El 1% más rico de la población
mundial, acaparó el 82% de la riqueza generada el año pasado
<< ¿Cuáles son, en términos
generales, los síntomas distintivos de una situación revolucionaria? Estamos
seguros de no equivocarnos cuando señalamos los siguientes tres síntomas
principales: 1) cuando es imposible para las clases gobernantes mantener su
dominación, ante una crisis en una u otra forma entre las “clases
altas”; una crisis en la política de la clase dominante, que abre una hendidura
por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas.
Para que estalle la revolución no basta, por lo general, que los de abajo no
quieran seguir viviendo como antes, sino que también es necesario que “los de arriba no puedan vivir como
hasta entonces”; 2) cuando los sufrimientos y las necesidades de las clases
oprimidas se han hecho más agudos que habitualmente; 3) cuando como
consecuencia de las causas mencionadas, hay una considerable intensificación de
la actividad de las masas, las cuales en tiempos “pacíficos” se dejan expoliar
sin quejas , pero en tiempos agitados son impulsadas, tanto por todas las
circunstancias de las crisis como por las mismas “clases altas”, a la acción
histórica independiente transformadora de la realidad.
Sin estos cambios objetivos que son independientes de la voluntad, no sólo de determinados grupos o partidos sino también de determinadas clases, una revolución es, por regla general, imposible. El conjunto de estos cambios objetivos es, precisamente, lo que se llama situación revolucionaria. Tal situación existió en Rusia en 1905 y en todos los períodos revolucionarios en Occidente; también existió en la década de los sesenta el pasado siglo [XVIII] en Alemania, y en Rusia en 1859-1861 y 1879-1880, sin que se produjeran revoluciones en esos momentos. ¿Por qué? Porque la revolución no se produce en cualquier situación revolucionaria; se produce sólo ante una situación donde los cambios objetivos citados son acompañados por un cambio subjetivo [en la conciencia de los explotados] como es la habilidad de la clase revolucionaria para realizar acciones revolucionarias de masas suficientemente fuertes como para desbaratar (o dislocar) el viejo gobierno, que jamás “caerá” si no se lo “hace caer”>> (V. I. Lenin: “La bancarrota de la IIª Internacional” Ed. “Akal”/1977. Obras Completas. Tomo XXII Pp. 310. Escrito entre la segunda quincena de mayo y la primera de junio en 1915. Lo entre corchetes y el subrayado nuestros).
22/01/2018
En el
marco del Foro Económico Mundial en Davos, que reúne de nuevo en Suiza a las
élites políticas y empresariales, Oxfam —Oxfam Intermón en España— publica hoy
el informe “Premiar el trabajo, no la riqueza”, en el que
denuncia que el 82% de la riqueza mundial generada durante el pasado año
2017, fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial,
mientras que el 50% más pobre —3.700 millones de personas— no se benefició lo
más mínimo de dicho crecimiento. En España, este reparto siguió la misma
tendencia: el 1% más rico acaparó el 40% de la riqueza creada mientras
que el 50% más pobre apenas consiguió repartirse un 7%.
Premiar el trabajo, no la riqueza muestra con detalle cómo la
economía mundial posibilita que los más ricos sigan acumulando vastas fortunas,
mientras que cientos de millones de personas deben luchar cada día para sobrevivir
con salarios de pobreza mínimos alimentando la actual crisis de desigualdad
global. Así, entre 2006 y 2015, la riqueza de esta élite económica ha
crecido en un promedio del 13% al año; seis veces más rápido que los
salarios de las personas trabajadoras que apenas han aumentado de media anual
en un 2%.
Entre
marzo de 2016 y marzo de 2017 se produjo el mayor aumento de la historia en el
número de personas cuyas fortunas superan los mil millones de dólares, con un
nuevo milmillonario cada dos días. Dentro de nuestras fronteras, en el
último año 4 nuevos multimillonarios españoles entraron a formar
parte de la lista creada por la revista Forbes. Hoy ya son 25.
La tendencia de esta concentración de
la riqueza en pocas manos es similar en otros rincones del planeta. En América
Latina y el Caribe, en 2017 el 10% más rico de la población concentraba el 68%
de la riqueza total, mientras que el 50% más pobre solo accedía al 3.5%.
"El
boom de los milmillonarios no es signo de una economía próspera, sino un
síntoma del fracaso del sistema económico. Se explota a las personas que
fabrican nuestras ropas, ensamblan nuestros teléfonos y cultivan los alimentos
que consumimos para garantizar un suministro constante de productos baratos,
así como para engrosar los beneficios de las grandes empresas y sus adinerados
inversionistas”, lamenta el director general de Oxfam Intermón, José María Vera.
Cuatro veces
más para los más ricos
La organización también pública un
informe para España “¿Realidad o ficción? La recuperación económica, en
manos de una minoría”. De acuerdo con el mismo, la desigualdad hace que
la recuperación económica no llegue a todas las personas por igual. En términos
de renta, la recuperación ha favorecido 4 veces más a los más ricos que
a los más pobres. Entre 2013 y 2015, 29 de cada 100 euros provenientes del
crecimiento económico fueron a parar al 10% con rentas más altas, mientras que
sólo 8 han terminado en manos del 10% más pobre.
El
elemento fundamental de la persistencia de esta desigualdad, tanto en el mundo
como en España, es el desigual reparto en las ganancias de la actividad
económica, que persisten en caer a manos de los dueños de capital a costa de la
precarización del mercado laboral, donde los salarios y las condiciones
laborales cada vez son peores. Por ejemplo, incrementar la retribución media de
los 2,5 millones de personas trabajadoras en
la industria textil de Vietnam hasta alcanzar un sueldo digno,
supondría 2.200 millones de dólares. Esta cifra equivaldría a un tercio de lo
que se pagó en dividendos a los accionistas de las cinco mayores empresas del
sector textil en 2016.
En
España, los beneficios empresariales crecieron en 2016 un 200,7%
respecto de 2015 y, con ellos, el reparto de dividendos mientras que el coste
laboral por trabajador se mantiene estancado desde 2012.
“Muchas más horas de trabajo por menos dinero”
Pero
esa desigualdad también está presente entre las retribuciones de las personas
trabajadoras y los directivos. Los directores generales de cualquiera de las
cinco principales marcas de moda del mundo ganan en tan solo cuatro días lo
mismo que una trabajadora del sector textil de Bangladesh durante toda su vida.
En España, una persona trabajadora que cobre el Salario Mínimo Interprofesional
—SMI— debe trabajar 71 años para lograr el mismo sueldo que
obtienen quienes se sitúan en el tramo más alto.
El
mercado laboral se ha precarizado dentro de nuestras fronteras, como explica el
estudio, principalmente por el desempleo y la reducción de la negociación
colectiva, que ha permitido a los empresarios bajar unilateralmente los
salarios. Así, las retribuciones más bajas se han reducido un 15 %,
mientras que los sueldos correspondientes al tramo con salarios más altos ha
crecido un 15,18%, desde 2008 hasta 2016.
Asimismo,
hay una tendencia de las compañías a externalizar servicios a través de las
empresas multiservicios o subcontrataciones, una variable que amenaza con
precarizar aún más el mercado de trabajo. Una persona asalariada contratada por
este tipo de compañías cobra, de media, un 31% menos de lo que recibe
otro acogido a su convenio colectivo sectorial.
El
conjunto de estas dinámicas ha provocado en todo el mundo que un porcentaje
significativo de la población trabajadora no pueda llevar una vida digna. En
América Latina y el Caribe, el 16% de los trabajadores asalariados y el 28% de
los trabajadores por cuenta propia se encuentran en situación de pobreza. En
España, el 13,7% del total de la población ocupada son trabajadoras
pobres. Como Dolores Espinosa, guardia de seguridad subcontratada por un
ayuntamiento. Hace seis meses que tanto ella como sus compañeros no reciben su
sueldo pero no pueden acceder a ayudas públicas porque tienen nómina.
“Después
de la reforma laboral de 2012 tuvimos un nuevo convenio de empresa. De ganar
con pluses unos 1.000 euros, se bajó el salario a unos 600, y de trabajar 162
horas al mes se pasaba a 185: muchas más horas por menos dinero. Con 600 euros
no puedes pagar la luz, el alquiler y mantener a tu familia. Mi hijo ha tenido
que faltar una semana al instituto porque no tenía para pagar el bono del
tranvía”, explica Dolores.
Las mujeres
y los jóvenes pagan especialmente la factura de la desigualdad
Uno de
los aspectos más alarmantes del informe es que denuncia que son las mujeres y
jóvenes, quienes más sufren las consecuencias de esta desigualdad. Las
trabajadoras son quienes se encuentran en la base de esta pirámide económica:
ellas ganan menos que los hombres y están sobrerrepresentadas en los empleos
peor remunerados y más precarios. La brecha salarial entre hombres y mujeres en
el mundo es del 23%. En España asciende al 20%. Por contra, 9 de cada 10
milmillonarios en el mundo son hombres.
Pero,
además, las mujeres son las principales afectadas por contratos a tiempo
parcial y temporales. El mercado de trabajo español penaliza con fuerza a la
mano de obra femenina: el 73,9% de la población trabajadora que recibe
los sueldos más bajos son mujeres. Sin embargo, dentro del grupo de las
personas trabajadoras con retribuciones más altas, ellas sólo representan el
34,5%.
"Hemos
hablado con mujeres de todo el mundo cuyas vidas están marcadas por la
desigualdad. Como, por ejemplo, las mujeres que trabajan en fábricas textiles
vietnamitas, lejos de sus hogares y sin ver a sus hijos durante meses, a cambio
de salarios de pobreza. O como las que trabajan en la industria avícola de los
Estados Unidos, obligadas a llevar pañales porque no tienen descansos
para ir al servicio. Terminar con la desigualdad extrema no será posible si no
se acaba con la desigualdad de género”, sentencia Vera.
Asimismo,
el futuro de los jóvenes, según muestra el documento, es totalmente incierto.
Además de sufrir las consecuencias de empleos precarios, temporales, parciales
y mal pagados, no cuentan con unas perspectivas a futuro que les permita ser
positivos respecto a su vida laboral e igualdad de oportunidades. El salario
anual obtenido por un joven de 26 años que accede por primera vez a un empleo
es hoy un 33% inferior al ganado en 2008, con mayor temporalidad y
trabajo parcial.
El injusto
sistema fiscal, aliado de la desigualdad
El
informe también identifica como un claro aliado para alimentar la actual crisis
de desigualdad es el injusto sistema fiscal, con una tendencia mundial a
reducir la fiscalidad de las grandes compañías y de las grandes fortunas a costa de mantener las políticas públicas
con las aportaciones de las familias y las personas asalariadas. El 0,01% de
los más ricos del mundo evaden 120.000 millones de dólares.
Sólo en
España, se calcula que las grandes fortunas ocultan una riqueza equivalente al
12% del Producto Interior Bruto –PIB- en paraísos fiscales. En
España, se recauda poco y de manera injusta, ya que los más pobres soportan un
peso desproporcionado de los impuestos, sobre todo indirectos, y perciben
muchas menos transferencias sociales. De hecho, mientras que el 83% de la
recaudación vino del IVA y del IRPF en España, es decir, de las familias, el
impuesto de sociedades solo recaudó el 12%.
Sin
embargo, el 20,4% de las transferencias públicas fueron a parar al 10% más rico
de la población mientras que el 10% más pobre sólo recibió el 4% del total de
gasto. “Es una cuestión de voluntad política que los gobiernos acaben con esta
situación. Deberían garantizar que los más ricos paguen los impuestos que les
corresponden y lograr combatir la creciente evasión y elusión fiscal. Deben
utilizar la recaudación y el gasto para redistribuir la riqueza y disminuir los
niveles inaceptables de desigualdad”, según Vera.
Plan de Reducción de la Desigualdad
“Ante
este alarmante escenario pedimos a las élites políticas y económicas que
estarán esta semana en Davos que desempeñen un papel fundamental en la creación
de una economía más humana, ya que mientras nuestras economías prioricen la
riqueza de una minoría en detrimento del trabajo decente para toda la
ciudadanía, la crisis de desigualdad persistirá”, apunta el director de la
organización.
Para
poder llevar a cabo este cambio, Oxfam Intermón pide al Gobierno español y a
los grupos parlamentarios que establezcan un Plan Nacional de reducción de
Desigualdad que garantice, entre otras mejoras, un empleo y salarios dignos con
la propuesta de incrementar el SMI en 1.000 euros mensuales en 2020.
Asimismo, para garantizar una mayor equidad retributiva, solicita establecer
una escala de 1:20, entre el salario más alto y el mínimo dentro de una
empresa y evitar la sub-contratación como una herramienta para reducir costes
salarias. Además, el Plan tiene que garantizar una fiscalidad progresiva. Para
conseguirlo, la organización pide una ley contra la evasión y la elusión
fiscal.
“Sin Trato no hay Contrato”
Oxfam Intermón recuerda también el
papel imprescindible que juega la ciudadanía en la lucha contra la desigualdad.
En este sentido, la organización ha puesto en marcha la campaña “Sin
Trato no hay Contrato”. Con ella, pretende
movilizar a la sociedad para exigir al Gobierno español que acabe con la
precariedad laboral.
"Las personas están listas para
un cambio. Quieren que los trabajadores y trabajadoras reciban un salario
digno, que las grandes empresas y los más ricos paguen más impuestos, que las
mujeres trabajadoras disfruten de los mismos derechos que los hombres
trabajadores, y que se impongan límites al poder y la riqueza en manos de unos
pocos. Quieren ver acciones", concluye.
Materiales:
Materiales
audiovisuales:
Notas:
Así las cosas, cabe inducir que la propiedad privada sobre los medios de producción
y el dinero bancario, han sido los dos principios activos del capitalismo que dieron pábulo a la
competencia interburguesa por disputarse la explotación de trabajo ajeno para
fines gananciales.
Pero si como es cierto y verdad que
todo principio activo mueve a
la realización de un fin, teniendo en cuenta que la finalidad del capitalismo
es la acumulación de ganancia económica explotando trabajo ajeno cada vez más
productivo, ocurrió contradictoriamente
que la creciente productividad del trabajo asalariado sólo ha sido posible a
instancias de medios materiales
técnicos cada vez más eficaces sustitutos
de trabajo humano —única fuerza esta última creadora de valor económico—, dado que tales instrumentos se limitan a trasladar su costo de
mercado al producto, en
forma de amortización por desgaste.
O sea, que no generan ganancia
ninguna.
Por
lo tanto, la tendencia objetiva
del movimiento que ha generado la
combinación entre la propiedad privada y la competencia intercapitalista,
ambos principios activos han ido en dirección inevitable hacia el automatismo científico-técnico
como sustituto de trabajo humano por
máquinas en las distintas ramas de la producción; un hecho que históricamente
ha venido aproximando el capitalismo hacia el fin de su existencia. Y el caso
es que hoy día, esa tendencia es ya casi una realidad actual que no permanece a
la espera de ningún futuro próximo. Porque la creciente automatización técnica de la producción, determina
que la ganancia creciente capitalista remita
con tendencia inevitable a desaparecer. Y es que la sustitución de
puestos de trabajo humano por maquinaria no solo reduce la ganancia capitalista,
sino que siembra la exclusión social profunda entre
los sectores mayoritarios de la sociedad cada vez más más numerosos y
desfavorecidos, un fenómeno que así, de haber sido una excepción durante las
precedentes recesiones económicas periódicas, ha pasado cada vez más a ser la
norma.
GPM.
Sin
ganancias que superen con creces el costo en salarios para producirlas, el
capitalismo deja de funcionar
Sí. Como hemos dejado dicho ya, la propiedad privada sobre los medios de producción y el dinero
bancario, la consecuente competencia
entre sus propietarios son los dos principios
activos del capitalismo, que han venido impulsado la productividad en
la producción de riqueza para fines de acumular capital. Principio activo es
todo aquello que mueve a la realización de un fin, y la finalidad del
movimiento social que hace al capitalismo, es la acumulación de ganancia
económica explotando trabajo ajeno. Pero contradictoriamente, ese movimiento sustituye trabajo asalariado
—única fuerza creadora de valor
económico en forma de ganancia—, por medios técnicos cada vez más
eficaces que, contablemente, se limitan
a trasladar su costo de mercado al producto, en forma de amortización por desgaste. O sea, que no generan
ganancia ninguna. Así las cosas, la tendencia
objetiva del movimiento que genera la combinación entre la propiedad
privada y la competencia intercapitalista, ambos principios activos han ido en
dirección inevitable hacia el automatismo
científico-técnico como sustituto
de trabajo humano por máquinas en las distintas ramas de la producción;
un hecho que ha venido aproximando el capitalismo hacia el fin de su
existencia.
Y el caso es que hoy día, esa tendencia es ya casi una
realidad actual que no permanece a la espera de ningún futuro próximo, porque
la creciente automatización de la producción determina que la ganancia
creciente capitalista remita con
tendencia inevitable a desaparecer. Y es que la pérdida de puestos de
trabajo no solo reduce la ganancia, sino que siembra la exclusión
social profunda entre los sectores mayoritarios de la sociedad
explotados, cada vez más más numerosos y desfavorecidos, un fenómeno que así,
de haber sido una excepción durante las precedentes recesiones económicas
periódicas, ha pasado cada vez más a ser la norma. Pero los intelectuales
pequeñoburgueses —férreamente aquerenciados en el sistema capitalista entendido
por ellos como el non plus ultra eterno de la convivencia humana—, se
inventaron eso de la Renta Básica Universal a la que definieron como “el
derecho de todo ciudadano y residente acreditado, a percibir una cantidad
periódica que cubra, al menos, sus necesidades vitales sin que por ello deba
contraprestación alguna”. Sin pararse a pensar que la producción
acumulativa de ganancia, llega inevitablemente a ser históricamente
incompatible con el principio activo de la competencia entre propietarios de
los medios de producción.
Bajo tales condiciones económicas
terminales deletéreas
del capitalismo, descritas aquí, cabe preguntarse ¿de dónde los distintos
Estados nacionales podrán obtener los medios, para financiar la tan cacareada
Renta Básica Universal, si no es engrosando sine die la deuda pública por falta
de recursos materiales genuinos que respalden la emisión monetaria? Y ya
sabemos lo que sucede cuando la economía capitalista se prolonga a caballo de
semejante alternativa. Cuando Lehman Brothers estalló en 2008 anunciando la
última recesión económica todavía no superada, la deuda financiera de los
principales Estados nacionales de Occidente había crecido hasta alcanzar los 59
billones de dólares. Cuatro años después alcanzó los 67 billones y en 2014
llegó a los 65. Todo parece indicar que vamos hacia otra debacle
financiera como parte constitutiva del inevitable proceso hacia un cambio revolucionario del
sistema, que acabará para siempre con la explotación del trabajo asalariado. En
medio de semejante situación, la pequeñoburguesía intelectual que, a cambio de
promocionar la presunta eternidad del capitalismo ha venido sobreviviendo
cómodamente a expensas de las dádivas del sistema en condiciones favorables,
ahora no sabe cómo explicar que las noxas sociales
de la presente recesión económica se prolonguen. Un significativo ejemplo de
esta desorientación, es el trabajo titulado “Crisis
y fractura en Europa”, que un conjunto de profesionales en la materia han
elaborado para la Obra
Social de La Caisha, publicado en 2012 y que nosotros a
continuación reproducimos aquí, solicitando prestar especial atención a los
pasajes del texto subrayados:
<<INTRODUCCIÓN.
La
intensa crisis económica de alcance internacional, originada en el ámbito de
las finanzas está teniendo un gran impacto en las economías nacionales. Entre
las consecuencias más directas debemos citar el descenso de la actividad
económica, el declive de las inversiones y el consumo, además de una fuerte
caída del empleo en la mayoría de los países. Nos enfrentamos a una crisis de
carácter global porque está afectando, de un modo u otro, a todos los países, pero
también porque incide en muchas esferas de la vida, no solo la financiera y
económica, sino en el espacio social y en el mundo de las ideas y los valores.
Este carácter global y su prolongada duración suponen una evidente amenaza para
la cohesión social.
Dada
la magnitud de esta crisis, la multiplicidad de análisis y debates han
trascendido la esfera política y académica extendiéndose a la opinión pública a
través de los medios de comunicación. Ello permite el seguimiento de la crisis
a una ciudadanía atenta a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB), los
niveles de déficit y gasto, la prima de riesgo y las evaluaciones que las
agencias de rating realizan sobre entidades financieras, empresas o estados. De
este modo, despertamos cada mañana con información cambiante sobre el estado de
las bolsas, la situación de las economías más frágiles o los nuevos paquetes de
reforma emprendidos por los gobiernos. Paradójicamente, esta proliferación de
información económica convive con una escasa presencia de información y
discusión política sobre las consecuencias sociales de la crisis.
La
destrucción de empleo ha traído consigo la preocupación por el grandísimo
incremento de las cifras de personas desempleadas en algunos países que, debido
a su magnitud, son en sí mismas una muestra inapelable de la fractura social en
Europa, de la gravedad de los efectos sociales de la crisis. Sin embargo, la
tasa de desempleo resulta insuficiente para mostrar los efectos de la falta de
ingresos por trabajo en las condiciones de vida de las personas y sus hogares.
El desempleo, al igual que el empleo, se distribuye de manera desigual entre la
población, por lo que existen determinados grupos sociales con una mayor
probabilidad de verse afectados en función del sector económico en el que
trabajaban, el carácter de la contratación o el grado de cualificación. Del
mismo modo que los efectos de esta crisis están siendo más intensos en algunos
grupos poblacionales determinados por el sexo, la edad o la pertenencia a
minoría étnica. También sabemos que el desempleo no tiene una relación directa
con la pobreza y la exclusión social. La respuesta de los sistemas de
protección social a través de las prestaciones de desempleo y las pensiones,
por un lado, y la protección familiar, por otro, están amortiguando los efectos
de la destrucción de empleo en Europa. Sin embargo, hay personas que quedan al
margen de esta protección o la han agotado debido a su prolongada situación en
desempleo. Por este motivo, dentro del desempleo existen casos, cada vez más
numerosos, en los que la falta de ingresos por trabajo y la ausencia de otros
mecanismos de protección provocan situaciones de pobreza y privación económica
que, a su vez, se traducen en falta de acceso a bienes básicos, dificultades en
el mantenimiento de la vivienda y otro tipo de problemas.
No
es la primera vez que las ciencias sociales se enfrentan al estudio del impacto
social de las crisis económicas. El crac del 29 o las reconversiones industriales
originadas por la crisis del petróleo en los setenta provocaron un aumento de
la pobreza y amenazaron seriamente la cohesión social. Por ello sabemos que,
incluso una vez superadas las etapas de recesión económica, los efectos
perduran y que determinados fenómenos alcanzan carácter estructural: personas
expulsadas para siempre del mercado laboral, generaciones de jóvenes perdidas,
proliferación de conductas anómicas
—consumo de drogas, alcoholismo, etc.—, deterioro de la salud mental o fractura
de las relaciones familiares.
