Una vez más, la  “democracia” y la justicia “independiente” de la burguesía,
con el culo al aire ante la historia

En 1990, justo cuando iba a ser ascendido a general, el Coronel Amadeo Martínez Inglés fue apartado del servicio activo y arrestado durante cinco meses en la prisión militar de Alcalá de Henares, por defender la idea de crear unas fuerzas armadas profesionales. Durante ese tiempo en prisión, coincidió con el general Milans del Bosch, quien en ese entonces llevaba ya nueve años en la cárcel y había cumplido los 75 de edad.

Conversaron en varias ocasiones y Martínez Inglés incluyó en su libro las únicas declaraciones que Milans del Bosch hizo sobre esos acontecimientos. El coronel le prometió no divulgarlas en vida del coronel y ha cumplido haciéndolo cuatro años después de su fallecimiento. 

Milans del Bosch dijo:

<<El rey quiso dar un golpe de timón institucional para enderezar el proceso que se le escapaba de las manos y, en esta ocasión, ante el peligro que se cernía sobre su corona y con el temor de que todo saltara por los aires, me autorizó a actuar de acuerdo con las instrucciones que recibiera de Armada>>.

En buen romance, esto significa que el monarca se comprometió en una acción ilegal urdida por una minoría de burócratas políticos, despóticamente erigidos en un poder ejecutivo delincuente, que actuó por completo al margen no sólo de las instituciones “democráticas” teóricamente representativas de la soberanía popular —incluida la Corona— sino del mismo pueblo “soberano”, precisamente para salvar a esas instituciones representativas. ¿Qué es lo que explica la aparente paradoja de semejante comportamiento? El hecho de que la “democracia” representativa permite este tipo de comportamientos burocrático-delictivos, está orgánica y constitutivamente preparada para que ocurran diariamente miles de ellos como si no hubieran ocurrido jamás; y cuando excepcionalmente trascienden porque —dada la magnitud de los intereses en juego es imposible ocultarlos— se los disfraza de tal modo que sus principales ejecutores no sólo quedan impunes, como en este caso, sino que salen de ellos como verdaderos héroes paradigmáticos. De esta realidad es imposible escapar al reconocimiento de la siguiente verdad histórica: que la “democracia” representativa está construida sobre un fundamento oligárquico, burocrático, despótico y taimado, esencialmente antidemocrático.

Cuando fue constitucionalmente consagrada en 1977, decir que la monarquía era una institución escasamente consolidada suena a eufemismo compasivo desde la perspectiva de lo que ha llegado a ser. Por entonces, Juan Carlos I era conocido como "El Breve", y de él corrían de boca en boca chistes bastante crueles generalmente referidos a sus facultades intelectuales. Al pueblo español no se le había dado a elegir entre Monarquía o República, y el nuevo régimen se percibía como una clara herencia de la dictadura franquista.

Por otra parte, como hemos dicho ya, la UCD era un conglomerado muy inestable de corrientes ideológicas burguesas dispares sin representación política ninguna, que iban desde antiguos falangistas (los "azules") a la socialdemocracia de Fernández Ordóñez, pasando por monárquicos, católicos del Opus Dei, democristianos, liberales, etc., sin una figura fuerte o aglutinante para suceder a Suárez.

En lo que respecta a la extrema izquierda  del sistema, pese a que en 1977 había obtenido menos diputados de lo esperado por sus directivos, dos años después el Partido Comunista de España mejoró aquellos resultados pasando a tener 23 diputados y la participación en numerosos gobiernos municipales mediante alianzas con el PSOE, incluidas las principales capitales de provincia.

En el terreno social subsistían todavía muchas organizaciones populares surgidas en la lucha antifranquista, asociaciones de vecinos y sindicatos obreros que constituían un poder popular potencialmente peligroso para la estabilidad del nuevo régimen. Comisiones Obreras, con la prestigiosa figura del luchador antifranquista Marcelino Camacho a su frente, se había convertido en un poderoso sindicato adscripto al PCE, absolutamente hegemónico en las más grandes e importantes empresas del país.

