"Lo que comenzó a ocurrir desde mediados de los 90 y sigue ocurriendo es parte de un proceso de acumulación de cambios cualitativos, proceso que no se dio ni continuará como movimiento circular. No se trató ni se trata de la repetición de un camino ya recorrido, sino de un movimiento progresivo y ascensional, del trabajo subterráneo del futuro".
Miguel Mazzeo, "Qué (no) hacer".

La cita que da comienzo a este artículo describe bastante bien, si no las causas, al menos sí las expectativas de lo que un grupo grande de militantes fuimos construyendo durante muchos años. Un proceso que se resiste a los encorsetamientos y las efemérides unívocas, mostrando tal vez de ese modo, también, su riqueza, la que nos está esperando cuando decimos “nos vemos en la lucha”.
La continuación de la frase, no es extraño, también parece reflejar nuestra experiencia: Mazzeo dice que "de alguna manera, el desarraigo obligó -como a Racadot, aquel personaje de Maurice Barrés- a la originalidad y a mancomunar la conciencia de clase con la conciencia de soledad". Esta "conciencia", dice Miguel, nos advertía que la soledad "es una designación histórico social -dialéctica- vivida en el proyecto de cada uno". A esa pluralidad de soledades le fuimos poniendo proyectos por delante, francas excusas que tomaron la forma de herramientas, listas para el pico y la pala.
La actividad de las agrupaciones estudiantiles que en los '90 enfrentaron la ofensiva neoliberal desde la Universidad forma parte de ese proceso constitutivo de lo que somos. En estos días se cumple una década de una fecha importante en esa (nuestra) pre-historia. La conmemoración, la mirada retrospectiva, exige que miremos las efemérides con vocación de actualidad, con ansias de recorrido.

El 20 de febrero de 1996 es un punto destacado en la historia del movimiento estudiantil -y del movimiento popular, en general- de la ciudad de La Plata.
La represión sobre el movimiento estudiantil, desatada por pedido de Luis Lima, el entonces presidente radical de la Universidad, y administrada materialmente por el gobierno de Eduardo Duhalde, fue (es) un punto en un proceso que tiene varios años, un momento que se puede ubicar como "el final de los inicios", como la crisis cúlmine a partir de la cual comenzó a perfilarse algo nuevo.
El clima político en la ciudad era enrarecido, y abundaban las declaraciones oficiales que advertían sobre el "retorno de la violencia guerrillera" y los "ejercicios de gimnasia subversiva". El propio presidente Carlos Menem había sido el precursor, en 1995, cuando pidió a las Madres que cuiden de sus hijos estudiantes que se movilizaban, si no querían terminar "con un pañuelo blanco". Las actividades antisubversivas incluyeron desde temprano doscientos cuarenta y siete detenciones, varias de ellos efectuadas por personal de civil. Ese día, los autos sin patente florecieron -si es lícito usar en este caso el término-, controlando el centro de la ciudad. De esa manera, la mitad de una marcha convocada para las primeras horas de la mañana era secuestrada a medida que iba llegando a concentrarse, bajo la excusa de averiguación de antecedentes -hoy averiguación de identidad (AI)- una norma que muchos especialistas -entre ellos todos los organismos de derechos humanos- consideran claramente inconstitucional por violatoria de los derechos individuales y colectivos.
El sitio interno a la ciudad estaba dispuesto para "garantizar" la democracia universitaria (¿dónde tendrían que ir las comillas?), mediante la cual la estructura de feudo consagra la opinión de unos pocos como la opinión de todos, y llama a eso co-gobierno2. El 20 de febrero debía sesionar la Asamblea Universitaria, órgano formado por los consejeros académicos -12 por facultad- de toda la Universidad Nacional de La Plata. El objetivo era reformar el Estatuto para adaptarlo a la Ley de Educación Superior impulsada por Menem.

