Guerras, experimentos con armas químicas, atentados y fracaso de la ONU a la luz de la más reciente historia

“El Estado miente deliberadamente…” (Albert Einstein: Notas autobiográficas. 1947).

       << ¿Por qué miente? Porque siendo la representación político-institucional de la clase burguesa explotadora, pues eso, que necesita justificarse ocultando su verdadero carácter que le define como un animal de rapiña, taimado y simulador, dos “virtudes” que trasmite e inculca en el subconsciente de su personal subalterno. Todos ellos educados en el afán de alcanzar el poder y la opulencia exclusivista. Tal como lo expusiera el genial ítalo-argentino José Ingenieros en el capítulo III apartado II de su obra magistral:  “La simulación en la lucha por la vida” (formas colectivas de luchas y de simulación)>>.GPM.   

01. Introducción

          La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada el 24 de octubre de 1945, meses antes de que se diera por finalizada la Segunda Guerra Mundial en enero de 1946. Anunció su nacimiento con la declamada finalidad de garantizar la paz y la seguridad en el Mundo. Fue un engendro pergeñado en una reunión entre el presidente americano Roosevelt, el británico Churchill y el soviético Stalin ese mismo año en Yalta el 11de febrero. El organismo quedó integrado por 15 naciones1, cinco de las cuales pasaron hasta hoy a ser miembros permanentes con derecho de veto2:  Estados Unidos, Reino Unido, República Francesa, Federación Rusa y República Popular China, más 10 miembros no permanentes: Bolivia, Egipto, Etiopía, Japón, Italia, Kazajstán, Senegal, Ucrania, Uruguay y Suecia.

          En este trabajo nos limitaremos al análisis de conflictos bélicos entre países, provocados por la interesada injerencia de potencias económicas capitalistas de la cadena imperialista en países económicamente dependientes, excluyendo las guerras civiles como fue el caso, por ejemplo, en España entre 1936 y 1939, pero incluyendo las más recientes que acabaron comprometiendo a terceros países hasta desembocar en conflictos internacionales. Con esta exposición queremos contribuir a la necesaria tarea de poner en evidencia el carácter genocida, mentiroso y embaucador de la burguesía internacional. En todas estas guerras participaron los países más poderosos de la cadena imperialista: EE.UU, Francia, Canadá y Gran Bretaña, dando ejemplo justamente de todo lo contrario respecto de lo que supuestamente les indujo a crear la ONU y su “Consejo de Seguridad”.

 

02. Guerra de Vietnam 1955-1975

          Fue un conflicto bélico en la península de Indochina, que tuvo lugar entre mediados de los cincuenta y mediados de los setenta y enfrentó a los EE.UU. y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra que se extendió también a Laos y Camboya, fue la más larga que debió afrontar en su historia la burguesía francesa y norteamericana, una experiencia que sin lugar a dudas acabó con el más serio fracaso militar y político para los EE.UU. durante la llamada “guerra fría”.

          El inicio de la implicación americana se remonta a inicios de los cincuenta cuando apoyaron los desesperados intentos de Francia por mantener su presencia colonial en Indochina frente a las fuerzas comunistas del Vietminh. La derrota francesa y los Acuerdos de Ginebra de 1954, que consagraron la partición de Vietnam en dos, llevaron a que Washington volcara su apoyo al régimen anticomunista de Ngo Dinh Diem en Vietnam del Sur, que hacía frente al Vietnam del Norte comunista de Ho Chi Minh, apoyado por la URSS.

          La corrupción de Diem hizo a su régimen crecientemente impopular, quien finalmente fue derrocado y asesinado por sus propios militares en 1963. Mientras tanto se había creado en Vietnam del Sur el Frente Nacional de Liberación (FNL) donde se aglutinaba toda la oposición incluyendo los comunistas.

          En 1964, la situación parecía desesperada para Vietnam del Sur cuando EE.UU., alegando como justificación el incidente de Tonkín contra su destructor Maddox el 2 de agosto de 1964, inició una intervención abierta en ese territorio, pasando de 4000 soldados norteamericanos en 1962 a casi 500.000 en 1967. Los bombardeos masivos, el uso de agentes químicos y la crueldad de la primera guerra en Indochina retrasmitida por los medios de comunicación, hicieron enormemente impopular la política de EE.UU. en el Tercer Mundo, en el bloque comunista de la URSS y en partes significativas de la opinión pública occidental. Dentro del propio país, la oposición a la guerra se extendió entre la juventud norteamericana ligándose a movimientos contra el sistema, como fue el caso del llamado movimiento "hippie".

          Tras la ofensiva vietnamita del Têt en 1968, el presidente norteamericano Lindon Johnson decidió la progresiva desvinculación de su país en el conflicto y la búsqueda de una solución política negociada. Tras una compleja fase de negociaciones y enfrentamientos militares, se firmó en París en enero de 1973 un acuerdo de paz. Y en agosto el Congreso norteamericano prohibió cualquier reanudación de la intervención norteamericana. La retirada de las tropas estadounidenses hizo que el régimen de Vietnam del Sur se derrumbara inmediatamente. La ofensiva final comunista norvietnamita tuvo lugar en la primavera de 1975. El 17 de abril, Phnom Penh cayó en manos de los Khmers Rojos y el 30 los comunistas tomaron Saigón. La guerra había terminado.

          La derrota supuso un verdadero trauma para EE.UU. con 58.000 muertos, 300.000 heridos, centenares de miles de soldados con una amplia adicción a las drogas y serios problemas de adaptación a la vida civil en tiempos de paz, arrastrando el orgullo de potencia mundial herido... Lo que se vino a denominar el "síndrome de Vietnam" supuso en el corto plazo una gran renuencia a la intervención militar exterior por parte de la potencia norteamericana. Cfr.: http://www.historiasiglo20.org/GLOS/vietnam.htm.

 

03. Primera guerra en Afganistán 1978-1992

          Desde 1938 —cuando los británicos construyeron las primeras refinerías en Irán y Arabia—, ya se sabía de la existencia de yacimientos petrolíferos al norte de Afganistán desde 1959 explotados por los soviéticos, quienes construyeron el primer gasoducto del país que terminaba en su territorio de Uzbekistán. Hasta 1966 habían perforado otros 60 pozos en el suelo afgano de Herat y Helmand entre otras zonas. Pero no sólo se trataba de petróleo, porque desde hacía más de un siglo las expediciones coloniales imperiales rusas y británicas habían descubierto allí la existencia de toneladas de oro, diamantes, esmeraldas, cobre, hierro, uranio y otros minerales. Más tarde, fueron los geólogos soviéticos los que realizaron un estudio minucioso sobre los tesoros afganos, estimando su valor en 404 mil millones de dólares, el segundo depósito de oro en el Mundo.

          En 1960, gobernaba en Afganistán un emir talibán, de la misma forma despótica que cualquier emir del siglo XV, país donde predominaba la pobreza, el analfabetismo, la mortalidad infantil y la esclavización de la mujer, con una economía basada en el cultivo del opio y su comercio con las potencias coloniales de Occidente, Inglaterra fundamentalmente. Ese gobierno yihadista fue derrocado en 1978 por una revolución socialista que lo cambió todo en el país. Eliminó el negocio del opio, fomentó el comercio con riqueza saludable y promovió la cultura, equiparando por decreto los derechos de las mujeres y los hombres. Disminuyó en pocos años el analfabetismo y las mujeres accedieron a la cultura, hasta el punto de que llegaron a ocupar el 40% de los puestos en la educación, desde la escuela primaria hasta la universidad.

 

          La primera guerra de Afganistán en el Siglo XX comenzó en abril de 1978, cuando tuvo lugar la Revolución de Saur, que convirtió a ese país en un Estado Socialista gobernado por el Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA). En tales circunstancias fue cuando el gobierno de los Estados Unidos inició la llamada Operación Ciclón suministrando armas y una amplia financiación a los rebeldes islámicos muyahidines que habían sido desplazados del poder y que, para recuperarlo, desestabilizaron el país hasta tal punto que menos de un año después, el Consejo Revolucionario afgano solicitó la intervención del Ejército Soviético en el conflicto17 18, a raíz del cual ambos países firmaron el “Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Democrática de Afganistán”, acordado y firmado por el burócrata soviético Leonid Brézhnev y el demócrata soviético afgano Nur Mohammad Taraki el 5 de diciembre de 1978. Situación que se mantuvo vigente entre enero de 1979 y diciembre de 1989, lapso durante el cual el ejército soviético de la URSS depuso y ejecutó sumariamente al presidente de la República Democrática de Afganistán (RDA) Jafizulá Amin, quien previamente había mandado ejecutar de manera arbitraria al anterior presidente y líder de la revolución Nur Mohammad Taraki. El gobierno que le sucedió se refería a Amín como “el traidor”, al descubrirse sus contactos con la CIA de los Estados Unidos.

 <<En la década de los ochenta, mientras EEUU armaba a los mercenarios liderados por Bin Laden y les llamaba “luchadores por la libertad”, desmantelando al gobierno socialista del doctor Nayibloha, la URSS iba a construir una refinería capaz de producir un millón de toneladas de gas por año.  La guerra de Afganistán ha hundido sus raíces en los ricos yacimientos de petróleo y gas bajo el territorio de ese país>>. (https://storify.com/wormholepro/afganistan-el-congo-euroasiatico).

          La intervención soviética en Afganistán tuvo por respuesta un resurgimiento de los guerrilleros muyahidines, que aun estando divididos en varias fracciones, se embarcaron en una larga campaña militar contra las fuerzas armadas soviético-afganas, respaldados por los suministros y el apoyo logístico y financiero de la coalición formada por los Estados Unidos, Pakistán, Irán, Arabia Saudí, China, Israel y el Reino Unido. Todo ello en pos de apropiarse de los riquísimos yacimientos minerales y energéticos en ese país. Después de más de nueve años de guerra, los soviéticos se retiraron en 1989 después de la firma de los Acuerdos de Ginebra entre Pakistán y la República Democrática alemana (RDA). No obstante, los enfrentamientos entre los insurgentes muyahidines y las tropas del gobierno afgano, continuaron hasta abril de 1992 cuando la disolución de la URSS provocó el colapso económico del país afgano y los fundamentalistas pudieron establecer lo que desde  1993 —y a instancias de los acuerdos de Peshaward— pasó a ser un Estado Islámico21, desde entonces popularmente conocido como el Vietnam de la URSS.22 23. A raíz de ese acuerdo político, todos los comunistas y partidarios de la antigua República Democrática que aún residían en el país, fueron perseguidos y asesinados. La televisión, los videos y la música fueron prohibidos completamente.6 Todas las películas conservadas en la empresa estatal afgana «Afghan Films» fueron quemadas por orden del régimen. Sólo se salvaron las de producción nacional que permanecieron ocultadas por los trabajadores, quienes debieron escapar posteriormente del país.7 Las mujeres dejaron de tener derecho alguno y fueron obligadas a llevar burka, en algunas regiones de color blanco (color de la bandera); esta prenda era muy costosa y muchas mujeres debían, por ende, quedarse encerradas en sus casas. También fue prohibido el trabajo femenino fuera del hogar (excepto unas pocas médicas en Kabul para atender a mujeres), así como salir de la casa sin un responsable masculino (padre, hermano o marido). Quedaron prohibidos los estudios (salvo los religiosos), así como el uso de cosméticos y tacones, montar en bicicleta o motocicletas, practicar deportes, llevar colores vistosos, reír en voz alta, participar en festejos, lavar ropa en ríos o plazas públicas, asomarse a balcones, ser fotografiadas o filmadas.6 Los talibanes continuaron con las prácticas de la lapidación y el azote público instaurados desde 1992. Las ventanas de las casas debían ser opacas para bloquear la vista desde del exterior. Si una mujer se pintaba las uñas, sus dedos era cortados.8 A causa de estas represiones, el suicidio, generalmente quemándose vivas, era muy frecuente entre las mujeres y se ha reportado que el 90% de ellas sufrían problemas psicológicos.9

          Cuatro años después de que los talibanes ocuparan Afganistán”, durante 1996 irrumpieron en la sede de la ONU, secuestrando, torturando, mutilando y asesinando a Mohammad Najibullah, presidente de ese país entre 1987 y 1992, quien se encontraba refugiado allí. Además, en 1998 los talibanes forzaron el consulado de Irán en Mazar-i-Sharif y ejecutaron a los diplomáticos que allí trabajaban13. A finales de 1996 una coalición de fracciones militares guerrilleras muyahidines crearon la llamada “Alianza del Norte” conocida como “Frente islámico unido por la salvación de Afganistán”, cuyo objetivo fue derrocar al régimen talibán. Esta coalición fue respaldada por Irán, Rusia, India, Tayikistán y varios estados más, mientras que los talibanes estuvieron respaldados por Al Qaeda y las Fuerzas Armadas de Pakistán. Y ni que decir tiene que todo este proceso estuvo principalmente patrocinado por la entente pro yihadista islámica imperialista entre los EE.UU. y el Reino Unido.

 

04. Guerra Irán-Irak 1980-1988.

          El conflicto hunde sus raíces en una antigua disputa territorial sobre las márgenes del Shatt al-Arab, río formado por la confluencia del Tigris y el Éufrates, zona rica en petróleo, y las sospechas de Saddam Hussein sobre las posibilidades de que el régimen islámico de Teherán alentara la rebelión entre la importante población chiíta iraquí. Saddam tuvo también en cuenta el aislamiento internacional del régimen de Jomeini, entonces enfrentado a EE.UU. (asalto de la embajada y toma de rehenes) y a la URSS.

          En septiembre de 1980, las tropas iraquíes lanzaron un ataque que, pese a conseguir avances en torno a 80-120 kilómetros, no fue suficiente para doblegar la resistencia de las milicias iraníes formadas por los Guardianes de la Revolución. En adelante se inició una dura y larga guerra en la que se utilizó abundante armamento suministrado por países extranjeros. Iraq recibió amplio apoyo de Arabia Saudí, Kuwait y otros estados árabes (uno de los rasgos del conflicto era el histórico enfrentamiento entre árabes y persas) y fue tácitamente apoyado por los EE.UU. y la URSS. Mientras, Irán sólo contó con el apoyo de Siria y Libia, estados árabes enfrentados a Saddam Hussein.

          Pese a ser visto como un freno a la expansión del islamismo radical de Jomeini, el régimen de Saddam Hussein empezó a ser cuestionado internacionalmente ante la evidencia de la utilización de armas químicas contra los iraníes y contra la propia población kurda del norte de Irak.

          Finalmente, las dificultades económicas acabaron por apear a Jomeini de su negativa testaruda a cualquier tipo de acuerdo negociado. En agosto de 1988 Irán aceptó un cese el fuego que había sido previamente elaborado por las Naciones Unidas.

          La guerra acabó en un práctico empate pero las pérdidas humanas fueron enormes. Se habla de un millón de bajas, pero hay que fuentes que doblan esa cifra. Quizá se pueda cifrar las muertes en medio millón de seres humanos, con Irán como el país que sufrió más duras pérdidas.

          El coste de la guerra y la búsqueda de medios económicos para enjugarla fue uno de los elementos clave para que Saddam Hussein atacara Kuwait en 1990. La guerra del Golfo de 1991 fue el resultado de esa nueva agresión del dictador iraquí. Cfr.:

 

05. Envenenamiento masivo en España atribuido al aceite de colza en 1981

          Mientras se desarrollaban los acontecimientos bélicos en Afganistán durante la primavera de 1981, según la Organización Mundial de la Salud más de 5.000 personas en el Mundo —de las cuales 1.300 en España—, fueron víctimas de una “extraña enfermedad” a la que inicialmente se le denominó “neumonía atípica”; y los afectados que sobrevivieron a ella todavía soportan graves y dolorosas secuelas físicas y psíquicas irreversibles. Veintitrés años después hicieron explosión casi simultánea en cuatro distintos trenes de la línea ferroviaria de cercanías, en Madrid, doce artefactos explosivos conteniendo 20Kg. de dinamita cada uno, asesinando a 192 personas y heridas de distinta gravedad y consideración a otras 1.200.

          ¿Qué han tenido de común estos dos actos genocidas? Que los respectivos tribunales dedicados a juzgar los hechos, jamás probaron científicamente las respectivas causas materiales que oficialmente dieron por válidas en uno y otro caso. Tanto en el Juzgado de Instrucción que atendió al llamado “síndrome tóxico” como en la Vista oral del Juicio por la masacre del 11 de marzo en 2004. Porque lo que sí se pudo demostrar fuera de los dos ámbitos de la “justicia” española en que se “juzgaron” los hechos, es que la naturaleza de la sustancia tóxica supuestamente causante del envenenamiento masivo en 1981, en realidad no fue el aceite de colza, ni el explosivo que deflagró en los trenes en 2004 fue un tipo de dinamita llamado “Goma2” de la marca “Eco”.

          Semejante cambio como por arte de birlibirloque de una causa material presuntamente desconocida por otra supuesta, permitió acusar, procesar y condenar, a personas que nada tuvieron que ver con los hechos que les fueron imputados en uno y otro caso. Por el “síndrome tóxico” pagaron el pato algunos industriales y comerciantes al por menor que habían venido lucrándose con la producción y distribución de aceite de colza desnaturalizado absolutamente inocuo. Y en el caso de los atentados del 11M, oficiaron de chivos expiatorios ciertos delincuentes comunes dedicados al trapicheo con drogas y explosivos en pequeñas cantidades —todos ellos confidentes de la policía o de la Guardia Civil— así como unos cuantos inmigrantes de distinta procedencia que profesan la religión islámica —como fue el caso del inocente Jamal Zougam— seleccionados “ad hoc” por los servicios de inteligencia policiales y de la Guardia Civil, en claro contubernio prevaricador con el Juez de Instrucción y la Fiscalía del Estado español, tal como se pudo poner en evidencia durante todo el proceso.

 

El Juicio sobre el llamado “síndrome tóxico”

<<Durante la primera guerra de Afganistán, en la primavera de 1981 fueron envenenados más de 60.000 españoles, de los cuales más de 700 de ellos murieron1. Desde entonces y hasta hoy, los gobiernos que lo fueron a cargo respectivamente de UCD y del PSOE, han centrado sus esfuerzos en impedir que el auténtico criminal de semejante matanza salga a la luz pública. Había que borrar por todos los medios las huellas que conducían al foco de la intoxicación. Se llegó así a un oscuro montaje de los distintos sectores del Poder y de los servicios de inteligencia, para conformar el efectivo «pacto de silencio» que debía evitar que se supiera que aquí se aplicó a seres humanos una nueva combinación química, aplicable en el futuro a una posible guerra química.>. (Andreas Faber-Kaiser: “Pacto de silencio”

          El primero de mayo de 1981, una enfermedad hasta entonces desconocida irrumpió en la escena nacional española, atacando a colectivos de personas de forma aparentemente aleatoria en las zonas centro, norte y noroeste del país. Fue algo que las autoridades políticas sanitarias bajo el gobierno de la “Unión de Centro Democrático”, empezaron denominando “neumonía atípica” que atacaba   las vías respiratorias de las víctimas. Confundiendo la sintomatología o forma de manifestación de la enfermedad con su etiología o causa que la produce, difundieron que se trataba de un micoplasma o especie de hongo trasmitido a los seres humanos por vía aérea, pero sin aportar las pruebas científicas fundadas en serias investigaciones de laboratorio y hechos empíricos estadísticamente contrastados. Una explicación muy poco consistente, dado que el contagio se extendió a grupos reducidos de personas en poblaciones poco masificadas, así como que se difundió con gran rapidez en determinadas áreas geográficas distantes unas de otras, todo lo cual permitió descartar la tesis de la transmisión por vía aérea. Pero bastó que el Estado apelara al ejército de periodistas venales afines al gobierno de turno —silenciando al resto con veladas amenazas de no hacer publicidad institucional en sus medios— para que la tesis oficial cuajara en la conciencia ciudadana.

