PARAMILITARISMO COMO POLÍTICA CONTRAINSURGENTE DE ESTADO

PARAMILITARISMO COMO POLÍTICA CONTRAINSURGENTE DE ESTADO
PARAMILITARES, MILITARES Y NARCOTRÁFICO

Famosos fueron los conocidos "pájaros" o "chulavitas" de la violencia de los años cincuenta como estrategia estatal organizada directamente por el partido Conservador, partido de gobierno de la época, que buscaba descontar la diferencia política con el otro partido, el Liberal, y apropiarse de las tierras que le quitaba a los campesinos, iniciando una ola de violencia contra campesinos liberales, para consolidar su hegemonía. Ante el asesinato del líder liberal, Jorge Eliécer Gaitán en 1948, se desencadenó una guerra civil que dejaría más de 300 mil muertos y dos millones de desplazados del campo.
La lucha entre liberales y conservadores no fue sino una excusa para la expansión del latifundio y para que, amparados en esta violencia institucional, las autoridades políticas, los gamonales y caciques, además de ser sus gestores, fueran quienes más provecho económico y político sacaran, pues contribuyó eficazmente a generar riquezas y reorganización política y regional. Del trabajo sucio se encargaron los 'pájaros' (paramilitares de la época), que eran el brazo 'civil' del ejército.
Primero llegaban militares o policías a un pueblo. Desarmaban a la población y a la madrugada del día siguiente aparecían los 'pájaros' para matar a todo el mundo e implantar el régimen del terror, vieja combinación de las formas de lucha del Estado colombiano.
En 1960, en un pacto bipartidista liberales y conservadores acordaron turnarse el poder equitativamente cada cuatro años en lo que se conoció como el Frente Nacional. Al decretar ese 'perdón y olvido', no sólo se tendió un manto de impunidad a las atrocidades cometidas por el régimen durante esos años, sino que fue la mejor forma de legalizar la expropiación y robo de tierras de los miles de campesinos desplazados, acrecentando el latifundismo en Colombia.
¿PARA QUÉ?
La violencia parainstitucional "no tiene por objeto la transformación de la sociedad, sino el de garantizar complementar y suplementar su adecuado funcionamiento cuando el Estado no está en condiciones de hacerlo por las limitaciones que tiene en todos los órdenes. Parainstitucional en la medida en que es afín a los objetivos del ordenamiento existente y se compromete con el auxilio a la organización institucional".
El actual término paramilitar es el reconocido para identificar las diferentes expresiones que han tenido los grupos de justicia privada, escuadrones de la muerte, bandas de sicarios, grupos de limpieza social o autodefensas, que han operado en los últimos 15 años en Colombia. Se conocen más de 350 nombres de estas agrupaciones que aparecen y desaparecen sin dejar rastro, luego de cumplir su objetivo: la selección y asesinato de sus víctimas, el desplazamiento de amplios sectores de la población y la siembra del terror. Esta intermitencia ha facilitado la protección no sólo de sus verdaderas identidades, sino, en especial, de sus promotores y los intereses que persiguen; y al Estado le ha servido para eludir su responsabilidad directa en la existencia cómplice -por acción u omisión- de estos asesinos a sueldo. Pero sobre todo, para impedir que se sepa la realidad del paramilitarismo en Colombia y sus estrechos vínculos desde los años 80 con el narcotráfico, algunos sectores de la empresa privada y una amplia franja de militares.
Por esta causa el investigador Carlos Alberto Ruíz, se atreve a afirmar sobre los paramilitares que "del Estado nacieron como lo reflejan las disposiciones que crearon y pusieron en marcha esa estructura; según sus directrices, se desarrollaron; en su ideología de Seguridad Nacional se formaron; del Estado recibieron armas y ayuda para la redacción de los estatutos y la contratación de los mercenarios; las Fuerzas Armadas y gran parte de las autoridades civiles protegen su avance en las regiones, avalan su proyección política y garantizan la impunidad de sus crímenes; del Estado depende la vitalidad de esas organizaciones que no son, como se sugiere, una rueda suelta" .
En el mismo sentido, el libro "Tras los Pasos perdidos de la Guerra Sucia en Colombia", investigación adelantada por seis ONG en Bruselas, afirma que el fenómeno paramilitar no es un hecho aislado sino una política de Estado, clara y conscientemente definida al interior de las Fuerzas Armadas colombianas, contenida en los propios manuales de las instituciones castrenses y que cuenta con el conocimiento y aval de los respectivos gobiernos.
Es por eso que en archivos y escritorios de oficinas estatales reposan desde hace años pruebas sobre los nexos entre las acciones criminales de los paramilitares y numerosos militares. Inclusive declaraciones de desertores que comprometen a altos oficiales militares o de policía, hoy ascendidos y condecorados. Pero la impunidad se burla de las víctimas.
Esta práctica de violencia parainstitucional ha golpeado hasta desarticular toda expresión organizada de la sociedad, produciendo más de un millón doscientos mil desplazados del campo hacia centros urbanos en los últimos 10 años, cuyas tierras pasaron a otros dueños, la mayoría testaferros del paramilitarismo o del narcotráfico.

LA TRIPLE A
Según las investigaciones adelantadas por varias ONG y recogidas en el libro "Terrorismo de Estado en Colombia", en 1978 amenazas, asesinatos, desapariciones y el ataque a la sede del Partido Comunista, los periódicos El Bogotano, Voz Proletaria y la revista Alternativa, habían sido efectuadas por una organización que se hacía llamar la Triple A -Alianza Anticomunista Americana- y que operó bajo el Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Turbay Ayala.
Las investigaciones hallaron tras la sigla los nombres de los militares Tte. Cnel. Harold Bedoya Pizarro, Comandante del Binci de la XX Brigada; el Capitán Álvaro Velandia Hurtado, miembro del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano -Binci- y el Mayor Iván Ramírez Quintero, Jefe de Operaciones del Binci.
Las acusaciones confirmaban lo que las víctimas ya sabían. Después del atentado contra su sede en noviembre de 1975, Alternativa, publicó: "Semanas antes de los atentados, el director del DAS, Gral. Matallana declaró: 'en Colombia no hay comandos paramilitares de derecha'... No existiendo grupos paramilitares ni comandos armados de derecha, elementos capaces de ejecutar estos actos no se encuentran sino dentro de los propios servicios secretos del Estado. Los integrantes del Binci, por ejemplo, son duchos en esta clase de actividades... Todo esto con la obvia asesoría de la CIA (Central de Inteligencia Americana) en sus tareas de represión clandestina de los movimientos de izquierda".
Sólo 25 años después, las denuncias apenas empiezan a dilucidarse y en la actualidad la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía investiga al oficial Iván Ramírez, por presunta conformación de grupos paramilitares y por sus nexos con la CIA..
Otro de los integrantes de la Triple A, el Tte. Cnel. Harold Bedoya lejos de ser acusado o al menos investigado, continuó ascendiendo en su carrera. En 1990 fue comandante de la VI Brigada en el Meta. Su llegada coincidió con el fortalecimiento de los grupos paramilitares de Gonzalo Rodríguez Gacha y Gilberto Molina. Antes había sido el comandante de la V Brigada en los años de recrudecimiento del paramilitarismo en los municipios del Carmen y San Vicente de Chucurí, donde opera esta Brigada.
Durante el Gobierno de Samper fue Comandante General de las Fuerzas Militares hasta 1996 y, candidato presidencial (como General retirado) en 1998.
Meses antes de su postulación como candidato, "el gobierno colombiano forzó el retiro del General Harold Bedoya, cuya hostilidad a los derechos humanos y su asociación durante toda su carrera con el aumento dramático de las operaciones conjuntas, entre el Ejército y los paramilitares son conocidas. 'A Bedoya lo sacamos por derechos humanos', dijo el Presidente Samper a Human Rights Watch en una entrevista".

PRIMEROS ACERCAMIENTOS DE PAZ
A comienzos de los ochenta, la Guerrilla colombiana completaba 20 años de haberse alzado en armas contra el Sistema. Era la única que continuaba combatiente en el hemisferio. El Presidente Belisario Betancur, interesado en una negociación con su dirigencia, promulgó la ley de amnistía que iba dirigida a su desmovilización. Creó la Comisión de Paz Asesora del Gobierno Nacional e inició conversaciones con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, alrededor de la cual se agrupaban los grupos guerrilleros más importantes. Al final de su Gobierno llegaría a la firma de un cese al fuego con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC; De la cual surge el nuevo movimiento político llamado Unión Patriótica.
Su ascenso político fue arrollador en todas las corporaciones públicas del país, lo que alarmó a los sectores más retardatarios, que decidieron frenar a toda costa esta representación. Se inició así uno de los más oscuros episodios de persecución política en la historia reciente.
Las intenciones de paz de Belisario no habían sido del todo claras. Si bien iban dirigidas a la desmovilización de la guerrilla, los paramilitares no fueron mencionados por ningún lado. Sólo un miembro de la Comisión Asesora, el día de su instalación, consideró como uno de los temas prioritarios de la agenda "investigar y desactivar efectivamente los grupos paramilitares como el llamado MAS". Lejos de este propósito, el aumento del pie de fuerza en la región del Magdalena Medio en donde operaba el MAS, significó el recrudecimiento de la violencia paramilitar en los años siguientes.
Las acciones de los paramilitares en la operación exterminio de la UP fueron disfrazadas mediante la utilización de 'matones a sueldo' que, como lo demostrarían más adelante las investigaciones, no actuaban solos. El primer senador de la UP asesinado en Villavicencio (Meta) fue Pedro Nel Jiménez, en 1986. Según la investigación del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS El teniente del Ejército Miller Tarcisio Coy Núñez planeó y dirigió el asesinato del parlamentario. Así lo denunció la confesión de Álvaro Serrano Humoa, ex sicario que trabajaba como informante de la red de Inteligencia del B-2, de la VII Brigada del Ejército. A pesar de la investigación del DAS la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares inició una indagación preliminar y se abstuvo de abrir un proceso disciplinario el 18 de febrero de 1989 y archivó el caso.
En el primer año de creada la UP, 700 de sus miembros fueron asesinados por sicarios. Diez años después, sumaban más de tres mil. En esta funesta campaña se habían aliado el narcotráfico y los partidos tradicionales en las distintas regiones en contra de la UP. Así se inició una orgía de asesinatos contra senadores, diputados, concejales, alcaldes, sindicalistas, activistas políticos, dirigentes cívicos, populares, campesinos y representantes de numerosos sectores populares de este movimiento político.
En 1987, siendo presidente de la UP el ex magistrado Jaime Pardo Leal, en una rueda de prensa, acusó con nombres y grados, a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, comprometidos en asesinatos y desapariciones de miembros de su Partido. También señaló a varios de los uniformados por su participación en actividades paramilitares. Pero como los demás miembros del Partido, Pardo Leal cayó bajo las balas de sus denunciados. A escasos días de su asesinato, el entonces Cnel. Iván Ramírez Quintero, Cte. de la XX Brigada, atribuyó el homicidio a sicarios al servicio de Rodríguez Gacha.
Hasta hoy, ni autores intelectuales ni materiales del aniquilamiento de la UP han sido castigados. La impunidad es aberrante. Los asesinos continúan libres, pese a conocerse multitud de denuncias de la complicidad entre paramilitares, narcotraficantes y miembros de las Fuerzas Armadas, y a que en las Naciones Unidas se adelante una demanda contra el Estado colombiano por exterminio político.
El Ejército, ajeno al proceso de paz, había seguido en su principio de combatir a la guerrilla y había hecho llamados a la población y a las fuerzas políticas regionales para crear un frente común de lucha contra la subversión, que extendió hasta un partido legalmente constituido, con lo métodos propios de la guerra irregular.
A la alianza regional y económica entre esmeralderos y narcotraficantes se sumó el secuestro, por parte del M-19, de una hermana de los Ochoa -conocidos narcos del cartel de Medellín- como detonante para la conformación de una estructura paramilitar en Puerto Boyacá. Junto con otros sectores los nuevos ricos del narcotráfico habían creado el MAS (Muerte a Secuestradores), en 1981. La guerra contra la guerrilla fue la razón que esgrimieron ganaderos, terratenientes, miembros de las Fuerzas Militares, comerciantes y multinacionales, para inaugurar uno de los capítulos más siniestros de la historia contemporánea del país. Se refundaría el paramilitarismo en Colombia, como un proyecto nacional de carácter político-militar.