La Ley de Educación Superior
La LES había sido aprobada en julio de 1995, luego de manifestaciones multitudinarias en todo el país -sobre todo en La Plata y Capital-, entre las que se incluyó un "abrazo al Congreso" que no permitió el ingreso al recinto de los legisladores e impidió una sesión de la Cámara de Diputados. La barrera que garantizaba la eficacia del piquete era un cordón humano de varias cuadras a la redonda, formado por unos cinco mil estudiantes platenses que lo habían decidido en una docena de asambleas. Ese primer intento en la Cámara baja fue el 31 de mayo. Una semana después, la ley pudo aprobarse porque el escudo lo hizo la policía, que dispersó a miles de manifestantes con auxilio de vallas y balazos de goma. Así, los diputados del "justicialismo" (los que respondían a Menem, los que respondían a Duhalde, los que respondían a Kirchner…), entre otros, levantaron la mano para darle media sanción, mientras los legisladores radicales daban el quórum necesario.
Las tomas de facultades y marchas se volvían masivas en casi todas las Universidades. En julio, el espíritu del Abrazo fue refrendado en todo el país aun con la Ley aprobada, luego de concretar el trámite en el Senado. Ese mes se reunió en Santa Fe el Congreso Nacional de Centros de Estudiantes organizado por la FUA, con participación restringida a dos delegados por la primera fuerza electoral y un tercero designado por la segunda. La dirección de la FUA, a cargo de la Franja Morada, intentaba que la movilización no se le fuera de las manos. Ya era tarde: el proceso de masificación y organización de la lucha, había rebalsado todos los moldes institucionales desde los cuales se venía resistiendo la sanción de la LES, lo cual extremaba las tensiones entre gobierno y movimiento estudiantil, que se remontaban a varios años antes.
En el esquema privatizador encabezado por Menem -como representante principal de los grupos económicos locales y transnacionales, y de sus instituciones políticas y financieras- la Universidad en particular y la educación en general debían seguir el camino los ferrocarriles, YPF y Gas del Estado, entre otros bienes estratégicos que se habían rematado a principios de los 90.
Avanzado el desguace de los principales activos, la mirada se volvía sobre el campo de la cultura. En 1992 se había sancionado la Ley Federal de Educación, destinada a reestructurar todo el sistema de formación básica y media. Y en el '93 se habían profundizado las presiones más intensas sobre la educación superior, a través de borradores de proyectos de ley que equiparaban a las universidades públicas y privadas y explícitamente mencionaban al arancel (cobro por los estudios de grado) y otros mecanismos de introducción del mercado (eufemismo con el que, en nuestro país, se llama a las pocas grandes empresas que tienen la sartén por el mango), en la determinación de los contenidos de investigación, extensión y enseñanza.
En marzo de 1995 ya iban dos años de resistencia, ante la presentación del proyecto de ley Salonia (ese era el nombre del ministro de educación menemista) durante 1994, además del impulso a un censo universitario obligatorio que tenía por objetivo demostrar la justeza del arancel, y que fue boicoteado -no contestando, o haciéndolo en blanco- por los estudiantes. Crecían la discusión, las marchas y otras actividades. Pero además, aún en el medio de la década infame neoliberal, estaban pasando otras cosas.
En México, contrariando las efímeras e interesadas tesis del fin de las ideologías y los alzamientos de los pueblos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le ponía un pero gigante al libre comercio, usando para eso hasta el simbolismo de las fechas: el 1º de enero de 1994, día del comienzo de la insurrección, era el momento de entrada en vigencia del NAFTA, tratado de libre comercio entre EE.UU., Canadá y México; uno de los principales antecedentes de la propuesta del ALCA. El movimiento indígena hacía su aparición pública y conmovía a través de un lenguaje nuevo, que expresaba lo que también en otras partes de América, con sus características distintivas, se estaba gestando hacía años, comenzando a mostrarse en posiciones de fuerza relativa.
