EL PAÍS
Encuesta de metroscopia
La crisis y
la corrupción llevan al PP a sus expectativas más bajas
El partido sigue
siendo el más votado con el 23,9%
Cae a seis puntos
menos que hace un mes y 20 por debajo del 20-N
El bipartidismo se
hunde
Fernando Garea Madrid 3 FEB 2013 - 00:04 CET
Tocado y casi hundido. Mariano Rajoy gobierna a años luz de los
ciudadanos, incluidos sus propios votantes, y ha llevado ya al centroderecha a
la peor expectativa electoral de su historia. El PP estaría ahora en el
resultado más bajo de uno de los dos principales partidos en España desde 1978
y, aun así, seguiría siendo el más votado en unas elecciones generales.
Ese es el negro e insólito
panorama político que describe la encuesta de Metroscopia
para EL PAÍS y que sirve para constatar la inmensa brecha abierta entre el
poder político y los ciudadanos. En este momento, hay un partido que gobierna
con mayoría absoluta casi hegemónica, lo que le permite actuar sin apenas
control parlamentario y, sin embargo, tiene una estimación de voto de solo el
23,9%, la más baja de la democracia, solo un año después de haber arrasado en
las urnas. En un mes ha perdido seis puntos y desde las generales más de 20
puntos, sin que conste si ha tocado ya fondo. Y en teoría quedan casi tres años
para que los ciudadanos puedan pronunciarse en las urnas. Su expectativa de
voto está ahora casi tres puntos por debajo del resultado de la AP de Manuel Fraga de 1982, cuando el PSOE de Felipe González le barrió con 202 diputados.
En esta situación, el presidente
debe liderar un país que se enfrenta a una triple crisis: la económica, la
política y la institucional. El 20 de febrero comparecerá en el Congreso en su
primer debate sobre el estado de la nación con la intención de buscar la
iniciativa política. Será una tarea
colosal, según una de sus expresiones más utilizadas, porque un 77% de
españoles rechaza su gestión, un 85% desconfía de él y un 79% suspende a su
Gobierno, sin que se atisbe la posibilidad de cambios en el Ejecutivo.
Desde
el 20-N, Mariano Rajoy ha ido perdiendo apoyo de manera progresiva pero
sostenida por la crisis económica, los incumplimientos de su programa y los
sacrificios impuestos desde Europa. Ahora, se ha sumado la impresión de escándalo
generalizado por los casos de corrupción. El sondeo recoge ya el efecto de las
informaciones sobre las cuentas en Suiza del extesorero del PP Luis Bárcenas y
las anotaciones contables de este, pero aún no se mide cómo afecta a la
estimación de voto la publicación en EL PAÍS del
libro que recoge supuestas entregas de dinero anotadas junto al nombre del
presidente del Gobierno. El efecto puede ser más demoledor en futuros
sondeos si el PP no encuentra la forma de salir del pozo del escándalo.
Bárcenas ha acelerado la caída porque el 76% no ve creíbles las explicaciones del
PP (no están medidas las de ayer de Rajoy); el 71% desconfía de las auditorías
internas y el 80% espera que dimitan los que hubieran recibido pagos en dinero
negro.
La salida para un 70% es un congreso del PP en el que se depure a los
responsables y solo el 54% espera que se convoquen elecciones como pide la
izquierda parlamentaria. Los votantes populares quieren cambios en la cúpula
del partido (54%), aunque solo el 21% estaría por unas nuevas elecciones
generales.
Lo peor para el PP es que ni
siquiera sus votantes les creen cuando se justifican y se declaran inocentes.
La estrategia de defensa de los populares, la falta de presencia de Rajoy y sus
reiterados y admitidos incumplimientos han ido minando su credibilidad. Cuando
necesita que los ciudadanos le crean, su crédito está tan agotado que un 58% de
los que votaron al PP no acepta las explicaciones oficiales del caso Bárcenas. La opinión pública ha asumido
que la cúpula del PP, incluido el presidente del Gobierno, cobró sobresueldos.
Por extensión, la tormenta perfecta de la triple crisis y el lodo de los
escándalos reducen a escombros el bipartidismo sobre el que se ha fundado la
política española desde 1978. PP y PSOE apenas sumarían ahora el 47,4% de los
votos, 26 puntos menos que en las generales.
El PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba no apunta aún recuperación
alguna y sigue más de cinco puntos por debajo del 20-N. Con un PP hundido, los
socialistas siguen por debajo, aunque con una desventaja de solo 0,6 puntos, a
la espera de que el efecto Bárcenas sea aún más devastador. El rechazo al PP se
agudiza, pero, a diferencia de lo que ocurrió a principios de los 90, cuando se
acumularon los casos de corrupción, no se percibe alternativa, lo que aumenta
el desamparo y el pesimismo.
Con este panorama crítico, el
castigo ciudadano se extiende a los dos grandes partidos, de tal forma que los
votantes se refugian en otras opciones o prefieren dar la espalda a las urnas.
Según el sondeo, la participación sería del 53%, 20 puntos menos que en 2011,
la más baja de la democracia, confirmando así el descrédito del sistema. La
pérdida coincidente de los dos grandes partidos la recogen IU y, sobre todo,
UPyD. El partido de Rosa Díez, con su
discurso de regeneración, distancia del sistema y frente al nacionalismo llega
al 13,6% de los votos, en su máximo histórico y a punto de multiplicar por tres
su resultado de las generales. La actuación de Cayo
Lara y Rosa Díez tampoco es aprobada, pero esta última es la que menos
rechazo provoca.
Todos esos resultados son
consecuencia del hastío ciudadano ante la corrupción, amplificada por la
crisis. La mayoría entiende que en España hay la misma corrupción que en otros
países, pero la sensación de impunidad hace que se considere que aquí se tarda
más en castigarla.
Ni siquiera existe el consuelo de
los casos aislados, porque el 60% rechaza el argumento de que la mayoría de los
políticos son honestos y solo una mayoría incurre en conductas irregulares. Los
españoles creen que ni el PP ni el PSOE, ni CiU saben hacer frente a la
corrupción, con porcentajes similares. Esa impresión del “todos son iguales” es
contra la que infructuosamente intenta luchar el PSOE, sabedor de que la
corrupción termina por castigarles más a ellos, porque los electores del PP son
casi siempre más fieles e incondicionales, pase lo que pase. Solo la irrupción
de UPyD rompe ahora en parte esa lógica.
El 97% pide una ley de
transparencia y el 88% que haya inspectores más eficaces. El 94% da por hecho
que perjudica la imagen de España; el 90% ve peligrar inversiones y el 96% cree
que cala la desmoralización ciudadana.