          Según lo dejó negro sobre blanco en el capítulo 12 de su libro titulado: “La CIA en España” —publicado en 2006—, Alfredo Grimaldos reportó que:

     <<Todo parece indicar que el síndrome tóxico se desarrolla en dos ondas epidémicas diferenciadas. La primera de ellas se produce a principios o mediados de enero de 1981. Coincide con una enfermedad no determinada que se desarrolla (por vía aérea) en pleno invierno en la zona norteamericana de la base de Torrejón y que afecta también a algunos militares españoles. Es probable que esta primera onda epidémica sea consecuencia de algún escape provocado accidentalmente con armamento bacteriológico, cuya presencia en la base es contraria a la legalidad internacional y contraviene el tratado bilateral que permitió su creación. Un serio inconveniente en tiempos del (slogan que corrió a cargo del por entonces Secretario General del PSOE Felipe González Márquez: "OTAN, de entrada, no".

     Con la segunda onda, mediante tomates tóxicos tratados con productos organofosforados, se trataba de inducir una epidemia más amplia, más extendida, cuyos signos y síntomas no sólo abarcasen los de la primera, sino que los agravasen, de forma que al derramarse la enfermedad no sólo en Torrejón de Ardoz, sino por una gran parte del territorio nacional, Torrejón fuese sólo un árbol más, y sin importancia cualitativa, en la atormentada geografía de la enfermedad. Toda la mentira generada en torno a la investigación era precisamente para ocultar el origen de esa segunda onda epidémica generada intencionadamente, envenenando una partida de tomates en Roquetas de Mar." (Op. Cit. Pp. 113)

          A todo esto, investigando el cuerpo de los muertos afectados por la enfermedad, el doctor Antonio Muro y Fernández-Cavada, a la sazón director en funciones del Hospital del Rey, comprobó en todos ellos la existencia de una “hiperplasia” en sus intestinos delgados, lo cual reveló de modo concluyente que la causa de la epidemia había sido una sustancia tóxica ingerida por vía digestiva.

          Una vez desvirtuada la tesis de su difusión por vía aérea, los políticos españoles eventualmente a cargo del aparato de Estado, de un día para otro se olvidaron de la “neumonía atípica” y la enfermedad pasó a ser oficialmente denominada “síndrome tóxico”. Hasta que el 10 de junio de 1981, con la misma irresponsabilidad científica y a través del Ministro del ramo en ese momento, llamado Sancho Rof, el gobierno decidió popularizar la enfermedad con el nombre de “síndrome del aceite tóxico” o, más concretamente, “caso del aceite de colza”, tesis presuntamente basada en la hipótesis de que el mal fue producido por la anilina utilizada para adaptar el aceite industrial de colza al consumo humano.

          Un mes antes y a instancias del mismo gobierno de la entonces UCD, el Estado español ya había puesto la investigación del asunto en manos del “Centro para el Control de la Enfermedad” (Center Of Disease Control) con sede en la ciudad norteamericana de Atlanta, cuyos directivos recibieron la orden del Departamento de Estado, para que ocultaran los estudios epidemiológicos y las encuestas realizadas que vinculaban las causas de la enfermedad con el aceite de colza, sencillamente porque tales “estudios” transgredieron los principios más elementales de la metodología científica. Y por supuesto nunca pudieron demostrar ningún vínculo entre el aceite de colza y la causa de la enfermedad.

          Si el aceite hubiera sido el agente tóxico —tal como sostuvo el gobierno de la UCD en connivencia con TODOS los partidos del arco parlamentario español, incluido el PCE, lo cual evidencia que se trató de una mentira genocida de Estado— entonces la enfermedad habría alcanzado a todos los miembros de una misma familia que inevitablemente debieron consumirlo, dado que en la cocina hogareña española el aceite es un producto de consumo general. Pero quedó demostrado estadísticamente que en los hogares donde la toxicidad alcanzó, por ejemplo, a uno de sus miembros, fue muy raro que afectara siquiera a la mitad de los demás.

          La tesis de que el agente tóxico fue el aceite de colza, tampoco permite explicar la discriminación que la enfermedad ha hecho entre una familia y otra, pues, como es sabido, el "garrafista" ambulante vendió el mismo producto a diversos residentes en bloques completos de pisos, y resulta que solo hubo afectados en unas familias que lo adquirieron y en otras no, a pesar de que las garrafas se llenaron en el mismo momento procedentes del mismo tanque y vendidas el mismo día.

          Dado que la tesis del aceite de colza fue anunciada recién el 10 de junio —cuando la enfermedad había hecho su aparición pública el 1 de mayo—, los hogares donde coincidió que hubo un enfermo y se consumía ese tipo de aceite, el resto de la familia debió seguir consumiéndolo durante cuarenta días, dado que en ese lapso de tiempo no pudieron conocer su presunta toxicidad. Sin embargo ninguno de ellos resultó afectado.

          Durante la práctica experimental con el aceite aplicado sobre animales de laboratorio, los investigadores oficiales nunca pudieron verificar la más mínima lesión causada por el supuesto agente tóxico. Y aunque utilizaron dosis masivas del mismo aceite retirado de las casas donde se registró el mayor número de enfermos, lo único que consiguieron es que los cobayos engordaran aumentando de peso.

          No deja de resultar menos paradójica la supuesta discriminación que la enfermedad hizo en distintas regiones de España, porque resulta que durante los mismos períodos del año 1981, el mismo aceite de colza adulterado de composición semejante al distribuido en Madrid, fue vendido en Cataluña. La cantidad comercializada en esa región, fue superior a 350.000 Kg. Sin embargo, no se ha tenido constancia de que allí se hubiera registrado algún afectado.

          Lo más sorprendente es que aceite de estas mismas características, concretamente el de la marca “El Olivo”, producido y distribuido en Cataluña, donde no hubo ningún afectado, también fue distribuido entre familias de Castilla, sobre todo en Madrid capital y poblaciones colindantes. Pues bien, a la luz de la estadística de afectados, según la tesis oficial habría de concluirse que el aceite de colza se vuelve tóxico por el simple hecho de trasponer los límites en tránsito entre una comunidad autónoma y otra.

          Todas estas evidencias fueron deliberadamente hurtadas a la opinión pública, y el 15 de mayo de 1981 el Dr. Antonio Muro y Fernández-Cavada fue cesado en sus funciones de director del Hospital del Rey. No por razones de ineficiencia y falta de responsabilidad social en el desempeño de sus funciones, sino bien al contrario. El secreto motivo de su cese fue, que la verdadera causa material del “síndrome tóxico” no debía ser conocida por la ciudadanía.

          A partir del mes de julio y asumiendo ya la investigación de forma privada, el Dr. Muro enunció su hipótesis de que el síndrome tóxico ha sido causado por un producto fitosanitario, un organofosforado deliberadamente introducido en una partida de tomates o pimientos. Desde entonces y hasta su muerte en 1985 de un cáncer de pulmón, el doctor Muro se dedicó a investigar el fenómeno del envenenamiento masivo, reconstruyendo el proceso de la producción, distribución y consumo de los productos envenenados. Pero lo hizo invirtiendo su orden de sucesión económica natural, que va del productor al consumidor. Al contrario, el Doctor Muro orientó su investigación partiendo del consumidor. Desde allí fue al punto de venta o distribución al por menor inmediato anterior al acto del consumo. Y de éste a la empresa distribuidora en el mercado de abasto o distribución al por mayor, hasta llegar a individualizar a la empresa productora.

          Así fue cómo pudo descubrir que el envenenamiento tuvo su origen en una partida de tomates cultivados en Roquetas de Mar (Almería), previamente tratados deliberadamente con un compuesto organotiofosforado, el fenamifos (comercializado con el nombre de Nemacur), combinado con isofenphos (comercializado con el nombre de Oftanol).

          Cabe señalar que el isofenphos es el producto que habría causado la característica neuropatía retardada acusada por los afectados, y que la expresión "tio" en la denominación del compuesto, alude a la presencia de azufre. Combinación química por lo tanto fosforada y azufrada. Así lo dejó escrito el Dr. Muro:

     <<El nematicida fitosistémico Nemacur-10, prohibido en varios países por su alta peligrosidad, e introducido en España por primera vez pocos meses antes de la epidemia del síndrome tóxico, es un organotiofosforado del grupo fenamiphos (4-[metiltio]-m-toliletil-isopropilamidofosfato) que, de no respetarse sus muy dilatados intervalos de seguridad (mínimo de tres meses), se convierte dentro del fruto en un fitometabolito derivado extraordinariamente agresivo —su toxicidad se potencia unas 700 (setecientas) veces— y cuya composición exacta parece ser alto secreto militar. Las partes fundamentales de su molécula y su acción bloqueante irreversible de la acetilcolinesterasa, explica extraordinariamente bien, pese a los desmentidos globales de la OMS, la patogenia y cuadro clínico observados en el síndrome tóxico. Los tomates contaminados son semiselectos de la variedad 'lucy', razón por la cual su consumo no afectó a clases o zonas urbanas adineradas>>. (Andreas Faber-Kaiser: "El Pacto de silencio"

          El doctor Antonio Muro desarrolló su investigación epidemiológica ininterrumpidamente —desde mayo de 1981 hasta poco antes de su muerte en abril de 1985— aplicada a más de 25 regiones del territorio español, en las cuales estudió a 1.086 personas enfermas y a 1.154 sanas; una muestra suficientemente representativa que partió de los hábitos alimenticios de los afectados por la enfermedad y continuó por la determinación de un producto común en la ingesta habitual de todos ellos, hasta dar con el sitio preciso de su producción siguiendo el entrelazamiento de los eslabones en la cadena de su distribución comercial. Ese sitio preciso fue la localidad almeriense de Roquetas de Mar, y el primer eslabón en la cadena de su distribución, la lonja llamada “Agrupamar”.

          Un vez fallecido el doctor Muro, a solicitud de una de las acusaciones y de las respectivas defensas de los aceiteros imputados —convenientemente elegidos por el Poder Ejecutivo en connivencia con el Poder Judicial para que ejercieran de chivos expiatorios— el Tribunal nombró a los doctores Martínez Ruiz y Clavera, para que sometieran la tesis oficial y la del doctor Muro a una reevaluación, a fin de determinar cuál de las dos proposiciones contenía una explicación científica sobre el origen causal y desarrollo de la enfermedad.

          Según reporta Rafael Pérez Escolar en el capítulo IX de sus “Memorias” titulado: “Las Atrocidades de la razón de Estado”:

     <<Para ejecutar el trabajo reevaluador, los doctores Martínez Ruiz y Clavera utilizaron técnicas informáticas de búsqueda exhaustiva y heurística [investigativa y descubridora], conocidas en la denominada inteligencia artificial como un método para “la exploración de modelos y la determinación de caminos de conexión”, en los que no pudiese incidir en forma alguna el subjetivismo [engañoso]) del evaluador en detrimento de las determinaciones rigurosamente objetivas (…)

     Pero los datos brutos de los “casos/control” se remitieron exclusivamente a la CDC [Centro del control para la prevención de enfermedades] de Atlanta en EE.UU., y allí permanecieron secuestrados sin la menor posibilidad de contraste o reevaluación, a pesar de que fueron solicitados en repetidas ocasiones por el tribunal, aunque, como pudo verse sobradamente, a éste no le importaba en lo más mínimo que se incumplieran una y otra vez sus propios requerimientos, como también le traía al fresco la “recomendación Nº 4 de la OMS [Organización Mundial de la Salud] en el Working Group” [Grupo de Trabajo] de 1983: Habida cuenta de la importancia de los datos epidemiológicos que relacionan la exposición al aceite, con el desarrollo del Síndrome del Aceite Toxico, se insta encarecidamente a que todos los datos de los nueve estudios de casos-control sean rápidamente preparados para su publicación científica internacional”. Lo que nunca se llevó a efecto, a pesar de la insistencia del comité de dirección de la OMS para que se diese cumplimiento a una recomendación tan razonable. De la reevaluación de los trabajos del doctor Muro practicada por los doctores Martínez Ruiz y Clavera, resultó que la discriminación familiar entre sanos y enfermos se explicaba por abrumadora mayoría (el 98,98 por 100) mediante la ingesta de tomates, ya que los individuos que mostraban preferencia por este fruto o cualquier ensalada que lo contuviese, resultaron afectados por la enfermedad en forma muy significativa (el 96,4 por 100) con relación a los que no mantenían esa preferencia alimentaria. De manera que las disposición hacia el tomate o la ensalada que lo contuviese, determinaba en el seno de la familia afectada una probabilidad de enfermar (factor de riesgo) 367 veces superior a los demás, y, a su vez, el rechazo de esta misma preferencia equivalía a una probabilidad de permanecer indemne (factor de protección) 390 veces superior>>. (Op. cit. Ed. Foca/2005 Pp. 449. Lo entre corchetes nuestro).

          Ante el resultado de la investigación realizada por el Doctor Muro y el trabajo de reevaluación por parte de los doctores Martínez Ruiz y Clavera, cabe concluir sin ningún tipo de duda, que la epidemia del llamado “síndrome tóxico del aceite” tuvo su causa en la ingesta de tomates procedentes de Roquetas de Mar, y que el factor venenoso consistió en inyectarles un compuesto órgano-fosforado. Los síntomas que acompañaron a todos los enfermos sin excepción en las fases agudas de la dolencia: diarrea, opresión respiratoria, inhibición de la colinesterasa e insomnio, pudo determinarse que son los característicos de la exposición de los seres humanos a este tipo de compuestos organofosforados.

          Dicho muy resumidamente, la colinesterasa es una sustancia neurotrasmisora contenida en los glóbulos rojos, cuya función consiste en transmitir estímulos nerviosos a los músculos del cuerpo que funcionan independientemente de la voluntad, como es el caso de los que rítmicamente se contraen y relajan para permitir la respiración. Cuando por cualquier causa la colinesterasa deja de ejercer su función neurotrasmisora, se produce la parálisis muscular pudiendo provocar la muerte del paciente afectado, por asfixia. Los compuestos órgano-fosforados están entre los agentes tóxicos que inhiben la función neurotrasmisora de la colinesterasa. Un mismo compuesto organofosforado es lo que el doctor Muro encontró en los cadáveres de miles de afectados por la enfermedad estudiados por él.

          Hay que recordar aquí, que los compuestos órgano-fosforados forman parte de determinados gases tóxicos que fueron sintetizados por primera vez en laboratorio como parte de la investigación militar que el ejército norteamericano llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Dado su carácter biocida, esta sustancia también fue utilizada en la elaboración de insecticidas y pesticidas de alto poder contaminante. Pero estos compuestos se destinaron especialmente a la fabricación de armamento químico, que se siguió produciendo a pesar de que ha sido prohibida por convenios internacionales convertidos así en papel mojado. También es necesario decir que la utilización de estos compuestos tóxicos en España —como en tantos otros países—, está sometida a un riguroso control administrativo y solo se autoriza para muy contadas plagas en el cultivo agrícola, de modo que cualquier otro uso es ilegal y está severamente penado. Pues bien:

     <<A lo largo de su ingente investigación, los doctores Martínez Ruiz y Clavera procedieron a tabular los síntomas padecidos por los enfermos pertenecientes a más de tres mil familias, todas ellas identificadas con exactitud para hacer posible cualquier comprobación posterior por quienes también tuviesen interés en conocer la verdad de lo sucedido. En esos trabajos se pudo comprobar que en el 66 por 100 de los casos, los síntomas analizados eran muy típicos de la enfermedad debida a compuestos organofosforados según se atribuye en la bibliografía internacional más autorizada; en el 23,24 por 100 esos síntomas eran típicos, y solo en el 5,27 por 100 tenían el carácter compatible con otros compuestos, por lo que la correspondencia de la enfermedad con el origen organofosforado resultaba evidente>> (Op. cit. Pp. 452)

          Desde finales de julio de 1981 el gobierno español pudo saber —y sin duda supo— que el aceite de colza desnaturalizado no fue la causa de la epidemia. Desde ese momento debió haber puesto todos los medios a disposición del Estado para analizar las otras alternativas existentes sobre el posible origen de la enfermedad, que para esa fecha ya estaban sobre la mesa de quienes en ese momento tenían a su cargo la salud pública en España. Dado que numerosos afectados se estaban muriendo, es obvio que la necesidad de conocer el origen del mal para atacarlo en el cuerpo de los pacientes, debió ser prioridad absoluta para la autoridades. Todavía con más razón dado que antes de finalizar el año 1981, el gobierno fue ampliamente informado sobre las investigaciones y resultados acerca de qué tipo determinado de insecticida órgano-fosforado podría haber desencadenado la nueva enfermedad. Pero se mantuvo impasible mirando para otro lado.