En Argentina, además, las comunicaciones entre hijos de desaparecidos empezaban a darle forma a lo que entre abril y mayo de 1995, en Córdoba y La Plata, haría nacer oficialmente a la agrupación HIJOS (Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio). Muchos de ellos se encontraban estrechamente ligados al movimiento estudiantil, con participación activa en diversas agrupaciones independientes y de izquierda. Desde sus principales consignas ("Si no hay justicia, hay escrache", por ejemplo) ofrecía una práctica organizativa y de movilización que también ponía en cuestionamiento la legalidad vigente, cuando ésta se contraponía a los derechos de la población. Influido recíprocamente por ese marco, el movimiento estudiantil en La Plata comenzaba a convocarse en concentraciones y asambleas, que en abril de 1995 ofrecían un panorama de conflicto generalizado, con clases públicas cortando las calles y facultades ocupadas, debatiendo la ley y el país que se estaba cons(des)truyendo.
Paralelamente, el gobierno argentino se fortalecía con el voto: apelando a la estabilidad Menem fue reelecto en mayo de 1995. Todavía no había llegado la recesión, pero crecía el desempleo y se profundizaba una estrategia de saqueo y empobrecimiento general que no estallaría visiblemente sino varios años después.
A pesar de esa relación de fuerzas desfavorable en lo electoral, vinculada a su vez con una mucho más determinante soledad en el protagonismo del conflicto social, casi inexistente, los estudiantes parecían hacer caso omiso de la legitimación social con que contaba "el modelo" recientemente plebiscitado, y continuaban con las medidas de lucha, que se radicalizaban con fuerza de masas.
Entre mayo y julio de 1995 la situación era, en alguna medida, bastante paradójica. El movimiento estudiantil había acumulado suficiente tensión y organización como para disputarle al gobierno la opinión pública sobre un tema sensible, aún en un clima marcado por las expectativas en la restauración neo-colonialista, que prometía consumo de primer mundo para todos, en algún futuro, "cuando la copa derrame".
La disputa por la Universidad se sostenía en la existencia de un centenar de asambleas que cada semana reunían a miles de estudiantes. A modo de ejemplo, más de trescientas personas en Facultades como la de Económicas de La Plata, y seiscientas o setecientas en otras como Humanidades. Las discusiones se alternaban con las fiestas, que se repetían en las tomas de edificios, con cientos de estudiantes discutiendo, bailando, durmiendo, haciendo el amor, pegando carteles o repartiendo volantes para informar a los menos participativos, movilizándose en forma permanente. En el caso de La Plata, en varias ocasiones se superaron las tres mil personas en marchas a Capital Federal. Las jornadas empezaban a las siete de la mañana, cuando abrían las facultades y había que frenar a los docentes disconformes con las medidas, y en ocasiones también a algunos estudiantes, que opinaban que había "otras formas de protestar" pero no ejercían ninguna. También se realizaban actividades de propaganda, como una campaña que circuló por toda la ciudad, ilustrando en afiches siluetas de manos "para bancar la educación". A veces se realizaban piquetes en algunas esquinas céntricas de gran circulación (como 1 y 44, ó 1 y 60).
En La Plata se registraban algunos conflictos de trabajadores estatales, pero el nivel de organización y movilización en todos los sectores sociales era bastante bajo, y la soledad de los estudiantes era notoria. La prensa no ahorraba críticas sobre las medias más radicalizadas, que a esa altura eran casi todas. En el interior de las asambleas estudiantiles esta presión social se traducía a veces en largas discusiones, que invariablemente se saldaban luego de apelaciones a la trascendencia que tenía la defensa de la educación pública y gratuita, principal punto de confluencia que hacía cantar en todas las marchas y casi a todo momento: "...estamos todos juntos nuevamente, la educación del pueblo no se vende, se defiende".