En lo que respecta a las organizaciones centristas de la llamada “izquierda revolucionaria”, si bien a escala nacional el proceso de desintegración de sus antaño importantes partidos estaba a punto de consumarse con la desaparición del PTE, la ORT y el PCE(m-l) , así como la reducción significativa de MC y LCR, no obstante, esas mismas formaciones todavía conservaban intacta su influencia social y capacidad de movilización en Euskadi, aunque se estaba dando un proceso de pérdida de presencia de los grupos autoproclamados “marxistas-leninistas” —como el EMK y la LKI— frente a una creciente importancia de la izquierda nacionalista vasca (abertzale), en organizaciones como EIA, más moderada, procedente de ETA político-militar, que había abandonado la lucha armada e impulsaría Euskadiko Ezkerra, así como otros partidos más radicales, como HASI o LAIA, próximos a ETA militar, que impulsarían la alternativa KAS y, posteriormente HB.

Como ha venido sucediendo invariablemente en el capitalismo tardío con todas las conspiraciones ejecutadas al interior del aparato de Estado desde el poder legalmente constituido, la del 23F tuvo dos niveles de actuación: uno manifiesto, de cara a la galería, que fue la conocida escenificación del golpe militar  protagonizado por Tejero y Milans; otro, secreto y oculto, del que sólo salió a la luz una pequeñísima parte.

Durante el juicio, todos los medios periodísticos manifestaron su sorpresa ante el escaso número de encausados (33), lo reducido de las peticiones de prisión y la ridícula imputación de un solo civil, García Carrés. La mayoría de los casi 300 guardias civiles y más de 100 soldados que participaron en los hechos no fueron citados siquiera a declarar como testigos. Los abogados defensores no tuvieron inconveniente alguno en hacer prevalecer la tesis de que todos ellos actuaron por “obediencia debida” al rey, quien, en virtud de los preceptos constitucionales, quedó exento de toda responsabilidad penal, mientras los medios de comunicación —públicos y privados— se encargaban de que ninguno de estos detalles del juicio trascendiera a la opinión pública, como así ocurrió. 

Tampoco se investigó a muchas guarniciones donde se sabe que hubo dudas acerca de apoyar o no el golpe, ni a las necesarias conexiones que hubo entre las distintas unidades que participaron, ni a los mandos inmediatos de los principales encausados, que muy probablemente estarían enterados al menos de sus preparativos o movimientos, como es el caso de la División Acorazada Brunete o el General Gabeiras.

Algunos oficiales implicados, como los coroneles Valencia y Arnáiz, a cuyo mando se tomó Televisión Española y las emisoras de radio, no fueron encausados y, en cambio, se les ascendió poco después al cargo de general. Muchos documentos desaparecieron sospechosamente, como el informe "Delta sur" del CESID. Antes del golpe, los medios de prensa no sólo se hacían eco del “ruido de sables”, sino que también hablaban de un "golpe de timón dentro de la Constitución" o de un gobierno de “concentración presidido por un militar”, con la participación incluso de socialistas y comunistas, aludiendo a las conversaciones que Enrique Múgica y Joan Reventós sostuvieron con Alfonso Armada implicando a la cúpula del PSOE.

Todo esto no mereció la atención de fiscales y jueces a cargo del proceso, quienes, además, dejaron deliberadamente muchos documentos comprometedores fuera de toda consideración, como si no hubieran existido, como la supuesta nota manuscrita del rey al general Pardo Zancada; el telegrama interceptado por el CESID en la persona del Teniente Coronel Álvaro Gaitán —responsable del departamento de comunicaciones de ese servicio secreto— enviado al general Milans del Bosh desde la Zarzuela; el informe de veinte folios escrito y firmado por el general Armada, con todos los detalles del golpe y los nombres del futuro gobierno; la ya mencionada carta escrita por el mismo general Armada antes del juicio, fechada el 23 de marzo de 1981, en la que pidió al rey permiso para utilizar durante el consejo de guerra una parte del “contenido de nuestra conversación, de la cual tengo nota puntual”, que habían mantenido días antes del golpe, cuando los reyes volvieron del entierro de la reina Federica de Grecia; el informe “Jaudenes” del CESID elaborado tras el intento de golpe para evaluar las responsabilidades de ocho miembros del “Servicio Especial de Agentes” (SEA) directamente implicados en los hechos.