Es
cierto que la sensibilidad social hacia las graves consecuencias de la crisis
actual ha provocado una explosión de reacciones críticas y de protesta a lo
largo y ancho del territorio físico y virtual, que alertan tanto sobre los
efectos de la misma como sobre las medidas de ajuste. Entre estas reacciones,
las entidades de acción social fueron las que denunciaron con bastante
celeridad el impacto de la crisis, en la demanda de atención y cobertura de
necesidades básicas ante la lentitud y limitación de los sistemas públicos de
res-puesta a las situaciones urgentes.
Sin
embargo, y a pesar de la alarma social, los instrumentos disponibles en cada
país para el seguimiento del impacto social de la crisis son escasos. Están
mejor desarrollados los indicadores relacionados con el empleo y los salarios, también
los que recogen razonablemente la respuesta de los sistemas de protección
social —pensiones y prestaciones sociales—. Por el contrario, los indicadores
que señalan los efectos sociales de la crisis tienen poca capacidad
comparativa. Tan solo la Labour Force Survey (EU-LFS) nos proporciona un
indicador coyuntural muy aproximativo de los hogares que carecen de ingresos —en
los que no hay personas ocupadas ni tienen pensiones o protección por desempleo—.
La Encuesta Europea de condiciones de Vida, con la que se puede hacer un
acercamiento a la medición de la pobreza y las privaciones, tiene una
periodicidad anual y recoge los ingresos del año anterior. En consecuencia, a
pesar del esfuerzo realizado para adelantar los primeros resultados, los datos
llegan tarde para informar las decisiones políticas, sobre todo cuando los
procesos avanzan y los acontecimientos se suceden con una extraordinaria
rapidez como está ocurriendo en esta crisis. En los informes de la comisión
Europea y del comité de Protección Social se ha reconocido que los indicadores
«no son suficientemente reactivos en un contexto de cambio rápido» (comisión
Europea, 2009). Su propio informe, que trata de analizar el impacto social, es
un buen ejemplo del desequilibrio en cuanto al conocimiento disponible en estos
ámbitos: en realidad de lo que habla más es del impacto en el empleo y de
las consecuencias para los distintos sistemas de protección social. Los cambios
en las condiciones de vida de la población están prácticamente ausentes y la
evolución de los fenómenos de pobreza y de exclusión social se mantienen en
parte desconocidos.
El
presente trabajo de investigación analiza el impacto social de la crisis
partiendo de una perspectiva multidimensional que tenga en cuenta los
diferentes procesos de exclusión social que se producen en el ámbito
estructural, institucional e individual-familiar en varios países europeos. De
hecho, este estudio parte de la hipótesis de que las características diferenciadas
de los mercados laborales, las políticas sociales y el tejido social dan lugar
a procesos de exclusión diferentes en cada país.
En
el campo de las ciencias sociales y especialmente en el estudio de las políticas
sociales, es frecuente recurrir a la comparación internacional para entender la
complejidad de los diversos modelos. Factores económicos, sociales, culturales
e ideológicos resultan claves para explicar el desarrollo de los distintos
modelos de bienestar en Europa. Por este motivo, dentro de la política social
se ha dedicado un importante esfuerzo al establecimiento de clasificaciones
que, aunque simplifiquen la realidad, resultan de utilidad para el análisis
comparado. Entre ellas, una de las más compartidas ha sido la de Gøsta
Esping-Andersen, quien diferencia tres regímenes de bienestar en Europa (1993):
socialdemócrata, liberal y conservador o corporativista, en función de diversos
factores, además de los ideológicos, tales como la capacidad de protección de
las distintas prestaciones públicas o el papel que asumen los estados en las
funciones de cuidado y atención familiar.
a) Régimen de bienestar
socialdemócrata. Este modelo hace referencia a los sistemas de protección
instaurados en Dinamarca, Suecia o Finlandia. En estos países la tradición de
gobiernos socialdemócratas desde los años cuarenta y cincuenta favoreció la
implantación de sistemas caracterizados por el universalismo de la protección
que han ido manteniéndose gracias a una sólida legitimidad social.
b) Régimen de bienestar liberal. Este
modelo explica la realidad de los países anglosajones como EE. UU., Australia y
el Reino Unido. En estos países, de tradición liberal, el grado de protección
asumido desde el sector público es menor ya que se potenció que los ciudadanos
la consiguieran a través de la familia o el mercado. A diferencia de EE. UU.,
en el Reino Unido se desarrolló un sistema unificado de seguros, un sistema de
salud público y un nivel asistencial que garantiza unos ingresos a aquellas
personas que han demostrado su situación de necesidad y no pueden proveerse la
protección en el mercado.
c) Régimen de bienestar conservador o
corporativista. Este modelo define los sistemas de protección forjados en
países del centro y sur de Europa tales como Francia, Países Bajos, Alemania,
Italia o España. En ellos se fueron implantando sistemas de protección social
basados en la contribución previa de los trabajadores. En este modelo, los
derechos sociales se vinculan a la posición respecto del mercado de trabajo a
lo largo del ciclo vital, por ello la cuantía y la duración de las prestaciones
se establecen en función de las aportaciones de cada trabajador. Las
especificidades de los sistemas de protección de los países del sur de Europa,
como Italia, España o Grecia, han llevado a varios autores a hablar de un
modelo de bienestar mediterráneo o católico diferente del corporativista, con
un alto componente familista (Ferrera, 1996; Sarasa y Moreno, 1995). En
estos países, la protección contributiva aparece más fragmentada en diversos
niveles y con complementos asistenciales.
Esta
clasificación sigue contando con un elevado respaldo en el campo de los
análisis comparados en política social y, por su utilidad y vigencia, se ha
utilizado como referencia en este trabajo, con la finalidad de analizar el
impacto de la actual crisis de manera comparada en cada modelo de bienestar se
han seleccionado cuatro países: Reino Unido, Francia, Dinamarca y España, que
representan cada uno de los modelos de Estado de bienestar de la clasificación
de Gosta Esping-Andersen. Dinamarca encarna el modelo socialdemócrata; Reino
Unido como prototipo de país liberal; Francia, el régimen
corporativista-conservador; y España, aparte del interés en analizar nuestra realidad,
como representante de un país mediterráneo. Estos países muestran una clara
diversidad respecto al impacto de la crisis, así como en la orientación
introducida en la reforma de las políticas sociales.
Esta
comparación entre modelos se ha aplicado en cada uno de los análisis que se
realizan en este trabajo con el objetivo de ubicar la realidad del caso español
en el mapa de la diversidad de modelos sociales europeos. Para ello se ha
contado con las fuentes de datos europeas (Eurostat) y con el análisis directo
de fuentes de datos nacionales realizados e interpretados por tres
investigadoras pertenecientes a universidades y centros de investigación de
Dinamarca, Francia y el Reino Unido.
El
trabajo se estructura en cinco capítulos que tratan de abordar algunas de las líneas
de estudio consideradas relevantes. En el primer capítulo se realiza una
revisión de los distintos estudios surgidos en fechas recientes acerca del
impacto social de la crisis con el propósito de establecer el marco
analítico del presente estudio comparado. El segundo capítulo analiza el comportamiento
de los mercados laborales en el período de crisis y los fenómenos de desempleo
y precarización del empleo identificando los colectivos más afectados por
dichos procesos. El tercer capítulo se centra en la evolución de las
desigualdades sociales, especialmente en el seguimiento de la pobreza y de la
pobreza extrema en cada territorio. El cuarto capítulo se dedica al estudio de
la exclusión social, mediante un planteamiento multidimensional que permite
identificar distintos procesos de pérdida de integración social en las
condiciones de vida de los hogares más afectados por la crisis.
Paralelamente, se lleva a cabo un análisis de las estrategias que, en este
contexto de dificultad, estos hogares desarrollan día a día; consisten en
combinaciones de acceso a recursos públicos, apoyos familiares e incremento de
actividades laborales. La ausencia de estrategias conlleva la desprotección
y el empeoramiento de las condiciones de vida. Por último, el quinto
capítulo explora la evolución de las políticas de bienestar en el actual
contexto de crisis en los cuatro escenarios analizados.
I. EL IMPACTO SOCIAL DE LA CRISIS:
¿QUÉ SABEMOS?
Comenzamos
este trabajo realizando una revisión de los diferentes informes, estudios o
evaluaciones surgidos sobre el impacto social de la crisis en Europa. Dada la
proliferación de trabajos publicados en lo que llevamos de crisis, el objeto de
esta revisión no ambiciona, ni mucho menos, compilar ni abarcar su totalidad,
sino que la aspiración es configurar un mapa de la diversidad de ámbitos que
están siendo objeto de preocupación en relación con el impacto social de la
crisis. La idea es conformar un marco analítico en el que ubicar los distintos
estudios comparados sobre los efectos sociales de la crisis que forman parte de
esta publicación. La revisión de los estudios se ha estructurado en torno a
algunos grandes ámbitos de interés social: empleo y mercado laboral,
condiciones de vida, vivienda, relaciones sociales, educación, salud y
políticas sociales.
I.1.
SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LOS MERCADOS LABORALES.
Fenómenos
como la flexibilización, la deslocalización, el deterioro de las rentas del
trabajo, el retroceso en la evolución de los salarios reales y, en general,
el aumento de la desigualdad que todo ello causa, anteceden a la crisis;
sin embargo, esta supone hoy una clara amenaza para los avances laborales
logrados (Vaughan-Whitehead, 2011).
En
los inicios de la crisis, una de cada tres personas paradas en Europa era
desempleada de larga duración pues hacía más de un año que se encontraba en esa
situación. Gran parte de los despidos iniciales correspondieron al personal
poco cualificado de las empresas manufactureras (ibídem). Al mismo tiempo, la
extensión de bajas remuneraciones, rebajas de los salarios asociadas a recortes
en la jornada de trabajo o reorganizaciones internas como alternativa a los
despidos o a la congelación del salario insertan a un número cada vez mayor de
personas en el espacio de la pobreza y la exclusión social.
La
destrucción de empleo ha traído consigo la preocupación por el grandísimo
incremento de las cifras de personas desempleadas en algunos países que, debido
a su magnitud, son en sí mismas una muestra inapelable de la gravedad de los
efectos sociales de la crisis. Sin embargo, la tasa de desempleo resulta
insuficiente para mostrar los efectos de la falta de ingresos por trabajo en
las condiciones de vida de las personas y sus hogares. El desempleo, al igual
que el empleo, se distribuye de manera desigual entre la población, por lo que
existen determinados grupos sociales con una mayor probabilidad de verse
afectados en función del sector económico en el que trabajaban, el carácter de
la contratación o el grado de cualificación. Del mismo modo que los efectos de
esta crisis están siendo más intensos en algunos grupos poblacionales
determinados por el sexo, la edad o la pertenencia a minoría étnica. También
sabemos que el desempleo no tiene una relación directa con la pobreza y la exclusión social.
La respuesta de los sistemas de protección social a través de las prestaciones
de desempleo y las pensiones, por un lado, y la protección familiar, por otro,
están amortiguando los efectos de la destrucción de empleo en Europa. Sin
embargo, hay personas que quedan al margen de esta protección o la han agotado
debido a su prolongada situación en desempleo. Por este motivo, dentro del
desempleo existen casos, cada vez más numerosos, en los que la falta de
ingresos por trabajo y la ausencia de otros mecanismos de protección provocan
situaciones de pobreza y privación económica que, a su vez, se traducen en
falta de acceso a bienes básicos, dificultades en el mantenimiento de la
vivienda y otro tipo de problemas.
No es la
primera vez que las ciencias sociales se enfrentan al estudio del impacto
social de las crisis económicas. El crac del 29 o las reconversiones
industriales originadas por la crisis del petróleo en los años setenta
provocaron un aumento de la pobreza y amenazaron seriamente la cohesión social.
Por ello sabemos que, incluso una vez superadas las etapas de recesión
económica, los efectos perduran y determinados fenómenos alcanzan carácter
estructural: personas expulsadas para siempre del mercado laboral, generaciones
de jóvenes perdidas, proliferación de conductas anómicas —consumo de drogas,
alcoholismo, etc.—, deterioro de la salud mental o fractura de las relaciones
familiares.
Es cierto
que la sensibilidad social hacia las graves consecuencias de la crisis actual
ha provocado una explosión de reacciones críticas y de protesta a lo largo y
ancho del territorio físico y virtual, que alertan tanto sobre los efectos de
la misma como sobre las medidas de ajuste. Entre estas reacciones, las
entidades de acción social fueron las que denunciaron con bastante celeridad el
impacto de la crisis en la demanda de atención y cobertura de necesidades
básicas ante la lentitud y limitación de los sistemas públicos de respuesta a
las situaciones urgentes.
Sin
embargo, y a pesar de la alarma social, los instrumentos disponibles en cada
país para el seguimiento del impacto social de la crisis son escasos. Están
mejor desarrollados los indicadores relacionados con el empleo y los salarios,
y los que recogen razonablemente la respuesta de los sistemas de protección
social —pensiones y prestaciones sociales—. Por el contrario, los indicadores
que señalan los efectos sociales de la crisis tienen poca capacidad
comparativa. Tan solo la Labour Force Survey (EU-LFS) nos proporciona un
indicador coyuntural muy aproximativo de los hogares que carecen de ingresos —en
los que no hay personas ocupadas ni tienen pensiones o protección por desempleo—.
La Encuesta Europea de Condiciones de Vida, con la que se puede hacer un
acercamiento a la medición de la pobreza y las privaciones, tiene una
periodicidad anual y recoge los ingresos del año anterior. En consecuencia, a
pesar del esfuerzo realizado para adelantar los primeros resultados, los datos
llegan tarde para informar las decisiones políticas, sobre todo cuando los
procesos avanzan y los acontecimientos se suceden con una extraordinaria
rapidez como está ocurriendo en esta crisis. En los informes de la Comisión
Europea y del Comité de Protección Social se ha reconocido que los indicadores
«no son suficientemente reactivos en un contexto de cambio rápido» (Comisión
Europea, 2009). Su propio informe, que trata de analizar el impacto social, es
un buen ejemplo del desequilibrio en cuanto al conocimiento disponible en estos
ámbitos: en realidad de lo que habla más es del impacto en el empleo y de
las consecuencias para los distintos sistemas de protección social. Los cambios
en las condiciones de vida de la población están prácticamente ausentes y la
evolución de los fenómenos de pobreza y de exclusión social se mantienen en
parte desconocidos. (….)
Los
ajustes de Francia y España han incrementado la segmentación del mercado
laboral (Dolado y Felgueroso, 2011) al utilizarse los contratos temporales como
amortiguación del empleo, representando en el caso español hasta el 90% de los
puestos de trabajo eliminados (Vaughan-Whitehead, 2011). La flexibilidad
interna del modelo alemán, sostenida sobre la reducción de las jornadas
laborales y la contención salarial (Herzog-Stein et al 2010), ha permitido
inicialmente mantener el empleo, las expectativas laborales, el trabajo
cualificado y ahorrar los costes del desempleo (Fröhlich, 2010). Sin embargo,
ese denominado milagro alemán, apoyado en la financiación pública y el diálogo
social (Vaughan-Whitehead, 2011), esconde jornadas parciales, temporales y unos
salarios ínfimos (Knuth, 2012; Lehndorff, 2012).
En
Dinamarca se reflexiona sobre el modelo de flexiguridad y su pertinencia en la
regulación del empleo y el mercado laboral en momentos de crisis (Tangian, 2010;
Jørgensen, 2011). Suecia ha desarrollado medidas encaminadas al mantenimiento
del empleo juvenil y programas de formación que eviten un aumento del desempleo
a largo plazo. En Italia, el sistema Cassa Integrazione (prestación económica a
personas empleadas en empresas con dificultades) ha contribuido a mitigar el
efecto de la crisis en el desempleo.
La
afección sobre el cuerpo social también es dispar. Si se atiende al género, la
incidencia ha sido desigual. El mercado de trabajo concentró un mayor impacto
en los sectores tradicionalmente masculinos como, por ejemplo, la construcción.
En el resto de los sectores afectados, las mujeres fueron las primeras en ser
despedidas o en experimentar mayores recortes salariales (Vaughan-Whitehead,
2011). Este prematuro impacto ha contribuido a que la proporción de mujeres
desempleadas de larga duración sea extremadamente alta (Maier, 2011). Los
citados recortes salariales y su tradicional inserción en empleos de bajos
salarios (Grimshaw y Rafferty, 2011) impiden eliminar la brecha salarial
existente y ralentizan la eliminación de desigualdades en el mercado laboral
(Sallé y Molpeceres, 2010).
En
cuanto a la edad, la mayoría de los países europeos presentan tasas duplicadas
de desempleo juvenil con respecto al resto de la población activa. Los
incrementos más pronunciados se producen en Estonia, Lituania y Letonia, así
como en Irlanda, Grecia y España (García, 2011; Bell y Blanchflower, 2011). En
el caso de España, la tasa de paro entre las personas menores de 25 años
alcanza ya el 52% (Encuesta de Población Activa, 2012).
Con
respecto a los colectivos minoritarios (inmigrantes, otros grupos étnicos,
etc.), han reproducido el desempleo hipercíclico: las tasas de desempleo crecen
vertiginosamente en épocas de recesión y descienden también de manera rápida en
recuperación (Hogarth et al. 2009). El colectivo inmigrante encarna de manera
ejemplar este proceso. La crisis supone un indiscutible impacto en los
flujos migratorios (Kahanec y Zimmermann, 2010) que tardará en concretarse
debido a la distancia entre las transformaciones económicas y su efecto en los
flujos (triandafyllidou, 2010). El descenso en las llegadas y el incremento
de las partidas es evidente en países como Irlanda, España y el Reino Unido,
donde la inmigración laboral antes de la crisis era elevada (Pajares, 2010).
La condición flexible del colectivo inmigrante en el espacio laboral —en
especial las personas en situación irregular— impulsa políticas destinadas a
vetar el acceso —explícita o implícitamente— como forma de paliar los efectos
en el desempleo. Entre estas medidas se encuentran la reducción de entradas
legales por motivos laborales, obstaculización del reagrupamiento, incremento
de la penalización por entrada ilegal o incentivación del retorno (Felgueroso y
Vázquez, 2009). Es esperable que estas políticas restrictivas se incrementen
ante la permanencia de la crisis (Zincone et al., 2012).
Por
último, es preciso señalar que las realidades descritas pueden tener un
carácter acumulativo que multiplique los efectos. Por ejemplo, una mujer
inmigrante joven podría concentrar gran parte de los impactos descritos
(Harcourt y Woestman, 2010)
I.2. SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LOS HOGARES
Las
transformaciones en el mercado de trabajo [con tendencia a la baja en el empleo] tienen una lógica repercusión en los recursos
económicos disponibles y el consumo de los hogares. El 40% de las personas con
trabajo, predominantemente con contrato no permanente y por cuenta propia,
señalaban sus problemas para llegar a fin de mes (Eurofound, 2012;
Anderson, 2010). Este impacto es extensible a la mayoría de los países
miembros, con las lógicas variaciones nacionales, y provoca una reducción del
consumo en ocio, vestido y calzado, teléfono e internet, gastos indispensables
como la luz o el agua y, por último, en la cesta de la compra.
Este retraimiento
del consumo se produce en todos los sectores sociales pero con diferencias
cuantitativas y cualitativas en los distintos grupos sociales (Laparra y
Pérez, 2011). Los colectivos más vulnerables —jóvenes, minorías, etc—, que ya sufrían un significativo número de privaciones, ahora ni
siquiera pueden cubrir las necesidades más básicas (Mc Dermott y Stephens,
2010). Por ejemplo, la especial incidencia de la crisis en el colectivo de
inmigrantes irregulares sumerge a una parte de ellos en realidades de extrema
necesidad, sobre todo en países del área mediterránea (Engbersen y
Broeders, 2011).
Pero el
efecto del desempleo o la reducción de salarios en los hogares no se
corresponden con realidades similares de crisis anteriores. La intensidad
del ajuste de gasto y el incremento en el nivel deseado del ahorro ha sido
explicado por otros factores como, por ejemplo, el flujo previsto de rentas
futuras (Sastre y Fernández-Sánchez, 2011). Este es significativamente menor
que en épocas de recesión análogas debido a la negativa concurrencia de diversas
variables: situación financiera general, percepción de pobreza, riesgo de
perder el empleo y la vivienda habitual (Gallup, 2010).
Por
último, uno de los únicos aspectos positivos del impacto de la crisis es que el
decrecimiento de la economía y la significativa reducción del consumo en los
hogares —cifrada en torno al 5%— han reducido el consumo energético y
las emisiones de Co2 en la mayoría de los países europeos (Colectivo Ioé,
2011).
I.3. SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS EN EL MERCADO DE LA
VIVIENDA
Un
escenario de tipos de interés bajos llevó a muchas personas a un alto nivel de
endeudamiento. La paulatina subida de los tipos provoca que muchas de estas
personas comiencen a dejar de pagar las cuotas mensuales. Las penalizaciones
por los impagos incrementan las deudas en un escenario en el que el precio de
la vivienda sufre también una gran caída. El resultado es un empeoramiento de
las condiciones de habitabilidad, especialmente en los hogares más vulnerables,
culminando en muchas ocasiones en embargos y desahucios (Babés et al., 2011).
[Como consecuencia de todo esto], la profunda crisis económica y las
medidas de austeridad extienden la pobreza y la exclusión residencial a lo
largo de Europa. Países como Francia, el Reino Unido o Irlanda incrementan las
demandas de vivienda social en un contexto donde los presupuestos nacionales
dedicados a las políticas de vivienda se han reducido nítidamente a la vez que
han aumentado las dificultades para conseguir préstamos hipotecarios
(Pittini y Laino, 2011).
Ante este
conjunto de circunstancias, se articulan diversas estrategias de optimización
de los recursos residenciales desde las redes de apoyo informal. Por ejemplo,
la conformación de hogares en torno a personas con ingresos estables —personas
empleadas, pensionistas, etc—, lo que
transforma notablemente la estructura residencial y puede ocasionar, entre
otros efectos, un incremento de conflictos en los hogares y las personas que
los conforman (Laparra y Pérez, 2011).
I.4. SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LAS CONDUCTAS y
RELACIONES SOCIALES
La
crisis ha acentuado la dimensión conflictiva de la realidad social europea en
múltiples direcciones. Según la denominada teoría de la motivación criminal,
las transformaciones económicas traumáticas impulsarían el desarrollo de
conductas ilegales y criminales. Por ejemplo, en el caso de la violencia de
género, factores como la pobreza y el desempleo son identificados como la
tercera y la cuarta causa más común de esta violencia (Gallup, 2010).