LA TENEBROSA XX BRIGADA
El 24 de noviembre de 1984 fue asesinado Oscar William Calvo, reinsertado del Ejército Popular de Liberación y vocero de su Organización en la firma de los Acuerdos de Paz con Betancur. Dos años más tarde, la confesión de un suboficial del Binci de la XX Brigada ante la Procuraduría, vinculó a los coroneles Iván Ramírez Quintero y Alvaro Velandia Hurtado en la tortura a dos miembros de la Juventud Trabajadora de Colombia en las instalaciones del Binci y relacionó a esta Brigada con el asesinato del ex guerrillero Calvo.
Garzón Garzón había tenido la misión de ser agente infiltrado, primero en las FARC y luego en el M-19. Después fue adscrito a la compañía de operaciones especiales de la misma, encargada de realizar operaciones encubiertas, entre las cuales estaba el llevar a una finca cerca de Bogotá, a los 'desaparecidos' para interrogarlos y posteriormente asesinarlos.
La fuga de uno de ellos, Carlos Uribe, guerrillero del EPL, condujo a las autoridades hacia el Sargento Garzón Garzón. Cuando éste se sintió sin el respaldo de sus superiores, decidió hablar. Su primera revelación fue señalar el sitio donde estaban enterradas varias personas desaparecidas entre 1984 y 1989. Se trataba del cementerio de Guayabetal, en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio. Una Comisión Judicial halló sepultados como N.N. a varios desaparecidos, entre ellos Nidia Erika Bautista y Amparo Tordecilla, militantes del M-19. Este caso tuvo una amplia repercusión internacional. El suboficial Garzón señaló al Cnel. Velandia de la XX Brigada, como uno de los autores intelectuales del crimen de Bautista.
Según la confesión del ex Sargento, estos hechos, junto con el asesinato de Calvo eran responsabilidad de una estructura de la Brigada. Garzón la describió como un grupo que estaba compuesto por militares activos y civiles. Uno de ellos, el ex soldado José Clemente Menéndez López, miembro del grupo paramilitar de Puerto Boyacá, encargado de "matar a las personas que se levantaban" o sea a los desaparecidos, había sido traído por el propio Cnel. Velandia Hurtado desde el Magdalena Medio.

EL PROCURADOR DESEN 'MAS' CARA
El 4 de febrero de 1983, el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, denunció ante el Congreso de la República que en la creación del MAS habían participado 163 personas, 59 de las cuales eran oficiales del ejército en servicio activo, junto a representantes de la Texas Petrolum Company, ganaderos y políticos de la región, cuyo radio de acción se centraba en Puerto Boyacá. Según el Procurador, "se estaba extendiendo la viciosa costumbre de que los militares se apoyaran en gentes privadas, para llevar a cabo sus labores de contrainsurgencia". Tras la sigla del MAS se escondía un grupo creado y dirigido por el entonces segundo comandante del Batallón Bomboná, mayor Alejandro Alvarez Henao y por el jefe de su Sección de Inteligencia, S-2, capitán Guillermo Visbal Lizcano.
También el Procurador afirmó que dentro de los 59 oficiales activos del ejército creadores del MAS, se encontraban el Coronel Velandia, como Cte del Batallón de Infantería XIV "Patriotas", perteneciente a la VI Brigada y el Capitán Oscar Echandía Sánchez cuando se desempeñaba como alcalde militar del municipio de Puerto Boyacá, entre 1981 y 1982.
Más tarde, la confesión del propio Capitán Echandía Sánchez serviría para vincular al Tte. Cnel. Jaime Sánchez Arteaga, Cdte. del Batallón Bárbula en 1982, en la creación del MAS, y al Tte. Cnel. Plazas Vega, Cdte. de la Escuela de Caballería -perteneciente a la XII Brigada- Según el mismo testimonio la organización del grupo paramilitar había sido patrocinada por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Echandía afirmó en su confesión que existían estrechos lazos entre Rodríguez Gacha y la Escuela de Caballería.
Pero mientras el Procurador acusaba a los militares de estar involucrados en paramilitarismo, los gremios de la producción salían en su defensa, dándole respaldo público a las Fuerzas Armadas. Pedro Juan Moreno Villa, Presidente de la Federación de Ganaderos de Antioquia de Fadegan, acusó entonces a la Procuraduría de poner en peligro las vidas de los militares acusados. Varios de los acusados por el Procurador de pertenecer al MAS eran ganaderos miembros de Fadegan y los abogados de esta Federación asumieron la defensa de las personas que fueron acusadas por la Procuraduría. Seis años después, estos mismos abogados asumirían la defensa de los miembros del MAS de Puerto Boyacá, acusados de las masacres en La Negra y La Hondura, en marzo y abril de 1988, en Urabá.
La Asociación Nacional de Industriales ANDI, también salió en defensa de los militares y públicamente los respaldó: "El MAS no existe sino en mentes enfermizas de malos colombianos, las Fuerzas Armadas saldrán airosas", publicaron en una comunicación conjunta firmada por varios gremios.
A pesar de la gravedad de la denuncia hecha ante el Congreso de la República por el Procurador General de la Nación, lejos de frenarse el proyecto paramilitar, se fortaleció e irradió por todo el país, teniendo como modelo el implantado en el Magdalena Medio.

EL MODELO PUERTO BOYACÁ
Existen los más diversos grados de implicación de las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares. El origen de todo está, sin duda, en haber permitido, desde el comienzo, que estos grupos de autodefensas fueran usados por grupos mafiosos como las asociaciones de esmeralderos del Occidente boyacense y el cartel de Medellín.
Desde 1973, con la privatización de la explotación de las minas esmeraldíferas de Boyacá, la conformación de ejércitos privados fue aceptada o al menos tolerada, como un rasgo inherente a este negocio, debido al limbo legal en el que se encontraban los guaqueros o mineros artesanales. La zona de mayor explotación está ubicada en la hoya del río Minero, de donde procede algo más del 80% de las esmeraldas del país, entre los cuales sobresalen Briceño, Buena Vista, Muzo, Maripí, Otanche, Pauna y San Pablo de Borbur. Para los mineros de Borbur, en el municipio de Puerto Boyacá, éste sitio se convirtió en ruta obligada de comercio, cuando su rival de Coscuez les cerró la entrada de Chiquinquirá por Pauna. De allí provinieron nexos permanentes entre este grupo y las posteriores Autodefensas de Henry de Jesús Pérez, en el Magdalena Medio, las cuales fueron organizadas y financiadas -como denunció el Departamento Administrativo de Seguridad DAS por Gilberto Molina, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Pero desde antes de la entrega en concesión, la minería ilegal trabajaba de manera conjunta con el legendario Efraín González y los jefes de estos clanes, los Molina, Silva, Carranza, Murcia, quienes a lo largo de los años se han visto enfrascados en líos judiciales, vendetas, homicidios, paramilitarismo y narcotráfico. Por ejemplo, Gilberto Molina, esmeraldero, narcotraficante y reconocido jefe paramilitar en Cundinamarca, el Magdalena Medio, Boyacá y Puerto Boyacá, fue asesinado en 1989 en Sasaima por sus disputas con Rodríguez Gacha, otro reconocido esmeraldero y narcotraficante. Varios miembros de los Murcia fueron asesinados y un descendiente de Isauro y Olmedo Murcia, jefes esmeralderos tradicionales, fue capturado en mayo de 1998, sindicado de ser miembro importante del cartel de Bogotá. O el caso de los Gaitán Mahecha (Orlando, Ángel y Custodio) señalados como narcotraficantes y envueltos en episodios de sangre, dentro de la llamada guerra verde, como la masacre de Altos del Portal en 1988, en Bogotá. Actualmente se encuentran vinculados por paramilitarismo e investigados por los hechos de la Convivir Guacamayas, de San Roque.