          Semejante insensibilidad humana por motivaciones políticas, llegó al extremo de su complicidad con el genocidio,

     <<….cuando 8 meses después de aparecer el primer caso de síndrome tóxico, un médico militar, el teniente coronel Luis Sánchez-Monge Montero, envió al Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) "para que lo leyera Valenciano" —me diría, refiriéndose con ello al Dr. Luis Valenciano, a la sazón Director General de la Salud Pública— un informe en el que afirmaba que el origen de la grave enfermedad radicaba en un veneno que bloqueaba la colinesterasa, y en el que explicaba cómo había que curar a los enfermos. Más adelante definiría este veneno como un compuesto organofosforado. No se trataba de una aventurada teoría: el Dr. Sánchez-Monge ya había curado para entonces particularmente a unos cuantos afectados. Lo cual quiere decir que tal vez no todas, pero decididamente muchas de las 60.000 víctimas podrían estar curadas desde 1982. Pero nadie reacciona en el INSALUD ni en la Dirección General de la Salud Pública. Pero la gravedad de la inhibición oficial no termina allí. El Dr. Sánchez-Monge envía también un informe sobre sus evaluaciones y curaciones a la publicación especializada "Tribuna Médica", que lo reproduce en la página 8 de su número 937, correspondiente al 19 de marzo de 1982. Yo me imagino que el Ministerio de Sanidad debe de estar puntualmente informado de cuantas noticias interesantes se publican en un semanario de las características de "Tribuna Médica". De modo que me imagino al Sr. Ministro enterado de que hay un médico que está afirmando haber curado a una serie de pacientes de la enfermedad conocida por síndrome tóxico, enfermedad nueva y desconocida en cuanto a su tratamiento, y que en aquellos momentos configuraba el problema número uno planteado a la Sanidad española con carácter de extrema urgencia permanente, hasta su total resolución. Me imagino que en estas circunstancias el máximo responsable de la salud de sus conciudadanos lo dejará todo para leer lo que escribe un médico que afirma haber logrado la curación de unos cuantos afectados. Y al minuto siguiente de concluir esta lectura, me imagino al aludido velador de nuestra salud telefoneando al médico en cuestión, para tenerlo al cabo de una hora en el Ministerio de Sanidad y discutir con él sus experiencias con la finalidad de aplicarlas —en el supuesto de que realmente resultaran positivas— al resto de la población afectada por la misma epidemia. Pues no. Nadie, ni desde el INSALUD ni desde el Ministerio de Sanidad, se acercó a ver qué más tenía que decir el único médico español que había logrado salvar vidas y aliviar a enfermos de la masiva intoxicación.>> (Andreas Faber-Kaiser: Op. cit.).

          Rafael Pérez Escolar corroboró estas observaciones de Andreas Faber-Kaiser poniendo en boca del doctor Luis Sánchez-Monge Montero tres preguntas que, por permanecer todavía ocultas al gran público, evidencian el carácter despótico y genocida del llamado “Estado Democrático de Derecho” en lo que respecta a cuestiones esenciales de la vida social en España:

     << ¿Por qué causa no se investigó el protagonismo de los organofosforados en la epidemia? ¿Por qué mejoran los afectados cuando les trato con el antídoto de estos compuestos (antropina, oximas, Toxogonin)?. Y sobre todo, ¿por qué desde la presidencia del Gobierno se ignoran estos datos, imprescindibles para el tratamiento de la enfermedad, cuando yo los presento en mis informes con una claridad meridiana? Unas dramáticas preguntas formuladas por un médico militar que poseía un profundo conocimiento de la sintomatología propia de los compuestos organofosforados>> (R. P. Escolar: Op. cit. Pp. 453)

          Hemos mencionado más arriba a los biocidas “Oftanol” y “Nemacur” que el doctor Muro encontró en el cuerpo de los muertos por la enfermedad. Estos dos letales productos son marca registrada de la conocida multinacional química “Bayer”. Por tanto, la verdad sobre llamada “neumonía atípica” demuestra que la industria química privada multinacional, es la única sobre la cual descansa la posibilidad real de violar impunemente cualquier acuerdo internacional sobre la suspensión de la experimentación y almacenamiento de armamento químico semejante, y que el comportamiento cómplice del Estado español en este caso, es otra prueba más de que, junto con la centralización de los capitales a escala multinacional, la fusión política a tres bandas entre los oligopolios económicos, los Estados burgueses nacionales y los organismos internacionales, constituyen el fenómeno más característico del capitalismo tardío a escala mundial, demostrando la cada vez más la alta correlación histórica efectiva entre la totalitarización del poder económico en la sociedad civil y la totalitarización del poder político en las instituciones estatales nacionales y supranacionales, encubierta por las formas engañosas de la “democracia”, como medio por el cual los políticos profesionales —de espaldas a las necesidades de las mayorías sociales—, se reparten alternativamente la facultad de gobernar en favor de uno u otro sector de la minoría social dominante.

          En el caso del llamado “Síndrome tóxico”, el contubernio entre las instituciones políticas estatales nacionales y supraestatales de carácter internacional, se hizo evidente durante las sesiones del “Grupo de Trabajo” de la ONU en Copenhague, tal como lo ha denunciado el propio Rafael Pérez Escolar en su mencionada obra:

     º<<6. Hay que aludir finalmente al clamoroso reconocimiento hecho por el doctor Goulding cuando presidió en 1983 el Working Group auspiciado por la OMS. En la sesión de apertura no dudó en manifestar ante los delegados elegidos por las autoridades sanitarias españolas que los trabajos correspondientes se celebrarían a puerta cerrada. Sin embargo, en las cintas grabadas (o, mejor dicho, en un fragmento que casualmente no había sido manipulado o borrado), quedó constancia de estas palabras pronunciadas por el propio Goulding: “Para ayudar a las autoridades españolas, lo que salga al fin de esta reunión, sea lo que sea, hay que sesgarlo [torcerlo] políticamente”.

Lo expuesto demuestra que no se trataba en modo alguno de perseguir la verdad mediante una investigación objetiva. El “Working Group” de Copenhague fue diseñado y organizado de la manera más concienzuda para ocultar lo que efectivamente había sucedido: un inmenso fraude que desvirtuaba el verdadero origen de la epidemia, puesto que, tal como anticipó su presidente, el tal Goulding, el resultado final tenía que ser forzosamente del agrado de nuestras autoridades. Lo que en realidad era como buscar la concordancia con los intereses americanos de carácter superior, a los que se había condicionado la aquiescencia [aprobación] de todos los partidos políticos, algo tan difícil de conseguir en un país como el nuestro. Con este propósito, el desaprensivo sujeto tenido por hombre de ciencia, no dudó en reconocer que a esos resultados había que “sesgarlos políticamente”, esto es, cambiarlos por otros que ocultasen la verdad para que resultara más conveniente a la tesis oficial. Y, a todo esto, ¿quién pensaba en las pobres víctimas durante las doctas sesiones de “trabajo” desarrolladas en Copenhague? En las víctimas que ya había producido la epidemia y en las que en un futuro inmediato se verían afectadas por una actuación inconfesable. Así había sido dispuesto por quienes ejercen el poder de manera ilimitada y en términos absolutos>>. (Op. cit. Pp. 458-459 Lo entre corchetes nuestro).

          Si las autoridades sanitarias nunca pudieron presentar pruebas científicas sobre la causa material del “síndrome tóxico” —que sin embargo atribuyeron al aceite de colza—, ¿cuál fue la causa eficiente de semejante crimen de Estado? La respuesta a esta pregunta se hizo pública en la calle, cuando multitudinarias manifestaciones ante la base madrileña de utilización militar conjunta en Torrejón de Ardoz, demandaron la solución adecuada a ese mal, llegando a exigir, incluso, la renuncia del Alcalde por negarse a liderar esta demanda del pueblo.

          Pero la certidumbre que alumbró la conciencia e impulsó el protagonismo de esas protestas, sin duda estuvo en las investigaciones del doctor Muro, en la confirmación empírica de los trabajos realizados por los doctores Martínez Ruiz y Clavera, y en la terapia eficaz aplicada por el doctor Sánchez Monge Montero, verdadera vanguardia intelectual de ese movimiento. Todo esto a despecho de la campaña oficial de descrédito que los grandes medios de difusión hicieron recaer sobre el doctor Antonio Muro, sometiéndole al oprobio social y al ridículo más cruel, ruin y soez que sus periodistas a sueldo pudieron imaginar contra él.

          En su prólogo a la primera edición de “El Capital”, Marx dice que todo investigador científico libre debe enfrentarse al mismo enemigo en todos los campos del conocimiento, y que ese enemigo está en las formas de manifestación que invariablemente velan y ocultan la naturaleza o verdad de cada objeto de estudio, lo cual exige y justifica el trabajo intelectual que la desvele y alumbre al conocimiento. Y aclara que, en el caso de la economía política:

     <<La naturaleza peculiar de su objeto (las relaciones sociales o de clase) convoca a la lid contra ella (la investigación científica libre) a las más violentas y aborrecibles pasiones del corazón humano: las furias del interés privado>>. (Op. cit. Ed. Siglo XXI/1978 Pp. 8-9 Lo entre paréntesis y el subrayado nuestros).

          El directo y específico objeto de estudio del doctor Muro en su meritorio empeño por descubrir la verdadera causa material o naturaleza del “síndrome tóxico”, como es obvio nada tuvo que ver con las relaciones sociales, sino con la relación natural o química entre un compuesto organofosforado y la colinesterasa en el flujo sanguíneo de los afectados por esa enfermedad. Pero los actores políticos de la clase dominante eligieron la causa material conveniente a sus intereses ocultando la verdadera. Tal como el propio doctor Muro ha podido comprobar en primera persona. Su trabajo, pues, resultó ser doblemente meritorio: como simple trabajador intelectual por haber sabido traspasar la opacidad natural de su objeto específico de estudio y descubrir su naturaleza; y como científico libre porque quiso y pudo conseguir que la verdad prevalezca en su espíritu sobre cualquier otra consideración individual, poniéndose así por encima de los interesados condicionamientos políticos y sociales con que intentaron doblegarle.

          Con esto queremos decir que, más allá de sus posibles y más que probables idearios sociales y políticos burgueses, este investigador se comportó como un científico revolucionario aunque no llegara a ser consciente de ello, ni tal vez —de haber sobrevivido a ese episodio— fuera capaz de mantener ese mismo compromiso con la verdad científico-social por mucho tiempo.

          Volviendo a la primera de las tres preguntas que el doctor Sánchez Monge formuló al gobierno: ¿Por qué causa no se investigó el protagonismo de los compuestos organofosforados en la epidemia? Para responder a esta pregunta debemos remitirnos a la situación internacional durante los últimos años de la década de los 70 el siglo pasado, y a sus repercusiones políticas al interior del Estado español. Como explicamos en el capítulo 08 de otro trabajo que publicamos en octubre de 2007 titulado “La parodia golpista del 23F en España”:

    <<A lo largo de 1979 se produjeron acontecimientos que irían a provocar un giro importante en la situación mundial. En enero, fue derrocado el emperador de Irán, Reza Phalevi, instaurándose la República Islámica. En agosto triunfó el movimiento pequeñoburgués sandinista en Nicaragua. En noviembre, los llamados “Guardianes de la revolución” asaltaron la embajada norteamericana en Teherán tomando un número indeterminado de rehenes. Poco después, las tropas soviéticas ocuparon Afganistán para responder al asedio norteamericano —a instancias de su aliado paquistaní— sobre aquél eslabón más débil de la URSS en Asia. La CIA, en connivencia con los sátrapas islámicos en esa región, pusieron en quiebra la política exterior de distensión del presidente norteamericano Jimmy Carter, quien descendió al nivel más bajo de popularidad en toda la historia presidencial de ese país, obligándole a un mayor endurecimiento en sus relaciones con el “bloque comunista”, a una política de “ley y orden” en sus propios dominios internacionales, de confrontación con la otra superpotencia y de rearme.

     Este giro de la política internacional norteamericana alteró profundamente la situación interna de España, cuyo gobierno de “consenso” (con la izquierda burguesa liderada por el PCE) bajo la presidencia de Suárez, venía de tomar una serie de iniciativas que le cogieron a contrapié. Justamente a lo largo de 1978 y 1979, (para garantizar la estabilidad política del proceso de transición) Suárez había congelado la decisión de integrar a España en la OTAN —cuestión que no pudo ser consensuada con la izquierda¬, cuya militancia, además, acusaba la acción de los movimientos antiimperialistas en la escena internacional, demandando de su gobierno una mayor dimensión iberoamericana y africana de la política exterior española.

     En septiembre de 1978, Suárez había viajado a Cuba para invitar a Fidel Castro a visitar España. Fue el primer presidente en tomar semejante iniciativa. Un año después, Yasir Arafat fue recibido en Madrid con honores de Jefe de Estado, siendo España el primer país europeo en dar ese paso. Finalmente, el gobierno de la UCD envió un observador a la Cumbre de Países No Alineados realizada en La Habana, gesto diplomático insólito en un país tradicionalmente aliado de los EE.UU.

     El rumbo de la política interior y exterior de España, marchaba, pues, a contrapelo de las exigencias norteamericanas derivadas de la nueva situación en ese país y en el Mundo. Lo que deseaba Washington era una España “segura”, estable y sometida a sus dictados; una España dentro de la OTAN, dócilmente alineada en la lucha contra la otra superpotencia y, por supuesto, sin reflejos neutralistas o tercermundistas en su política exterior.

     Pero Suárez, hipotecado al consenso con la izquierda burguesa del PCE en aras de la estabilidad política del Estado a instancias de su relativa capacidad de control del movimiento de masas, estaba cada vez menos en condiciones de cumplir con las exigencias del imperialismo norteamericano. Esas nuevas exigencias de Washington, al mismo tiempo que las crecientes disidencias con sus socios democristianos y liberales al interior de UCD, fueron las que contribuyeron decisivamente a convulsionar y desestabilizar su gobierno, acabando por erosionar su propio prestigio político personal, no sólo de cara a la banca y los medios de comunicación que le habían catapultado al gobierno, sino a la propia volubilidad pragmática del Monarca.

     Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) renovado, con el instinto político carroñero que le caracterizó desde su relanzamiento, comenzó a desmarcarse de la política de consenso con el Gobierno, iniciando su viaje al centro para fagocitarse el cadáver de la UCD y ocupar su puesto. Por de pronto, sintiendo la necesidad de ganarse la confianza de la banca, de los yankys y del Monarca, en el congreso de mayo del 79 lastró el marxismo: “Hay que ser socialista antes que marxista”, dijo Felipe González en una de sus sesiones a los delegados. El partido se negó a seguirlo y él renunció tácticamente a modo de presión como diciendo: “yo o el caos”. Cuando todos —incluso la derecha civilizada de Fraga— se echaron las manos a la cabeza, en setiembre volvió reforzado en su autoridad política personal.

     Este proceso de recomposición burocrática de los partidos políticos institucionalizados, se fue a acentuando conforme se hacía patente —a lo largo de 1980—, que el próximo presidente norteamericano sería el republicano Ronald Reagan. De hecho, a lo largo del año, las distintas fuerzas más reaccionarias vinculadas al imperialismo norteamericano, empezaron a moverse claramente con estas nuevas previsiones del gran viraje a la derecha en las postrimerías del gobierno de Carter, y que bajo el mandato de Reagan no hicieron más que confirmarse y profundizarse.

     Finalmente, la llegada de Reagan a la Casa Blanca dio un nuevo impulso a los preparativos involucionistas en curso desde varios meses atrás. A poco de haber tomado posesión de su cargo, el nuevo secretario de Estado, Alexander Haigh, declaró públicamente que: “España debe fijar de inmediato un calendario para su integración en la OTAN”. Las promesas de una futura integración sin concretar ni dar pasos prácticos en ese sentido, ya no son suficientes. El golpe militar en setiembre contra el gobierno turco de Süleymán Demirel, fue una premonición y un aviso. Un informe del coronel Quintero (agregado militar español en Ankara) donde se valoraba positivamente el golpe, circuló profusamente entre la oficialidad y recibió favorables comentarios. En la prensa ultra española, los artículos amenazantes sobre el carácter “límite” e “intolerable” de la situación, se sucedían a diario. En Euskadi, durante los primeros días de noviembre, ETA cometió atentados con resultado de muerte contra once dirigentes de UCD, entre militares y guardias civiles>>. (Op. cit.).

          Tal fue la situación política que desencadenó los sucesos del 23 de febrero, a raíz de los cuales cambió el curso de la política exterior de España en favor de su integración en la OTAN. Pero este cambio solo sucedió en las altas esferas del poder político, porque en la sociedad española siguió predominando todavía, el espíritu de independencia o no alineación respecto de la “guerra fría” entre soviéticos y norteamericanos por el predominio en las relaciones internacionales, espíritu que Adolfo Suárez había abrazado como producto del pacto con la izquierda burguesa liderada por el P.C.E. en aras de la estabilidad política del país. Esto es lo que explica que uno de los compromisos que adquirió Suárez al firmar ese pacto con el P.C.E., fue retrasar indefinidamente la integración de España en la OTAN y así lo hizo.

          En esas estábamos, cuando irrumpió la epidemia del “síndrome tóxico”. Un acontecimiento que vino a poner en serio peligro aquel apaño en las alturas del poder resultante de la parodia de golpe de Estado, secretamente urdida por la partidocracia en el poder, de común acuerdo con el Departamento de Estado para deshacerse de Suárez a fin de allanar el camino de la integración de España en la OTAN. Por tanto, cabe pensar que este dramático contratiempo del “síndrome tóxico” para los planes de integrar a España en la OTAN fue fortuito; y lo más probable es que un escape de gas tóxico procedente de la base aérea de utilización conjunta conteniendo algún compuesto de naturaleza organofosforada, se produjera por accidente.

          Decimos en principio, porque si bien el primer caso de “síndrome tóxico” fue anunciado oficialmente el 1 de mayo de 1981, en realidad los primeros síntomas de la epidemia se produjeron en enero de ese mismo año, los llamados por eso “casos tempranos”. Fue precisamente durante los primeros meses de 1981 cuando se difundieron rumores procedentes de la base militar de utilización conjunta situada en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, acerca de que varios militares americanos habían sido afectados de una presunta “legionella”, siendo algunos de ellos evacuados en aviones-hospitales a EE.UU., y otros a la base norteamericana de Wiesbaden en Alemania, al mismo tiempo que militares españoles con desempeño en la misma base eran ingresados en el Hospital General del Aire. En su edición del 26 de mayo de 1981, el periódico “El País” reportó que, según datos facilitados por la Dirección General de la Salud Pública, 105 enfermos habían ingresado por “neumonía atípica” en el Hospital General del Aire, 7 más en el Hospital Militar del Generalísimo, y otros 19 en el Hospital Militar Gómez Ulla:

     <<Eran pocos, ciertamente, pero revestían una extraordinaria importancia, porque todo apuntaba a que los afectados en esos primeros meses del año 1981 pudieron ser muchos más, aunque su registro fuese rechazado (en realidad ocultado) por las autoridades sanitarias que habían formado el “censo oficial” a su antojo, omitiendo en esa anualidad las estadísticas relativas a la incidencia mensual de “neumonías atípicas”, para lo que excusaron tan anómala conducta en “cambios de criterios de apreciación”>> (Rafael Pérez Escolar: Op. cit. Pp. 461)

          En efecto, el 11 de febrero de 1981 se conoció el fallecimiento del niño Jaime Vaquero, residente en Torrejón de Ardoz mientras era trasladado en ambulancia al Hospital de la Paz. Los médicos solicitaron permiso a la familia del fallecido para practicarle la autopsia, dado que por aquellos mismos días se habían producido más casos con igual resultado de muerte. Esto indujo a que los abogados defensores de los industriales y comerciantes encausados en el llamado “juicio de la colza”, se pusieran a la tarea de averiguar el incremento de la morbilidad (cantidad de casos de una misma enfermedad contraídos en un determinado período de tiempo) durante el año 1981. Según esos datos que obraban en el Instituto Nacional de Estadística, si en el año 1980 los ingresos hospitalarios de varones debidos a “envenenamientos o intoxicación por otros agentes” habían llegado a ser de 880, al año siguiente ascendieron a 19.366. Respecto a las mujeres, en 1980 se registraron 480 ingresos, para pasar en 1981 nada menos que a 34.160.

