09.
Masacre del 11 de marzo de 2004 en España
Mientras se sucedían los acontecimientos bélicos de la
Segunda Guerra en Afganistán, el 11 de Marzo de 2004 —dos días antes de las
elecciones generales celebradas el 14― a partir de las 7,30 hs. hicieron
explosión casi simultánea en cuatro distintos trenes de la línea ferroviaria de
cercanías, en Madrid, doce artefactos explosivos conteniendo 20Kg. de dinamita
cada uno.
Tras las primeras investigaciones de
rigor, el gobierno, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE), así
como los partidos de la oposición y casi todos los medios de comunicación,
atribuyeron el atentado a ETA12 al menos hasta el
mediodía de esa fecha, que fue cuando comenzaron a surgir informaciones que
apuntaban hacia una autoría distinta, la islamista,
corroboradas por las autoridades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil
que coincidieron en señalar:
1)
que la dinamita había sido sustraída de uno de los ocho “cofres de seguridad”
(cinco para el almacenamiento de dinamita y tres para detonadores) que se
encuentran dentro de la jurisdicción de la Mina “Conchita”, propiedad de la empresa
Caolines de Merillés, S.L., situada en la localidad asturiana de Belmonte de
Miranda. Los informes de la Guardia Civil enviados al juez del caso en la
Audiencia Nacional, Juan del Olmo, han revelado que estos cofres de seguridad
—con una sola llave de acceso, sin vigilancia continua, situados en zonas
aisladas donde nadie acude tras acabar la jornada laboral― son muy
vulnerables a un posible robo. Dichos informes aclaran que el robo en la
fábrica o en los depósitos intermedios, se considera algo casi imposible por
las enormes medidas de seguridad dispuestas en torno a los búnkeres en los que
se guardan los explosivos. Además, las llaves de la mayoría de ellos están en
poder de la Guardia Civil, encargada de abrirlos. Los mini-polvorines, en
cambio, son como pequeñas cajas fuertes encastradas en las faldas montañosas
próximas a las bocas de las minas que albergan, con una capacidad media de 50
kilos de dinamita cada uno o 500 detonadores. Según el Juez, a esta conclusión
se llegó a raíz del análisis de la dinamita contenida en tres sitios distintos,
a saber: a) en una de las mochilas
supuestamente utilizadas en el atentado que no llegó a explosionar; b) en unos restos de explosivo y
detonadores encontrados a las 9,50 el 11 de marzo en la furgoneta Renault modelo
“kangoo” estacionada sobre la calle de acceso a la estación de Alcalá de
Henares; c) en un piso de la
localidad madrileña de Leganés, donde seis de los ejecutores de los atentados
permanecían ocultos y, al ser sorprendidos por la policía —según la versión
oficial— decidieron suicidarse haciendo volar el apartamento. Basado en los
informes periciales de la policía y de la Guardia Civil, para el juez Del Olmo
estaba claro que el explosivo utilizado en los atentados había sido
proporcionado a sus autores materiales por la trama delictiva asturiana
localizada en Avilés.
2) Que el acto de entrega de los
explosivos a los autores de los atentados habría sido gerenciada por el
ciudadano español José Emilio Suárez Trashorras, en connivencia con su cuñado,
José Antonio Toro Castro y su novia, Carmen Toro Castro, con la colaboración
necesaria del marroquí Rafá Soller. A todos ellos se les atribuye haber
participado en la negociación y venta ilegal de los explosivos a la célula
terrorista actuante el 11-M, a cambio de dinero y drogas. Se da la
circunstancia de que todos estos sujetos eran “confidentes” de la fuerzas de
seguridad del Estado, sea de la Policía Nacional, como es el caso de Suárez
Trashorras, José Antonio Toro Castro y Carmen Toro Castro, o de la Guardia
Civil, como Rafá Zouhier.
