Cambio  de gobierno “democrático” y continuismo del Estado terrorista.

<<Hay cosas que no se deben hacer en nombre del Estado, pero si se hacen, es mejor callarlas>>. (General Sáenz de Santamaría, ex-director de la Guardia Civil, a Radio Nacional de España, 1995) 

El hecho de que altos cargos del gobierno socialista hubieran creado y organizado los GAL, e incluso su propio presidente, Felipe González Márquez, fuera acusado de ser la misteriosa "X" que los dirigía, fue un factor desencadenante —que no determinante— de la derrota del PSOE en las elecciones generales de 1996, tras las que González renunció al liderazgo del partido.

El PSOE siempre ha negado su responsabilidad en el origen y actuación de los GAL; condenó de palabra sus crímenes, pero Felipe González, quien durante su mandato no permitió la investigación completa de los fondos oficiales reservados con que se financió a los GAL, jamás ha sido acusado formalmente en un tribunal por estos hechos. En general, los dirigentes del PSOE siguen negándose a equiparar el terrorismo de los GAL con el de ETA, y varios de ellos han solicitado medidas de gracia para sus compañeros condenados.

Por su parte, después de haber utilizado el caso GAL —haciendo palanca sobre los escándalos de corrupción en torno al uso de los fondos reservados— como arma electoral contra el PSOE, lo primero que hizo José María Aznar al frente del P. P. cuando asumió la jefatura del gobierno tras ganar las elecciones, fue ponerse de acuerdo con los socialistas para dar carpetazo a todas las investigaciones parlamentarias sobre responsabilidades políticas respecto del terrorismo de Estado, dejando que el poder judicial decida quienes serían los chivos expiatorios en pagar “los platos rotos”, dejando a salvo la “dignidad política” de las instituciones burocráticas del Estado que sirvieron de instrumento propicio a los crímenes. Ni más ni menos que como se cree que el Dios judeo-cristiano desató la fuerza imaginaria contenida en la relación entre el libre albedrío y el fruto prohibido, que desde los tiempos de Adán dio pábulo a la sucesión religiosa causal de la eterna noria que va, desde la tentación pecaminosa de sus creyentes impíos, a la condena y castigo de los hechos consumados previstos para mayor gloria de Dios —en este caso el Estado— y el oportuno perdón de los pecados a instancias del indulto.   

En la comunidad política moderna, el libre albedrío religioso se encarna en la potencialmente criminal discrecionalidad o arbitrio político del burócrata, al amparo del secreto que supone la jerarquía de su cargo público —cuanto más alto mayor garantía de descontrol—, de cuya relación con el fruto prohibido por la ley jurídica surge la fuerza del delito, que se agota en la condena o impunidad de algún o algunos funcionario/s transgresor/es, según el resultado de la interacción entre tres factores:

a)      la gravedad de los ilícitos cometidos;

b)      su repercusión pública y,

c)      la correlación política de fuerzas entre los poderes fácticos directa o indirectamente comprometidos y el poder judicial.

Y mientras el correlato político del originario mito religioso siga imperando en la conciencia colectiva de los explotados, las cosas no van más allá del acto de hacer “justicia” con el personal “responsable” de los actos delictivos, verdaderos “chivos expiatorios” sacrificados en el altar del “Estado democrático de derecho” garante político del sistema capitalista en todas partes. Porque, así como en la sociedad civil burguesa no es el asalariado el que emplea los medios de producción sino que son los medios de producción quienes emplean al asalariado, en la comunidad política no son los burócratas quienes utilizan sus cargos públicos sino que son sus cargos quienes les utilizan a ellos. En el primer caso, para los fines de la explotación y acumulación de capital como condición económico-social de subsistencia de la sociedad civil burguesa; en el segundo, para la subsistencia del Estado como condición de estabilidad política del sistema en su conjunto.      

