan para una única empresa pero no se les contrata como empleados sino como autónomos para servicios concretos.

 

       A pesar de que el contrato de duración indeterminada es el normal en Francia, este país muestra, en términos comparativos con el modelo liberal inglés o el de flexiguridad danés, altos niveles de temporalidad: un 14,1% en 2010, frente al 4,5% y el 8,1% británico y danés respectivamente. Podría decirse a simple vista que Francia es el país que se asemeja más a España en lo que al peso de la contratación temporal se refiere. Es más, el peso de este tipo de contratos se mantiene en el tiempo. Sin embargo, a este respecto hay que señalar tres cuestiones. En primer lugar, sabemos que en Francia el empleo temporal se encuentra, o bien en el sector público, o como una forma de empleo subsidiado y, por tanto, inducido por el Estado. En segundo lugar, el nivel de temporalidad francés está en la media europea (Laparra, 2006). Por último, debe tenerse en cuenta que algunos contratos que no son indefinidos difícilmente pueden equipararse a lo que aquí identificamos como un contrato temporal –los contractuels en la administración pública francesa, por ejemplo–

 

       El modelo danés y el británico son los que presentan un mayor porcentaje de contratos indefinidos. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que en el Reino Unido se da la circunstancia de que, por un lado, la proporción de contratos temporales es baja, pero, por otro, es alta la proporción de contratos cuya duración real es corta (Laparra, 2006). Hay que tener en cuenta también que en el Reino Unido los contratos indefinidos no ofrecen la misma protección por despido que en países más regulados como Francia.

 

       En estos años de crisis, en Dinamarca, el Reino Unido y Francia la proporción de contratos temporales apenas ha variado. En todos los países, la proporción de autónomos se ha mantenido prácticamente constante, aunque en el Reino Unido ha aumentado un punto. Dado que, de media, los auto-empleados tienen menos remuneración que los asalariados (Bell y Blanchflower, 2011), esto supone un refuerzo de la precarización frente a la opción de un mayor aumento del desempleo.

 

       Entre las mujeres, es menor la proporción de autoempleo y mayor la de contratos temporales en todos los países. No obstante, debido a la crisis ha bajado la proporción de mujeres con contratos temporales, sobre todo en España y en menor medida en Dinamarca, se mantiene en el Reino Unido y se constata un ligero aumento en Francia.

 

       Para entender la situación de precariedad es fundamental tener en cuenta a las personas que tienen contrato temporal porque no han tenido acceso a uno indefinido. Por tanto, en la encuesta EU-LFS se definen personas con un contrato temporal no deseado a aquellas que declaran que no pudieron conseguir un contrato permanente como razón para tener uno temporal.

 

       En España en el año 2006, el 85,7% de las personas con contrato temporal señalaban encontrarse en dicha situación, mientras que este porcentaje en los restantes países era bastante más bajo, entre el 41,4% del Reino Unido y el 55,6% de Francia.

 

       En estos años de crisis ha aumentado el trabajo con contrato temporal no deseado o involuntario en todos los países excepto en Dinamarca donde el trabajo temporal entre los jóvenes es entendido, en buena medida, como un período necesario en la formación.

 

       En España en 2010 los contratados temporales involuntarios suponían el 91,5% del total. Sin embargo se ha de señalar que es en el Reino Unido donde se detecta un cambio más brusco; ha aumentado en quince puntos entre 2006 y 2010 llegando al 57,2% el trabajo con contrato temporal no deseado. Según Bell y Blanchflower, 1,6 millones de trabajadores en 2010 tenían un contrato temporal o trabajaban a tiempo parcial pero querían un contrato indefinido o trabajar a tiempo completo (2011: R25).

La temporalidad afecta más a los jóvenes y va en aumento. Estamos señalando así un contexto muy complicado para la integración social de los jóvenes porque tienen unas altas tasas de paro, acceden a puestos temporales y, por tanto, más vulnerables al despido, pero además esto representa una rebaja en los estándares que no están dispuestos a aceptar.

 

       España es el país con menos peso del empleo a tiempo parcial (13,5% en 2010) y el Reino Unido y Dinamarca donde más peso tiene. Se trata de características estructurales que han cambiado poco en los últimos años. En todo caso, el tiempo parcial ha aumentado más en Dinamarca, de tal manera que ahora supera ligeramente –en un punto– al Reino Unido. Se constata así que se mantiene una tendencia general al alza de este tipo de empleos en países europeos muy distintos.

 

El menor porcentaje de contratos a tiempo parcial en España debe ser interpretado según las razones con las que se justifica. Los niveles salariales, en especial cuando el trabajo a tiempo parcial se desarrolla en empleos poco cualificados, hacen también que la opción por un empleo a media jornada pueda desempeñarse más fácilmente de forma voluntaria en los países con salarios más altos. En buena medida, la media jornada en España no es una opción atractiva por los bajos salarios.

 

       El trabajo a tiempo parcial afecta, con independencia del país analizado, fundamentalmente a las mujeres y esta circunstancia no se modifica con la crisis. Se constata una estabilidad en España, Francia y el Reino Unido. Dinamarca es el único país que ve aumentado en términos significativos el porcentaje de mujeres con contrato parcial. Esto es una muestra de las dificultades para introducir una lógica igualitaria en el mercado de trabajo.

 

En España el acceso generalizado a jornadas completas hace que las diferencias por sexo sean menores. El Reino Unido es el país que muestra una mayor brecha de género, de 30 puntos porcentuales.

 

       Las diferencias en España en función de la nacionalidad se han acrecentado con la crisis. En 2010 había un 50% más de trabajadores extranjeros con jornada parcial que trabajadores nacionales (19% frente al 12,7%), lo que refleja la descarga de las necesidades de flexibilización del mercado de trabajo español en la población extranjera. En el otro extremo, el Reino Unido era en 2010 el país con menos diferencias.

 

       Los jóvenes son los que más habitualmente ocupan empleos a tiempo parcial en todos los países. El alto porcentaje de Dinamarca, seguida del Reino Unido, debe ser entendido como una estrategia vinculada a los estudios.

 

       El tiempo parcial involuntario, entendido como la imposibilidad de acceder a una jornada completa, es un importante indicador de situaciones de subempleo. Se ha de señalar, sin embargo, la ambigüedad de la apreciación de voluntariedad. En la UE-LFS se considera que es involuntario cuando se declara que la razón por la que se dispone de un contrato a tiempo parcial es que no se ha podido acceder a uno a tiempo completo pero se está disponible; en cambio, el cuidado de niños se integra en el trabajo a tiempo parcial voluntario.

