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El “Plan ZEN” y sus enanos: las escuchas ilegales del CESID y el caso GAL

Con el ascenso al gobierno del PSOE en 1981 y el nombramiento del coronel Emilio Alonso Manglano —mano derecha de Felipe González— al frente del CESID, Calderón debió abandonar ese organismo central de inteligencia, pasando a reintegrarse a la Guardia Civil, donde asumió la dirección de sus servicios de información.

Durante su segundo mandato gubernamental, el PSOE vio como estallaba en sus manos el llamado “Caso GAL”, una organización terrorista de Estado producto directo del famoso “Plan ZEN” (Zona Euskadi Norte), proyecto contrainsurgente destinado a combatir a ETA y, en general, a toda la izquierda abertzale. El mentor de este plan —adoptado e impulsado por el gobierno socialista— fue el general de la Guardia Civil Andrés Casinello, quien había diseñado los modernos servicios secretos de las FF.AA. del Estado español, incluida la Guardia Civil.

El Plan Zen fue la primera medida de alcance represivo sobre la sociedad civil que aprobó el PSOE nada más hacerse cargo del gobierno. Sus objetivos quedaron plasmados el 31 de octubre de 1982 en el secreto "Decálogo para acabar con ETA", cuya implementación político-militar comenzó a efectivizarse en enero de 1983; por supuesto, sin conocimiento ni aprobación de la Cortes Generales. En realidad, el “Plan Zen” estuvo inspirado en otro anterior concebido por expertos policías franquistas en la lucha contra ETA, según los manuales que la CIA repartió por toda Europa tras la Segunda Guerra mundial, titulado: “Nuevas dimensiones para la seguridad en Europa”, con el fin de combatir la influencia de los partidos comunistas en el viejo continente.

Su antecedente inmediato data de 1977 y fue elaborado por el Ministerio postfranquista de Defensa e Interior, según la línea trazada por un informe difundido entre los mandos del Ejército con el nombre de “Orientaciones para la Subversión y la contra subversión”, doctrina fundada en la creencia de que la izquierda radical estaba creando una situación prerrevolucionaria en Euskadi .

Uno de los aspectos más destacables del Plan Zen fue su énfasis sobre la «guerra psicológica» basada en el falseamiento de la información acerca de la represión al movimiento abertzale. Con ello se trató de que la opinión publica —en especial la mayoría residente fuera del país vasco— se creara ella sola una aureola de dignidad sobre los “cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, que le indujera naturalmente a desacreditar toda fuente de información no proveniente de fuentes oficiales. Tal fue el núcleo central de una táctica que se planteó conseguir la derrota política de ETA como condición de su derrota militar.

En tal sentido, el Plan ZEN atribuyó decisiva importancia a la utilización de los medios de comunicación. Entre otras “virtudes”, el Plan ZEN recomendaba expresamente utilizar la propaganda fundada en el rumor, la mentira y la manipulación de la información para sembrar la duda y la confusión entre los vascos y, de paso, quitar apoyo a los independentistas en el resto del Estado. Por ejemplo, dice literalmente:

<<Atribuir parte del merito en los éxitos policiales que se obtengan, a la colaboración ciudadana (….), cuando sufra un atentado un miembro de la policía, personalizarle inmediatamente y facilitar algunos datos de la esposa, madre e hijos preferentemente, (…) dar informaciones periódicas, a través de terceros, que difundan enfrentamientos y discrepancias entre terroristas, sus ideologías foráneas, sus negocios sucios, sus costumbres criticables, etc. Basta que la información (falsa) sea creíble para explotarla.>> (Op. Cit.)

Hasta ese momento, ETA había limitado su accionar armado a los efectivos de los tres ejércitos, a la guardia Civil , Policía Nacional y policías autonómicas, en este orden de importancia. [5]

Fue en enero de 1.983, cuando el ministro de Interior del primer gobierno del PSOE, José Barrionuevo Peña —conocido por el ministro de la Porra— convocó a una histórica conferencia de prensa, para presentar el Plan ZEN con bombo y platillos ante la sociedad española.