NARCOTRÁFICO Y PARAMILITARES
Hasta los años 80 el paramilitarismo se había conservado con 'bajo perfil' y era presentado con el ropaje de las acciones encubiertas del Ejército, en el marco de la conocida Doctrina de Seguridad Nacional -SN- y el Conflicto de Baja Intensidad -CBI- que inspirada en la doctrina Kennedy de la Guerra Fría de los años sesenta, seguían los ejércitos latinoamericanos.
Pero ya en esta década, para el lavado de dinero las mafias del narcotráfico utilizaron, entre muchas otras formas, grandes inversiones en finca raíz en las ciudades y en haciendas rurales. Esto último generó un fenómeno que ya se había dado en los años de la violencia de los cincuentas: el cambio de los propietarios de la tierra.
Según estudios publicados por el investigador Alejandro Reyes, para 1995 los narcotraficantes habían comprado fincas en 409 municipios del país, que representan el 42% de los municipios colombianos. Para finales de 1997, la concentración de la tierra en manos de los narcotraficantes, ascendía a cuatro millones de hectáreas, algo así como el 10% del área más productiva del territorio nacional.
Los narcos compraron las mejores tierras, lo que quiere decir que en sus manos debería estar concentrada la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, el uso que han dado a la tierra es el de ganadería extensiva, depredadora del ambiente y poco intensiva en administración. Fenómeno que se ha generalizado a lo largo de la frontera agrícola colombiana: la cuenca del río Cauca, las cuencas alta y media del río Magdalena, la costa Atlántica y la cuenca de la Orinoquia. Esto reforzó un proceso de 'reordenamiento' de la población y el territorio, lo que contribuyó al aumento del desempleo y pobreza rurales y generó una crisis de alimentos.
A su vez, los índices de pobreza rural crecieron desde 65% en 1991 al 72% en 1995, así como el aumento de la brecha entre ingresos rurales y los urbanos en 36 puntos, en el período de 1990 a 1993.
Según Reyes, la compra de tierras por el narcotráfico cambió los términos del problema agrario pues elevó la concentración de la tierra en pocas manos; generó un desplazamiento de campesinos, en especial a las grandes ciudades; sobrevaloró las tierras; estimuló la ganadería extensiva en perjuicio de la agricultura y los bosques; financió la vinculación de las estrategias públicas y privadas de contrainsurgencia, que le disputan el territorio a las guerrillas a través del terror hacia la población y aumentó los niveles de violencia.
La década de los ochenta será recordada con terror por los colombianos. Cuando la mafia de la droga asesinó al Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el Presidente Barco reavivó el tratado de extradición con Estados Unidos. Entonces los capos de la droga se dedicaron al accionar terrorista para evitar ser extraditados a purgar condenas en el país del Norte.
En 1987, cuando un noticiero de televisión mostró en el departamento del Huila, a paramilitares fuertemente armados, se generó el primer debate nacional sobre el tema, en el cual el Ministro de Justicia José Manuel Arias Carrizosa, acudió en su defensa. "Soy partidario de que la gente se defienda porque está consignado en las leyes, porque está consignado en la naturaleza humana".
Mientras tanto numerosos carros-bomba fueron detonados en varias ciudades con multitud de muertos y damnificados; un avión estalló en pleno vuelo y todos sus ocupantes murieron; ante la mirada impotente del país, cayeron asesinados el Procurador, varios candidatos presidenciales, periodistas, magistrados, jueces, activistas de izquierda, sindicales, comunitarios y defensores de derechos humanos, sin que el Estado actuara para impedirlo o para detener a los autores intelectuales y materiales.
Sólo en la ciudad de Medellín, entre 1988 y 1992, fueron asesinados mil jóvenes bajo la modalidad de masacres. Las acciones seguían un mismo patrón: hombres con armas automáticas movilizados en potentes carros que sacaban a sus víctimas de las casas o lugares de trabajo. Aparecían luego los cuerpos en sitios apartados y con visibles señales de tortura, bajo la dirección de estas bandas de sicarios. Fue la conocida guerra de los carteles de la droga.
En el campo, regiones como Córdoba, Antioquia (en especial en Urabá), Magdalena Medio y Meta se vieron de la noche a la mañana con una nueva clase de dueños: aquellos que habían hecho sus fortunas con el negocio de las drogas. Como parte de su accionar, las mafias buscaron consolidación territorial en ciertas regiones del país, ubicadas como zonas de seguridad y establecieron corredores para efectos del desarrollo del negocio mismo. Utilizaron grupos de sicarios dedicados a todas las actividades que implicaba el negocio: protección de materia prima, laboratorios, territorios, de los jefes, vendettas entre grupos y la proliferación de grandes extensiones de cultivos ilícitos.

VLADIMIR: PARAMILITAR CONFESO
En 1988, el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- acusó a la Asociación de Ganaderos y Campesinos del Magdalena Medio Acdegam de servir de fachada a la organización paramilitar autora de las masacres de Urabá. Esta acusación respaldaba la declaración de Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, paramilitar confeso condenado a 60 años de cárcel por su participación en las masacres de Segovia, La Rochela y otras planeadas desde la estructura paramilitar del Magdalena Medio.
"Acdegam tuvo dos juntas: la primera Junta la integraba Henry Pérez, Gonzalo Pérez, Nelson Lesmes, Alejandro Echandía (hermano del Coronel Echandía) y Eduardo Ramírez... Después
cuando se crearon los paramilitares, ellos pasaron a la Junta militar de los paramilitares. Pero cuando ellos permanecieron en la Junta de Acdegam, desde allí dirigieron varios delitos tanto en Puerto Boyacá, Puerto Berrío y la Sierra, que pertenecen al municipio de Nare en Antioquia; también presionaron a los funcionarios judiciales para que los delitos no salieran a flote... Acdegam directamente no recibía ni dinero ni armas. La relación de esta cooperativa era de colaboración y coordinación de las operaciones militares".
Como confesó Vladimir, las autodefensas creadas con respaldo legal, empezaron a violar su naturaleza jurídica por órdenes expresas de altos mandos militares. "En una ocasión llegó el general Yanine y nos dio una conferencia en la escuela 01 en donde nos manifestó que debíamos pasar de la defensiva a la ofensiva. Yanine planteó que había que reestructurar las autodefensas....".
En esta reestructuración fue fundamental el papel y los cursos dictados por mercenarios extranjeros a los paramilitares. "Estando en la escuela llegó el coronel Bohórquez... Rodríguez Gacha, ... Pablo Escobar... Víctor Carranza... La finalidad de ese curso era, para nosotros los paramilitares caer a Casa Verde... Allí los mercenarios que estuvieron presentes eran Guid Sadaka, Yair (Klein) y Teddy".
La existencia de paramilitares no sólo ha beneficiado a organizaciones delincuenciales o a causas militares antisubversivas. La empresa privada las utilizó como forma de represión de las protestas laborales, interpretadas por la inteligencia militar como formas de expresión de la guerrilla.
La Unión de Bananeros de Antioquia -Uniban- había realizado en 1986 contactos con Ytzhak Maerot Shoshani, representante de una empresa israelí, que suministraba material bélico al Ministerio de Defensa de Colombia. Por intermedio de Soshani llegó al país el mercenario Yair Klein, representante de una empresa que ofrecía asesorías en materia de seguridad. Su arribo no fue registrado en extranjería. El israelí dictó cursos de entrenamiento en Puerto Boyacá, a los paramilitares, que al poco tiempo serían autores de las masacres de marzo de 1988, en Urabá (La Hondura y La Negra).
A su llegada a Colombia, el contacto de Klein en Bogotá había sido el Mayor Isauro Hernández Hernández, miembro de la XX Brigada y de la organización ultraderechista Tradición Familia y Propiedad, TFP . Durante los entrenamientos, los paramilitares del Magdalena Medio recibieron instrucción por parte de los mercenarios contratados. Estos cobraron 800 mil dólares, los cuales fueron financiados por TFP , Uniban, y el narcotráfico, como afirmó Vladimir.
La presencia de Klein en Latinoamérica no se había limitado a Colombia. Sindicado de entrenar mercenarios para el cartel de Medellín, salió del país en 1988 hacia Honduras, con el fin de dar instrucción a los contras nicaragüenses, patrocinados por Estados Unidos.
Según las mismas declaraciones de Vladimir, esta infraestructura operaba con el apoyo de los Batallones Calibío, Bárbula, Rafael Reyes y Bomboná, todos pertenecientes a la XIV Brigada. La alianza entre los Batallones del Ejército y Acdegam se concretó en las masacres de Cimitarra(1987) , La Rochela (1989) y Segovia (1988).
Por esta última, diez años después, un juez regional de Bogotá condenó a nueve personas, entre ellas, cinco que se desempeñaban en la época como oficiales activos de las Fuerzas Armadas: el Tte, Cnel. Alejandro Londoño Tamayo, Cte. del Batallón Bomboná y el Ctan. de la Policía Jorge Eliécer Chacón Lasso (18 años de prisión) y los hoy oficiales retirados My. Hernando Báez Garzón, Ctán, Hugo Alberto Valencia Vivas y el Tte. Edgar Alfonso Hernández.
Pero Vladimir reveló implicaciones mayores: "Yo era el comandante en la zona de Puerto Berrío y el área de nosotros comprendía Pto. Berrío, San José del Nus, Macedos, Segovia, Remedios, Yondó, Barrancabermeja, Puerto Parra y Cimitarra... Nosotros empezamos a recibir presiones del Cnel. Navas (Rubio), que era el Cdte. de la sección del B-2 de la XIV Brigada y del Cnel. Londoño, que era el Cte. del Batallón Bomboná".
"Estos militares querían que hicieramos una acción rápida en Segovia y Remedios... Cuando el señor César García Pérez perdió las elecciones en Segovia y la alcaldía se la ganó la UP... se comunicó con Fidel Castaño para pedir ayuda y sacar a la UP de Segovia... Entonces acordamos con Henry de Jesús Pérez los planes a seguir: primero, yo me iba a realizar servicio de inteligencia allá en Segovia y segundo, a hacer la masacre..."
Las investigaciones adelantadas sobre la masacre concluyeron que varias de las amenazas recibidas por los militantes de la UP en Segovia, habían sido elaboradas en la máquina de escribir del Cnel. Alejandro Londoño Tamayo. Y también establecieron que la "Voz de la verdad", panfleto amenazante del MNR en Segovia, había sido impreso en el mimeógrafo de la empresa Frontino Gold Mines.
"Yo me entrevisté con el gerente de la empresa Gool Mines (sic), no recuerdo el nombre, y estuvimos hablando de la financiación que la empresa le estaba haciendo a la guerrilla... Que la empresa estaba siendo extorsionada tanto por las FARC como por el ELN. Yo le manifesté que las intenciones de nosotros eran sacar al ELN y las FARC tanto del casco urbano de Segovia, como del área rural... Después de eso la empresa dio una platica para la organización"
El 5 de septiembre de 1996 el oficial retirado del ejército, Cnel. Hernando Navas Rubio fue detenido luego de presentarse a la fiscalía de San Andrés, por cargos que lo vinculaban con los asesinatos de líderes de izquierda del Magdalena Medio y como patrocinador de la masacre de Segovia. Navas, había sido destituido cuando se desempeñaba como director de prisiones a raíz de la fuga de Pablo Escobar, de la cárcel La Catedral en 1992. Las autoridades lo hacían responsable por haber ingresado a la cárcel de manera inconsulta, lo que ayudó a Escobar a que lo tomara como rehén, facilitando su huida. La Catedral no era lo único que tenían en común Navas Rubio y Pablo Escobar. Como lo señaló Vladimir, los dos habían estado muy cerca de la planeación y ejecución de masacres en el Magdalena Medio.