          Pero interesándose por tales datos las defensas de los imputados pudieron sonsacar que, separadamente a la estadística de ingresos hospitalarios por causa de ese “síndrome tóxico oficial” hubo otra que el Instituto Nacional de Estadística tipificó no precisamente como “neumonía atípica” sino como “neumonías”. Solamente en Madrid, los datos de ingresos hospitalarios de varones por esta afección en 1980 fueron 44.497, cifra que al año siguiente casi se duplicó pasando a ser de 83.804. Respecto de las mujeres, los ingresos hospitalarios por “neumonías” que en 1980 fueron 16.627, en 1981 se cuadruplicaron pasando a ser 61.170:

     <<De estos datos se deducía razonablemente que el síndrome tóxico se desarrolló en dos ondas epidémicas. La primera a principios y mediados de enero de 1981, coincidiendo con una amplia afección en la zona de Torrejón, lo que, según manifestaron diversos testigos y publicaron algunos periódicos, determinó, como ya hemos dicho, la evacuación de civiles y militares americanos a diversos centros hospitalarios, fundamentalmente a Alemania, para ser sustituidos por nuevas unidades.>> (Op. cit. Pp. 462)

          Como hemos dicho ya, cabe pensar que la primera onda epidémica fue fortuita y muy localizada en la misma base militar de Torrejón de Ardoz y sus aledaños, con que de haber quedado circunscrita a esta zona y en tanto y cuanto trascendiera a la opinión pública, la base quedaría en evidencia como el origen del “síndrome tóxico” en flagrante violación del tratado de amistad y cooperación entre España y EE.UU., por lo que la política secretamente pactada para integrar a España en la OTAN, resultaría un rotundo fracaso. Cabe señalar aquí que, en esos momentos, el grueso de la ciudadanía española todavía era una “piña cívica" en torno a la consigna: “OTAN no, bases fuera”.

          Para evitar esa eventualidad contraria al contubernio de intereses que estuvieron en la raíz de la parodia de golpe presuntamente abortado por el ex Monarca Juan Carlos I de España el 23F 12 horas después de haberse producido, se hizo imperioso crear deliberadamente otra onda epidémica que alejara la atención pública de su verdadero lugar de origen comprometiendo a más zonas de la geografía humana del país, para lo cual y con la misma intencionalidad, se inventó una supuesta causa del “síndrome tóxico” arbitrariamente atribuida a unas inocuas anilinas, con las que se había venido reconvirtiendo al consumo humano un aceite de colza para uso industrial desde hacía tiempo y no había pasado nada.

          Esta segunda epidemia no consistió ya en la muy localizada propagación accidental de un gas tóxico de la variedad militar organofosforada sobre Torrejón de Ardoz, sino en la deliberada contaminación de cierta especie de tomates con ese mismo compuesto, inoculado durante su proceso de crecimiento y maduración en la mata, para luego distribuirlos en esa misma localidad y otras ciudades de España —convenientemente elegidas— con destino al consumo letal previsto. Se buscó así dispersar la atención de la opinión pública para evitar que Torrejón de Ardoz apareciera como el único escenario de la epidemia y la base de utilización conjunta como su foco de irradiación genocida.

          Según el registro estadístico de los ingresos hospitalarios, esta segunda epidemia criminal deliberadamente inducida, tuvo como causa material el mismo agente nematicida organofosforado que se inició a mediados de abril y comenzó a remitir en la segunda quincena de mayo. Pero el vehículo no fue la atmósfera, sino una partida de tomates contaminados cultivados en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.

     <<El nematicida, al ser un tóxico “sistémico” e incorporarse al interior del fruto, generó metabolitos altamente agresivos, mucho más que el veneno directo, al biopotenciarse su poder ponzoñoso [según avanzaba el proceso de maduración en la mata]. Sólo bastaba vigilar discretamente al agricultor y su invernadero para saber cuándo iba a recolectar el fruto y llevarlo a la alhóndiga [lonja o mercado] Agrupamar, donde tendría lugar su venta en pública subasta mezclado con el de otros agricultores, por lo que las unidades envenenadas aparecerían confundidas de manera aleatoria con otras perfectamente normales. Alguien en la subasta (el dinero se esparcía a manos llenas al servicio del criminal objetivo) pujó hasta donde resultó necesario para adjudicarse el fruto, que seguidamente sería vendido en Torrejón, las localidades cercanas —Alcalá de Henares y Guadalajara, entre otras—, y algunos mercadillos en el cinturón industrial de Madrid, lo que continuó por pueblos y ciudades al norte y noroeste de la capital, hasta llegar a Santander y Galicia, sin olvidar el empleo de otras pequeñas partidas en el Sur y en Levante. Torrejón de Ardoz dejó así de ser el punto exclusivo en el origen de la enfermedad>>. (Op. cit. Pp. 468. Lo entre corchetes nuestro)

          En agosto de 1981, tras la dimisión de Adolfo Suárez Illana como Presidente del gobierno —renuente a entrar en la OTAN—, el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo que le sucedió en ese cargo, pidió el ingreso de España en esa organización bélica internacional. Y en octubre, las Cortes confirmaron esta petición sin que se produjera contestación alguna en la calle. Un año después, el 28 de octubre de 1982 el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) arrasó en las urnas y asumió el gobierno, desde donde su líder, Felipe González Márquez, tras protagonizar aquella parodia con su famoso lema “OTAN de entrada no”, organizó la tan profusa y costosa como sutil campaña de propaganda, que acabó convirtiendo aquel mayoritario espíritu popular y pacífico “anti OTAN” —absolutamente mayoritario—, en su contrario.

          En gran medida, esta vil y engañosa transformación ideológica “democrática”, del franquismo con Franco en franquismo sin Franco, no alteró su contenido esencialmente totalitario del Estado español que todavía se prolonga. Y uno de sus frutos fue el genocidio de Estado envuelto en esa otra gran farsa política montada por la flamante monarquía parlamentaria neo-franquista, que consistió en conseguir que los españoles vivieran el drama social del “síndrome tóxico” tal cual Cervantes le hizo vivir al Quijote aquél episodio con los molinos de viento: como si un inocente aceite desnaturalizado de colza fuera la “endemoniada” causa material de aquél crimen.

          Una vez más la mentira deliberada del Estado había prevalecido en la conciencia ingenua de una mayoría de ciudadanos españoles, tanto como para que —además de aceptar complacientes el ingreso de España en la OTAN— puedan seguir creyendo en que lo más sagrado para la “democracia” es el tan cacareado "derecho a la vida", así como que "el fin no justifica los medios".

 

06. Guerra de Bosnia 1992-1995

          98.000 muertos, un millón de desplazados y limpieza étnica sistemática. El 6 de abril de 1992, la Unión Europea reconoció la independencia de Bosnia-Herzegovina de la deteriorada Yugoslavia. Ese mismo día, un grupo de serbobosnios dispararon a quemarropa frente a un grupo de manifestantes dando inicio a la guerra más cruenta desde la Segunda Guerra Mundial. “Peor aún que el número de muertos es el hecho de que la mayoría de las víctimas fueron asesinados de la manera más feroz, organizada y planeada”, asegura a Efe el director de cine bosnio Dino Mustafic.

          La República Socialista de Bosnia y Herzegovina era una de las seis repúblicas constituyentes de Yugoslavia. Dentro de sus fronteras convivían musulmanes, serbios y croatas. Tras la declaración de independencia de Bosnia y la completa ruptura de la antigua Yugoslavia, el ejército serbobosnio comandado por, entre otros, el general Ratko Mladic, quien está siendo juzgado ante el tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) por genocidio, inició una campaña de acoso y derribo con la intención de crear la Gran Serbia.

          Según el Centro de Investigación y Documentación de Sarajevo (Bosnia), 98.000 personas perdieron la vida en el conflicto bosnio entre 1992 y 1995. De esas víctimas, el 55% era musulmán, el 35% serbio y el resto croata u otros grupos étnicos minoritarios. No obstante, no sólo los serbios cometieron atrocidades durante la guerra. Las tres partes contendientes –musulmanes, serbios y croatas- crearon campos de concentración como Omarska, Keraterm y Trnopolje, donde fueron torturadas y asesinadas miles de personas.

          Los casos de violaciones y abusos sexuales fueron también numerosos durante la guerra. El TPIY ha juzgado 18 casos por graves delitos en relación con las violaciones en Bosnia-Herzegovina, pero el Tribunal estatal bosnio ha condenado sólo a algo más de una decena de hombres por esos actos.

          A pesar de las desgracias que sufrieron todos los pueblos de Bosnia, 20 años después del inicio de la guerra todavía no existe el país la disposición para iniciar un verdadero proceso de reconciliación.  “La inexistencia de una verdad sobre la guerra y la falta de disposición a juzgar los crímenes son las consecuencias más serias del conflicto bélico que tienen impacto en la actualidad y en el futuro”, declara a Efe el analista Momir Dejanovic, quien lamentó que aún hay “tres o cuatro verdades”. “Los bandos no se hacen cargo de los crímenes cometidos por los suyos”, prosigue.

          Actualmente, Bosnia continúa fracturado por líneas étnicas, sin apenas capacidad para consensuar su pasado ni afrontar el futuro. Los dos entes autónomos que forman el país —el común de musulmanes y croatas, y el serbio—, así como los tres pueblos, funcionan por su cuenta. Las instituciones centrales, comunes de los tres pueblos, representan un conjunto de interés, que casi nunca coinciden con una clara falta de cooperación.

          “A muchos, me refiero a las personas en el poder, les conviene tal situación por su incapacidad para ir adelante. No hay ideas nuevas, no hay una nueva mentalidad ni entendimiento en la sociedad, y eso lo veo como el problema crucial”, señala el analista Sacir Filandra, decano de la Facultad de Ciencias Políticas en Sarajevo, que añade que los “temas nacionales” siguen siendo los dominantes en las elecciones. “Pocos dicen que la guerra fue innecesaria y errónea. Domina la tendencia a justificar la guerra como una defensa ante el otro”.

          La UE y la OTAN creen que Bosnia-Herzegovina ha comenzado ha comenzado a ver la luz en los últimos meses la luz al final de un largo túnel, tras dar una serie de pasos que parecen mostrar que las dos entidades autónomas creen en el futuro del país. De hecho, el Gobierno de Sarajevo prevé presentar en junio la candidatura al ingreso en la UE, así como avanzar claramente en el proceso de integración en la Alianza Atlántica.

          El punto de inflexión sucedió el pasado diciembre con la elección del croata Vjekoslav Bvanda como primer ministro, y la aprobación de dos leyes clave: la creación de una policía y un Ministerio de Defensa auténticamente unidos tras muchos años de insistencia de la UE. “De la misma forma que la UE fue muy ineficaz en evitar la guerra o en ponerle fin, ha sido muy eficaz después”, resume a Efe un diplomático europeo, quien añade que si bien la situación del país no permite celebraciones, “al menos sí es estable”.

          A pesar de dicha estabilidad, Bosnia-Herzegovina aun afronta graves problemas internos: las heridas de la horrible guerra civil, el desempleo bordea el 45% y hay altos niveles de corrupción y clientelismo político. Sin embargo, se percibe una nueva voluntad de caminar juntos inexistente en los últimos veinte años. Esa nueva voluntad se demuestra en los actos de recuerdo y honor a las víctimas programados a lo largo del día de hoy.  Cfr.: http://www.publico.es/actualidad/bosnia-20-anos-despues-guerra.html

 

07. Segunda guerra de Afganistán 2001-2014

<<Cuando las organizaciones terroristas existen en países donde no son en realidad el problema político potencialmente más explosivo para el sistema —como en España sucedió hasta cierto punto con la organización militar ETA, y en Afganistán con el terrorismo yihadista islámico—, el Estado burgués permite que esas organizaciones se mantengan lo suficientemente operativas, tanto como para que, en colaboración informal objetiva con los sindicatos, los mass media y los fabricantes de encuestas, el terror que esas organizaciones infunden en la población, pueda ser científicamente magnificado para elevarlo artificialmente a la categoría de principal problema político del país, mientras los patronos practican habitualmente el terrorismo legal impune con el 70% de la masa salarial contratada en precario, forzada a trabajar por menos de 500 dólares mensuales bajo la amenaza permanente del despido libre en cualquier momento, y el acoso sistemático (llamado moobing) de los jefes, que se difunde entre el personal subalterno convertido por instinto de conservación en acoso de unos empleados sobre otros. Finalmente, cuando las organizaciones terroristas no existen —como todavía hoy en EE.UU— simplemente se las inventa haciendo terrorismo de Estado encubierto contra su propia población>>. (“11S: ¿Terrorismo islamista o terror de Estado encubierto?

       Esta segunda guerra en Afganistán comenzó ocho meses después de que bajo el mandato del gobierno presidido por George W. Bush Jr. en EE.UU., los servicios secretos de ese país imperialista derribaran las Torres Gemelas de New York, acusando de ese atentado a la organización terrorista Al-Qaeda dirigida por Osama Ben Laden. Lo hicieron precisamente para poder justificar su intervención bélica, primero en Afganistán y luego en Irak. Veinte años antes de aquél criminal suceso del 11S…:

    <<…A finales de los años 1980, cuando George W. Bush Jr. dirigía la Harken Energy Company —una pequeña empresa petrolera texana—, el actual presidente estadounidense hizo fortuna llevándose el contrato de la concesión petrolera del emirato de Bahreïn. Aquel arreglo y falsa transacción era nada menos que la retribución de una comisión sobre las ventas realizadas por el presidente George Bush padre en Kuwait. La operación implicaba a diversos intermediarios de Arabia Saudita, entre los que se encontraba Salem Ben Laden, hermano mayor de Osama Ben Laden y accionario de la Harken Energy... Las informaciones revelan las redes financieras desarrolladas mancomunadamente desde hace 20 años por las familias Bush y Ben Laden. Un mundo oculto de comerciantes, traficantes de armas y drogas. Un mundo donde se cruzan el banquero nazi Francois Genoud y antiguos directores de la CIA y de los servicios secretos de Arabia Saudita. ¿No será que esta llamada «Guerra contra el Terrorismo» oculta intereses inimaginables?

     Los autores de los atentados del 11 de septiembre 2001 y las personas que estuvieron informadas de estos hechos terroristas pudieron prever, anticipar y saber cuáles serían las repercusiones económicas del ataque. En consecuencia, esto les permitió realizar movimientos especulativos en la Bolsa de valores sobre las acciones de las compañías aéreas propietarias de los aviones secuestrados, sobre las empresas que tenían una sede social en las torres gemelas del World Trade Center y sus respectivos seguros. También pudieron anticipar una probable baja general del conjunto de los valores cotizados en la Bolsa. Para poder realizar todo esto sólo tenían que especular a la baja comprando no las acciones de estas empresas, sino de "puts", esto significa "opciones de venta".

     La identificación de los "iniciados" implicados en este delito financiero, no representa solamente una pieza clave en materia de fraude bursátil, sino y sobre todo un medio de establecer, directa o indirectamente la identidad de los autores de los atentados del 11 de septiembre 2001>>. (Thierry Meyssan en: Voltairenet.org 16/10/2001).

 

            La segunda guerra en Afganistán comenzó el 7 de octubre de 2001 con el despliegue del ejército norteamericano en territorio de Afganistán, operación a la que se llamó “Libertad duradera”, en contubernio con la operación Herrick del ejército británico. Estas dos fuerzas militares imperialistas fueron secundadas por la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), una misión militar aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente formada para restablecer en Afganistán el orden social preexistente y la “seguridad”. Misión en la que también participó el ejército español con 1.700 efectivos bajo la dirección de la OTAN desde 2003:

     <<Ni la frialdad de las cifras deja de asustar en la guerra de Afganistán. La Misión de la ONU en ese país asiático (Unama), ha anunciado que en 2014 hubo un total de 10.548 víctimas civiles entre muertos y heridos. El año 2014 ha sido el de la transferencia de la responsabilidad en materia de seguridad de la ONU a las Fuerzas de Seguridad afganas, que son las que actúan sobre el terreno en la actualidad.

     La cifra, que aumenta un 22 por ciento, supone un nuevo récord después de los 8.637 contabilizados en 2013 y los 7,590 de 2012. De ese total, los muertos en 2014 ascienden a 3.699, un 25 por ciento más que en 2013. Si se toman solo los niños, con 714 muertos, el aumento es del 40 por ciento.

Se trata de las cifras más altas desde que se empezaron a llevar a cabo este tipo de recuentos en el año 2009, informa France Presse. Desde entonces los civiles muertos ascienden a 17.774 y los heridos 29.971.

     El aumento de las víctimas se achaca a un creciente empleo en los combates de los morteros, las granadas y los cohetes en las zonas donde habita la población. En todo caso, la ONU entiende que la inmensa mayoría de las víctimas (un 72 por ciento) ha sido causada por las actividades de las fuerzas antigubernamentales, esencialmente insurgentes talibanes, frente a las causadas por las tropas de Kabul>>.

 

          En enero de 2013, Exxon Mobil, la mayor petrolera privada del mundo…:

<<….anunció aterrizar en Afganistán y la canadiense Terraseis haber encontrado petróleo en la provincia Faryab —frontera natural entre Afganistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Desde la ocupación de Afganistán en 2001, los países de la OTAN han perforado, sólo en la cuenca del rio Amu Darya 322 pozos, donde se estima que hay entre 500 y 2 mil millones de barriles de crudo.

 

 

08. Guerra de Irak en 2003

<<Al señor George W. Bush Jr. se le nota que no ha dejado de ser un "cowboy", hecho al sentido común entre los norteamericanos de que la lucha política entre países se concibe y explica como los conflictos interpersonales, y se resuelve según el maniqueísmo y la barbarie bélica que inspiran casi todas las películas del Far West, fabricadas por la industria cinematográfica de Hollywood, donde la vida humana que no es "de los nuestros" no vale nada, y el éxito fundado en la violencia del más fuerte y hábil lo es todo. Como es sabido, en todas esas historias hay una secuencia argumental invariable que acaba cuando los "buenos" matan a los "malos". Aunque desprovista de la parafernalia vaquera, esta filosofía de la vida en sociedad ha sido extendida a buena parte del mundo por la filmografía norteamericana moderna, la del género "de acción" protagonizada por actores al estilo de Arnold Swartzenaguer y demás energúmenos seguidistas en la gran pantalla>>. (http://www.nodo50.org/gpm/guerra2001/05.htm).