Con la fundación y el accionar de los “Grupos antiterroristas de Liberación” (G.A.L.), entre 1983 y 1986, el PSOE pudo demostrar que la nueva forma de gobierno “democrática” con que apareció vestido el Estado español tras el proceso de transición política formal que sucedió a la muerte de Franco, no pudo ocultar que siguió y sigue conservando su misma naturaleza o esencia terrorista, atravesado por un hilo de sangre que, entre 1977 y 1981, fue trazado por el Terrorismo de Estado oficioso. Con Fraga como Ministro del Interior, en el Gobierno franquista de Arias-Navarro, y durante la época de UCD, con Rodolfo Martín Villa en el mismo puesto, actuaron el Batallón Vasco Español (BVE), la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista) —un remedo de la famosa “Triple A” actuante por esas mismas fechas en Argentina (1974-75)—, ATE (Anti Terrorismo ETA), los “Comandos Antimarxistas”, los Grupos Armados Españoles (GAE) y los “Guerrilleros de Cristo Rey”. [6]

Ese hilo de sangre fue dibujando la historia de la transición hacia la “democracia” desde el 23 de enero de 1977, con el asesinato del estudiante Arturo Ruiz García en Madrid, a manos de la A.A.A.), hasta el 26 de junio de 1981, con el asesinato de Antonio Murillo Chacón perpetrado en Hernani sin atribución específica; pasando por la “matanza de Atocha”, con el asesinato de cinco abogados laboralistas militantes de CC.OO., reivindicada por la A.A.A.; el secuestro y asesinato en Irún de Martín Merkelanz —supuestamente vinculado a ETA— reivindicado por el B.V.E. el 6 de mayo de 1978; el secuestro y asesinato de José Ramón Ansa Echevarria, militante de ETA, en Andoain, reivindicado por la A.A.A. el 6 de mayo de 1979; el asesinato en la playa de Anglet (Francia), de Juan J. Lopetegui Carrasco, militante de ETA. Reivindicado por el BVE el 2 de agosto de 1979; el asesinato en Madrid de Yolanda González Martín, del Partido socialista de los trabajadores (P.S.T.), el 2 de febrero de 1980, reivindicado por el B.V.E; asesinato en Hernani de Felipe Zagarna Ormazábal el 19 de abril de 1980, reivindicado por el B.V.E.; el asesinato en Madrid de Arturo Pajuelo Rubio. Atribuido al BVE.; el asesinato en San Sebastián de la estudiante Maria José Bravo del Valle, atribuido al BVE el 8 u 11 de mayo de 1980; el asesinato en Ondarroa de Ángel Etxaniz Olabarría, militante de Herri Batasuna. Atribuido al BVE. El 30 de agosto de 1980; el asesinato en Hernani de Miguel Mª Arbelaiz y Luis Mª Elizondo, militantes de Herri Batasuna atribuido al BVE el 7 de setiembre de 1980; el asesinato en Caracas (Venezuela), de los militantes de ETA Esperanza Arana y Joaquín Alfonso Etxeberría, atribuido al BVE el 14 de noviembre de 1980; el asesinato ese mismo día en Hernani del chatarrero Joaquín Antimasbere Escoz, sin vinculación política conocida, también atribuido al B.V.E; el ametrallamiento del Bar "Hendayais" de Hendaya, donde suelen reunirse simpatizantes de ETA. Fallecen el trabajador José Camio y el jubilado Jean Pierre Aramendi, ambos sin filiación política conocida. Diez personas más resultan heridas. Atribuido al BVE el 23 de noviembre de 1980; el asesinato en Biarritz del militante de ETA José Martín Sagardía Zaldua. Atribuido al BVE el 30 de diciembre de 1980; el asesinato en Andoain de Francisco Javier Ansa Cincunegui, militante de Herri Batasuna y hermano de un concejal del Partido Nacionalista Vasco, atribuido al BVE el 3 de marzo de 1981.

