Breve historia de la propiedad privada capitalista competencial y corrupta

<<En un Estado social y político, es decir, en una sociedad en la que hay leyes, la libertad sólo puede consistir en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer>>. (Montesquieu: “El espíritu de las leyes”. Cap. III Pp. 15. El subrayado nuestro).

<<La corrupción no es algo de un partido ni de una organización concreta, sino que va unida a la condición humana>>. (Mariano Rajoy Brey: 16/09/2016 en Bratislava. Lo entre paréntesis nuestro).

Lo que Montesquieu ha querido significar en este pasaje de su obra que acabamos de citar, es que en toda sociedad racional y sin excepción para nadie, no es lícito que el querer de cada cual se ponga por encima de su deber ser según la ley. Pero ha omitido la verdad del conocido refrán que dice: “hecha la ley, hecha la trampa”. ¿Está esa trampa en la condición humana, tal como sostiene el católico y consuetudinario mentiroso liberal burgués, Mariano Rajoy, según consta en el mitológico primer capítulo de las Sagradas Escrituras, a tenor del pecado original supuestamente cometido por Adán y Eva en el Paraíso Terrenal? La prueba que desmiente semejante superchería, está en la histórica y ejemplar sociedad iroquesa constituida en el Siglo XII: https://es.wikipedia.org/wiki/Iroqu%C3%A9s

<<¡Admirable constitución esta de la gens, con toda su ingenua sencillez! Sin soldados, gendarmes ni policía, sin nobleza, sin reyes, virreyes, prefectos o jueces, sin cárceles ni procesos, todo ha marchado con regularidad. Todas las querellas y todos los conflictos los zanjó la colectividad a quien concernió la gens o la tribu, y las diversas gens entre sí; sólo como último recurso, rara vez empleado, apareció la venganza de sangre, de la cual no fue más que una forma civilizada de nuestra pena de muerte, con todas las ventajas y todos los inconvenientes de la civilización (…) Tal fue el aspecto de los hombres y de la sociedad humana antes de que se produjese la escisión en clases sociales>> (F. Engels: “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” Cap. III. Ed. Progreso Moscú/1986 Pp. 281. Versión digitalizada Pp. 47).

El caso es, en realidad, que esa trampa del querer a costa de otros, se montó cuando el derecho a la propiedad privada individual generó la competencia económica, dando pábulo a las clases sociales y la consecuente desigualdad social en el reparto de la riqueza. Y a propósito del tiempo y las trampas, cabe destacar que desde hace más de tres siglos se nos ha venido inculcando la idea de que el interés privado —que induce a la desigualdad económica entre individuos y familias en la sociedad civil—, está de hecho en relación de armónica identidad con los intereses generales de todos los individuos, como ciudadanos iguales ante la ley. Pero Montesquieu, considerado sin discusión como el padre del constitucionalismo moderno, al decir que el derecho privado se encuentra en intrínseca dependencia y subordinación, respecto del derecho público estatal, ha venido a significar que esa supeditación legal de lo privado a lo público no es natural o espontánea y por tanto consentida, sino políticamente forzada. Ergo, reconoció la tendencia de los propietarios privados, a contradecir y hasta violar una y otra vez, la ley del derecho público a la igualdad de oportunidades de los individuos, lo cual niega o vulnera esa supuesta supeditación voluntaria de los intereses particulares a los generales. Y por esto mismo Hegel apostilló, que el Estado es una necesidad externa de intervención en la sociedad civil, es decir, algo ajeno a la naturaleza egoísta de la propiedad privada, que supuestamente irrumpe en ella y la condiciona con arreglo a los intereses generales. O sea, que al exigir qué y cómo debe ser la sociedad civil, la ley estatal reconoce la intrínseca propensión de los propietarios privados a no respetarla.

Tal es el fundamento del derecho público coercitivo basado en el interés general, como condición de que el querer de cada cual, es decir, su interés privado particular, sea siempre según su deber determinado por la Ley que el Estado dicta y presuntamente impone como representación del interés general. Y de tal determinación Montesquieu concluyó que, todo comportamiento particular al margen de la Ley —que supuestamente vela por el interés general—, es corrupto y disoluto, un mal ejemplo que tiende a propagarse disolviendo la sociedad y su Estado, en el sálvese quien pueda de cada individuo o grupo de individuos propietarios, ya sea por sí solos o asociados:

<<…Cuando en un gobierno popular caen las leyes en el olvido, y como esto sólo puede provenir inducido por

de la corrupción de la república, está ya perdido el Estado (en tanto que representante de los intereses generales)>>. (Montesquieu: Op. Cit. Pp. 38. (Lo entre paréntesis nuestro).

En semejantes condiciones carentes de un poder público eficaz que salvaguarde los intereses generales, sobreviven miserablemente hoy a duras penas dos mil millones de personas en más de sesenta países, cuyos gobiernos son incapaces de garantizar las mínimas normas de seguridad y supervivencia a la mayoría de sus habitantes. Son los llamados Estados fallidos, síntoma indiscutible de la decadencia sistémica terminal del capitalismo, en un proceso que ha discurrido entre el llamado Siglo de las Luces y el soterrado mundo de las sombras, donde hoy se urden las tramas corruptas del sistema que alumbran la verdadera realidad actual....:

<<….Bajo el reino arbitrario y brutal de milicias, de grupos criminales y de señores de la guerra. Si esas nociones son vagas y discutidas, si los expertos se pelean sobre los calificativos y si algunos gobiernos se escandalizan al ser rebajados de tal manera, la realidad de un archipiélago de Estados vulnerables o fracasados es obvia para todos. Según las fuentes y las definiciones, entre 20 y 60 países se moverían en ese "entre dos luces" de la humanidad>> Gabriel Mario Santos Villareal: “Estados fallidos. Definiciones conceptuales”. México/2009. Pp. 3

¿Hay alguna duda de que todo este proceso histórico ha sido presidido por la todavía vigente consagración de la propiedad privada capitalista, en combinación sistémica delincuencial con la “democracia representativa”? Para responder a este interrogante, es necesario entrar en materia desde los tiempos de la tardía Edad media feudal, en que los reyes católicos promulgaron la llamada “ley de Toro” que, corriendo el año 1505 implantó el Mayorazgo como derecho individual hereditario, privilegiando al primogénito respecto de los demás descendientes en cada familia.

Durante la transición del feudalismo al capitalismo, en 1747 Montesquieu hizo valer el deber ser del nuevo espíritu jurídico en el Estado moderno burgués, sentenciando que:

<<Las leyes deben quitar a los nobles el derecho de primogenitura a fin de que, mediante el reparto continuo de las herencias, las fortunas (de los herederos) tornen a ser iguales>>. (Montesquieu: Op. cit. Pp. 86)

En 1843 Marx publicó su “Crítica a la filosofía hegeliana del derecho estatal”, donde contribuyó a reforzar este razonamiento de Montesquieu, en salvaguarda del poder conferido al Estado burgués republicano moderno, frente al denostado privilegio feudal atribuido al primogénito en las familias de la nobleza. Consideró que su derogación fue un progreso en la historia de la humanidad. Pero inmediatamente señaló, que al emancipar a la sociedad civil erradicando el privilegio feudal del mayorazgo, la flamante república burguesa elevó la propiedad privada a la más alta jerarquía del poder social y político real. No puso ningún límite a ese derecho, hasta el extremo de consagrar la explotación del trabajo asalariado y su inevitable consecuencia: la creciente desigualdad económica entre las dos clases sociales universales:

<< ¿Qué poder (y privilegio) tiene y ejerce el Estado político (feudal) sobre la propiedad privada en el (derecho al) mayorazgo? El de aislarlo de la familia y la sociedad, el de llevarlo a (ejercer irrestrictamente) su abstracta (e incondicional) autonomía (personal: la del primogénito). ¿Cuál es, por tanto, el poder del Estado político (capitalista) sobre la propiedad privada (al abolir el mayorazgo)? El propio poder de la propiedad privada, su ser (egoísta) hecho existencia (libre de toda restricción). ¿Qué le queda al Estado político (burgués) frente a este (nuevo) ser? La ilusión de que es él quien determina, cuando en realidad es determinado (porque la propiedad privada rige tanto en la sociedad civil como en el Estado). Ciertamente (al quitarle el derecho a la primogenitura) el Estado (capitalista) doblega la voluntad de la familia y de la sociedad, pero solo para dar existencia a la voluntad de una propiedad privada sin familia ni sociedad (la propiedad privada pura, individual). Y (lo hace) para reconocer esta existencia como la suprema del Estado político, como la suprema existencia ética (personal, elitista, despótica y totalitaria)>>. (K. Marx: Op. cit. Pp. 136. Lo entre paréntesis nuestro).

Pero con esto no está todo dicho, porque falta demostrarlo. Y para esto es necesario discernir acerca de cuál es el verdadero sujeto soberano de la voluntad en esta emergencia histórica que consagra el derecho burgués a ejercer irrestrictamente la propiedad privada. O sea, que hace falta señalar dónde reside el principio activo de ese derecho. Pues, bien, ya hemos visto que, bajo el mayorazgo, el requisito para ejercer la voluntad del derecho a la herencia, le venía dado al heredero como individuo desde fuera de sí mismo. ¿Residía en la voluntad del testador? ¡Residía en la propiedad privada sobre los bienes que legaba, registrados a nombre del primogénito! Éste fue el principio activo del mayorazgo. O sea, que el verdadero sujeto del derecho a la herencia y la verdadera voluntad de ejercitarlo, en realidad no emanaba del sujeto beneficiado, sino de la propiedad privada sobre los bienes que le eran legados. Y tal como así ha sido y sigue siendo al interior de la sociedad dividida en clases, la “libertad” supuestamente basada en la voluntad de los individuos con arreglo a la ley, resulta ser falsa superficialidad, un embeleco. Porque no es la supuesta “libre” voluntad reglada del sujeto propietario sino su propiedad, lo que le permite ejercerla, lo que realmente determina el comportamiento de las almas propietarias en los individuos. Nadie puede disponer libremente de lo que no sea propiedad suya. Ergo: la libertad del propietario no está en él —en su persona—, sino en la propiedad que desde fuera de sí mismo se le atribuye y por eso la detenta. De este modo:

<<La propiedad privada se ha convertido en el (verdadero) sujeto (impulsor y determinante) de la voluntad (humana, que solo pueden ejercer los individuos-propietarios. Por lo tanto), la voluntad (deja de ser subjetiva en tanto que) ya no es más que el predicado de la propiedad privada (la que se le atribuye desde fuera de sí mismo al sujeto propietario). La propiedad privada ya no es (tampoco) un objeto preciso (que necesite) de la libre disposición (personal del heredero beneficiado), es el predicado preciso de la propiedad privada (o sea, lo que se predica, atribuye o infiere de ella en términos de voluntad)>>. (K. Marx: Op. cit. Pp. 137. (Lo entre paréntesis nuestro).