          En aquél momento, unida en la estrategia común de romper el monopolio político del Estado nacionalista irakí sobre la explotación del trabajo social de ese país basada en la industria del petróleo, la burguesía internacional pudo neutralizar más fácilmente a sus clases subalternas, porque los asalariados aparecimos divididos entre los movimientos pacifista y antiimperialista, ambos de raíz ideológica pequeñoburbuesa, reivindicando cada uno de ellos dos ideas políticas contradictorias: la idea genérica y abstracta de la paz, exigiendo respetar el principio de no intervención a los dos bandos, y la idea (minoritaria) del antiimperialismo "consecuente",  inspirado en  la simpatía hacia los países capitalistas más débiles, que tomaron partido por el régimen irakí.

          En aquél momento las clases subalternas hemos aparecido unidas en la común idea pacifista expresada en el "no a la guerra"; y esto, desde la perspectiva histórica de los intereses de la humanidad, es un paso adelante. No por el hecho de que el movimiento se haya unificado en esa idea, sino porque hay en él un elemento de racionalidad revolucionaria que trasciende o traspasa las apariencias jurídicas y morales como justificación de los hechos políticos manifiestos. Justamente porque, esa vez, el velo de tales apariencias ha sido desgarrado por quienes deberían cuidar que siempre se interponga entre los explotados y la verdad de los hechos históricos, permitiendo a los revolucionarios cumplir la necesaria tarea de esclarecimiento con toda eficacia. Que las masas hayan entendido y expresado que esa fue una "guerra por el petróleo", no lo dice todo, ni siquiera lo más esencial, pero sin duda va a su encuentro. 

          Tratándose de un país asentado sobre las segundas mayores reservas petrolíferas del mundo —en ese  momento 200.000 millones de barriles, probablemente más que las disponibles por Arabia Saudí—, el hecho de estar fuertemente determinado por la ideología nacionalista burguesa, en caso de ganarse la voluntad política de otros países productores como Siria, Venezuela, Libia o Méjico, la burguesía Irakí bien podía inducir en cualquier momento una crisis de abastecimiento tratando de aumentar los precios del crudo según la exigencias de sus intereses particulares, poniendo en peligro la continuidad del proceso de explotación capitalista colectivo a escala mundial.

          Y el caso es que Sadam Hussein no sólo llegó a eso, sino a más y en solitario. Lo demostró invadiendo Kuwait en 1990, porque a través de quienes fueran sus aliados en la OPEP (Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí), los USA se negaron a aceptar la petición irakí de subir el precio del petróleo hasta 26 dólares/barril, para compensarle por el costoso servicio prestado de haber ahogado en sangre la revolución iraní, y que para ello debió convertir a su ejército en el más poderoso del cercano oriente. Una reciprocidad compensatoria que las fracciones del capital en manos de los integristas islámicos de la zona, no estuvieron dispuestos a conceder. Pero en 2003 sí que toleraron lo que hizo la coalición angloamericana con Irak. ¿Quién dijo que “el capitalismo es la sociedad del engaño y el pillaje mutuo?. Lo hicieron bajo el falso pretexto de que ese país poseía “armas de destrucción masiva”, tal como finalmente semejante falsificación de la verdad se pudo demostrar, aunque sin poder evitar que durante los últimos años, Irak se convirtiera en uno más de los tantos Estados fallidos del Planeta, conocido como Estado Islámico de Irak y el Levante. Un claro síntoma de la tendencia creciente a la descomposición terminal del sistema capitalista.

 

09. Masacre del 11 de marzo de 2004 en España

          Mientras se sucedían los acontecimientos bélicos de la Segunda Guerra en Afganistán, el 11 de Marzo de 2004 —dos días antes de las elecciones generales celebradas el 14― a partir de las 7,30 hs. hicieron explosión casi simultánea en cuatro distintos trenes de la línea ferroviaria de cercanías, en Madrid, doce artefactos explosivos conteniendo 20Kg. de dinamita cada uno.

          Tras las primeras investigaciones de rigor, el gobierno, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE), así como los partidos de la oposición y casi todos los medios de comunicación, atribuyeron el atentado a ETA12 al menos hasta el mediodía de esa fecha, que fue cuando comenzaron a surgir informaciones que apuntaban hacia una autoría distinta, la islamista, corroboradas por las autoridades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que coincidieron en señalar:

          1) que la dinamita había sido sustraída de uno de los ocho “cofres de seguridad” (cinco para el almacenamiento de dinamita y tres para detonadores) que se encuentran dentro de la jurisdicción de la Mina “Conchita”, propiedad de la empresa Caolines de Merillés, S.L., situada en la localidad asturiana de Belmonte de Miranda. Los informes de la Guardia Civil enviados al juez del caso en la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, han revelado que estos cofres de seguridad —con una sola llave de acceso, sin vigilancia continua, situados en zonas aisladas donde nadie acude tras acabar la jornada laboral― son muy vulnerables a un posible robo. Dichos informes aclaran que el robo en la fábrica o en los depósitos intermedios, se considera algo casi imposible por las enormes medidas de seguridad dispuestas en torno a los búnkeres en los que se guardan los explosivos. Además, las llaves de la mayoría de ellos están en poder de la Guardia Civil, encargada de abrirlos. Los mini-polvorines, en cambio, son como pequeñas cajas fuertes encastradas en las faldas montañosas próximas a las bocas de las minas que albergan, con una capacidad media de 50 kilos de dinamita cada uno o 500 detonadores. Según el Juez, a esta conclusión se llegó a raíz del análisis de la dinamita contenida en tres sitios distintos, a saber: a) en una de las mochilas supuestamente utilizadas en el atentado que no llegó a explosionar; b) en unos restos de explosivo y detonadores encontrados a las 9,50 el 11 de marzo en la furgoneta Renault modelo “kangoo” estacionada sobre la calle de acceso a la estación de Alcalá de Henares; c) en un piso de la localidad madrileña de Leganés, donde seis de los ejecutores de los atentados permanecían ocultos y, al ser sorprendidos por la policía —según la versión oficial— decidieron suicidarse haciendo volar el apartamento. Basado en los informes periciales de la policía y de la Guardia Civil, para el juez Del Olmo estaba claro que el explosivo utilizado en los atentados había sido proporcionado a sus autores materiales por la trama delictiva asturiana localizada en Avilés.

          2) Que el acto de entrega de los explosivos a los autores de los atentados habría sido gerenciada por el ciudadano español José Emilio Suárez Trashorras, en connivencia con su cuñado, José Antonio Toro Castro y su novia, Carmen Toro Castro, con la colaboración necesaria del marroquí Rafá Soller. A todos ellos se les atribuye haber participado en la negociación y venta ilegal de los explosivos a la célula terrorista actuante el 11-M, a cambio de dinero y drogas. Se da la circunstancia de que todos estos sujetos eran “confidentes” de la fuerzas de seguridad del Estado, sea de la Policía Nacional, como es el caso de Suárez Trashorras, José Antonio Toro Castro y Carmen Toro Castro, o de la Guardia Civil, como Rafá Zouhier.

          3) Que hasta el momento de la ejecución de esa matanza, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil, sabían nada de sus preparativos, ni tampoco habían sido alertadas por sus respectivos confidentes acerca del trapicheo delictivo con explosivos, ni de la identidad e intenciones de los interesados en adquirirlos. Según consta en el auto del 18 de junio de 2004, el Juez del caso, Juan del Olmo, declaró que la investigación de los atentados del 11-M "en modo alguno" puede verse afectada por "la condición, supuesta o no" de confidentes detenidos por la Policía: Rafá Zouhier y José Emilio Suárez Trashorras):

<<En atención a lo que consta en las actuaciones, (dichos confidentes) en modo alguno transmitieron datos sobre los preparativos, intenciones o actuaciones que podrían estar realizando sus “conocidos” para la perpetración de acción alguna de carácter terrorista>> (Op. Cit.)

          En ese mismo auto, el Juez Del Olmo sostuvo que el comisario de Avilés —“controlador” de Suárez Trashorras— ha declarado que antes del 11-M no le informaron sobre la venta de los explosivos y, que Suárez Trashorras ha declarado que informó al comisario de que los marroquíes vendían droga, pero no de que estaban tratando de comprar explosivos. O sea, que el delincuente Suárez Trashorras podrá decir lo que quiera, que si un policía dice lo contrario, habrá que creerle al policía. Esto es algo que cualquier ciudadano medio suele tener muy claro, porque así se nos ha enseñado desde pequeños. Más aun tratándose de un Juez, que se gana la vida con ese tipo de “razones”. Pero el caso es que, a su condición de delincuente habitual, José Emilio Suárez Trashorras llevaba adherida su función de confidente policial. Y esto cambia mucho las cosas. Así se lo decía al periodista Fernando Múgica un “veterano policía” en abril de 2004:

<<El mundo de los chorros [pequeños delincuentes] no se mueve como dicen que lo ha hecho José Emilio. No dudo de que pueda ser capaz de vender dinamita por una cantidad razonable de droga o de dinero. Se acababa de casar y podría necesitar más dinero. Pero lo primero que habría hecho tras venderles el material habría sido acudir al policía con el que tuviera más confianza para contárselo. Él sabe que esa información es oro y que le van a deber así un gran favor. Ese tipo de personas no tiene cuajo suficiente para callarse sin saber qué van a hacer con ese material. Las cosas no funcionan así>>. (Los agujeros negros del 11M”. En “El Mundo” 23/04/04).

 

               El 08/12/2011 los periodistas Casimiro García Abadillo y Joaquín Manso del periódico español “El Mundo”, bajo el título “Indicios de falso testimonio contra el único condenado como autor del 11-M”, demostraron que para condenarle como autor material de la masacre, los magistrados a cargo del juicio se valieron de tres testigos de nacionalidad rumana incurriendo en claros indicios de manipulación policial y falso testimonio.

 

          Esto planteó dos interrogantes fundamentales:

1)  ¿Qué es lo que explica esa aparente negligencia en materia de investigación y “torpeza” operativa por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en un país tan reconocidamente amenazado por el terrorismo etarra, al que ―tras el papel jugado por España en la guerra de Irak aliándose con EE.UU y el Reino Unido.― debía preverse que se le sumaría la amenaza del terrorismo islamista?

2)  ¿Cómo encajar, en este caso, la lamentable actuación de unos cuerpos armados de seguridad pública, cuyo probado celo profesional y eficacia operativa les habían puesto a la altura de los mejores del mundo?

          De ser cierto ―como dijo el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ante la Comisión parlamentaria de investigación por el 11M― que todo fue obra del “terrorismo islamista”, ejecutado por no más de veinte individuos sin preparación alguna y al coste de un millón escaso de pesetas, entonces, a juzgar por los resultados de lo que se hizo y dejó de hacer en todo este asunto, la ya proverbial eficacia del Estado español ha quedado muy, pero que muy por debajo de sus impecables antecedentes en la lucha policial contra el delito y la inseguridad ciudadana; tanto, que hasta parece haber hecho de los profesionales de la seguridad a su servicio, una malísima caricatura de lo que en realidad han venido probando que son. Y a juzgar por las contradicciones de la versión oficial de esos hechos, se está demostrando que —para quienes saben cómo hacer las cosas de su especialidad—, es más difícil simular que se lo ha hecho mal, que hacerlo bien. Porque ¿cómo es posible creer que el Estado español haya sido burlado por una minúscula panda de delincuentes comunes de poca monta, ocasionalmente organizados nada más que para ese acto terrorista?

          Tal es el interrogante que hubiera debido orientar las investigaciones del señor Juez de la Audiencia Nacional, en lugar de irse a indagar sobre un escenario parecido al que se montan ciertas aves para llamar la atención con sus cantos, precisamente donde no tienen puestos sus huevos o alimentan a sus crías. Pero ya se sabe que la división de poderes en que ―por desgracia creen todavía muchos asalariados y― descansa la supuesta independencia de los magistrados, sólo funciona a la hora de juzgar a quienes carecen de recursos y/o de influencias suficientes y seguras en la superestructura política del sistema; más aún en casos como este, donde esperar que un juez haga justicia según la verdad de los hechos y sin interferencias políticas de ninguna índole, es como pedirle peras a un olmo, o como hablar de la soga en casa del ahorcado, la soga en que ahogaría su futuro como servidor del Estado el señor juez Juan del Olmo, de haber obrado con la independencia política profesional que se presume de cualquier representante del poder judicial. 

          En realidad, los atentados del 11M formaron parte del problema que el Estado español trató de resolver y que, para ello, ha debido cargarse no sólo el tan mentado concepto de “seguridad ciudadana”, sino la supuesta independencia de los poderes, e incluso el mismísimo significado de la palabra “democracia”. Más aun cuando este criminal desbarajuste sólo atinó a explicarse por la supuesta “descoordinación” entre los cuerpos represivos, aunque esto sea bien cierto por “razones” corporativas, lo cual da pie para que barbaridades como ésta —que tienen su causa en otros ámbitos— puedan ser todavía más factibles.

          Según todos los indicios, el 11M ofrece una curiosa similitud con el 11S (derribo de las Torres Gemelas en N. York que se llevó por delante a más de 3.000 vidas humanas) un año antes, como dos gotas que debieran estar rebasando el vaso de la paciencia popular para hacer tronar el escarmiento de su propia justicia. Pero como esta hipótesis sigue siendo “sólo tardanza de lo que está por venir”, el problema para las clases dominantes españolas, manifiestamente divididas desde la famosa reunión del llamado “triángulo de las Azores” era y sigue siendo otro. No es casual que el 11M ocurriera dos días antes de las elecciones generales, donde lo que se decidía tenía muy poco que ver con la solución a las crecientes dificultades que afrontaban día que pasaba las mayorías sociales en España. Porque en esa jornada electoral no estaban en juego las anunciadas y prometedoras políticas siquiera moderadamente paliativas, respecto del paro masivo y las leyes laborales vigentes del despido libre, la creciente disminución del salario relativo, la más absoluta precariedad en el empleo, la inseguridad laboral y las más extremas condiciones de super-explotación en el trabajo; y tampoco de esos falsos compromisos se podían esperar mejoras significativas en el servicio de la salud pública, la educación en sus distintos niveles o en el acceso a la vivienda.

          En estos puntos reivindicativos de los electores ―aun cuando estuvieran presentes en las campañas electorales de las distintas formaciones políticas institucionalizadas― no hay ni puede haber diferencias significativas como para poder hablar de que, en realidad, pudieran concretarse. Y no podían, en primer lugar, porque la situación económica general del capitalismo en descomposición a escala planetaria lo impide absolutamente. En segundo lugar, y como consecuencia de aquél hecho básico estructural que hoy no hace más que agudizarse, porque lo sustancial de los reclamos populares en esas materias no es una cuestión de voluntad política partidaria; y no lo es porque todo lo que el sistema no permite, deja de ser una política de partidos en tanto “arte de lo posible”; y porque cuando tal reivindicación de las clases subalternas es de imposible realización al interior del sistema, en aras del insultante fondo de consumo que satisface exclusivamente a los explotadores, toda pretensión de ir con ella más allá de la simple enumeración de derechos constitucionales o de promesas electorales no cumplidas, pasa a ser una cuestión de seguridad; pero no de la ciudadanía sino del Estado y en perjuicio de las mayorías explotadas. Tal es la esencia de la “democracia” capitalista; y los asalariados que quieran seguirle dando vueltas a esta cuestión buscándole el lado bueno que les muestran los patrones, se engañan gratuita, estúpida y miserablemente.

          Si con los pies en la tierra descartamos que en los comicios del 14M estuvieron en juego las soluciones a los acuciantes problemas que afectan a las mayorías sociales en España ¿qué es lo que quedaba para dirimir en esa confrontación electoral? Pues, poco más que las relaciones del Estado con la Iglesia y alguna que otra menudencia, ajena a las reales necesidades de las mayorías. ¿O no?

          Pero en ese poco más que se jugaba en los comicios, había una cuestión de fundamental importancia para los intereses representados por las fuerzas políticas en pugna dentro del Estado Español. Y esa cuestión era y sigue siendo la orientación de la política exterior española tendente a satisfacer exclusivamente los intereses materiales y políticos de las clases burguesas dominantes. Y nadie puede dudar de que las elecciones decidieron efectivamente sobre estos puntos, o sea, si debía revisarse la política exterior y territorial del Estado español tal y como había quedado atada y bien atada en la constitución de 1978. Es decir: si España debía seguir privilegiando la relación con EE.UU y Gran Bretaña, o pasaba a priorizar y apoyar el bloque burgués dominante en la UE representado por el eje franco-alemán.

          Nosotros estábamos y estamos entre los que piensan, que los atentados del 11M en España, estuvieron determinados por este problema, por esta fractura expuesta del capital internacional entre bloques de países beligerantes. Un desideratum que la gran burguesía española oportunamente resolvió sin vacilar, optando por sumarse al ya tradicional bloque militar conformado entre Gran Bretaña y EE.UU., más todavía después de que los servicios secretos norteamericanos provocaran los criminales atentados que derribaron las Torres Gemelas de New York el 11S, que atribuyeron al terrorismo yihadista para poder justificar la intervención militar en Irak, so pretexto de haberle falsamente atribuido al terrorismo yihadista semejante acto de barbarie. Esta movida rompió el frágil equilibrio entre los grandes bloques de poder que la burguesía internacional había estado manteniendo ―cada vez más precariamente― desde la caída del “Muro de Berlín” y la inmediata debacle del sistema burocrático soviético mal llamado “comunista” o “socialista”, que ―tras la muerte de Lenin― abandonó por completo esa perspectiva social y política revolucionara, para pasar a ser sólo un híbrido perverso en franca regresión histórica del socialismo soviético al capitalismo postrero, como así se ha demostrado.  

          Poniendo la lupa del análisis de clase sobre este punto de fractura en el espinazo de la política exterior y territorial de España —provocada por la disputa entre los dos grandes partidos de su aparato político institucional— entramos en el meollo de la política de andar por casa de la burguesía internacional proyectada al interior del Estado español; se trata de la “pequeña política”; esa que dirime las relaciones de poder entre fracciones de una misma clase dominante al interior de un solo país, en el contexto socio-económico capitalista a escala nacional e internacional, bajo las condiciones de una situación de crisis económica terminal del sistema y en ausencia de una alternativa de Gran Política por parte de la clase estratégicamente enemiga de la burguesía, es decir, el proletariado, los asalariados, también a escala nacional y planetaria combinadas.

          Y dado que nuestro trabajo en curso tiene por objeto explicar lo más brevemente posible las causas y consecuencias de lo acontecido el 11 de marzo de 2004 —un acontecimiento que como se ha visto hasta aquí, compromete a las llamadas “fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español” como organismo relativamente autónomo—, esto exige que, previamente, los explotados y oprimidos nos pongamos de acuerdo sobre el origen, naturaleza y función política del Estado y de sus fuerzas armadas en general, particularmente del Estado español en aquellas circunstancias.

