4. El inexorable agotamiento del “estado de bienestar”

Pero hay empresas que no adoptaron la forma jurídica de S.A. Algunas de ellas notables, como por ejemplo, el transporte por ferrocarril, los servicios de Correo y RTV, así como los Puertos y los Aeropuertos, estos últimos gestionados por la empresa todavía estatal “Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea” (AENA). El reciente conflicto entre los controladores aéreos y el Estado español, fue una cortina de humo deliberadamente levantada por el gobierno del PSOE, para ocultar su ya decidida privatización del servicio aeroportuario, cuya cabeza visible es el actual Ministro “socialista” de Fomento, José Blanco López.

Según reportó "El País” en su edición del 06/06/2004 —poco después de que el PSOE recuperara el gobierno en marzo de ese año tras la masacre del 11M, durante la sesión parlamentaria del día anterior la por entonces Ministra "socialista" de Fomento, Magdalena Álvarez, desveló que la deuda del ente público que gestiona los aeropuertos, se había duplicado en el último año de administración a cargo del gobierno del Partido Popular, hasta alcanzar los 5.300 millones de Euros, previendo que en 2010 alcanzaría los 10.000 millones según la magnitud de las inversiones por entonces ya comprometidas, lo cual podía poner en peligro su solvencia financiera futura

Es decir, que la Ley económica del valor, se había valido del Partido Popular para poner límite absoluto al arte político de lo posible, ante la que el PSOE se había sometido dócilmente años atrás tirando por la borda todo el ideario socialista de su líder, Pablo Iglesias. La deuda prevista de AENA para 2010 —que ya en 2009 ascendió a 14.000 millones de Euros— es la que pilló al gobierno del PSOE supuestamente desprevenido, porque cuando a principios de 2008 la crisis internacional de sobreproducción de capital afectó a España, para volver a ganar las elecciones de marzo el presidente Zapatero seguía negándose a reconocer sus ya claras consecuencias en el aparato productivo del país, diciendo que ése era un simple “estado de ánimo” al que había que combatir con optimismo.

Y después de haber venido durante casi un año gesticulando —para la galería— el ideario socialdemócrata con expresiones tales como que “jamás dejaremos de proteger a los más débiles”, en mayo de 2010 los popes del PSOE sufrieron un repentino ataque de sinceramiento político socialburgués y en menos de 24 horas pasaron a ejecutar la política neoliberal más extrema y trágica en sus consecuencias sociales y humanas, precisamente para las capas más empobrecidas del proletariado a las que Zapatero había jurado proteger a toda costa.

La explicación fue que “los mercados” —nuevo eufemismo para no llamar por su verdadero nombre al capitalismo internacional políticamente liderado por el Fondo Monetario y el Banco Mundial— le habían puesto a esa gobernante formación política en su sitio, ordenándole terminantemente: 1) que reforme de inmediato el mercado laboral para que bajen los salarios reales; 2) que suba el IVA para aliviar el déficit de las cuentas públicas; 3) que retrase la edad de jubilación para: a) incrementar el fondo de pensiones; b) extender el tiempo de trabajo de los asalariados y así aumentar la ganancia capitalista; 4) que privatice el servicio del movimiento aeroportuario, las loterías, las cajas de ahorro y el INEM, dando empleo productivo a una parte del capital sobrante; 5) que se retiren las ayudas a los parados de larga duración y a la maternidad, reduciendo, además, en un 5 % el salario a los funcionarios públicos.

Este golpe mortal contra el tan proclamado “estado de bienestar”, fue asestado contra la clase asalariada española mediante la publicación del Real Decreto-ley 13/2010 firmado el 3 de diciembre, justo una semana después de que el presidente Zapatero se entrevistase con los supuestos 37 principales empresarios “prometiéndoles que se acelerarían las reformas económicas”, siempre con la excusa de apaciguar a “los mercados”. Y con toda la intención de que tales medidas pasaran desapercibidas por el gran público, ese mismo día se decidió cerrar el espacio aéreo, decretar el Estado de alarma y militarizar a los controladores, so pretexto de que estaban cometiendo el delito de sedición, cuando —según la Unión Sindical de Controladores Aéreos— en ese momento, siendo las 17,38 Hs., “aun se podía operar más del 50% total de vuelos”, y de esto hay pruebas tangibles porque las operaciones del control aéreo en la torres quedan grabadas.