La Franja Morada y otras agrupaciones conservadoras se hallaban desbordadas. Si bien conducían la mayoría de las comisiones directivas de los Centros de Estudiantes, nada de importancia respecto al plan de lucha se definía allí, todo era público y a mano alzada. Y si había que resolver operativamente algo, de eso se ocupaban las "comisiones de lucha", que tenían a su cargo temas fundamentales y tan disímiles como la organización de las comidas, la prensa o el debate de los proyectos de ley y sus implicancias. La Federación Universitaria de La Plata (FULP) tomaba sus decisiones en reuniones que se realizaban cada muy pocos días, y que en varias ocasiones llegaron a reunir cerca de un centenar de delegados que hacían valer su mandato de asamblea, discutido en cada unidad académica. Así se resolvió, por ejemplo, impedir la sesión el 31 de mayo, con el Abrazo al Congreso.
Con este panorama, ni aún un Congreso de Centros tan maniatado como el convocado para mediados de julio del '95 podría plantarse decididamente para moderar la agitación estudiantil, y así fue que, como principal conclusión, las fuerzas independientes y partidarias de izquierda impulsaron y acordaron una declaración final que sostuvo -como resolución del encuentro- que la FUA promovía “garantizar la no aplicabilidad de la ley en los hechos, entendiendo esto como impedir que se consuma cualquier acto que contemple en todo o parte los puntos de la ley”. Luego de la sanción de la LES, el paso siguiente para otorgarle legalidad era la adaptación de los Estatutos universitarios, una pelea que se tenía que dar al interior de la propia academia, donde ya no habría mucho lugar para los matices.

En todo el período de lucha estudiantil, los rectores se movían en el terreno de las declaraciones, y mientras denostaban los métodos que permitían la resistencia, criticaban la ley y negociaban con el gobierno. Su posición era que la LES estaba viciada de nulidad, porque vulneraba la "autonomía" universitaria, concepto bastante controvertido y que casi siempre se usó para la continuidad de las castas dirigentes, a pesar de que en algún momento favoreciera a las fuerzas estudiantiles de un ataque mayor a la educación pública3, como también sucedía en estos momentos. Lo concreto es que funcionarios de las universidades (entre ellos Luis Lima, de La Plata), apelaron a la Justicia para que frene la ley, y llamaron a eso "dar la batalla desde las instituciones". En trámite sumario, la pantomima de justicia del gobierno dictaminó que la LES era justa, y entonces se acabó toda la resistencia de los rectores. Con ellos también se amplió la fractura entre los estudiantes: Franja Morada dejó de hacer equilibrio y pasó decididamente del otro lado.
El 29 de diciembre de 1995 (curiosa fecha, en la que la actividad universitaria suele reducirse a cero), se reunió el Consejo Superior de la UNLP. Este órgano esta integrado por los decanos y un representante por claustro por facultad. Así, en ese momento lo formaban catorce profesores, catorce graduados, catorce estudiantes y catorce decanos. La mayoría de sus integrantes, al igual que Lima, pertenecía al partido radical. Allí se emitió una resolución declarando la "necesidad de reformar el Estatuto", para adecuarlo a las pautas de la nueva ley, ultraneoliberal en su espíritu y en las políticas que la impulsaban: se quería generalizar el arancel y la venta de servicios de investigación, extensión y enseñanza, elitizando aún más la educación y haciéndola plenamente funcional a las grandes empresas. Esa era la magnitud del tema en debate, y explicaba tanto la radicalización del movimiento estudiantil como las sesiones a escondidas de los funcionarios. La incomodidad de las autoridades universitarias era evidente. El núcleo del conflicto que los tenía como actores los llevaba a un terreno desacostumbrado (y desfavorable para negociar manteniendo privilegios), por la fuerza puesta en disputa entre quienes desde distintas perspectivas y fuentes de poder tiraban de la cuerda en pos de proyectos claramente antagónicos. El movimiento estudiantil en lucha resistía la ola privatista, que significaba privar aún más de educación al pueblo. "Educación pública. La defendemos para transformarla", decían los militantes.