El
potencial incremento de las tensiones se interpreta también en clave
intergeneracional. Así, algunos estudios apuntan la emergencia de una nueva
clase social, compuesta principalmente por jóvenes que no logran un trabajo
digno ni un nivel de vida razonable. En este grupo, denominado el precariado y
caracterizado por la ira, la anomia, la ansiedad y la alienación (Standing,
2011a), se da un elevado grado de precariedad laboral, resultante del
encadenamiento de trabajos temporales, que impide la construcción de
identidades laborales y dificulta el acceso a las prestaciones sociales.
En esta
línea, los acontecimientos del verano de 2011 en el Reino Unido han sido
interpretados como las protestas de un amplio sector de personas excluidas, con
importantes privaciones y atenazadas por el desempleo y los recortes
(Žižek, 2011). Del mismo modo, la juventud congregada la primavera de 2011 en
las principales plazas de sus países —Tahrir, Syntagma, puerta del Sol o plaza
de Catalunya— encarnaría a las personas formadas pero vetadas para entrar en
el mercado laboral (observatorio Metropolitano, 2011). Aunque es
evidente el desencanto general, el estallido social se contiene debido a que
las personas en situación más precaria habitan todavía en el hogar familiar y
están bajo su protección (Dolado y Felgueroso, 2011). Por último, un
importante número de personas ha perdido seguridad material y estatus social e
imputan su situación al colectivo extranjero cuya otredad se ve intensificada en
épocas de dificultades económicas (Cachón, 2009). Todo ello constituye un
caldo de cultivo ideal para formaciones políticas populistas, antiinmigrantes y
antieuropeas, bajo la amenaza de la xenofobia, la discriminación y sus
manifestaciones más violentas (International Labour Organization, 2009).
Por
último, entre 2007 y 2009 se plasma una disminución de la confianza general
en los gobiernos y en la clase política, especialmente en los países más
afectados por la recesión o con mayores niveles de corrupción (Della Porta
y Vannucci, 2007; Jiménez y Villoria, 2012). En consecuencia, los partidos,
tanto socialdemócratas como conservadores, se enfrentan a importantes
transformaciones políticas, junto a un aumento del peso electoral y mediático
de las posiciones más extremas. Por un lado, partidos de ultraderecha que
defienden políticas de protección económica nacional y mano dura frente a la
inmigración y el delito. Por otro, grupos de izquierda y multitud de
movimientos sociales con actitudes críticas ante la falta de medidas drásticas de
penalización al gran capital y contra los recortes sociales.
Estas
transformaciones apuntan incluso a una crisis de la representación en la que
una parte creciente de la ciudadanía no se sentiría adecuadamente representada
por las instituciones existentes ni por las fuerzas sociales que las ocupan
(observatorio Metropolitano, 2011b)
I.5. SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LA EDUCACIÓN
La
especial incidencia del desempleo en las personas más jóvenes y, por tanto, el
retraso en su inserción laboral sitúan el espacio educativo en un lugar central
en esta crisis.
En
ocasiones se achaca a la crisis el absentismo escolar, como si este fuera
consecuencia del caos y el estrés existentes en determinados hogares con
dificultades económicas (Federación de Entidades de
Atención y de Educación a la Infancia y la Adolescencia-FEDAIA, 2012). Sin
embargo, este hecho contrasta con las cifras de abandono escolar de los últimos
años ya que desde 2000 se han reducido en la mayoría de los países. En el año
2011 se cifraba en el 14,4% la media de personas de la Unión Europea que
abandonaban prematuramente los estudios. No obstante, eran notables las
diferencias entre países, por ejemplo, Austria, la República Checa, Eslovaquia,
Eslovenia, Finlandia, Lituania, Luxemburgo y Polonia alcanzaban el 10%. En
cambio España, Malta y Portugal presentaban índices superiores al 30%. En el
caso español, ello se explica, por un lado, debido al fácil acceso al mercado
laboral en sectores emergentes –construcción, servicios, etc.– que supuso un
reclamo para la juventud, y por otro, un abandono prematuro entre el colectivo
inmigrante (Comisión Europea, 2011).
La cada
vez mayor exigencia profesional y, por tanto, la demanda de formación alargan
la estancia en el sistema educativo, incluso en los niveles superiores donde,
al mismo tiempo, se reduce el número de becas, se limita la investigación o se
suprimen los intercambios (OECD, 2011).
I.6. SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LA SALUD
El
comienzo de la crisis económica es considerado como un riesgo para el espacio
sanitario en una doble dimensión: el estado de salud y la propia articulación
del sistema sanitario. Por ello, son varias las medidas propuestas en la
dirección de identificar, prevenir y actuar contra los factores de mayor riesgo
globalmente (World Health Organization, 2009).
Es muy
reveladora la incidencia de la crisis en el espacio de la salud mental. Los
momentos iniciales de la recesión mostraban un descenso de la satisfacción con
el nivel de vida que se traducía en un incremento de los cuadros de ansiedad,
depresión o estrés (Anderson et al. 2010). En esta línea, se estudia incluso la
relación entre recursos y salud mental: el riesgo de sufrir una enfermedad
mental se incrementa con el aumento de las deudas (Stuckler et al., 2011).
Estas realidades de dificultad se han vinculado también frecuentemente a las
tasas de muerte por suicidio o los consumos de sustancias estupefacientes
(World Health Organization, 2011).
En
relación con la primera realidad, y pese a las dificultades para su
identificación, se constata un aumento de los suicidios en el período de
crisis, especialmente en países con grandes dificultades económicas. Entre 2007
y 2009 la tasa de suicidio en hombres se ha incrementado más del 24% en Grecia
y más del 16% en Irlanda. En el caso de Italia, el incremento de suicidios
motivados por dificultades económicas entre 2005 y 2010 es del 52% (Povoledo y
Carvajal, 2012). Este hecho manifiesta la extrema desesperación asociada a la
crisis.
En lo
relativo al consumo de drogas, las dificultades económicas son detonantes o
acentuadoras; sin embargo, la pérdida de ingresos también es interpretada como
reductora del gasto en drogas o impulsora de modalidades menos costosas como,
por ejemplo, cambiar el consumo de cocaína y drogas de diseño por el de hachís,
la marihuana o el alcohol. Las altas tasas de desempleo juvenil se vinculan
también al incremento de personas dedicadas a la venta de estas sustancias
(observatorio Europeo de las Drogas y las toxicomanías-OEDT, 2010).
En cuanto
al sistema sanitario, los recortes suponen importantes riesgos para la salud de
la población (Stuckler et al, 2011). Véase el caso del sistema nacional de
salud del Reino Unido (Taylor-Gooby y Stoker, 2011) o el de España, donde la
merma de la cobertura –principalmente en el caso de la población más
vulnerable– pone en riesgo su carácter universal (López-Fernández et al.,
2012).
I.7. SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LAS POLÍTICAS SOCIALES
El
cuestionamiento del Estado de bienestar en Europa y la situación de contención
del gasto social existían ya antes de la crisis. Sin embargo, la presión actual
por la reducción del déficit ha situado el gasto social en el punto de mira de
los gobiernos europeos intensificando y acelerando la transformación de las
políticas sociales. De este modo, las propuestas de asistencialización de la
protección social o una creciente presencia de la provisión privada de
servicios de bienestar en detrimento de los servicios públicos están
encontrando viabilidad en un contexto de escasa capacidad de contestación
social por parte de la sociedad en general y de los agentes sindicales en
particular. Este sería el caso de España, con reformas de la legislación
laboral tendentes a abaratar los costes de despido o medidas dirigidas a
reducir la protección pública en los sistemas de pensiones, sanitarios o
educativos.
Ciertamente
la presente crisis destaca por su impacto en los derechos colectivos y la
amenaza que ello supone a la condición ciudadana. Si bien se continúa insistiendo
en que los derechos sociales son una exigencia del principio de solidaridad e
imprescindibles para la cohesión y la integración, paradójicamente se acepta
que no es posible reforzarlos si antes no se han restringido, condición sine
qua non para apaciguar los poderes del mercado que operan al margen de todo
control y límite jurídico (Pisarello, 2011).
Son
escasos los estudios sobre el impacto de los recortes de las políticas sociales
ya que la mayor parte de las políticas de ajuste implantadas no van acompañadas
de evaluaciones previas ni posteriores. Sin embargo, tanto en el ámbito
nacional como en el internacional, los expertos ya alertan sobre los riesgos
sociales de estas políticas de ajuste entre los que se encuentran el
empobrecimiento y la caída en la exclusión de una parte de la población
europea. Las evidencias muestran que estos efectos se concentran precisamente
en los colectivos más vulnerables. Las entidades no lucrativas de acción social
advierten que una de las consecuencias directas de las políticas de ajuste es
el deterioro de los servicios de atención a las necesidades más básicas de la
población como son información, atención urgente, rentas mínimas y servicios
sociales. Este hecho incrementa el riesgo de exclusión entre la población vulnerable
(Frazer y Marlier, 2011). En Dinamarca un estudio editado por The Economic
Council of the Labour Movement (2011), evaluó el impacto social de las medidas
de ajuste tomadas en una segunda fase de la crisis, tales como la subida de
impuestos indirectos y los recortes de determinadas prestaciones de desempleo,
familiares, ayudas a procesos de fertilidad y otras. Este estudio revelaba que,
si bien el impacto social de dichas medidas afecta a amplios grupos de
población, el efecto era mucho mayor en el 10% de los hogares con ingresos más
bajos. Emmenegger, et al. (2012) señalan que, además de los factores
económicos, las políticas sociales son también responsables del riesgo
progresivo de dualización social. Las crecientes desigualdades generadas por el
mercado laboral pueden ser incrementadas o bien amortiguadas en cada contexto
nacional por las políticas sociales, que incluyen no solo las regulaciones
laborales sino también los sistemas de protección social. La intensidad de la
protección de cada modelo social en Europa es fruto de las distintas
correlaciones de fuerzas e ideologías políticas y de las organizaciones
empresariales y sindicales en cada ámbito de toma de decisiones.
Por todo
ello, y ya en un plano propositivo, los investigadores del ámbito de la
inclusión social que conforman la Red Europea de Expertos Independientes, en su
informe: Impacto social de la crisis y desarrollos a la luz de medidas de
consolidación fiscal”, publicado en 2011, recomiendan intensificar el
seguimiento de fenómenos como la pobreza y la exclusión. Igualmente estiman
urgente evaluar los riesgos y efectos de las medidas de austeridad implantadas.
El objetivo es evitar que estas afecten a la provisión de los servicios que
atienden las necesidades básicas de la población y, entre ellas, priorizar la
garantía de ingresos mínimos para llevar una vida digna (Frazer y Marlier, 2011).
Morel,
Palier y Palme (2012) consideran preciso dar un paso más allá de las políticas
de respuesta urgentes y utilizar este contexto de crisis para redefinir los
principios, los objetivos y los instrumentos del Estado de bienestar y
adaptarlos al nuevo contexto socioeconómico actual. Bajo la propuesta de un
nuevo paradigma de la inversión social, estos expertos proponen políticas
orientadas al desarrollo del capital humano a través de la promoción de
servicios a las personas –educación infantil y cuidados de larga duración,
educación continua, formación y reciclaje profesional– y mediante regulaciones
laborales que contemplen fórmulas que combinen flexibilidad y seguridad y
promuevan un uso eficiente del capital humano –políticas que incentiven el
empleo de las mujeres y que activen el mercado de trabajo–. En la misma línea,
Frazer y Marlier (2011) advierten de que los estados miembros de la Unión
Europea, con sus políticas de austeridad, están haciendo caso omiso de las
recomendaciones pactadas para la Agenda Europea 2020, entre otras, invertir en
políticas de inclusión activa. Igualmente Clasen y Clegg (2011) reivindican la
necesidad de combinar políticas de protección económica con medidas de
activación para hacer frente a la perversa combinación de riesgos que forman el
desempleo y la precariedad laboral.
Todos
coinciden en que, para emprender esta línea de reformas, es precisa una
correlación de fuerzas sociales que aúne los intereses de diversos grupos
sociales y políticos de la izquierda y el centro derecha. De hecho,
Vandenbroucke, et al. (2011) plantean la necesidad de un «nuevo pacto social
europeo por la inversión social» en el que los estados miembros de la Unión
Europea se comprometan a cumplir una Agenda 2020 que apueste por una estrategia
a largo plazo de reorientación de las políticas económicas y sociales hacia el
paradigma de la inversión social.
I.8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS METODOLÓGICAS
I.8.1. La
heterogeneidad de los efectos de la crisis.
Tras la
revisión de estudios realizada, la primera conclusión que sacamos es la
profunda heterogeneidad de los efectos de la crisis. Los ya distantes niveles
de cohesión social en Europa se han acentuado. La larga lista de análisis
comparados evidencia que estamos lejos de alcanzar un único modelo social
europeo. Como hemos mencionado la relación entre la situación económica y la
evolución de los mercados no es ni directa ni unívoca. El resultado de las
reformas económicas en los mercados laborales europeos depende de factores como
la estructura productiva, los niveles de productividad, la distribución del
tiempo de trabajo o la vinculación entre flexibilidad y seguridad en las
relaciones laborales. Esta última cuestión ya motivó múltiples análisis de
comparación entre los distintos mercados europeos. Desde la flexibilidad más
extendida del mercado laboral británico a la fórmula de flexiguridad pactada en
países del norte de Europa o los mercados que han mantenido mayores cotas de
seguridad en detrimento de la flexibilidad como el francés o el alemán. El caso
español es atípico en el contexto europeo, porque en él convive un nivel
elevado de seguridad para una parte de los trabajadores más antiguos con una
fuerte flexibilidad concentrada en los trabajadores recién llegados, sobre
todo, jóvenes, mujeres y personas extranjeras.
No es
casualidad que el modelo económico español, basado en sectores de baja
cualificación y menor productividad y con cotas de temporalidad elevadas, haya
sido uno de los que más empleo ha destruido durante la crisis. En el resto, el
descenso de la actividad económica no ha influido tan directamente en la
destrucción de empleo. Por ejemplo, en el modelo danés, se ha tendido a
intensificar las estrategias laborales previas a la crisis como, por ejemplo,
incrementar la flexibilidad reforzando las apuestas por la innovación y el
sector de las comunicaciones. En Francia, se ha optado por mantener la misma
protección en las relaciones laborales a pesar de la crisis.
Igualmente,
la crisis evidencia que los sistemas económicos caracterizados por la presencia
de burbujas inmobiliarias, el caso de Estados Unidos, Irlanda o España, han
sufrido un mayor impacto tanto en el plano económico y laboral, debido al
descenso de la actividad económica ligada a la construcción, como en el social,
debido al efecto de la pérdida de empleo en hogares con elevadas cotas de
endeudamiento.
Existe una
larga tradición de estudio comparado de las políticas sociales en Europa que
tiene como resultado la clasificación de regímenes de bienestar diferenciados.
Estas clasificaciones tienen en cuenta el peso que asume el Estado en la
protección de necesidades frente a la provisión familiar o mercantil y los
resultados de los distintos regímenes en cuanto a la igualdad social y el
bienestar de la población. Es decir, existía en Europa antes del Impacto social
de la crisis una gran distancia entre modelos de protección que daban lugar a
sociedades más o menos igualitarias y cohesionadas.
De este
modo, una de las líneas de estudio pertinentes en este contexto consistiría en
evaluar el grado de resistencia de cada modelo de protección social ante el
impacto económico y social de la crisis, intuyendo que a mayor capacidad de
desmercantilización del Estado, menor impacto del desempleo en el bienestar
social de la ciudadanía (Esping-Andersen, 1993). Específicamente se ha
evidenciado una relación directa entre el alcance de la protección de desempleo
y la garantía de ingresos mínimos, y la reducción de los niveles de desigualdad
y de la pobreza.
Parece que
las políticas de austeridad son una respuesta común e inevitable de los
gobiernos europeos a la crisis. Frente a esta pretendida inevitabilidad
encontramos políticas de ajuste de gran diversidad y alcance; sin embargo, es
preciso tener en cuenta que tanto los recortes como la congelación del gasto
parten de realidades de protección muy distintas y, por tanto, producen efectos
desiguales en la ciudadanía. En este caso también cabe prever que en modelos
como el liberal o el mediterráneo, con sistemas de protección pública más
débiles y en los que las personas y familias asumen la responsabilidad en la
protección del desempleo o la pobreza, la reducción del gasto social se sienta
con mayor intensidad.
Falta mencionar como otro factor diferenciador el
tratamiento del fenómeno de la inmigración en los distintos escenarios
europeos. El control de los flujos de entrada, los procesos de regularización y
el acceso de la población inmigrante al mercado laboral y los sistemas de
protección han dado lugar a niveles muy diferentes de integración social. Esta
sería una cuestión que debería evaluarse: en qué medida cada modelo de
integración de la población inmigrante está influyendo en el grado de
vulnerabilidad de dicha población frente a la crisis en función de su
fragilidad laboral o situación de regularidad.
A modo de
conclusión metodológica, pensamos que para conocer la dimensión del impacto
diferenciado en cada entorno es preciso atender a la diversidad de procesos de
integración que se producen en cada escenario, entendiendo que los procesos de
integración social y, en definitiva, el nivel de cohesión social de un
territorio, se articula a través de la relación de sus miembros con el mercado
laboral, la protección de los sistemas públicos y los propios lazos familiares
y sociales que protegen a los individuos entre sí.
I.8.2. Diferentes niveles de análisis en los procesos
de exclusión social.
Del
apartado anterior se deriva la necesidad de que el esfuerzo futuro destinado a
profundizar en el análisis del impacto social de la crisis, tenga en cuenta la
existencia de procesos de exclusión al menos en tres ámbitos: estructural,
institucional e individual-relacional. La siguiente tabla (1.1), inspirada en
otros trabajos previos (Laparra y Pérez, 2008) sobre los procesos de exclusión
social, puede servir de esquema analítico del impacto social de la crisis en
distintos países
En el
ámbito estructural, quizá el más visible y analizado por el momento, hay
evidencias de que la crisis está reforzando un aumento de las desigualdades
debido a la destrucción de empleo, por un lado, y a la precarización de parte
del mercado laboral, por otro. Tanto la falta de ingresos por empleo como el
estancamiento o la disminución de los salarios de una parte de los trabajadores
dan lugar a procesos de pérdida de nivel adquisitivo más o menos extendidos en
cada territorio y al empobrecimiento de determinados grupos poblacionales. Es
decir, que el resultado de estos procesos es el aumento de las desigualdades y
de la pobreza. Indicadores como las tasas de desempleo y de pobreza relativa
–moderada y severa–, hogares sin ingresos y el índice de desigualdad (Gini) o
la medición de diferentes tipos de privación, aunque constituyen indicadores
algo lentos para captar la sensibilidad de los rápidos procesos de cambio
político y económico originados por la crisis, resultan útiles para la
comparación y el seguimiento del impacto social en los próximos años.
Las tasas
de pobreza relativa en Europa, de momento, no parecen haber sufrido incrementos
notables a pesar del aumento del desempleo, seguramente por el efecto
amortiguador de la familia o la protección de las prestaciones de desempleo.
Sin embargo, sí aparecen indicios en estudios nacionales del incremento de las
tasas de pobreza severa y los niveles de privación de una parte de población.
Por tanto,
para conocer el impacto del desempleo o la pérdida de ingresos es necesario
atender también a los procesos que se desarrollan en el ámbito institucional.
Es decir, al efecto de los distintos mecanismos de protección diseñados en cada
modelo de bienestar para proteger a la población al margen del empleo y las
medidas de respuesta diseñadas para hacer frente a la crisis.
Mencionábamos
anteriormente la distinta capacidad de protección según los modelos de
bienestar y los diversos grados de eficacia de las prestaciones frente a la
pobreza. Cada país cuenta con información acerca de la cobertura de sus prestaciones;
sin embargo, es preciso avanzar en la comparabilidad y agilidad de dichos
indicadores con el fin de conocer su capacidad para ayudar a la población
vulnerable en esta crisis, así como para evidenciar el volumen y el perfil de
las personas que van agotando la protección de prestaciones, pues tiene
carácter limitado en la mayor parte de los modelos.
La
construcción de los sistemas de protección de desempleo ha sido muy heterogénea
en cada país y está más o menos sujeta al principio de cotización previa, esto
da lugar a niveles de protección muy diferenciados. En España, la protección
del desempleo en la crisis ampara razonablemente a los desempleados con
contribuciones más largas y de mayor cuantía en el mercado laboral, mientras
que la mayor parte de los trabajadores temporales y autónomos quedan al margen
de la protección de desempleo. De nuevo los jóvenes y el colectivo extranjero
ocupan este espacio de desprotección al que se suman progresivamente el resto
de los desempleados que agotan las prestaciones.
No contamos con información que nos permita evaluar
los diversos paquetes de medidas anticrisis, ni de prever su impacto, ni de
valorar su efectividad a posteriori. Obviamente, las medidas emprendidas por
los gobiernos para hacer frente a la crisis y a su situación de déficit están
claramente ideologizadas y tienen consecuencias en la población. Si van
orientadas a mejorar los ingresos del Estado a través del aumento de la
recaudación fiscal, la subida de los impuestos tendrá efectos muy diferenciados:
si atañe a los impuestos de consumo, se ha demostrado su efecto regresivo al
perjudicar más a las personas que menos ganan; si concierne a los impuestos
sobre la renta, en algunos casos, se han diseñado subidas proporcionales para
el conjunto de la población, en otros, se ha optado por gravar más las rentas
medias; existe un clamor crítico social que aboga por gravar el capital,
internacional o nacional, o las rentas más altas.
Tampoco
son inocuos los procesos de toma de decisión relacionados con la reducción del
déficit de los estados. La reducción de gasto puede o no venir de la mano del
gasto social (sanitario, educativo o de servicios sociales, prestaciones de
desempleo), que es, sin duda, una de las mayores partidas de gasto de los
estados. Si esto sucede, puede tener un gran impacto en el bienestar de la
población, todavía sin calibrar ante la falta de estudios de impacto de
determinados recortes en las áreas de salud y educación, o en la pérdida de
cohesión de las sociedades europeas. Precisamente por eso llama la atención la
adopción de medidas de austeridad de manera indiscriminada. el
Impacto social de la crisis.
Por
último, el ámbito más complejo e inaccesible, pero imprescindible en el estudio
del impacto social de la crisis, es aquel en el que confluyen el conjunto de
procesos originados en el mercado laboral o en la presencia o no de protección
pública. Es el caso de las personas y sus familias afectadas por la ausencia de
empleo y la presencia o no de apoyos institucionales. Aquí se ponen en marcha
estrategias de apoyo y supervivencia de carácter informal, como la ayuda
económica entre miembros de una familia a través de ingresos del trabajo o
pensiones si los hubiera, estrategias de ahorro y privaciones, incremento del
empleo o de actividades informales por parte de algunos miembros. Es el espacio
también en el que se detectan los efectos más graves del desempleo, en forma de
endeudamientos, impagos, afecciones físicas y mentales. Por último, es el
espacio en el que se produce el deterioro o el conflicto de las relaciones
emocionales entre las parejas y en el que la educación y el desarrollo de los
menores pueden verse afectados.