"LOS PICALEÑOS"
El paramilitarismo no sólo ocultaba intereses privados y estatales tras diversas siglas, sino que impuso una lógica de barbarie y crueldad a la guerra, a través de sus prácticas de ejecución.
"El General Yanine Díaz se comunicó con Henry Pérez ... Después de eso Henry Pérez me llama a mi y me dice que los comerciantes (los 19 de Cimitarra) me estaban pasando por la galleta... Pocos días después yo estaba en la escuela 01 que estaba organizando una gente para hacer un operativo militar, por los lados de San Fernando (corregimiento de Cimitarra)...
Retomando la forma de cómo me contó Cargalarga (paramilar autor de la masacre) de cómo mataron a los comerciantes... entonces me dijo: }no hermano, nosotros hicimos una carnicería la hijueputa... Nosotros los llevamos de la Escuela 01 hasta el Palo de Mango, en Puerto Sambito y ahí los matamos, los picamos y los echamos al río'. Allá hablar de picalesco es despedazar la persona por las coyunturas, les quitan las manos, la cabeza, los pies, les sacan los intestinos y echan el cuerpo por aparte. Esto se hace con el objetivo de que no aparezcan flotando por el río y en ese sitio es donde siempre se mataba a la gente, porque el río pega de frente y el agua se desvía hacia Antioquia. Es como un remolino... se presta para que no queden rastros".
A pesar de ser sólo los ejecutores de órdenes emanadas por instancias superiores, para los paramilitares no era desconocida su tarea. Según Vladimir "en ese tiempo había afán de sacar la guerrilla de todo el Magdalena Medio y los militares nos organizaron para que nosotros hiciéramos lo que ellos no podían hacer, era matar la gente y cometer masacres... los paramilitares se encargaron de eso, pero mandados y apoyados por el Ejército".
Pero todas las denuncias de Vladimir, de otras denuncias públicas sobre la implicaciones de las Fuerzas militares, y de los 60 años a que fue condenado Vladimir por sus confesiones en los hechos del Magdalena Medio, quedó impune la participación de instancias aún más altas del Ejército. El entonces Cte. de la Segunda División con sede en Bucaramanga, a la que pertenecía la XIV Brigada, Farouk Yanine Díaz, fue absuelto en 1997 por la Justicia Penal Militar, siendo su juez el Comandante General de las Fuerzas Armadas el General Manuel José Bonnet Locarno.
Este caso ilustra la concepción que tiene el Ejército de la confrontación armada con la guerrilla. A pesar de negar que la subversión tenga un contenido ideológico, su forma de combatirla se sigue sustentando en las mismas doctrinas de contrainsurgencia de la Guerra Fría. Hace apenas tres años el entonces comandante de la II División General Manuel José Bonnet, dio instrucciones a sus tropas para que concentraran sus tareas de inteligencia en los pueblos y atacaran las "redes de apoyo" civiles, dado que los guerrilleros "tienen su recuperación de enfermos y heridos, las armerías, las sastrerías, las cuentas corrientes, los negocios y demás actividades de tipo logístico esenciales para el combate subversivo". No es difícil comprender por qué el propio Bonnet fue quien absolvió a Farouk Yanine por los hechos de Cimitarra.

EL CARMEN Y SAN VICENTE DE CHUCURÍ
El Magdalena Medio sólo fue el modelo del proyecto paramilitar que va a ser reproducido y adoptado en las diferentes regiones del país, con algunas diferencias, pero sobre el mismo esquema político, económico y militar.
A comienzos de la década de los ochenta se creó una base paramilitar en San Vicente de Chucurí y la violencia llega a la zona en una espiral de acciones criminales.
Lo que ocurría en El Carmen y San Vicente de Chucurí, al igual que los otros casos, era a instancias de la XIV y V Brigadas, pertenecientes a la Segunda División.
Uno de los episodios más oscuros del paramilitarismo en esta región fue la incursión de tropas del Batallón Luciano de Luyard (V Brigada, Segunda División) el 29 de mayo de 1988, en la vereda Llana Caliente, del municipio de San Vicente de Chucurí. Allí se produjo una ofensiva combinada del Ejército y grupos paramilitares, en la que fueron masacrados decenas de campesinos. En esta operación murió en hechos confusos el Cnel. Rogelio Correa Campos, del Batallón de Luyard.
Según los reportes del Batallón, iba acompañado de José Alberto Parra, alias "El Canoso", un civil que en esa ocasión vestía prendas y portaba armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Según los pobladores, Parra era reconocido como uno de los jefes paramilitares que operaban en la región. En el mismo ataque, tres labriegos fueron detenidos por los paramilitares y torturados varios días. Luego se les obligó a firmar una declaración según la cual, las FARC los habían enviado con la misión de matar al Cte. del Batallón. Luego los detenidos son puestos a órdenes de un juez civil y dejados en libertad. Dos de ellos fueron asesinados; el otro abandonó la región por amenazas de muerte. El Tte. Cnel. Hernando Navas Rubio, jefe del B2 de la XIV Brigada "personalmente dirigió la tortura de los tres labriegos e ideó las supuestas confesiones. El oficial Navas Rubio no fue investigado ni penal ni disciplinariamente por estos hechos".
El paramilitarismo se había asentado en San Vicente del Chucurí. La población se vio enfrentada como en muchas regiones colombianas a dos posibilidades: o ser paramilitar y colaborar con éstos, o ser asesinado. El 25 de febrero de 1992, el My. Gral. Harold Bedoya, ahora como Cte. de la Segunda División del Ejército, en discurso pronunciado en el Municipio de San Vicente del Chucurí, invitó a la población a que se defendiera "como todo colombiano tiene derecho a hacerlo... Que no huyan ni se dejen asustar por montajes como el que son masetos (integrantes del MAS) o paramilitares, simplemente porque están defendiendo lo que legítimamente les pertenece".

BARRANCA: LA RED DE LA ARMADA
En 1991, cuando ya se había iniciado el exterminio de la Unión Patriótica, la guerra entre los carteles y las amenazas de Los Extraditables, el Presidente César Gaviria dío a conocer el documento "Estrategia Nacional contra la Violencia", dentro del cual se incluía un plan de fortalecimiento de la inteligencia militar, ejecutado a través de la creación de 44 redes de inteligencia, en todo el país: 30 en el Ejército, 4 en la Armada Nacional y siete en la Fuerza Aérea, urbanas y rurales.
La justificación para este despliegue de redes de inteligencia fue la escalada narcoterrorista por parte del Cartel de Medellín, pero el impuesto cobrado por la guerrilla a los narcos sirvió para vincularlos con el narcotráfico y unificarlos con el término "narcoguerrilla".
La política 'antidrogas' de Gaviria se enmarcaba en la Estrategia Andina diseñada por la administración George Bush 1988-1992 que concentraba los esfuerzos de Estados Unidos en los países donde se cultivaba y procesaba en forma de cocaína, las hojas de coca.
Sin embargo, al contrario de los objetivos de la Estrategia Andina, la orden 200-05/91, tuvo poco o nada que ver con combatir el narcotráfico. De hecho, la orden, con la marca de "reservado" no menciona las drogas a lo largo de sus 16 páginas.
En efecto, la estrategia contra la violencia sólo fue efectiva contra el cartel de Medellín: en diciembre de 1993, fue muerto el capo Pablo Escobar, gracias a la ayuda de los 'Pepes', como afirmó en el 94 su creador, Fidel Castaño.
En cambio una de las redes, la 07 que operó en Barrancabermeja entre octubre de 1991 y enero de 1993, fue directamente relacionada con casos de persecución política contra sindicalistas y dirigentes de izquierda de esta ciudad.
Su forma de operación, como había sido estipulado en la orden de creación de las redes, fue encubierta. Apareció en la ciudad como una empresa que prestaba servicios técnicos a la naviera Colombia, y su jefe de red, el Capitán Juan Carlos Álvarez Gutiérrez, fue conocido como "el ingeniero".
El grupo de operaciones especiales estaba integrado además por Jaime Arenas Robledo, Saúl Segura Palacios y Carlos David López. El capitán Álvarez recibía órdenes directas del jefe de la dirección de inteligencia de la Armada, Coronel Rodrigo Quiñones, quien también se identificaba dentro de la organización con los seudónimos de "El gerente" y "Anibal Quincy Carbonell".
Esta infraestructura que fue la responsable en 1992 de múltiples masacres y asesinatos selectivos en contra de sindicalistas de la Unión Sindical Obrera, USO, sindicato de la empresa de petróleos, Ecopetrol, Militantes del partido Comunista y activistas de los derechos humanos.
Las órdenes emanaban directamente desde la "gerencia", según confesión de Saulo Segura, miembro de la red. En esto Segura coincidió con otro miembro de la red, Carlos Alberto Vergara Amaya en cuya confesión reiteró " Al coronel Rodrigo Quiñones se mantenía al tanto de todas las investigaciones y de acuerdo a lo que se investigaba, él se comunicaba con el capitán Juan Carlos Álvarez, alias "el ingeniero", dándole el visto bueno si sirve o no sirve el operativo, o sea matar a la gente o si sí matan a la gente o no. Después el capitán Juan Carlos Álvarez se comunicaba directamente con Carlos David López Maquillón o con Miguel Durán, el cual nos hacía saber a nosotros del conocimiento de la respuesta".
López Maquillón junto con Saúl Segura revelaron la conexión entre la red y la política militar de Gaviria cuando denunciaron que la red 07 era un organismo adscrito a la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas militares. Saúl Segura Palacios, ex oficial de la Armada, había sido el encargado de buscar los locales para los negocios fachada de la organización.