El 15 de febrero de 1996 era la fecha que el Consejo Superior había elegido para la Asamblea Universitaria. Los únicos que querían que todo siguiera más o menos igual -al menos en cuanto a sus privilegios- se recostaban sobre el poder institucional y proponían decir que sí a la LES, pero "lo menos posible".
La movilización estudiantil seguía teniendo reflejos, por eso se fijaba una fecha sin estudiantes en las aulas. En algunas facultades estaban empezando los cursos introductorios que, como el de Medicina y el de Económicas, cumplimentaban (y aún lo hacen) las pretensiones de restringir el ingreso, achicando las matrículas de las carreras como pretendía el modelo impulsado por el gobierno.
Con todo, el 15 de febrero unos quinientos estudiantes impedían la sesión de la Asamblea y con ella la introducción de la ley en el Estatuto. La medida, en línea con la recomendación del Congreso Nacional de Centros de FUA (julio 1995), se hacía efectiva a través de un nuevo cordón humano, esta vez rodeando al edificio del ex-Jockey Club (con ingreso por 48 y por 49, entre 6 y 7), donde estaba prevista la sesión para la primera convocatoria.
El marco de las acciones estudiantiles, que volvían a incluir cortes de calles con quema de gomas -por ejemplo, frente al rectorado-, incluía por parte de los poderes locales una intensa campaña de prensa tendiente a aislar al movimiento. Por esos días se generalizaron los titulares de diarios que criticaban a los estudiantes, y luego de la sesión frustrada las editoriales alcanzaron su clímax. El 16 de febrero, por ejemplo, los medios destacaron el incendio de un auto a una cuadra del Jockey, relacionándolo con la protesta. También se vinculó el Abrazo con el estallido de una bomba en la Universidad de Córdoba y con un principio de incendio en la Facultad de Odontología, con la obvia intención de mostrar a los estudiantes como violentos y marginales, en una metodología que luego -ahora, por ejemplo- sería usada contra otros sectores sociales, como los desocupados y otros trabajadores en lucha.
Mientras tanto, desde la presidencia de la UNLP y sus principales aliados llenaban de epítetos la movilización estudiantil, que consideraban ilegítima y marginal, obviando que las medidas estaban siendo protagonizadas por la gran mayoría de las fuerzas estudiantiles e incluso habían sido decididas en una reunión de FULP, que contó con quórum pese a la inasistencia de su conducción, Franja Morada. La participación estudiantil, por otra parte, se revelaba inesperada para las autoridades, que confiaban en que el verano sería un obstáculo para desarrollarla con fuerza efectiva. Por eso en los días siguientes el presidente Luis Lima, daría asueto total en la Universidad, cerrando las facultades hasta después del 20 de febrero, con el objeto de impedir el debate y la reunión estudiantil en asambleas.
Entre el 16 y el 20 de febrero, la gran mayoría de los burócratas universitarios se dedicó a pedir a gritos "que la policía garantice la sesión". En romance de barrio, significaba pedirle a Duhalde, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires y por ende jefe de "la mejor policía del mundo" (como la calificaba), que la Bonaerense hiciera lo que mejor sabía: reprimir las protestas sociales.

El 20 de febrero
Temprano a la mañana
El 20 de febrero la ciudad amaneció sitiada, y en particular el edificio de la Biblioteca de la Universidad, nueva sede de la Asamblea, inauguró el día con un vallado policial. El cambio de lugar favorecía la operación represiva. La Biblioteca está ubicada frente a Plaza Rocha (7 y 60) en una zona que, si bien es céntrica, no tiene las características de aglomeración comercial que circunda a 7 y 48, donde una eventual represión abierta hubiera generado destrozos de mayor magnitud. Y donde una represión "preventiva" como la que se dio hubiera sido (más) rápidamente notada por los estudiantes que llegaban a la concentración, perdiendo eficacia de acuerdo a sus objetivos.