Son
escasas las fuentes que nos permiten conocer las condiciones de vida de la
población de un modo multidimensional y la comparabilidad a escala europea. Sin
embargo, este es el nivel en el que se observan verdaderamente las
consecuencias de otros procesos en el día a día de las familias y el efecto de
los mecanismos de protección tanto públicos como familiares. Es el espacio
donde se puede identificar a las personas desempleadas que más sufren por
carecer de apoyos tanto familiares como institucionales.
Este
trabajo nace de la necesidad de establecer fuentes de información que
consideren los tres tipos de procesos de exclusión. Prescindir de cualquiera de
ellos en el análisis o el diseño de medidas frente a la crisis conlleva
riesgos. Plantear la pobreza y la exclusión de algunas familias como un
problema propio de personas que adolecen de cualificación, recursos y
estrategias, sin tener en cuenta las consecuencias originadas tanto en el
sistema económico como en los límites y la orientación de nuestras políticas
sociales, nos cegaría ante la realidad y limitaría la búsqueda de soluciones.
Tratar los problemas generados en el ámbito económico tan solo con información
y recetas de carácter económico, soslayando los efectos del desempleo en las
personas y sus familias, tampoco resulta útil como medida para minimizar las
consecuencias negativas para la colectividad en el medio y largo plazo. Por
último, ignorar los efectos diferenciados de las medidas de austeridad
emprendidas sería del todo inconsciente en el actual contexto.
En
resumen, existe cierta experiencia de análisis comparado de los modelos de
protección social y sus efectos en la pobreza o las privaciones. Igualmente, se
ha desarrollado una amplia línea de trabajo en el estudio comparado de los
mercados laborales y las economías europeas y sus efectos en el desempleo. Pero
no existe una trayectoria de investigación que trate de poner en relación los
distintos ámbitos, social-relacional, laboral y político, en la configuración
de distintos modelos de integración social, y, sin embargo, sería muy útil para
valorar su eficacia en la amortiguación de los efectos de la crisis.
I.8.3. El efecto intensificador de la crisis
La presente crisis ha precipitado procesos que venían produciéndose en Europa
desde hace décadas tales como la destrucción de empleo, la demanda de
flexibilidad laboral traducida en la precarización de parte de la población
empleada o los serios cuestionamientos de la viabilidad del gasto social.
Hay
evidencias suficientes que muestran cómo en las etapas de mayor crecimiento se
han mantenido o incluso incrementado las desigualdades sociales. Las
desigualdades generadas por los mercados laborales, más o menos precarizados, y
los límites de las políticas sociales o las dinámicas migratorias han
contribuido al mantenimiento de fenómenos de carácter estructural como el
desempleo de larga duración y la pobreza.
El riesgo
derivado de esta confusión radica en que, en situaciones delicadas como la
actual, el miedo y la sensibilidad de la opinión pública generen un contexto
propicio para determinados cambios sociales y políticos difíciles de emprender
en momentos de estabilidad o bonanza económica. Es el caso de reformas
laborales tendentes al incremento de la flexibilidad laboral que impliquen
menores costes salariales o de despido. Asimismo, el temor al incremento del
déficit está intensificando, como hemos mencionado, los planteamientos de
inviabilidad de los modelos de bienestar actuales y, por tanto, la
inevitabilidad de los recortes sociales.
Llama la
atención que las estrategias de austeridad emprendidas por los gobiernos
nacionales no van acompañadas de estudios de impacto, ni han sido sometidas a
debates políticos o públicos en relación con las consecuencias sociales de las
mismas. Se esgrimen argumentos que ya cuentan con cierta trayectoria en la
crítica neoliberal al Estado de bienestar. Son argumentos simples y en buena
medida erróneos en relación con las políticas sociales amenazadas por los
recortes. En primer lugar, el argumento del elevado coste de las políticas
sociales se confunde intencionadamente con el de la escasa eficacia de los
sistemas públicos. Si algo ha podido evidenciarse en las políticas sociales de
los estados de bienestar europeos es, precisamente, su eficacia: el éxito de la
atención sanitaria en la calidad y esperanza de vida de la población: el efecto
de los sistemas educativos en la extensión de la igualdad de oportunidades y en
la mejora de la productividad de los recursos humanos, la incidencia de las
pensiones y prestaciones de desempleo en la redistribución de ingresos y la
disminución de la pobreza. De hecho, en esta crisis, frente a los fallos de los
mercados financieros o la debilidad de los sectores productivos, las políticas
sociales europeas han mostrado su fortaleza y eficacia amortiguando los efectos
negativos. Sería distinto sostener un profundo debate público que se ciñera
exclusivamente al coste de estos mecanismos estabilizadores e incluyera
advertencias sobre los costes implícitos del recorte, así como los riesgos de
una sociedad cada vez más desigual y, por tanto, de una pérdida de cohesión
social.
I.8.4. El impacto es generalizado, pero la crisis,
pero la crisis se ensaña con algunos grupos sociales.
La crisis
está afectando a buena parte de la sociedad europea. Los datos y los
pronunciamientos cotidianos muestran su incidencia en el consumo, el ahorro, el
ocio y las condiciones de vida de la ciudadanía europea. Sin embargo, es
notoria una mayor repercusión en determinados grupos, especialmente los más
vulnerables.
En el
mundo laboral, es destacable el impacto en las personas empleadas temporalmente,
con baja cualificación y cortos períodos de cotización, etcétera. Sabemos de
otras crisis que, incluso cuando se produce una fase de recuperación y surgen
nuevas oportunidades laborales, no serán estas personas las beneficiadas debido
a sus déficits de cualificación y a su menor capital social.
La
identificación de las personas más vulnerables y en peores condiciones de vida
debe ayudar al establecimiento de políticas que rescaten a quienes han sido más
golpeados por los procesos de exclusión social.
II. LOS PROCESOS DE EXCLUSIÓN DEL EMPLEO
La
cuestión del impacto de la crisis en los procesos de exclusión es sin duda
compleja. Una primera reflexión nos debe llevar a poner el foco de atención en
el mercado de trabajo. El análisis de las transformaciones acaecidas en el
mundo laboral es el primer paso para entender la dinámica de la integración y
la exclusión social. El acceso al empleo o al empleo de calidad no es la única
vía para conseguir mejorar la situación de dificultad de colectivos que experimentan
situaciones de vulnerabilidad en mayor proporción que la población general,
pero es considerado como un instrumento valioso de integración.
Entendemos
que resulta de especial interés la reflexión sobre los procesos de exclusión
del empleo en perspectiva comparada. Las diferencias en los sistemas de
protección del empleo y las características propias de los mercados laborales
marcan importantes diferencias en las estrategias adoptadas en cada país para
el abordaje de la crisis así como en las consecuencias para los sectores más
desfavorecidos.
En la
primera parte presentamos los indicadores de exclusión en un sentido amplio:
definimos la exclusión del empleo como las situaciones de desempleo y de empleo
precario. Incluimos la reflexión sobre la precariedad considerándola un
impedimento, para quien la padece, en la regulación de su vida de acuerdo con
unos estándares de calidad mínimos (colectivo Ioé, 2008). Posteriormente
centramos la atención en el desempleo antes y durante la crisis. En particular
estudiamos la transición del empleo al desempleo y las características de los
que tienen menos probabilidad de percibir prestaciones de desempleo.
La fuente
principal de datos que analizamos es la Encuesta de Población Activa europea
–EU-LFS en sus siglas en inglés– que agrupa las encuestas de población activa
nacionales realizadas por cada instituto de estadística nacional. Eurostat
armoniza las clasificaciones empleadas, agrupa los valores de algunas variables
para anonimizar los datos –caso, por ejemplo, de la edad– y pone los datos a
disposición de los investigadores.
En nuestro
caso, hemos usado los datos correspondientes a España, Francia, el Reino Unido
y Dinamarca entre los años 2006 y 2010 aunque, por motivos de espacio,
presentamos principalmente resultados para los años 2006, antes de que
comenzara la crisis, y 2010, último año disponible de la EU-LFS. Debe tenerse
en cuenta que no siempre se pueden comparar las mismas variables en todos los
países o todos los años ya que, a pesar del trabajo de Eurostat, las encuestas
nacionales no son completamente equivalentes en su diseño y contenido.
II.1. Indicadores de exclusión del empleo
II.1.1.
Personas en los márgenes del empleo y en el desempleo
La crisis
está incidiendo de manera distinta, y con ritmos diversos, en los países que
analizamos. Se trata de países con estructuras productivas, mercados de trabajo
y formas diferentes de organizar la negociación colectiva entre el gobierno y
los principales agentes sociales. Además, cada gobierno ha abordado la
situación de manera distinta y, a menudo, contradictoria con la de otros
países.
La
principal característica del mercado de trabajo en España en las últimas
décadas es el aumento brutal del desempleo en períodos de crisis. Es un rasgo
estructural que se repite en la actual coyuntura y que distingue a España del
resto de los países objeto de comparación. En España, de 2005 a 2011 el
desempleo ha pasado del 9,2% al 22%. En cambio, la crisis del empleo es mucho
menor en los otros países que, además, partían de cifras de desempleo mucho más
bajas. El desempleo en 2010 se situaba en algo menos de un 8% en Dinamarca y el
Reino Unido, y un 9,3% en Francia. Este último es el país que muestra una mayor
estabilidad y un menor efecto de la crisis en cuanto al aumento del desempleo
si se compara con 2006. En el Reino Unido y en Dinamarca el incremento del
desempleo ha sido moderado: entre tres y cuatro puntos porcentuales. En la
tabla 2.1., se ve perfectamente cómo la traducción de la crisis económica en
reducción del empleo y aumento del paro es muy destacable en España en relación
con el resto de los países.
La
principal característica del mercado de trabajo en España en las últimas
décadas es el aumento brutal del desempleo en períodos de crisis. Es un rasgo
estructural que se repite en la actual coyuntura y que distingue a España del
resto de los países objeto de comparación. En España, de 2005 a 2011 el
desempleo ha pasado del 9,2% al 22%. En cambio, la crisis del empleo es mucho
menor en los otros países que, además, partían de cifras de desempleo mucho más
bajas. El desempleo en 2010 se situaba en algo menos de un 8% en Dinamarca y el
Reino Unido, y un 9,3% en Francia. Este último es el país que muestra una mayor
estabilidad y un menor efecto de la crisis en cuanto al aumento del desempleo
si se compara con 2006. En el Reino Unido y en Dinamarca el incremento del
desempleo ha sido moderado: entre tres y cuatro puntos porcentuales. En la
tabla 2.1., se ve perfectamente cómo la traducción de la crisis económica en
reducción del empleo y aumento del paro es muy destacable en España en relación
con el resto de los países.
Son
diversas las razones para explicar por qué, a diferencia de España, el
desempleo ha afectado relativamente poco en estos países. En el caso del Reino
Unido, autores como Bell y Blanchflower consideran que el aumento del desempleo
es menor que el esperado, dado que el PIB y los niveles de empleo han caído
significativamente en estos años, debido a la elevada flexibilidad del mercado
de trabajo británico que, como veremos, no consiste exclusivamente en la
temporalidad (Bell y Blanchflower, 2010 y 2011).
También se ha señalado que las condiciones laborales y
medidas como la reducción temporal del impuesto sobre las ventas (IVA)
influyeron en la baja de los salarios. Por último, la importancia del desempleo
y su duración están estrechamente vinculadas al sistema de protección al
desempleo, y la protección en el Reino Unido es la más baja de los países que
se comparan. Hay que señalar, en cualquier caso, que el nuevo Gobierno
conservador eliminó en 2010 el Future Jobs Fund, un ambicioso programa recién
iniciado de protección e inserción para los jóvenes desempleados (Aricò y
Stein, 2012: 18), y también aumentó el IVA al 20% en enero de 2 011.
En el caso
francés se argumenta que una de las razones de que aumente poco el desempleo,
en términos comparativos, se debe a que una parte importante de los empleados
están razonablemente seguros en su empleo –a través del CDI o contrato de
duración indefinida– y el nivel de flexibilidad externa es bajo. En 2007, un
86% de los asalariados privados tenían este tipo de contrato (DARES, 2008). Se
ha de tener en cuenta que, de los países analizados, Francia es el que ha
experimentado un menor decrecimiento del PIB en 2009 y que en 2010 hubo un
ligero crecimiento del empleo.
Dinamarca
partía de los valores más bajos de desempleo antes de la crisis pero ha
experimentado un crecimiento importante, lo que ha puesto en entredicho el
éxito en períodos de recesión del modelo de flexiguridad del que es su máximo
exponente. En este modelo se combina un elevado nivel de flexibilidad para los
empleadores con elevados niveles de seguridad para los trabajadores. La
flexibilidad se concreta principalmente en bajos niveles de protección legal (2)
con el consenso de los sindicatos. La seguridad se traduce en altos salarios,
sindicatos fuertes y generosas prestaciones por desempleo y asistenciales.
El modelo
danés de flexiguridad supone una rotación importante entre el empleo y el
desempleo; se calcula que aproximadamente medio millón de asalariados o cerca
de una quinta parte de la fuerza de trabajo entra en el desempleo cada año. A
pesar de ello, se encontraba un nuevo empleo con facilidad debido al apoyo de
unas políticas activas de empleo mucho más desarrolladas que las de otros
países. Sin embargo, en los años de crisis se ha destruido empleo; ha decrecido
en un 5,2% en 2009 y en un 2,1% en 2010.
Con la
crisis también ha aumentado la duración del desempleo. En el año 2010, en
Dinamarca y el Reino Unido aumentó el desempleo de larga duración por primera
vez en relación con los años anteriores, mientras que en España venía
aumentando ya desde 2009, lo que representa un vuelco en la tendencia a la
reducción del desempleo de un año o más que caracterizó la primera mitad de la
década de 2000 en estos países.
De nuevo
Francia registra una tendencia diferente. Partía y se ha mantenido con las
tasas de paro de larga duración –más de un año– más altas, con valores cercanos
o por encima del 40%. En el lado contrario, Dinamarca partía y se ha mantenido
con la tasa más baja, en torno al 20%. En cambio, España y el Reino Unido han
sufrido el incremento más alto en estas tasas: 16 puntos porcentuales España
–hasta alcanzar el 35% en 2010– y 10 puntos porcentuales el Reino Unido –hasta
alcanzar el 37%–. En todos los países, salvo el Reino Unido, el desempleo de
las mujeres era superior al de los hombres antes de la crisis, pero en 2010 se
ha igualado. El caso más extremo es el de España donde el desempleo de las
mujeres prácticamente duplicaba el de los hombres en 2006. En 2010 se ha
reducido la diferencia a un punto.
En cambio,
el desempleo de larga duración es mayor entre los hombres que entre las
mujeres, salvo en España. El Reino Unido es el país donde las diferencias son
más marcadas: en 2006 había casi el doble de paro de larga duración entre los
hombres que entre las mujeres (27,4% frente a 14,7%), pero en 2010 hubo un
aumento considerable en los dos grupos y la brecha se redujo (37,4 frente a
22,3%).
La
incidencia del desempleo durante la crisis es más marcada en ciertos grupos de
edad. El paro juvenil triplica el de los adultos mayores en España y Francia, y
lo cuadriplica en el Reino Unido. En Dinamarca solo lo duplica. Es interesante
observar que estas ratios se mantienen prácticamente constantes antes y durante
la crisis. En otras palabras: la crisis ha causado el incremento del desempleo
en todos los grupos de edad, pero las posiciones relativas se mantienen
inalteradas, si bien son los más jóvenes los más perjudicados.
Tradicionalmente
el paro de larga duración se da con más frecuencia entre las personas mayores
de 50 años. Por ejemplo, en 2006 en España este tipo de paro era más de cuatro
veces superior entre estas personas que entre los menores de 25 años, y dos
veces y media más alto que entre las personas de 25 a 49 años. con la crisis las diferencias se han atenuado, pasando a ser
un 80% y un 50% más alto, respectivamente.
Francia es
el país donde más peso tiene el paro de larga duración, particularmente entre
los adultos mayores; durante los años de la crisis ha disminuido algo entre los
mayores de 25 años, pero ha aumentado entre los más jóvenes. En el otro
extremo, Dinamarca es el país donde la gran mayoría de las personas
desempleadas menores de 25 años lo son por un período menor a seis meses en
2010 el 81,9% de ellos había perdido su empleo hacía menos de seis meses. Aun
así, de 2006 a 2010 aumentó la proporción de desempleados que lo han sido
durante más de seis meses.
El
desempleo afecta más a la población extranjera en todos los países pero las
tendencias en los años que median entre 2006 y 2010 son diferentes. El cambio
más radical se registra en España donde en 2006 la diferencia entre el
desempleo de los nacionales y el de los no nacionales era la más baja de los
países analizados, mientras que en 2010 el paro de los extranjeros supera en
más de catorce puntos al de los nacionales –32,1% y 17,9% respectivamente–. En
cambio, en el Reino Unido el proceso ha sido el inverso y se ha reducido la
diferencia de 3,1 puntos porcentuales a solo 0,3.
Los
extranjeros desempleados tienen tasas más altas de desempleo de larga duración
en Dinamarca y Francia, mientras que en España y el Reino Unido estas
corresponden a los desempleados nacionales. Sin embargo, la crisis ha implicado
un aumento mayor del desempleo de larga duración entre los no nacionales en
todos los países excepto en Francia. En este país la pauta es la misma que
antes de la crisis; no obstante, en 2006 y 2010 el desempleo de larga duración
afectó más a los individuos que no tienen la nacionalidad francesa.
El
desempleo de larga duración es mayor en las personas cuyo nivel de estudios
finalizados es bajo; esta es una pauta general en los países analizados.
Además, en los años de crisis, la distancia se ha acrecentado, sobre todo en
España, donde el cambio ha sido mucho más intenso; en 2010 el paro afecta a más
de una cuarta parte de las personas con bajo nivel formativo, quince puntos por
encima del desempleo de quienes tienen un nivel alto de educación, según la
EU-LFS.
Mientras
que en Dinamarca el paro de larga duración afecta por igual a los desempleados
con nivel educativo bajo (inferior a secundaria), medio (secundaria) o alto
(estudios postsecundarios), en España, Francia y el Reino Unido el desempleo de
larga duración afecta más a los desempleados más desfavorecidos en cuanto a
capital educativo. Sin embargo, en España las diferencias entre los dos
extremos son sensiblemente menores que las que se observan en Francia y Reino
Unido: el desempleo de larga duración en 2010 era un 30% más alto entre los que
tienen un nivel de estudios bajo frente a los de nivel de estudios alto;
mientras que en Francia la diferencia es del 60% y en el Reino Unido del 70%.
Además de
las personas que cumplen las condiciones para ser consideradas desempleadas,
hay otro colectivo heterogéneo que se sitúa en la frontera del desempleo. Son
los que tienen una relación marginal con el mercado de trabajo, personas que no
han buscado trabajo activamente durante las pasadas cuatro semanas, pero lo
quieren y están disponibles para ello (OCDE, 2011). En esta situación se halla
un variado elenco de personas: todas aquellas que, por diversas circunstancias,
han perdido empleabilidad de manera severa pero quisieran estar trabajando aun
a pesar de no buscar activamente empleo. En particular, comprende a mayores
desanimados, a amas de casa que desearían trabajar de forma remunerada y
también a jóvenes que ni estudian ni trabajan pero que desearían trabajar.
En España,
según datos de Eurostat, este colectivo de jóvenes que se encuentran fuera del
sistema educativo y de la actividad es especialmente relevante: en 2011 un
23,1% de los jóvenes entre 18 y 24 años, cuando en el Reino Unido es del 18,4%,
en Francia representan un 15,9% y en Dinamarca un 8,4%. Sin embargo España se
asemeja a Dinamarca y el Reino Unido –aunque no a Francia– en que la crisis ha
agrandado este segmento de jóvenes excluidos.
En general
España ya era, en el período anterior a la crisis, según cálculos basados en la
EU-LFS, el país con el colectivo de personas marginalmente vinculadas al
mercado de trabajo más numeroso en relación con el total de las personas
inactivas, un 20% en 2010, seguido de Dinamarca y el Reino Unido con un 19,5 y
18,1% respectivamente. Francia es el país donde menos peso tiene, comprende a
un 6% de los inactivos. Respecto a 2006, este colectivo aumentó 2,5 puntos
porcentuales en España y más de cuatro puntos en Dinamarca, mientras que se redujo
un punto en el Reino Unido y se mantuvo en Francia.
II.2. El desempleo y la no ocupación en los hogares.
Las
situaciones de exclusión del empleo de las personas no pueden abordarse sin
comprender su entorno familiar. La familia, en un sentido amplio, es la red
básica de seguridad de la persona. Por ello cuando falta este apoyo, bien sea
por la ausencia –en términos físicos y emocionales– de familia, o bien por la
acumulación de problemas en la misma, se dispara la espiral de la exclusión
social en sus múltiples dimensiones. Además, como es bien sabido, las
dificultades laborales afectan a las relaciones familiares, de tal manera que
la intensidad de empleo, según la incidencia mayor o menor del desempleo, y la
inactividad en el hogar influyen directamente en su vulnerabilidad social y en
sus relaciones internas.
Para comparar la intensidad de la exclusión del empleo
en los hogares entre los países utilizaremos el indicador de las personas que
viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja. Este indicador forma
parte del indicador agregado de pobreza y exclusión social que se ha definido
en la Estrategia Europa 2020 junto al de población por debajo del umbral de
pobreza y el de privación severa. La intensidad de trabajo en el hogar se refiere
a la relación entre el número de personas que efectivamente trabajan en un
hogar y las que están en edad de trabajar. Se calcula a partir del número de
meses que los miembros en edad de trabajar del hogar han estado trabajando el
año de referencia de los ingresos. Se considera que la intensidad es muy baja
si se está por debajo del 0,2. Este indicador recoge la dimensión del desempleo
pero también la de la inactividad, ya sea debido a estudios, a trabajo en
exclusiva en el hogar u otras razones.
Los datos
para 2010 (Eurostat, EU-LFS) muestran que es en el Reino Unido donde hay la
mayor proporción de personas que viven en hogares con muy baja intensidad de
trabajo (un 13,1%), mientras que en Dinamarca es del 10,3% y en España y
Francia del 9,8%. Sin embargo es España el país donde más ha aumentado durante
la crisis: cuatro puntos respecto al 6% de 2006. En el Reino Unido el
incremento ha sido de poco más de un punto y todavía menor en Francia y
Dinamarca.
Se ha de
tener en cuenta que en estos datos influyen factores como las tasas de
desempleo y las de actividad de los miembros del hogar, también otros como el
peso del trabajo a tiempo parcial y el tamaño y la composición de los hogares.
En España, el desempleo es mucho mayor y la tasa de actividad de las mujeres es
menor en relación con el resto de los países analizados, pero al mismo tiempo
el peso del empleo a tiempo parcial es inferior.