Tal es la forma del mundo al revés, donde la libre voluntad de los individuos es la que sólo pueden ejercen algunos, ya sea merced a la propiedad sobre determinados objetos en la sociedad civil, ya sea mediante los atributos de mando jerárquico en las instituciones estatales. La propiedad privada es, pues, el verdadero sujeto que hace a la voluntad supuestamente “libre” de los propietarios, de tal modo enajenados bajo el capitalismo. Tal como aparece legislado ese atributo en el derecho burgués moderno, tanto en el privado que impera en la sociedad civil, como en el público que hace al distinto alcance de la voluntad individual sobre cosas y terceras personas subalternas, según la escala jerárquica de mando en las instituciones estatales. Un mundo en el que, merced a la práctica del intercambio mercantil ya durante la etapa postrera del feudalismo, la “voluntad” de los sujetos deviene como voluntad y libertad de su propiedad privada en la sociedad civil, la que cada uno detenta porque le viene dada desde fuera de sí mismo y así puede disponer a cambio de un equivalente. Es éste, pues, el mundo de la enajenación humana general respecto de las cosas. Una cosificación del comportamiento social general, o sea, el de cada individuo en su relación social con los demás. Donde cada uno es en la vida no por sí mismo, sino por lo que le permiten ser las cosas de su propiedad.

La esencia de la voluntad humana desde los tiempos del incipiente capitalismo, se muestra en el hecho de que todo propietario es como persona en la sociedad, no por sus propias facultades o virtudes personales, sino por las cosas de su propiedad que puede disponer, ejercitando ese derecho sobre ellas llamado patrimonio. Sin propiedad privada, pues, no puede haber voluntad jurídicamente valida. Y dado que en la sociedad capitalista —a diferencia de sus antecesoras esclavista o feudal—, la propiedad privada solo puede recaer sobre cosas, he aquí la cosificación de la voluntad humana en este sistema de vida, donde como reza el refrán: “tanto tienes, tanto vales”. Ergo, tanto puedes. El poder en general es, sin duda, por tanto, un subproducto de la propiedad privada sobre cosas, medidas en términos de valor económico. Dicho más claramente, la voluntad humana bajo el capitalismo ha sido secuestrada por la propiedad privada:

<<Mi voluntad ya no posee, se halla poseída (por la propiedad que detento). Tal es precisamente el cosquilleo romántico de la gloria del mayorazgo: la propiedad privada, o sea la arbitrariedad privada en su figura más abstracta (ajena al individuo que la posee), la voluntad más mezquina, inmoral, bruta, aparece como la suprema enajenación de la arbitrariedad, como la lucha más dura y sacrificada con la debilidad humana; y como debilidad humana se presenta aquí la humanización de la propiedad privada (que determina la deshumanización del propietario). El mayorazgo es la propiedad privada convertida por sí misma en religión, abismada en sí misma, extasiada ante su autonomía y su gloria>>. (K. Marx: Op cit. Pp. 138. Lo entre paréntesis nuestro).

Ha quedado claro que bajo el esclavismo y el feudalismo, la voluntad “libre” de cierta minoría de individuos, permaneció sujeta casi exclusivamente a la propiedad territorial como el principal medio de producción existente hasta entonces. Sin la propiedad sobre la tierra el esclavismo y el feudalismo no hubieran sido posibles. Del mismo modo ha quedado igualmente claro bajo el capitalismo, que la distinta jerarquía en el ejercicio de la voluntad humana presuntamente “libre” en general —tanto en la sociedad civil como en el Estado— estuvo y sigue férreamente sujeta al ejercicio de la propiedad privada sobre cosas materiales, que hacen a las jerarquías sociales de mando sobre terceras personas. Y esas cosas de carácter fundamental son los medios de producción y de cambio en la sociedad civil, que a su vez hacen a la escala jerárquica en los ámbitos estatales. Una autoridad ejercida por determinados individuos, que los ciudadanos delegan con su voto en los comicios periódicos. Así fue cómo la historia ha dado fe de la certeza, en cuanto a que el concepto de propiedad privada permitió a una minoría de esclavistas y señores feudales en la sociedad antigua, tanto como a los capitalistas en la sociedad moderna, ejercer su voluntad política supuestamente “libre” (en realidad enajenada), para despojar a las mayorías por mediación alternativa del engaño y la violencia. Tanto más cuanto mayor alcanzó a ser sucesivamente su censo de riqueza en propiedad, al interior de la sociedad civil y/o el rango jerárquico de poder disponer privadamente sobre las cosas y el personal en las instituciones políticas del Estado:

<<La Constitución política (en la Revolución francesa) culmina por tanto en la constitución de la propiedad privada. La suprema convicción política es la convicción de la propiedad privada (individual)>>. (K. Marx: Op. cit. Pp. 134)

Fue precisamente John Locke quien introdujo el concepto de individuo propietario, cuya propiedad privada aparece como un derecho natural, base sobre la cual todavía se sostiene el constitucionalismo político liberal del Estado burgués. Una constitución que consagra el derecho “humano” de cada individuo a su propiedad privada, si es posible rebasando el límite de la que ostentan los demás individuos, como signo distintivo de su poder personal superior, tanto en la sociedad civil como en el Estado. Incluyendo naturalmente al poder judicial, que así pasa subrepticiamente a depender del Poder ejecutivo y éste, a su vez, del poder económico concentrado en determinadas minorías acaudaladas. Tal como sucediera en 2013, por ejemplo en España, con la reforma del Consejo General del Poder Judicial durante el mandato del Partido Popular, cuya mayoría absoluta de representantes políticos en el Congreso de los diputados, le permitió poner a ese órgano judicial bajo el dominio del poder ejecutivo, ejerciendo en última instancia ese poder delegado, al dictado de los grandes capitales en medio de la última recesión económica, que parece haber llegado para quedarse. Un dominio cuyos diputados hicieron valer en su condición de propietarios privados mayoritarios de los escaños en el Congreso, para poder así haber impuesto esa reforma. He aquí la verdad del capitalismo descubierta por Marx, según la cual la democracia representativa es, en última instancia, la dictadura de la propiedad privada sobre el capital en manos de una minoría opulenta.

¿Dónde si no en el poder económico manifiesto de la propiedad privada del capital en la sociedad civil, está el sustento del poder político en el Estado? ¿Cabe dudar, pues, de que bajo la sociedad de clases la “libertad” individual haya sido y siga siendo un atributo político esencial y exclusivo de la propiedad privada? ¿Cabe dudar a estas alturas de la historia moderna, de que el Estado “democrático” haya sido y siga siendo, sistemáticamente sometido a la voluntad política dictatorial de la propiedad privada, detentada desde la sombra por una minoría de capitalistas los más acaudalados que hoy deciden el futuro inmediato de la humanidad, agrupados en el llamado ”Club de Bilderberg”?

Desde fines de marzo de 1871, el perro sangriento que devoró a la Comuna de París estuvo encarnado en Louis Adolphe Thiers y demás secuaces suyos: Jules Favre, Ernesto Picard, Agustín Pouyer-Quertier y Jules Simon. Todos ellos en virtud de la propiedad sobre sus respectivos mandatos políticos, decidieron discrecionalmente repartirse en concepto de comisión, buena parte los dos mil millones de francos que costó a los ciudadanos franceses, el hecho de que estos sujetos gestionaran ante Alemania un préstamo al Estado francés por esa cantidad, bajo la condición de que tal coima no se hiciera efectiva, hasta después de conseguirse el aplastamiento de la “Comuna” y la “pacificación de París” por las tropas prusianas. ¿Cuántos crímenes y actos de corrupción desde el ejercicio del poder en virtud de la propiedad sobre cargos políticos —como éstos—, se han podido venir cometiendo hasta hoy en el Mundo impunemente, en nombre de la bendita palabra: naturaleza cuyo significado bajo el capitalismo tanto se parece a esta otra: facilidad?

¿Puede alguien dudar, pues, de que la corrupción política haya tenido su origen y resultado en el maridaje entre la democracia representativa —que hace a la propiedad privada periódica discrecional de ciertos individuos sobre los altos cargos que detentan en las instituciones del Estado burgués— por una parte, y la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción y de cambio que hacen al poder político personal de otros tantos sujetos en la sociedad civil por otra? ¿Puede alguien dudar de que este maridaje siga siendo posible, a instancias de la prerrogativa exclusiva de los más altos representantes políticos electos, actuando en secreto contubernio con los propietarios del capital global en cada país? ¿Puede alguien dudar de que todo esto haya consistido y consista, en que ambas partes conviertan la cosa pública en propiedad privada individual? ¿Cabe dudar de que los tan cacareados ideales de “libertad, igualdad y fraternidad” hayan sido y sigan siendo un maldito timo? ¿Cabe dudar, en definitiva, que bajo semejante estado de cosas los ciudadanos de a pie hayamos venido siendo —y así seguimos—, políticamente contando como un cero a la izquierda en esta historia?

¿Por qué tenaz e insensata estupidez seguir negándonos, entonces, a que como mayorías sociales seamos nosotros quienes, de una vez por todas, decidamos realmente poner las cosas en su sitio implantando la verdadera y genuina democracia? Pero ponerlas una vez más por encima de nosotros mismos, eso no. Porque así los bribones nos seguirían aplastando con el peso muerto de la historia “democrático-representativa” sobre nuestras cabezas. Hay que poner las cosas en el sitio justo, según el conocimiento de lo que es necesario hacer para tal fin, que nos concientiza, eleva y proyecta a la condición de sujetos auténticamente libres. Porque la genuina libertad democrática no ha sido nunca más que esto: actuar como mayorías absolutas con el previo conocimiento de la verdad sobre la realidad para transformarla, con arreglo al ser humano genérico, sin distinción de clases sociales.

Y aquí vuelve con toda su fuerza esclarecedora el genio inmortal de Shakespeare: “Ser o no ser. Esta es la cuestión”. Pero ser en un mundo donde resplandezca la verdad, dejando atrás la ficción del engaño y el sometimiento político a la dictadura económica de la sinrazón capitalista. Y para eso es necesario, ante todo, comprender en su plenitud esencial la realidad que exige ser transformada, apoderándose de ella para ponerla en armonía con la LIBERTAD y la igualdad UNIVERSAL descosificadas.

Las escandalosas fechorías cometidas por numerosos miembros de formaciones políticas, como el Partido Popular a cargo del gobierno en la España más reciente, haciendo negocios con empresarios a expensas del erario público, son las mismas que desde la segunda mitad de los años veinte, auspició Iósif Stalin el siglo pasado con sus secuaces en la ex URSS tras la muerte de Lenin. Todas ellas han sido y son de la misma naturaleza social perversa. Y todas sin excepción han sido inducidas por la propiedad privada de los medios de producción. Ya sea de modo encubierto a instancias del llamado “enchufismo” de los políticos profesionales, en disputa por ocupar las instituciones estatales en cada país, del modo más abierto y manifiesto por los empresarios, dueños directos de los medios de producción y de cambio en la sociedad civil. La propiedad privada ha hacho a la competencia intercapitalista, y está última ha generado y sigue haciéndolo 1) en primer lugar creando la creciente desigualdad social entre las dos clases sociales universales y 2) las disputas comerciales entre capitalistas y políticos agrupados en distintos países, que suelen desembocar en guerras de rapiña por apropiarse del “territorio enemigo”, incluyendo los medios de producción y de cambio allí localizados.