Como puede advertirse por esta crónica, entre 1977 y 1981, actuando impunemente desde las cloacas del postfranquismo, el terrorismo de Estado español vino marcando todos los pasos que en la superficie de la sociedad fue dando la burocracia partidocrática durante la transición pactada y los inicios de la “joven democracia española”. De acuerdo con la cronología publicada por “El Mundo”, el año 1983 nació con una propuesta del “Partido Nacionalista Vasco” al flamante gobierno del PSOE, para iniciar conversaciones de paz con ETA. Pero el día 28, esta negociación fracasó ante la negativa de los representantes del Estado a la exigencia etarra de que las conversaciones prosiguieran en presencia de los medios de prensa. Ese mismo mes, según el entonces número dos del CESID, Juan Alberto Perote, su Jefe, Emilio Alonso Manglano le encargó un informe sobre cómo combatir a ETA.

En medio de una fuerte ofensiva militar de ETA, en algún lugar de la Sierra de Guadarrama tuvo lugar una reunión en la que participaron El ministro del Interior, Barrionuevo, El Secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, Julián Sancristóbal, Director General de Seguridad del Estado, José María (Txiki) Benegas, Jáuregui y Damborenea, Secretario general de los socialistas de Vizcaya, entre otros, donde —según este último— allí se habló de empezar a actuar contra ETA en Francia. Entre abril y junio, la ofensiva de ETA recrudece. El 6 de julio, se elaboró en el CESID la llamada "acta fundacional" de los G.A.L., en la que se examinó la posibilidad de llevar a cabo acciones de "guerra sucia" en el sur de Francia, ante la falta de colaboración de ese país en la lucha antiterrorista. El 28 de setiembre, Juan Alberto Perote, del CESID, elaboró una "Nota de despacho" en la que se informó sobre el inicio de acciones en Francia por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado o a través de mercenarios contratados.

El 5 de octubre de 1983, en Bilbao, fue secuestrado por ETA el capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios. El 16 fueron secuestrados en Francia los etarras Lasa y Zabala. (Ese día nacieron los G.A.L., aunque se atribuyeron la acción recién en enero de 1994. Sus cuerpos aparecieron en 1995. Como resultado de las investigaciones ordenadas por el juez de turno, fueron encarcelados tres agentes del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, acusados de secuestro, torturas y asesinato). El 18 de ese mismo mes fueron detenidos en Francia un inspector y tres miembros del “Grupo Especial de Operaciones” (G.E.O.) dependiente de la Policía Nacional, que iban a secuestrar al etarra Larretxea Goñi para lograr liberar a Martín Barrios. Barrionuevo reconoció haber ordenado esta operación. El 19 fue hallado cerca de Bilbao el cadáver de Martín Barrios con un disparo en la cabeza.

El 3 de noviembre, el presidente del gobierno, Felipe González compareció ante el Congreso para dar por agotadas las medidas políticas contra el terrorismo.

El 4 de diciembre, tres mercenarios secuestraron por error, en Hendaya, al empresario industrial Segundo Marey, cuando el objetivo de la operación era capturar al etarra Mikel Lujua. El secuestrado fue conducido a una cabaña de Cantabria. El día 6, los G.A.L. se atribuyeron anónimamente el secuestro de Marey en sendos comunicados a medios franceses y la Cruz Roja de San Sebastián, pidiendo a cambio la libertad de los "GEOs" detenidos en Francia. El día 8, el tribunal francés de Pau dejó libres a los cuatro policías detenidos por intentar secuestrar al etarra Larretxea Goñi. El día 14 fue Liberado en Francia Segundo Marey. Llevaba en el bolsillo un comunicado en el que, por primera vez, se utilizaron las siglas G.A.L. El día 28 es herido de gravedad en San Juan de Luz el etarra Mikel Andoni Goikoetxea, alias "Txapela". Este atentado también fue reivindicado por los G.A.L.

Los GAL actuaron principalmente en el País Vasco del Estado francés, aunque los atentados personales, secuestros, retención de personas, torturas y delitos económicos, se llevaron también a cabo en territorio bajo jurisdicción del Estado español. Atentaron contra militantes y simpatizantes de ETA y contra gente no relacionada con el terrorismo. Los GAL estuvieron activos entre 1983 y 1986, periodo en que cometieron 23 atentados mortales. Esta etapa supone una parte del periodo llamado "guerra sucia".

