Las FF.AA. dentro del ordenamiento
constitucional español:
¿Por
qué no?
Para
los fines democráticos necesarios
—todavía hoy inexplicablemente
no procurados ni conseguidos—, de llenar un vació injustificable en las necesarias normas de convivencia
política racional en España que obliguen a todos por igual, y con la propuesta de que sea incorporado
al actual ordenamiento
jurídico-constitucional del Estado, a continuación propagamos el
siguiente manifiesto que acaba de publicar el colectivo militar “Anemoi”,
vocablo griego que significa viento. ¿Puede
alguien dudar, de que este saludable viento de libertad haya tenido su causa en
las profundas razones del pueblo español, alumbradas por su propio sufrimiento,
el mismo que durante esta crisis impulsó las luchas de su vanguardia contra el
actual ordenamiento político explotador, totalitario y corrupto?
“Grupo
de propaganda Marxista”.
01. Introducción
Un
grupo de profesionales de las Fuerzas Armadas (FAS), preocupados por la deriva
de la situación política y social en España en el contexto de la crisis global
actual, y estimulados por la creciente ola de protestas sociales, hemos
decidido participar en el debate público. Queremos aportar nuestros
conocimientos del medio militar para poner de relieve las amenazas y las
limitaciones que el actual modelo de fuerzas armadas (FAS) representa para los
cambios necesarios.
En
primer lugar se va a describir sucintamente el contexto político en el que nos
encontramos, para hacer a continuación una caracterización de las FAS españolas
en el presente. La denuncia de los rasgos que las definen como vigorosamente
opuestas a una evolución política respetuosa de los intereses del pueblo será
la principal tarea en la que nos hemos comprometido. Sigue una descripción de
lo que entendemos debe constituir el núcleo de la vertebración de unas FAS
verdaderamente democráticas en el marco de una nueva y necesaria forma de
expresión de la soberanía popular, para terminar señalando los cambios internos
necesarios para lograr su realización práctica.
Nuestra
concepción de la ciudadanía nos mueve a contribuir al debate público a través
de la publicación, en los medios no sometidos a los intereses económicos
dominantes, de una serie de artículos sobre la problemática militar. Ellos
versarán sobre multitud de aspectos que consideramos de importancia capital en
las actuales circunstancias y serán coherentes con los principios generales
aquí establecidos y que han sido aceptados solidariamente de forma consciente y
voluntaria. Cualquier militar (en activo o no) que, aceptando estos mismos
principios, esté interesado en compartir este esfuerzo, será bienvenido a
participar.
02. Contexto
En la
actual situación de crisis, la soberanía popular está secuestrada por los grandes
poderes económicos y financieros, nacionales y transnacionales. El pacto social
establecido con la Constitución de 1978 ha perdido toda su validez. El estado
de la Transición, lastrado en sus orígenes por la inclusión de los poderes
económicos del franquismo, se ha convertido finalmente en un auténtico Régimen oligárquico en el que la “democracia” no es más que
una declaración formal vacía de contenido.
Al mismo tiempo, los
grandes medios de comunicación privados y los falsamente públicos han suministrado,
durante décadas, una información parcial y favorable a los intereses de los
poderes reales del estado: los grandes grupos económicos y financieros, y los
partidos políticos mayoritarios que los sostienen.
La respuesta popular
contra la crisis y, fundamentalmente, contra las terribles consecuencias de la
misma, ha avanzado desde la perplejidad y el miedo, hasta la resistencia
activa, pasando por las protestas masivas en la calle, la ocupación de las
plazas públicas y el intento de bloquear y denunciar en sus propias sedes a los
distintos poderes públicos.
La represión del
estado de la Transición ha desarrollado métodos de control masivo de la
población. Las detenciones arbitrarias, los cacheos y fichajes de los
ciudadanos en manifestaciones y asambleas, y las amenazas a los dirigentes que
alientan las movilizaciones, predicen la preparación de mecanismos de represión
masivos si el movimiento popular sigue avanzando en organización, movilización
y determinación en las protestas.
Las anunciadas
reformas del Código Penal, de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ley de
Seguridad Privada, así como las que se avecinan sobre la Ley de Huelga y el
Código Penal Militar, constituyen todo un repertorio de instrumentos represivos
que vacían de contenido los derechos y libertades proclamados solemnemente en
la Constitución, en lo que muchos analistas consideran un “golpe de estado”
encubierto.