Bajo condiciones económicas de acumulación de capital explotando trabajo asalariado en la sociedad civil, la clase propietaria de los medios de producción y de cambio convierte a los distintos Estados nacionales en mercados, donde las distintas empresas compiten entre sí para poner el poder político de las instituciones estatales al servicio de sus respectivos intereses económicos particulares. Para tal fin, los capitalistas compran la voluntad de los políticos profesionales que gobiernan esos Estados. Les corrompen. Un modus operandi que no sería posible sin la democracia representativa que les posibilita lograr ese propósito de un modo indirecto: por mediación del sufragio universal que delega la voluntad política de los electores, en determinados sujetos electos organizados en distintos partidos políticos, quienes prometen representarles en las instituciones estatales. Es esta una tramposa y delincuencial conjugación de la praxis política entre candidatos a ser representantes, y electores que les votan para que supuestamente les representen. Tramposa y delincuencial, porque tras cada acto electoral los candidatos electos dejan en papel mojado sus promesas, para lucrarse atendiendo a los intereses de los empresarios capitalistas. Burlan así la voluntad popular y el interés general. Un negocio que se acuerda y ejecuta en la discrecional intimidad que permiten los muy bien alfombrados y amueblados despachos de las distintas dependencias estatales, donde los políticos y los empresarios convierten secretamente la cosa pública en cosa privada.

Tal es la ceremonia y el embeleco sobre el cual se ha podido venir sosteniendo durante dos siglos, el sistema de vida basado en la explotación de trabajo ajeno y el reparto cada vez más desigual de la riqueza. Incluso en épocas de crisis [1]. Hablar de un máximo histórico de desigualdad social relativa entre ricos y pobres, no significa que ese proceso haya llegado a su límite, sino [2] que la desigualdad económica entre ricos y pobres empleados, ya no se nutre tanto de la plusvalía relativa (que aumenta no solo por efecto de la productividad a expensas del salario en perjuicio de su poder adquisitivo), sino también de la plusvalía absoluta, que solo aumenta por el mayor esfuerzo en el trabajo y la penuria creciente de los más pobres: al mismo tiempo que aumenta su miseria en perjuicio de su vida [3]. Un fenómeno ligado a la ignorancia que a su vez, induce a la pasividad y la sumisión: dos preciadas “virtudes ciudadanas” cuyo cultivo en la conciencia de los explotados, la gran burguesía encarga a los más hábiles administradores políticos, formados en esos estratos intermedios de la sociedad, es decir, la pequeña burguesía intelectual. De modo que:

<<Mientras la clase oprimida —en nuestro caso el proletariado— no está madura para liberarse ella misma (porque desconoce la verdad sobre la realidad en que vive), su mayoría reconoce el orden social de hoy como el único posible, y políticamente forma la cola de la clase capitalista, su extrema izquierda (a instancias de partidos reformistas estatizados, como es hoy el caso en España de “Izquierda Unida”, “Podemos” y demás “mareas” adosadas)>>. (F. Engels: “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” Cap. IX Barbarie y Civilización Pp. 105. Versión digitalizada Pp. 100. Lo entre paréntesis nuestro.).

La propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio, ha demostrado ser el resultado del instinto animal más primario en que se ha convertido buena parte del género humano, tras haber dejado su impronta en la destrucción y el holocausto de las dos guerras mundiales. Un proceso que actualmente se prolonga en conflictos bélicos, que sacuden a países como es el caso de Gaza, Palestina, Siria, Irak, Sudán del sur, Afganistán, Yemen, Chad, Libia, Burundi, República centroafricana, Somalia y Nigeria, con un total de 65 millones de refugiados en otros tantos países. La mayoría de ellos por causas que radican en la disputa económica del gran capital multinacional, por la propiedad y el control de recursos naturales.

Ergo, en la presente emergencia histórica la consigna es, porque así debe ser: propiedad privada sí, pero sólo sobre los medios de consumo que momentáneamente cada cual con su capacidad en el trabajo sepa ganarse. No precisamente como “Los hombres de la viga” Instruyendo el “Rockefeller Center” durante la gran depresión económica de los años treinta el siglo pasado, tal como lo muestra la siguiente fotografía. Desafiando a la ley física de la gravedad en octubre de 1932 a 270 metros de altura, casi todos ellos inmigrantes irlandeses preparándose para el almuerzo, donde trabajaban por unos pocos dólares al día. Ignorantes de la forma en que más abajo y muy cómodamente instalados en sus despachos, unos pocos individuos propietarios asociados capitalizaban la ganancia menguante, obtenida con el producto del riesgoso esfuerzo humano ajeno.

Por aquí sin embelecos retóricos engañabobos, ha discurrido la intención de este trabajo divulgativo nada original, fundamento indiscutible de seis necesidades sociales y políticas, de cada vez de más urgente realización a escala internacional:

1) Expropiación de todas las grandes y medianas empresas industriales, comerciales y de servicios, sin compensación alguna.

2) Cierre y desaparición de la Bolsa de Valores y los paraísos fiscales.

3) Control obrero colectivo permanente y democrático de la producción y de la contabilidad en todas las empresas, privadas y públicas, garantizando la transparencia informativa en los medios de difusión para el pleno y universal conocimiento de la verdad, en todo momento y en todos los ámbitos de la vida social.

4) El que no trabaja en condiciones de hacerlo, no come.

5) De cada cual según su trabajo y a cada cual según su capacidad.

6) Régimen político de gobierno basado en la democracia directa, donde los más decisivos asuntos de Estado se aprueben por mayoría en Asambleas, simultánea y libremente convocadas por distrito, y los altos cargos de los tres poderes, elegidos según el método de la representación proporcional, sean revocables en cualquier momento de la misma forma.

Teniendo en cuenta que desatender la urgencia de lo que es cada vez más necesario hacer, supone agudizar y prolongar todas las fatales y dolorosas consecuencias de esa renuncia. GPM.

Cómo la crisis económica de 2017 desembocó en el mayor quebranto al erario público de la historia española

16 marzo 2017 | Categorías: Deuda, Justicia Fiscal y financiación Global, Mercados Financieros, Nacional, Opinión

Etiquetas: ajuste, crisis, estafa, financiarización, RECORTES.

Cuestionario contestado por el autor el 11 de marzo de ese año, en el marco de la tercera sesión del “Proceso a la banca española”. Se trata de un Tribunal Popular constituido al efecto de someter a juicio y exposición pública, el colosal quebranto de la cohesión social y las finanzas patrias provocado por la oligarquía financiera, así como la flagrante connivencia de los títeres del circo que, con las draconianas políticas impuestas como consecuencia del rescate fraudulento de los financistas, cercenan sistemáticamente los derechos y las condiciones de vida de aquellos a los que dicen servir.

Alfredo Apilhttps://kaosenlared.net/entrevista-a-Alfredo-Apilanez-sobre-la-teoria-monetaria-moderna-tmm-i/ánez : El salmón a contracorriente.

1) ¿Podríamos elegir la fecha de 1992, como momento simbólico del inicio de la explosión del crecimiento de la deuda privada, creada por la banca española y de la monumental burbuja inmobiliaria que colapsó estrepitosamente en 2007?

Si, efectivamente, así es.

2) ¿Cuáles son los elementos de los que se parte para hacer esa afirmación?

En realidad, el origen de la explosión de la deuda privada es global. Se enmarca dentro del proceso de financiarización que arranca en los años 70 al desarrollarse espectacularmente el sector financiero para sostener la menguante rentabilidad del capitalismo en tiempos de crisis adoptando las innovaciones creadas por los magos de Wall Street. A través del “crédito a muerte” se trata de compensar la drástica caída de la demanda salarial provocada por el incremento de la explotación del trabajo con el recurso masivo a la deuda y las innovaciones financieras. Su símbolo es la derogación de la ley Glass-Steagall en 1999 que facilita la incorporación de la banca comercial al casino financiero de la banca de inversión.

En este contexto, un país recién desindustrializado, con una economía estancada, altamente dependiente del capital extranjero y adicto crónico al monocultivo del ladrillo era el candidato perfecto para servir de cobaya del experimento financiarizador. En el caso español, el año 92 es relevante por dos motivos. El inicio de la titulización hipotecaria con la Ley 19/1992 y la firma del Tratado de Maastricht. Desde un punto de vista legal, la titulización hipotecaria española tiene su origen en la Ley sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria. En el preámbulo de dicha ley, el legislador reconocía que contribuir a abaratar la financiación para la adquisición de vivienda y facilitar la “movilidad” en la concesión de préstamos eran los objetivos perseguidos al conferir un marco normativo específico a la titulización en España.

En el Tratado de Maastricht se abrió el proceso de creación de la unión monetaria propulsando la liberalización de los flujos financieros en la zona euro, sin la restricción del tipo de cambio que supuestamente posibilitaría la financiación masiva de la burbuja inmobiliaria española, por parte de la banca centroeuropea.

3) Ciertamente, a partir de esa fecha, se abrieron los datos sobre endeudamiento privado no financiero (de hogares y empresas).

También el financiero (de la banca española con la extranjera en España), se dispararon exponencialmente al tiempo que la actividad prestamista se enfocó principalmente hacia el sector inmobiliario. ¿Podría explicar los motivos por los que afirmó que la titulización propulsó la voraz concesión de hipotecas, y precisar cuál fue la responsabilidad de la banca privada, en la omisión de información pública que le permitió aparecer como acreedor de hipotecas de las que no era titular mientras inflaba la cartera?

La clave ha residido en la expresión coloquial del sector financiero acerca de la titulización: “hacer hueco” en el balance y Titulizar permitía vender hipotecas como churros, transmitiendo el riesgo a los inversores y despreocupándose totalmente de la solvencia del deudor.

Los fondos de titulización españoles tienen, mayoritariamente, un modelo de estructura pass-through, caracterizada por una conexión entre los ingresos (pagos de intereses y principal) de los inversores y los flujos generados por los activos titulizados. En consecuencia, los inversores tienen una exposición directa al comportamiento de dichos activos. Así pues, bancos y cajas relajaron enormemente los estándares de concesión de hipotecas —modelo de prestar y vender— inflando la burbuja y sus cuentas de resultados mientras reducían artificialmente su exposición al riesgo.

