Reforma pactada del régimen Vs. ruptura democrática

En efecto, la desaparición de Carrero se produjo en el contexto de la crisis general por sobreacumulación de capital agravada ante el aumento en los precios del petróleo en medio del conflicto árabe-israelí agudizado tras la guerra del “Yom Kipur” o “guerra de los seis días”, [12] cuyos efectos recayeron de manera indiscriminada sobre el costo de vida, provocando un descenso significativo en la capacidad adquisitiva de la clase asalariada, con el consiguiente aumento de contestación social que favoreció la militancia política antifranquista. En el primer trimestre de 1974, los precios de la electricidad subieron un 15 por 100, los del petróleo un 70 por 100, los del gas butano un 60 por 100 y los transportes un 33 por 100. A ese clima económico potencialmente explosivo se sumó la derrota de Fanfani en el referéndum sobre el divorcio en Italia, la caída del régimen de los coroneles griegos y, poco después, en abril de 1974, la revolución portuguesa de “los claveles”.

Esta realidad contribuyó a endurecer ulteriormente el inmovilismo del búnker, proceso que se intensificó debido a las numerosas figuras del régimen, de mente más abierta, que consideraban había llegado ya el momento de abrirse a la izquierda, situación ante la cual, es natural que Franco reaccionara empezando por promocionar a un duro como Arias Navarro a la cabeza del Ministerio de Gobernación, saltando por encima del reformista Torcuato Fernández Miranda, quien hasta entonces se había venido desempeñando como segundo de Carrero. Arias Navarro conservó a ocho ministros de Carrero Blanco, entre ellos Fraga, Areilza, Osorio pero destituyó en cadena a todo el equipo aperturista del Opus, como Gregorio López Bravo, José María López de Letona, Gonzalo Fernández de la Mora y Torcuato Fernández Miranda (todos ellos regresaron con la subida al trono de Juan Carlos), nombrando en su lugar a burócratas falangistas de la línea dura.

En esos momentos la opción de izquierda burguesa al régimen franquista basculaba políticamente entre dos alternativas: ruptura democrática político-institucional con él —lo que suponía reinstaurar la república—, o reforma del régimen. Los partidarios de la ruptura se agruparon en torno a la autodenominada “Junta Democrática”, creada en julio de 1974, integrada por el Partido Comunista de España (PCE), Comisiones Obreras, el Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván, el Partido Carlista y el Partido del Trabajo de España (PTE), con Calvo Serer, Antonio Trevijano y otros a la cabeza.

Por otro lado, se creó la autodenominada “Plataforma de Convergencia Democrática”, que se aglutinada en torno al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a los democristianos de “izquierda” liderados por el ex franquista Joaquín Ruiz Jiménez, el Movimiento Comunista, la Organización Revolucionaria de Trabajadores y la Unión socialdemócrata Española, todos ellos proclives a la reforma. Dicho de otro modo: los primeros querían romper con el franquismo desde dentro del sistema capitalista; los segundos pretendían reformar el franquismo, reconvertirlo gradualmente a la democracia burguesa, disolverlo en la “democracia”.

En síntesis, ambas fracciones proponían, con matices políticos y tácticas distintas, un mismo objetivo en términos de clase. Por decirlo en términos de la “Junta”: la no continuidad del régimen político-institucional franquista (sus leyes fundamentales y su Movimiento) salvaguardando la continuidad del Estado burgués. En definitiva, la sustitución pacífica (y por tanto negociada) del fascismo jurídico y político-institucional, por un régimen democrático representativo, es decir, sin tocar un pelo de las instituciones esenciales del Estado franquista (Fuerzas Armadas, policía, aparatos judiciales y administrativos, etc.) y, por tanto, dejando intangibles los intereses generales de clase que ese Estado representaba y defendía: los de la burguesía en su conjunto, incluida su fracción oligárquica en contubernio estratégico con el imperialismo norteamericano.