La clave de bóveda del
Régimen de la Transición es la Monarquía y su conexión
—constitucional y de fidelidad— con las FAS. Su imagen de “salvadora” de la
democracia tras el golpe del 23 F ha caído en el descrédito más absoluto.
Cada vez más las
movilizaciones sociales levantan la bandera de la República. Cada vez más la
exigencia de un “proceso constituyente” se plantea como el inicio de la
solución a los problemas de este país, que no puede provenir de los
responsables del desastre.
El Régimen resistirá apoyado en los recursos institucionales y
represivos de su estado. La gran pregunta de las organizaciones sociales y
políticas emergentes, de los sectores en lucha, de los que pretenden un mundo
nuevo, es sobre cuál va a ser el papel de las FAS y las Fuerzas de Seguridad
ante los cambios que se avecinan.
En los últimos meses
se han hecho públicas diversas manifestaciones de militares que plantean la
fidelidad al Rey como Jefe Supremo de las FAS, subrayando el papel que les ha
reservado la Constitución como custodios de la misma y, sobre todo,
manifestando la existencia de un “patriotismo militar” que está por encima de
cualquier constitución y, por supuesto, de cualquier reclamo de soberanía
popular.
Se plantea pues, en
primer lugar, la necesidad de neutralizar la posibilidad de intervención
militar cuando la revuelta popular resulte irresistible, cuando el choque
social se agudice.
03. Caracterización de las FF.AA.
Los siguientes son los rasgos que caracterizan a las
Fuerzas Armadas españolas:
Han orientado su
organización, doctrina, estrategia y armamento hacia los patrones imperialistas
establecidos en las alianzas militares que sostienen el sistema económico
neoliberal.
Las acciones
militares de las FAS españolas no se han lanzado para defender los intereses
del pueblo español, sino los del gran capital transnacional.
Las FAS están
estructuradas constitucionalmente sobre la tradición franquista y sus valores:
Obediencia
directa a una monarquía impuesta por la dictadura.
Su papel,
definido en la Constitución, se percibe como el garante de la perpetuación de
un juego institucional que impide un genuino ejercicio democrático que ponga en
cuestión la verdadera naturaleza de la estructura de poder heredada del
franquismo.
Su esquema de
valores morales sigue siendo esencialmente franquista, adaptado gradualmente a
los imperantes en las democracias liberales aliadas, especialmente los
contenidos en las llamadas “doctrinas de seguridad nacional” de los EE.UU.
La iglesia
católica conserva una situación de privilegio para el control y manipulación de
las conciencias de sus componentes.
El respeto a
los derechos humanos es percibido como un impedimento a la eficiencia del
aparato militar, tanto en su preparación como en combate.
En el seno de
las FAS, las libertades civiles de los militares siguen siendo fuertemente
cuestionadas, como si se tratara de un cuerpo estanco sometido a sus propias
reglas de obediencia.
Se mantiene
como concepto clave el de una disciplina orientada a la obediencia ciega y
acrítica, deliberadamente vaga en su definición como para poder reprimir el
simple disenso con la jerarquía.
Perdura el
sentido patrimonialista de las castas familiares procedentes del franquismo,
que consideran a las FAS como de su entera y exclusiva responsabilidad.
El sentido de
casta ha dificultado enormemente el progreso en la carrera militar de sus
miembros procedentes de tropa, blindando a la jerarquía de influencias externas
a sus propios valores.
También ha
determinado en gran medida la promoción y el ascenso de los oficiales y la
distribución de poder interno dentro de sus Cuerpos y Armas.
Alimenta un sentimiento nacionalista extremo y
excluyente de las diferencias que, además, favorece la propagación de
ideologías de extrema derecha en su seno.
Tiene gran
arraigo la mentalidad machista, aunque se ha aceptado la incorporación de las
mujeres como impuesta por los patrones sociológicos de los ejércitos aliados.
El respeto a la identidad afectivo-sexual de sus
componentes ha sido despreciado de manera sistemática y nominalmente aceptado
como imposición de “los políticos”.
El sentimiento xenófobo está muy extendido, aceptando
a los extranjeros únicamente como recurso en una época de reclutamiento
insuficiente. Para éstos, su promoción profesional está extraordinariamente
restringida, a pesar de facilitarles, nominalmente, el acceso a la
nacionalidad.