Sin embargo, cuando las cosas se torcieron con la explosión de la colosal burbuja, los bancos —¿quién había vivido “por encima de sus posibilidades”?— exigieron la deuda de los morosos y se adjudicaron la garantía hipotecaria como si ellos fueran los propietarios reales de todos los créditos. En lugar de comparecer en los juzgados como apoderados de los Fondos adquirentes de las hipotecas haciéndose pasar por los acreedores titulares, cuando eran tan solo los mamporreros que administran los cobros. La banca no cumple con lo legislado —según la ley 2/1981 de Regulación del Mercado Hipotecario— de modo que cuando se vende un crédito se ha de practicar en el Registro de la Propiedad una anotación al margen —ya que sería la constatación de que la hipoteca no le pertenece— y no tiene legitimidad para exigir la ejecución hipotecaria, como han demostrado recientes sentencias.

4) La entrada en el euro propulsó el endeudamiento del sistema financiero español, gracias a la financiación a espuertas recibida de los bancos en los países con exceso de ahorro (por alemanes y franceses). ¿Cree usted que esa deuda contraída con la banca centroeuropea, fue causa principal del “sobrecalentamiento” del sistema financiero español, y que el principal objetivo del colosal rescate posterior sufragado con fondos públicos, fue para “liquidar” esos pagos?

Desde luego. Se trata del perverso cepo en el que los llamados PIGS en Portugal, Irlanda, España y Grecia, donde sus pueblos hemos quedado atrapados con el otrora milagroso euro. Los grandes bancos de las economías en esos países del Centro —principalmente Alemania con su enorme superávit comercial, financiaron masivamente la burbuja inmobiliaria española. La existencia de una moneda única, el euro, alentó este flujo dado que ya no existía el peligro de una devaluación— que agravara el riesgo de impago en caso de crisis en algún país de la periferia. Esto originó una enorme burbuja del crédito privado, principalmente en el sector inmobiliario (recordemos que en la “piel de toro” se construía más que en Alemania, Italia y Francia juntas), aunque también en el consumo. Según el último informe del Banco Internacional de Pagos, la banca española debe todavía más de un billón de dólares a la banca extranjera.

Cuando se produjo el colapso del sistema financiero internacional, la prioridad de la gran banca europea —aliada con el BCE— era evitar las consecuencias sistémicas de un impago generalizado, causado por la quiebra de las cajas y bancos españoles. El famoso rescate de 2012 a cuenta de la ciudadanía —“apertura de una línea de crédito” según don Mariano (Rajoy)— y toda la política monetaria del BCE, vinieron al salvamento de la banca europea y estadounidense, atiborrada de paquetes de deuda hipotecaria tóxica, incobrable por los bancos y cajas patrios.

5) Afirma usted que los poderes públicos, usando su potestad legislativa de forma torticera, practicaron la connivencia más flagrante con los abusos y latrocinios cometidos por los prebostes de la gran banca privada. ¿Podría precisar esta acusación?

Desgraciadamente, los poderes públicos fueron meras comparsas que bailaban al son de la banca y del bloque del ladrillo. Habría que destacar la vista gorda cuando no la complicidad absoluta del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de valores, supuestamente “independiente” en la dejación dolosa de su función de control y supervisión del sistema financiero, hasta que le estalló la bomba de relojería en las narices. Incluso llegando a ignorar el informe de la inspección de 2006, en que se alertaba de los graves riesgos de estallido de la burbuja y de la sorprendente pasividad del supervisor. El Banco de España relajó la política crediticia para la concesión de hipotecas, (en la época cuando el Sr. Jaime Caruana era gobernador y seguidamente General Manager del BIS) facilitando créditos al promotor, además de propulsar la titulización permitiendo el “truco” de sacar del balance las hipotecas. Todo ello acompañado de una intención flagrante de ocultación de las reales dimensiones del problema y del montante del rescate.

Merece la pena destacar lo que decía entonces el director de supervisión del Banco de España en una presentación en 2010: “El proceso de titulización en España ha sido un tanto atípico y diferente al modo en que se ha desarrollado en otros países: con elevada calidad de sus activos subyacentes concedidos bajo unos criterios de aprobación rigurosos, sujetos a una regulación y supervisión exigentes. Es cierto que se ha visto afectado por el empeoramiento del entorno económico y el estancamiento del sector inmobiliario, pero este deterioro no está vinculado con el negocio de originación y distribución de riesgos, ya que las entidades españolas han fundamentado su operativa desde una óptica basada en la banca tradicional” Súper sic

Las instituciones soberanas pusieron el BOE (Boletín Oficial del Estado) al servicio del bloque del ladrillo a través de todo tipo de reformas legislativas —ley Boyer, ley del suelo, la citada desregulación de la titulización y todo tipo de facilidades y deducciones fiscales a favor de la compra en detrimento del alquiler—. Por no mencionar la casi desconocida pero neurálgica complicidad en la renuncia a la soberanía monetaria (Maastricht) al dejar la financiación de la deuda pública en manos de la banca privada. Todo ello para favorecer al que Zapatero calificaba de “sistema financiero más sólido de la comunidad internacional”.

6) Conceder crédito a los promotores a nivel estratosférico significa proporcionar la materia prima de la especulación con el suelo que fue la base -junto con el crédito a espuertas de la banca privada- de la colosal burbuja inmobiliaria. ¿Cree que hubo connivencia por parte del gobierno?

Desde luego. Como hemos dicho, la incestuosa relación entre grandes inmobiliarias, cajas de ahorros y ayuntamientos alcanza el nivel legislativo. La Ley del suelo de 1998 tuvo como uno de sus principales objetivos el aumento de suelo urbanizable —barra libre para las recalificaciones y la vorágine constructora que desembocó en la súper burbuja inmobiliaria—, en el razonamiento supuestamente liberalizador y profético de que si se ponía en el mercado más suelo de tal naturaleza, descendería el precio del suelo y, en consecuencia, de la vivienda. Con dicha Ley se daba un importante cambio de rumbo en la clasificación de suelo, por cuanto hasta ese momento se entendía que el suelo no urbanizable era el mayoritario por su carácter residual. Sin embargo, con la Ley de 1998, todo el suelo que no ostentara el carácter de urbano, ni debiera estar protegido y preservado como no urbanizable, pasaría a ser urbanizable con el consiguiente aumento descomunal del festín especulativo.

Asimismo, las administraciones hicieron uso de las semipúblicas Cajas de ahorros como propulsoras de todo el proceso especulativo —en gran parte basado en la masiva y corrupta financiación de promociones urbanísticas faraónicas que acabaron resultando ruinosas— jugando un papel esencial en el crédito a los promotores hasta llevarlas a la ruina ante el derrumbe del castillo de naipes. Eran el núcleo de la podredumbre del monocultivo ladrillil al servir de nexo financiero entre promotores y constructoras por un lado y las venales administraciones públicas por otro. Tenemos como símbolo destacado de esta connivencia incestuosa —para no incidir más en un tema archiconocido— el caso Bankia como símbolo del destrozo.

7) Afirma usted que la complicidad negligente entre los supuestos vigilantes del cumplimiento de la legalidad —notarios, auditores— con la banca privada y la intervención fraudulenta de las calificadoras de riesgo inflando las calificaciones de las entidades y sus emisiones de títulos de deuda para optimizar su salida al mercado fueron el lubricante ideal que propició que la “fiesta” continuara sin molestas interrupciones ni señales de alarma hasta el colapso. ¿Podría precisar algo más su afirmación?

La relación entre la banca y los supuestos vigilantes del sector encargados del cumplimiento de la normativa, es un caso flagrante de conflicto de intereses y una pantomima descarada. El descontrol en la asunción de riesgos y la manipulación de las cuentas por parte de las entidades financieras, que financiaban hasta el 100% de la vivienda (muy por encima del 80% establecido legalmente como tope) —incluyendo el coche, el reloj y lo que hiciera falta y partiendo de tasaciones temerarias— fue perpetrado con la complicidad total de auditores y calificadoras de riesgos. Valga un botón de muestra del papel de los encargados de dar fe de la veracidad de las cuentas: En 2011, Bankia declaró ganancias de más de 300 millones de euros, auditadas por Deloitte. Sin embargo, menos de un año después el Gobierno español nacionalizó la entidad, que se tragó al menos 23.500 millones de euros. ”Poco después de la nacionalización, resultó que los registros auditados por Deloitte eran incorrectos, ya que el banco, en realidad, había perdido 4.300 millones”.

Los notarios dieron su beneplácito a todo tipo de cláusulas abusivas: productos complejos como las cláusulas suelo, comisiones sangrantes, etc. ocultas en la intrincada letra pequeña y omitieron su obligación de asegurarse del entendimiento del contrato, por parte del deudor e informarle de las cargas y responsabilidades asumidas. En lugar de velar por los intereses del cliente, al comprobar la legalidad del contrato o explicar las cláusulas que se firman, entre otras labores, se forraron (10% de los gastos de formalización de la hipoteca) dando fe de contratos fraudulentos.

¿Y qué decir de los “vigilantes del mercado”: las calificadoras de riesgos? Un dato bastará también para mostrar su papel de pirómanos de la explosión crediticia. En el caso concreto de la titulización española, el 87% de los valores emitidos entre 1993 y 2007, obtuvieron la máxima calificación crediticia (la famosa AAA) en el momento de su creación, un porcentaje que destaca si se compara con el de otros mercados desarrollados.

8) Para ir concluyendo con este punto. ¿Podría decirnos qué otras prácticas predatorias integraron el saqueo perpetrado en el “esquema ponzi” de los años de vino y rosas?

Es imposible consignarlas todas aquí. La banca recurrió a todo tipo de prácticas comerciales predatorias: manejaban a su antojo los índices de referencia —ahí están los fraudes en el Libor y Euríbor, con márgenes a todas luces abusivos— incluían la abusiva cláusula del vencimiento anticipado que autoriza al banco a ejecutar la hipoteca y el desahucio en subasta notarial, si se produce el impago de dos o tres cuotas —incluso no siendo ya el acreedor legítimo por haber empaquetado y titulizado el préstamo—, cobraban comisiones leoninas (más que en cualquier otro lugar de Europa) por cualquier cosa, imponían la obligación de contratar seguros de vida con la aseguradora del banco al contratar la hipoteca, y un infinito listado de malas prácticas que han recopilado las asociaciones de usuarios. Y eso, por no hablar de las estafas estrella, que han podido suponer un auténtico robo de 50.000 millones de euros, si no más, mediante las participaciones preferentes. Todo lo anterior les haría merecedores del calificativo de depredadores financieros de la ciudadanía.

Súper sic. 12) ¿Cuánto mayor es el banco menos ayudas del Estado precisa? ¿Los tres más grandes, Santander, BBVA y Caixa-Bank, no precisaron ayuda de las arcas públicas?

En absoluto. Se trataba de aparentar que una parte del organismo estaba sano y que extirpando el tumor (Cajas de Ahorros) se podría regenerar el resto (grandes bancos).