 

       En España la cuestión del alto porcentaje de jornadas parciales no deseadas nos remite a la cuestión de la precariedad y su avance en la crisis. Si en España en 2006, el 33,2% de las personas encuestadas hizo referencia a esta cuestión, en 2010 lo señalan el 49,3%. En los demás países, en los años los procesos de exclusión del empleo de crisis, también ha aumentado el trabajo a tiempo parcial involuntario. Sin embargo, en los países donde más peso tiene el contrato a tiempo parcial, menor es la incidencia de la «involuntariedad»: un 15% en Dinamarca y un 16% en el Reino Unido.

 

       Otra forma de aproximarse al subempleo, es la que considera en tal situación a las personas a tiempo completo o a tiempo parcial asalariadas, o con empleo independiente que se encuentran trabajando, o con empleo pero sin trabajar y que durante el período de referencia trabajan involuntariamente menos de la duración normal del trabajo para la actividad correspondiente, y que buscaban un trabajo adicional o estaban disponibles para desempeñarlo.

 

       En España, el subempleo así considerado según la UE-LFS comprende a un 7,9% de las personas que trabajan, un porcentaje inferior al de Francia (un 10,7%), pero que desde 2006 ha aumentado en España en casi tres puntos con la crisis. El subempleo es más reducido en el Reino Unido (5,6%) y sobre todo en Dinamarca (4,4%) aunque en ambos países ha aumentado. (3)

 

       En cambio en Francia se ha reducido de 2006 a 2010 de un 13,3% a un 10,7%. La importancia del subempleo en Francia es consecuencia de las (4) que se aplican a través de dos instrumentos: el desempleo parcial y la reducción del tiempo de trabajo. El desempleo parcial se ha utilizado de forma intensiva y sostenida sobre todo en los sectores del automóvil y del textil; su incidencia era mayor antes de 2008, de ahí los datos de 2006, porque entonces no existía la actual regulación de la reducción del tiempo de trabajo, pero todo parece indicar que en los últimos años está aumentando como resultado de la crisis.

 

       También en el Reino Unido la crisis ha supuesto un ligero incremento, lo que sumado al aumento del empleo a tiempo parcial no deseado conforma un escenario de especial relevancia. Se ha de tener en cuenta que el número total de horas trabajadas ha tendido a disminuir en los últimos años (Bell y Blanchflower, 2011b: R26).

 

       Los países analizados tienen en común que el subempleo se concentra en las mujeres –aunque en Dinamarca la diferencia por sexo apenas es perceptible–, en los más jóvenes, en las personas extranjeras y en las que tienen un nivel de estudios bajo o medio. En estos años de crisis se ha intensificado el subempleo en estos colectivos, sobre todo, en España.

 

II.3. ¿De qué situaciones provienen las personas desempleadas?

II.3.1. Una panorámica general de los flujos al desempleo

 

       En este apartado consideramos los flujos que tienen como destino el desempleo, lo que incluye la permanencia en el desempleo, así como las transiciones del empleo al desempleo y de la inactividad al desempleo. Este análisis es posible porque en la encuesta EU-LFS se pregunta a los entrevistados «cuál era su actividad el año anterior».

 

       Los desempleados que declaran estar en la misma situación que el año anterior comprenden (incluyen) a los desempleados de larga duración y a los que han experimentado repetidos períodos de desempleo; es decir, incluye a las personas que, si bien en el momento de realización de la encuesta y un año antes estaban desempleadas, no lo han estado continuamente –pueden haber atravesado períodos de ocupación o inactividad–.

 

       En España la permanencia en el desempleo es mucho mayor en 2010 que en los otros países. Un 58,3% de los desempleados en 2009 se mantenían en paro un año después. En el extremo opuesto está Dinamarca, con un 33,4%. Sin embargo, en todos los países, excepto en Francia, se observa la misma tendencia: el flujo de permanencia en el desempleo aumenta entre 2006 y 2010.

 

       Por otro lado, en España la transición del desempleo al empleo es la más baja: solo un 26% de los desempleados en 2009 encontraron empleo en 2010, en la misma transición entre 2005 y 2006 la proporción fue del 42,9%. También el flujo del empleo al desempleo aumentó: un 7% de los empleados en 2009 estaban desempleados en 2010.

 

       Un proceso parecido pero menos acusado se observa en Dinamarca y el Reino Unido, mientras que en Francia, de acuerdo con las tendencias del desempleo que hemos visto antes, se mantiene estable en estos años tanto la permanencia en el desempleo como el paso del empleo al desempleo.

 

       En España, el Reino Unido y Dinamarca entre el 10 y el 13% de los estudiantes en 2009 acaban desempleados en 2010, mientras que en Francia la proporción es mucho menor (5,3%). En España, Reino Unido y Dinamarca la proporción de personas al cuidado del hogar en 2009 que pasan a ser desempleadas en 2010 está entre el 8 y el 10%, mientras que en Francia es del 6%. En todos los países excepto en Francia estos flujos de inactividad al desempleo aumentan con la crisis.

 

II.3.2. La transición del empleo al desempleo

 

       Se ha estudiado con más detenimiento la transición del empleo al desempleo usando modelos de regresión logística. En ellos la variable dependiente (es decir, que se ha de explicar) consiste en la probabilidad de realizar la transición. Y las variables que explican tal probabilidad son el sexo, la edad, el nivel de estudios, el estado civil, la nacionalidad y el sector de actividad en que se trabajaba el año anterior. A continuación reseñamos los principales resultados.

 

       En primer lugar, es interesante notar que en España no había diferencias significativas entre hombres y mujeres en la probabilidad de perder el empleo en 2010, pero sí las había en 2008. Sin embargo, en el Reino Unido y Dinamarca hubo una desventaja masculina en 2010, mientras que en Francia la desventaja es femenina.

 

       Tanto antes como después de la crisis, en España, Reino Unido y Francia el grupo de edad con una probabilidad mayor de pasar del empleo al desempleo es el formado por las personas entre 15 y 24 años. Llama la atención el caso de Francia, puesto que allí los más jóvenes tienen una probabilidad dos veces mayor de pasar del empleo al desempleo que el grupo de referencia (el de personas entre 24 y 49 años). En Dinamarca, en cambio, es menos probable que este grupo de edad pase a ser desempleado que el grupo con edades entre 25 y 49 años.

 

       En España, Reino Unido y Francia, el grupo de más edad, entre 50 y 64 años, tenía una probabilidad menor de pasar al desempleo que el grupo de las edades centrales, tanto en 2008 como en 2010. Este resultado puede estar relacionado tanto con el hecho de que ocupan puestos de trabajo en el sector primario, más estables, como con el hecho de que tienen unas tasas más altas de transición a la inactividad y no al desempleo –por ejemplo, retiros o jubilaciones anticipadas–. En cambio, en Dinamarca no hay diferencias estadísticamente significativas en la probabilidad de transitar del empleo al desempleo entre las personas de más de 50 años en relación con las personas en las edades centrales, tanto en 2008 como en 2010.