3) Que hasta el momento de la ejecución
de esa matanza, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil, sabían nada de sus
preparativos, ni tampoco habían sido alertadas por sus respectivos confidentes
acerca del trapicheo delictivo con explosivos, ni de la identidad e intenciones
de los interesados en adquirirlos. Según consta en el auto del 18
de junio de 2004, el Juez del caso, Juan del Olmo, declaró
que la investigación de los atentados del 11-M "en modo alguno" puede
verse afectada por "la condición, supuesta o no" de confidentes
detenidos por la Policía: Rafá
Zouhier y José
Emilio Suárez Trashorras):
<<En atención a lo
que consta en las actuaciones, (dichos confidentes) en modo alguno
transmitieron datos sobre los preparativos, intenciones o actuaciones que podrían
estar realizando sus “conocidos” para la perpetración de acción alguna de
carácter terrorista>> (Op.
Cit.)
En ese mismo auto, el Juez Del Olmo
sostuvo que el comisario de Avilés —“controlador” de Suárez Trashorras— ha
declarado que antes del 11-M no le informaron sobre la venta de los explosivos
y, que Suárez Trashorras ha declarado que informó al comisario de que los
marroquíes vendían droga, pero no de que estaban tratando de comprar explosivos.
O sea, que el delincuente Suárez Trashorras podrá decir lo que quiera, que si
un policía dice lo contrario, habrá que creerle al policía. Esto es algo que
cualquier ciudadano medio suele tener muy claro, porque así se nos ha enseñado
desde pequeños. Más aun tratándose de un Juez, que se gana la vida con ese tipo
de “razones”. Pero el caso es que, a su condición de delincuente habitual, José
Emilio Suárez Trashorras llevaba adherida su función de confidente policial. Y
esto cambia mucho las cosas. Así se lo decía al periodista Fernando Múgica un
“veterano policía” en abril de 2004:
<<El
mundo de los chorros
[pequeños delincuentes] no se mueve como dicen que lo ha hecho José Emilio. No
dudo de que pueda ser capaz de vender dinamita por una cantidad razonable de
droga o de dinero. Se acababa de casar y podría necesitar más dinero. Pero lo
primero que habría hecho tras venderles el material habría sido acudir al
policía con el que tuviera más confianza para contárselo. Él sabe que esa
información es oro y que le van a deber así un gran favor. Ese tipo de personas
no tiene cuajo suficiente para callarse sin saber qué van a hacer con ese
material. Las cosas no funcionan así>>. (Los
agujeros negros del 11M”. En “El Mundo”
23/04/04).
El 08/12/2011 los
periodistas Casimiro García Abadillo y Joaquín Manso del periódico español “El Mundo”, bajo el título “Indicios
de falso testimonio contra el único condenado como autor del 11-M”,
demostraron
que para condenarle como autor material de la masacre, los magistrados a
cargo del juicio se valieron de tres testigos de nacionalidad rumana
incurriendo en claros indicios de manipulación policial y falso testimonio.
Esto planteó dos interrogantes
fundamentales:
1)
¿Qué es lo que explica esa aparente negligencia en materia de investigación
y “torpeza” operativa por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil,
en un país tan reconocidamente amenazado por el terrorismo etarra, al que
―tras el papel jugado por España en la guerra de Irak aliándose con EE.UU
y el Reino Unido.― debía preverse que se le sumaría la amenaza del
terrorismo islamista?
2)
¿Cómo encajar, en este caso, la lamentable actuación de unos cuerpos armados de
seguridad pública, cuyo probado celo profesional y eficacia operativa les
habían puesto a la altura de los mejores del mundo?
De ser cierto ―como dijo el presidente José Luis
Rodríguez Zapatero ante la Comisión parlamentaria de investigación por el
11M― que todo fue obra del “terrorismo islamista”, ejecutado por no más
de veinte individuos sin preparación alguna y al coste de un millón escaso de
pesetas, entonces, a juzgar por los resultados de lo que se hizo y dejó de
hacer en todo este asunto, la ya proverbial eficacia del Estado español ha quedado
muy, pero que muy por debajo de sus impecables antecedentes en la lucha
policial contra el delito y la inseguridad ciudadana; tanto, que hasta parece
haber hecho de los profesionales de la seguridad a su servicio, una malísima
caricatura de lo que en realidad han venido probando que son. Y a juzgar por
las contradicciones de la versión oficial de esos hechos, se está demostrando
que —para quienes saben cómo hacer las cosas de su especialidad—, es más
difícil simular que se lo ha hecho mal, que hacerlo bien. Porque ¿cómo es
posible creer que el Estado español haya sido burlado por una minúscula panda
de delincuentes comunes de poca monta, ocasionalmente organizados nada más que
para ese acto terrorista?