El Banco de España siempre ha aplicado la misma receta como medicina a las “crisis bancarias”: un banco se come a otro banco, se supone que el que es comido es el insolvente. Para que exista un banco solvente —en contraposición a las cajas insolventes— se lo tiene que maquillar como se han maquillado la contabilidad del Santander, BBVA y Caixa-Bank. Se proclama enérgicamente que “no consta que hayan recibido ayudas oficiales”, pero sí constan unos descomunales avales a cargo del contribuyente por 90.000 millones de los que no se sabe cómo han acabado, así como el “chollo” de los Esquemas de protección de activos, para cubrirse de las pérdidas por toda la basura de las cajas liquidadas a precio de saldo, a cargo del FROB y el colosal rescate encubierto al ser mantenidos con respiración asistida del BCE, para honrar las deudas ante los fondos de inversión internacionales al cerrarse el interbancario en el estallido de la crisis de 2008.

13) ¿Esta impresión de solvencia del Santander, BBVA y Caixa-Bank —ventilada a los cuatro vientos por las autoridades— es pues falsa? Y, en ese caso, ¿de dónde obtuvieron los recursos para el colosal camuflaje?

Totalmente falsa. Además de ayudas públicas –las ya mencionadas más créditos fiscales en la absorción de los restos de las cajas y la venta a precio de oro de sus activos basura a la SAREB- la parte del león del salvamento que recibieron los tres grandes provino como digo del BCE. Desde 2008 a través de la famosa barra libre de liquidez, el BCE -con fondos públicos creados en pantallas de ordenador- prestó al 0% colosales recursos a la los grandes bancos que éstos invertían en deuda pública española al 6-7% provocando la ruina de las finanzas públicas a través del pago de intereses -30.000 millones anuales- por una deuda provocada en gran parte por el propio rescate bancario. ¡Con dinero público del Banco Central Europeo se hunden las finanzas de los Estados! Este absurdo llegó al paroxismo con la expansión cuantitativa (política monetaria no convencional del BCE) y la absorción de enormes cantidades de bonos públicos y privados de la banca española, por parte del gran capo de Frankfort —que tiene prohibido financiar a los Estados—. En concreto la gran banca patria ha endilgado nada menos que 300,000 millones de emisiones de renta fija —empaquetando todo tipo de préstamos y la basura restante de la burbuja— al BCE en las últimas rondas de la QE (Quantitative Easing). En conclusión: la gran banca goza de la respiración asistida de nuestro banco central, para engrosar sus abultadísimas cuentas de resultados y continuar esquilmando las arcas públicas, e inflando nuevas burbujas con la colosal inyección recibida.

14) Entonces ¿Hubo un rescate encubierto? ¿Se mintió a los españoles diciéndoles que no había necesidad de una intervención de las finanzas españolas?

De lo expuesto se deduce claramente la respuesta afirmativa. De lo que se trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero público cargando al erario con una colosal deuda odiosa e ilegítima y ocultando y dejando impunes las responsabilidades de los que por su acción u omisión produjeron este desastre.

15) ¿Si hubiera habido un rescate al uso se tenían que haber practicado quitas sobre la deuda?

El único modo viable de gestionar el rescate público habría sido provocando pérdidas a los acreedores internacionales para hacer viable el pago de la deuda pero los poderes financieros no están dispuestos a ello ya que se derrumbaría todo el castillo de naipes de derivados (los famosos CDS) que se activarían en caso de impago provocando enormes pérdidas a los dueños del casino. El caso griego es un aviso para navegantes de la inviabilidad de reestructuración de la deuda bajo el talón de hierro de la Troika y del fanatismo neoliberal de la UE.

16) Lo que acaba de manifestar es muy importante, nos está diciendo que el gobierno para presumir de una impecable gestión evitando el rescate impidió que los acreedores de la deuda se vieran abocados a tener que perder una parte de su inversión por las quitas ¿Esto fue así?

Afirmativo, se trató de una flagrante socialización de pérdidas. El Gobierno (cual perro guardián de los intereses del capital financiero y obediente esbirro de la infausta Troika) permitió que los bancos y los fondos de inversión cobraran hasta el último euro y no se vieran en la situación perentoria de practicar quitas. Toda la deuda bancaria se cargó a cuenta del sacrificio y las penalidades que sufren los españoles por los recortes supuestamente provocados por el “coste del rescate”.

17) ¿Por sus manifestaciones podemos colegir que usted acusa a los responsables de la banca española de malas prácticas y del hundimiento de las finanzas del país?

Sobran los motivos. La banca privada hinchó y se benefició con artimañas de la colosal burbuja; cuando ésta explotó echó de sus casas con trapacerías e ilegalidades a centenares de miles de familias; al colapsar bajo el peso de la montaña de deudas contraída irresponsablemente puso la soga de la deuda impagable en nuestra economía; con dinero casi gratis del BCE se lucró prestando dinero al Estado que graciosamente se estaba encargando de su salvamento a costa del bienestar del ciudadano español. Si, por todo lo anterior, yo les acuso, a ellos y a los políticos que han participado de esta estafa descomunal con consecuencias catastróficas para la ciudadanía. El castigo administrativo y/o judicial a quienes, por su acción u omisión produjeron este desastre está por ejecutar.

* Agradezco especialmente a Salva Torres (asociación 500×20) y a José Manuel Novoa (Asociación de Hipotecados Activos) la invitación a participar en el evento y, muy especialmente, la paciencia y la valiosa ayuda prestadas en la elaboración del cuestionario.

ATTAC Madrid no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización. GPM.

Así se está hundiendo el empleo en España, comunidad a comunidad: En un mes se han perdido dos años.

Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana, están liderando las caídas.

España en su conjunto ha perdido en un mes, el empleo que había creado en los dos últimos años.

Roberto Pérez SEGUIR Zaragoza Actualizado: 18/04/2020 13:39h.

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Destruidos en Andalucía, más de 100.000 empleos en la Comunidad Valenciana, 130.000 en Cataluña, otros tantos en Madrid… La lista es tan desoladora como el resumen de conjunto: en solo un mes, en marzo, el empleo que ha destruido en toda España la crisis del coronavirus equivale, prácticamente, a todo el que se había creado en el último bienio, en 2018 y 2019. Y es solo el principio, porque el hundimiento del mercado laboral suma y sigue. Y, en las regiones más turísticas, aún está por llevar el grueso del envite.

En los últimos días, la Seguridad Social ha desvelado los datos de detalle que muestran a las claras cuánto empleo se destruyó en marzo en cada región. Las cifras por autonomías que dio hace 15 días eran de medias mensuales, que ofrecían un cálculo edulcorado del desplome. Las nuevas estadísticas, sin embargo, reflejan cuánto se ha perdido realmente, cuántos ocupados había en cada región el último día de febrero, y cuántos de esos quedaban el último día de marzo. Y eso sin contar los afectados por los ERTE, que al tener los contratos suspendidos, sus puestos siguen apareciendo en alta en la Seguridad Social.

Así se está desplomando el mercado laboral en toda España, comunidad a comunidad, con referencia a algunas de las provincias especialmente castigadas. Cádiz ha sido la más golpeada en términos relativos: una destrucción del 8,3% del empleo en solo un mes.

Canarias: destruida el 6,5% de la ocupación

En porcentaje, ha sido la autonomía que más empleo perdió en marzo. En Canarias se destruyeron en marzo 53.511 empleos, sin contar los ERTE. En solo un mes, el Archipiélago perdió el 6,5% del empleo que tenía antes de que estallara la crisis del coronavirus en España.

Andalucía: —193.851 empleos en 30 días

La economía andaluza es la segunda más golpeada por la crisis. En marzo se destruyeron en esta región, exactamente, 193.851 puestos de trabajo, siempre sin contar los afectados por los ERTE. En apenas 30 días se volatilizó el 6,2% de su mercado laboral. Andalucía, en un mes, ha retrocedido a niveles de hace tres años en términos de ocupación. Cádiz es la provincia más castigada, y no solo de Andalucía sino de toda España en términos relativos: 31.185 puestos de trabajo fulminados, el 8,3% de toda la ocupación que tenía.

Comunidad Valenciana

Con un desplome de la ocupación del 5,3% en marzo, la Comunidad Valenciana es la tercera más golpeada en esta primera fase de la crisis económica del coronavirus. En esta región se perdieron en marzo 103.079 empleos. Por provincias, la más golpeada es Alicante, con una destrucción del 6,7%. Solo Cádiz y Málaga (-7,3%) presentan tasas peores en el desplome laboral de marzo.

Madrid hace frente a la crisis

Pese a ser la Comunidad golpeada más precozmente y con más crudeza por la pandemia, su economía no figura entre las más castigadas por la crisis económica del coronavirus. En marzo perdió el 4,1% de su ocupación, idéntico porcentaje que arrojó la media nacional. Eso sí, en cifra absoluta el número es también contundente: 134.294 empleos destruidos en marzo.

Cataluña: -130.000 empleos

En Cataluña, la primera fase de la crisis fulminó en marzo 130.513 puestos de trabajo, el 3,8% de la afiliación que tenía justo antes de que estallara la pandemia en España. De ellos, 97.444 se destruyeron en la provincia de Barcelona, 12.201 en la de Gerona, 12.080 en la de Tarragona y 8.788 en la de Lérida, la más castigada de las provincias catalanas en términos relativos, en porcentaje.

Castilla-La Mancha

El primer mes de crisis del coronavirus se ha llevado por delante más de 30.000 puestos de trabajo en Castilla-La Mancha. En marzo, exactamente, se destruyeron en esta región 32.657 empleos netos, sin contar los ERTE. En 30 días perdió el 4,6% de sus afiliados a la Seguridad Social.

Aragón y Murcia

En Aragón se perdieron 23.418 empleos en marzo. En apenas treinta días se han ido al traste todos los puestos de trabajo que Aragón había creado en los dos últimos años. Además, ya son al menos 65.000 los trabajadores afectados por ERTE.

En Murcia, el primer mes de crisis del coronavirus, se ha llevado por delante 26.245 puestos de trabajo, el 4,4% de los que tenía.

Castilla y León, Galicia y País Vasco

En Galicia se destruyeron en marzo 32.353 empleos netos, una caída del -3,2%, siempre sin contar los afectados por los ERTE. La provincia más castigada ha sido Pontevedra (-13.906), seguida de La Coruña (-13.566).

En Castilla y León, el primer mes de la crisis económica del coronavirus ha fulminado 29.600 puestos de trabajo, el 3,2% de la afiliación que tenía justo antes de que la pandemia estallara en España.

En el País Vasco, por su parte, marzo destruyó 22.994 puestos, un 2,4%. Es de las comunidades menos azotadas hasta el momento en términos de empleo.

Baleares, Cantabria y Asturias

Por su parte, en Baleares se han destruido 4.861 empleos, pero hay que tener en cuenta que en este caso el gran impacto se teme para los próximos meses, cuando esta Comunidad registra la gran oleada anual de contrataciones coincidiendo con el turismo estival.

En Cantabria, por su parte, se han destruido en solo un mes 7.936 puestos de trabajo, un 3,7% de los que tenía un mes antes. Y en Asturias se perdieron en marzo 11.078 empleos, el 3% de su ocupación total.