 

10. Guerra en Siria 2011-2017

Las guerras interburguesas convencionales como único recurso de subsistencia del sistema capitalista

  <<Desde que Jean-Baptiste Lamarck hace dos siglos se propusiera explicar la evolución fisiológica de las distintas especies de animales naturales irracionales, sosteniendo resumidamente que “la función hace al órgano”, nosotros también pensamos que éste es el mismo principio activo sin el cual, es imposible comprender y explicar la evolución de las distintas formas de organización económica, social y política en cada etapa histórica de la humanidad. ¿Cuál es la función específica que ha venido determinando y distinguiendo a la organización económica, social y política bajo el capitalismo? La derivada directamente de la propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio>>.  GPM.   

          De acuerdo con lo descrito científicamente por Marx en "El Capital" se deduce que, dado el régimen de propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio —que hacen a la competencia entre los distintos capitales agrupados en empresas—, según avanza el desarrollo de las fuerzas productivas empleadas en cada proceso económico de producción y su consecuente acumulación de ganancias, el cumplimiento de esta lógica objetiva se torna sucesivamente más y más dificultoso, según el progreso científico-técnico incorporado a los medios de producción determina, que de cada unidad de capital adicional invertido en la producción de valores económicos, la parte correspondiente a los salarios sea relativamente cada vez menor. De esta realidad se infiere que:

l)  El plusvalor o ganancia del conjunto de los capitalistas se incrementa, pero cada vez menos respecto del capital global en funciones y, 2) Consecuentemente, la tasa general de ganancia entendida como relación económica entre los réditos globales obtenidos por el conjunto de los distintos productores capitalistas asociados y el costo de producir tales ganancias, también tiende fatalmente a disminuir.

          Así, hasta llegar a un punto en que la masa de capital invertido deja de ser compensada por el plusvalor obtenido, de modo tal que la burguesía debe apelar, cada vez más, al ataque no ya esporádico o cíclico, sino sistemático y permanente contra las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados activos, de lo cual resulta que se ve obligada a mantener un ejército creciente de parados en lugar de ser mantenida por ellos. Y aunque tales circunstancias críticas le obligan incluso a emplear trabajo a tiempo parcial y el paro parece remitir, en realidad aumenta más que proporcionalmente convertido así en históricamente creciente. Pues, bien, la humanidad ha alcanzado este punto inmediatamente antes de la primera guerra mundial. Fue cuando la propia lógica objetiva del sistema capitalista —que no depende de la voluntad de nadie— comenzó —sotto voce— a insinuarle a la burguesía, que ha devenido hasta ser convertida en una clase por completo decadente, porque ya no es capaz de asegurar a sus esclavos asalariados las condiciones de su propia esclavitud y que, por tanto, más tarde o más temprano deberá dejar el testigo de la historia en manos de los trabajadores, de tal modo emancipados de su yugo social.

          Y el caso es que según esta lógica económico-social específica, la producción y venta de armamentos ha venido fungiendo bajo el capitalismo en tiempos cíclicos de recesión económica, como una alternativa de acumulación de capital productivo. Es un mercado por tal causa llamado “de sustitución". ¿Cómo se explica esto? Por hechos tan evidentes que sólo basta ponerlos en conexión teórica con lo más básico y elemental del intelecto.  

          PRIMERA EVIDENCIA: En condiciones económicas normales, la competencia intercapitalista determina que los distintos capitalistas asociados se comporten, como si el mercado fuera una cofradía práctica entre ellos, donde todas sus empresas respectivas ganan aunque unas más que otras, según la masa de capital invertido en el común negocio de explotar trabajo ajeno, con medios de producción de diversa eficacia técnica que hace a la distinta productividad y, por tanto, a la obtención de una mayor o menor ganancia relativa. Pero en tiempos de crisis todos los capitalistas dejan de ganar y la competencia se traslada de la producción a la especulación, donde lo que unos ganan otros lo pierden. Y el caso es que una de las formas para especular en circunstancias económicas críticas para fines gananciales, es la fabricación y venta de armamentos cuyo costo social recae sobre los presupuestos estatales de cada país beligerante, mientras que la oferta es de casi exclusiva función del sector capitalista privado.  

          SEGUNDA EVIDENCIA: como es sabido, el armamento moderno incorpora el más alto, oneroso, destructivo y mortal coeficiente de adelanto tecnológico. Por lo tanto, su fabricación y oferta sólo está al alcance de unas pocas grandes empresas de alta centralización de la propiedad sobre medios técnicos de última generación, en manos de relativamente pocos sujetos asociados, dueños de una enorme magnitud de capital comprometido con tal finalidad ganancial.  

          TERCERA EVIDENCIA: la mayor fuente de financiación de los presupuestos estatales en cada país, proviene de la imposición interna al consumo y patrimonio de la mayoría absoluta poblacional de condición asalariada. 

          CONCLUSIÓN: cuando las crisis del capitalismo son tan profundas y prolongadas, hasta el extremo de que la burguesía en su conjunto necesita la guerra entre sus distintas fracciones nacionales para superarlas, ocurre que mientras una parte de los asalariados en la retaguardia de los países beligerantes, contribuyen con su trabajo y sus impuestos a enriquecer a esta mafia criminal acaudalada fabricante de armas y demás pertrechos bélicos, al mismo tiempo sus padres, hijos, hermanos o primos en paro, son reclutados para ir a morir en el frente de guerra luchando por "la patria". Esto que ha venido sucediendo desde los principios del capitalismo y ha vuelto a repetirse por enésima vez —ahora mismo en Libia, Siria, Yemen, Irak, Sudan del Sur, Nigeria, Niger, Chad, Camerún y Burundi—, no dejará de prolongarse mientras los pagadores en todo este tinglado permanezcamos divididos, comportándonos sumisamente con nuestras clases dominantes nacionales, es decir, sacrificando nuestros propios intereses históricos como clase social explotada y oprimida —absolutamente mayoritaria—, para los fines de que la minoría de los capitalistas puedan seguir enriqueciéndose a expensas nuestras.  

          El proceso que gestó el origen de Siria como país, se remonta a la desintegración del Imperio otomano durante la Primera guerra mundial en 1916, cuando la gran burguesía europea de Francia y Gran Bretaña e Irlanda en esa contienda, se repartieron aquél territorio según el acuerdo de Sykes-Picot que trazó los límites de ese nuevo país con El Líbano, ambos bajo el protectorado colonial de Francia. Luego, desde su independencia en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, el pueblo llano de Siria debió soportar una serie de golpes y contragolpes militares entre distintas fracciones de su clase burguesa nacional dominante. Hasta que desde 1970 la familia de los Asad —de religión alauita y etnia chií—, lograron hacerse con el poder hasta hoy en un Estado nacional cuya mayoría de habitantes es de la rama sunnita.  

          Bajo tales condiciones, el hecho de que una minoría social explotadora haya podido prevalecer políticamente hasta cierto punto sobre sus mayorías explotadas, sólo se pudo explicar por el progreso económico coyuntural en la industria del petróleo, que permitió al Presidente Bashar Al Asad en ese país, haber podido disponer de los ingresos obtenidos vendiendo tal insumo de petróleo crudo extraído de los pozos abiertos en su territorio, cuya magnitud permitió momentáneamente exceder a las necesidades de su consumo interno, para ser así exportado al extranjero. Situación que sólo se logró sostener hasta que tales excedentes comenzaron a disminuir en 1995, al mismo tiempo que su consumo interno aumentaba, por el hecho de que en ese intervalo de tiempo, su población pasó de los 5 millones de habitantes en 1963, a 28,3 millones en 2.013. Así las cosas, a partir de 2008 y en medio de la sequía de 2006 que en ese territorio se prolongó hasta 2011, el gobierno sirio se vio forzado por las circunstancias a subvencionar el consumo de diesel derivado del petróleo y, para ello, debió aumentar el gasto de sus presupuestos estatales en torno a los 1.500 millones de dólares anuales por ese concepto, al mismo tiempo que disminuían los ingresos provenientes de la exportación de petróleo crudo. Y el caso que nos ocupa es, que ese mismo año de 2008 en medio de la profunda recesión económica mundial que todavía se prolonga, el gobierno sirio incapaz de seguir solventando ese subsidio, comenzó a reducirlo provocando un incremento en los precios del diesel —que mueve a los motores para la irrigación de los campos de cultivo—, lo cual afectó seriamente a la producción agrícola y, consecuentemente, aumentó el precio de los alimentos, degradando el nivel de vida de la población con más bajos ingresos. 

          Como producto de esta crisis económico-social, muchos campesinos y pequeños agricultores que así perdieron su sustento económico, fueron forzados de tal modo a desplazarse desde zonas del noreste y el sur del país hacia las grandes ciudades como Hama, Homs o Damasco, asentándose en los suburbios y barrios periféricos precarizados, donde se generó espontáneamente un ambiente ideal para el estallido de un conflicto, que fue rápidamente aprovechado por potencias regionales y mundiales. Tal fue el cúmulo de causas económicas que dieron pábulo a la rebelión política en Siria, durante la llamada “primavera árabe” en 2011 y que todavía se prolonga.

          Tal como sucedió en Túnez, la revuelta en Siria comenzó el 17 de febrero de 2011 con una discusión en el “mercado viejo” de Hama entre un policía y un vendedor, cuando éste fue vejado por el agente y cientos de personas se pusieron de su lado, lanzando gritos contra la corrupción y los abusos de poder por parte del gobierno hereditario de la familia Asad. Tal fue el punto de partida de una cadena de protestas populares, desde que al día siguiente la policía matara al menos a tres manifestantes en la ciudad de Deraa cercana a Jordania. Y el viernes 19 atacó lanzando bombas de gases lacrimógenos contra la multitud que acudió en manifestación a los funerales de las tres víctimas. Entre los días 15 y 30 de marzo ese año, miles de personas se manifestaron en las principales ciudades Sirias queriendo que fueran reivindicativas y pacíficas, pero han sido violentamente reprimidas por el régimen.  

          En abril se formaron los llamados “comités locales de protestas” por parte de los grupos de oposición al gobierno. El miércoles 7 y jueves 8 de julio, los embajadores de Estados Unidos y Francia en Damasco, visitaron la ciudad siria de Hama, centro de las principales protestas, en una clara intención provocadora de desafío al presidente Bashar al Assad. Y el sábado 9 estos mismos sujetos participaron en una manifestación, donde se pudo saber que ambos países de la cadena imperialista —junto con las dictaduras árabes teocráticas del Golfo Pérsico—, habían financiado con 2.000 millones de dólares a grupos armados de oposición y resistencia al gobierno sirio. O sea, que estos dos embajadores no exigían una mayor democracia en Siria —tal como pretendieron hacer creer los medios de difusión interesados—, sino la imposición de un gobierno Islámico que, según lo denunciara el masónico y no menos corrupto Presidente ruso Vladimir Putin, esa proposición fue patrocinada por más de 40 países, entre ellos varios del G20. Y a fines de ese año, los distintos comités locales de protesta pasaron a formar parte del ya existente Consejo Nacional Sirio desde 2005, refundado en Estambul el 23 de agosto de 2011. Tras estos sucesos, numerosas ciudades sirias fueron testigos de las mayores manifestaciones de apoyo al gobierno de Bashar Al Asad en toda la historia del país.  

          Pero a mediados de 2014 y ya en plena guerra civil, irrumpió en territorio sirio el llamado Estado Islámico, que con el respaldo de EE.UU. pudo proyectar sus incursiones bélicas en Siria, desde la parte del territorio Irakí conquistado tras la destitución y asesinato de Sadam Hussein el 30 de diciembre de 2006. Estos acontecimientos se han enmarcado en el juego de intereses económicos opuestos, entre rusos, chinos e iraníes, por un lado, y estadounidenses, franceses, alemanes, turcos, israelíes y saudíes por otro. Todos ellos sin excepción de acuerdo con el régimen de Bachar al Asad, en que a ninguno les interesa una Siria próspera, libre, democrática y plural, sino que cada fracción de esas clases burguesas dominantes procuran que ese conflicto se salde —si fuera posible exclusivamente— en favor de sus propios intereses. Nada más. Y en esto han coincidido también con los yihadistas. Pero no con la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Siria, que salieron a las calles de ese país en la primavera de 2011 no precisamente para defender a ningún gobierno, sino para exigir sus derechos reclamando en Siria el fin del Estado policial y la corrupción institucionalizada. Unas lacras que es lo que tienen de común todos los empresarios y gobiernos de cualquier país sin excepción en el mundo entero. Tal es la contradicción que la humanidad debe resolver necesariamente, pero que para tal propósito la clase asalariada sigue tardando en poner manos a la obra.  

          ¿Cuál es el significado que oficialmente suele atribuirse con sentido peyorativo a la palabra extremismo? Toda idea o comportamiento que tiende a desplazar una determinada realidad hacia la izquierda o la derecha, respecto del centro político vigente, universalmente consagrado por la burguesía para los fines de mantener la estabilidad del sistema capitalista. El pasado 13 de diciembre, la familia de los Asad en Siria pudo recuperar finalmente el control total del territorio que había venido ejerciendo desde 1970 en la parte oriental de Alepo, momentáneamente ocupada hasta ese día por los milicianos rebeldes armados. Pero ayer mismo, 30 de diciembre, fue cuando el patriarca de esa familia salió diciendo que: <<La eliminación total de terroristas en Siria no es difícil, si Arabia Saudí, Catar y Turquía entre otros, dejan de apoyar al extremismo>>. ¿Hubiera podido hacerlo él con sus fuerzas armadas sin recibir el apoyo militar que le ha venido brindando su amigo, Vladimir Putin, ese que preside los destinos de Rusia supuestamente ubicado en el centro político dominante bajo el vigente sistema capitalista de su país? ¡No!   

          ¿Qué tiene que ver, pues, toda esta movida, con el mal entendido y manoseado concepto político de extremismo? ¡Nada! ¡Absolutamente nada! Porque toda guerra que acabe determinando un cambio de dueño territorial en nada compromete ni puede afectar a la estabilidad del sistema vigente, a no ser que bajo las presentes circunstancias se trate de un enfrentamiento entre potencias nucleares, que podrían acabar con todo rastro de vida humana en la Tierra. O sea, que si las fuerzas insurgentes en Siria, usando armamento convencional hubieran desplazado del poder a la familia de los Asad, las mayorías asalariadas de ese país seguirían igual de sometidas —o más, si cabe— a las circunstancias que, como hemos venido insistiendo en demostrar, una y otra vez, no dependen de la voluntad de nadie y serán cada vez más dolorosas de soportar.  

          Lo único que puede afectar al sistema sin más consecuencias nocivas para la especie humana, es que los explotados del Mundo lleguemos a comprender la insensatez de seguir dividiendo nuestra voluntad política entre las distintas fracciones de la burguesía que se agrupan en partidos políticos, y decidir unirnos a escala nacional e internacional en torno a los principios revolucionarios, para dar al traste con toda esta porquería de una vez por todas. Lenin sostenía que la lógica del oportunismo político está en la alianza entre clases opresoras y oprimidas al margen de los principios políticos que hacen a los intereses históricos de los explotados. Unos principios e intereses contrarios a la dinámica belicista desplegada por los nacionalismos burgueses europeos, que amenazaban con desatar la guerra internacional y que, contra tal amenaza, dichos principios fueron ratificados en los congresos obreros de Copenhague (1910) y Basilea (1912), donde la guerra fue considerada como un producto del enfrentamiento entre los estados capitalistas que se debía impedir, y si a pesar de todo estallaba se acordó frenarla con la huelga general y la movilización revolucionaria.  

          Pero inmediatamente después de iniciada la I Guerra Mundial en agosto de 1914, la mayoría de los partidos socialistas en el continente se sometieron a las ambiciosas exigencias de sus respectivas burguesías nacionales y abandonaron aquellos postulados pacifistas revolucionarios, para ponerse al lado de sus gobiernos de turno en lo que se llamó “la unión sagrada contra los enemigos de la nación”. En esos momentos Lenin veía que los “socialistas” europeos de su tiempo propugnaban la "unidad" sin principios con la pequeñoburguesía al interior de los partidos obreros en sus respectivos países, precisamente para dividir y debilitar las luchas del movimiento asalariado en su conjunto. Desde entonces los socialdemócratas en todos los países jamás abandonaron esta predisposición claudicante frente a sus propias burguesías nacionales. Tal como acaba de proceder en España la dirección del PSOE al margen de la opinión de sus afiliados, decidiendo burocráticamente abstenerse durante la segunda sesión parlamentaria de investidura, que permitió al corrupto y reaccionario Partido Popular seguir a cargo del gobierno. 

          El 02 de diciembre de 1914 durante la segunda sesión del parlamento alemán (Reichstag), Karl Liebknecht no sólo votó contra el Presupuesto de Guerra siendo el único que lo hizo, sino que también presentó un documento donde fundamentó su voto, cuya lectura en el recinto fue desautorizada por el Presidente de la cámara y tampoco fue incluido en el informe de sesiones, pretextando que provocaría llamadas al orden. El texto fue posteriormente remitido por el propio Liebknecht a la prensa alemana, pero ningún periódico lo publicó. Finalmente, la versión completa de su protesta se conoció en Suiza publicada por el periódico “Berner Tagewacht”:

                                                                  

          Tal como así lo pusiera negro sobre blanco el marxista consecuente Liebknetch, aquella fue una guerra de rapiña genocida, de cuyo resultado casi nunca antes el mapa de Europa se había visto tan alterado. Los Imperios alemán, austro-húngaro, ruso y otomano dejaron de existir. El Tratado de Saint-Germain-en-Laye aprobado el 10 de septiembre de 1919, estableció la República de Austria formada por la mayoría de las regiones de habla alemana sustraídas al Estado de los Habsburgo. El Imperio Austríaco cedió tierras de la corona a Estados sucesores desde hacía muy poco establecidos, como Checoslovaquia, Polonia y el Reino de los eslovenos, croatas, serbios y bosnios, a cuyo conjunto resultante de un proceso que acabó con la dictadura de Alejandro I se le llamó Yugoslavia en 1929.

          La otra parte de la Monarquía austrohúngara, Hungría, también se convirtió en un Estado independiente. Pero en virtud de los términos del Tratado de Trianon acordado en noviembre de 1920, debió cederle Transilvania a Rumania; Eslovaquia y Rutenia transcarpática a la recientemente formada Checoslovaquia; y otras tierras de la corona húngara a la futura Yugoslavia. El Imperio Otomano firmó el Tratado de Sèvres el 10 de agosto de 1920, que puso fin a las hostilidades con las Potencias Aliadas; pero poco después comenzó la Guerra de la Independencia Turca. La nueva República de Turquía, establecida como consecuencia, firmó el Tratado de Lausana en 1923, que invalidó al de Sèvres y dividió efectivamente al antiguo Imperio Otomano.

          En enero de 1918, el presidente estadounidense Woodrow Wilson había escrito una lista de objetivos propuestos para la guerra, a los que llamó los "Catorce puntos". Ocho de estos puntos trataban específicamente sobre acuerdos territoriales y políticos relacionados con la victoria de las Potencias de la Entente, incluyendo la idea de la autodeterminación nacional de las poblaciones étnicas de Europa. El resto de estos principios se concentró en “evitar la guerra en el futuro”, y en el último proponía que una Liga de Naciones arbitrara futuras contiendas internacionales. Wilson esperaba que su propuesta diera lugar a una paz justa y duradera, una "paz sin victoria" a fin de terminar la "guerra para poner fin a todas las guerras". Pero ya sabemos que 21 años después todos estos aparentes propósitos se quedaron en papel mojado. 