Tal es el interrogante que hubiera debido orientar las
investigaciones del señor Juez de la Audiencia Nacional, en lugar de irse a
indagar sobre un escenario parecido al que se montan ciertas aves para llamar
la atención con sus cantos, precisamente donde no tienen puestos sus huevos o
alimentan a sus crías. Pero ya se sabe que la división de poderes en que
―por desgracia creen todavía muchos asalariados y― descansa la
supuesta independencia de los magistrados, sólo funciona a la hora de juzgar a
quienes carecen de recursos y/o de influencias suficientes y seguras en la
superestructura política del sistema; más aún en casos como este, donde esperar
que un juez haga justicia según la verdad de los hechos y sin interferencias
políticas de ninguna índole, es como pedirle peras a un olmo, o como hablar de
la soga en casa del ahorcado, la soga en que ahogaría su futuro como servidor
del Estado el señor juez Juan del Olmo, de haber obrado con la independencia
política profesional que se presume de cualquier representante del poder
judicial.
En realidad, los atentados del 11M formaron parte del
problema que el Estado español trató de resolver y que, para ello, ha debido
cargarse no sólo el tan mentado concepto de “seguridad ciudadana”, sino la
supuesta independencia de los poderes, e incluso el mismísimo significado de la
palabra “democracia”. Más aun cuando este criminal desbarajuste sólo atinó a
explicarse por la supuesta “descoordinación” entre los cuerpos represivos,
aunque esto sea bien cierto por “razones” corporativas, lo cual da pie para que
barbaridades como ésta —que tienen su causa en otros ámbitos— puedan ser
todavía más factibles.
Según todos los indicios, el 11M ofrece una curiosa
similitud con el 11S (derribo de las Torres Gemelas en N. York que se llevó por
delante a más de 3.000 vidas humanas) un año antes, como dos gotas que debieran
estar rebasando el vaso de la paciencia popular para hacer tronar el
escarmiento de su propia justicia. Pero como esta hipótesis sigue siendo “sólo
tardanza de lo que está por venir”, el problema para las clases dominantes
españolas, manifiestamente divididas desde la famosa reunión del llamado “triángulo de las Azores”
era y sigue siendo otro. No es casual que el 11M ocurriera dos días antes de
las elecciones generales, donde lo que se decidía tenía muy poco que ver con la
solución a las crecientes dificultades que afrontaban día que pasaba las
mayorías sociales en España. Porque en esa jornada electoral no estaban en
juego las anunciadas y prometedoras políticas siquiera moderadamente
paliativas, respecto del paro masivo y las leyes laborales vigentes del despido
libre, la creciente disminución del salario relativo, la más absoluta
precariedad en el empleo, la inseguridad laboral y las más extremas condiciones
de super-explotación en el trabajo; y tampoco de esos falsos compromisos se
podían esperar mejoras significativas en el servicio de la salud pública, la
educación en sus distintos niveles o en el acceso a la vivienda.
En estos puntos reivindicativos de los electores ―aun
cuando estuvieran presentes en las campañas electorales de las distintas
formaciones políticas institucionalizadas― no hay ni puede haber
diferencias significativas como para poder hablar de que, en realidad, pudieran
concretarse. Y no podían, en primer lugar, porque la situación económica general del capitalismo en
descomposición a escala planetaria lo impide absolutamente. En segundo
lugar, y como consecuencia de aquél hecho básico estructural que hoy no hace
más que agudizarse, porque lo sustancial de los reclamos populares en esas
materias no es una cuestión de voluntad política partidaria; y no lo es porque
todo lo que el sistema no permite, deja de ser una política de partidos en
tanto “arte de lo posible”; y porque cuando tal reivindicación de las clases subalternas es de imposible
realización al interior del sistema, en aras del insultante fondo de consumo
que satisface exclusivamente a los explotadores, toda pretensión de ir con ella
más allá de la simple enumeración de derechos constitucionales o de promesas
electorales no cumplidas, pasa a ser una cuestión de seguridad; pero no de la
ciudadanía sino del Estado y en perjuicio de las mayorías explotadas. Tal es la
esencia de la “democracia” capitalista; y los asalariados que quieran seguirle
dando vueltas a esta cuestión buscándole el lado bueno que les muestran los
patrones, se engañan gratuita, estúpida y miserablemente.