Extremadura, Navarra y La Rioja

La Comunidad Foral ha perdido 6.917 puestos de trabajo en solo un mes, y eso que se cuenta entre las autonomías donde el impacto laboral fue menos severo en marzo. En Navarra la caída del empleo ha sido del 2,4%. En La Rioja, el mes pasado se destruyeron el 3,3% de los puestos de trabajo, un total de 4.295 fulminados. Y en Extremadura, un porcentaje similar, una caída del 3,8%, lo que ha supuesto la destrucción de 14.912 empleos solo durante https://es.wikipedia.org/wiki/Segismundo_Moret el mes de marzo, en el primer envite de la crisis del coronavirus.

Ceuta y Melilla

En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se han destruido 859 y 606 puestos de trabajo, respectivamente; el 3,7% y el 2,5% de los que tenían antes de la crisis.

El paro de larga duración se ceba con los mayores de 45 años y las mujeres

17/11/2016

Luis M. del Amo. Un 70% de los desempleados de esa edad lleva parado más de un año.

Desde el inicio de la recuperación, el número de parados de larga duración se ha reducido en casi un tercio. Sin embargo, aunque el contingente de desempleados que llevan más de un año en el desempleo ha disminuido desde el máximo de 3,5 millones de 2013 a los 2,5 millones actuales, su situación representa aún un problema. La permanencia en el desempleo debilita sus posibilidades de hallar nueva ocupación. Hasta el punto de que un 70% de los parados mayores de 45 años lleva más de un año en el desempleo.

La reducción del paro de larga duración apenas atenúa la realidad para aquellos que pierden su empleo a partir de los 45 años. Un 70% de los parados en esta franja de edad acumulan más de un año en el desempleo, exactamente el 68,8%, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Y eso se traduce en un deterioro de sus habilidades laborales.

“Cuanto más largo es el período en el desempleo más difícil resulta la vuelta al mercado laboral”, confirman desde Asempleo, la patronal de empresas de trabajo temporal.

Por otro lado, el paro crónico es una lacra que afecta más a las mujeres. Mientras el porcentaje de parados que son mujeres se sitúa en el 50,7%, la proporción sube hasta el 51,7% cuando hablamos de paro de larga duración.

“Pensemos en el grave problema que supone esta situación para estos individuos que ven cómo se acerca su jubilación y necesitan cotizar para poder recibir una pensión ‘decente’”, agregan.

Mejora de la empleabilidad

Para emplearse la solución que precisa el colectivo de parados de larga duración, no se limita a la concesión de una prestación económica. Las ETT (Empresas de Trabajo Temporal) –que gestionan la colocación de parados en algunas autonomías– abogan por el diseño y la aplicación de unas políticas activas que refuerce su formación y les oriente eficazmente en la búsqueda de empleo.

“Es fundamental el diseño y la aplicación de políticas activas que clasifiquen a este tipo de parados según sus habilidades, refuercen aquellos puntos en los que deben formarse o actualizar su formación en función de las demandas del mercado; y les orienten eficazmente en la búsqueda de empleo”, explican.

Para las ETT, mejorar la empleabilidad es la única manera de recolocar al “tremendo” número de parados de larga duración que tenemos en España. Y advierten. “De hacerlo de otro modo sería insuficiente”, aseguran.

Tránsito hacia el empleo

Las ETT recuerdan que el contrato temporal sigue siendo un camino hacia la consecución de un puesto más estable. En vísperas de Navidades, cuando la contratación se dispara, se dan las condiciones para firmar un contrato temporal, que hace «más fácil» el transito del desempleo al empleo.

En el caso concreto de los mayores de 45, mientras que el 5,3% de los parados de larga duración encontró un trabajo temporal, solo el 0,6% logró uno indefinido, afirman.

“Es importante que este colectivo se reenganche al mercado laboral en el trayecto final de su carrera profesional”, subraya Andreu Curañas, responsable de Asempleo. Esto beneficiaría por supuesto a los trabajadores y también supondría un alivio para el sistema público de pensiones que gestiona la Seguridad Social, consideran.

Por territorios, Canarias, La Rioja y Castilla-La Mancha son las regiones que presentan mayores tasas de paro crónico en mayores de 45 años. En las tres comunidades autónomas, más del 78% de los parados de más de 45 años llevan desempleados más de un año.

Por el contrario, los mejores datos los encontramos en Baleares, Cantabria y el País Vasco, donde, por otro lado, la tasa de paro es la mitad que la media nacional y la probabilidad de encontrar un empleo es el doble que en la media española.

La crisis económica española. Una operación especulativa de graves consecuencias

Este artículo analiza la crisis económica española que se desencadenó en 2008. Para comprenderla correctamente, es necesario conocer sus antecedentes, que se remontan a una década anterior en que comenzaron a gestarse inversiones especulativas que desembocaron en una descomunal burbuja inmobiliaria y un fuerte endeudamiento de la economía española. Se estudian los orígenes de la crisis, las medidas que se han tomado para hacerle frente y las principales consecuencias que se han derivado de la misma: incremento del paro, precarización en el empleo y desigualdad en la distribución de la renta.

I.- Antecedentes necesarios: La etapa dorada (1984-2007)

Las transformaciones que se han producido en la estructura económica y social de España desde 1960 en adelante y, sobre todo, desde su ingreso en la Unión Europea en 1986, han sido muy profundas. De ser un país atrasado, hasta mediados del siglo XX, se ha situado actualmente entre los 20 países con mayor renta per cápita del mundo, ocupando el décimo lugar mundial y quinto europeo por PIB absoluto: de un PIB de 188,2 mil millones de euros a precios corrientes en 1985, se ha pasado a 1.053,2 mil millones en 2007. Es decir, el PIB se ha multiplicado por 5,6 en 22 años. En buena medida ello se ha debido al ingreso en la UE que, través de los retornos vía presupuesto, añadió de media anual en dicho período cerca de un punto al crecimiento del PIB. Como una buena parte de estos recursos eran para inversiones, España pudo construir una moderna infraestructura que ha contribuido de forma decisiva a su dinamización y modernización.

Entre 1984 y 2007, la estructura productiva de la economía española ha cambiado radicalmente: ha pasado a convertirse en proveedora de servicios (públicos y privados), en detrimento del sector agrario e industrial, que no han cesado de perder peso en el PIB. Al estallar la crisis de 2008, el aporte de los sectores al PIB, en porcentaje, era el siguiente: Agricultura y Pesca, 2,4%; Industria y Energía, 15,5%; Construcción, 10,4%, y Servicios, 63,2%.

Sin embargo, el período 1984 a 2007 no puede considerarse homogéneo, al menos desde el punto de vista de la orientación de las inversiones, tanto públicas como privadas. Hasta la incorporación de España en la unión económica y monetaria (el euro), en 1999, -que coincide prácticamente con la larga etapa de los gobiernos socialistas de Felipe González (1982 a 1996)- dichas inversiones fueron, en general, muy productivas. Asimismo, fueron complementadas con una serie de reformas de hondo calado, con el fin de superar muchas de las rigideces que aún subsistían del franquismo y las sobrevenidas de la crisis económica de los setenta. De tales reformas fueron un buen ejemplo las reconversiones industrial y bancaria (ambas muy costosas pero necesarias), la liberalización de los alquileres en el sector inmobiliario, la del mercado del trabajo, la fiscal (en particular en la imposición indirecta), de la seguridad social (que introdujo la asistencia universal), la del sistema educativo (que hizo obligatoria no solo la educación primaria sino también la secundaria, elevando la edad de escolarización obligatoria de los 14 a los 16 años), la gestión de las empresas públicas (iniciando la internacionalización y privatización de algunas de ellas), etc.

Pero junto con estos aspectos positivos, durante los gobiernos de Felipe González también se tomaron medidas que han influido decisivamente en la corrupción que ha aflorado con la crisis económica. La principal de ellas, y una de las menos conocidas y aireadas, fue sin duda el cambio de legislación para la selección de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local¹, que de ser un cuerpo nacional independiente y prestigiado, que velaba por los intereses generales de los ciudadanos, se ha convertido, por su arbitrariedad, en un sistema complejo y corrupto.

Con la llegada de José María Aznar, que presidió el gobierno del PP entre 1996 y 2004, se inició un proceso de cambios que contribuyó decisivamente a orientar las inversiones, hacia una economía muy especulativa que acabaría generando un creciente endeudamiento, y que también favoreció la corrupción. En este sentido son destacables las tres medidas siguientes:

• La Ley 54/1997, del 27 de noviembre, sobre la regulación del sector eléctrico, que favoreció a este poderoso grupo de presión y que ha acabado generando un descomunal déficit tarifario —30 mil millones de euros en 2013— al que aún no se ha encontrado solución (Fabra y Fabra, 2012: 88-100)².

• La Ley 6/1998, del 13 de abril, sobre régimen del suelo que, con el fin de facilitar su oferta, declaraba urbanizable todo aquel suelo en el que no concurriesen razones para su preservación, lo que abrió un mundo inimaginado a los políticos autonómicos y locales y a los especuladores del ladrillo.

• La tercera de las medidas (pactada con el partido regionalista catalán Convergencia y Unión -CiU-, que le prestaba apoyo parlamentario), fue la cesión de una serie de competencias a las comunidades autónomas, que estas no han sabido gestionar, pero que sí han originado un considerable caos en el sector público y en el mercado interior. Por el lado del gasto, el Estado transfirió a las comunidades autónomas las competencias en educación y sanidad, cuyo coste se ha encarecido considerablemente respecto de su gestión por el Estado. Y por el de los ingresos, se cedía a dichas comunidades capacidad normativa en impuestos tales como el patrimonio, sucesiones y donaciones, etc., que aquellas han vaciado de contenido; a lo que también hay que añadir la cesión de capacidad normativa en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

En fin, la política económica liberal del gobierno de Aznar —y de su ministro de Economía, Rodrigo Rato, hoy acusado de graves casos de corrupción— es un factor clave para explicar el origen de la actual crisis económica. Dicha política no fue corregida, sino ampliada por el PSOE en los dos gobiernos que le siguieron, presididos por José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2011).

Otro hecho muy destacable, que también contribuyó decisivamente, en este caso al endeudamiento —tanto de España como de otros países de la Eurozona—, se relaciona con los bajos tipos de interés que posibilitó la entrada en vigor durante en 1999, de la unión económica y monetaria, es decir, de la moneda única (el euro). En esa coyuntura de crédito barato, las entidades financieras comenzaron a conceder créditos hipotecarios a tipos de interés más reducidos que la media de la UE. Y los concedían de forma descontrolada, bien a personas poco solventes y/o bien sobretasando el valor de los inmuebles. Se calcula que el valor de tasación que realizaban las empresas del ramo —que eran de los propios bancos— se situó, como media en los años precedentes a la crisis económica, en un 110% del de mercado. Esto permitíó a las entidades financieras saltarse la recomendación del Banco de España, de lo cual los créditos hipotecarios no deberían superar el 80% del valor del inmueble.