Si se
compara la vulnerabilidad ligada a la baja intensidad del empleo en el hogar de
colectivos específicos, entonces emerge con fuerza la imagen del Reino Unido
como el país con mayor vulnerabilidad, siendo especialmente relevante la
situación de las familias con hijos. La muy baja intensidad de empleo entre los
hogares con hijos dependientes afecta en el Reino Unido al 11,6% de las
personas que viven en este tipo de hogares, mientras que en España representa
un 8,1%; la proporción es menor en Francia y Dinamarca –6,9% y 5,1%
respectivamente–.
Los
mayores porcentajes de hogares con muy baja intensidad de empleo corresponden a
los hogares de personas solas con hijos dependientes, alrededor de un 20% y 21%
en España y Francia, y algo menos en Dinamarca (18,9%). En cambio en el Reino
Unido un 43,7% de estos hogares tiene una muy baja intensidad de empleo.
Reflejan la misma tendencia los datos sobre los
hogares donde ningún adulto está trabajando. En el Reino Unido es más alta la
proporción de niños que viven en estos hogares: un 17,9%, en los otros países
oscila entre el 8,9% de Dinamarca y el 10,8% de España. De nuevo es en España
donde más ha aumentado durante el período de crisis económica: más de cinco
puntos en cuatro años. Sin embargo en 2011 España es el país con el mayor
porcentaje de adultos que viven en un hogar formado por una pareja con hijos en
el que ningún adulto está trabajando: un 9,1%; en el Reino Unido es del 6,7% y
en Francia y Dinamarca, inferior al 5% (EU-SILC).
El
indicador que mejor refleja la gravedad de la exclusión del empleo en el caso
español es la proporción de los desempleados en el hogar. Los hogares con todos
los activos parados han crecido ininterrumpidamente en estos años de crisis;
representaban un 13,3% de las viviendas familiares con al menos un activo en el
primer trimestre de 2012, casi diez puntos más que en el mismo trimestre de
2006. Los hogares con al menos la mitad de los activos parados se aproximaba en
este primer trimestre de 2012 al 30%, según los datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA).
No se
dispone de datos estrictamente comparables para todos los países que se
analizan, pero si se atiende a la percepción subjetiva del desempleo recogida
por la EU-SIL c, en 2009 en España habría un 7,65% de los hogares con todos los
activos parados, el tercer país en desempleo total en el hogar, por detrás de
Letonia y de Irlanda (véanse los resultados en el capítulo 4), cuando solo dos
años antes, en 2007, era del 3,9%. En cambio, tanto en Francia como en
Dinamarca se ha mantenido estable (4,5% en Francia y 3,38% en Dinamarca en
2009). El Reino Unido es el único de estos países, además de España, en el que
han aumentado los hogares con todos los activos parados: de un 2% a un 3,4% en
2009 (EU-SILC).
Aunque en
España la actual crisis afecta a todos los miembros del hogar, está creciendo
el número de personas principales desempleadas. En el primer trimestre de 2012
el 38,4% de los desempleados son personas principales –42,3% en el caso de los
hombres–, este porcentaje era del 29,3% en el mismo trimestre de 2006.
A medida
que se prolonga el desempleo y acaba la percepción de la prestación o subsidio
se agudizan las dificultades para subsistir, en particular si no hay otros
perceptores de ingresos derivados del trabajo o de una pensión de jubilación o
de otro tipo en el hogar. En España los hogares sin perceptores de ingresos representan
un 3,4% de las viviendas familiares en el primer trimestre de 2012, cuando en
el equivalente de 2006 representaban un 2,1% (INE, EPA). La cobertura de las
prestaciones por desempleo, cuya evolución veremos en otro apartado, y la
propia estructura de la familia española con un peso importante de la
convivencia de la gente mayor con sus hijos, explica que el aumento de los
hogares sin ningún tipo de ingreso sea más moderado que el incremento general
del desempleo, sobre todo si tenemos en cuenta que los datos más recientes del
primer trimestre de 2012 señalan que en un 46,2% de las viviendas con persona
principal parada, esta no percibe prestación.
II.2.1. Abordando la precariedad: la temporalidad, el
tiempo parcial y el subempleo
El
contrato temporal puede considerarse como el modelo de contrato atípico por
excelencia del modelo español de mercado de trabajo (cachón, 1995) –distinto
del trabajador en un centro de trabajo con contrato indefinido a tiempo
completo–. España es el país que presenta un mayor porcentaje de contratos
temporales. Distintos estudios (Gebel, 2010: 18) han demostrado que las
personas con contrato temporal son las que más probabilidades tienen de acabar
en el desempleo y de volver una y otra vez a ser demandantes de prestaciones
por desempleo al finalizar sus contratos.
No es de
extrañar, por tanto, que su peso relativo se haya reducido con el avance de la
crisis, al ser los contratos más vulnerables en los ciclos de recesión; si en
2006 la proporción era del 28,4%, en 2010 se redujo a un 21,3% y, según los
últimos datos correspondientes al primer trimestre de 2012, representan un
23,8% de los asalariados.
Destaca
asimismo el alto nivel de autoempleo, un 16%, el más elevado entre los países
que se comparan. Aquí puede influir la extensión del fenómeno de los falsos
autónomos, es decir, personas que trabajan para una única empresa pero no se
les contrata como empleados sino como autónomos para servicios concretos.
A pesar de
que el contrato de duración indeterminada es el normal en Francia, este país
muestra, en términos comparativos con el modelo liberal inglés o el de
flexiguridad danés, altos niveles de temporalidad: un 14,1% en 2010, frente al
4,5% y el 8,1% británico y danés respectivamente. Podría decirse a simple vista
que Francia es el país que se asemeja más a España en lo que al peso de la
contratación temporal se refiere. Es más, el peso de este tipo de contratos se
mantiene en el tiempo. Sin embargo, a este respecto hay que señalar tres
cuestiones. En primer lugar, sabemos que en Francia el empleo temporal se
encuentra, o bien en el sector público, o como una forma de empleo subsidiado
y, por tanto, inducido por el Estado. En segundo lugar, el nivel de
temporalidad francés está en la media europea (Laparra, 2006). Por último, debe
tenerse en cuenta que algunos contratos que no son indefinidos difícilmente
pueden equipararse a lo que aquí identificamos como un contrato temporal –los contractuels en la administración pública
francesa, por ejemplo–
El modelo
danés y el británico son los que presentan un mayor porcentaje de contratos
indefinidos. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que en el Reino Unido se da
la circunstancia de que, por un lado, la proporción de contratos temporales es
baja, pero, por otro, es alta la proporción de contratos cuya duración real es
corta (Laparra, 2006). Hay que tener en cuenta también que en el Reino Unido
los contratos indefinidos no ofrecen la misma protección por despido que en
países más regulados como Francia.
En estos
años de crisis, en Dinamarca, el Reino Unido y Francia la proporción de
contratos temporales apenas ha variado. En todos los países, la proporción de
autónomos se ha mantenido prácticamente constante, aunque en el Reino Unido ha
aumentado un punto. Dado que, de media, los auto-empleados tienen menos
remuneración que los asalariados (Bell y Blanchflower, 2011), esto supone un
refuerzo de la precarización frente a la opción de un mayor aumento del
desempleo.
Entre las
mujeres, es menor la proporción de autoempleo y mayor la de contratos
temporales en todos los países. No obstante, debido a la crisis ha bajado la
proporción de mujeres con contratos temporales, sobre todo en España y en menor
medida en Dinamarca, se mantiene en el Reino Unido y se constata un ligero
aumento en Francia.
Para
entender la situación de precariedad es fundamental tener en cuenta a las
personas que tienen contrato temporal porque no han tenido acceso a uno
indefinido. Por tanto, en la encuesta EU-LFS se definen personas con un
contrato temporal no deseado a aquellas que declaran que no pudieron conseguir
un contrato permanente como razón para tener uno temporal.
En España
en el año 2006, el 85,7% de las personas con contrato temporal señalaban
encontrarse en dicha situación, mientras que este porcentaje en los restantes
países era bastante más bajo, entre el 41,4% del Reino Unido y el 55,6% de
Francia.
En estos
años de crisis ha aumentado el trabajo con contrato temporal no deseado o
involuntario en todos los países excepto en Dinamarca donde el trabajo temporal
entre los jóvenes es entendido, en buena medida, como un período necesario en
la formación.
En España
en 2010 los contratados temporales involuntarios suponían el 91,5% del total.
Sin embargo se ha de señalar que es en el Reino Unido donde se detecta un
cambio más brusco; ha aumentado en quince puntos entre 2006 y 2010 llegando al
57,2% el trabajo con contrato temporal no deseado. Según Bell y Blanchflower,
1,6 millones de trabajadores en 2010 tenían un contrato temporal o trabajaban a
tiempo parcial pero querían un contrato indefinido o trabajar a tiempo completo
(2011: R25).
La temporalidad afecta más a los jóvenes y va en
aumento. Estamos señalando así un contexto muy complicado para la integración
social de los jóvenes porque tienen unas altas tasas de paro, acceden a puestos
temporales y, por tanto, más vulnerables al despido, pero además esto
representa una rebaja en los estándares que no están dispuestos a aceptar.
España es
el país con menos peso del empleo a tiempo parcial (13,5% en 2010) y el Reino
Unido y Dinamarca donde más peso tiene. Se trata de características
estructurales que han cambiado poco en los últimos años. En todo caso, el
tiempo parcial ha aumentado más en Dinamarca, de tal manera que ahora supera
ligeramente –en un punto– al Reino Unido. Se constata así que se mantiene una
tendencia general al alza de este tipo de empleos en países europeos muy
distintos.
El menor porcentaje de contratos a tiempo parcial en
España debe ser interpretado según las razones con las que se justifica. Los
niveles salariales, en especial cuando el trabajo a tiempo parcial se
desarrolla en empleos poco cualificados, hacen también que la opción por un
empleo a media jornada pueda desempeñarse más fácilmente de forma voluntaria en
los países con salarios más altos. En buena medida, la media jornada en España
no es una opción atractiva por los bajos salarios.
El trabajo
a tiempo parcial afecta, con independencia del país analizado, fundamentalmente
a las mujeres y esta circunstancia no se modifica con la crisis. Se constata
una estabilidad en España, Francia y el Reino Unido. Dinamarca es el único país
que ve aumentado en términos significativos el porcentaje de mujeres con
contrato parcial. Esto es una muestra de las dificultades para introducir una
lógica igualitaria en el mercado de trabajo.
En España el acceso generalizado a jornadas completas
hace que las diferencias por sexo sean menores. El Reino Unido es el país que
muestra una mayor brecha de género, de 30 puntos porcentuales.
Las
diferencias en España en función de la nacionalidad se han acrecentado con la
crisis. En 2010 había un 50% más de trabajadores extranjeros con jornada
parcial que trabajadores nacionales (19% frente al 12,7%), lo que refleja la
descarga de las necesidades de flexibilización del mercado de trabajo español
en la población extranjera. En el otro extremo, el Reino Unido era en 2010 el
país con menos diferencias.
Los
jóvenes son los que más habitualmente ocupan empleos a tiempo parcial en todos los
países. El alto porcentaje de Dinamarca, seguida del Reino Unido, debe ser
entendido como una estrategia vinculada a los estudios.
El tiempo
parcial involuntario, entendido como la imposibilidad de acceder a una jornada
completa, es un importante indicador de situaciones de subempleo. Se ha de
señalar, sin embargo, la ambigüedad de la apreciación de voluntariedad. En la UE-LFS se considera que es involuntario cuando
se declara que la razón por la que se dispone de un contrato a tiempo parcial
es que no se ha podido acceder a uno a tiempo completo pero se está disponible;
en cambio, el cuidado de niños se integra en el trabajo a tiempo parcial voluntario.
En España
la cuestión del alto porcentaje de jornadas parciales no deseadas nos remite a
la cuestión de la precariedad y su avance en la crisis. Si en España en 2006,
el 33,2% de las personas encuestadas hizo referencia a esta cuestión, en 2010
lo señalan el 49,3%. En los demás países, en los años los procesos de exclusión
del empleo de crisis, también ha aumentado el trabajo a tiempo parcial
involuntario. Sin embargo, en los países donde más peso tiene el contrato a
tiempo parcial, menor es la incidencia de la «involuntariedad»: un 15% en
Dinamarca y un 16% en el Reino Unido.
Otra forma
de aproximarse al subempleo, es la que considera en tal situación a las
personas a tiempo completo o a tiempo parcial asalariadas, o con empleo
independiente que se encuentran trabajando, o con empleo pero sin trabajar y
que durante el período de referencia trabajan involuntariamente menos de la
duración normal del trabajo para la actividad correspondiente, y que buscaban
un trabajo adicional o estaban disponibles para desempeñarlo.
En España,
el subempleo así considerado según la UE-LFS comprende a un 7,9% de las personas
que trabajan, un porcentaje inferior al de Francia (un 10,7%), pero que desde
2006 ha aumentado en España en casi tres puntos con la crisis. El subempleo es
más reducido en el Reino Unido (5,6%) y sobre todo en Dinamarca (4,4%) aunque
en ambos países ha aumentado. (3)
En cambio
en Francia se ha reducido de 2006 a 2010 de un 13,3% a un 10,7%. La importancia
del subempleo en Francia es consecuencia de las (4) que se aplican a través de
dos instrumentos: el desempleo parcial y la reducción del tiempo de trabajo. El
desempleo parcial se ha utilizado de forma intensiva y sostenida sobre todo en
los sectores del automóvil y del textil; su incidencia era mayor antes de 2008,
de ahí los datos de 2006, porque entonces no existía la actual regulación de la
reducción del tiempo de trabajo, pero todo parece indicar que en los últimos
años está aumentando como resultado de la crisis.
También en
el Reino Unido la crisis ha supuesto un ligero incremento, lo que sumado al
aumento del empleo a tiempo parcial no deseado conforma un escenario de
especial relevancia. Se ha de tener en cuenta que el número total de horas
trabajadas ha tendido a disminuir en los últimos años (Bell y Blanchflower,
2011b: R26).
Los países
analizados tienen en común que el subempleo se concentra en las mujeres –aunque
en Dinamarca la diferencia por sexo apenas es perceptible–, en los más jóvenes,
en las personas extranjeras y en las que tienen un nivel de estudios bajo o
medio. En estos años de crisis se ha intensificado el subempleo en estos
colectivos, sobre todo, en España.
II.3. ¿De qué situaciones provienen las personas
desempleadas?
II.3.1. Una panorámica general de los flujos al
desempleo
En este apartado consideramos los flujos que tienen como destino el
desempleo, lo que incluye la permanencia en el desempleo, así como las
transiciones del empleo al desempleo y de la inactividad al desempleo. Este
análisis es posible porque en la encuesta EU-LFS se pregunta a los
entrevistados «cuál era su actividad el año anterior».
Los desempleados
que declaran estar en la misma situación que el año anterior comprenden (incluyen)
a los desempleados de larga duración y a los que han experimentado repetidos
períodos de desempleo; es decir, incluye a las personas que, si bien en el
momento de realización de la encuesta y un año antes estaban desempleadas, no
lo han estado continuamente –pueden haber atravesado períodos de ocupación o
inactividad–.
En España
la permanencia en el desempleo es mucho mayor en 2010 que en los otros países.
Un 58,3% de los desempleados en 2009 se mantenían en paro un año después. En el
extremo opuesto está Dinamarca, con un 33,4%. Sin embargo, en todos los países,
excepto en Francia, se observa la misma tendencia: el flujo de permanencia en
el desempleo aumenta entre 2006 y 2010.
Por otro
lado, en España la transición del desempleo al empleo es la más baja: solo un
26% de los desempleados en 2009 encontraron empleo en 2010, en la misma
transición entre 2005 y 2006 la proporción fue del 42,9%. También el flujo del
empleo al desempleo aumentó: un 7% de los empleados en 2009 estaban
desempleados en 2010.
Un proceso
parecido pero menos acusado se observa en Dinamarca y el Reino Unido, mientras
que en Francia, de acuerdo con las tendencias del desempleo que hemos visto
antes, se mantiene estable en estos años tanto la permanencia en el desempleo
como el paso del empleo al desempleo.
En España,
el Reino Unido y Dinamarca entre el 10 y el 13% de los estudiantes en 2009
acaban desempleados en 2010, mientras que en Francia la proporción es mucho
menor (5,3%). En España, Reino Unido y Dinamarca la proporción de personas al
cuidado del hogar en 2009 que pasan a ser desempleadas en 2010 está entre el 8
y el 10%, mientras que en Francia es del 6%. En todos los países excepto en
Francia estos flujos de inactividad al desempleo aumentan con la crisis.
II.3.2. La transición del empleo al desempleo
Se ha
estudiado con más detenimiento la transición del empleo al desempleo usando
modelos de regresión logística. En ellos la variable dependiente (es decir, que
se ha de explicar) consiste en la probabilidad de realizar la transición. Y las
variables que explican tal probabilidad son el sexo, la edad, el nivel de
estudios, el estado civil, la nacionalidad y el sector de actividad en que se
trabajaba el año anterior. A continuación reseñamos los principales resultados.
En primer
lugar, es interesante notar que en España no había diferencias significativas
entre hombres y mujeres en la probabilidad de perder el empleo en 2010, pero sí
las había en 2008. Sin embargo, en el Reino Unido y Dinamarca hubo una
desventaja masculina en 2010, mientras que en Francia la desventaja es
femenina.
Tanto
antes como después de la crisis, en España, Reino Unido y Francia el grupo de
edad con una probabilidad mayor de pasar del empleo al desempleo es el formado
por las personas entre 15 y 24 años. Llama la atención el caso de Francia,
puesto que allí los más jóvenes tienen una probabilidad dos veces mayor de
pasar del empleo al desempleo que el grupo de referencia (el de personas entre
24 y 49 años). En Dinamarca, en cambio, es menos probable que este grupo de
edad pase a ser desempleado que el grupo con edades entre 25 y 49 años.
En España,
Reino Unido y Francia, el grupo de más edad, entre 50 y 64 años, tenía una
probabilidad menor de pasar al desempleo que el grupo de las edades centrales,
tanto en 2008 como en 2010. Este resultado puede estar relacionado tanto con el
hecho de que ocupan puestos de trabajo en el sector primario, más estables,
como con el hecho de que tienen unas tasas más altas de transición a la
inactividad y no al desempleo –por ejemplo, retiros o jubilaciones
anticipadas–. En cambio, en Dinamarca no hay diferencias estadísticamente
significativas en la probabilidad de transitar del empleo al desempleo entre
las personas de más de 50 años en relación con las personas en las edades
centrales, tanto en 2008 como en 2010.
Por
último, estar casado o separado/divorciado en todos los años y países implica
una menor probabilidad de pasar al desempleo respecto a ser soltero; en 2010 se
acentúan las diferencias.
El flujo
al desempleo es más probable en las personas con niveles educativos bajos. En
España, Reino Unido y Francia, tanto antes como durante la crisis, las personas
con estudios superiores tienen en torno a la mitad de las probabilidades de
pasar al desempleo que las personas con estudios bajos. En cambio, en Dinamarca
las probabilidades son parecidas: las personas con estudios superiores tienen
alrededor de un 33% menos de probabilidades de pasar al desempleo que las
personas con el nivel de estudios más bajo. Lo más notable, pues, es que las
diferencias por nivel de estudios persisten antes y durante la crisis.
Las
personas con la nacionalidad del país tienen un riesgo menor de pasar a ser
desempleadas que los extranjeros tanto en 2008 como en 2010 en todos los países
menos el Reino Unido, donde no hay diferencias. En 2010, en España, Francia y
Dinamarca los nacionales tenían la mitad de probabilidades de pasar al
desempleo que los extranjeros.
En 2010 los trabajadores de todos los sectores
económicos tenían una probabilidad de pasar a ser desempleados, menor que los
trabajadores de la construcción, aunque en Francia no hay diferencias
significativas entre estos y los trabajadores del sector servicios.
II.4. La cobertura de las prestaciones por desempleo
Uno de los
elementos clave para entender hasta qué punto están desprotegidos los
desempleados es comparar la cobertura de las prestaciones por desempleo entre
los países que analizamos. Sin embargo, la comparación no es fácil. Las fuentes
administrativas para el análisis de la cobertura conllevan dificultades
derivadas de los diferentes registros de las personas desempleadas en cada
país. En España, por ejemplo, no constan en la estadística de paro registrado
los fijos discontinuos ni los que realizan programas formativos ocupacionales,
aunque en ambos casos se percibe prestación. El resultado es que la tasa de
cobertura se incrementa. En cambio las personas que están en programas de
formación sí se incluyen en las estadísticas de parados en Dinamarca a partir
de 2010, y también figuran, por ejemplo, las prestaciones complementarias de
desempleo para trabajadores a tiempo parcial en determinados supuestos.
En España,
según los últimos datos del INEM, en enero-mayo de 2012 el número de
beneficiarios de prestaciones por desempleo era 2.965.943, distribuidas así:
46,6% de tipo contributivo, 45,6% asistencial y 7,8% de la Renta Activa de
Inserción. En conjunto representa una cobertura del 66,8%, inferior en cinco
puntos porcentuales a la del mismo período del año anterior; a esta reducción
ha contribuido sin duda el que haya finalizado el PRODI (programa temporal de
protección por desempleo e inserción) (Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
2012).
Para
comparar los distintos países necesitamos utilizar la cobertura por desempleo
estimada a partir de los datos de la EU-LFS para los años 2006 y 2010. Se
entiende por cobertura la ratio entre los desempleados que dicen recibir prestaciones
por desempleo (contributivas o asistenciales) y el conjunto de los
desempleados, estén o no inscritos en la oficina de desempleo y hayan tenido o
no experiencia previa de empleo. Según
la EU-LFS, la cobertura en España en 2010 era del 42,1%, pero según los
registros administrativos del mismo año era del 78,4%. Esta gran diferencia se
debe a dos circunstancias, la primera es que en el INEM se contabilizaron
706.809 desempleados menos que en la EU-LFS, y la segunda y principal, que los
desempleados con prestaciones eran 1.109.791, es decir, un 36,7% más.
De acuerdo
con la EU-LFS, la cobertura ha aumentado en estos años de crisis: el 42,1% en
2010 frente al 25,2% en 2006, lo que concuerda con la tendencia que se observa
en los registros administrativos, aunque los últimos datos de dicha fuente
indican, como hemos visto, una reducción en el período 2011-2012. Se ha de
tener en cuenta que la destrucción de empleo ha afectado a muy distintos
segmentos de la sociedad y, por tanto, también en mayor medida a personas que
reunían las condiciones de cotización para recibir la prestación. Pero a medida
que se prolonga la crisis, son cada vez más las personas que han agotado el
período máximo de prestaciones al que tenían derecho.
En
relación con los otros países, la cobertura en España en 2010 era inferior a la
de Dinamarca y un punto por encima de la de Francia. El Reino Unido en 2008
(último dato que disponemos) tenía una baja cobertura del desempleo, un 33,2%.