 Exceptuando a García Carrés, todos los civiles implicados junto a los dirigentes de los principales partidos, quedaron fuera del juicio, quienes, obviamente, siempre evitaron relacionar a la Corona con el golpe, aunque, como se ha visto, todos ellos conspiraron con el rey en los meses previos a la ejecución del golpe. 

De los 32 militares encausados, once resultaron absueltos —aunque finalmente se redujeron a tres— y sólo Tejero, Milán del Bosh y Armada fueron condenados a más de 12 años. Con más de tres años de pena sólo fueron condenados ocho encausados y a la mayoría le correspondieron condenas de 1 a 3 años, tras los cuales se podrían incorporar a sus antiguos puestos en el ejército.  El  Consejo Supremo de Justicia sancionó a Armada con sólo seis años de cárcel, mientras el Tribunal supremo elevó la pena a treinta años. Siete años después, el 24 de diciembre de 1988, el Gobierno del PSOE le indultó por razones de salud y por acatar la Constitución.

Con la perspectiva que ofrece el análisis de los hechos y el tiempo transcurrido desde entonces, se puede afirmar que los objetivos de la trama oculta del golpe, fueron:

Tal como ha venido siendo la línea argumental de este trabajo, dado que la premisa fundamental de toda conspiración política es el secreto y la discrecionalidad burocráticas que hacen a la esencia de la democracia burguesa representativa, el análisis de los hechos ha permitido ratificar que, tanto la ocultación del proceso de preparación como la identidad de sus protagonistas fueron decisivas para el éxito de una operación política cuyos principales beneficiarios fueron los burócratas (políticos y militares) del aparato de Estado —especialmente la Casa real— y la burguesía en su conjunto. 

Es evidente que, dos años después del golpe, tras las elecciones de octubre de 1982, el mapa político del Estado español dio un vuelco importantísimo a favor de los explotadores, cumpliéndose muchas de las premisas que anteriormente hemos indicado como flecos no resueltos por la transición democrática durante la era Suárez.

En primer lugar, el secreto burocrático del poder ejecutivo en contubernio con la actitud obsecuente de la justicia y los medios de prensa, permitió que la monarquía se consolidara ante la opinión pública como salvadora de la democracia. Todos los medios periodísticos y los principales partidos políticos se deshacían en elogios hacia la figura del rey, alabando su actitud ante el golpe, descalificando o silenciando cualquier prueba u opinión que lo pusiera en duda. Legitimar a la Monarquía, esa era la consigna.

El golpe de efecto de Tejero —¿involuntariamente televisado?— había aterrorizado a la población. No se declaró ninguna huelga general, ni hubo ningún movimiento por parte de los partidos de izquierda. Desde entonces, quedó claro que no había nada que temer a la hora de realizar las políticas de liquidación de derechos laborales, sociales y políticos que se empezaron a aplicar inmediatamente.

También quedó claro que la entrada en la OTAN no iba a ser contestada con fuerza, y que incluso podía ser presentada como una vacuna contra futuras intentonas golpistas.

Un PSOE totalmente controlado por los jóvenes de Suresnes había ganado de forma aplastante las elecciones, adueñándose no sólo de casi todo el espacio electoral de la izquierda —a expensas de los “comunistas”—, sino también de casi todo el de la derecha, dejando en muy mala situación a lo que debía ser su alter ego (Alianza Popular, después Partido Popular) en el sistema bipartidista que no acababa de consolidarse.

Muy pronto, el gobierno socialista empezó a trabajar según el guión acordado, convocando un referéndum sobre la OTAN en el que se volcó a favor del sí, y sobre el que nunca se han investigado algunas sospechas de fraude. Felipe González resultó ser un alumno muy aplicado en desmovilizar a sus propias bases, incumplir promesas electorales e implementar políticas económicas neoliberales, con privatizaciones, congelaciones salariales, medicamentazos, negocios fáciles y rápidos, reducción de libertades ("Ley Corcuera") y una durísima reconversión industrial y agraria que permitió a la burguesía española su entrada en la Unión Europea, aunque desde la fecha de integración oficial (1986) hasta la eliminación completa de trabas comerciales, debió pasar todavía una década. El 23F facilitó y aceleró todo este proceso.

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