En esta coyuntura tan favorable, es comprensible que se incrementase la inversión y, por consiguiente, el crecimiento del PIB. Como muestra la Tabla 1, a partir de 1999, la inversión comenzó a superar ampliamente la capacidad de ahorro interno para financiarla³. Por ejemplo, entre 2005 y 2007 la inversión superó el 30% del PIB, en tanto que el ahorro nacional se situó alrededor del 23%. La diferencia entre ambas magnitudes, que expresa la necesidad de financiación nacional, se saldó con ahorro externo. En la historia de España nunca ha existido tanta necesidad de financiación externa como la registrada entre 1999 y 2007, año este último en que alcanzó su máxima cota: 101,4 mil millones de euros, equivalente al 9,4 % del PIB.

Una vez desencadenada la crisis, se produjo una caída drástica tanto de las inversiones como del ahorro —más acentuada en la primera que en el segundo—, por lo que las necesidades de financiación externa comenzaron a disminuir hasta lograr que en 2013 se produjera nuevamente capacidad de financiación nacional (excedente de ahorro sobre inversión) de 6,5 mil millones de euros, equivalentes al 0,6 % del PIB.

Endeudarse con el exterior puede -y suele- ser necesario para crecer y consolidar la economía, siempre, claro está, que los recursos se empleen en inversiones productivas, cuya rentabilidad permita hacer frente a los compromisos contraídos. Pero si tales recursos -en más de un 60% de la inversión total- se invierten en construcción de vivienda sin demanda y en obras públicas faraónicas o innecesarias, se acaba generando una burbuja inmobiliaria que, inevitablemente, ha de desembocar en crisis. Es lo que ocurrió a partir de 2008.

La inversión no solo determina la tasa de crecimiento del PIB, sino también la del empleo. Históricamente la economía española se ha caracterizado por requerir elevadas tasas de inversión y de crecimiento del PIB para crear empleo.

Como se desprende de la Tabla 2, en 2008 la población activa y la ocupada se habían incrementado en relación con la existente en 1984, en un 72,6% y 93,3%, respectivamente, y el paro lo había hecho en un 5%.

En 2008, con 23.253,8 mil personas en el mercado del trabajo, España alcanzó prácticamente el máximo de población activa que ha tenido en su historia (dicho máximo se produjo en el segundo semestre de 2012, con 23.489,5 mil activos); la población ocupada alcanzó los 20.663,2 mil empleados, cota que nunca se ha superado (en 2008 había 9.920,0 mil empleos más que en 1984), y el desempleo, aunque alto (2.590,6 mil), redujo su tasa hasta el 11,1% de la población activa, también una de las más bajas de todo este período. El efecto global del período sobre el mercado del trabajo (empleos creados y reducción del paro) fue de un incremento de 10.057,6 mil personas.

El importante incremento de la población activa y ocupada que se produjo entre 1984 y 2007 fue cubierto por la creciente incorporación de la mujer española al mercado del trabajo y por la inmigración masiva que se produjo, sobre todo a partir de 1995.

España, país de tradición emigrante, durante el primer decenio del siglo XXI pasó a convertirse en El Dorado para muchos latinoamericanos, africanos y europeos del Este. En la primera década del siglo XXI, el saldo migratorio alcanzó los 4.275 personas, una intensidad nunca conocida en la historia de España.

En suma, el elevado crecimiento medio del período 1984-2007, que fue del 3,4% del PIB, no logró consolidar un modelo sostenible de desarrollo debido a que en su última fase —la de 1999 a 2007— las inversiones, en su inmensa mayoría, fueron de carácter especulativo y una buena parte financiadas a crédito.

24.- El final del sueño: La crisis inevitable del 2008 en adelante

Es obvio que, a escala internacional, la crisis económica de 2008 fue el resultado de la liberalización financiera sin límites que se fue produciendo desde la ruptura del mecanismo de cambios de Bretton Woods por parte de Estados Unidos, cuando el presidente Nixon decidió, en 1971, la no conversión del dólar en oro.

Desde finales del siglo XX, debido a los bajos tipos de interés, los bancos estadounidenses comenzaron a conceder hipotecas sin control —sin valorar el riesgo de los tomadores— cuyo valor superaba con creces el de los bienes hipotecados. Dichos créditos, debidamente empaquetados (por grupos y con distinto grado de riesgo), los bancos concesionarios los titularizaron y los vendieron a los hedge funds (fondos de cobertura de riesgos o también fondos de inversión libre). Tales fondos, administrados por bancos de inversión, se han caracterizado por la ausencia de regulación y de supervisión por parte de la autoridad monetaria. Su objetivo básico es la especulación en el mercado bursátil, utilizando prácticas inimaginables. Mediante estas técnicas, los bancos de Estados Unidos llenaron de basura financiera al mundo, comenzando por su propio mercado y extendiéndolo al exterior, principalmente al de la Unión Europea.

En España, la crisis financiera internacional hizo saltar por los aires la burbuja inmobiliaria que se había ido generando desde mediados de la última década del siglo precedente. Por lo tanto, con o sin crisis internacional, España la hubiera padecido de todas formas, debido a las inversiones irrecuperables que se venían realizando. En otras palabras, la crisis internacional pinchó la burbuja inmobiliaria española, a la que, conociéndola, los gobiernos se habían negado a poner coto. En 2010, dos años después de declarada la crisis, se generó otro proceso especulativo, en este caso contra la deuda pública española (y de otros países del sur de la Eurozona). En ambos procesos especulativos —el privado y el público— participaron muy activamente el sistema financiero español e internacional.

2.1. Los brotes verdes de Zapatero se marchitaron.

En este nuevo paraíso económico, al que supuestamente había accedido España con el euro, se incrementó la demanda interna (el consumo y la inversión), que superó con creces el incremento del PIB (véase Tabla 1). El crecimiento de la demanda interna se hizo, en buena parte, a costa de un incremento del déficit exterior (el saldo de la balanza de bienes y servicios), con el consiguiente aumento de las necesidades de financiación externa que alcanzó, en 2006, los 82,3 mil millones de euros (8,2% del PIB). Pero las agencias de calificación seguían teniendo la máxima confianza en España, concediéndole la triple A (el mayor grado de solvencia). Ello obedecía al bajo porcentaje que representaba la deuda pública sobre el PIB. Entre 1999 y 2007, la deuda a largo plazo se pagaba al mismo tipo de interés que la alemana y en algún año, como en 2004, incluso algo menos⁴.

Según las Cuentas Financieras del Banco de España, en 2008 el endeudamiento total con el resto del mundo ascendía a 2.887 mil millones de euros (263,7% del PIB), distribuyéndose así: administraciones públicas 506,4 (46,2% del PIB); empresas 1.467,4 (134% del PIB), y familias e instituciones privadas sin fines de lucro 914,1 (83,5% del PIB). En dicho año, España alcanzó uno de los mayores endeudamientos del mundo en términos de PIB; si bien era básicamente privado (de empresas y familias), el endeudamiento público, que no cesaba de crecer, se situaba todavía bastante por debajo de los principales países de la Eurozona.

Un año después, en 2009, el déficit del presupuesto de la administración pública alcanzó el 11,2% del PIB, el saldo exterior en bienes y servicios se situó en el 9% del PIB y la tasa de paro cerró el año con un 18% de la población activa. No obstante estos desequilibrios, el gobierno del PSOE, presidido por Rodríguez Zapatero, continuaba negando la existencia de crisis y hasta se embarcaba en absurdos y despilfarradores planes de inversiones públicas (que formaban parte del denominado Plan E), que no hacían más que alimentar el déficit del sector público. En este contexto, el 12 de octubre de 2009, se hizo público que el gobierno griego había falsificado sus estadísticas presupuestarias para entrar en el euro y que lo había continuado haciendo hasta la fecha indicada. Este proceder ponía en duda la credibilidad de la Comisión Europea en el control de las finanzas de los Estados, lo que alarmó a los mercados financieros internacionales. Como consecuencia de la crisis griega, comenzó a hacerse muy popular un concepto hasta esos momentos prácticamente desconocido: la prima de riesgo, esto es, la diferencia entre el tipo de interés que paga cualquier país de la Eurozona por su deuda pública a largo plazo (bono a 10 años) y el que paga Alemania (que es el que se toma como referencia). La prima de riesgo es un indicador de la confianza que tienen los inversores extranjeros en el país que la emite. Cuanto menor sea la misma, más bajos serán los tipos de interés de su deuda.

De manera que la Eurozona dejó de ser un área financiera estable y comenzaron a aparecer considerables diferencias entre las primas de riesgo de sus Estados. Grecia fue intervenida por la Unión Europea el 23 de abril de 2010, tres días después, el 28 de dicho mes, la agencia Standard & Poor's rebajó la calificación de la deuda pública española —el día anterior lo había hecho con la de Grecia y Portugal— de AA+ a AA con perspectiva negativa. La solvencia de España comenzó a ser seriamente cuestionada en el exterior. Con ello se iniciaba un proceso especulativo contra la deuda soberana española de amplio recorrido: los bancos compraban cantidades ingentes de deuda pública bien remunerada y, paralelamente, cerraban el grifo crediticio al sector privado. El incremento de la prima de riesgo se había convertido en un excelente negocio para el sistema financiero.

Pero la sospecha sobre la salud del sistema financiero español, que hasta entonces se había considerado sólido, también comenzó a cuestionarse, en particular la de las cajas de ahorro, instituciones que, por su proximidad a los ciudadanos, habían gozado de gran confianza entre los impositores. Su considerable exposición al crédito inmobiliario en la etapa dorada y el consiguiente incremento de la morosidad tras la crisis, unidos a la politización de sus consejos de administración y la escasa profesionalidad de muchos de sus directivos, llevó al gobierno del PSOE a propiciar procesos de fusión y de absorción entre aquellas.

En fin, el gobierno de Zapatero pretendía incrementar la dimensión de las cajas de ahorro y que las más sanas pudieran tapar los agujeros de las más débiles, proceso para el que se previó considerables incentivos financieros. El objetivo final era reconvertir las cajas en bancos para que pudieran competir en una economía globalizada y para ello se procedió a su reorganización jurídica⁵.

Los acontecimientos se fueron precipitando. Así, el 7 de mayo de 2010, la prima de riesgo española alcanzó los 164 puntos básicos y con tendencia creciente. Es obvio que ante la desconfianza de los inversores internacionales, no hay más remedio que claudicar, con independencia del color que tenga el gobierno. El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) de la Unión Europea, reunido con carácter extraordinario ese fin de semana (8 y 9 de mayo) para tratar sobre la crisis del euro, obligó a España a recortar en su gasto público 15.000 millones de euros entre 2010 y 2011⁶. Fue una medida que en España sorprendió, ya que había sido ensalzada internacionalmente por sus éxitos económicos: entre ellos el superávit presupuestario de los ejercicios 2005 a 2007 y su bajo nivel de endeudamiento público.