Si se
comparan los resultados obtenidos de la encuesta EU-LFS con los de la EU-SILC,
las tendencias son similares aunque la cobertura de las prestaciones no es
comparable porque en la EU-SILC se utiliza la percepción subjetiva de
desempleo. En España, en 2009 la cobertura –referida a la situación y las
prestaciones del año anterior de la renta– era del 54,4%, cobertura mayor que
la obtenida de la EU-LFS debido tanto a que se contemplan más desempleados como
también –y sobre todo– a que se contemplan más beneficiarios de prestaciones
(2.747.818).
En
definitiva, a pesar del aumento de la cobertura en los años de crisis, la
extensión estimada de las prestaciones en España continúa siendo inferior a la
de Dinamarca aunque se ha igualado con la cobertura que se registra en Francia
y es superior a la del Reino Unido. Según la EU-LFS (la estimación más
pesimista), había en España 2.652.925 desempleados sin prestaciones en 2010.
Los registros administrativos cifran en una media de 1.181.024 las personas
desempleadas sin prestaciones en 2011 y, según los últimos datos de
enero-febrero de 2012, hay registradas 1.386.367 personas desempleadas sin
prestaciones de ningún tipo, ni contributivo ni asistencial.
La
situación es particularmente dramática. La explosión del desempleo en estos
años de crisis ha dado lugar a un aumento sin precedentes de los demandantes,
al mismo tiempo que las políticas de activación del empleo son muy frágiles y
la gestión en las oficinas públicas de empleo es ampliamente reconocida como
ineficaz. Por esta razón, aunque se dedica el mayor porcentaje del PIB a las
políticas de empleo en los países que se analizan, un 3,7% en 2009, el grueso
de los recursos se derivan a las prestaciones directas y muy pocos a las
políticas de activación (un 0,6%).
Por lo que
se refiere a la intensidad protectora, entendida como proporción de los
ingresos previos, en 2007 era del 35,9%, dos puntos y medio menos que la de
diez años antes (OCDE, 2011).
Dinamarca
es el país de los que se comparan donde mayor es la intensidad de la protección
y también la cobertura de las prestaciones por desempleo. En 2007 se recibía un
47,7% de media de los ingresos del año precedente; téngase en cuenta que en
1997 era del 62,5% (OCDE, 2011). En Dinamarca, para beneficiarse de la
prestación por desempleo, se ha de haber trabajado 12 meses en los tres años
precedentes y la duración de la prestación por dicho concepto era de cuatro
años, pero en 2010 se redujo a dos años si bien a finales de 2011 no se había
aplicado todavía. Además, se reciben prestaciones por desempleo complementarias
si se está en un trabajo a tiempo parcial involuntario hasta cubrir el
equivalente a las 37 horas semanales. En 2010 la cobertura de las prestaciones
por desempleo era del 46,4% y se había reducido en los años de la crisis. Aun
así es el país donde una mayor proporción de desempleados disponen de cobertura
y la reciben en mejores condiciones. Asimismo es el único país donde la
estrategia de activación del empleo ocupa un papel central: en 2009, del 3,2%
del PIB dedicado a desempleo, un 1,2% se empleaba en la formación e inserción.
Las estrategias de activación han tenido un indudable éxito en períodos de
expansión, sin embargo están diseñadas para un volumen relativamente bajo de
demandantes, por lo que son menos efectivas en la situación actual de desempleo
creciente y destrucción de empleo.
En
Francia, las condiciones para el acceso a las prestaciones son haber cotizado 4
meses sobre los 28 precedentes que se convierten en 30 meses para los mayores
de cincuenta años. La prestación puede recibirse entre cuatro meses y dos años
(tres años para los mayores de cincuenta años). El nivel de cobertura en
Francia en 2006 era mucho mayor (40,7%) que el de España y el del Reino Unido.
Sin embargo, en los años que median entre 2006 y 2010 se ha mantenido mientras
que ha aumentado en los restantes países, por lo que tiende a converger.
Francia dedica un 2,4% del PIB (2009) a políticas de empleo, un 1,4% a
prestaciones a los desempleados y un 0,7% a políticas de activación. Aunque el
peso del desempleo es muy inferior al de España, las medidas de activación no
son el eje central de las políticas de empleo hasta el momento.
El Reino
Unido es el país con menor cobertura e intensidad de protección al desempleo;
se mantiene como el ejemplo paradigmático del régimen liberal de bienestar. En
los años 2006, 2007 y 2008, la cobertura se mantuvo en torno al 33%. Las
prestaciones comprendían un escaso 12,1% de media de las remuneraciones previas
en 2007 y se habían reducido casi seis puntos respecto a diez años antes (OCDE,
2011). En 2009 dedicaba un escaso 0,65 del PIB a políticas de empleo, del cual
un 0,33% se destinaba a prestaciones, una proporción ligeramente inferior a la
destinada a los servicios públicos de empleo (un 0,28%).
En otras
palabras, en los tres países que se han podido comparar, la tendencia en estos
años de crisis es similar; aumenta ligeramente la cobertura pero la intensidad
protectora sigue tendencias distintas: se reduce en España, en Dinamarca y en
el Reino Unido, y se mantiene en Francia.
Excepto en
Dinamarca, las políticas de activación no están plenamente desarrolladas en los
otros países. En este momento de destrucción de empleo, intensificar este tipo
de medias activadoras, en un contexto de aumento significativo del paro, posiblemente
tendría una eficacia muy limitada en cuanto al crecimiento del empleo y, por el
contrario, podría poner en cuestión el derecho de muchos desempleados a la
protección social que reciben.
II.4.1. Los receptores de prestaciones de desempleo
En la EU-LFS
se pregunta a las personas desempleadas si reciben prestaciones por desempleo.
A partir de esta cuestión, se ha analizado la probabilidad de que se reciba
prestación, con el mismo tipo de análisis (regresión logística) aplicado en las
transiciones del empleo al desempleo, según el sexo, la edad, el nivel de
formación y la nacionalidad; se han comparado Francia, España y Dinamarca para
los años 2006 y 2010, y con el Reino Unido para 2006 y 2008.
La crisis
ha supuesto una mayor desprotección de la mujer en todos los países, aunque se
parte de situaciones muy distintas. Las diferencias son particularmente agudas
en España y el Reino Unido. En ambos países la desprotección del desempleo se
escribe en clave femenina puesto que los hombres desempleados tenían en 2010
más del doble de probabilidades de recibir una prestación en España, y más del
triple de probabilidades en el Reino Unido en 2008; las peores condiciones de
empleo de las mujeres repercuten en la cotización, por esto no reúnen los
requisitos de cotización que les permitan acceder a las prestaciones en la
misma proporción que los hombres.
La brecha
en la desprotección por sexos es menor en Francia y Dinamarca: en 2010 las
probabilidades de tener prestaciones por desempleo de los hombres eran un 23% y
17% mayores respectivamente, que las de las mujeres. La crisis parece haber
hecho mella también en ambos países puesto que las diferencias no eran
significativas en 2006.
Con
respecto a la edad, los jóvenes, en todos los países, tienen menos probabilidades
de tener protección que las personas entre 25 y 49 años ya que en estas edades
se concentran los demandantes de primer empleo. En España, en 2006, los jóvenes
tenían un 76% menos de probabilidades de ser beneficiarios de una prestación
por desempleo, contributiva o asistencial, y un 78% menos en 2010.
La
situación de los jóvenes desempleados españoles, por lo que respecta a la
protección en términos comparativos con otras edades, es peor que la de sus
coetáneos en Francia o en el Reino Unido –en ambos países, además, ha mejorado
ligeramente–, aunque es en Dinamarca donde la probabilidad es todavía menor por
la peculiar estructura de las prestaciones en este país.
En cambio
en todos los países –excepto en el Reino Unido– los adultos mayores tienen más
probabilidades de tener protección que los desempleados entre 25 a 49 años,
pero con la crisis han perdido en parte esta ventaja.
En España,
de nuevo, es donde el cambio ha sido más profundo: se ha pasado de casi el
doble de probabilidades de tener prestación en 2006 a solo un 19% más en 2010.
Las
diferencias por nivel formativo no son significativas en España y apenas se han
modificado con la crisis. Es decir, la protección/desprotección atraviesa todos
los niveles formativos. Este rasgo distingue el caso español del francés y
danés, en estos países, si se dispone de un nivel formativo medio o superior,
se tienen más probabilidades de ser beneficiario de una prestación. Además la
crisis ha supuesto que las diferencias de protección de los desempleados según
su formación se incrementen en estos países.
Las
diferencias más acusadas se registran en Dinamarca, y el efecto de la crisis en
este país es más acusado. Los desempleados con estudios medios han pasado de
tener un 58% a un 63% más de probabilidades de recibir prestaciones respecto de
los desempleados con estudios básicos, y de no haber diferencias
estadísticamente significativas, a tener un 49% más de probabilidades los
desempleados con estudios superiores que los desempleados con estudios básicos.
La
desigualdad en el acceso a las prestaciones según los estudios es totalmente
distinta en el Reino Unido; las personas con nivel de estudios medio o alto
tienen menos probabilidades de recibir prestaciones por desempleo y la brecha
aumentó de 2006 a 2008, pasando del 31% al 49% menos de probabilidades en el
caso de los estudios superiores, y del 25% al 27% en los estudios medios,
siempre en comparación con los desempleados con estudios básicos –inferiores a
secundaria–. Es posible que esta diferente pauta se explique por la ya
mencionada escasa repercusión de la protección por desempleo en el Reino Unido.
En países como España, cobrar el desempleo es una situación normal para quien
se ha quedado sin empleo, y se siente como un derecho adquirido durante los
años de trabajo; sin embargo, en el Reino Unido, cobrar el desempleo es estar on the dole (en el paro), expresión despectiva que refleja la fuerte estigmatización que supone.
Es más bien una situación extrema de marginalidad laboral y social. Además,
como se ha expuesto, en el Reino Unido los beneficiarios son pocos y reciben
poco.
En España,
Francia y Dinamarca las personas casadas tienen más probabilidades de acceder a
las prestaciones por desempleo que los solteros; lo mismo sucede con los divorciados
y viudos respecto a los solteros. En España y Dinamarca la probabilidad ha
aumentado con la crisis mientras que en Francia se ha reducido ligeramente. En
el Reino Unido la pauta es distinta pues tienen menos probabilidades de recibir
prestaciones las personas casadas, sobre todo las mujeres desempleadas casadas.
Por
último, el tener la nacionalidad del país es uno de los factores fundamentales para
elevar la probabilidad de recibir prestaciones; o sea, que el colectivo de
desempleados extranjeros, están más desprotegidos y quizá sea este el rasgo más
contundente que comparten España, Francia y el Reino Unido. Con la crisis la
brecha en la desprotección en razón de la nacionalidad tiende a disminuir en
España y Francia pero aumenta en el Reino Unido, mientras que en Dinamarca las
diferencias no son significativas en los años analizados.
El
resultado es que en España, en 2010, los nacionales tienen un 23% más de
probabilidades de recibir prestaciones que los extranjeros; esta proporción se
eleva al 56% en Francia. Las regresiones separadas por sexo permiten comprobar
que en Francia son las mujeres extranjeras las más desprotegidas en este
contexto de crisis, y en España los hombres.
Sin
embargo, tanto en España como en Francia, el efecto fue mayor en 2006 que en
2010, es decir, con la crisis se han acortado las diferencias entre nacionales
y extranjeros en las probabilidades de tener prestaciones; esta reducción en la
brecha se debe en ambos países a que ha disminuido la desprotección entre los que
no tenían la nacionalidad del país, a consecuencia no solo del propio proceso
de consolidación de los inmigrantes en el mercado de trabajo español –para
reunir, a medida que pasan los años, las condiciones requeridas para acceder a
las prestaciones– sino también por los procesos de irregularidad sobrevenida y
de posibles abandonos del país de los desempleados extranjeros sin prestación.
El Reino
Unido sigue una pauta distinta, si en 2006 los nacionales tenían un 40% más de
probabilidades de recibir prestaciones, en 2008 la brecha entre unos y otros ha
aumentado y la probabilidad de protección de los que tienen la nacionalidad del
país es más del doble.
Conclusiones
Cuando
pretendemos valorar cómo afecta la crisis del empleo a los colectivos más desfavorecidos
en los países que comparamos, el primer interrogante que debemos plantear es
hasta qué punto se ha decantado la balanza hacia el desempleo o hacia el
subempleo/precarización o hacia ambos y qué relación puede establecerse con los
sistemas de protección al desempleo.
En España
la crisis ha supuesto, tal como sucedió en las anteriores, un aumento
desorbitado del desempleo y en especial del desempleo juvenil. La
generalización del desempleo en los períodos de crisis es un rasgo estructural
que la opción a la temporalidad como mecanismo de flexibilidad, tras la crisis
de los ochenta, más que resolver, enquistó a través de
la consolidación de un segmento de contratados estables –que cada vez son
menos– y de un trabajo precario basado en la flexibilidad externa mediante la
contratación temporal. En las sucesivas reformas laborales de los últimos
veinte años se ha intentado reducir sin demasiado éxito la temporalidad por la
vía de extender la flexibilización. El resultado es la combinación de una
relativamente elevada protección al desempleo con una elevada temporalidad,
aunque esta se ha reducido con la crisis, y la ausencia de una regulación
efectiva y de prácticas generalizadas de flexibilidad interna, todo lo cual
constituye un incentivo para recurrir al desempleo más que a otros mecanismos
como la reducción de los tiempos de trabajo. En definitiva, una vez más se ha
optado por el desempleo en detrimento del subempleo.
En cambio,
Francia aparece como el país más estable, donde ha incidido menos la crisis en
el empleo hasta el momento, menos que en países como el Reino Unido y
Dinamarca. La práctica de mecanismos de flexibilidad interna para adaptar las
condiciones laborales junto a una elevada protección, parecen incidir en
amortiguar o retrasar los efectos de la crisis en cuanto al desempleo en
comparación con los otros países de referencia.
En el
Reino Unido la crisis ha comportado tanto un aumento notable del desempleo como
un incremento de la contratación temporal, del contrato a tiempo parcial involuntario
y de trabajar menos horas de las deseadas; la escasa protección al desempleo
permite poco margen al trabajador, le coloca en una posición más débil, le
fuerza a aceptar peores condiciones laborales, en definitiva, incentiva la
precariedad.
Dinamarca
está también profundamente afectada por la crisis del empleo. Aunque partía de
valores muy bajos, la crisis ha producido un aumento del desempleo y también de
la duración del desempleo, sin alcanzar los valores de los otros países. Pero
el principal cambio en Dinamarca es que se están abriendo brechas en los
colectivos más afectados por la crisis en un país donde no había diferencias
significativas por sexo, edad, nivel de estudios y nacionalidad. Aun así es el
país con menos exclusión total o parcial del empleo en un sentido amplio.
La
concentración del desempleo en los hogares está siendo muy intensa en España:
un 13% de los hogares con al menos un activo tiene a todos sus miembros
desempleados. En cambio otros indicadores que recogen no solo el desempleo,
como es el caso de la baja intensidad del empleo en el hogar o la ausencia de
empleo entre todos los adultos, permiten comprobar la vulnerabilidad de los
hogares, en especial en el Reino Unido y, sobre todo, en los hogares con un
adulto y niños.
Por lo que
respecta a los colectivos más desfavorecidos con la crisis se detecta una
notable convergencia entre los países, bien porque se han profundizado las
brechas existentes en algunos casos, o bien porque han cambiado en la misma
dirección, en estos años de crisis, sin que sea ajena la cuestión de la
orientación predominante en las políticas laborales desarrolladas en la última
década.
En España
es donde más cambios se han producido debido a la aguda crisis del empleo que
atraviesa todas las edades. No obstante, son los jóvenes los más afectados por
el desempleo en estos años y los que tienen más probabilidad de perder el
empleo en comparación con otras edades. Sin embargo, no debemos olvidar que se
trata de un rasgo estructural del mercado de trabajo español, de hecho la
diferencia –ratio– en la probabilidad de perder el empleo respecto a los
adultos jóvenes y los adultos mayores apenas ha variado en estos años.
La
desventaja de género en España también experimenta una curiosa evolución con la
crisis. Si antes de la crisis las mujeres tenían más probabilidades de perder
el empleo, ahora, debido a la destrucción masiva de puestos de trabajo en
sectores masculinizados, se neutralizan las diferencias, en particular, en
determinados sectores de actividad. Un nivel formativo bajo y ser extranjero
son circunstancias que aumentan la probabilidad de perder el empleo, pero en
ambos casos el incremento ha sido moderado en estos años de crisis y las
desventajas son similares a las de otros países como Francia o el Reino Unido.
En Francia
se detectan pocos cambios en cuanto a los colectivos más desfavorecidos porque
la crisis afecta en menor medida al empleo, a pesar de ello es el país donde
los jóvenes tienen más probabilidades de perder el empleo en relación con otras
edades. También ser extranjero aumenta la probabilidad de pasar al desempleo.
En el
Reino Unido los hombres son los más afectados por la probabilidad de perder el
empleo y esta diferencia se ha agrandado en los últimos años. También la brecha
por edad es importante aunque en este caso la crisis no la ha profundizado, más
bien todo lo contrario.
Por
último, en Dinamarca donde, como hemos visto, las desventajas de los distintos
colectivos son más reducidas, la crisis ha supuesto una mayor probabilidad de
perder el empleo tanto entre los hombres como entre los jóvenes. Pero es el
cambio en la brecha por nacionalidad el que más destaca; por primera vez tienen
más probabilidades de perder el empleo los extranjeros.
Por otra
parte, la crisis está incidiendo de manera distinta en la protección según los
colectivos en los países que analizamos. Los colectivos más afectados por el
desempleo con frecuencia son también los más desprotegidos, aunque no siempre
es así.
En España
destaca, en primer lugar, la desprotección de las mujeres en cuanto a la
probabilidad de recibir prestaciones de desempleo, esta desprotección se ha
agudizado con la crisis. En segundo lugar, la desprotección de los jóvenes, una
constante que no varía sustancialmente con la crisis. En tercer lugar, la
desprotección de los extranjeros, aunque con la crisis se han reducido las
diferencias.
En
Francia, la principal brecha en la desprotección corresponde a los extranjeros,
la más alta de los países considerados; y en segundo lugar la desprotección
según el nivel de estudios, aunque en ambos casos hay pocos cambios en los
últimos años. En el Reino Unido la mayor desprotección recae en las mujeres y
en los extranjeros, y la brecha aumenta con la crisis.
Por
último, en Dinamarca la crisis del empleo ha abierto brecha entre los distintos
segmentos, pero estas diferencias no se traducen en una menor protección por
desempleo. Un caso significativo es el de los extranjeros: tienen más
probabilidad de perder el empleo que los nacionales pero parecida probabilidad
de recibir prestaciones por desempleo. En definitiva, el modelo de flexiguridad
no ha evitado el aumento de las desigualdades en los años de crisis, pero
en comparación con otros países, ha amortiguado las desigualdades en la protección.
-
III. El impacto de la crisis sobre la desigualdad y la
pobreza en la Unión Europea
Desde el
comienzo de lo que se ha venido a considerar como la gran recesión, el drástico
cambio de ciclo económico ha afectado a varios de los pilares sobre los que
descansa el bienestar de los ciudadanos en la mayoría de las sociedades
europeas. El aumento del desempleo en muchos países y la caída de los salarios
de los trabajadores con menos recursos han dado origen, en la mayoría de los
casos, a un estancamiento –cuando no empeoramiento– de los niveles de vida y a
un veloz aumento de las situaciones de vulnerabilidad. Paralelamente, las
crecientes dificultades para financiar el gasto social han limitado las
posibilidades de la red de protección para dar respuesta a un crecimiento sin
parangón de la demanda de intervención pública redistributiva.
Según
datos de Eurostat, a finales de 2010 había más de 82 millones de pobres en la
Unión Europea. La tasa de desempleo creció desde el 7,2% de 2007 al 9,6% en
2011, lo que representa una variación al alza de más de un tercio respecto a su
nivel inicial. El desempleo pasó a afectar a más de uno de cada cinco jóvenes
europeos, y se alcanzó un nivel similar en el riesgo de pobreza de este
colectivo. También en otros grupos, como los inmigrantes, se elevó el riesgo de
insuficiencia de ingresos o pobreza monetaria hasta alcanzar tasas cercanas al
30% de estos hogares.
Siendo
indudable que todos los países de la Unión Europea han registrado aumentos en
las necesidades sociales, lo es también que la pobreza y la desigualdad se han
manifestado en cada caso con diferente intensidad y alcance. Por un lado, los
cambios en el desempleo no han sido uniformes y su crecimiento es mucho mayor
en unos países que en otros. Así, mientras que en vísperas de la crisis España
pasó de una tasa de paro ligeramente superior al 8% a otra cercana al 25% a
comienzos de 2012, para el promedio de la UE-27 el salto fue del 7,2 al 9,6%.
Algo similar puede decirse respecto a los cambios en la estructura salarial.
Por otro lado, la traducción del deterioro económico en la mengua de ingresos y
cambios en las condiciones de vida de los hogares está intermediada por la
fortaleza de las redes de protección. Las diferencias observables en los
indicadores básicos de pobreza y
Desigualdad, no solo tienen su origen en el mayor o
menor agravamiento de determinados desequilibrios macroeconómicos, sino también
en la diferente cobertura proporcionada por los sistemas de protección social.
De hecho,
ya antes de la crisis en muchos países existían indicios de que la onda larga
de crecimiento económico no había modificado sustancialmente el riesgo de
pobreza de amplias capas de la población. La emergencia de nuevos retos
demográficos, ligados sobre todo a los cambios en la estructura de los hogares,
el envejecimiento de la población y los flujos de trabajadores entre países, no
fue suficientemente compensada por un reparto progresivo de los frutos del
crecimiento económico. Por una parte, en varios países, los procesos de
internacionalización económica y la desregulación de los mercados de trabajo
hicieron aumentar el empleo de bajos salarios y, con ello, la vulnerabilidad de
amplios segmentos de trabajadores. Por otra, la mayor selectividad de las
políticas sociales, el tono más restrictivo de estas y la generalización de
reformas tributarias tendentes a la rebaja de tipos impositivos limitaron
considerablemente la capacidad de la intervención pública para corregir las
desigualdades y aliviar la pobreza.
La amplia
variedad de experiencias internacionales en el desarrollo de las políticas
públicas dio forma antes de la crisis a un singular mosaico de combinaciones de
eficiencia y equidad. En algunos países, principalmente de renta media y baja,
la puesta en marcha de severos procesos de ajuste y liberalización económica se
saldó, en términos generales, con mejoras notables en el ritmo de crecimiento
económico, pero con consecuencias muy variadas sobre las situaciones de
insuficiencia de ingresos. Así lo confirman tanto los casos en que el
crecimiento de la renta media fue compatible con reducciones significativas de
la pobreza como el de otros en los que esta aumentó. En los países de mayor
renta, la puesta en marcha de distintos procesos de ajuste de las cuentas
públicas también dio origen a comportamientos muy heterogéneos en el
crecimiento de las rentas de los hogares y en la reducción de la pobreza; pese
a ello, no puede afirmarse en ningún caso que la prolongación del crecimiento
económico en los años anteriores a la crisis sirviera para generar mejoras
sustanciales en el bienestar social.