La diferencia entre ellos radicaba esencialmente en que, mientras la táctica de la “Junta Democrática” pasaba por la consulta al pueblo español sobre el modelo de gobierno alternativo: República o Monarquía, la “Plataforma de Convergencia Democrática” reflejaba la táctica del tandem formado por Torcuato Fernández Miranda y Juan Carlos de Borbón —en acuerdo con los burócratas burgueses internacionales de la “Trilateral” y la OTAN— en cuanto a mantener en todo momento el timón del proceso en la línea de sucesión franquista, con arreglo a desembocar en la Monarquía parlamentaria, evitando que se repitiese la experiencia portuguesa de la “revolución de los claveles”. [13]   

Estas dos organizaciones pluripartidistas aparecieron o empezaron a gestarse inmediatamente después de que Franco enfermara de flebitis y fuera ingresado en un hospital, el 9 de julio de 1974, cuando las esperanzas de liberalización política parecieron reanimarse por breve tiempo. El 19 Franco delegó poderes, provisionalmente, en el Príncipe. Pero el 30 abandonó el hospital, y sin perder tiempo reasumió sus poderes. El 2 de septiembre se dio por finalizado el período de aprendizaje del Príncipe. El principal efecto del episodio, fue que aceleró la marcha hacia una más amplia unidad de la izquierda. Hay que tener en cuanta que ya el 30 de julio, el Partido Comunista había respondido a la noticia de la enfermedad de Franco, creando la “Junta Democrática”. 

Para contrarrestar esta iniciativa de los “rojos”, Arias Navarro anunció el 10 de septiembre que estaba decidido a legalizar determinadas asociaciones políticas para antes de enero de 1975, excepto el PCE, dado que la ley exigía el reconocimiento del régimen. Días después del anunció de Franco acerca del período de aprendizaje del Príncipe, un comando de ETA atentó con bombas contra la cafetería madrileña “Rolando”, frecuentada por policías. En su edición del sábado 14 de setiembre de 1974, el diario ABC recogió unas declaraciones del por entonces Jefe de la Dirección de Seguridad del Régimen, quien preguntado acerca de si el lugar elegido pudiera obedecer a que esa cafetería era habitualmente frecuentada por “numerosos” efectivos policiales, este señor reconoció que hubo once muertos y cincuenta y seis heridos. También informó que entre los muertos no hubo efectivos policiales, aun cuando sí “una señorita funcionario administrativo de la Dirección General de Seguridad”. Y que si bien la mayoría de los heridos fueron civiles, también entre ellos hubo “once inspectores de policía, dos de ellos en estado grave”.

Inmediatamente se desencadenó una redada de izquierdistas y simpatizantes de los activistas, al tiempo que los inmovilistas del régimen llevaban a cabo una feroz ofensiva hacia el interior del Movimiento falangista, y el gobierno desbarató el plan tibiamente aperturista de Arias Navarro.

Cada vez más convencidos de la necesidad histórica del giro de la vida política española hacia el centro, y ante la imposibilidad de llevarlo a cabo desde dentro del régimen, numerosos elementos del “Opus Dei” abandonaron sus responsabilidades de gobierno. La destitución de Pío Cabanillas al frente del Ministerio de Información, y la renuncia del subsecretario de este organismo, Marcelino Oreja, así como del director general de RTVE, Juan José Rosón, fue seguida por la dimisión masiva de protesta por parte de altos funcionarios democristianos del régimen, pertenecientes al grupo “Tácito”. Aún más significativas fueron las dimisiones del presidente de la sucursal de la ITT, un excelente barómetro de opinión tanto para España como para el mundo de las empresas multinacionales. Los éxitos del búnker al interior del régimen no sólo vaciaban socialmente sus instituciones partidarias y gubernamentales, sino que, al mismo tiempo, aceleraban en su exterior el proceso por el cual amplios sectores de la oligarquía española comenzaban ya a imitar a la oposición en sus demandas de democratización.

Durante ese año de 1974, se llevaron a cabo reuniones prácticamente públicas entre prominentes industriales y financieros, por un lado, y personalidades de la oposición tolerada, por otro. Entre las más célebres están las que tuvieron lugar en el hotel Ritz, de Barcelona y en casa de Joaquín Garrigues en Aravaca (Madrid). Garrigues era una de las más significativas figuras del capitalismo español; en varias ocasiones había sido representante de diversas corporaciones multinacionales, y no ocultaba su convicción de que la liberalización política de España debía ser un riesgo que había que correr con el fin de evitar una confrontación catastrófica. Así que dimitió de sus numerosos cargos de director de empresas para dedicarse a la creación de un partido político.

Por su parte, ante la imposibilidad de consolidarse en torno a un centro político estable, la “derecha civilizada” se vio arrastrada hacia la unidad con la izquierda más aperturista del régimen liderada por el Grupo Tácito, espacio hacia donde también gravitaban cada vez más atropelladamente el PCE y el PSOE, en mutua competencia por ocupar la extrema izquierda político-institucional de la futura Monarquía parlamentaria.