Para afrontar las exigencias de la Unión, el gobierno de Rodríguez Zapatero se vio obligado a tomar de manera inmediata un amplio plan de recortes en el gasto público⁷. En fin, puede afirmarse que tales ajustes significaron el inicio de la austeridad presupuestaria y, paralelamente, un paulatino pero incesante desmantelamiento del incipiente estado de bienestar español. El broche final, con ajustes mucho más duros, lo pondría el PP tras su nuevo acceso al gobierno a finales de 2011.

2.2. Y con Rajoy llegó la tristeza.

En las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, el PP obtuvo, como era previsible, mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados —y también en el Senado—: 186 escaños frente a 110 del PSOE, que cosechó los peores resultados desde las primeras elecciones democráticas en 1977.

En su programa electoral, muy crítico con el PSOE, el PP prometía: "Gobernar con honradez, responsabilidad y buen criterio. Gobernar de forma austera, eficaz y transparente. Gobernar con verdad y credibilidad", un programa que preveía una serie de reformas "...para crecer y generar empleo, para apoyar a nuestros emprendedores, y para garantizar la educación, la sanidad y el bienestar de todos, sin excepción" (Partido Popular, 2011:14).

Tras la toma de posesión, el 21 de diciembre de 2011, el nuevo gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, hizo todo lo contrario de lo prometido. A los muchos problemas que heredaba, se añadieron —o más propiamente se activaron— otros dos que afectaban la solvencia internacional de España: el primero de ellos incidía directamente en el sector público y el segundo, en el privado (más concretamente, en el sistema financiero).

En relación con el primero, el 13 de febrero de 2012, la agencia Moody's, siguiendo los pasos de Standard and Poor's y Fitch del mes anterior, rebajó la calificación de la deuda pública española —junto con la de Italia y Portugal— en dos escalones: de Aa3 (calificación alta) A (calificación buena).

Pero la principal novedad se produjo dos días después —el 15 de febrero— cuando dicha agencia rebajó la calificación de ocho comunidades autónomas, reduciendo la de Cataluña al borde del bono basura: de Baa2 a Baa3, y la de Murcia: de Baa1 a Baal⁸. Esto significaba, al menos para las comunidades de peor nota, que se cerraban sus posibilidades de financiación en el mercado y su única opción era la de acudir al Estado, lo que de hecho equivalía a ser rescatadas por este. Y es lo que ocurrió.

Para hacer frente al problema de financiación de la deuda autonómica, el Estado creó, el 13 de julio de 2012, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con la finalidad de prestar apoyo temporal a las comunidades autónomas que tuviesen dificultades de liquidez y que voluntariamente lo solicitasen⁹. El FLA tiene por objetivo "... atender los vencimientos de la deuda de las Comunidades Autónomas, así como obtener los recursos necesarios para financiar el endeudamiento permitido por la normativa de estabilidad presupuestaria"¹⁰. Para beneficiarse de esta financiación, las comunidades autónomas habrían de cumplir una serie de condiciones, entre ellas las de observar la disciplina presupuestaria.

Por lo que respecta a la segunda de las cuestiones, la solvencia del sistema financiero, está íntimamente relacionada con la quiebra técnica de Bankia (o más precisamente, de su matriz: el Banco Financiero y de Ahorros —BFA—), que obligó a su nacionalización el 9 de mayo de 2012.

La quiebra de BFA-Bankia —entidad presidida por Rodrigo Rato—, debido a su opacidad y malas artes en su gestión —entre ellas, la manipulación de sus cuentas y los interminables escándalos que se han ido descubriendo—, no solo daría lugar a la mayor estafa financiera de la historia de España, sino que también acrecentó la duda sobre la solvencia del sistema financiero español en su conjunto. Y es que la mayoría de los nuevos bancos que surgieron de la fusión de las cajas de ahorros, habían nacido económicamente quebrados, razón por la cual el gobierno de Rajoy se vio obligado, en unos casos, a intervenirlos (nacionalizándolos) y, en otros, a prestarles ayudas para su recapitalización.

Tras el escándalo BFA-Bankia, el rescate de España por la Unión se consideraba ya como inevitable. Lo único que en esos momentos se debatía, era si dicho rescate sería total (afectando al conjunto de la economía, tal como había sucedido con Grecia, Irlanda y Portugal), o sería solo parcial (para atender las necesidades del sector bancario). El gobierno optó por esta última alternativa, es decir, por un rescate parcial, que los acontecimientos posteriores han demostrado que fue la opción más acertada: un rescate integral no solo hubiera empeorado aún más la credibilidad internacional de España, sino que podría haber supuesto el final del euro.

El 25 de junio de 2012, el gobierno formalizó ante la UE la solicitud oficial de asistencia financiera, hasta un total de 100 mil millones de euros, con el fin de recapitalizar las entidades financieras. El Memorando de Entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU en sus siglas en inglés) fue firmado el 3 de julio de 2012 y le concedió a España la línea de crédito solicitada de 100 mil millones de euros, con un plazo medio de amortización de 12,5 años y a un tipo de interés del 0,5%. El crédito se hacía con cargo al Mecanismo Europeo de Estabilidad —MEDE—, el fondo de rescate permanente que había sido creado poco antes. De dicha póliza de crédito España solo ha hecho uso de 41,3 mil millones.

El MoU imponía las condiciones del rescate y las reformas que España venía obligada a realizar en su sistema financiero. Constaba de un total de 32 medidas que eran de estricta condicionalidad y con fechas concretas de realización. Exigía a España que eliminase de los balances de los bancos que recibieran ayudas, los activos deteriorados (préstamos para promociones inmobiliarias, activos de hipotecas ejecutadas, así como otros activos con signos de grave deterioro) que habrían de ser transferidos "a una entidad de gestión externa", a lo que se ha dado en denominar "Banco malo".

El 11 de julio de 2012, el Presidente Mariano Rajoy compareció ante el Congreso para informar sobre lo acordado por el Consejo Europeo celebrado los días 28 y 29 de junio y, sobre todo, para anunciar los recortes presupuestarios que se llevarían a cabo: 65.000 millones de euros del presupuesto de las administraciones públicas en dos años y medio, y el plan de reformas que pensaba acometer, muchas de cuyas medidas contradecían el programa electoral con el que había concurrido a las elecciones.

En lo relativo al ajuste fiscal, el MoU establecía que: "Conforme a la recomendación revisada del PDE (Procedimiento de Déficit Excesivo), España se ha comprometido a corregir la situación actual de déficit excesivo antes de 2014"¹¹.

El programa de ajuste fiscal se ha realizado en su integridad, en algunos casos, más allá de lo previsto y con consecuencias muy duras para gran parte de la sociedad española. Este es el caso, por ejemplo, de las inversiones públicas que se han reducido en un 60,0% entre 2009 y 2013, pasando de un volumen de 55.142 a 22.074 millones de euros.

Algunas de las reformas estructurales que se contemplaban ya se venían acometiendo desde los meses precedentes y también se había hecho la reforma del mercado laboral¹²; otras, en cambio, se llevaron a cabo más adelante, como fueron los casos de la unidad de mercado (Fernández, 2010: 71-104)¹³ o del sector energético¹⁴. Otras o bien no se han hecho o han sido muy parciales (tal es el caso de la reforma de las administraciones, en particular de la local).

Mientras se estaba negociado el rescate y el gobierno ya había anunciado el duro programa de reformas a acometer, la prima de riesgo continuaba acelerando su ritmo de crecimiento hasta alcanzar su máximo histórico, el 25 de julio de 2012: 649 puntos. Ante la más que probable intervención integral de España, de la que de nuevo volvió a hablarse y que hubiera acarreado también la de Italia -que se encontraba en una situación similar-, había que actuar con rapidez y contundencia. Y eso es lo que ocurrió al día siguiente (26 de julio), cuando el presidente del BCE, Mario Draghi, pronunció, en el lugar apropiado —la City londinense—, las palabras mágicas que salvarían al euro sin gastar un solo euro: "Within Our Mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough" ("Bajo nuestro mandato, el BCE está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente")¹⁵. El mensaje de que el BCE estaba dispuesto a intervenir en los mercados comprando deuda pública, era toda una novedad que, por añadidura, rozaba los bordes legales que marcan los tratados de la Unión al BCE. Lo que Draghi estaba anunciando, sin decirlo expresamente, es que el BCE intervendría comprando DP de los Estados en el mercado secundario y, como contrapartida, emitiría dinero. En fin, que estaba dispuesto a recurrir a una medida de política monetaria excepcional: la conocida como "Quantitative Easing" (Expansión Cuantitativa de Dinero), a la que se oponía el Bundesbank (el Banco Central alemán) por considerar que el BCE se excedía de sus funciones.

La finalidad de esta acción, que habría de ser temporal y proporcionada, era doble: por una parte, incrementar la inflación en la Eurozona hasta conseguir el objetivo establecido del 2% anual; es decir, cumplir con una de las funciones básicas asignadas al BCE, que es la de mantener la estabilidad de precios y controlar la inflación, en este caso, aumentándola, ya que la tendencia era deflacionista. La segunda finalidad era tratar que el sector financiero destinara sus recursos a dar créditos al sector privado, en lugar de emplearlos en la compra de deuda pública.

Los mercados internacionales se lo creyeron: los especuladores no se enfrentan al BCE. El día en que se anunció que el BCE estaba dispuesto a intervenir, la prima de riesgo española bajó 38 puntos, cerrando en 611 (la italiana, que también había alcanzado su máximo: 544 puntos, cerró en 518). A partir de esa fecha se inició una tendencia bajista en prácticamente la totalidad de las primas de riesgo de los países del Sur de la Eurozona que fueron reduciendo su diferencial con la alemana.

Lo que realmente salvó a España —y a Italia— de un muy más que probable rescate integral que hubiera hecho temblar a la Eurozona, fue mucho más la intervención de Draghi que las medidas que se estaban tomando, las cuales, sin duda, también ayudaron a mejorar la situación. Así, tras dos años de sobresaltos —de mayo de 2010 a julio de 2012— fue un acto de fe —en el BCE— lo que evitó el rescate integral de España, que sin duda hubiera añadido más penalidades a las muchas que estaba padeciendo una parte importante de la sociedad española.

La prima de riesgo se fue corrigiendo paulatinamente a la baja, pero la situación económica continuó su dinámica, empeorando durante todo 2013 y gran parte de 2014, aunque en el último año, algunos indicadores económicos comenzaron a cambiar de signo. Esto es una prueba clara de la gran operación especulativa que se había desarrollado contra la deuda soberana española.

El rescate parcial de España duró 18 meses y resultó ser todo un éxito en la reestructuración del sistema bancario. El 14 de noviembre de 2013, los socios Eurogrupo acordaron que dicho rescate finalizara en enero de 2014. Ello significaba que cesaba la tutela —en adelante se harían meras inspecciones menores— que hasta esa fecha había ejercido la troika (Comisión, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional). España sería el primer país entre los intervenidos de la Eurozona, que ponía fin a la misma, habiendo utilizado 41,3 mil millones de euros de los 100 mil concedidos.

GPM.

Fuente: elaboración propia con datos de la Contabilidad Nacional de España (base 201).

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