       Por último, estar casado o separado/divorciado en todos los años y países implica una menor probabilidad de pasar al desempleo respecto a ser soltero; en 2010 se acentúan las diferencias.

 

       El flujo al desempleo es más probable en las personas con niveles educativos bajos. En España, Reino Unido y Francia, tanto antes como durante la crisis, las personas con estudios superiores tienen en torno a la mitad de las probabilidades de pasar al desempleo que las personas con estudios bajos. En cambio, en Dinamarca las probabilidades son parecidas: las personas con estudios superiores tienen alrededor de un 33% menos de probabilidades de pasar al desempleo que las personas con el nivel de estudios más bajo. Lo más notable, pues, es que las diferencias por nivel de estudios persisten antes y durante la crisis.

 

       Las personas con la nacionalidad del país tienen un riesgo menor de pasar a ser desempleadas que los extranjeros tanto en 2008 como en 2010 en todos los países menos el Reino Unido, donde no hay diferencias. En 2010, en España, Francia y Dinamarca los nacionales tenían la mitad de probabilidades de pasar al desempleo que los extranjeros.

En 2010 los trabajadores de todos los sectores económicos tenían una probabilidad de pasar a ser desempleados, menor que los trabajadores de la construcción, aunque en Francia no hay diferencias significativas entre estos y los trabajadores del sector servicios.

 

II.4. La cobertura de las prestaciones por desempleo

 

Uno de los elementos clave para entender hasta qué punto están desprotegidos los desempleados es comparar la cobertura de las prestaciones por desempleo entre los países que analizamos. Sin embargo, la comparación no es fácil. Las fuentes administrativas para el análisis de la cobertura conllevan dificultades derivadas de los diferentes registros de las personas desempleadas en cada país. En España, por ejemplo, no constan en la estadística de paro registrado los fijos discontinuos ni los que realizan programas formativos ocupacionales, aunque en ambos casos se percibe prestación. El resultado es que la tasa de cobertura se incrementa. En cambio las personas que están en programas de formación sí se incluyen en las estadísticas de parados en Dinamarca a partir de 2010, y también figuran, por ejemplo, las prestaciones complementarias de desempleo para trabajadores a tiempo parcial en determinados supuestos.

 

       En España, según los últimos datos del INEM, en enero-mayo de 2012 el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo era 2.965.943, distribuidas así: 46,6% de tipo contributivo, 45,6% asistencial y 7,8% de la Renta Activa de Inserción. En conjunto representa una cobertura del 66,8%, inferior en cinco puntos porcentuales a la del mismo período del año anterior; a esta reducción ha contribuido sin duda el que haya finalizado el PRODI (programa temporal de protección por desempleo e inserción) (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012).

 

       Para comparar los distintos países necesitamos utilizar la cobertura por desempleo estimada a partir de los datos de la EU-LFS para los años 2006 y 2010. Se entiende por cobertura la ratio entre los desempleados que dicen recibir prestaciones por desempleo (contributivas o asistenciales) y el conjunto de los desempleados, estén o no inscritos en la oficina de desempleo y hayan tenido o no experiencia previa de empleo.  Según la EU-LFS, la cobertura en España en 2010 era del 42,1%, pero según los registros administrativos del mismo año era del 78,4%. Esta gran diferencia se debe a dos circunstancias, la primera es que en el INEM se contabilizaron 706.809 desempleados menos que en la EU-LFS, y la segunda y principal, que los desempleados con prestaciones eran 1.109.791, es decir, un 36,7% más.

 

       De acuerdo con la EU-LFS, la cobertura ha aumentado en estos años de crisis: el 42,1% en 2010 frente al 25,2% en 2006, lo que concuerda con la tendencia que se observa en los registros administrativos, aunque los últimos datos de dicha fuente indican, como hemos visto, una reducción en el período 2011-2012. Se ha de tener en cuenta que la destrucción de empleo ha afectado a muy distintos segmentos de la sociedad y, por tanto, también en mayor medida a personas que reunían las condiciones de cotización para recibir la prestación. Pero a medida que se prolonga la crisis, son cada vez más las personas que han agotado el período máximo de prestaciones al que tenían derecho.

 

       En relación con los otros países, la cobertura en España en 2010 era inferior a la de Dinamarca y un punto por encima de la de Francia. El Reino Unido en 2008 (último dato que disponemos) tenía una baja cobertura del desempleo, un 33,2%.

 

       Si se comparan los resultados obtenidos de la encuesta EU-LFS con los de la EU-SILC, las tendencias son similares aunque la cobertura de las prestaciones no es comparable porque en la EU-SILC se utiliza la percepción subjetiva de desempleo. En España, en 2009 la cobertura –referida a la situación y las prestaciones del año anterior de la renta– era del 54,4%, cobertura mayor que la obtenida de la EU-LFS debido tanto a que se contemplan más desempleados como también –y sobre todo– a que se contemplan más beneficiarios de prestaciones (2.747.818).

 

       En definitiva, a pesar del aumento de la cobertura en los años de crisis, la extensión estimada de las prestaciones en España continúa siendo inferior a la de Dinamarca aunque se ha igualado con la cobertura que se registra en Francia y es superior a la del Reino Unido. Según la EU-LFS (la estimación más pesimista), había en España 2.652.925 desempleados sin prestaciones en 2010. Los registros administrativos cifran en una media de 1.181.024 las personas desempleadas sin prestaciones en 2011 y, según los últimos datos de enero-febrero de 2012, hay registradas 1.386.367 personas desempleadas sin prestaciones de ningún tipo, ni contributivo ni asistencial.

 

       La situación es particularmente dramática. La explosión del desempleo en estos años de crisis ha dado lugar a un aumento sin precedentes de los demandantes, al mismo tiempo que las políticas de activación del empleo son muy frágiles y la gestión en las oficinas públicas de empleo es ampliamente reconocida como ineficaz. Por esta razón, aunque se dedica el mayor porcentaje del PIB a las políticas de empleo en los países que se analizan, un 3,7% en 2009, el grueso de los recursos se derivan a las prestaciones directas y muy pocos a las políticas de activación (un 0,6%).

 

       Por lo que se refiere a la intensidad protectora, entendida como proporción de los ingresos previos, en 2007 era del 35,9%, dos puntos y medio menos que la de diez años antes (OCDE, 2011).