Según se reveló en los juicios sobre el caso, los atentados y secuestros de los GAL fueron perpetrados en gran parte por mercenarios contratados por policías españoles con cargo a los fondos reservados del propio Ministerio del Interior a través de los oportunos “responsables” de la lucha antiterrorista en el País Vasco. Ni más ni menos que como, según hemos visto, Rodolfo Martín Villa dispuso que sucediera en el caso del incendio de la sala de fiestas “Scala” en 1978, así como en todas las acciones del Batallón Vasco Español durante esa misma época, esto es, apelando en origen a la misma potestad burocrático-ministerial en representación de la UCD bajo la presidencia de Adolfo Suárez.

En esto se siguió la metodología empleada por el Batallón Vasco Español, en el sentido de que no se trataba de hacer “antiterrorismo” sino “contraterrorismo”, o sea que, ante cualquier acto terrorista se debe responder con otro similar; es decir, responder con terrorismo al terrorismo. Más claramente, esto es lo que se definió como “guerra sucia”. La contradicción entre el significado de estos dos términos tuvo su expresión política en discrepancias al interior del PSOE, lo cual explica que el proceso de elaboración de la “ley antiterrorista” por el gobierno demandara casi todo el año 1983. El l 3 de noviembre de ese año hubo un pleno en el Congreso donde se presentó el paquete de medidas antiterroristas del Gobierno. Previamente, el 25-10-83, Felipe González se había reunido con Fraga para informarle sobre el diseño de la política antiterrorista del PSOE. Fue cuando en calidad de jefe de la oposición a cargo del Partido Popular, Fraga le dijo a González que:

<<En materia de lucha contra el terrorismo, no seré yo quien (en nombre de los DD.HH. y la democracia) le saque a UD. los colores.>> (lo entre paréntesis es nuestro)

Según reporta el abogado y militante abertzale Íñigo Iruin en “GAL: Espejo del Estado”, un periodista de “El País” describió la crónica parlamentaria de aquel día como "una sesión llena de sobreentendidos". Y añadió que:

 <<…una posible puesta en marcha de tácticas de guerra sucia flotó sobre la sesión>> [50]  .

A fines de 1995 el orden no esencial de las cosas al interior del Estado estaba por cambiar bruscamente y sus principales protagonistas también. Este cambio determinó que a mediados de 1996 Felipe González hubiera dejado de ser presidente del Gobierno y Fraga ya no estuviera al frente del Partido Popular. ¿Qué cosas habían cambiado? Especialmente una: que ante la pasividad política del proletariado, las diferencias de intereses entre determinadas fracciones de la burguesía, por un lado, y entre las burguesías centralista y periférica vasca, por otro, recrudecieron hasta tal extremo en la sociedad civil, que acabaron trasladándose al interior del Estado. El detonante de la crisis se activó cuando, el 20 de setiembre de 1995, alguien del CESID decidió romper —por primera vez en la historia de la “democracia” española— con el secreto burocrático respecto de dos delitos conexos cometidos por el todavía joven “Estado democrático de derecho”: la violación de la privacidad en las comunicaciones y, los crímenes del GAL. Ese alguien fue el coronel Juan Alberto Perote, quien desde fines de 1983 hasta noviembre de 1991, se había venido desempeñando como Jefe del Departamento de Acción Operativa en ese Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). [51]

  Como hemos visto, parte de los llamados “papeles del CESID” fueron publicados en el diario “El Mundo” en diciembre de 1995, a iniciativa del banquero Mario Conde, quien en un primer momento intentó chantajear al gobierno y finalmente puso ese material “inflamable” a disposición del director de dicho periódico, Pedro J. Ramírez.

El Partido popular ganó las elecciones el 3 de marzo de 1996, y asumió el gobierno en mayo de ese mismo año. El 24 de ese mes, una de las primeras medidas de gobierno que adoptó José María Aznar una vez ratificado en su puesto de presidente del Gobierno por el rey, fue restituir el CESID al general Javier Calderón, esta vez como máxima autoridad de ese servicio secreto. Pocos días después, Calderón, a su vez, restituyó a Emilio Jambrina designándole para ocupar uno de los puestos de mayor responsabilidad del Centro. Este sujeto se había desempeñado como jefe de Operaciones de la Agrupación Operativa cuando se elaboraron los papeles del CESID y fue hombre de confianza de Emilio Alonso Manglano durante la etapa de los grandes escándalos de los servicios secretos.