URABÁ : ENTRE LOS 80s Y LOS 90s
"La penetración de paramilitares en la región de Urabá se inició en agradecimiento que Uniban apoyó hacer los cursos, y entonces se acordó enviar a un grupo de paramilitares a Necoclí, Carepa y Arboletes... Las primeras masacres que hubo en esa región como La Hondura, La Negra, El Tomate y La Mejor Esquina las hizo 'Fercho' (1988)". Así describe Vladimir esta nueva ola de violencia en Urabá a finales de la década de los ochenta, que además, marcó nuevas directrices en el fenómeno paramilitar.
Los conflictos obrero-patronales han sido una constante en la región, desde la llegada de la United Fruit Company y las compañías multinacionales dedicadas a la exportación del banano en 1963. En el segundo semestre de 1987 varios gremios bananeros comenzaron a celebrar reuniones en torno al tema del "impuesto revolucionario" que las organizaciones insurgentes de la zona cobraban a los empresarios, pero el conflicto no se limitaba a un solo sector de la producción.
La región de Urabá localizada en el extremo noroeste de Colombia, está conformada por once municipios: Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Murindó, Necoclí, Mutatá, San Juan de Urabá, Turbo, Vigía del Fuerte y San Pedro de Urabá. Como región abarca territorios en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Su localización la convirtió desde la primera época de los años ochenta en área especial para el desarrollo del narcotráfico. También para el tráfico de armas, favorecido por las características selváticas, pocas carreteras, numerosos ríos navegables, buen número de trochas, pistas de aterrizaje clandestinas y un mínimo control, por parte de las autoridades.
Urabá es catalogada también como una frontera privilegiada. Por su ubicación se escogió como la mejor esquina de América por importantes multinacionales como punto de embarque de sus productos para ser enviados al exterior.
El Urabá chocoano hace parte del conocido Tapón del Darién, zona cálida pero húmeda que se extiende hasta la frontera con Panamá. De él hace parte el Golfo de Urabá que tiene 250 kilómetros de costa sobre el Océano Atlántico. Además Urabá goza de un gran privilegio en cuanto a recursos naturales. Las condiciones geológicas y geográficas permitieron que la región generara depósitos de metales preciosos como oro, plata, platino, cobre, titanio, cobalto radioactivo, petróleo, molibdeno y carbón entre otros. Además de que sus tierras son las más aptas para el cultivo y comercio del banano a escala internacional.
Pero además es la región en donde confluyen los intereses económicos de grandes megaproyectos como el canal interoceánico, el oleoducto transandino, el canal seco, complejos industriales, turísticos y grandes hidroeléctricas, concebidas desde hace más de 20 años, en convenios y tratados internacionales existentes, que apuntan hacia el desarrollo del Pacífico para el siglo XXI.

LA NUEVA IMAGEN
En agosto de 1990, Fidel Castaño y algunos paramilitares de la estructura del Magdalena Medio ofrecieron entregar sus armas si la guerrilla del EPL se disolvía. Ya en ese año los guerrilleros del EPL habían sido diezmados por la acción conjunta del Ejército y los Castaño ahora llamados "Tangueros", actuaban con relativa independencia de la estructura paramilitar del Magdalena Medio. El Acuerdo condujo a la desmovilización de más de dos mil militantes del EPL, el primero de marzo de 1992, durante el gobierno Gaviria.
A partir de su firma y por medio de una fundación familiar llamada Fundación por la Paz de Córdoba Funpazcor los Castaño donaron tierra, dinero y ganado a cientos de reinsertados del EPL. Al aparecer Esperanza Paz y Libertad como partido legal, las FARC ocuparon gran parte del que había sido territorio del EPL. En una entrevista con Human Right Watch, Carlos Castaño afirmó que esta 'toma' de territorio por parte de las FARC fue el motivo por el cual su familia decidió reactivar su Ejército ahora bajo el nombre de ACCU.
Su finca "Las Tangas", en Córdoba que ahora entregaban a los reinsertados había sido una de las escuelas utilizadas por los mercenarios extranjeros y oficiales del Ejército en el entrenamiento de sicarios. "Las Tangas" le había valido a Fidel y a su hermano ser conocidos como "Los Tangueros" para referirse a una etapa de transición entre el MAS y las ACCU en que los Castaño fortalecidos actuaron en relativa independencia de la estructura paramilitar del Magdalena Medio.
Los hermanos Fidel y Carlos Castaño, se ganaron el prestigio en Córdoba, con la derrota al EPL y la cooptación de varios de sus cuadros como informantes, enfrentando de manera exitosa las FARC y al ELN. Esta fue su carta de presentación en Urabá.
Los años 1995 y 1996 significaron para Urabá el constante enfrentamiento entre dos bandos: los Castaño con las ACCU y Esperanza Paz y Libertad, por un lado, y las FARC y la UP por el otro. A una matanza se respondía con otra. El funesto balance dejó en 1995 un saldo de 86 muertos en seis masacres y otros 952 en casos aislados inferiores a cinco individuos.
Uno de los hechos cruciales del 95 fue la masacre en el bar El Aracatazo, en Chigorodó, Antioquia. Allí fueron asesinadas a quemarropa 18 personas, entre ellos dos niños. Investigaciones posteriores del Gobierno relacionaron los hechos con el Batallón de Infantería Voltígeros y ex guerrilleros del EPL.
Una investigación interna del Ejército determinó que soldados del Voltígeros habían permitido que al menos dos ex guerrilleros que trabajaban como informantes, salieran de la Base dos días antes de la masacre. Uno de ellos, Gerardo Antonio Palacios fue condenado por haber participado en la masacre, en marzo de 1997. Otro participante, identificado por testigos presenciales fue José Luis Conrado Pérez, conocido como 'Carevieja'.
Tres meses antes de la masacre, Carevieja había aparecido en una foto, publicada por Cambio 16, uniformado, fuertemente armado y conversando directamente con el entonces Comandante del Ejército Gral. Manuel José Bonnet.
Al año siguiente la misma XVII Brigada, con sede en Carepa, identificó a Carevieja como miembro de un "grupo del crimen organizado (mal llamados paramilitares)" en una lista que entregó a Human Rights Watch.

EL "PACIFICADOR" DE URABÁ
Aunque los vínculos sean estrechos y de público conocimiento, los oficiales al interior de la institución que se han opuesto a la alianza entre militares y paramilitares, han sido retirados del servicio. Es el caso del Cnel. Carlos Alfonso Velásquez en la región de Urabá, un oficial altamente condecorado por su persecución al cartel de Cali. Como jefe del Estado mayor a las órdenes del Gral. Rito Alejo del Río de la XVII Brigada, informó a sus superiores que Del Río, apoyaba a los paramilitares de Urabá y que mantenía una relación con el Mayor del ejército retirado, Guillermo Visbal Lizcano, quien colaboraba con las ACCU. El nombre de Visbal aparecía en la lista publicada por la Procuraduría en el 83, como uno de los creadores del MAS.
Del Río ya había sido relacionado con la estructura paramilitar del Magdalena Medio que operó bajo diversas siglas en los ochenta. Como comandante del Batallón Girardot fue uno de los protectores de los paramilitares de Puerto Boyacá, y por intermedio del My. Oscar de Jesús Echandía Sánchez, el Gral. Del Río le transmitió permanente información al líder paramilitar de Puerto Boyacá Henry de Jesús Pérez. Además, Del Río había participado en el transporte de cien subametralladoras M-P5 con destino a los paramilitares del Magdalena Medio.
A pesar de los antecedentes, una investigación del ejército señaló como elemento más peligroso para la institución al Coronel Velásquez que al General Del Río. El Ejército señaló que Velásquez se reunía con organizaciones de derechos humanos, sindicatos, miembros de la UP y la alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas. Una conducta que, según el informe, revelaba problemas mentales y "se constituía en hechos que son más que suficientes para desconfiar de un oficial que tiene gran amistad con personas e instituciones que se han declarado abiertamente enemigas del Ejército". Velásquez se vio obligado a retirarse en 1997.
Ya en 1996 mientras que la alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, denunciaba ante el Presidente Samper que su vida se encontraba en peligro inminente, por haber sido señalada como auxiliar de la guerrilla, el general Rito Alejo Del Río Rojas la acusó ante la Fiscalía por difamación. La alcaldesa había denunciado cómo un grupo paramilitar había degollado al menor de 12 años sin que el Ejército hiciera nada por perseguir a los autores de estos hechos.
Las denuncias de Gloria Cuartas y Velásquez sólo relacionaron por omisión a Del Río frente al accionar paramilitar en Urabá, pero los hechos fueron más contundentes. Durante los dos años que Del Río permaneció al frente de la XVII Brigada en Urabá (1996-1997), fue mayor el desarrollo del paramilitarismo y el número de masacres, muertes a miembros de la izquierda y la Unión Patriótica. En 1996, de 55 masacres ocurridas en todo el país, 25 correspondían a Urabá; y de 342 muertes violentas, 156 sucedieron allí. Para 1997, de 193 masacres a nivel nacional, 75 se efectuaron en la región del que el periodista Plinio Apuleyo Mendoza denominó 'el Pacificador'.

DES 'UNIFORMANDO'
A pesar de las cifras sangrientas arrojadas entre 1995 y 1997 para la región de Urabá, con el mayor número de masacres, desplazamientos forzados, asesinatos e incursiones paramilitares el periodista, Plinio Apuleyo Mendoza, describió así el período de Rito Alejo Del Río como comandante de la XVII Brigada: "Ahora, un Urabá pacificado en toda la parte económicamente vital de su territorio, ha iniciado la operación retorno de los empresarios bananeros con la colaboración de dirigentes sindicales, cámaras de comercio y las comunidades campesinas... No hay, como años atrás, fincas bananeras consideradas feudos del ELN o de las FARC. Existe, por primera vez, en las plantaciones, una paz no vista antes".
Y a pesar de las acusaciones por sus vínculos con el paramilitarismo, Mendoza insiste en su relato: "Cuando el General Del Río baja del helicóptero, docenas de niños rubios o negros... lo reciben agitando banderitas de papel con los colores de Antioquia, y las madres del pueblo lo abrazan libres del temor de que los guerrilleros se lleven a los campamentos a las niñas de 15 años, para dejarlas al poco tiempo embarazadas, como ocurría hasta hace dos años... Buscan el amparo del ejército y lo dicen en toscos letreros que despliegan en franjas de tela o pintan en los muros 'Gracias General del Río por dejarnos al Ejército' ".
Desde comienzo de la década el columnista había dejado en claro su posición frente al fenómeno paramilitar, cuando los ganaderos rechazaron las negociaciones con los grupos insurgentes en 1992 y el entonces Ministro de Defensa Pardo Rueda instaba a que "los ganaderos se organicen pero no de manera individual o aislada...sino que lo hagan en torno de la Fuerza Pública", Mendoza hizo eco de estas afirmaciones: Las Autodefensas son "un arma vital en la lucha antisubversiva... como ojos y oídos de las Fuerzas Armadas las Autodefensas cumplieron una labor muy eficaz en el Magdalena Medio, en Córdoba y Urabá". Este es un ejemplo de la forma en que gran parte de los medios de comunicación han apropiado el lenguaje y los contenidos de las Fuerzas Militares, ocultando de forma intencional o por simple ignorancia realidades diferentes a las del Ejército. El papel de la prensa en la no comprensión del fenómeno paramilitar y del conflicto colombiano ha sido definitivo. En el caso específico de Urabá así lo demostró el reconocido columnista.