Con el
desarrollo de la crisis, esos niveles de bienestar se han reducido en muchos
países, si bien la diversidad de tipologías en el diseño de la protección social,
la generosidad de los sistemas y la capacidad de los mecanismos de garantía de
ingresos mínimos han dado origen a una notable heterogeneidad en el aumento de
las necesidades sociales ante la gran recesión. Las acusadas diferencias entre
los países europeos en esas tres dimensiones obligan a anticipar que la
respuesta a la crisis ha sido más eficaz donde las redes de protección eran más
sólidas. La atonía de la actividad económica y el aumento de las necesidades
sociales han puesto de manifiesto, precisamente, la debilidad de estas redes en
algunos países y su fortaleza en otros, y en tal divergencia encontramos un
factor determinante de las posibles diferencias en los efectos de la crisis.
Estos
elementos de reflexión remiten al análisis detallado de los datos de ingresos y
condiciones de vida de los hogares, tanto para identificar la similitud o
diferencia en los procesos de desigualdad y la pobreza en los países de la
Unión Europea como para trazar un posible cuadro de determinantes, ya sean
comunes o diferentes, de dichos procesos. El objetivo de este capítulo es
ofrecer un cuadro amplio de indicadores de pobreza y desigualdad en la crisis
referido a la muestra de países seleccionada para este proyecto. Con tal
objetivo se explota la información que ofrece Eurostat a través de la EUSILC (Encuesta
de Ingresos y Condiciones de Vida de la Unión Europea). En el primer
apartado se revisan los principales cambios en los indicadores de desigualdad.
En el segundo se analizan los efectos de la crisis sobre las tendencias de la
pobreza en los países objeto del estudio. En el tercer apartado se estudian los
cambios en los perfiles de la pobreza. En el cuarto apartado se examinan los
cambios en la intensidad y la severidad de la pobreza. El trabajo se cierra con
una breve relación de conclusiones.
III.1. Los efectos de la crisis en la distribución de
la renta
Son varios
los canales a través de los cuales la prolongación de la recesión en la
economía europea ha incidido en el bienestar de los hogares, pero el más inmediato
es, probablemente, el efecto de la crisis en los niveles de renta y su distribución.
Los modelos de análisis más extendidos sobre los efectos del cambio de ciclo
económico en la desigualdad y la pobreza parecen confirmar que en las etapas de
expansión económica, y sobre todo de creación de empleo, la desigualdad se
reduce, mientras que en las fases de deterioro de las condiciones
macroeconómicas empeoran más drásticamente las rentas de los hogares que se
hallan en la parte inferior de la distribución de la renta, cuya participación
laboral es más inestable (Blank, 2009).
No
obstante, no existe un cuadro de efectos bien definido y común a todos los países.
En algunos casos, por ejemplo, se ha constatado que no se registra esa simetría
en las distintas fases del ciclo económico. Si bien son escasos los trabajos que
han tratado de medir la posibilidad de efectos diferentes de las expansiones y
las recesiones, la limitada evidencia disponible parece mostrar que la
desigualdad aumenta en las recesiones, sin que necesariamente se reduzca con la
reactivación de la actividad económica. Estas constataciones invitan a tomar
como punto de partida el supuesto de que la caída de las rentas ha tenido un
efecto adverso en la desigualdad (Hines et al., 2001).
Una manera
muy intuitiva de comprobarlo es observar los cambios en el índice de Gini. Este
índice, además de ser el indicador más generalizado en la medición de la
desigualdad, cuantifica la concentración de la renta y ofrece una medida
ajustada de cómo los grupos con ingresos más bajos reciben menos de lo que les
correspondería según su peso en la población, mientras que sucede lo contrario
en los hogares más ricos. Con valores posibles entre 0 y 1, cuanto más alto es
el índice, mayor es la desigualdad observada.
Desde la
perspectiva comparada, el rasgo más destacado es cierta convergencia en los
índices correspondientes a cada país, junto a la estabilidad aparente del
comportamiento de la desigualdad en el promedio de los 27 países pertenecientes
a la Unión Europea (gráfico 1).(2) Francia registró el
mayor incremento del índice de Gini, lo que situó a este país prácticamente en
la media de la UE-27 pese a presentar un nivel de desigualdad inferior a ese
promedio antes de la crisis. En España, que antes del comienzo de las turbulencias
económicas presentaba un nivel de desigualdad superior a la media de la Unión
Europea, el crecimiento de este indicador fue mayor que el del promedio de
países. El aumento de la desigualdad en España, de hecho el mayor desde que se
dispone de información anual, lleva el indicador a uno de los valores más altos
de la UE-27.
Cualquier
valoración del bienestar que se pretenda establecer ligada a los cambios en la
renta media y la desigualdad está condicionada por la limitada capacidad
informativa que proporciona el uso de solo dos de las dimensiones que afectan a
la situación económica de los hogares. No se tiene en cuenta, por ejemplo, la
estructura de la desigualdad y la posibilidad de que el aumento de las
diferencias entre determinados grupos de renta pueda estar compensada por el
estrechamiento de las existentes entre otros grupos. Cambios muy moderados en
la desigualdad global pueden esconder aumentos de las distancias entre las
rentas medias y las más altas compatibles con reducciones de las diferencias
entre las rentas medias y las rentas bajas. En crisis anteriores, de hecho, la
ralentización de la actividad económica dio origen a ritmos muy distintos de
variación de las rentas correspondientes a distintos percentiles, pero también
de cada fuente de renta, más concentradas las de capital en los hogares con
mayores recursos económicos.
La
revisión histórica elaborada por Atkinson (2009) sugiere que los hogares de
mayor renta suelen salir bien parados de las recesiones, con caídas iniciales de
renta que pueden ser importantes, pero que son seguidas por aumentos prolongados
de sus rentas hasta superar los niveles anteriores. En el caso de Estados
Unidos, por ejemplo, las pérdidas de renta fueron claramente mayores en
términos absolutos en los hogares más ricos, sobre todo al principio de la
crisis, por la caída de las rentas de la propiedad; pero en términos relativos
las pérdidas más acusadas las registraron los hogares situados en las partes media
y baja de la distribución de la renta. Los datos de consumo y de ganancias en
los mercados de capitales revelan también que los grupos con mayores rentas se
están recuperando más rápidamente que el resto. Las pérdidas de riqueza de los
hogares con rentas más altas se concentraron, además, en la gama baja del
estrato con mayor renta, más que en los más ricos (Smeeding y Thompson, 2011).
Para el
caso de los países seleccionados, los datos disponibles de la EU-SILC permiten
analizar también los cambios en la estructura de la desigualdad. El indicador
de distancias —la distancia se calcula como el cociente de los ingresos que
dividen a la población en dos grupos de renta o percentiles distintos— entre
los percentiles altos y los bajos de renta (percentil 90 / percentil 10) se puede
descomponer como el producto de la distancia entre las rentas altas y medias
(percentil 90 / percentil 50) y la distancia entre rentas medias y bajas (percentil
50 / percentil 10). Los datos de la tabla 3.1 revelan que antes de la crisis en
la mayoría de los países estudiados, salvo Francia, donde pesan casi igual los
dos componentes, el factor más determinante de las diferencias entre los
perfiles extremos era la distancia entre la mediana y las rentas más bajas, especialmente
en países como España (3). La crisis no ha alterado este cuadro, salvo en el
caso del Reino Unido, donde las diferencias se dan más en la parte alta de la
distribución de la renta.
El
análisis diferenciado de ambos componentes confirma que la crisis ha afectado
de diferente manera a cada grupo de renta en los países estudiados. En
Dinamarca y España, países, junto a Francia, en los que aumentó el indicador
general, crecieron tanto las distancias entre las rentas altas y la mediana
como las que van de ese punto central a las rentas bajas, pero la diferencia
aumentó mucho más en la parte inferior de la distribución. En el caso de
España, destaca en el contexto comparado la caída de las rentas bajas, con un
descenso de la ratio P50/P10 superior al 16% desde el comienzo de la crisis. En
Francia y el Reino Unido la evolución ha sido distinta, al registrar un mayor
ensanchamiento de las diferencias en la parte alta de la distribución de la
renta. En el Reino Unido, de hecho, el otro componente disminuyó y lo mismo
sucedió en Alemania, donde no ha habido cambios
en las diferencias entre las rentas más altas y la mediana. La desigualdad,
por tanto, aumentó de forma distinta en cada uno de los países estudiados,
aunque dentro de una tendencia más o menos común al alza; se observan, además,
diferencias importantes en el modo en que el deterioro de las condiciones
macroeconómicas afectó a cada grupo de renta. La diferente intensidad de los
procesos de pérdida de empleo, las divergencias en los cambios en la estructura
salarial o la intermediación de otras redes informales de protección
influyeron, sin duda, en las consecuencias de la gran recesión sobre la
desigualdad en cada país. No obstante, es difícil pensar que la diferente
fortaleza de los instrumentos redistributivos no haya condicionado la
traducción de la caída de la actividad económica y el crecimiento del desempleo
en menor o mayor desigualdad.
Los
sistemas de impuestos y transferencias han modulado el cambio en la renta
disponible de los hogares, aunque en cada país lo han hecho con distinta
intensidad. La diferenciación entre la renta de mercado —rentas primarias de
los hogares, resultante de la participación en los mercados de trabajo y
capital— y la renta disponible —que llega a los hogares una vez descontado el pago
de impuestos y añadida la percepción de prestaciones— permite apreciar, de
nuevo, la existencia de comportamientos poco uniformes durante la crisis en los
países objeto de estudio (gráfico 2). En Dinamarca y España, tanto las rentas
de mercado como la renta disponible de los hogares registraron crecimientos muy
moderados, aunque con un mayor incremento de la segunda de estas variables,
mientras que lo contrario sucedió en Alemania y Francia. En el Reino Unido se
produjo una drástica caída de los dos tipos de renta>>.
Este trabajo de “La Caisha”, tiene
un mérito indiscutible por el hecho de haber puesto de manifiesto la llamada exclusión social que ha venido
para quedarse. Pero fijémonos en que a lo largo de toda esta exposición citada,
no aparece absolutamente nada que permita explicar las “causas” o principios activos fundamentales del
capitalismo, que provocaron la creciente desigualdad en el reparto de
la riqueza y, finalmente, la marginación
de las mayorías absolutas trabajadoras, en gran parte confinadas a sufrir las
consecuencias del desempleo
permanente. Otro detalle del texto, es que la palabra “crisis” aparece 203 veces; “impacto” 57 y su más preciso y significativo sucedáneo:
“consecuencias”, sólo 15. Pero el vocablo “causas” no se ve por ningún
sitio. Como si las consecuencias
surgieran automáticamente de sí mismas por generación espontánea, de modo tal
que así, estos señores pudieran omitir referirse a los ya mencionados principios activos del capitalismo,
como es el caso de la propiedad
privada de los medios de producción y el dinero bancario, dos causas
fundamentales objetivamente determinantes de todas las consecuentes desigualdades
y noxas sociales
propias del capitalismo. Finalmente, la expresión “inversión
social” aparece sólo tres veces en los dos últimos párrafos del texto, cuyo
significado va vinculado
al concepto de “capital social”, que las usinas ideológicas del sistema definen
eufemísticamente como capital humano,
para ocultar que se trata de trabajo asalariado creador de plusvalor o
ganancia, es decir, trabajo explotado
sin contraprestación alguna.
Tampoco
aparece la hipocresía y el cinismo que caracterizan a la pequeñoburguesía intelectual políticamente institucionalizada
—odiosos defectos humanos en parte intrínsecos a su naturaleza de clase, en
parte forzada por sus propias circunstancias—, y que sólo pueden ser y son superados
en crueldad por sus propios e irrenunciables intereses creados, derivados del
sistema en esta clase social intermedia, de tal modo corrompida comprometida en
la tarea de prolongar indefinidamente —aun cuando “alegro ma non tropo”—,
semejante conglomerado de vida explotador y genocida, tal como ha venido
demostrando el sistema ser desde sus orígenes, día que pasa cada vez más insoportable.
A
continuación, queremos volver sobre lo que ya publicáramos en julio de 2005
acerca del “Manifiesto Comunista” titulado: “La más breve y reveladora polémica pública que
Marx sostuvo en toda su vida”,
donde puso énfasis en la necesidad de acabar con “los tópicos, las palabras sin sentido, los caminos trillados y el
curanderismo reformista social y político del capitalismo”. Y es que la
mayoría de los individuos a quienes les tocó vivir en las distintas etapas del desarrollo histórico de la humanidad,
concibieron la suya propia tan
estable como eterna. Tal fue el caso, por ejemplo, de Pierre Joseph Proudhon y todavía
hoy lo es, para los interesados dirigentes políticos que militan ya sea en
partidos de la derecha ultraliberal, como en la izquierda populista y
socialdemócrata tradicional, para quienes el capitalismo es tan eterno como perfectible. Acerca de este error de no
pocos interesados se refirió Marx, en una carta que remitió al escritor y
crítico literario Pavel Vasilievitch Annenkov el 28
de diciembre de 1846, aludiendo a la conocida obra que Proudhon tituló “Filosofía
de la miseria”:
<<El
señor Proudhon se halla tan lejos de la verdad que omite incluso lo que los
economistas profanos toman en consideración. Cuando habla de la división del
trabajo, no siente la necesidad de hablar del mercado mundial. Pues
bien, ¿acaso la división del trabajo en los siglos XIV y XV, cuando aún no
había colonias, América no existía para Europa y al Asia Oriental sólo se podía
llegar a través de Constantinopla, acaso esa división del trabajo no debía
distinguirse esencialmente de la división del trabajo en el siglo XVII, cuando
las colonias se hallaban ya desarrolladas?
Pero esto
no es todo. La organización interior de los pueblos, todas sus relaciones
internacionales, ¿son acaso otra cosa que la expresión de cierta división del
trabajo?, ¿no deben cambiar con los cambios en la división del trabajo?
El señor
Proudhon ha comprendido tan poco el problema de la división del trabajo, que ni
siquiera habla de la separación de la ciudad y del campo, que en Alemania, por
ejemplo, se operó del siglo IX al XII. Así, pues, esta separación debe ser ley
eterna para el señor Proudhon, ya que no conoce ni su origen ni su [535]
desarrollo. En todo su libro habla como si esta creación de un modo de
producción determinado, debiera existir hasta el fin del mundo. Todo lo que el
señor Proudhon dice de la división del trabajo es sólo un resumen, por cierto
muy superficial, muy incompleto, de lo dicho antes por Adam Smith y otros mil
autores.
La segunda
evolución son las máquinas. Para el señor Proudhon la conexión entre la
división del trabajo y las máquinas es enteramente mística. Cada una de las
formas de división del trabajo tiene sus instrumentos de producción
específicos. De mediados del siglo XVII a mediados del siglo XVIII, por
ejemplo, los hombres no lo hacían todo a mano. Poseían instrumentos, e
instrumentos muy complicados, como telares, buques, palancas, etc., etc.
Así, pues,
nada más ridículo que derivar las máquinas de la división del trabajo en
general. Señalaré también, de pasada, que si el señor Proudhon no ha alcanzado a
comprender el origen histórico de las máquinas [y sus inevitables consecuencias], peor aún ha comprendido ese su
desarrollo. Puede decirse que hasta 1825 —período de la primera crisis
universal-- las necesidades del consumo, en general crecían más rápidamente que
la producción, y el desarrollo de las máquinas fue una consecuencia forzada por
las necesidades del mercado. A partir de 1825, la invención y la aplicación de
las máquinas no han sido más que un resultado de la guerra entre patronos y
obreros. Pero esto sólo puede decirse de Inglaterra. En cuanto a las naciones
europeas, se han visto obligadas a emplear las máquinas por la concurrencia que
les hacen los ingleses, tanto en sus propios mercados como en el mercado
mundial. Finalmente, en Norteamérica la introducción de la maquinaria se ha
debido tanto a la concurrencia con otros pueblos, como a la escasez de mano de
obra, es decir, a la desproporción entre la población del país y sus
necesidades industriales. Por estos hechos puede usted ver qué sagacidad pone
de manifiesto el señor Proudhon cuando conjura el fantasma de la concurrencia
como la tercera evolución, ¡como la antítesis de las
máquinas>>. (Op. Cit. Subrayado nuestro. Confrontar con parágrafo 12 y
siguientes de la versión
digitalizada).
Annenkov
pudo conocer a Marx en marzo de aquél año, por la circunstancial mediación de
un opulento “bon vivant”, el latifundista “de las estepas rusas” llamado Leon
Tolstoi ―nada que ver con el célebre novelista— excelente intérprete de
canciones zíngaras, buen jugador de cartas y experimentado cazador”, cuando le
entregó una carta de recomendación “para el famoso Karl Marx”. Tal fue el
pretexto del que se valió Annenkov para conocer al personaje, quien le recibió
en su por entonces domicilio de Bruselas el 30 de ese mes de marzo de 1846. En
ese primer encuentro, Marx le invitó a una reunión que junto con Engels, ambos
habían previsto celebrar en su casa el día siguiente con el sastre Wilheim
Weitling, quien por aquél entonces “dirigía en
Alemania un partido político de respetable envergadura”. La reunión fue
convocada con el fin de poder establecer una táctica común entre los dirigentes
del movimiento obrero. Y “como era de suponer ―dijo Annenkov―, no
vacilé lo más mínimo en aceptar la invitación”.
Según
el relato del escritor alemán Hans Magnus Enzensberger en su
obra titulada: “Conversaciones con Marx y
Engels” publicada por la Editorial “Anagrama/1974, el día siguiente:
<<Después
de habernos presentado someramente, cosa
que por parte de Weitling ocurrió con una cierta amabilidad rebuscada, tomamos asiento junto a una pequeña mesita
verde, a cuya cabecera se sentó Marx con un lápiz en la mano y su testa de león
inclinada sobre una hoja de papel. Fue Engels quien inició la sesión
hablando de la necesidad de que quienes se dedican a la tarea de transformar la
sociedad, “tengan las ideas claras acerca de sus respectivas opiniones, y que
era preciso crear una doctrina común que sirviera de bandera, en torno a la
cual pudieran congregarse todos aquellos que no tuvieran el tiempo o las
posibilidades de ocuparse en cuestiones teóricas”. Engels no había acabado
todavía su discurso, cuando Marx levantó su cabeza y preguntó directamente a
Weitling:
―Díganos,
Weitling, usted que ha venido armado tanto jaleo en Alemania con su propaganda
comunista, y que ha reunido en torno suyo a tantos obreros, que de esta forma
perdieron el trabajo y el pan, ¿con qué argumentos defiende usted su actividad
revolucionaria y social, y cómo piensa usted basarla en el futuro?
Todavía recuerdo con todo detalle
―dijo Annenkov― la forma brusca de esa pregunta, dado que, en aquél
reducido grupo de personas, dio lugar a una apasionada discusión que, como
explicaré más adelante, no duró mucho tiempo.
Weitling parecía querer mantener la discusión
en lugares comunes de la retórica liberal. Con semblante serio, preocupado,
comenzó a explicar que no era tarea suya el crear nuevas teorías, sino, el
aceptar aquellas que, ―como había quedado demostrado en Francia— eran las
más adecuadas para que los obreros abrieran sus ojos ante lo desesperado de su
situación, ante todas las injusticias que les infligían los gobernantes y la
sociedad, y que les enseñaran a no conceder crédito a ninguna promesa, poniendo
todas sus esperanzas en ellos mismos, en la construcción de la sociedad
comunista democrática.
Habló mucho, pero, con gran extrañeza por
mi parte y a diferencia del discurso de Engels, sus palabras eran oscuras y
enredadas, incluso en la forma, repitiéndose a menudo y corrigiendo sus propias
palabras. Con grandes dificultades llegó a la conclusión, que en su caso vino
retrasada o con antelación a las premisas. En aquél momento estaba hablando a
unos oyentes muy distintos a los que habitualmente le rodeaban en su taller o
leían su diario o sus panfletos sobre la situación económica actual. De esta
forma, perdió la libertad de pensamiento y de lenguaje.
A buen seguro habría continuado hablando
de no ser porque Marx le interrumpió enfadado y frunciendo las cejas, para
iniciar su sarcástica respuesta. Ésta venía a decir, en esencia, que era
sencillamente un fraude sublevar al pueblo sin darle algunas bases firmes y
elaboradas para su actividad. Marx continuó afirmando que, despertar unas esperanzas
fantásticas nunca llevaría a la salvación de los que sufrían, sino que
conduciría a su fracaso. Y esto era todavía más válido en Alemania, donde
dirigirse a los obreros sin unas doctrinas concretas y unas ideas rigurosamente
científicas, equivalía a un juego vacío e inconsistente con la propaganda, que
presupone, por una parte, un apóstol entusiasmado, y, por otra, unos asnos que
le prestan atención boquiabiertos. Y señalándome con un brusco gesto, continuó:
Aquí, entre nosotros, se encuentra un ruso. En su país, Weitling, quizás
estuviera indicado su papel. Sólo allí pueden constituirse asociaciones entre
apóstoles absurdos y discípulos igualmente absurdos>> (Hans Magnus Enzensberger: Op. Cit. Ed. Anagrama-Barcelona T. 1 Pp. 64-66).
Annenkov
en su carta siguió diciendo que Marx insistió en la idea de que sin una
doctrina sólida, concreta, que oriente la lucha política en un sentido
efectivamente revolucionario, es imposible lograr algo en tal sentido
estratégico y que, hasta el momento, en Alemania y demás países europeos “no se
había conseguido más que ruido, arrebatos perniciosos y fracaso de la causa
misma que uno ha tomado en sus manos”. Y continuando su relato según
Enzensberger, Annenkov recuerda que tras el duro discurso de Marx….:
<<…las
pálidas mejillas de Weitling se colorearon y sus palabras adquirieron viveza.
Con voz trémula por la excitación, comenzó a demostrar que una persona que
había logrado reunir en torno suyo a centenares de personas en nombre de la
idea de la justicia, la solidaridad y el amor fraterno, no podía ser tildada de
persona sin contenido, ociosa; que él ―Weitling―, se consolaba
frente a los ataques de hoy, con los centenares de cartas y manifestaciones de
adhesión y gratitud que recibía desde todos los rincones de su patria, y que su
modesta labor de preparación para la tarea común, tenían mayor
importancia que la crítica y los análisis de gabinete, que se efectuaban lejos
de los sufrimientos del mundo y de las vicisitudes del pueblo.
Estas últimas palabras despertaron
definitivamente la ira de Marx, quien, en su exasperación, golpeó la mesa con
el puño con tal fuerza, que la lámpara comenzó a tambalearse, y dando un salto
gritó: “Hasta ahora, la ignorancia jamás ha sido de provecho para nadie”.