Ese vallado sólo pudo ser atravesado por servicios de seguridad y asambleístas "autorizados". Para ingresar había que tener una tarjeta que permitía el paso, como la que exhibieron los miembros de Franja Morada y otras fuerzas estudiantiles menores de derecha; además de la enorme mayoría de los profesores y graduados, a los cuales no les importaba tener que sesionar en esas condiciones porque la casi totalidad de los estudiantes se oponían a esa reforma de Estatuto4. Mientras, la policía se llevaba a doscientas cincuenta estudiantes a medida que iban llegando a la marcha, con un operativo desplegado varias cuadras a la redonda, que incluía camiones celulares, autos patrulleros y móviles -y efectivos- sin identificación, que "levantaban" a todo aquel que pareciera ser estudiante y lo trasladaban a la Guardia de Infantería, ubicada en 1 y 60, que fuera un campo clandestino de detención y tortura durante la dictadura militar de 1976-19835. Allí los mantendrían detenidos durante todo el día, bajo el cargo de "averiguación de antecedentes".

Por la tarde
Pocas horas después de terminada la Asamblea -que continuó como si nada pasara hasta introducir la LES en la UNLP y permitir, de paso, la re-reelección de su presidente-, se producirían los hechos que finalmente conmoverían a la "opinión pública" a través de los noticieros de la noche.
Sobre la puerta trasera del Cuerpo de Infantería, varios cientos de compañeros, amigos y familiares se encontraban concentrados exigiendo la libertad de los detenidos, que a esa altura -alrededor de las siete y media de la tarde- llevaban entre diez y doce horas privados de la libertad. En ese momento una camioneta con vallas que había estado cercando la Asamblea intenta ingresar a través del lugar por donde había más manifestantes. Desde el interior del bosque, una fila de infantes comienza a avanzar disparando a mansalva balas de goma, mientras desde los techos comienzan también a disparar y a arrojar gases lacrimógenos.
En los hechos de la tarde son detenidos otros 11 estudiantes, y son heridos un gran número de manifestantes, que son objeto de caza de autos sin patente -y efectivos con y sin identificación- hasta bien entrada la noche. Muchos vecinos abren las puertas de sus casas y cobijan a los que huyen del ensañamiento policial6. También resulta herido espectacularmente (mientras él mismo registra los hechos) un camarógrafo de Canal 13.
El suceso da la vuelta al mundo, potenciado además porque una Madre de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, había resultado herida por la mañana en otro incidente. En todo el país se produce un escándalo por la represión a los estudiantes; y las movilizaciones y repudios se generalizan. En La Plata, el 21 de febrero se realiza una multitudinaria movilización, en la cual también se repudia la actitud cómplice de algunos sectores universitarios, y donde apenas iniciada la marcha es expulsada la bandera de Franja Morada.

El 20 como la amalgama de una nueva generación de militantes

Analizar el 20 de febrero como parte de un proceso implica situarlo como un punto cúlmine, precedido por movilizaciones masivas y un debate generalizado sobre las políticas para la educación en Argentina. Los meses siguientes mostraron un repliegue de esa participación estudiantil, pero al mismo tiempo siguieron evidenciando los cambios estructurales que el movimiento estudiantil, como parte del movimiento popular, venía desarrollando.
Al calor de las luchas contra la ley de Educación Superior en sus diversas variantes (aún las normas y prácticas no reguladas que ya estaban antes del '95, como la introducción de restricciones al ingreso y la permanencia, y la promoción de una universidad orientada a la empresa), una nueva generación militante se constituía como tal en varios puntos del país. En La Plata, crecían las agrupaciones estudiantiles combativas, formándose en algunos casos nuevos grupos, y sobre todo fortaleciéndose a partir de allí los lazos de articulación y coordinación. Entre las agrupaciones independientes, comenzaba a imponerse como una necesidad inmediata abandonar el aislamiento que en ocasiones era vivido "naturalmente", desde su origen como pequeño grupo de base que rechazaba las prácticas "de aparato" anteriormente hegemónicas y a contramano de las cuales, de algún modo, se había constituido. Comenzaba a verse necesario el paso del independentismo a la autoorganización de base articulada. La coordinación se ampliaba en todos los niveles.7

Una de las consecuencias del 20 de febrero tendría lugar en la última parte del 96, conformándose como la primera expresión institucional de las modificaciones producidas durante los dos años anteriores. El 5 de octubre, en el congreso ordinario de FULP, por primera vez desde el '83, un conglomerado de fuerzas de izquierda desplazaba a la Franja Morada de la conducción8.