 

       Dinamarca es el país de los que se comparan donde mayor es la intensidad de la protección y también la cobertura de las prestaciones por desempleo. En 2007 se recibía un 47,7% de media de los ingresos del año precedente; téngase en cuenta que en 1997 era del 62,5% (OCDE, 2011). En Dinamarca, para beneficiarse de la prestación por desempleo, se ha de haber trabajado 12 meses en los tres años precedentes y la duración de la prestación por dicho concepto era de cuatro años, pero en 2010 se redujo a dos años si bien a finales de 2011 no se había aplicado todavía. Además, se reciben prestaciones por desempleo complementarias si se está en un trabajo a tiempo parcial involuntario hasta cubrir el equivalente a las 37 horas semanales. En 2010 la cobertura de las prestaciones por desempleo era del 46,4% y se había reducido en los años de la crisis. Aun así es el país donde una mayor proporción de desempleados disponen de cobertura y la reciben en mejores condiciones. Asimismo es el único país donde la estrategia de activación del empleo ocupa un papel central: en 2009, del 3,2% del PIB dedicado a desempleo, un 1,2% se empleaba en la formación e inserción. Las estrategias de activación han tenido un indudable éxito en períodos de expansión, sin embargo están diseñadas para un volumen relativamente bajo de demandantes, por lo que son menos efectivas en la situación actual de desempleo creciente y destrucción de empleo.

 

       En Francia, las condiciones para el acceso a las prestaciones son haber cotizado 4 meses sobre los 28 precedentes que se convierten en 30 meses para los mayores de cincuenta años. La prestación puede recibirse entre cuatro meses y dos años (tres años para los mayores de cincuenta años). El nivel de cobertura en Francia en 2006 era mucho mayor (40,7%) que el de España y el del Reino Unido. Sin embargo, en los años que median entre 2006 y 2010 se ha mantenido mientras que ha aumentado en los restantes países, por lo que tiende a converger. Francia dedica un 2,4% del PIB (2009) a políticas de empleo, un 1,4% a prestaciones a los desempleados y un 0,7% a políticas de activación. Aunque el peso del desempleo es muy inferior al de España, las medidas de activación no son el eje central de las políticas de empleo hasta el momento.

 

       El Reino Unido es el país con menor cobertura e intensidad de protección al desempleo; se mantiene como el ejemplo paradigmático del régimen liberal de bienestar. En los años 2006, 2007 y 2008, la cobertura se mantuvo en torno al 33%. Las prestaciones comprendían un escaso 12,1% de media de las remuneraciones previas en 2007 y se habían reducido casi seis puntos respecto a diez años antes (OCDE, 2011). En 2009 dedicaba un escaso 0,65 del PIB a políticas de empleo, del cual un 0,33% se destinaba a prestaciones, una proporción ligeramente inferior a la destinada a los servicios públicos de empleo (un 0,28%).

 

       En otras palabras, en los tres países que se han podido comparar, la tendencia en estos años de crisis es similar; aumenta ligeramente la cobertura pero la intensidad protectora sigue tendencias distintas: se reduce en España, en Dinamarca y en el Reino Unido, y se mantiene en Francia.

 

       Excepto en Dinamarca, las políticas de activación no están plenamente desarrolladas en los otros países. En este momento de destrucción de empleo, intensificar este tipo de medias activadoras, en un contexto de aumento significativo del paro, posiblemente tendría una eficacia muy limitada en cuanto al crecimiento del empleo y, por el contrario, podría poner en cuestión el derecho de muchos desempleados a la protección social que reciben.

 

II.4.1. Los receptores de prestaciones de desempleo

 

En la EU-LFS se pregunta a las personas desempleadas si reciben prestaciones por desempleo. A partir de esta cuestión, se ha analizado la probabilidad de que se reciba prestación, con el mismo tipo de análisis (regresión logística) aplicado en las transiciones del empleo al desempleo, según el sexo, la edad, el nivel de formación y la nacionalidad; se han comparado Francia, España y Dinamarca para los años 2006 y 2010, y con el Reino Unido para 2006 y 2008.

 

       La crisis ha supuesto una mayor desprotección de la mujer en todos los países, aunque se parte de situaciones muy distintas. Las diferencias son particularmente agudas en España y el Reino Unido. En ambos países la desprotección del desempleo se escribe en clave femenina puesto que los hombres desempleados tenían en 2010 más del doble de probabilidades de recibir una prestación en España, y más del triple de probabilidades en el Reino Unido en 2008; las peores condiciones de empleo de las mujeres repercuten en la cotización, por esto no reúnen los requisitos de cotización que les permitan acceder a las prestaciones en la misma proporción que los hombres.

 

       La brecha en la desprotección por sexos es menor en Francia y Dinamarca: en 2010 las probabilidades de tener prestaciones por desempleo de los hombres eran un 23% y 17% mayores respectivamente, que las de las mujeres. La crisis parece haber hecho mella también en ambos países puesto que las diferencias no eran significativas en 2006.

 

       Con respecto a la edad, los jóvenes, en todos los países, tienen menos probabilidades de tener protección que las personas entre 25 y 49 años ya que en estas edades se concentran los demandantes de primer empleo. En España, en 2006, los jóvenes tenían un 76% menos de probabilidades de ser beneficiarios de una prestación por desempleo, contributiva o asistencial, y un 78% menos en 2010.

 

       La situación de los jóvenes desempleados españoles, por lo que respecta a la protección en términos comparativos con otras edades, es peor que la de sus coetáneos en Francia o en el Reino Unido –en ambos países, además, ha mejorado ligeramente–, aunque es en Dinamarca donde la probabilidad es todavía menor por la peculiar estructura de las prestaciones en este país.

 

       En cambio en todos los países –excepto en el Reino Unido– los adultos mayores tienen más probabilidades de tener protección que los desempleados entre 25 a 49 años, pero con la crisis han perdido en parte esta ventaja.

 

       En España, de nuevo, es donde el cambio ha sido más profundo: se ha pasado de casi el doble de probabilidades de tener prestación en 2006 a solo un 19% más en 2010.

 

       Las diferencias por nivel formativo no son significativas en España y apenas se han modificado con la crisis. Es decir, la protección/desprotección atraviesa todos los niveles formativos. Este rasgo distingue el caso español del francés y danés, en estos países, si se dispone de un nivel formativo medio o superior, se tienen más probabilidades de ser beneficiario de una prestación. Además la crisis ha supuesto que las diferencias de protección de los desempleados según su formación se incrementen en estos países.