El portavoz nacional de USCA, César Cabo, destacó el caso del Centro de control aéreo de Madrid, por la importancia de los números y la relevancia de Barajas en el tráfico Nacional, donde “a las 17.38 horas AENA decide cerrar el espacio aéreo cuando sólo 2 personas de un total de 60, habían declarado no estar en condiciones para controlar” y había gente en la torre

En ese preciso instante, el servicio de tráfico aeroportuario ya tenía puesto el cartel de “se vende”; ¿quién se lo puso? el Ministerio de Fomento del gobierno socialdemócrata PSOE, cuyos portavoces lo han valorado en 18.000.000.000€, cuando en realidad vale 60.000 millones. Tanto Rafael Arias-Salgado como Francisco Álvarez-Cascos —quienes se sucedieron uno al otro como ministros de Fomento de los gobiernos liberales del PP—, habían presumido de la salud financiera de "Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea"(AENA), ufanándose de autofinanciar sus millonarias inversiones sin recurrir a las subvenciones estatales y encima dar beneficios. Todavía en enero de 2006, la anterior Ministra de Fomento del actual gobierno del PSOE, anunció la inversión de 3.000 millones de Euros entre 2006 y 2020 nada más que en el aeropuerto de Canarias. Estos señores se contaron entre el universo de políticos burgueses de todos los colores, unidos en torno al ideal común proclamado por el inefable Fukuyama, de que la expansión del capitalismo no tendría fin.

Pero cuando la crisis les estalló en sus manos y acabó trasladándose al Estado, las fastuosas inversiones supuestamente autofinanciadas en todos los aeropuertos del país —la mayoría de ellos deficitarios— se convirtieron para la alta burocracia estatal en enormes deudas impagables, de modo que les urge impedir ahora, como sea, la bancarrota de lo que, para ellos, es la gallina de los huevos de oro, malvendiendo ese patrimonio al capital productivo privado sobrante que provocó la crisis; todo sacrificado en aras de que estos jerarcas puedan seguir cobrando sus elevados sueldos y dietas, disfrutando, además, el privilegio de poder retirarse con la pensión máxima cotizando tan sólo siete años. Pero no sienten el menor rubor al votar desde sus escaños que la edad de jubilarse para el resto de los españoles se retrase hasta los 67 años. Y no solo esto, sino que mientras conserven sus puestos, entre el 40% y el 75% del sueldo que perciban por su condición de diputados, senadores o cualquier otro alto cargo de representación pública, gozará de exención fiscal”. Después de que José Blanco López apoyara su fusil propagándístico en el hombro de las instituciones de Estado, para disparar la especie de que los controladores aéreos son unos privilegiados, gracias a ellos sabemos ahora cual es la realidad de nuestra muy sacrificada "clase política" y por lo visto ese tiro les ha salido a todos por la culata.

El proceso de privatización en curso de AENA, se realizará según el Decreto-ley 13/2010 del 3 de diciembre de dos formas: una, mediante la creación de sociedades filiales de la nueva “Aena aeropuertos S.A”, y otra, a través de concesiones que empezarían por los aeropuertos más importantes, Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, en los que estarían más que interesadas, entre otras, las empresas “Abertis” y “Ferrovial”.

Según reporta María Benito en “Cotizalia”, se calcula que las mayores empresas americanas y europeas acumulan más de 1,5 billones de dólares en capital dinerario sobrante sin aplicación productiva, y que la mayoría de los expertos esperan “que las fusiones y adquisiciones repunten con fuerza este año. Y a propósito de fusiones, para comprender cómo se superan las crisis de superproducción de capital, ver una breve exposición en:

El 24 de abril de 2009, el Ministro José Blanco López nombró a un nuevo Presidente de "Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea" (AENA) llamado Juan Ignacio Lema Devesa. Desde entonces, tal parece que la empresa generó una deuda de, al menos, 12.000 millones de Euros. De ser cierto esto, un verdadero escándalo que habría permanecido encubierto si no fuera por el conflicto deliberadamente provocado por el Estado español con los controladores aéreos

En esa misma fecha, el Ministro José Blanco López confirmó el compromiso del actual gobierno de Zapatero —adoptado durante la gestión de Magdalena Álvarez—, con el proyecto de “privatización parcial” por el que se dará entrada en AENA a un 30% de capital privado. El sindicato de Controladores Aéreos (USCA) ha dicho que el ministro José Blanco miente, porque la privatización de la empresa afectará al 49% de su patrimonio.