En el programa electoral del PP para las elecciones de 1996, se incluía la depuración del Centro por esos escándalos, pero la verdad es que, tras ser nombrado por Aznar, Calderón hizo todo lo contrario: sólo se ha limitado a ajustar viejas cuentas con agentes de la “Casa” que investigaron el 23-F y de resultas de lo cual —como hemos visto al principio— él mismo salió imputado en carácter de “colaborador necesario”. Por tanto, proceder en sentido contrario a esa parte del programa del PP, estaba en la lógica de los propios antecedentes del proceso; y la pregunta acerca de si el presidente electo sabía lo que estaba haciendo cuando le nombró, resulta a todas luces ociosa, no solo un insulto a la inteligencia política del propio Aznar sino a la salvaguarda del Estado que es deber sagrado de todo alto funcionario a su cargo respetar religiosamente.  

Como era de prever, pues, lo primero que hizo Calderón una vez nombrado, fueron dos cosas:

1)                                Destruir papeles comprometedores del CESID respecto del golpe del 23F y,

2)                                 “limpiar” al personal que no le servía para la “nueva etapa del Centro”.

Respecto de lo primero, tal como lo recoge la investigación de “El Mundo” solicitó toda la documentación acerca del golpe de Estado, haciendo desaparecer presuntamente documentos del CESID, con la finalidad de evitar comprometer en el fallido golpe a miembros de la citada institución. Esto en sí “implica un posible delito de encubrimiento de acuerdo con el Código Penal actual, con el agravante de actuar Calderón como funcionario público y la naturaleza del delito cometido (de rebelión). Todo ello, de conformidad con el artículo 451 del Código Penal, dentro de los delitos contra la Administración de Justicia”:http://www.libertaddigital.es/php3/noticia.php3?fecha_edi_on=2001-02-23&num_edi_on=296&cpn=20265&seccion=ESP_D

En cuanto a lo segundo, depuró en dos fases a 30 agentes e hizo ver a la opinión pública que eran los que más se habían significado en la etapa de Alonso Manglano, quien había tenido que renunciar como principal responsable de los escándalos en torno a las escuchas ilegales, la “Operación Méngüele”, el espionaje a políticos, la guerra sucia contra ETA y el caso Godó, entre otros. [52]

. Los destituidos fueron cuatro coroneles, tres tenientes coroneles, dos comandantes, cuatro suboficiales del Ejército, seis suboficiales y cinco números de la Guardia Civil y tres titulados superiores civiles. La lista también incluía a dos cocineras y una mecanógrafa.

Obviamente, en la lista de depurados por Calderón no estuvo Jambrina —mano derecha de Manglano. En cambio sí estuvo el coronel Diego Camacho, uno de los agentes que se jugó la vida investigando en 1981 a compañeros del CESID que presuntamente habían participado en la maniobra golpista del 23-F. Camacho fue ayudado en esta tarea por un suboficial que también ha sido depurado. Otro agente que fue destituido fue el teniente coronel Manuel Rey, “uno de los hombres más brillantes del CESID”. 

En su momento, tras unas declaraciones a la prensa “para reponer su honor”, Camacho y Rey fueron sancionados por el ex ministro de Defensa Eduardo Serra a 45 y 30 días de arresto, respectivamente. Algunos agentes del CESID informaron a “El Mundo” que algunos de los miembros de la Agrupación Operativa de Misiones especiales (perativa de Misiones Especiales (AOME)AOME) —que fueron investigados por haber participado en la intentona golpista eran— en 1981 hombres próximos a Calderón. El general en aquellas fechas ocupaba el puesto de secretario general del CESID.