 

       Las diferencias más acusadas se registran en Dinamarca, y el efecto de la crisis en este país es más acusado. Los desempleados con estudios medios han pasado de tener un 58% a un 63% más de probabilidades de recibir prestaciones respecto de los desempleados con estudios básicos, y de no haber diferencias estadísticamente significativas, a tener un 49% más de probabilidades los desempleados con estudios superiores que los desempleados con estudios básicos.

 

       La desigualdad en el acceso a las prestaciones según los estudios es totalmente distinta en el Reino Unido; las personas con nivel de estudios medio o alto tienen menos probabilidades de recibir prestaciones por desempleo y la brecha aumentó de 2006 a 2008, pasando del 31% al 49% menos de probabilidades en el caso de los estudios superiores, y del 25% al 27% en los estudios medios, siempre en comparación con los desempleados con estudios básicos –inferiores a secundaria–. Es posible que esta diferente pauta se explique por la ya mencionada escasa repercusión de la protección por desempleo en el Reino Unido. En países como España, cobrar el desempleo es una situación normal para quien se ha quedado sin empleo, y se siente como un derecho adquirido durante los años de trabajo; sin embargo, en el Reino Unido, cobrar el desempleo es estar on the dole (en el paro), expresión despectiva que refleja la fuerte estigmatización que supone. Es más bien una situación extrema de marginalidad laboral y social. Además, como se ha expuesto, en el Reino Unido los beneficiarios son pocos y reciben poco.

 

       En España, Francia y Dinamarca las personas casadas tienen más probabilidades de acceder a las prestaciones por desempleo que los solteros; lo mismo sucede con los divorciados y viudos respecto a los solteros. En España y Dinamarca la probabilidad ha aumentado con la crisis mientras que en Francia se ha reducido ligeramente. En el Reino Unido la pauta es distinta pues tienen menos probabilidades de recibir prestaciones las personas casadas, sobre todo las mujeres desempleadas casadas.

 

       Por último, el tener la nacionalidad del país es uno de los factores fundamentales para elevar la probabilidad de recibir prestaciones; o sea, que el colectivo de desempleados extranjeros están más desprotegidos y quizá sea este el rasgo más contundente que comparten España, Francia y el Reino Unido. Con la crisis la brecha en la desprotección en razón de la nacionalidad tiende a disminuir en España y Francia pero aumenta en el Reino Unido, mientras que en Dinamarca las diferencias no son significativas en los años analizados.

 

       El resultado es que en España, en 2010, los nacionales tienen un 23% más de probabilidades de recibir prestaciones que los extranjeros; esta proporción se eleva al 56% en Francia. Las regresiones separadas por sexo permiten comprobar que en Francia son las mujeres extranjeras las más desprotegidas en este contexto de crisis, y en España los hombres.

 

       Sin embargo, tanto en España como en Francia, el efecto fue mayor en 2006 que en 2010, es decir, con la crisis se han acortado las diferencias entre nacionales y extranjeros en las probabilidades de tener prestaciones; esta reducción en la brecha se debe en ambos países a que ha disminuido la desprotección entre los que no tenían la nacionalidad del país, a consecuencia no solo del propio proceso de consolidación de los inmigrantes en el mercado de trabajo español –para reunir, a medida que pasan los años, las condiciones requeridas para acceder a las prestaciones– sino también por los procesos de irregularidad sobrevenida y de posibles abandonos del país de los desempleados extranjeros sin prestación.

 

       El Reino Unido sigue una pauta distinta, si en 2006 los nacionales tenían un 40% más de probabilidades de recibir prestaciones, en 2008 la brecha entre unos y otros ha aumentado y la probabilidad de protección de los que tienen la nacionalidad del país es más del doble.

 

Conclusiones

 

       Cuando pretendemos valorar cómo afecta la crisis del empleo a los colectivos más desfavorecidos en los países que comparamos, el primer interrogante que debemos plantear es hasta qué punto se ha decantado la balanza hacia el desempleo o hacia el subempleo/precarización o hacia ambos y qué relación puede establecerse con los sistemas de protección al desempleo.

 

       En España la crisis ha supuesto, tal como sucedió en las anteriores, un aumento desorbitado del desempleo y en especial del desempleo juvenil. La generalización del desempleo en los períodos de crisis es un rasgo estructural que la opción a la temporalidad como mecanismo de flexibilidad, tras la crisis de los ochenta, más que resolver, enquistó a través de

la consolidación de un segmento de contratados estables –que cada vez son menos– y de un trabajo precario basado en la flexibilidad externa mediante la contratación temporal. En las sucesivas reformas laborales de los últimos veinte años se ha intentado reducir sin demasiado éxito la temporalidad por la vía de extender la flexibilización. El resultado es la combinación de una relativamente elevada protección al desempleo con una elevada temporalidad, aunque esta se ha reducido con la crisis, y la ausencia de una regulación efectiva y de prácticas generalizadas de flexibilidad interna, todo lo cual constituye un incentivo para recurrir al desempleo más que a otros mecanismos como la reducción de los tiempos de trabajo. En definitiva, una vez más se ha optado por el desempleo en detrimento del subempleo.

 

       En cambio, Francia aparece como el país más estable, donde ha incidido menos la crisis en el empleo hasta el momento, menos que en países como el Reino Unido y Dinamarca. La práctica de mecanismos de flexibilidad interna para adaptar las condiciones laborales junto a una elevada protección, parecen incidir en amortiguar o retrasar los efectos de la crisis en cuanto al desempleo en comparación con los otros países de referencia.

       En el Reino Unido la crisis ha comportado tanto un aumento notable del desempleo como un incremento de la contratación temporal, del contrato a tiempo parcial involuntario y de trabajar menos horas de las deseadas; la escasa protección al desempleo permite poco margen al trabajador, le coloca en una posición más débil, le fuerza a aceptar peores condiciones laborales, en definitiva, incentiva la precariedad.

 

       Dinamarca está también profundamente afectada por la crisis del empleo. Aunque partía de valores muy bajos, la crisis ha producido un aumento del desempleo y también de la duración del desempleo, sin alcanzar los valores de los otros países. Pero el principal cambio en Dinamarca es que se están abriendo brechas en los colectivos más afectados por la crisis en un país donde no había diferencias significativas por sexo, edad, nivel de estudios y nacionalidad. Aun así es el país con menos exclusión total o parcial del empleo en un sentido amplio.

      

       La concentración del desempleo en los hogares está siendo muy intensa en España: un 13% de los hogares con al menos un activo tiene a todos sus miembros desempleados. En cambio otros indicadores que recogen no solo el desempleo, como es el caso de la baja intensidad del empleo en el hogar o la ausencia de empleo entre todos los adultos, permiten comprobar la vulnerabilidad de los hogares, en especial en el Reino Unido y, sobre todo, en los hogares con un adulto y niños.