Al mes siguiente, el 27 de mayo de 2009, el director de Aeropuertos de AENA, Javier Marín, anunció que la entidad mantenía su plan de inversiones con 3.400 millones entre 2009 y 2010, a pesar de la caída de pasajeros por la crisis económica en los aeropuertos españoles, aunque reconoció que "se ajustarán algunas inversiones"

Nosotros prevemos que la privatización del servicio de control aeroportuario alcanzará en España el 100%, si no este año dentro de tres, de cinco o de diez, pero será inevitable. Porque la Ley del valor típica del capitalismo así lo está exigiendo y a la postre se impondrá. Por la misma exigencia objetiva se privatizarán totalmente los puertos marítimos, el transporte ferroviario, el metropolitano subterráneo y demás servicios esenciales; como ya está ocurriendo con el sistema de salud, las escuelas primarias, institutos de segunda enseñanza y universidades. Y esta Ley de la economía política no solo se cumplirá con absoluta fatalidad en España y demás países desarrollados, sino también en el Mundo entero.

Todo esto que Marx pudo prever urgando con su intelecto en las conexiones internas del sistema —todavía entonces ocultas en sus formas de manifestación—, estan surgiendo hoy a la luz del día, confirmando que el Materialismo Histórico es la única disciplina del pensamiento sobre la sociedad, que merece el calificativo de ciencia, y que todo lo demás descansa sobre la superchería.

Hoy día, sucede que a todos los sofistas charlatanes con lustre y aureola de "expertos" en materia económica —puestos al servicio de quienes les pagan para ello—, la realidad les pone su empeño en disfrazarla cada vez más dificil y alejado de la conciencia popular. Ahora, dada la mayor esperanza de vida y el consencuente envejecimiento de la población —como si esta realidad fuera una virtud del sistema capitalista y no de la productividad del trabajo colectivo—, se nos quiere convencer de que para seguir garantizando el actual sistema de pensiones, los asalariados activos deberemos trabajar más intensamente durante más tiempo retrasando nuestra edad de jubilación, y que nuestros jubilados deberan cobrar menos pensión. ¿No será ésta la señal inequívoca y evidente, de que el capitalismo como sistema de vida y reparto del trabajo entre las dos clases sociales universales, está definitivamente agotado?

Desde aquí anunciamos que en nuestra próxima publicación, reponderemos a esta pregunta de modo afirmativo, demostrando que la resolución del problema planteado acerca de la relación entre salarios y pensiones, es en lo sucesivo incompatible con la subsistencia del capitalismo y sus agentes burgueses, no como seres humanos sino como clase, es decir, como categoría socioeconómica y política.

Lo quiera o no lo quiera, a fuerza de sufrir las calamidades del capitalismo en fase terminal, el proletariado mundial deberá conocer esta Ley de la historia moderna, cuyo cumplimiento —en tanto siga intangible la relación social de producción capitalista básica que la determina— es irresistible porque no depende de la voluntad de nadie en particular ni de ningún Estado, gobierno de cualquier país o grupo de países, sea a escala nacional, continental o mundial. Muy al contrario, es esta Ley la que gobierna férreamente el quehacer de individuos, empresas, partidos políticos institucionalizados, gobiernos y Estados de condición social y política burguesa. Y las víctimas propicias en todo este proceso, estan siendo —como no puede ser más evidente— y lo seguirán siendo en grado cada vez más extenso y acusado, los asalariados.

Por lo tanto, o nos organizamos en torno al conocimiento de la ciencia social aplicada como arma política fundamental para subvertir tal estado de cosas desde la raíz, o seguiremos sufriendo sus fatales consecuencias, sin duda cada vez más agravadas. Pero esto será tan inevitable, como que nos hará más rápidamente conscientes de que nadie hará por nosotros, lo que nosotros no sepamos hacer por nosotros mismos.


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