Uno de los jefes del CESID investigados fue el comandante José Luis Cortina, entonces a cargo de la AOME, que fue procesado y finalmente absuelto en el juicio del 23-F. Según fuentes del CESID, en 1997 Cortina había vuelto a mantener relaciones con los servicios secretos. La reestructuración de “La Casa” —como se conocía entonces a la sede de los servicios secretos—, no afectó al teniente coronel Jambrina, que venía desarrollando su carrera militar en el CESID desde su llegada, a finales de los 70, con el grado de capitán.

Jambrina siempre estuvo destinado en las áreas operativas desde las que se desarrollaba todo tipo de trabajos. Durante la etapa Manglano fue jefe del Grupo Dos —hoy día, KA-6— de la AOME. Después pasó a ser jefe de Operaciones de la misma unidad, bajo las órdenes directas del entonces teniente coronel Juan Alberto Perote y, por último, como miembro del equipo a cargo del anterior director.

Según fuentes del CESID citadas por “El Mundo” [53] , una vez nombrado por Calderón, Jambrina hizo llegar un mensaje contundente a la nueva dirección:

<<Si alguien se mete conmigo, me convierto en un nuevo Perote>>

Esto lo dijo en clara alusión a los papeles que el coronel Perote sustrajo del CESID y permitió que Mario Conde usara contra el gobierno de González, poniendo en evidencia el mito del “Estado de derecho”. Por eso es que a este sujeto —como a Felipe González— nadie le ha podido “meter mano”. Y es que, por las manos de Jambrina —cuando era jefe de operaciones de la AOME— pasaron los documentos más comprometedores del CESID relacionados con la guerra sucia contra ETA, tal como había declarado en varias ocasiones Perote ante Garzón. Don Emilio, como también se le conoce a Jambrina, negó en dos ocasiones ante el juez Garzón que tuviera algo que ver con los papeles del CESID; “El Mundo” ha dicho tener documentos que acreditan lo contrario. Pero por algo será que no se hicieron públicos. La impunidad de los grandes delitos y crímenes de Estado, siempre se refugia en ese terreno vedado al “Estado de derecho”, donde —como en este caso— la presunta “independencia” del poder judicial encuentra su límite en el secreto profesional de la llamada “prensa libre” condicionada por determinados intereses de determinados poderes fácticos que poco o nada tienen que ver con el cuento ese de “el imperio de la ley” y el “derecho constitucional a la información de los ciudadanos”. Por eso es que Jambrina, en cuyo poder obra abundante información “sensible” que podría poner en evidencia la verdadera naturaleza social y política del Estado, después del 11M fue destinado como jefe de delegación a un país sudamericano, aunque nunca se ha desligado de los servicios secretos donde conserva intactas sus posibilidades de volver a hacer de las suyas en el momento que a la burguesía le sea necesario.

El teniente general José Antonio Sáenz de Santamaría fue otro personaje de la misma calaña que Jambrina. La “Comisión de Investigación de las Responsabilidades Políticas derivadas de la creación y actuación de los GAL”, fue creada el 18 de octubre de 1995 por un solo voto favorable de diferencia y constituida el 8 de noviembre. Cuando el 17 de ese mismo mes, a iniciativa de los grupos parlamentarios mixto, nacionalista vasco y popular, se le cito para que compareciera a declarar en esa comisión, lo que hizo inmediatamente Sáenz de Santamaría una vez notificado de la citación, fue ponerse en contacto con el ex ministro del Interior del gobierno de Suárez y actual miembro del Partido Popular, Rodolfo Martín Villa, para advertirle que si él iba a esa Comisión, diría sin reparos todo lo que sabe sobre la llamada “guerra sucia” contra ETA, pero desde los tiempos de la UCD. Y seguidamente —según contó Arzállus en una ocasión— le espetó:

<<No sé si caes en la cuenta de que yo tengo 76 años y no voy a ir al "trullo" (cárcel) y tú sí>> (“España Hoy: Noticias” 06/02/1996 Nº 85)

Con estas palabras la comisión del senado sobre los GAL murió casi antes de nacer. Durante una entrevista concedida a la revista “Tiempo” en agosto de 1998, respondiendo a la pregunta del por qué se suspendió la comisión parlamentaria que debía investigar las responsabilidades políticas sobre los Grupos antiterroristas de Liberación (GAL), el teniente general dijo lo siguiente:     