PROYECTO MILITAR... POR DENTRO: ZAPOTE; POR FUERA: MAS
Hasta finales de la década del 80 persistió la tesis de que la vinculación de militares con el paramilitarismo era un fenómeno aislado, producto de la indisciplina institucional, a pesar que desde los 70 los manuales de contrainsurgencia ya acuñaban el término paramilitar. El testimonio de un ex oficial vinculado a las filas del paramilitarismo reveló que la guerra sucia no era sólo tolerada, sino que hacía parte de las concepciones de las Fuerzas Militares, y que el papel del narcotráfico no era desconocido para los agentes estatales vinculados con estos grupos.
En una redada para capturar a unos narcotraficantes en Bogotá, la Dirección de Policía Judicial DIJIN, el 1 de noviembre de 1989, detuvo al ex Teniente Luis Antonio Meneses Báez. En el allanamiento la DIJIN halló propaganda del Movimiento de Autodefensa Campesina de Colombia. Meneses resultó ser el mismo Ariel Otero Salazar, Comandante de las Autodefensas de la Costa Atlántica. Al ser interrogado Meneses confesó ser uno de los principales ideólogos políticos de estos grupos y afirmó las Autodefensas son una política del gobierno para la lucha subversiva. Así relató Meneses esta concepción de guerra:
"Las autodefensas empiezan a ver la necesidad de integrarse con el fin de lograr una cohesión ideológica, compartir experiencias e informaciones. Ya para 1986 existe un gran número de grupos paramilitares en su mayoría coordinados por los S-2 de los Batallones (Secciones de Inteligencia) y Brigadas y a escala nacional por el Binci y la XX Brigada... La forma como la IV, V y XIV Brigadas bajo la dirección de la Segunda División había coordinado las acciones paramilitares en sus jurisdicciones, resultaba una especie de experimento piloto... A finales de 1986 en la sede del Batallón Charry Solano en Bogotá, se realizó una reunión con el fin de organizar las autodefensas a nivel nacional. Esa reunión está liderada por el servicio de inteligencia del Ejército, el Departamento 2 del Ejército E-2. A ella, asisten líderes paramilitares regionales.
De esa primera reunión nace la Junta Nacional de Autodefensa compuesta por seis líderes en seis regiones: Costa Atlántica, Caquetá-Putumayo, Magdalena Medio, Zona Central y los dos Santanderes, Llanos Orientales y Viejo Caldas. Estas seis regiones reagrupan 22 frentes militares donde operan igual número de grupos paramilitares. Durante la reunión se crean 22 'teatros' de operaciones. La función de la Junta es promover el sistema de Autodefensa y coordinar con el Ejército acciones de inteligencia".
Tanto en el Ejército como cuando era militar retirado, Meneses tuvo permanente contacto con la XX Brigada y el Binci. Al mando de estas unidades se encontraban los oficiales Iván Ramírez Quintero y Alvaro Velandia Hurtado.
En 1981, el Tte Meneses había sido enviado al Batallón Bárbula en Puerto Boyacá. A finales del 83, fue trasladado al reclutamiento militar con sede en Cartagena. Allí su doble misión sería hacer trabajo de inteligencia y crear nuevas autodefensas al sur de Bolívar, para frenar una nueva ofensiva de la guerrilla del ELN. A pesar del cambio de jurisdicción Meneses siguió bajo la dirección de la XIV Brigada, donde recibía órdenes directas del Gral. García Eheverri.
Ya en 1984 fue trasladado al Batallón Nariño (Barranquilla). Esta vez su trabajo se concentró en la región del Bajo Cauca y consistió de nuevo en la creación, dirección y entrenamiento de grupos de autodefensas. En 1986 Meneses tomó la decisión de retirarse del Ejército cuando un nuevo Cte. del Batallón Nariño (Cnel. José María García Martínez) le ordenó suspender sus labores paramilitares por cuestiones tácticas. Por eso, a principios del 87, el Tte, (r) Meneses partió para Magangué, al sur de Bolívar y organizó las Juntas Cívicas de Seguridad y Vigilancia (posteriores Convivir?) a cuya cabeza se encontraban las directivas de la Primera División del Ejército con sede en Santa Marta.
Con la creación de las autodefensas de la Costa Atlántica quedaban aglutinados varios grupos del Bajo Cauca: Urabá, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena y Cesar. Paralelamente en Montería se montó una oficina que coordinó los grupos de Caucasia en el Bajo Cauca, Planeta Rica, Urabá, Montería, Canalete y Puerto Escondido en Córdoba; y del Sur de Bolívar. El nombre clave de la organización fue el Zapote desde donde se coordinaron las masacres de trabajadores y campesinos ejecutadas en el Urabá antioqueño y cordobés en 1988 (La Hondura y la Negra).
Al frente del Zapote estuvieron Meneses y otro militar que se desempeñaba además como Jefe de Seguridad de Fidel Castaño Gil, uno de los más grandes soportes de la estructura paramilitar. Y como en un rompecabezas, las piezas volvían a encajar. El escolta de Castaño era en realidad el Mayor. Alejandro Álvarez Henao, uno de los creadores del MAS denunciado por la Procuraduría en 1983.
En los primeros meses del 88, Meneses recibía de nuevo instrucciones y ahora debía trasladarse a Puerto Boyacá, donde va a trabajar al lado del My. Echandía Sánchez (creador del MAS en el 82, como alcalde militar de Pto. Boyacá) y el Cptan. León Guillermo Tarazona Correa. Este último, que pertenecía al Batallón Bomboná, fue acusado de ser uno de los autores intelectuales de la masacre de Segovia, en ese año. Tarazona, al igual que Meneses, se retiró del ejército, para surgir como el nuevo líder paramilitar del Magdalena Medio, bajo el apodo de 'El Zarco'.

LA POLÍTICA DEL CAMALEÓN... PARA BORRAR LAS HUELLAS
En los 90 la ofensiva paramilitar se fortaleció con las Autodefensas. Acorralados por investigaciones que poco a poco han ido estableciendo sus verdaderos móviles criminales, en directa relación con el narcotráfico y la recomposición de los carteles de la droga, los paramilitares dejaron a un lado su clandestinidad, realizan una cumbre, elaboran un 'ideario político', y dan declaraciones públicas.
En contraste con los 80 cuando el ejército de Castaño era una fuerza fundamentalmente regional, las Accu no se limitaron a la guerra en Urabá. Esta organización fue la médula de una cumbre nacional para formar una alianza de grupos con ideas afines, que condujo a la fundación de las AUC.
En 1996, Carlos Castaño anunció que su hermano Fidel había muerto en la región del Darién, lo que aún no ha sido comprobado. El anuncio, más bien simbólico, buscó romper con su pasado inmediato y aparentar un giro en la concepción paramilitar hasta entonces desarrollada. Esto se expresó en los 'actos de contrición' plasmados en la Primera Cumbre de las Autodefensas en 1996, en donde teóricamente reconocen excesos de sus antecesores y anuncian una separación absoluta con el narcotráfico.
La actitud aparentemente radical de las Autodefensas en su lucha exclusiva contra la subversión, se contradice con los informes del propio Departamento Antidrogas norteamericano. Según el boletín de Inteligencia de la DEA, de abril de 1998, Carlos Castaño es "un gran narcotraficante por su propia cuenta" y socio de los hermanos Arcángel y Orlando Henao. Estos últimos pertenecientes al cartel del Norte del Valle del Cauca.
Carlos Castaño, líder de las Accu, había empezado como guía en la estructura paramilitar de los años 80. Allí combatió con las tropas e identificó a presuntos subversivos. Mientras tanto Fidel, su hermano, fue amasando una fortuna proveniente del narcotráfico e invirtió sus ganancias en tierras, convirtiéndose en uno de los ganaderos más poderosos de Colombia.
Desde sus orígenes Fidel Castaño Gil ingresó a las 'autodefensas' creadas por el Batallón Bomboná, en Puerto Boyacá, en donde recibió "capacitación en lucha contrainsurgente", participando bajo las órdenes del capitán Jorge Eligio Valbuena Barriga en la masacre de 22 campesinos en los municipios de Remedio y Segovia (Antioquia), en 1983, como lo reconoció él mismo en entrevista publicada por la revista Semana, el 31 de mayo de 1994.
Fidel fue ascendiendo dentro de la organización paramilitar y mantuvo fuertes vínculos con Pablo Escobar, como jefe militar del Cartel de Medellín, función que había ocupado Rodríguez Gacha, hasta su muerte . Cuando se desató la conocida guerra de los carteles, en 1992, Fidel decidió separarse de Pablo Escobar y conformar, junto con el Cartel de Cali, el grupo los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar). Así contribuyó a su captura y muerte. Otro tanto haría después
con José Santacruz Londoño, miembro del Cartel de Cali, en una nueva recomposición de carteles.
Actualmente en el acuerdo de los traficantes sobrevivientes del conflicto que los enfrentó a Pablo Escobar, los Castaño dirigen las principales bandas criminales y la industria del secuestro de Medellín. También aprovechan la desaparición del Cartel de Cali, cuyos líderes se encuentran presos, para extender su influencia al norte del departamento del Valle. Los Carranza, por su parte, propietarios de minas de esmeraldas y ganaderos, ejercen su poder en el Meta, Vichada, Boyacá, la región del Magdalena Medio en el departamento de Santander y al sur de los departamentos de Bolívar y Sucre. Ambos grupos tienen un solo objetivo en común: la lucha contra las FARC. Los Carranza(con su líder detenido por el DAS acusado de conformación de grupos paramilitares) protegen antes que nada su imperio minero y agrario al mismo tiempo que conservan una fachada de legalidad que les permite ejercer un monopolio en el comercio de esmeraldas.
La masacre de Mapiripán en julio de 1997, fue otra prueba de que el cambio de las Autodefensas era aparente: asesinatos atroces, sevicia, vejaciones contra la población desarmada e inerme y desapariciones, admitidas por Carlos Castaño, no dejan olvidar el origen de su organización. Menos aún el anuncio de la nueva figura pública del paramilitarismo en Colombia, de que habrá "muchos más Mapiripanes".
De esta forma Castaño ha dejado en claro que el único giro que ha tenido el paramilitarismo en estos últimos años, es la expansión del modelo de Puerto Boyacá, Urabá y el norte del país hacia la conquista del sur, iniciada en los departamentos del Meta, Guaviare y Putumayo. "En el último año, grupos de paramilitares de las ACCU y de los Llanos Orientales han realizado incursiones armadas y masacres en Mapiripán (Puerto Alvira), San José del Guaviare, San Carlos de Guaroa, Miraflores y Puerto Trujillo con el propósito de disputar dominio sobre zonas donde hasta hace poco era hegemónica la presencia de la guerrilla de las FARC.
En el caso de Mapiripán, "las unidades locales del Ejército y la Policía ignoraron múltiples llamadas telefónicas de un juez civil del área, pidiendo ayuda para detener la matanza". Como resultado de una investigación interna del Ejército, el Comandante de la VII Brigada, bajo cuya jurisdicción está Mapiripán, fue 'castigado' por no parar la masacre ni detener a los responsables, destinándolo a tareas administrativas. Otros oficiales investigados son el My. Hernán Orozco Castro, Cte. en funciones del Batallón Joaquín París, el My. Horacio Galeano y el Ctán, Luis Carlos López.
Pero las investigaciones cobijaron sólo a oficiales de rangos menores. Un año después, los sargentos Juan Carlos Gamarra y José Miller Ureña Díaz, también del Joaquín París, fueron detenidos por la Fiscalía, acusados de homicidio múltiple y paramilitarismo. Mientras tanto el Gral. Uscátegui, volvió después de su irrisoria sanción, al servicio activo sin castigo aparente.
La 'nueva imagen' construida por los Castaño deja ver básicamente dos objetivos: borrar las pistas de sus lazos con los oscuros hechos de la época del MAS y el narcotráfico, y hacer creer que su accionar es independiente de los militares. Esto garantiza perder las pistas de sus vínculos a cambio de la efectiva colaboración de siempre y lograr un reconocimiento político que, como en los años del Frente Nacional, legitime su tenencia de la tierra y cubrir los horrores con la impunidad.
Dentro del propósito expansionista de las AUC. por el dominio territorial, empieza a dilucidarse una disputa con la subversión con otras características: la confrontación urbana. La masacre del 16 de mayo pasado, es "un golpe al movimiento social y sindical que existe en Barrancabermeja... Un mensaje siniestro y simbólico dirigido en contra de lo que representa el puerto petrolero como epicentro de resistencia, movilización, lucha cívica y popular ". Pero los hechos del 16 de mayo no son, como lo ilustra el caso de la red 07 de la Armada, la primera irrupción del paramilitarismo en Barrancabermeja.