 

       Por lo que respecta a los colectivos más desfavorecidos con la crisis se detecta una notable convergencia entre los países, bien porque se han profundizado las brechas existentes en algunos casos, o bien porque han cambiado en la misma dirección, en estos años de crisis, sin que sea ajena la cuestión de la orientación predominante en las políticas laborales desarrolladas en la última década.

 

       En España es donde más cambios se han producido debido a la aguda crisis del empleo que atraviesa todas las edades. No obstante, son los jóvenes los más afectados por el desempleo en estos años y los que tienen más probabilidad de perder el empleo en comparación con otras edades. Sin embargo, no debemos olvidar que se trata de un rasgo estructural del mercado de trabajo español, de hecho la diferencia –ratio– en la probabilidad de perder el empleo respecto a los adultos jóvenes y los adultos mayores apenas ha variado en estos años.

 

       La desventaja de género en España también experimenta una curiosa evolución con la crisis. Si antes de la crisis las mujeres tenían más probabilidades de perder el empleo, ahora, debido a la destrucción masiva de puestos de trabajo en sectores masculinizados, se neutralizan las diferencias, en particular, en determinados sectores de actividad. Un nivel formativo bajo y ser extranjero son circunstancias que aumentan la probabilidad de perder el empleo, pero en ambos casos el incremento ha sido moderado en estos años de crisis y las desventajas son similares a las de otros países como Francia o el Reino Unido.

 

       En Francia se detectan pocos cambios en cuanto a los colectivos más desfavorecidos porque la crisis afecta en menor medida al empleo, a pesar de ello es el país donde los jóvenes tienen más probabilidades de perder el empleo en relación con otras edades. También ser extranjero aumenta la probabilidad de pasar al desempleo.

      

       En el Reino Unido los hombres son los más afectados por la probabilidad de perder el empleo y esta diferencia se ha agrandado en los últimos años. También la brecha por edad es importante aunque en este caso la crisis no la ha profundizado, más bien todo lo contrario.

 

       Por último, en Dinamarca donde, como hemos visto, las desventajas de los distintos colectivos son más reducidas, la crisis ha supuesto una mayor probabilidad de perder el empleo tanto entre los hombres como entre los jóvenes. Pero es el cambio en la brecha por nacionalidad el que más destaca; por primera vez tienen más probabilidades de perder el empleo los extranjeros.

 

       Por otra parte, la crisis está incidiendo de manera distinta en la protección según los colectivos en los países que analizamos. Los colectivos más afectados por el desempleo con frecuencia son también los más desprotegidos, aunque no siempre es así.

 

       En España destaca, en primer lugar, la desprotección de las mujeres en cuanto a la probabilidad de recibir prestaciones de desempleo, esta desprotección se ha agudizado con la crisis. En segundo lugar, la desprotección de los jóvenes, una constante que no varía sustancialmente con la crisis. En tercer lugar, la desprotección de los extranjeros, aunque con la crisis se han reducido las diferencias.

 

       En Francia, la principal brecha en la desprotección corresponde a los extranjeros, la más alta de los países considerados; y en segundo lugar la desprotección según el nivel de estudios, aunque en ambos casos hay pocos cambios en los últimos años. En el Reino Unido la mayor desprotección recae en las mujeres y en los extranjeros, y la brecha aumenta con la crisis.

 

       Por último, en Dinamarca la crisis del empleo ha abierto brecha entre los distintos segmentos, pero estas diferencias no se traducen en una menor protección por desempleo. Un caso significativo es el de los extranjeros: tienen más probabilidad de perder el empleo que los nacionales pero parecida probabilidad de recibir prestaciones por desempleo. En definitiva, el modelo de flexiguridad no ha evitado el aumento de las desigualdades en los años de crisis, pero en comparación con otros países, ha amortiguado las desigualdades en la protección.

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III. El impacto de la crisis sobre la desigualdad y la pobreza en la Unión Europea

       Desde el comienzo de lo que se ha venido a considerar como la gran recesión, el drástico cambio de ciclo económico ha afectado a varios de los pilares sobre los que descansa el bienestar de los ciudadanos en la mayoría de las sociedades europeas. El aumento del desempleo en muchos países y la caída de los salarios de los trabajadores con menos recursos han dado origen, en la mayoría de los casos, a un estancamiento –cuando no empeoramiento– de los niveles de vida y a un veloz aumento de las situaciones de vulnerabilidad. Paralelamente, las crecientes dificultades para financiar el gasto social han limitado las posibilidades de la red de protección para dar respuesta a un crecimiento sin parangón de la demanda de intervención pública redistributiva.

 

       Según datos de Eurostat, a finales de 2010 había más de 82 millones de pobres en la Unión Europea. La tasa de desempleo creció desde el 7,2% de 2007 al 9,6% en 2011, lo que representa una variación al alza de más de un tercio respecto a su nivel inicial. El desempleo pasó a afectar a más de uno de cada cinco jóvenes europeos, y se alcanzó un nivel similar en el riesgo de pobreza de este colectivo. También en otros grupos, como los inmigrantes, se elevó el riesgo de insuficiencia de ingresos o pobreza monetaria hasta alcanzar tasas cercanas al 30% de estos hogares.

 

       Siendo indudable que todos los países de la Unión Europea han registrado aumentos en las necesidades sociales, lo es también que la pobreza y la desigualdad se han manifestado en cada caso con diferente intensidad y alcance. Por un lado, los cambios en el desempleo no han sido uniformes y su crecimiento es mucho mayor en unos países que en otros. Así, mientras que en vísperas de la crisis España pasó de una tasa de paro ligeramente superior al 8% a otra cercana al 25% a comienzos de 2012, para el promedio de la UE-27 el salto fue del 7,2 al 9,6%. Algo similar puede decirse respecto a los cambios en la estructura salarial. Por otro lado, la traducción del deterioro económico en la mengua de ingresos y cambios en las condiciones de vida de los hogares está intermediada por la fortaleza de las redes de protección. Las diferencias observables en los indicadores básicos de pobreza y

Desigualdad, no solo tienen su origen en el mayor o menor agravamiento de determinados desequilibrios macroeconómicos, sino también en la diferente cobertura proporcionada por los sistemas de protección social.