            A todo esto, el régimen progresaba en su tendencia dominante hacia su disolución en una “democracia” tutelada, tironeado desde los dos polos dialécticos del Movimiento. En febrero, Licino de la Fuente dimitió, frustrado, cuando el búnker bloqueó las leyes que permitirían un derecho de huelga limitado. [14] Arias Navarro respondió relanzando sus esfuerzos aperturistas, incluso a costa de tener fricciones con Franco. Destituyó a Antonio Izquierdo, director de “Arriba”, uno de los bastiones de la oposición del búnker a la reforma. El 4 de marzo anunció la recomposición del Gobierno, lo que indicaba su deseo de romper el poderío de los ultras enrocados en el “bunker”. El ministro de Justicia, Francisco Ruiz Jarabo, íntimo aliado del falangista José Antonio Girón, fue sustituido por el algo más liberal José María Sánchez Ventura. Más significativa todavía fue la sustitución del ministro secretario general del Movimiento, José Utrera Molina[15] —uno de los canales a través de los cuales el búnker influía sobre Franco—, por el más reformista Fernando Herrero Tejedor. Muerto este último a mediados de junio en un accidente de carretera, el optimismo disminuyó. Herrero, la gran esperanza de Arias, fue sustituido por Solís. Sin embargo, la muerte de aquél ayudó a situar en primer plano a su protegido, Adolfo Suárez. De cualquier modo, las actividades de Arias llegaban demasiado tarde. Eran cada vez más numerosos los ex franquistas duros que ahora deseaban el cambio, hasta tal punto que, el 20 de mayo, Luis María Ansón escribía en ABC:

 <<Las ratas están abandonando el barco del régimen (...). La cobardía de la clase gobernante española es realmente vergonzosa (...), ya se ha llegado al sálvese quien pueda, a la rendición incondicional>> (Op. Cit.)

Mientras esto sucedía en la cúspide de la superestructura política franquista, en su base bandas terroristas de extrema derecha atacaban a abogados y a sacerdotes izquierdistas y liberales, a librerías y a militantes obreros. Esto radicalizó la postura crítica de la iglesia. En una declaración de la comisión de Justicia y Paz, del 26 de mayo, exigió el fin de la actuación indiscriminada de la policía, y que las autoridades tomasen medidas contra la actividad de los grupos de choque ultraderechistas. Pero la militancia laboral seguía en aumento. El 25 de abril se estableció el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, y se lanzó una vasta operación de terror policial contra la población de esas provincias. Las detenciones al azar, los encarcelamientos, las torturas por parte de lo que, en la práctica, era un ejército de ocupación formado por guardias civiles y policías armados, se vieron complementadas por las agresiones de los guerrilleros de Cristo Rey. El 26 de agosto, el Gobierno aprobó una durísima ley antiterrorista que dejaba a la extrema izquierda burguesa expuesta a la acción draconiana de la policía.

A lo largo de 1975 se reforzó la censura una vez más y numerosas ediciones de diarios y semanarios, incluidos “Triunfo” y “Cambio 16”, fueron secuestradas. La Ley Antiterrorista había extendido a toda España su legislación, que antes se aplicaba sólo al país Vasco. A tres activistas vascos, ya condenados a muerte, se unieron, el 12 de septiembre, tres miembros del FRAP. A esa lista se añadieron posteriormente, el 18 de septiembre, otros cinco miembros del FRAP también condenados a muerte. El 26 de septiembre, Franco presidió el Consejo de Ministros para discutir la posible suspensión de las ejecuciones de las once personas condenadas, dos de las cuales eran mujeres embarazadas. Finalmente, las mujeres y cuatro de los hombres fueron perdonados, pero los otros cinco vieron confirmadas sus sentencias.

Las ejecuciones tuvieron lugar el 27 de septiembre, en medio de una oleada de repulsas nacionales e internacionales. Trece países retiraron a sus embajadores de España. Ante la represión desatada por los dirigentes de un régimen ya totalmente desprestigiado desde los últimos momentos de la vida de Franco, una mezcla de miedo cada vez más doblegado por el odio y la propensión al combate, se apoderó de las minorías populares políticamente más sensibles y decididas, energía revolucionaria que el PCE dilapidó usándola como medio de pago a cambio de un sitio en las nuevas instituciones de Estado postfranquistas, cuyo principal beneficiario político, a la postre fue, naturalmente el PSOE.