Los límites a la obediencia debida no han sido
asumidos en todas sus consecuencias. Aunque formalmente introducidos en la
reglamentación militar, no se han habilitado cauces de denuncia para garantizar
su respeto.
No existen sistemas independientes de vigilancia de
las actuaciones ilegales, indebidas o abusivas de los militares.
La jurisdicción militar es independiente de la
jurisdicción ordinaria, contradiciendo el principio democrático de jurisdicción
única. Además la modificación prevista del Código de Justicia Militar parece
orientada a aumentar los delitos considerados como militares, así como el
ámbito de la jurisdicción militar. En este sentido la posible inclusión de un
delito de rebelión aplicado a civiles, marcaría un hito en la militarización de
la represión.
Persiste una gran opacidad alrededor de los temas
militares, de manera que evidentes delitos, tales como los de torturas en Irak,
son sustraídos del conocimiento del parlamento y de la opinión pública y se
difiere o no se aplica la justicia debida.
La Ley de Secretos Oficiales ha sido utilizada
sistemáticamente para hurtar del escrutinio público actuaciones irregulares,
con el pretexto de la protección de la seguridad nacional.
En su conjunto,
presenta rasgos de ejército mercenario:
o
Se moviliza al servicio de los intereses estratégicos
de los EEUU y sus aliados y bajo el mando supremo de Washington.
o
Recluta tropa con falsas llamadas al aspecto
humanitario de las operaciones en el exterior.
o
Se han llegado a incorporar unidades enteras de países
con un pobre historial de respeto a los derechos humanos.
Los gastos militares
están orientados a un equipamiento al servicio de las guerras imperialistas y
no a las verdaderas amenazas militares. Esto favorece a la gran industria
militar, fundamentalmente de capital transnacional.
Existe
una excesiva relación altos mandos militares-industria, que se prolonga a veces
tras el pase al retiro o a la reserva de aquellos. Esto ha facilitado la
creación de un complejo militar-industrial autónomo y antidemocrático que
define la política de defensa y dificulta la moderación en los gastos
militares, además de servir de pasto para todo tipo de corruptelas.
04. Las FAS con el pueblo
En
estas circunstancias, es preciso abordar una urgente y radical modificación de
las Fuerzas Armadas bajo las siguientes premisas:
La soberanía corresponde al pueblo, comoquiera que
ésta se exprese. Su defensa también. Las FAS son del pueblo, se deben al pueblo
y obedecen al pueblo.
Las FAS están para defender la soberanía popular,
nunca para condicionarla o doblegar su voluntad de cambio real. La
criminalización de las legítimas protestas populares y la intervención
represiva de las FAS son absolutamente inaceptables.
En situaciones como la
actual, en las que existe un conflicto abierto entre las instituciones y las
aspiraciones del pueblo, es preciso un proceso constituyente en el que descanse
la legitimidad democrática. Este proceso debe ser absolutamente respetado y
apoyado por la institución militar en su conjunto.
La obediencia de las
FAS al Rey debe ser definitivamente quebrada. Únicamente es aceptable que la
Jefatura de las Fuerzas Armadas recaiga en quien que haya sido democráticamente
elegido. La III República es, pues, inaplazable.
La defensa de la
soberanía exige la salida de nuestro país de las alianzas militares -la OTAN y
todo el sistema de alianzas ad hoc que los EEUU y sus
aliados están utilizando para la realización de su política imperialista- y la
eliminación inmediata de todas las bases e instalaciones extranjeras en nuestro
territorio.
La “guerra contra el
terror” constituye una burda manipulación propagandística, sembrada desde los
centros de poder económico-financiero y militar, que justifican la represión
contra la disidencia política legítima en todos los órdenes.
El único principio que
puede garantizar la paz y las buenas relaciones internacionales es el de buena
vecindad y la solución negociada de los conflictos. El recurso a la fuerza está
únicamente justificado en caso de agresión armada abierta o encubierta. Debe
adoptarse como principio el consagrado en la Constitución de la Segunda
República: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.
Ningún tratado
internacional podrá dotar de impunidad a militares, agentes o funcionarios
extranjeros en el territorio del estado español, especialmente por los delitos
definidos en el Tratado de Roma y perseguidos por el derecho internacional
humanitario.
Ningún tratado
otorgará impunidad a los militares y funcionarios españoles, como aliados de
potencias que se nieguen a acatar las normas del derecho internacional
humanitario referidas a los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. El
TPI tendrá plena jurisdicción en el estado español.