          Cuando los líderes alemanes firmaron el armisticio, muchos de ellos creían que los Catorce Puntos formarían la base del futuro tratado de paz, pero cuando los jefes de gobierno de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia se reunieron en París para discutir los términos del tratado, el contingente europeo de los "Cuatro Grandes" tenía otros planes. Como consideraban que Alemania había sido el principal instigador del conflicto, las Potencias Aliadas europeas finalmente impusieron en el tratado, obligaciones particularmente estrictas sobre la derrotada Alemania.

          El Tratado firmado en Versalles e impuesto a los perdedores por las potencias triunfantes en la guerra, fue  presentado 7 de mayo de 1919 a los derrotados líderes alemanes para que lo firmaran, forzándoles a que su país cediera territorios a Bélgica (Cantones del Este), a Checoslovaquia (distrito de Hultschin) y a Polonia (Poznan, Prusia Occidental y la Alta Silesia). Alsacia y Lorena, anexadas por Alemania en 1871 después de la Guerra Franco-Prusiana, volvieron a ser territorio francés. Todas las colonias alemanas de ultramar se convirtieron en Mandatos de la Liga de Naciones, y la ciudad de Danzig, con mayoría étnica alemana, se convirtió en una ciudad libre. El tratado exigía la desmilitarización y ocupación por los aliados de la región del Rin, con un estatus especial para el Saarland —territorio seriamente devastado por los bombarderos— bajo control francés. Y el futuro de las áreas del norte de Schleswig en la frontera entre Dinamarca y Alemania y partes de Alta Silesia, se determinó mediante plebiscitos. El número de muertos y desaparecidos en esa contienda ascendió aproximadamente a los ocho millones y medio de personas. Ninguna de ellas altos mandos de los ejércitos en pugna. Como en los tiempos del beligerante Imperio romano en cada expedición militar de conquista, cuando los “libres” combatientes subalternos se despedían de su imperial majestad al grito de: “Ave César, los que vamos a morir te saludan”:

     <<Al finalizar la guerra en 1918, las potencias victoriosas tomaron una serie de medidas penalizadoras contra los derrotados, que se materializaron en el Tratado de Versalles y que consistieron, principalmente, en la entrega de los barcos mercantes alemanes de más de 1.400 Tm de desplazamiento y la cesión anual de 200.000 Tm de nuevos barcos, como restitución de la flota mercante perdida por los aliados durante el conflicto; la entrega anual de 44 millones de Tm. de carbón, 371.000 cabezas de ganado, la mitad de su producción química y farmacéutica y de otros productos industriales durante cinco años, así como la requisa de la propiedad privada alemana en los territorios y colonias perdidos. Pero la principal medida fue la fijación de una cantidad como indemnización en concepto de gastos militares. La cantidad impuesta a Alemania, decidida en 1921 por la Comisión de Reparaciones (REPKO), fue de 132.000 millones de marcos oro, una cantidad desorbitada para la época, lo que significaba, en su momento inicial, el pago anual del 6% del Producto interior bruto de este país. El sistema fiscal y monetario alemán acabó hundiéndose, por lo que sus acreedores acabaron cobrando sólo una pequeña parte de las deudas, a costa de que la economía internacional perdiese oportunidades de fortalecimiento y crecimiento. Los vencedores exigían además que el pago se realizase en oro, lo que requería, entre otras cosas, que las exportaciones alemanas superasen ampliamente a las importaciones, pero a la vez los aliados cerraron drásticamente sus mercados a las importaciones, elevando la protección a sus industrias.1 Esta deuda fue una de las claves de los fuertes procesos de hiperinflación y la crisis de la Gran Depresión, así como la subida al poder del nazismo>>. (https://es.wikipedia.org/wiki/Consecuencias_econ%C3%-B3micas_de_la_Lenin_Guerra_Mundial#Destrucci.C3.B3n_del_tejido_productivo_europeo.2C_expansi.C3.B3n_del_estadounidense). 

          Los costes directos de esa guerra se han valorado en unos 300.000 millones de dólares que sobrepasaron unas seis veces y media la deuda de los Estados europeos entre finales del siglo XVIII y comienzos del XX, cuya financiación resultó imposible de solventar.

          Y durante la Segunda Guerra mundial, las víctimas de fallecidos y desaparecidos se ha estimado que fluctuó entre los 55 y 60 millones de personas. La diferencia respecto de los muertos en la Primera guerra se explica por la mayor eficacia del poder destructivo y criminal contenido en los medios bélicos fabricados durante el período comprendido entre ambos conflictos:

    <<Entre las víctimas mortales se contaron combatientes y principalmente población civil, como consecuencia de la propia violencia de los enfrentamientos armados, en especial durante los bombardeos sobre ciudades, pero también como resultado de las particulares circunstancias del conflicto que llevaron a violaciones masivas de los derechos humanos, siendo el fenómeno del holocausto su máximo exponente, junto con la deportación y reclusión en campos de concentración, a lo que se añadió la desprotección de los millones de refugiados y desplazados, sometidos a hambrunas y a los rigores del clima>>. (https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:V%C3%ADctimas_de_la_Segunda_Guerra_Mundial).

          El cálculo se ha visto dificultado por el ocultamiento y cambio de algunas cifras; por ejemplo, Stalin reconoció en 1945 que la URSS tuvo 7 millones de muertos (en la actualidad los cálculos van de 17 a 37 millones de muertos). China, el segundo país con más muertos, tiene problemas para calcular sus pérdidas porque en esos tiempos sufría una guerra civil, de modo que éstas se estiman entre 8 y 30 millones2. Alemania fue el tercer país más afectado, con cifras entre 4,5 y 10 millones de pérdidas3 (1,5 millones de civiles por bombardeos aliados)4. Polonia fue el cuarto país con más muertos, entre 3 y 6 millones incluyendo la población judía muerta en el llamado “Holocausto”. Además hay varias cifras que no han sido incluidas porque se omitieron deliberadamente al conocimiento de la historia, como la hambruna que la guerra provocó en Bengala y mató de 2 a 4 millones de indios5. El cálculo total entre muertos y desaparecidos más alto, habla de hasta 100 millones de muertos6. Japón tuvo 1,2 millones de soldados y un millón de civiles muertos, además de 1,4 millones desaparecidos7. (https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:V%C3%).

 

          Y en cuanto a los refugiados como consecuencia de las recientes guerras durante los últimos cinco años en países como Afganistán, Siria, Somalia, Eritrea, Sudán del Sur, R. D. del Congo, R. Sudafricana, Yemen, Ucrania, Myanmar, México (contra el narcotráfico) y Colombia, según ha informado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), han sobrepasado los 65 millones, la mitad de ellos niños.

                                                                                        

11. ¿Reforma del capitalismo o revolución?

          Además de los millones de condición social subalterna muertos entre 1981 y 2016 por el accidente tóxico, atentados y guerras mencionadas en este trabajo, ¿a qué otra causa objetiva que no sea la propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio, cabe atribuir no solo las muertes sino la destrucción material provocada durante todo ese tiempo, sin faltar cínica y miserablemente a la verdad de los hechos? ¡That’s the question! Y la verdad es que las guerras en la era moderna capitalista, han sido toda la vida esencialmente un negocio, y los negocios la ocupación esencial que ha venido haciendo a la existencia de los empresarios en todo el Mundo, dedicados a capitalizar la creciente distribución desigual de la riqueza. Donde ahora mismo según el “Centro de Estudios por la paz J.M. Delás”, hay 20 millones de personas en riesgo residual de hambruna severa.

 

          Más arriba hemos dicho que la industria bélica en tiempos de recesión económica es un mercado de sustitución. Según reporta el Directorio de la Industria Militar en España del “Centro de Estudios Para la Paz J.M. Délas”, dependiente de la Fundación Justícia i Pau.1 2, en España hay actualmente más de 130 empresas de la industria armamentista Nota 1. Entre ellas algunas de las principales compañías españolas de los sectores aeronáutico, tecnológico o industrial, que dedican parte de su actividad a la fabricación de armamento, piezas o componentes militares. También hay empresas que prestan servicios con especificidades militares. Finalmente el organismo concluye en reconocer, que “La industria militar y de defensa española es una de las más importantes del mundo”. Y que según los informes del SIPRI3 4, “Tres empresas españolas (Airbus Military, Navantia e Indra) se encuentran entre las 100 mayores compañías mundiales del sector de defensa y seguridad”,

 

          Y según piensa Jordi Calvo Rufanges, doctor en Paz, Conflictos y Desarrollo:

<<El dinero ahorrado se podría invertir en gasto social, sin duda más necesario. El parlamento español y el actual gobierno tienen no solo la obligación moral, sino el deber de reducir de manera considerable el gasto militar” afirma el experto Jordi Calvo, doctor en Paz, Conflictos y Desarrollo.

     El gasto militar debería reducirse en todo el mundo, pero concretamente en España donde las medidas de austeridad están afectando a todos los pilares del Estado de Bienestar, se hace más necesario, afirma Jordi Calvo en su artículo. “Es un deber reducir el gasto militar” (para convertirlo) en Público (al servicio de las necesidades de los ciudadanos).

     Según el experto, en nuestro país, el militar es uno de los gastos que menos se ha reducido en comparación con otras partidas como sanidad o educación. Tanto es así, que casi no se ha reducido volumen de gastos con respecto a los años en los que no nos encontrábamos sumergidos en esta profunda crisis. “La inversión en I+D militar sigue gozando de una partida pública considerable que bien podría servir para promover la investigación civil” que puede que sea una de las pocas salidas para hacer frente a la pobre productividad de las empresas españolas. Se sigue invirtiendo miles de millones de euros en armamento, hecho que el experto considera un verdadero lastre para el presupuesto público.

     Sin las costosas y cuestionables aventuras militares en lejanas tierras, el despilfarro en centenares de nuevos aviones de combate, barcos de guerra, carros de combate, misiles, submarinos militares… y sin el mantenimiento de un sobredimensionado ejército, tendríamos disponibles miles de millones para gasto social” afirma el doctor en Paz, Conflictos y Desarrollo. Además el gasto militar supone una dificultad más para cumplir con el objetivo de déficit público. Por todo esto el experto considera que el gobierno tiene una verdadera obligación moral de reducir el gasto militar y traspasarlo a gasto social, sin duda mucho más necesario para sostener el Estado de Bienestar>>. (Lo entre paréntesis nuestro)

 

          Todo esto es muy loable. Pero no deja de ser un camino empedrado de buenas intenciones, que no llega a explicar cómo tal proposición puede ser posible bajo las condiciones objetivas del capitalismo, férreamente determinadas por la propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio. O sea, bajo la dictadura económico-social del capital que así, automáticamente, se ha proyectado desde la sociedad civil hacia el Estado, convertida de tal modo, inevitablemente, en una dictadura política. Todo ello naturalmente a instancias de los gestores públicos de turno en los tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— aparentemente separados y enfrentados, pero en realidad subrepticia y convenientemente entrelazados a su servicio, para los fines del mutuo enriquecimiento de empresarios y políticos profesionales, que hacen a la corruptela generalizada de tales minorías sociales todavía vigente.

 

          Sin la propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio, ipso facto la explotación de trabajo ajeno que dio pábulo a la histórica y creciente desigualdad capitalista en la distribución de la riqueza, a las guerras de rapiña entre países y a la corrupción política institucionalizada de empresarios y políticos profesionales en cada país, toda esa basura histórica pierde sustento y tiende a desaparecer para siempre. Del mismo modo que, en su momento, la propiedad de unos seres humanos sobre otros bajo la forma del “ius utendi et ius abutendi” (uso y abuso) de los amos sobre sus semejantes esclavizados reducidos a la condición de cosas para usufructo absoluto discrecional de los esclavistas, Un bárbaro atributo que desapareció con la lucha de los esclavos por su emancipación dando paso a la Edad Media feudal. En este sentido, es significativo señalar hasta dónde ha calado el concepto de propiedad privada en no pocos intelectuales orgánicos de la burguesía. Como si fuera algo consustancial al género humano. Por ejemplo: los autores de “El Conflicto en el Congo” —conocido como “La segunda guerra del Congo” entre 1998 y 2003—, atribuyen su primera causa eficiente “más profunda” no al concepto social de propiedad privada —sin el cual esa guerra hubiera sido imposible— sino a la cosa u objeto sobre el que distintos propietarios privados se disputan esa propiedad:

 <<Las causas profundas de las guerras en el Congo desde el año 1996 son: 1. La riqueza en recursos naturales: minerales, especialmente coltán, oro, uranio y diamantes y grandes reservas de madera y de agua. 2. Los problemas étnicos, cuyo punto álgido fue el genocidio en Ruanda de unas 800.000 personas, miembros de la etnia minoritaria tutsi y políticos moderados de la etnia hutu en el año 1994, provocado por el Gobierno ruandés extremista hutu>>. (https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3116444.pd.Ver Pp. 22. Subrayado nuestro).

 

          Y dado que toda esa basura histórica de la propiedad privada en la sociedad civil, sigue íntimamente vinculada con la democracia representativa en las instituciones políticas estatales pseudo-democráticas del capitalismo, desde allí será imposible acabar con esa rémora totalitaria. Lo único que —de seguir prolongándose— podrá ocasionar ese vínculo, es la desaparición para siempre de todo rastro de vida humana en este Planeta. En su obra que publicó en agosto de 1917 titulada. “El Estado y la Revolución”, Lenin siguiendo a Marx y Engels distinguió entre el parlamento burgués y el parlamento revolucionario socialista diciendo que:

    <<Decidir una vez cada cierto número de años qué miembros de la clase dominante han de representar y aplastar al pueblo en el Parlamento: he aquí la verdadera esencia del parlamentarismo burgués, no sólo en las monarquías constitucionales parlamentarias, sino en las repúblicas más democráticas. Pero si planteamos la cuestión del Estado, si enfocamos el parlamentarismo como una de las instituciones del Estado, desde el punto de vista de las tareas del proletariado en este terreno, ¿dónde está, entonces, la salida del parlamentarismo? ¿Cómo es posible prescindir de él?

     Hay que decir una y otra vez que las enseñanzas de Marx, basadas en la experiencia de la Comuna [de París] están tan olvidadas, que para el “socialdemócrata moderno” (léase: para los actuales traidores al socialismo) es sencillamente incomprensible otra crítica del parlamentarismo que no sea la anarquista o la reaccionaria>>. (Op. Cit. Versión digitalizada Pp. 28)… <<Pero todo el quid del asunto está, precisamente, en que esta "especie de parlamento" no será un parlamento en el sentido de las instituciones parlamentarias burguesas. Todo el quid del asunto está en que esta "especie de parlamento" no se limitará a "establecer el régimen de trabajo y a fiscalizar la administración del aparato burocrático", como se figura Kautsky, cuyo pensamiento no se sale del marco del parlamentarismo burgués. En la sociedad socialista, esta "especie de parlamento" de diputados obreros tendrá como misión, naturalmente, "establecer el régimen de trabajo y fiscalizar la administración" del "aparato", pero este aparato no será un aparato "burocrático". Los obreros, después de conquistar el Poder político, destruirán el viejo aparato burocrático, lo desmontarán hasta en sus cimientos, no dejarán de él piedra sobre piedra, lo sustituirán por otro nuevo, formado por los mismos obreros y empleados, contra cuya transformación en burócratas serán tomadas inmediatamente las medidas analizadas con todo detalle por Marx y Engels: 1) No sólo elegibilidad, sino amovilidad en todo momento. 2) Sueldo no superior al salario de un obrero; 3) se pasará inmediatamente a que todos desempeñen funciones de control y de inspección, a que todos sean "burócratas" durante algún tiempo, para que, de este modo, nadie pueda convertirse en burócrata.

     Kautsky no se paró, en absoluto, a meditar las palabras de Marx: "la Comuna [de París] era, no una corporación parlamentaria, sino una corporación de trabajo, que dictaba leyes y al mismo tiempo las ejecutaba". Kautsky no comprendió, en absoluto, la diferencia entre el parlamentarismo burgués, que asocia la democracia (no para el pueblo) con el burocratismo (contra el pueblo), y el democratismo proletario, que toma inmediatamente medidas para cortar de raíz el burocratismo y que estará en condiciones de llevar estas medidas hasta el final, hasta la completa destrucción del burocratismo, hasta la implantación completa de la democracia para el pueblo. Kautsky revela aquí la misma "veneración supersticiosa" hacia el Estado [burgués], la misma "fe supersticiosa" en el burocratismo>>. (Ibid Pp. 68. El subrayado y lo entre corchetes nuestro).

 

          Pero lo que Lenin además quiso significar implícitamente en este pasaje de su obra, es que desde dentro de las instituciones políticas del capitalismo —ejecutivas, legislativas y judiciales— es imposible siquiera reformar nada de la realidad actual tal como proponen los reformistas de la izquierda burguesa distinta de la existente, o sea, que favorezca a los explotados y al mismo tiempo impida la más irrisoria merma en la ganancia obtenida por los explotadores. ¡Esto es de imposible sostenimiento en el tiempo! Una imposibilidad que el sistema capitalista ha venido determinando, desde que se apoderó de la sociedad humana una vez que superó históricamente al feudalismo, para convertir a la burguesía en la clase sustituta dominante. Una clase que tan objetivamente como nació en su momento, hoy día por la misma causa objetiva está llegando al final de su recorrido histórico. Pero que no desaparecerá como tal mientras los explotados sigamos sin comprender la necesidad, cada vez más imperiosa, de cumplir con el deber de hacernos cargo de un futuro sin explotadores ni explotados. Un deber ser que la misma historia del género humano ahora mismo nos está reclamando.

          Más aún, cuando la competencia intercapitalista derivada de la propiedad privada sobre los medios de producción, aumentó sucesivamente la productividad del trabajo sustituyendo fuerza humana por máquinas, hasta el extremo de que hoy, la robotización técnica es una realidad que amenaza con dejar sin trabajo a la mayoría de asalariados en el mundo. Pero que sin duda el llamado desempleo tecnológico también amenaza mortalmente a la burguesía como clase, dado que las máquinas no generan ganancia porque jamás han hecho nunca ni pueden hacer otra cosa, que limitarse a trasladar su valor económico a los productos fabricados con ellas y que, según van desgastándose por el uso en cada proceso productivo, acaban desvalorizándose y registran esa pérdida contablemente como amortización.

