Gaztekaria Alternatiboa

Por Carlos Sánchez Almeida
Abogado

Si algo han aprendido los políticos que nos gobiernan, es que ya no pueden contar con los jueces para determinados montajes. Por eso les han querido dejar fuera de Internet, aprobando la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. El Partido Popular quiere conseguir por vía administrativa lo que no consiguió por vía penal: acabar con la disidencia electrónica, encarnada en primer lugar por los colectivos de hackers.

Hubo una época en que los políticos del PP creyeron que podían controlar Internet a golpe de porra. Una época de grandes titulares destacando la detención de hackers. Una época en la que se intentó criminalizar hasta a los abogados que los defendían. Una época en la que era Ministro del Interior un señor cuyo nombre, en genial frase de Manuel Vázquez Montalbán, era toda una metáfora: Jaime Mayor Oreja.

Les salió mal: los jueces no tragaron. Ni las pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales, ni las pruebas inexistentes, permiten fundamentar sentencias condenatorias. Mayor Oreja no pudo emular al fundador de su partido, Ministro de Gobernación en el Gobierno Arias Navarro, y autor de la célebre frase "la calle es mía". Gracias a los jueces, la calle virtual, Internet, siguió siendo tan libre como antes de que ellos llegasen al poder.

Aún colean por los juzgados vergonzosos retales de aquella época. Gracias a una denuncia del Ministerio dirigido por Jaime Mayor Oreja, un ciudadano español tuvo que pasar siete días en la cárcel, pagar 500.000 pesetas de fianza y sufrir un procedimiento penal durante tres años, antes de que un juez declarase su inocencia. Los presuntos hackers también tienen honor, y quizás alguien debería reparar el de la persona que fue acusada injustamente, por el diario ABC y por el Ministerio del Interior, de sustraer información confidencial a favor de grupos abertzales. Las mentiras se pagan, en unas ocasiones en metálico, en otras mediante responsabilidades políticas.