<<La comisión de investigación del Senado se suspendió minutos después de que yo dejase claro, entre otros, a Martín Villa, que pensaba testimoniar sobre los once años de guerra irregular y no sobre esa curiosa guerra que se han montado y que, misteriosamente, sólo duró cuatro años.>>  ("Tiempo" 24, 31-08-98)

Así se cocinan las cuestiones más conflictivas y de mayor importancia política en el Estado burgués. La “pinta” y el sabor con que se sirven ritualmente a la mesa de ese mito llamado “Estado de derecho” —para consumo de los buenos “ciudadanos de a pie”— es otra cosa; siempre al gusto del consenso general sobre el derecho positivo, reforzado en la conciencia colectiva por la “justicia” que las leyes vigentes, la policía y los jueces de turno, suelen hacer día que pasa en cuestiones menores con anónimos desgraciados, quienes sin saber por qué ni cómo, de repente saltan a la primera plana de la opinión pública y de ahí a la cárcel, convertidos en malos o muy malos ciudadanos.

Lo que ha sugerido el teniente general Sáenz de Santamaría supone que —dado el supuesto fundamental de la propiedad privada sobre los medios de producción— según se agudizan las contradicciones del capitalismo, los conflictos entre burguesía y proletariado, así como entre clases y sectores de clase capitalistas, están garantizados, así como, por añadidura, la inevitable escalada en la corrupción política y la violencia como medio de saldar esos conflictos. Así las cosas, es imposible que el “Estado democrático” y el Estado de derecho” no coexistan alternativamente o al mismo tiempo con el Estado terrorista y el Estado delincuente.

Por tanto, en determinadas condiciones —como entre 1976 y 19… el Estado burgués bien gobernado debe saber combinar el Estado delincuente y el Estado terrorista, con el “Estado de derecho”, y a todos tratar de conciliarlos con el “Estado democrático”. Lo cual significa que el Estado capitalista siempre debe estar en disposición y capacidad para defenderse de cada uno de los demás Estados que son atributos necesarios suyos, es decir, de su aparato, como condición para garantizar el subjetivamente necesario equilibrio político del poder burgués. Y cuando esta combinación se torna imposible, ya se sabe que la reserva de poder de todo Estado burgués es la violencia organizada que sintetiza exclusivamente en el Estado terrorista integral transitorio, con lo que las ficciones del “Estado democrático” y del “Estado de derecho” se desvanecen hasta quedar momentáneamente en nada. Situación de excepcionalidad  hasta que este extremo no se agote por necesidad de nuevas circunstancias normales, que permiten reintroducir esas dos ficciones por las cuales, el dominio de la burguesía por medio de la exclusiva violencia institucionalizada, deja paso a la hegemonía ejercida preponderantemente por medio del consenso y el ejercicio “democrático”, que es cuando se impone la máxima de Sáenz de Santamaría que figura como cabecera de este apartado:

<<Hay cosas que no se deben hacer en nombre del Estado, pero si se hacen, es mejor callarlas>>   

 Sin embargo, no siendo ésta una premisa objetiva y, por tanto, previsible —como las crisis económicas— sino una norma de conducta individual o de grupo, es tan difícil de garantizar y prever en política, como el comportamiento de un átomo en la física cuántica. Éste es el momento en que el Estado burgués —siempre a toro pasado— encuentra la oportunidad de purificarse en la conciencia de los “buenos ciudadanos”, haciéndose justicia a sí mismo en la persona de algunos grandes perdedores —como ya vimos que pasó con Mario Conde— que así llegan a ser malos o muy malos ciudadanos. Estos, una relativa minoría entre multitud de otros corruptos y asesinos de alto rango —que por diversas contingencias, incluido el puro azar, pasan sin pena ni gloria por el cedazo de la historia—, son los chivos expiatorios que recién entonces la ley se encarga de poner en la picota precipitándoles —a no pocos de ellos desde las más altas cotas de prestigio personal como paradigma ético— hacia el pozo del oprobio social para mayor gloria de ese mito llamado “Estado de derecho”, al servicio de la explotación de trabajo ajeno con fines de acumular capital. El grado de decadencia de una organización social de la vida humana en cada etapa de la historia, también se puede medir por la cantidad de mensajeros suyos, que las clases dominantes han debido ir sacrificando en aras de la seguridad y continuidad de sus intereses generales. 