GIRO HACIA LOS DERECHOS
Pocas horas antes de dejar su cargo como embajador de Estados Unidos en Colombia, en noviembre de 1997, Myles Frechette lanzó serias acusaciones contra el servicio de inteligencia del Ejército Nacional. "En la XX Brigada hubo actividades de escuadrones de la muerte. Esta declaración era el punto más alto de lo que significó un giro en la política exterior norteamericana en los últimos dos años.
El 16 de mayo de 1998, el gobierno de Estados Unidos canceló la visa al Gral. Ramírez, ex alumno de la Escuela de las Américas, por acusarlo de ser violador de los derechos humanos en Colombia, (en la actualidad sigue siendo Inspector General de las Fuerzas Militares, a pesar de que Colombia ha aceptado la cancelación de visas como sanción moral por parte de los Estados Unidos). Seis meses más tarde, el secretario de Defensa William Cohen, anuncia que E.E.U.U. planea conceder a Colombia una colaboración para el entrenamiento de militares colombianos en cuestión de derecho humanos, así como en el campo de una reforma judicial.
¿Qué había cambiado desde que entre 1987 y 1990 cerca de tres mil militares fueron entrenados en la Escuela de las Américas (Estados Unidos), organización señalada y denunciada como lugar de entrenamiento a oficiales latinoamericanos en prácticas sistemáticas de torturas, asesinatos y desapariciones?
La intempestiva preocupación de Estados Unidos por el respeto a los derechos humanos en Colombia, parece ir más allá de las razones humanitarias. "La globalización en conflictos domésticos, en guerras intestinas, en dictaduras militares con atropellos a los derechos humanos es imposible. Hay algo muy claro. A la libre concurrencia económica corresponde un régimen de libre concurrencia política. Es un correlativo históricamente necesario. No se puede tener un mundo de alta concurrencia económica con dictaduras. Entonces, el fundamento del requisito del respeto a los Derechos Humanos es económico, pero también social: hay un sector importantísimo en los Estados Unidos que pelea por eso, desde el punto de vista ético y político, y eso no lo podemos desconocer".
Por esta razón, para Estados Unidos, Colombia se está convirtiendo en un grave factor de desestabilización continental. De ahí que haya lanzado el proyecto Houston en febrero de este año, como parte de una estrategia en lo que ha denominado la búsqueda de la paz para Colombia.
Con el anexo de las siguientes listas llegadas hasta el momento de algunos Bloques, mostrando los nexos militares-paramilitares, queda ratificada una vez más, que el Paramilitarismo es una política contra insurgente de Estado. Después les anexaremos otras listas.