 

       De hecho, ya antes de la crisis en muchos países existían indicios de que la onda larga de crecimiento económico no había modificado sustancialmente el riesgo de pobreza de amplias capas de la población. La emergencia de nuevos retos demográficos, ligados sobre todo a los cambios en la estructura de los hogares, el envejecimiento de la población y los flujos de trabajadores entre países, no fue suficientemente compensada por un reparto progresivo de los frutos del crecimiento económico. Por una parte, en varios países, los procesos de internacionalización económica y la desregulación de los mercados de trabajo hicieron aumentar el empleo de bajos salarios y, con ello, la vulnerabilidad de amplios segmentos de trabajadores. Por otra, la mayor selectividad de las políticas sociales, el tono más restrictivo de estas y la generalización de reformas tributarias tendentes a la rebaja de tipos impositivos limitaron considerablemente la capacidad de la intervención pública para corregir las desigualdades y aliviar la pobreza.

 

       La amplia variedad de experiencias internacionales en el desarrollo de las políticas públicas dio forma antes de la crisis a un singular mosaico de combinaciones de eficiencia y equidad. En algunos países, principalmente de renta media y baja, la puesta en marcha de severos procesos de ajuste y liberalización económica se saldó, en términos generales, con mejoras notables en el ritmo de crecimiento económico, pero con consecuencias muy variadas sobre las situaciones de insuficiencia de ingresos. Así lo confirman tanto los casos en que el crecimiento de la renta media fue compatible con reducciones significativas de la pobreza como el de otros en los que esta aumentó. En los países de mayor renta, la puesta en marcha de distintos procesos de ajuste de las cuentas públicas también dio origen a comportamientos muy heterogéneos en el crecimiento de las rentas de los hogares y en la reducción de la pobreza; pese a ello, no puede afirmarse en ningún caso que la prolongación del crecimiento económico en los años anteriores a la crisis sirviera para generar mejoras sustanciales en el bienestar social.

 

       Con el desarrollo de la crisis, esos niveles de bienestar se han reducido en muchos países, si bien la diversidad de tipologías en el diseño de la protección social, la generosidad de los sistemas y la capacidad de los mecanismos de garantía de ingresos mínimos han dado origen a una notable heterogeneidad en el aumento de las necesidades sociales ante la gran recesión. Las acusadas diferencias entre los países europeos en esas tres dimensiones obligan a anticipar que la respuesta a la crisis ha sido más eficaz donde las redes de protección eran más sólidas. La atonía de la actividad económica y el aumento de las necesidades sociales han puesto de manifiesto, precisamente, la debilidad de estas redes en algunos países y su fortaleza en otros, y en tal divergencia encontramos un factor determinante de las posibles diferencias en los efectos de la crisis.

 

       Estos elementos de reflexión remiten al análisis detallado de los datos de ingresos y condiciones de vida de los hogares, tanto para identificar la similitud o diferencia en los procesos de desigualdad y la pobreza en los países de la Unión Europea como para trazar un posible cuadro de determinantes, ya sean comunes o diferentes, de dichos procesos. El objetivo de este capítulo es ofrecer un cuadro amplio de indicadores de pobreza y desigualdad en la crisis referido a la muestra de países seleccionada para este proyecto. Con tal objetivo se explota la información que ofrece Eurostat a través de la EUSILC (Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de la Unión Europea). En el primer apartado se revisan los principales cambios en los indicadores de desigualdad. En el segundo se analizan los efectos de la crisis sobre las tendencias de la pobreza en los países objeto del estudio. En el tercer apartado se estudian los cambios en los perfiles de la pobreza. En el cuarto apartado se examinan los cambios en la intensidad y la severidad de la pobreza. El trabajo se cierra con una breve relación de conclusiones.

 

III.1. Los efectos de la crisis en la distribución de la renta

       Son varios los canales a través de los cuales la prolongación de la recesión en la economía europea ha incidido en el bienestar de los hogares, pero el más inmediato es, probablemente, el efecto de la crisis en los niveles de renta y su distribución. Los modelos de análisis más extendidos sobre los efectos del cambio de ciclo económico en la desigualdad y la pobreza parecen confirmar que en las etapas de expansión económica, y sobre todo de creación de empleo, la desigualdad se reduce, mientras que en las fases de deterioro de las condiciones macroeconómicas empeoran más drásticamente las rentas de los hogares que se hallan en la parte inferior de la distribución de la renta, cuya participación laboral es más inestable (Blank, 2009).

 

       No obstante, no existe un cuadro de efectos bien definido y común a todos los países. En algunos casos, por ejemplo, se ha constatado que no se registra esa simetría en las distintas fases del ciclo económico. Si bien son escasos los trabajos que han tratado de medir la posibilidad de efectos diferentes de las expansiones y las recesiones, la limitada evidencia disponible parece mostrar que la desigualdad aumenta en las recesiones, sin que necesariamente se reduzca con la reactivación de la actividad económica. Estas constataciones invitan a tomar como punto de partida el supuesto de que la caída de las rentas ha tenido un efecto adverso en la desigualdad (Hines et al., 2001).

 

       Una manera muy intuitiva de comprobarlo es observar los cambios en el índice de Gini. Este índice, además de ser el indicador más generalizado en la medición de la desigualdad, cuantifica la concentración de la renta y ofrece una medida ajustada de cómo los grupos con ingresos más bajos reciben menos de lo que les correspondería según su peso en la población, mientras que sucede lo contrario en los hogares más ricos. Con valores posibles entre 0 y 1, cuanto más alto es el índice, mayor es la desigualdad observada.

 

       Desde la perspectiva comparada, el rasgo más destacado es cierta convergencia en los índices correspondientes a cada país, junto a la estabilidad aparente del comportamiento de la desigualdad en el promedio de los 27 países pertenecientes a la Unión Europea (gráfico 1).(2) Francia registró el mayor incremento del índice de Gini, lo que situó a este país prácticamente en la media de la UE-27 pese a presentar un nivel de desigualdad inferior a ese promedio antes de la crisis. En España, que antes del comienzo de las turbulencias económicas presentaba un nivel de desigualdad superior a la media de la Unión Europea, el crecimiento de este indicador fue mayor que el del promedio de países. El aumento de la desigualdad en España, de hecho el mayor desde que se dispone de información anual, lleva el indicador a uno de los valores más altos de la UE-27.

 

       Cualquier valoración del bienestar que se pretenda establecer ligada a los cambios en la renta media y la desigualdad está condicionada por la limitada capacidad informativa que proporciona el uso de solo dos de las dimensiones que afectan a la situación económica de los hogares. No se tiene en cuenta, por ejemplo, la estructura de la desigualdad y la posibilidad de que el aumento de las diferencias entre determinados grupos de renta pueda estar compensada por el estrechamiento de las existentes entre otros grupos. Cambios muy moderados en la desigualdad global pueden esconder aumentos de las distancias entre las rentas medias y las más altas compatibles con reducciones de las diferencias entre las rentas medias y las rentas bajas. En crisis anteriores, de hecho, la ralentización de la actividad económica dio origen a ritmos muy distintos de variación de las rentas correspondientes a distintos percentiles, pero también de cada fuente de renta, más concentradas las de capital en los hogares con mayores recursos económicos.