En 1991 se abrió el juicio sobre el GAL que, según la sentencia dictada en septiembre de ese mismo año, terminó únicamente con la condena de los policías José Amedo y Míchel Domínguez, cuya vista oral dejó flotando en el medio ambiente político, judicial y mediático, la identidad de la X como incógnita sobre la cabeza del responsable máximo en el aparato del Estado, que —según el periodista López Agudín— el magistrado Baltasar Garzón no ha podido “descifrar” a través de una “larga y penosa” instrucción. Ver: http://www.el-mundo.es/nacional/constitucion/1991/historia.html

Esa X fue la que Garzón despejó en el sumario que elevó en su momento al Tribunal Supremo pero González fue intangible y lo sigue siendo, en primer lugar, porque el PSOE compró el silencio de Amedo y Domínguez. En efecto, según las declaraciones que Rafael Álvarez Cascos hizo el 22 de abril de 1998 ante la Comisión del Senado, en su carácter de vicepresidente del gobierno de Aznar:

<<Es un hecho que a José Amedo y Michel Domínguez los gobiernos del ex presidente González Márquez abonaron mensualmente desde julio de 1988, fecha de ingreso en prisión, hasta mayo de 1994, concesión de tercer grado, cantidades variables entre 450.000 y 600.000 pesetas al mes, que excepcionalmente podían llegar a dos millones de pesetas, a través de Juan de Justo, secretario de Rafael Vera. Entregaron a sus esposas en Suiza un total de 200 millones de pesetas en cuatro entregas, a través de Juan de Justo y otras personas. Prometieron el indulto reiteradamente, a través de Francisco Álvarez, de Julián Sancristóbal, de Rafael Vera, de Jorge Argote, de José Luis Corcuera, de Antonio Asunción, que les presentó, pizarra incluida, el plan completo de beneficios penitenciarios, de Eligio Hernández y de Narcís Serra al abogado Gonzalo Casado en este último caso. Todo ello siempre a cambio de su silencio y de que ni siquiera recurrieran en amparo la sentencia que les condenó ante el Tribunal Constitucional.>> (Rafael Álvarez Cascos Fernández. Op. Cit. Cfr.: http://www.senado.es/boletines/CO0434.html )

En segundo lugar, porque Felipe González Márquez dispone de suficiente información como para poner patas arriba la Monarquía parlamentaria, y porque es una reserva de poder “democrático” que la burguesía no puede ni quiere desperdiciar.

[5] Si el Estado español a cargo del gobierno del PSOE pudo sacar todos los réditos posibles de esta política informativa, fue gracias a la ingenua torpeza de ETA, entre otros episodios durante el atentado al “Hipercor” de Barcelona el 19 de junio de 1987, cuando el gobierno desatendió el aviso de la colocación del explosivo que el comando etarra había trasmitido a los medios con suficiente antelación y no fue publicado. Resultado: el 26 de junio, 700.000 personas se pronunciaron en las calles de Barcelona contra el terrorismo nacionalista vasco ante la masacre provocada por la detonación. No son pocos los analistas inclinados a pensar que aquél hecho marcó el punto de inflexión hacia el entierro político de la idea de ETA vinculada a la lucha contra la opresión nacional en la conciencia popular fuera de Euskadi. Pero también fue la señal hacia el cambio cualitativo de los objetivos militares de ETA, que acabó extendiendo sus ataques hacia los dirigentes del aparato político del Estado —especialmente a los representantes del Partido Popular y del PSOE — táctica que empezó a implementar desde el atentado en 1995 contra Gregorio Ordóñez, presidente del PP en Guipúzcoa y concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián.

[6] En esta etapa del proceso, los que murieron a manos de estros grupos paraestatales nada tuvieron que ver con ETA ni con su entorno. Por ejemplo, en 1979, una bomba colocada en el bar Aldana de Baracaldo mató a cuatro clientes. Este atentado fue reivindicado por los GAE.

A partir de 1980, el BVE (Batallón Vasco-Español) fue el que reivindicaba los atentados. En Hendaya, el BVE ametralló a los clientes de un bar frecuentado por vascos, asesinando impunemente a dos súbditos franceses (hubo también nueve heridos).
En aquella época, Martín Villa era el Ministro del Interior, quien ha estado también ocupando un puesto en la dirección del Partido Popular (PP) de Aznar.