05. El militar ciudadano: hacia unas nuevas Fuerzas
Armadas
En
un nuevo escenario republicano, los siguientes principios deben constituir los
fundamentos de unas Fuerzas Armadas plenamente democráticas:
El militar es un ciudadano con el derecho y la
obligación de participar en el debate público. El derecho a la libre expresión
de los militares debe ser escrupulosamente respetado, siempre que no ponga en
riesgo la ejecución de sus misiones operativas legalmente emprendidas.
Los militares no respaldan opciones políticas
concretas, pero tienen el derecho y la obligación de apoyar, de palabra y por
escrito, de forma pública, la libre expresión de la soberanía popular.
Los presupuestos ideológicos sobre los que deben
asentarse las nuevas Fuerzas Armadas son los de anti-franquismo,
republicanismo, democracia popular, laicismo, pluralidad ideológica -excluyendo
discursos de odio- y oposición a la
utilización de la coacción, la amenaza o la fuerza contra el pueblo.
No se recurrirá a la fuerza más que como defensa ante
la agresión armada contra el pueblo que desea manifestarse libre y
pacíficamente.
La desobediencia a las órdenes ilegales es un deber
militar y, en consecuencia, es obligada en los casos de represión
antidemocrática. Deben crearse los mecanismos que aseguren la depuración de
responsabilidades en las órdenes ilegales, independientes de la cadena de
mando.
Es preciso dotar a las FAS de mecanismos de
supervisión democrática y de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Los servicios de información y espionaje deben ser
sometidos al escrutinio soberano. Las escuchas, vigilancias, seguimientos o
intromisiones en la privacidad de todo orden deben ser autorizados por la ley y
supervisados por el poder judicial.
Es preciso revisar el Código de Justicia Militar para
purgarlo de todos los delitos que no sean específicamente militares, cometidos
por sus componentes. Debe eliminarse el sistema procesal militar para
encuadrarlo en un sistema único de Justicia, salvo en los casos de guerra,
garantizando entonces la independencia del tribunal.
Las violaciones de derechos humanos cometidas por los
miembros de las FAS deben excluirse de la jurisdicción militar.
El Régimen Disciplinario de las FAS debe revisarse
para definir con precisión lo que constituye el concepto de disciplina y,
consiguientemente, qué se considera lícito establecer como limitaciones a los
derechos civiles de los militares.
Debe dotarse a las FAS de sistemas que garanticen su
absoluta transparencia; es necesario terminar con la utilización de la ley de
secretos oficiales como tapadera para encubrir los abusos, la corrupción y las
prácticas antidemocráticas.
Las asociaciones militares deben contar con capacidad
reconocida y efectiva de defensa de los intereses profesionales de sus
componentes.
Los valores democráticos deben ser asumidos por las
FAS como cauce de expresión de la soberanía popular.
Las FAS tienen que ser purgadas de los elementos
simbólicos e ideológicos de la tradición franquista.
La diversidad en todos los órdenes (étnica, de
nacionalidad, de identidad afectivo-sexual, etc.) debe ser explícitamente
reconocida y aceptada como enriquecedora del colectivo.
El pueblo español tiene que despertarse ya del
profundo letargo inducido por tantos años de mediocridad interesada y de
ocultación sistemática. Los ciudadanos y ciudadanas tienen que abandonar sus
actitudes conformistas y de defensa de sus pequeños intereses más inmediatos,
en la conciencia de que vienen tiempos difíciles y que solo la solidaridad y el
esfuerzo conjunto pueden ofrecer soluciones a largo plazo que satisfagan las
verdaderas necesidades de la mayoría.
La
sociedad civil tiene que rearmarse moralmente, denunciando los abusos del poder
por todas las vías posibles y exigiendo un proceso constituyente hacia una
verdadera democracia social, participativa, transparente y fraternal, sin
inhibiciones ante el mito de la fuerza represiva. Los profesionales de las
Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad van a entender este clamor
legítimo e imparable y no van a suponer un obstáculo añadido a los innumerables
ya existentes.
¡Basta de políticas al servicio de los poderosos!
¡No a las alianzas militares!
¡Respeto a la soberanía popular!
¡Por un proceso constituyente hacia la Tercera
República Federal!
Colectivo Anemoi.