 

       La revisión histórica elaborada por Atkinson (2009) sugiere que los hogares de mayor renta suelen salir bien parados de las recesiones, con caídas iniciales de renta que pueden ser importantes, pero que son seguidas por aumentos prolongados de sus rentas hasta superar los niveles anteriores. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las pérdidas de renta fueron claramente mayores en términos absolutos en los hogares más ricos, sobre todo al principio de la crisis, por la caída de las rentas de la propiedad; pero en términos relativos

las pérdidas más acusadas las registraron los hogares situados en las partes media y baja de la distribución de la renta. Los datos de consumo y de ganancias en los mercados de capitales revelan también que los grupos con mayores rentas se están recuperando más rápidamente que el resto. Las pérdidas de riqueza de los hogares con rentas más altas se concentraron, además, en la gama baja del estrato con mayor renta, más que en los más ricos (Smeeding y Thompson, 2011).

 

       Para el caso de los países seleccionados, los datos disponibles de la EU-SILC permiten analizar también los cambios en la estructura de la desigualdad. El indicador de distancias –la distancia se calcula como el cociente de los ingresos que dividen a la población en dos grupos de renta o percentiles distintos– entre los percentiles altos y los bajos de renta (percentil 90 / percentil 10) se puede descomponer como el producto de la distancia entre las rentas altas y medias (percentil 90 / percentil 50) y la distancia entre rentas medias y bajas (percentil 50 / percentil 10). Los datos de la tabla 3.1 revelan que antes de la crisis en la mayoría de los países estudiados, salvo Francia, donde pesan casi igual los dos componentes, el factor más determinante de las diferencias entre los perfiles extremos era la distancia entre la mediana y las rentas más bajas, especialmente en países como España (3). La crisis no ha alterado este cuadro, salvo en el caso del Reino Unido, donde las diferencias se dan más en la parte alta de la distribución de la renta.

 

       El análisis diferenciado de ambos componentes confirma que la crisis ha afectado de diferente manera a cada grupo de renta en los países estudiados. En Dinamarca y España, países, junto a Francia, en los que aumentó el indicador general, crecieron tanto las distancias entre las rentas altas y la mediana como las que van de ese punto central a las rentas bajas, pero la diferencia aumentó mucho más en la parte inferior de la distribución. En el caso de España, destaca en el contexto comparado la caída de las rentas bajas, con un descenso de la ratio P50/P10 superior al 16% desde el comienzo de la crisis. En Francia y el Reino Unido la evolución ha sido distinta, al registrar un mayor ensanchamiento de las diferencias en la parte alta de la distribución de la renta. En el Reino Unido, de hecho, el otro componente disminuyó y lo mismo sucedió en Alemania, donde no ha habido cambios

en las diferencias entre las rentas más altas y la mediana. La desigualdad, por tanto, aumentó de forma distinta en cada uno de los países estudiados, aunque dentro de una tendencia más o menos común al alza; se observan, además, diferencias importantes en el modo en que el deterioro de las condiciones macroeconómicas afectó a cada grupo de renta. La diferente intensidad de los procesos de pérdida de empleo, las divergencias en los cambios en la estructura salarial o la intermediación de otras redes informales de protección influyeron, sin duda, en las consecuencias de la gran recesión sobre la desigualdad en cada país. No obstante, es difícil pensar que la diferente fortaleza de los instrumentos redistributivos no haya condicionado la traducción de la caída de la actividad económica y el crecimiento del desempleo en menor o mayor desigualdad.

 

       Los sistemas de impuestos y transferencias han modulado el cambio en la renta disponible de los hogares, aunque en cada país lo han hecho con distinta intensidad. La diferenciación entre la renta de mercado —rentas primarias de los hogares, resultante de la participación en los mercados de trabajo y capital— y la renta disponible —que llega a los hogares una vez descontado el pago de impuestos y añadida la percepción de prestaciones— permite apreciar, de nuevo, la existencia de comportamientos poco uniformes durante la crisis en los países objeto de estudio (gráfico 2). En Dinamarca y España, tanto las rentas de mercado como la renta disponible de los hogares registraron crecimientos muy moderados, aunque con un mayor incremento de la segunda de estas variables, mientras que lo contrario sucedió en Alemania y Francia. En el Reino Unido se produjo una drástica caída de los dos tipos de renta….>>.

 

            Este trabajo al servicio de “La Caisha”, tiene un mérito indiscutible por el hecho de haber puesto de manifiesto la llamada exclusión social. Pero fijémonos en que a lo largo de toda esta exposición citada, no aparece absolutamente nada que permita explicar las “causas” o principios activos fundamentales del capitalismo, que provocan la creciente desigualdad en el reparto de la riqueza y, finalmente, la marginación de las mayorías absolutas trabajadoras, en gran parte confinadas a sufrir las consecuencias del desempleo permanente. Otro detalle del texto, es que la palabra “crisis” aparece 203 veces; “impacto” 57 y su más preciso y significativo sucedáneo: “consecuencias”, sólo 15.  Pero el vocablo “causas” no se ve por ningún sitio. Como si las consecuencias surgieran automáticamente de sí mismas por generación espontánea, de modo tal que así, estos señores pudieran omitir referirse a los ya mencionados principios activos del capitalismo, como es el caso de la propiedad privada (de los medios de producción y de cambio) y la competencia, dos causas fundamentales objetivamente determinantes de todas las consecuentes desigualdades y noxas sociales propias del capitalismo. Finalmente, la expresión “inversión social” aparece sólo tres veces en los dos últimos párrafos del texto, cuyo significado va vinculado al concepto de “capital social”, que las usinas ideológicas del sistema definen eufemísticamente como capital humano, para ocultar que se trata de trabajo asalariado creador de plusvalor o ganancia, es decir, trabajo explotado sin contraprestación alguna.

 

          La hipocresía y el cinismo que caracterizan a la pequeñoburguesía intelectual —odiosos defectos humanos en parte intrínsecos a su naturaleza de clase y, en parte, forzada por sus propias circunstancias—, sólo pueden y son superados en crueldad por los propios e irrenunciables intereses creados del sistema en esta clase intermedia, comprometida en la tarea irrenunciable de prolongar indefinidamente aun cuando “alegro ma non tropo”, semejante sistema de vida explotador y genocida, tal como ha venido demostrando ser desde sus orígenes, día que pasa cada vez más insoportable.

 

          Un saludo: GPM.