2. La trama de los explosivos de Avilés
Rafá Zouhier coincidió en el centro penitenciario de Villabona con Suárez Trashorras y, a través suyo, con Antonio Toro Castro, cuando en el verano de 2001 el primero fue detenido por la Guardia Civil —gracias a una información procedente de Madrid— después de atracar junto a otras tres personas una joyería en un centro comercial de Siero. Fue allí, en la cárcel, donde, primero Suárez Trashorras y luego Zouhier ofrecieron a sus captores ejercer de “chivatos” a cambio de obtener su libertad. Así fue como, en octubre de 2001, ya fuera de prisión, Suárez Trashorras estrenó su nueva condición de “confidente” de la policía de Avilés, proporcionando datos que permitieron un operativo policial exitoso llamado “Pípol”, contra una banda que traficaba con droga, consiguiendo, como contrapartida, que suelten a su amigo, Toro Castro. A las reuniones con sus controladores, Suárez Trashorras acudía en ocasiones acompañado de su entonces novia, Carmen Toro. En noviembre de 2001, Antonio Toro salió de la cárcel de Villabona tres meses antes que Zouhier, quien, como hemos visto, ―todavía en prisión― también pidió ser ―y fue confirmado― “confite” (confidente) deEse mismo día, el director de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche,
en actitud descalificatoria de ese informe oficialmente anónimo y, por elevación,
de la misma Comisión parlamentaria, puso esta patata caliente en manos de
la justicia declarando que al Juez Juan del Olmo y a nadie más corresponde
juzgar si el Coronel Félix Hernando, jefe de
Demostrando que en las presentes condiciones de la lucha
de clases, la política Exterior de España no es una cuestión de Estado, es
decir, del conjunto de la burguesía, sino que forma parte de la “pequeña política”
o disputa entre sectores definidos de ella, el periodista liberal P.J. Ramírez,
apoyado sin duda por el pragmatismo político del Partido Popular, le ha respondido
inmediatamente al militar Arruche, diciéndole que se equivoca, porque, además
de la responsabilidad penal —que, indudablemente corresponde dirimir a la
justicia, esta vez interpretada en la persona del Juez Juan Del Olmo— éste
también es un caso que implica responsabilidades políticas que deben ser dirimidas
por el Congreso, y para eso se ha formado
Finalmente, hay un nivel de responsabilidad que es el disciplinario, propio de cada dependencia del respectivo poder “independiente” en ejercicio dentro del Estado de derecho. Por tanto, la conclusión de este razonamiento formalmente veraz de J.P. Ramírez es la siguiente:
<<…si Hernando
Mintió en el Congreso, el propio Arruche y el ministro del Interior son responsables
por no disipar el equívoco creado por estas “falsedades” (…y) si el jefe de
Desde este último punto de vista, formalmente veraz, mal que les pese a unos cuantos las víctimas del 11M han dejado de ser un patrimonio político de la coalición actualmente a cargo de las instituciones políticas del Estado español —como lo fueron desde el día de los atentados—, para pasar a manos de la oposición. Esto es lo único que realmente parece importar en el macabro juego genocida de disputa entre los representantes políticos de las distintas fracciones de la burguesía, por la apropiación del poder institucional burgués para sus propios fines alternativos particulares en la sociedad civil.
http://www.nodo50.org/gpm
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[1]
Éste es el famoso Mario, a quien después del 11M
[2] Según la versión de Félix Hernando, lo del viaje a Asturias de Zouhier y Víctor es verdad, pero ese viaje sólo sirvió para "marcar" a los traficantes; la muestra de dinamita fue llevada por Antonio Toro y Suárez Trashorras a Madrid, los cuales se la entregaron a Zouhier y éste a la UCO; según Félix Hernando, la UCO no encargó a Zouhier que buscara compradores. Por su parte, “El Mundo” dijo que este viaje a Asturias se había producido en mayo de 2003, pero según la comparecencia de Félix Hernando ante la Comisión del 11M, la fecha real es febrero.
[3] Estas armas son las mismas que posteriormente portaron los principales líderes ejecutores de la matanza en las imágenes del vídeo que grabaron y difundieron para atribuirse la comisión del atentado; las mismas que presuntamente utilizaron el 3 de abril contra los efectivos del Grupo Especial operativo (GEO) de la policía que les fue a detener en un piso de Leganés, tiroteo en el que, según la Policía Nacional, falleció un capitán de esa fuerza de seguridad del Estado. En tales circunstancias, una vez evacuado el edificio, la vivienda objeto del allanamiento policial explosionó espectacularmente, de tal forma que la onda expansiva dirigió en medida sus efectos destructivos hacia la parte trasera exterior del edificio, hecho que el Ministerio del Interior atribuyó a una acción deliberadamente suicida de los terroristas.
[4] No está claro si se refiere a un nuevo robo o al robo de septiembre de 2001.
[5] Rafael Vera y José Barrionuevo —ex Ministro del Interior bajo el mismo gobierno “socialista”— fueron condenados junto a otros siete implicados en el "caso Marey", como integrantes de la "banda terrorista GAL" en calidad de "ideólogos", dirigentes y patrocinadores; los otros como ejecutores "logísticos" y contratadores de asesinos a sueldo. Los miles de millones sustraídos de los Fondos Reservados —jamás justificados— sirvieron para asesinar y secuestrar, pero también para enriquecer a unos y a otros; la riqueza que Rafael Vera tiene a nombre de su suegro, sus hijos y otros "testaferros", procede sobre todo, de los "impuestos" y las permanentes comisiones obtenidas del hampa, cuando presidía la Comisión Nacional del Juego. El dos de abril de 2001, José María Luzón, teniente-fiscal del Tribunal Supremo, exigió que José Barrionuevo y Rafael Vera reingresaran en la prisión, así como los otros siete condenados en el "caso Marey", pocos días después de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso de amparo que sus respectivos abogados interpusieron hace cuatro años.