Nosotros seguimos su ejemplo y también
nos levantamos. La entrevista había llegado a su fin. Y mientras Marx iba
recorriendo la estancia de un extremo a otro con desacostumbrada ira y
excitación, me despedí rápidamente de él y de los demás, y regresé a casa
sumamente sorprendido por todo cuanto acababa de ver y oír>>. (Ibíd Pp. 67-68)
El
31 de marzo, es decir, al otro día de la reunión, Weitling le escribió a Moses
Hess para comunicarle lo sucedido, y resultó que en torno
a aquella “pequeña mesita verde” se habían reunido, además de los ya nombrados,
Philippe Gigot, Louis Heilberg, Sebastián
Seiler, Edgar von Westphalen y Joseph Weydemeyer. Después de
nombrar a todos los asistentes a esa reunión, Weitling le dijo a Hess lo
siguiente:
<<...Marx
trajo a alguien, a quien nos presentó como un ruso [Annenkov] y que no dijo
palabra en toda la velada. La discusión giró en torno a la pregunta: ¿Cuál es
la mejor forma de hacer propaganda política en Alemania? Fue Seiler quien la
había planteado, pero declaró que, en aquél momento no podía dedicarse a
concretar respuestas, pues existía el peligro de que se trataran algunos
asuntos delicados, etc. Marx intentó en vano hacer hablar a S[eiler]. Ambos se
excitaron, sobre todo Marx. Por fin, fue éste quien desarrolló la cuestión.
Llegó a las siguientes conclusiones:
1. En el seno del Partido comunista
(se refiere a la “Liga de los Justos”) debe llevarse a cabo una
purga.
2.
Ésta puede efectuarse criticando a los que no sean aptos y separándolos de las
fuentes de dinero.
3.
Esta purga es, en los momentos actuales, la principal tarea que pueda realizarse
en interés del comunismo.
4.
Aquél que tenga el poder de procurarse influencia sobre los financieros,
también posee los medios de alejar a los demás y hace bien en utilizarlos.
5.
El “comunismo de los artesanos”, el “comunismo filosófico” [esta distinción la
utilizó primero Marx o quien fuera, yo no] deben ser combatidos. Debe
ridiculizarse el sentimiento. Eso sólo es una fantasía. Nada de propaganda
oral, ninguna constitución de propaganda clandestina. En resumen, en adelante
no debe utilizarse el término propaganda.
6.
Por de pronto, no puede hablarse de la realización del comunismo. Ante todo, ha
de subir al poder la burguesía.......>> (Ibíd. Lo entre paréntesis es
nuestro).
En el resto de la carta, Weitling dio
rienda suelta a su amor propio tan cruelmente vapuleado por Marx, producto de
su concepción idealista y artesanal
de la política, con un criterio de presunta verdad y eficacia de su propia
práctica, únicamente basado en su valioso e indiscutible carisma personal y en
los elogios de sus no pocos seguidores, quienes le tenían entre los mejores
artífices de la única táctica de lucha conocida y probada hasta entonces. Estas
condiciones crearon en torno suyo una prejuiciosa barrera intelectual, que le
incapacitó para comprender los contenidos
políticos revolucionarios e inauditos de Marx, superadores de la utópica e ingenua militancia de base
de andar por casa en el movimiento. No viendo alternativa ninguna al riguroso y
convincente pensamiento sin fisuras de su oponente ―como dijera el propio
Annenkov en su relato― Weitling acabó “perdiendo toda libertad de
pensamiento y de lenguaje”, desahogándose ante Moses Hess mediante el recurso
deshonesto de darle la vuelta a la justa observación de Marx, respecto a evitar
el uso del dinero como instrumento de poder, habitualmente sustituto de las
ideas al interior de las organizaciones políticas, acusándole de obtener
predicamento apelando a ciertas personas adineradas ―como era cierto— que
en ese momento apoyaban, a través suyo (de Weitling), a la “Liga de los justos”.
Es de
imaginar la cantidad de episodios parecidos a éste que los creadores del Materialismo
Histórico han debido protagonizar en su lucha tenaz contra el divorcio entre
práctica científica y práctica política, reflejo en el movimiento obrero
políticamente organizado, de la originaria división del trabajo en intelectual
y manual, que ha venido regimentando la producción y reproducción de la vida en
la sociedad de clases. Y no hace falta demasiada agudeza de pensamiento, para
advertir la notable coincidencia en letra y espíritu, entre el relato de
Annenkov y la carga de significación que Marx y Engels pusieron en el pasaje
del “Manifiesto”, que hemos comentado en esta última parte de lo que llevamos
escrito hasta aquí, sobre la ―en apariencia— insignificante palabra
“phrase”
(frase):
conjunto de palabras usuales, sinónimo de “tópico” o “lugar común”.
En un principio, estos lugares comunes
sólo ocupan un espacio nada común n la sesera de unos pocos sujetos políticos
inquietos, talentosos e inteligentes, aunque ingenuos precursores en aquellas
circunstancias, del pensamiento social científico ―como Owen o Fourier— quienes,
en vez de aplicar su pensamiento a las condiciones económico-sociales que determinan
la vida humana
en su época, ―y en cuyas contradicciones se
prefigura la sociedad del futuro― pensaban en lo que ellos habían
imaginado previamente, en una supuesta etapa ideal por contraposición a la
realmente existente, proponiendo construirla mediante el sólo ejercicio de la
voluntad política predominante. La imaginación ―que interponían entre su
intelecto y la realidad― era el velo que les impedía descubrir la
naturaleza o legalidad interna del objeto social a transformar (el
capitalismo), con lo que la dirección y el sentido de la voluntad política
guiada por esos productos puros de la mente, no podían —según Marx y Engels— conducir
más que a verdaderos despropósitos políticos.
Esta metodología determinante, ilusoria
y fantástica de la relación sujeto-objeto, es lo que Hegel y Marx coincidían en
llamar “determinaciones abstractas” del pensamiento sobre su objeto material
específico ―en nuestro caso, la sociedad capitalista. Y estas
determinaciones abstractas fueron el resultado falsamente positivo —que aun así
sigue― de aplicar la negatividad del pensamiento sobre los efectos o consecuencias
de las condiciones sociales de vida en la sociedad, y no sobre las condiciones reales mismas que
provocan tales efectos. Es el desprecio o abstracción del sujeto social
pensante respecto de sus condiciones materiales de vida ―en las que él
mismo está inmerso― y de las que su vida misma es el resultado
inevitable. Este yerro epistemológico en origen, es el que induce y conduce al
error de las “determinaciones abstractas”, esto es, la creación de formas de
vida “ideales” presuntamente superadoras de las realmente existentes sólo mediante
la imaginación
.
Una vez creadas las “formas ideales”
—de tal modo imaginadas—, sólo resta poner en movimiento la voluntad política
pura, esto es, su ejercicio sin condiciones con arreglo al objetivo ideal
propuesto. Así, del mismo modo en que se creó la tal “forma ideal” se la
persigue, esto es, incondicionalmente. Tal es la definición de la utopía sobre
algo que, habiéndolo concebido al margen de sus premisas y condiciones reales,
su ideal sólo puede acercarse asintóticamente a la realidad, mediante la acción
determinada por la imaginación de unas falsas premisas igualmente imaginadas.
Contra semejante concepción idealista
y utópica del mundo, Marx y Engels oponían la concepción científica:
<<Las premisas de que partimos no son
arbitrarias (ideadas), imaginadas o inventadas al margen de las
condiciones históricas materiales que las determinan, no son dogmas sino
premisas reales, de las que sólo es posible abstraerse en la imaginación. Son
los individuos reales, su acción y sus condiciones materiales de vida, tanto
aquellas con que se ha encontrado ya hechas, como las engendradas por su propia
acción. Estas premisas pueden comprobarse, consiguientemente, por la vía
puramente empírica. (K. Marx-F. Engels: “La
Ideología alemana”. Cap. I Aptdo. 2. Lo entre paréntesis nuestro).
[...]. Para nosotros el comunismo no es un estado (de
cosas) que debe implantarse (con arreglo a unas premisas imaginadas), un ideal
al que ha de sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento
real que anula y supera al estado de cosas actual. Las condiciones de este
movimiento (su principio activo), se desprenden de la premisa actualmente
existente (la relación económica entre el trabajo asalariado y el capital)>>
(Op. Cit. Cap.2
Aptdo. 5 Lo entre paréntesis y el subrayado nuestros)
Cuando
en este contexto Marx habla del “movimiento
real”, se refiere a las premisas de la realidad (en nuestro caso, al
principio activo contenido en la relación entre capital y trabajo) y la materia
u objetividad a través de la cual opera el movimiento real de ese principio
(las condiciones históricas: económicas, sociales, ideológicas y políticas
vigentes en cada momento, incluidas las propias condiciones en que actúa el
proletariado: su masa social, desarrollo cultural, conciencia de su propia
situación, grado de cohesión o dispersión ideológica, política, organizativa,
etc.), elementos
todos ellos, cuyo conocimiento permite elaborar la “lógica (política)
específica del objeto (económico-social) específico” (Lenin).
Al
abstraer su pensamiento de todos estos condicionantes de la realidad, los comunistas
utópicos se vieron limitados a oponerle un modelo” de sociedad alternativa
puramente ideal, determinado para siempre por la pura imaginación supuestamente
incondicionada, y una línea de acción igualmente ilusoria, trazada por la pura
e ideal voluntad política, completamente al margen de la realidad. Con estas abstracciones,
los comunistas utópicos —como ha sido el caso de Weitling—, construyeron erróneas
“fórmulas políticas inalterables” (inhaltsleereformel), “lugares comunes” por
los que inducían a que otros muchos abnegados militantes seguidores suyos,
transiten con la mirada fija puesta en el horizonte histórico promisorio que sus
líderes imaginaron, creyendo ver en esa perspectiva imaginada, los perfiles
paradigmáticos de la sociedad futura perfecta, justa e igualitaria de ese futuro,
arbitraria o incondicionalmente concebida, construyendo erróneas “fórmulas
políticas supuestamente inalterables” (inhaltsleereformel), “lugares
comunes” por los que inducían a que otros muchos abnegados militantes
seguidores suyos, transiten con la mirada fija puesta en el horizonte histórico
promisorio que sus líderes imaginaron, creyendo ver en esa perspectiva imaginada,
los perfiles paradigmáticos de la sociedad futura, perfecta, justa e
igualitaria de ese futuro, arbitraria o incondicionalmente concebida.
Así es como, en general, se ha venido
leyendo y “comprendiendo” el “Manifiesto comunista” desde enero de 1848. Y tal
fue el caldo de cultivo donde, llegada a un punto, la ingenuidad de muchos se
trucó hoy en bribonería subyacente de unos relativamente pocos advenedizos y
oportunistas políticos que, de ilusorias “comprensiones” similares a las de los
comunistas utópicos de entonces, como quien no quiere la cosa todavía los de
hoy pueden seguir haciendo de la política un confortable modo de vida.
Tal es el caso, por ejemplo en
nuestros días, de la bisoña organización política española “Podemos”, que en su
“programa de gobierno” prometió alegremente aumentar el gasto público en más de 107.000 millones de Euros para el año 2019,
de los cuales 15.154 millones para garantizar a los hogares sin ingresos una
renta mínima de 600 Euros mensuales, 35.000 para educación y sanidad. Mas 33.000
para financiar la llamada transición energética, la protección social (mejora de
pensiones, atención a la dependencia) y el aumento en I+D+I (Investigación,
Desarrollo e Innovación). Lo cual abultaría todavía más la deuda pública, que
en mayo de este año superó el escandaloso billón de Euros, alcanzando el 100%
del PIB. Estos advenedizos han prometido solventar ese gasto de casi 10 puntos
más de PIB para dentro de tres años, apelando supuestamente a la “lucha contra
el fraude que practican los que más tienen”, lucha de la cual aseguraron que
aportaría al Estado 12.000 millones; una reforma fiscal con la que también
presuntamente recaudarían 28.000 millones más, cuyo costo igualmente de palabra
se comprometieron a cargar sobre las "rentas más acomodadas y sobre los
sectores de población con mayor patrimonio"; pronosticando un "efecto
económico multiplicador" derivado del "efecto expansivo" causado
por tal política presupuestaria, cuyo impacto evaluaron en 29.700 millones de
Euros.
Una política económica de un
aventurerismo tal, que si en el hipotético caso de que esta organización diera
el “sorpasso” en todas las encuestas de voto previas a los comicios, dado el
paupérrimo grado de conciencia social y dispersión política de los explotados,
con toda seguridad bastaría con que la gran burguesía amenace con un golpe de
Estado, para dar al traste con todas esas incautas
promesas y
el orden de las cosas en España siga inalterable su curso
Algo así parecido al resultado que Herbert Marcuse
propuso, cuando lanzó aquella consigna: “la imaginación al poder”, que movió a
los acontecimientos del llamado mayo francés en 1968.
Estos
señores de “Podemos” aunque lo parezca, en realidad no ignoran que la “democracia
representativa”, desde su consolidación como régimen político de gobierno más
moderno en el Mundo,
no ha dejado
de ser en realidad la dictadura del capital. O sea, que allí donde impera la
propiedad privada sobre los medios de producción y el dinero bancario —y más
aún en condiciones de aguda recesión económica—, se impone que el pago de la
deuda de cada país, deba tener absoluta prioridad y recaiga sobre las mayorías explotadas.
Incluso antes que atender al mantenimiento de sus
servicios
sociales básicos, como es el caso de la educación, la sanidad o la dependencia.
Ni más ni menos que como así se impuso y así ha sido
.
Mientras la propiedad privada del
capital siga determinando el hecho de que los intereses de las minorías opulentas
invariablemente prevalezcan sobre los de las mayorías más empobrecidas,
es
precisamente éste el fundamento de la cohesión social y política en el sistema
de vida capitalista., No puede ser otro. Ergo: las mayorías sociales que
parecen ser “ciudadanos” iguales ante la Ley,
en realidad
no han dejado de ser jamás unos mandados, verdaderos súbditos económicos y políticos
al servicio e interés de sus “señores”: las minorías de condición burguesa. Por
lo tanto, las refor-
mas
económico-sociales favorables a las mayorías, siempre deben supeditarse a los intereses
de las minorías sociales. De lo contrario, el creciente y cada vez más escandaloso
reparto desigual de la riqueza entre burgueses y proletarios —verificado a lo
largo de la historia bajo el capitalismo—, no se podría explicar.
Y ahí está hoy a la vista y
conocimiento de cualquiera. Sin embargo, estos noveles reformistas mistificadores
impenitentes de la realidad llamados “populistas” al igual que sus antecesores históricos
socialdemócratas, todos ellos sostienen que dejando intacta la propiedad
privada sobre los medios de producción y el dinero bancario, es posible una política
económico-social que garantice una distribución más equitativa de la riqueza
entre las dos clases sociales universales. Cuando la realidad es que tales
relaciones de propiedad son las que precisamente garantizan la creciente
desigualdad de ese reparto, convirtiendo en papel mojado el imposible
sortilegio de la política redistributiva favorable a los más pobres. Esos a
quienes con la misma hipocresía la clase opulenta enaltece, como los sacerdotes
fundadores de la Santa Iglesia Católica, que dedicaron tres cuartas partes de las
Sagradas Escrituras a glorificarles, creyendo así de paso neutralizar los efectos
políticos
De la tendencia
económica al derrumbe del sistema capitalista que Marx demostrara
matemáticamente hace ya casi 160 años. Lo cual explica que estos farsantes —ya
sean populistas o socialdemócratas— vengan todos ellos al unísono insistiendo hoy
en seguir engañando a los explotados, con eso de prometer “políticas de cambio
y de progreso”. No en vano desde los tiempos del ingenuo y honesto sastre, Wilhelm
Weitling, han transcurrido 170 años el tiempo suficiente para que a buena parte
de los políticos profesionales de hoy, se les pueda ver incluso chapoteando en el
barro y el estiércol de la corrupta inmoralidad en pos del peculado personal, una
vez que desde la sociedad civil los empresarios han logrado controlar las
instituciones Estatales, ejerciendo sin limitación ninguna la dictadura del capital.
Pero al margen de los impunes delitos
de corrupción económica ejercida por los políticos profesionales
institucionalizados de todos los partidos, que sin excepción se disputan comicialmente
la representación del poder en los distintos gobiernos de otros tantos Estados
nacionales del Planeta Tierra, tampoco pueden ignorar que su función y
propósito institucional nada tiene que ver con la “democracia”, ni con la cacareada
“igualdad de posibilidades económicas” de la mayoría de los votantes de
condición asalariada que les eligen, sino con los intereses de los candidatos
políticos electos, en tanto y cuanto que como profesionales presuntamente al
servicio de sus respectivos pueblos en cada Estado nacional, todos ellos al ser
elegidos pasan a formar parte constitutiva de la misma clase social explotadora
corrupta, con la cual comparten el producto de la explotación de trabajo ajeno
al beneficiarse con las más altas remuneraciones que perciben, financiadas con
cargo a la recaudación impositiva, en gran parte a expensas de las propias
mayorías asalariadas en su condición de “ciudadanos contribuyentes” que votan.
Pero es que, además, los candidatos a gobernar que participan en cada elección
periódica, disputándose todos ellos la falsa “representación política” de quienes les votan en sus
respectivos Estados nacionales, no hacen más que ejercer ese poder político para beneficio propio. Los
comicios dividen y debilitan la voluntad política equívoca de las mayorías sociales
votantes, facilitando así su control político permanente.
Tal es el verdadero significado político de la llamada “democracia representativa”,
que al interior de cada Estado nacional ha venido haciendo al corrupto contubernio entre
políticos profesionales institucionalizados y empresarios, a su vez basado en la propiedad privada sobre los
medios de producción y el dinero bancario. Todo lo demás acerca de ese vocablo
es puro cuento, para poder seguir engañando a buena parte de las mayorías sociales explotadas ciudadanas,
todavía ignorantes de la engañosa y miserable realidad en que viven.
Epílogo
Como
ya hemos venido insistiendo en señalar, el sistema capitalista en condiciones normales de la producción, la principal función histórico-trascendental asignada por la Ley del valor a la
Tasa General de Ganancia Media G’ en cada país, consiste en determinar
los límites que la propia lógica interna del capital pone periódicamente al principio activo que
anima la producción de riqueza y acumulación de plusvalor, según progresan las
fuerzas sociales productivas al interior del sistema, a instancias de la competencia
intercapitalista que induce a la utilización de instrumentos
mecánicos cada vez más eficaces sustitutos de trabajo vivo, y que por
mediación de ese trabajo explotado ha podido convertir salario en
plusvalor —dado que por sí mismos estos medios materiales técnicos no
generan ganancia ninguna, en virtud de que se limitan a trasladar
su valor al producto fabricado, según lo que se conoce por amortización,
es decir, devaluación natural por desgaste.
Estos límites objetivos de la ganancia capitalista, son los que han
venido desencadenando las crisis económicas periódicas de superproducción de
capital; cada vez más formidables y difíciles de superar por la burguesía, según el
progreso de las fuerzas productivas del trabajo humano al interior de las
relaciones de producción, pudieron aumentar el acervo de capital fijo en maquinaria sustituta del trabajo humano,
contradicción social que determina la prevista tendencia objetiva al
derrumbe del modo de vida basado en tales relaciones capitalistas de producción.
El desarrollo sistemático de esta idea descubierta por Marx, aparece en sus "Fundamentos"
[en alemán: “Grundrisse”],
donde dió a entender entre 1857 y1858, que la Ley de la caída tendencial de la
Tasa General Media de Ganancia, es la conclusión más importante de toda su
obra:
<<…Esta es, desde
todos los puntos de vista, la ley más importante de la economía política
moderna y la más esencial para comprender las relaciones más difícultosas.
Desde el punto de vista histórico es la ley más importante. Es una ley que, a
pesar de su simplicidad, no ha sido comprendida nunca hasta la fecha y aún
menos conscientemente expresada>>. [“Líneas fundamentales de la
crítica de la economía política”. En
Alemán: Grundrisse. Ed. Grijalbo/1978. Primera Parte Sección III Pp. 136. Versión digitalizada ver en Pp. 281. El
subrayado nuestro].
GPM.
El
patrimonio mundial de las grandes fortunas supera por primera vez los 70
billones de dólares
19 de
junio 2018
Pero en este aumento de las grandes fortunas, la Tasa
General de Ganancia Media no ha tenido nada que ver. Precisamente porque la
sustitución de trabajo vivo por maquinaria, acabó desbaratando por completo la
relación económico-social sistémica permanente entre patronos y obreros, convertida
cada vez más en antagónica e irreconciliable, así como que por la misma causa objetiva deletérea del sistema,
los precios de los distintos productos fabricados se modifiquen arbitrariamente al alza, como única forma que
les queda a los grandes y medianos
burgueses para incrementar —aunque menos— su capital, además de seguir utilizando los paraísos fiscales para
evadir al fisco. Todo esto mientras en los más bajos suburbios del
sistema recrudecen los robos y crímenes en todo el Universo:
<<La
pauperización es el punto conclusivo necesario del desarrollo al cual
tiende inevitablemente la acumulación capitalista, de cuyo curso no puede ser
apartada por ninguna reacción sindical por poderosa que esta sea. Aquí se encuentra fijado el límite objetivo
de la acción sindical. A partir de un cierto punto de la acumulación, el
plusvalor disponible no resulta suficiente para proseguir la acumulación con
salarios fijos. O el nivel de los salarios es deprimido por debajo del nivel
anteriormente existente, o la acumulación se estanca, es decir sobreviene el
derrumbe del mecanismo capitalista. De esta manera el desarrollo conduce a
desplegar y agudizar las contradicciones internas entre el capital y el trabajo,
a un punto tal que la solución sólo puede ser encontrada a través de la lucha
entre estos dos momentos […] Puesto que si el desarrollo tiende a la miseria
del proletariado, toda lucha de clases
por objetivos inmediatos, por mejorar la situación de la clase obrera, se
revela en última instancia como inútil […].
Precisamente
por eso es que toda la investigación de Marx sobre el proceso de reproducción [capitalista], desemboca en la lucha de clases. En
una carta enviada a Engels el 30 de abril de 1868, donde sintetiza el curso
seguido por su pensamiento en los tomos II y III de “El Capital”, afirma que: “Finalmente, como aquellos tres réditos:
[salarios, renta del suelo y ganancia] constituyen las fuentes de las tres
clases, o sea los terratenientes, los capitalistas [industriales, comerciantes y
bancarios] más los obreros asalariados, tenemos
como final la lucha de clases, resolviéndose
allí el movimiento y la disolución de toda esta basura”>>. (Henryk
Grossmann: “La ley de la acumulación y
del derrumbe del sistema capitalista”. Ed. Siglo XXI/1979 Pp. 386-388. Lo
entre corchetes nuestro).
. GPM.