          Ciertamente, la industria de la robótica exige y genera directamente nuevos puestos de trabajo altamente cualificados relacionados con su diseño, fabricación, operación y mantenimiento de estos equipos. Pero no es menos cierto, por el contrario, que para lograr una mayor productividad no pocas industrias requieren unos niveles de precisión y calidad en sus productos, que no son factibles sin el uso de robots, como es el caso en la electrónica con la fabricación de piezas en ordenadores y teléfonos móviles, o en las energías renovables como la solar necesitada de células fotovoltaicas, O sea, que lo previsto y demostrado matemáticamente por Marx en 1857-58, en cuanto a que la creciente productividad inducida por la competencia intercapitalista, requiere por lo general sustituir cada vez más trabajo vivo explotado por instrumentos técnicos más y más eficaces, ya son hechos tangibles verificados. Teniendo en cuenta que, para ello, el costo de la sustitución no debe ser mayor que el de los salarios sustituidos.

          Y en cuanto a las necesarias consecuencias sociales y políticas objetivamente deletéreas del sistema —derivadas de la propiedad privada y consecuente competencia intercapitalista que induce al desarrollo de las fuerzas productivas— sus resultados económicos y políticos al revés de lo que sucede en la industria, no podrán ser producto de ningún automatismo. O sea que el capitalismo no podrá ser superado exclusivamente por el propio peso de sus contradicciones económicas sino que, para ello, tales contradicciones deberán ser políticamente resueltas por las mayorías sociales explotadas, por la única clase social llamada a dirigir el futuro de la humanidad: los asalariados. Y lo harán necesariamente a instancias de un proceso previo de marchas y contramarchas que acaben finalmente con el capitalismo, alumbrando una sociedad sin explotadores ni explotados:

. < <... las revoluciones proletarias, como las del siglo XIX, se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado, para comenzarlo de nuevo desde el principio, se burlan concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos y de la mezquindad de los primeros intentos, parece que sólo derriban a su adversario para que éste saque de la tierra nuevas fuerzas y vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellas, retroceden constantemente aterradas ante la ilimitada inmensidad de sus propios fines, hasta que se crea una situación que no permite volverse atrás y las circunstancias mismas gritan: demuestra lo que eres capaz de hacer> > (K. Marx: "El 18 Brumarío de Luis Bonaparte" Cap. I).

 

          En el curso de este proceso, mucha tinta y saliva se ha venido gastando en torno al concepto de la palabra “corrupción”, entendida como el mal uso y abuso de la representatividad político-institucional delictiva consciente, para los fines del mutuo enriquecimiento personal de los representantes del Estado y los empresarios, actuando en secreto contubernio delictivo que, inevitablemente, ha venido contribuyendo a la cada vez más escandalosa distribución desigual de la riqueza en esta sociedad. Un cohecho consustancial a la puta democracia representativa que, a menudo y con la misma fatalidad, desembocó en las dictaduras más genocidas, corruptas y despóticas concebibles. Tal como en su momento así definiera a esta especie de alternancia “representativa” entre bribones, el historiador y político inglés católico-liberal Lord Acton con estas palabras:

 <<El poder político (individual en las democracias representativas) corrompe, y el poder político absoluto (de las dictaduras) corrompe absolutamente” (Lo entre paréntesis nuestro).

 

          Y para poder alcanzar alternativamente cualquiera de las dos metas posibles en esa carrera, la condición necesaria es decidirse a participar en ella, ya sea como sujeto elector o como electo. De ahí que por deformación profesional, el célebre criminalista Cesare Lombroso no viera en cada individuo “más que a un ladrón, a un criminal, a un asesino en potencia”. Es la misma deformación profesional con que, a priori, tiende juzgar su entorno cualquier juez o policía, lo cual explica que semejante desconfianza deba tener su hipócrita contrapartida “moderadora” en el principio jurídico de la “presunción de inocencia”. Pero que sin embargo no deja por eso de prevalecer la tendencia a la mutua sospecha generalizada, de que todos somos proclives a degenerar moralmente delinquiendo, cuyo principio activo es falso que se le atribuya a los individuos, porque la verdad es que anida en el fracaso de esta sociedad típica del engaño y el pillaje mutuo, lo cual imposibilita crear las condiciones materiales y sociales que dejen sin sentido, “la ocasión que hace al ladrón”.       

 

          Así las cosas tal como han sido previstas por Marx y verificadas por los acontecimientos pretéritos, una vez más la tendencia política favorable a las contramarchas en los procesos históricos de la lucha por el poder entre las dos clases universales antagónicas e irreconciliables, ha estado sin excepción e invariablemente corriendo a cargo de los reformistas contumaces, medrando en las instituciones políticas del sistema como siempre, a medio camino entre la revolución y la contrarrevolución. O sea que, contradictoria y utópicamente, quieren el capitalismo pero no sus nocivas y fatales consecuencias sistémicas. Por tanto, tal como se han comportado siempre y con el mismo empeño tenaz, oportunista y rastrero, los reformistas de la llamada “izquierda” burguesa, siguen rechazando cobardemente comprometerse con la imprescindible y cada vez más urgente respuesta revolucionaria. Pero tampoco dejan de aparentar que defienden a “la gente” del más bajo escalafón, a los “explotados”. Como decía Marx:

    <<El PEQUEÑOBURGUÉS, en una sociedad avanzada y, como consecuencia necesaria de su posición social (intermedia), por una parte se hace socialista y, por otra, economista; es decir, está deslumbrado por las magnificencias de la alta burguesía y simpatiza con los dolores del pueblo. Es al propio tiempo burgués y pueblo. Se jacta en el fuero interno de su conciencia, de ser imparcial, de haber encontrado el justo equilibrio (…) Semejante pequeñoburgués diviniza la CONTRADICCIÓN, puesto que la contradicción es el núcleo de su ser. Él no es sino la contradicción social en acción. Él debe justificar en la teoría lo que es en la práctica>>. (K. Marx: “Carta a Annenkov” 28/12/1846. Lo entre paréntesis nuestro).

 

            Pero resulta que estos últimos días, los representantes de la pequeñoburguesía en las formaciones políticas socialdemócratas de “Podemos” y el PSOE, parecen haber traicionado a ese “justo equilibrio” en favor de los más desfavorecidos, decidiendo apoyar a la más rancia aristocracia obrera que representan los 6.156 estibadores portuarios españoles, cada uno de los cuales han venido gozando el privilegiado régimen salarial promedio de origen franquista, que hoy asciende a los 70.000 Euros anuales (5.833 Euros mensuales). Con el agravante de que, 14 días antes de la votación en el Parlamento acerca de este asunto, la opinión pública española pudo saber que:

<<La reforma (de aquél régimen laboral franquista) viene impuesta por mandato europeo, que considera el sistema de estiba español contrario a la normativa comunitaria y, por ello, puede imponer a España una sanción de al menos 21 millones de euros. No obstante, el Ministerio de Fomento considera que la reforma permitirá mejorar la competitividad de un sector fundamental para la economía. Los puertos canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país. (http://www.libremercado.com/2017-02-03/fomento-rompe-el-monopolio-de-los-estibadores-de-los-puertos-1276591986/. Lo entre paréntesis y el subrayado nuestros).

 

          Sin embargo y para simpatizar con esta irrisoria y privilegiada parte de la ciudadanía española subalterna —naturalmente en perjuicio del resto—, el pasado día 16 del corriente mes de marzo, esas dos formaciones políticas socialdemócratas sumaron juntas 175 votos en el Congreso de los diputados, contra 142 del derechista “Partido Popular” a cargo del gobierno que, de tal modo, no logró modificar a la baja ese tradicional régimen salarial.

 

          Tal es la utópica catadura intelectual y moral de los sujetos que integran la casta social intermedia entre capitalistas y asalariados en la etapa del capitalismo postrero. Como si la propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio a instancias de la competencia intercapitalista, a la vez que desarrollara las fuerzas productivas que permitieran la coexistencia permanente del gran capital centralizado cada vez más en pocas manos, sin perjuicio para el sostenimiento de la pequeña y mediana empresa, al mismo tiempo garantizara la expansión sin límites de la producción, con capacidad para mantener el pleno empleo y la remuneración de los asalariados al alza. Pero lo cierto es que el resultado histórico del desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capitalismo en cualquier país, nada tiene que ver con esta superchería subjetiva “ad hoc” de los reformistas pequeñoburgueses sino bien al contrario. Y en efecto:

<<Un desarrollo de las fuerzas productivas (en cualquier país) que redujese el número absoluto de los obreros (tal como se ha podido verificar matemáticamente), es decir que de hecho capacitase a la nación entera para llevar a cabo su producción global en un lapso (de tiempo) cada vez más reducido, provocaría (a la postre) una revolución, pues dejaría fuera de circulación a la mayor parte de la población. En esto se manifiesta una vez más la limitación específica de la producción capitalista, y el hecho de que la misma no es en modo alguno una forma absoluta (eterna) para el desarrollo de las fuerzas productivas y para la generación de riqueza sino que, por el contrario, llegado a cierto punto (el sistema) entra en colisión (objetiva, es decir, sin que nadie pueda evitarlo) con ese desarrollo. Esta colisión se manifiesta parcialmente en crisis periódicas, que surgen del hecho de tornarse superflua ora esta parte de la población obrera (disponible), ora aquella en su antiguo modo de ocupación. La limitación de la producción capitalista es el tiempo excedentario de los obreros (desplazados por medios materiales de producción sucesivamente más y más eficaces). El tiempo excedentario absoluto que gana la sociedad, (a la burguesía) no le incumbe en modo alguno. El desarrollo de la fuerza productiva sólo es importante para ella, en la medida en que incrementa el tiempo de plustrabajo (creador de plusvalor o ganancia producida por) la clase obrera (en detrimento de su salario), y no en la medida en que reduce en general el tiempo de trabajo para la producción material; de esta manera, (el capitalismo) se mueve en una antítesis (o sea en su contra, en contra de la realización de sus propios intereses)>>. (K. Marx: “El Capital” Ed. Siglo XXI/1976. Vol. VI. Cap. XV. Aptdo. II. “Conflicto entre expansión de la producción y valorización”. Lo entre paréntesis nuestro).

 

          Los reformistas pequeñoburgueses que han venido insistiendo en su equivocación interesada de concebir al capitalismo como eterno y perfectible, inducidos por las formas aparentes de la realidad han aprendido a reafirmarse, sosteniendo a la burguesía que les mantiene, así es como proceden todos los intelectuales apologetas teóricos del sistema. Estos defensores interesados del capitalismo —que abundan entre el "periodismo especializado" y mayor contacto mantienen con "los ciudadanos de a pie"—, cuando hablan o escriben por ejemplo acerca del "salario relativo", sólo suelen referirse a ésta categoría económica como la variabilidad que experimenta a lo largo del tiempo en función de su poder adquisitivo determinado por la productividad del trabajo. Pero en realidad esto no es más que el salario real. Real, porque la expresión monetaria del salario o salario nominal, puede ser la misma, pero su poder adquisitivo puede cambiar con el tiempo. Esta forma equívoca de hablar por parte de quienes están al servicio del sistema, obedece no precisamente a la casualidad sino al hecho de que tienen prohibido comparar al salario con el plusvalor, como debiera hacerse procediendo científicamente. Y no lo hacen porque semejante comportamiento con arreglo a la verdad, sería como "hablar de la soga en casa del ahorcado". Y es que procediendo científicamente, diciendo la verdad que se puede comprender simplemente comprobando cómo el creciente desarrollo tecnológico incorporado a los medios materiales de producción, convierte partes alícuotas sucesivas de salario en plusvalor o ganancia, pues que quienes así procedieran no podrían sinceramente sino condenar al sistema capitalista. Por la sencilla razón de que el concepto de "salario relativo" —no como los apologetas del capitalismo se afanan en concebirlo y darlo a entender— pone de manifiesto el carácter explotador de la relación entre capitalistas y obreros, es decir, describe explícita y exactamente lo que los patronos pagan al asalariado a cambio de su trabajo, ocultando deliberadamente lo que cada explotado produce y su explotador se apropia. Esto explica por qué Rosa Luxemburgo entendió la lucha por el "salario relativo" —relativo al plusvalor— como el "asalto subversivo del trabajador explotado al carácter mercantil explotador de la fuerza de trabajo", que no por casualidad hace a la creciente distribución desigual de la riqueza.

          Al redactar un texto o pronunciar un discurso acerca de determinados temas u objetos del conocimiento, como es el caso de la economía política, las expresiones que denotan conceptos deben ser unívocas y omnicontextuales, es decir, no equívocas o de distinto significado según la eventual y oportuna conveniencia personal de quien manifiesta su pensamiento, ajustado no precisamente a la verdad sino a su interés, ya sea individual o colectivo. Por tanto, cuando se habla de la corrupción que se atribuye a la relación delictiva hasta cierto punto encubierta entre empresarios y políticos profesionales institucionalizados, hay que comenzar por comprender que el origen y difusión de toda esa podredumbre moral en la sociedad, radica en la noción individualista y pragmática de propiedad privada —que los padres inculcan a sus hijos más con el ejemplo que con las palabras en cada familia—, reafirmada por las falsedades conceptuales que imparten los aparatos ideológicos del sistema capitalista, desde la escuela primaria hasta las universidades pasando por la enseñanza secundaria, donde se inculca que la propiedad privada en general es la principal virtud en cualquier ámbito de una sociedad que se precie.

          En definitiva, que la corrupción es el más genuino engendro del sistema capitalista. Incluyendo al aparato estatal de la “justicia” que lo encubre y justifica, para poder ensañarse incomprensiblemente con algunos individuos que se dejan corromper, dejando intacta la ocasión que hace al ladrón. O sea, que la sociedad burguesa hizo su aparición en la historia, tal como el paraíso terrenal según la concepción cristiano-católica de la vida humana en el Planeta Tierra, donde Dios concibió una forma de comportamiento proclive al pecado y, seguidamente, creó a los primeros pecadores con la finalidad puramente sádica y vengativa de proceder a condenarlos “in saecula saeculorum”. Un absurdo existencial en toda regla.

          Democracia y libertad. He aquí las dos máximas cualidades de la convivencia humana que la burguesía triunfante desde la Revolución Francesa hasta hoy ha venido consagrando. Nada que ver con la democracia entendida como el máximo ejercicio de la libertad colectiva que Abraham Lincoln Hanks soñó, concibió y preconizó en EE.UU., desde que la definió durante su discurso pronunciado en Gettysburg el 19 de noviembre de 1863 con estas palabras: “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. O sea: la democracia directa. Y que por aspirar al cumplimiento de esa causa fue asesinado el 14 de abril de 1865. Menuda democracia es la representativa que permite a los CEO de las más poderosas empresas privadas multinacionales, visitar discrecionalmente los muy bien alfombrados y amoblados despachos ministeriales en los distintos Estados nacionales, para practicar impunemente cohecho con los altos cargos políticos institucionales en beneficio mutuo. Desde entonces y aun cuando en no pocos países se haya deliberadamente omitido definir la democracia representativa, así expresamente reza el Artículo 22 de la carta magna constitucional Argentina: “El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”. Es decir, que los ciudadanos de a pie sólo pueden por ley, abstenerse de participar en los comicios o, en su defecto, elegir en esas ceremonias periódicas, jerárquicas y falsarias, a quienes les gobiernen. En cualquier caso “hecha la ley hecha la trampa”, dado que los candidatos a gobernar sea cual fuere su filiación política, una vez elegidos para ejercer su mandato no están obligados a cumplir sus promesas electorales. Ergo: que bajo el capitalismo no hay democracia ni libertad humana colectiva que valga para nadie. Ni siquiera para los grandes empresarios y políticos institucionalizados, porque todos ellos son obligados a comportarse con arreglo a la ley objetiva del valor económico bajo este sistema de vida, que no depende de la voluntad de nadie aunque a ellos exclusivamente les haga sentirse bien. ¿Quién puede a la luz de los reiterados hechos manifiestos demostrar fehacientemente lo contrario? ¡Nadie!

          Y si esto resulta ser tan cierto como que la verdad es el conocimiento de la necesidad, las mayorías sociales debemos no vencer sino convencer a las minorías capitalistas, insistiendo una y otra vez con la palabra y con los hechos, en manifestar la verdad de que las relaciones sociales no deben seguir siendo lo que han venido aparentando ser, o sea ocultando lo que todavía son en realidad: relaciones entre desiguales. No se trata, pues, de que todos seamos formalmente iguales ante unas leyes que hunden sus raíces en la creciente desigualdad real objetivamente inducida. ¿Qué otra cosa es si no, el contrato de trabajo entre patronos y obreros, contrastado seguidamente con el trabajo desplegado en cada jornada de labor?: Porque en el contrato de trabajo, el asalariado vende su capacidad de trabajar a cambio de un salario, que le permita comprar lo necesario para reponerla, cuyo costo ha venido siendo siempre inferior al valor que crea trabajando durante la jornada entera para su respectivo patrón:

<<El trabajo pretérito contenido en la capacidad (o fuerza potencial) de trabajo, y el trabajo vivo que ésta pueda ejecutar: sus costos diarios de mantenimiento y su rendimiento diario, son dos magnitudes completamente diferentes. La primera determina su valor de cambio (equivalente al salario contratado), la otra conforma su valor de uso (por el patrón durante cada jornada de labor). El hecho de que sea necesaria media jornada laboral para mantenerlo vivo durante 24 horas, en modo alguno impide al obrero trabajar durante una jornada completa. El valor de la fuerza de trabajo y su valorización en el proceso laboral son pues, dos magnitudes diferentes (la segunda equivale al plusvalor o ganancia). El capitalista (en el momento de firmar el contrato de trabajo), tenía muy presente esa diferencia de valor>>. (K. Marx: “El Capital” Ed. Siglo XXI/1976. Libro I Vol. I Cap. V. Proceso de trabajo y proceso de valorización Pp. 234. El subrayado y lo entre paréntesis nuestros. Versión digitalizada Pp. 123).

 

          Ergo, después de más de doscientos años conviviendo con la sistemática simulación y la mentira, la explotación y el genocidio, para los fines de que desaparezca toda esta basura histórica, poniendo necesariamente en consonancia la verdad y la convivencia en paz con la realidad:

1) Expropiación de todas las grandes y medianas empresas industriales, comerciales y de servicios, sin compensación alguna.

 

2) Cierre y desaparición de la Bolsa de Valores.

 

3) Control obrero colectivo permanente y democrático de la producción y de la contabilidad en todas las empresas, privadas y públicas, garantizando la transparencia informativa en los medios de difusión para el pleno y universal conocimiento de la verdad, en todo momento y en todos los ámbitos de la vida social.

 

4) El que no trabaja en condiciones de hacerlo, no come.

 

5) De cada cual según su trabajo y a cada cual según su capacidad.

 

6) Régimen político de gobierno basado en la democracia directa, donde los más decisivos asuntos de Estado se aprueben por mayoría en Asambleas, simultánea y libremente convocadas por distrito, y los altos cargos de los tres poderes, elegidos según el método de la representación proporcional, sean revocables en cualquier momento de la misma forma. GPM.