PARAMILITARES EN URABÁ ANTIOQUIA Y REGIÓN DEL CARIBE

1. Generales: Iván Ramírez Quintero, Víctor Julio Álvarez, Comandantes de la Primera División.
Generales: Rito Alejo del Río y Martín Orlando Carreño Sandoval, Comandantes de la XVII Brigada.
Generales: Julio Charry Solano y Javier Hernán Arias Vivas, Comandantes de la XI Brigada.
Generales: Alfonso Arteaga Arteaga y Rafael Ruiz, Comandante de la Segunda Brigada.
Generales: Carlos Alberto Ospina Ovalle y Eduardo Herrera Verbel, Comandantes de la Cuarta Brigada.
Cargos: Desarrollo de paramilitarismo como estrategia contrainsurgente. Participación de unidades a su mando en masacres disfrazadas de paramilitares y en coordinación con ellos. Protección a Carlos Castaño Gil. Apoyo aéreo con helicópteros astillados. Utilización conjunta de repitidoras de comunicaciones entre Ejército, Paramilitares y Policía.
2. Carlos Castaño, alias Alex y hermanos. Iván Duque Escobar, asesor político. Guillermo Angel, propietario de la empresa Atlas (cuadra con la torre del Olaya los desplazamientos de Castaño y los vuelos de sus naves). La chaves, secretaria personal de Castaño. Alias Miguelito, radistas de Castaño. Los hermanos Salvador y Manuel Mancuso, propietarios en Montería (Córdoba) de la distribuidora de de carros "Hermanos Mancuso".
3. PARAMILITARISMO EN CÓRDOBA.
A) Jefes Paramilitares: Jhon, alias "H2", Comandante de la Base de El Diamante y cuñado de Castaño. Pedro Bula, Antonio Mercado , alias Franco; Arturo González, alias Guateque; El Pollo Lizcano de La Rica, Jurisdicción de Puerto Libertador. Hernán Ogaza, alias El Guacho, coordinador de las masacres de Tierra Alta y Valencia (coordina con el Ejército y la Policía los desplazamientos de los Paras). Jhon Fredy Durango. Los alias El Amigo, El Lobo, Cobra, Eduardo, Guatinajo, Antonio, Wilfer, y Macgiver. Alias "00" Teniente retirado del Ejército, enlace del Ejército y los Paras en Tierra Alta y Urabá.
B) Militares que han participado en operaciones paramilitares en Córdoba y Urabá: Capitán Patrón Pacherna Alvaro, del Batallón Junín; Teniente Monsalve, alias "J2"; Sargento Viceprimero Martínez Vergara Luis , jefe de operaciones del Junín y de los Paras; Sargento Segundo, Medina Nestra; Teniente Izquierdo; Teniente Rodríguez; Cabo Primero, Suarez; Cabo Primero, Ávila. En general las unidades de los Batallones Cacique Coyará y número 33 Junín de la Xl Brigada.
C) Oficiales del Ejército que se han reunido con Castaño en El Diamante: el nuevo Comandante de la lV Brigada, General Eduardo Herrera Bervel; Coronel Armando José Rengifo, Comandante del Batallón Junín; Teniente Coronel Germán Morantes Hernández, Comandante del Batallón Girardot; Mayor Yesid N.
D) Bases Paramilitares: Hacienda La 35, a media Hora de Las Tangas, municipio de Valencia. Hacienda El Perro, río San jorge abajo, municipio de Miontelibano. La 7ma Haceienda Jaraguey, donde funcionan oficinas y talleres. Hacienda la 24, más abajo de La 35. Hacienda Cedronal, donde funciona la emisora de los Paras denominada "Colombia Libre", a media hora de Tierra Alta, cerca de la Troncal. Hacienda La Macarena de los Mancuso, en jurisdicción de Tiera Alta. Hacienda Los Volcanes, cerca a La Cinaga Betancí, donde realizan entrenamientos. Hacienda La Capilla, abajo de Bonaboro, de los Mancuso. Hacienda El Policía, propiedad de "H2", cuñado de Castaño. Hacienda Mundo Nuevo, de Carmelo Cogoyo, base y sitio de entrenamiento.
E) Frecuencias de dos metros para operaciones Paramilitares y coordinación con el Ejército:
Canal 14, Frecuencias: 3030, 9125. Corresponden a la repetidora de Palmira, finca de Jaime Rueda, la cual es utilizada por La Policía, El Ejército y los Paras.
Canal 14, Frecuencias: 3700, 3930, 4160, 3970, 3740, 5215, 8610, 4870, 5870, 8780, 7560.
Canal 15, Frecuencias: 1020, 7300, 3400.
Canal 16, Frecuencias: 1625, 9975, 2420, 7540, 8890, 7275.
F) Financiadores: Carmelo Cogoyo hijo, Eduardo Cogoyo, Ruben Ovando, (Hacienda Carito, de Tierra Alta); Los Negretes, Los Anaya, hermanos Petro, ganaderos de Lorica; Otto García, Javier García, Los Buelvas de Montería; Jorge Gamez de Montería (propietario Licorera de Córdoba); Abrahan Gamez; Guillermo Cifuentes de Caucasia; Marco Alberto Peláez (les vende el ganado robado); Hurán García de Tierra Alta; Arturo Berrío de Planeta Rica; Pedro Montoya, Javier Luna, Israel Rojas, Juan Henao, N. Tapias de la finca Villa Nueva, cerca de Cedronal; Jorge Arévalo, Dairo Feria, de Medellín; El Cachaco, de Arenas Monas; don Humberto de San Pedro de Urabá.
NOTA: El Alcalde de Tierra Alta Héctor Acosta Pacheco, es Paramilitar. Sus dos escoltas son paramilitares y se reúnen frecuentemente con Castaño.
4. REGIÓN DE URABÁ:
A) Jefes Paramilitares: Miguel Alían, Omar Hoyos, los hermanos Carlos, Arturo, Aicardo y Manuel Ardila (los cuales también se identifican con el apellido correa) en Necoclí y Turbo. Osvaldo Reyes y Abel Méndez en La Tachuela, El Tres y Monte Verde (Turbo). El Mono Velosa (Turbo y Urrao). Alvaro y Oliverio Álvarez en El Dos, Turbo. Jhon Serna (tiene residencia en el barrio Moravia de Medellín). Alfredo y Enrique Yépes Ramírez y Valentín N. en Currulao. Albeiro Cartagena en Chigorodó. Arnulfo David, alias Veterina, Efrén Zapata y Jesús Duval en Piedras Blanca, Carepa y Saiza. Teodoro Díaz, jefe de los Comandos Populares anexados a las "ACCU" y actual alcalde de Apartadó. Alias Marcos, Libardo López, alias El Burro y Jair Muñoz, alias cascale, en Mutatá. Jairo y Reynaldo Vanegas, Nicolas Elías Henao, alias Colacho; Wilmar David, alias, Escaleras; Octavio Cartagena, Orlando González, Wildiman Echeverry, Guillermo Carvajal y Gilberto Sierra, en Dabeiba. Los alias Sarley, Giovany, Ricardo, Camilo, La Guagua, Gonzálo, desmovilizxados del EPL. Juan Quinco y hermanos, y Pacho Honda en Río Sucio (Chocó). Alias el Obejo y alias el Chombo en Bellavista (Chocó).
Guillermo y Conrado Builes. Ganaderos y narcotraficantes de Acandí, residenciados en el Poblado de Medellín. Horacio Cifuentes de Unguía (Chocó). Lalo Domico, papá e hijo de Enrique Domico y albeiro Domico, Indígenas Paramilitares de Mutatá.
B) Militares involucrados: Todos los Comandantes de la XVII Brigada a partir del General Hermófilo Rodríguez. Los Comandantes de los Batallones Voltíjeros, Batallón 35, Arhuacos, Cacique Coyará y Francisco Paula Vélez, los cuales actúan coordinadamente, con los Paramilitares. Los Comandantes de los Puestos de Policía de Dabeiba, Mutatá, Río Sucio, Bellavista, Unguía; Acandí, Chigorodó, Carepa, Turbo, Necoclí y San Pedro. El Ejército comparte con los Paras las repetidoras de comunicaciones de los cerros, El Cuchillo y Azul. El 17 de noviembre de 1998 la XVII Brigada apoyó con un helicóptero Blackhawk artillado, a los Paramilitares de La Secreta, cuando eran atacados por la guerrilla. Dicho Helicóptero despegó repetidamente desde la Base Militar de Mutatá.
C) Financiadores y promotores: las directivas de AUGURA Y UNIBAN a partir de 1986. Manuel Arias Carrisoza, Ex Ministro de Estado. Jorge Enrique Gallo, político. Los hermanos Guillermo, Conrado, Amado y Rafael Builes, ganaderos y narcotraficantes, socios de Castaño. Arturo Rivera, Joaquín Usuga y Tocayo Higuita, comerciantes de Dabeiba. Rogelio, William y Leonardo lópez, Miguel y Alonso Lemos, Amanda Marín y Chucho Mocho en Río Sucio (Chocó). Antonio Herrera dueño del Hotel Alcázar, de Capurganá y lavador de dólares. Jaíme Vásquez, Albeiro López y Lao Restrepo, ganaderos de Acandí. Angel Vidal (Provedora los Chilapos), Carlos Correa, Joaquín Jaramillo, Guillermo Velásquez, Gustavo Aguirre, Oscar Botero y Arnobis, alias Parapeto, en Unguía (Chocó). Ulises Hernández y Pedro Ruiz en Gilgal (Chocó).
D) Bases paramilitares: Santa Catalina, El Tomate, Pabarandocito, Nuevo Oriente, finca Los Alpes de Jairo Vanegas en Urama.
E) Frecuencias de dos metros para operaciones paramilitares y coordinación con Ejército:
Canal 14. Frecuencias: 1275, 0300, 0000.
Canal 15. Frecuencias: 6050, 7600, 7325, 6595, 6025.
Canal 17. Frecuencias: 1645, 3255.
Canal 13. Frecuencias: 9115.
5. ANTIOQUIA
A) Jefes Paramilitares: Ramón Isaza, base de operaciones en Doradal y Puerto Nare. Gustavo Upegui en Medellín y San Jerónimo. Guillermo Angel, aeropuerto, Olaya Herrera. Gerardo Arboleda y Santiago Gallón en Caracolí, base finca Las Águilas. Luis Villegas en San José del Nuz. J. Franco y hermano Barrera en Santo Domingo. Hugo Quintero, dueño de Bellanita de Transportes (opera entre Bello y Barbosa). Conrado Pérez en Frontino, Base de Asido. Darío Gómez, alias Mocho, Andrés García, Nebardo Restrepo, Judit Herrera y alias el Guasa en Nutibara. Capitán Espinosa de la Base de Urrao, quien coordinó con el Batallón Granaderos la masacre de La Encarnación.
B) Financiadores: Carlos Murillo en Caracolí. Ernesto Puerta, Darío Montoya, Mario Elejalde (diputado), Juan José, Darío y Enrique Moreno, Jesús Vargas, Darío Montoya, Ernesto y Fernando Vélez White en Frontino. Luis Samuel Martínez, Ramiro Tuberquia y Manuel Goez en Santa Fe de Antioquia.
6. REGION CARIBE:
A) Jefes Paramilitares: Hernan Giraldo, Jefe Paramilitar y Narco, vive en Guachaca, coregimiento de Santa Marta, protegido por la Primera División. "Los Chamizos", Paramilitares de Santa Marta dirigidos por los comerciantes Camilo Vesga Rodríguez y Toño Vesga. Atienden orientaciones de Edgardo Vives Campo, ex alcalde de Santa Marta. Darío Saravia Gómez, ex representante a la Cámara por Los Chamizos. Alfonso Masías de ASOGANORTE, residenciado en Barranquilla. Alfonso Merino, zona bananera de Santa Marta, vive en Barranquilla. Chepe Barrera padre e hijo, en El Difícil, Magdalena. Emilse López, alias La Gata y Ricardo Botero Maya en Magangué. Alberto Restrepo, alias El Culón, autor de múltiples masacres entre Fundación, El Copey, Valledupar y Serranía del Perijá. Luis Enrique Ramírez, alias Miky, en Zambrano, Bolívar. La familia Sánchez en Córdoba, Bolivar. Luis Angel González y Juvenal Paz González en La Guajira y el Cesar. Carlos Arturo Marulanda ex ministro de Estado.
B) Financiadores y promotores: La Asociación de Ganaderos ASOGANORTE. Alejandro González Zambrano, Jáime González, Tomás Visbal, Saúl Cala, Darío Laino, ganaderos; Emérito Rueda, narcotraficante; Benjamín Moreno Vega, fiscal 26 de Fundación. Darío Pavón ex alcalde de Fundación; Miguel y Hernando Pinedo Vidal, congresistas; Luis Vives Lacoutir, José Domingo Dávila Armenta, Salomón Chávez Abdalá, alias El Mamut; Fernando Peralta Carrillo, José Gamarra, diputado y ganadero (de Pivijay); Trino Luna Correa, ganadero del Banco Magdalena; Jorge Noguera Dinapoli, Jáime Gutiérrez Lacoutir, ganaderos; Victor Dangón Noguera, ex alcalde de Ciénaga, Jáime Martínez, ganadero-bananero; y la multinacional Chiquita Dole.
7. EN EL CESAR:
Pepe, Paulino y Celso Castro Monsalvo, Lucas Gnecco Cerchar, Jesús Aldo Gnecco, alias El Mocho, Hurgues Rodríguez, narcotraficantes; las familias Mattos Millán y Mattos Barrera, Hernando Molina Araújo (hijo de La Cacica), Rafael Morales, Lucas Daza y Julio Martínez.
Batallones de la Segunda Brigada que han participado en matanzas paramilitares:
Héroes de Corea, Guajiros, La Popa, Córdoba, Nariño y los Batallones de Infantería de Marina en Bolívar y Sucre.
Ex gobernadores promotores de paramilitares encubiertos en asociaciones CONVIVIR:
Mauricio Pimiento del Cesar; Jorge Luis Caballero Caballero del Magdalena; y el gobernador de Buelvas de Córdoba.
8. MAGDALENA MEDIO
A) En el occidente de Boyacá: Pablo Elías Delgadillo, Luis Romero, Pedro Molina y Horacio Choana.
B) En Yarima: Jáime Granda.
C) En Puerto Parra: el alcalde Gerardo Ferreira y Sigifredo Cárdenas.
D) En Puerto Berrío: Franco Félix Gaitán Cendales, Oscar Restrepo, Jorge Agudelo, Oscar Molina, Jesús Foronda Remigio, Hector Quirobin, El General retirado Mallarino, dueño de la Hacienda El Brillante, Carlos Crisón, administrador de La Hacienda El Brillante y de nacionalidad ecuatoriana, Argemiro Tamayo, Jesús Acallano, Enrique Orozco, Henry Chenique, Jorge Castrillón, Evelio Tamayo.
E) En Borbur: Orlando y Raúl López.
F) En Maripien (Boyacá): Dios de González
G) En Bucaramanga: Vicente Zabala.
H) En el sur de Bolívar: Jesús Valenzuela y Manuel Enrique Barreto.
I) En Puerto Parra: Arturo Gaona, Nelson y Evangelista Martínez, en la vereda El Cruce; El Negro, jefe de paras en Las Montoyas, vive al frente de la estación de ferrocarril; Luis Carlos Palomo, inspector de Las Montoyas; Diómedes Cárdenas de una CONVIVIR; José Vicente Zuluaga, dueño de la finca La Cabaña, tiene laboratorio en la finca de Joaquin Hernández Galo Pinto, en Patio Bonito; Yoryi Pérez, político de Tiberio Villareal, vive en Bucaramanga y es de Campo Capote; José Donato, vive en El Cruce; Raúl Avila, concejal, vive en Campo capote; Rodrigo Pamplona, matarife, vive en Puerto Parra; Pablo Romero.
Nota: En Bucaramanga cuando hay feria ganadera el ejército instala su retén. A la entrada de la feria está el retén de los paramilitares, quienes son los que determinan el acceso a la feria.

FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA
EJÉRCITO DEL PUEBLO- FARC-E.P.
Montañas de Colombia, Enero de 1999