Si con los pies en la tierra descartamos que en los
comicios del 14M estuvieron en juego las soluciones a los acuciantes problemas
que afectan a las mayorías sociales en España ¿qué es lo que quedaba para
dirimir en esa confrontación electoral? Pues, poco más que las relaciones del
Estado con la Iglesia y alguna que otra menudencia, ajena a las reales
necesidades de las mayorías. ¿O no?
Pero en ese poco más que se jugaba en los comicios, había
una cuestión de fundamental importancia para los intereses representados por
las fuerzas políticas en pugna dentro del Estado Español. Y esa cuestión era y
sigue siendo la orientación de la política exterior española tendente a
satisfacer exclusivamente los
intereses materiales y políticos de las clases burguesas dominantes. Y nadie
puede dudar de que las elecciones decidieron efectivamente sobre estos puntos,
o sea, si debía revisarse la política exterior y territorial del Estado español
tal y como había quedado atada y bien atada en la constitución de 1978. Es
decir: si España debía seguir privilegiando la relación con EE.UU y Gran
Bretaña, o pasaba a priorizar y apoyar el bloque burgués dominante en la UE
representado por el eje franco-alemán.
Nosotros estábamos y estamos entre los que piensan, que los
atentados del 11M en España, estuvieron determinados por este problema, por
esta fractura expuesta del capital internacional entre bloques de países
beligerantes. Un desideratum que la gran burguesía española oportunamente
resolvió sin vacilar, optando por sumarse al ya tradicional bloque militar
conformado entre Gran Bretaña y EE.UU., más todavía después de que los
servicios secretos norteamericanos provocaran los criminales atentados que
derribaron las Torres Gemelas de New York el 11S, que atribuyeron al terrorismo
yihadista para poder justificar la intervención militar en Irak, so pretexto de
haberle falsamente atribuido al terrorismo yihadista semejante acto de
barbarie. Esta movida rompió el frágil equilibrio entre los grandes bloques de
poder que la burguesía internacional había estado manteniendo ―cada vez
más precariamente― desde la caída del “Muro de Berlín” y la inmediata
debacle del sistema burocrático soviético mal llamado “comunista” o
“socialista”, que ―tras la muerte de Lenin― abandonó por completo
esa perspectiva social y política revolucionara, para pasar a ser sólo un
híbrido perverso en franca regresión histórica del socialismo soviético al
capitalismo postrero, como así se ha demostrado.
Poniendo la lupa del análisis de clase sobre este punto de
fractura en el espinazo de la política exterior y territorial de España
—provocada por la disputa entre los dos grandes partidos de su aparato político
institucional— entramos en el meollo de la política de andar por casa
de la burguesía internacional proyectada al interior del Estado español; se
trata de la “pequeña política”; esa que dirime las relaciones de poder entre
fracciones de una misma clase dominante al interior de un solo país, en el
contexto socio-económico capitalista a escala nacional e internacional, bajo
las condiciones de una situación de crisis
económica terminal del sistema y en ausencia de una alternativa de Gran
Política por parte de la clase estratégicamente enemiga de la burguesía, es
decir, el proletariado, los asalariados, también a escala nacional y planetaria
combinadas.
Y dado que nuestro trabajo en curso tiene por objeto
explicar lo más brevemente posible las causas y consecuencias de lo acontecido
el 11 de marzo de 2004 —un acontecimiento que como se ha visto hasta aquí,
compromete a las llamadas “fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español”
como organismo relativamente autónomo—, esto exige que, previamente, los
explotados y oprimidos nos pongamos de acuerdo sobre el origen, naturaleza y
función política del Estado y de sus fuerzas armadas en general,
particularmente del Estado español en aquellas circunstancias.