Pero en la sociedad capitalista, donde “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”, el mito del “Estado de derecho” se quedaría en casi nada sin los mitos de carne y hueso que lo hayan podido personificar en la conciencia de las clases subalternas, y que los agentes políticos de la burguesía cuidan con mucho mimo por la cuenta que les trae. Esto es lo que no comprenden los demócratas liberales sinceros, que reprochan al Partido Popular el haber dado “carpetazo” a la “Comisión de Investigación de las Responsabilidades Políticas derivadas de la creación y actuación de los GAL”. [54] Como si el fascismo no hubiera brotado en el mismo tiesto de la pura democracia formal representativa que ellos añoran; como si por el hecho de llamarse “república”, el Estado burgués estuviera inmunizado contra las consecuencias de la propiedad privada capitalista sobre sus instituciones; como si ésta no fuera desde siempre y hoy más que nunca, “la sociedad del engaño y el pillaje mutuo”.

éste y el resto de nuestros documentos en otros formatos
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[50] Cfr.: http://216.239.51.104/search?q=cache:vBy_oVpvJUQJ:www.javierortiz.net/Otrasvoces/iruin

[51] El coronel Juan Alberto Perote nació en Valladolid, y en 1959 entró en la academia militar de Zaragoza, iniciando una brillante carrera militar que, a finales de los años 70 le llevó hasta el Servicio Secreto. Desde 1981 encabezó del Grupo Especial de los Agentes Operativos del CESID. En posesión de una formación óptima para tales fines: paracaidismo, alta montaña, esquí, inteligencia militar, telecomunicaciones y dominio de 5 idiomas, entre ellos el ruso, su preparación intelectual y física lo llevó a participar en 4 olimpiadas al frente de la selección española de atletismo. Según ha comentado, su identidad como entrenador olímpico, fue una excelente tapadera para poder realizar misiones de espionaje en los países soviéticos del Este europeo, tan inaccesibles para los espías occidentales en aquellos años.

[52] Técnica y jurídicamente, el llamado “caso Godó” entra en la categoría de las escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por el CESID a personal del periódico barcelonés “La Vanguardia”. Contratado por el empresario Javier Godó, el agente “Lobo”, llamado Miguel Ruiz —famoso por haber permitido desarticular la dirección de ETA tras el atentado contra el almirante Carrero Blanco en 1974—, logró introducir en la seguridad del periódico a un coronel del CESID, y entre ambos se dedicaron a grabar una serie de conversaciones internas del periódico, que luego utilizaron con propósitos extorsivos. Según el sumario abierto en el Juzgado 32 de la ciudad condal, el “Lobo” intentó cobrar cifras millonarias a personas grabadas. Denunciado el hecho

[53] Ver edición del 29 de junio de 1997: http://webs.demasiado.com/elpalleter/elmundo010697.htm

[54] En realidad, la decisión de disolver esa comisión de investigación del Senado, la tomó el Partido Popular desde el gobierno, en acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Convergencia i Unió” (CIU) y el “Partido Nacionalista Vasco” (PNV), con la anuencia del rey Juan Carlos, justo cuando se estaban dando todas las condiciones para investigar las conexiones de los Gobiernos de UCD con la guerra sucia del Batallón Vasco Español”(BVE), la Alianza Apostólica Anticomunista (AAA),la organización Anti Terrorismo ETA (ATE), los “Comandos Antimarxistas”, los Grupos Armados Españoles (GAE) y los “Guerrilleros de Cristo Rey”. Pero, por razones de Estado, lógicamente esas condiciones no convinieron tampoco a la partidocracia.