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El pasado 29 de junio de 2008, se han cumplido tres años desde la entrada en vigor en su totalidad de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ley que sigue sin encarar los aspectos estructurales de la violencia sexista y con la ausencia de medidas efectivas de detección precoz, prevención y protección, y sin dar prioridad a las políticas sociales preventivas y las acciones educativas. Para su aplicación, tampoco se han dispuesto recursos suficientes. La violencia de género sigue campando a sus anchas a través de múltiples manifestaciones: violaciones, agresiones sexuales y acosos laborales, en el sexismo publicitario en la trata de mujeres y niñas, en la prostitución, en la mutilación genital, en la feminización de la pobreza, en la marginación de la política, en la invisibilidad de nuestras aportaciones, en la eliminación de nuestra Historia. Además, las mujeres somos las que sufrimos las peores consecuencias de las llamadas “crisis económicas”. El patriarcado y el capital, aprovechan todos los momentos para intentar relegarnos al ámbito de lo doméstico y apartarnos del trabajo asalariado. La feminización de la pobreza, no es una entelequia, es un dato, las tasas de paro, de actividad, de ocupación, de riqueza,… caen en picado para todo el mundo, pero especialmente, para las mujeres. La precariedad, la inestabilidad, los contratos a tiempo parcial y abaratados, son destinados a las mujeres. La actual ley integral, por sí sola no es la solución al conflicto, y por mucho que ésta haya supuesto un endurecimiento de las penas y haya generado conciencia social contra la violencia sexista, en modo alguno ha devenido disuasoria para los maltratadotes. Es necesario modificar la Ley Integral para redoblar esfuerzos y exigir por parte de todas las instituciones el desarrollo de medidas que sean auténticamente integrales y transversales, y que impliquen a todos los estamentos sociales y políticos, abordando en su integridad la violencia género, sin que se limiten a la llamada violencia doméstica, y que estén dotadas de recursos materiales humanos y económicos suficientes.
Tenemos que construir un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y es urgente crear una verdadera coordinación política y administrativa entre las Administraciones Públicas, para atajar esta lacra social. Es necesario, la implicación de todos los poderes públicos en dar las respuestas que la sociedad está reclamando, y conseguir en un futuro que nuestros municipios, comunidades autónomas y nuestro propio Estado, estén exentos de Violencia de Género. Area de la Mujer EB-Berdeak |