Las principales fuerzas del “Frente 20 de Febrero” eran las agrupaciones independientes (de diversas tendencias), el Frente Grande Universitario, y la CEPA (Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista), ligada al PCR - Partido Comunista Revolucionario. Como muestra de la heterogeneidad (y también de la existencia de fuertes disputas internas, que se alternaban con el proceso de construcción común), la presidencia sería compartida: los primeros seis meses a cargo de un militante de la agrupación E.Co., de Medicina, y el período restante de uno del MUECE, de Ciencias Económicas. Así, el 8 de octubre de 1996 asumía por primera vez en más de 20 años una conducción de la Federación Universitaria que no era de la Franja Morada.
A partir de ese momento quedó claro que para el brazo estudiantil del radicalismo nada sería lo mismo, comenzando su debacle a la par de la emergencia de un movimiento estudiantil crítico y movilizado, que comenzaría a crecer en representación en los Centros de Estudiantes y Consejos Académicos, hasta alcanzar de conjunto la amplia mayoría. Con el crecimiento electoral, además, se verificaría un proceso de fortalecimiento de los lazos de articulación, que incluiría varias actividades de encuentro y movilización, en un marco de crecientes luchas sociales en todo el país, que mostraban el agotamiento de las ilusiones generada por el modelo de convertibilidad.
En 1996 y 1997 parte del país asistiría al derrumbe del sueño del progreso individual por medio de la competencia, ese que también decía que primero había que crecer para después derramar. El prometido "primer mundo" se mostraba esquivo y alejándose; el espejismo le daba paso al simple espejo, que nos mostraba la cara de lo que no se había querido ver durante años: desempleo, pobreza, marginación. Pero por los bordes la gente se organizaba y comenzaba a decir “basta” al modelo del saqueo. En los enclaves petroleros más devastados por las privatizaciones comenzaban las puebladas (y también las represiones y las primeras muertes9); y con los piquetes llegando al centro del país comenzaba una toma de conciencia y una práctica de organización que se extendería, primero, por buena parte de las barriadas del país, y luego se extendería a otros sectores sociales, a medida que el desencantamiento y hartazgo se generalizaban.

En la Universidad, una de las actividades significativas de la época pasó a ser la realización de espacios de debate políticos en sentido amplio, donde se analizaban procesos históricos y distintas problemáticas sociales, pasadas y presentes. Entre estas acciones, en 1997 se organizó la Cátedra Ernesto Che Guevara, a 30 años de su caída en combate. Impulsada originalmente desde la UBA10, la Cátedra se desarrolló también en otras Universidades del país.
En la ciudad de La Plata, la Cátedra del Che fue organizada a partir de agosto del '97 y reunió cada semana, durante tres meses, a un promedio de unas seiscientas personas (la mayoría de ellos estudiantes), que debatieron la historia latinoamericana y los problemas actuales del continente. En la organización confluían AULE (de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación), Forja (de Derecho), MUECE (de Económicas) y Raíces (de Trabajo Social). Estas agrupaciones independientes, que también compartían la conducción de la FULP en el “Frente 20 de Febrero”, ya habían realizado durante el primer semestre del año otra actividad de debate de carácter masivo, el seminario "Discutiendo Alternativas al Neoliberalismo".
El fin de 1997 traería como novedad la conformación del EOS (Encuentro de Organizaciones Sociales), como resultado de una convocatoria de la Cátedra. El EOS se iría conformando como un espacio de reunión e intercambio de decenas de grupos sociales que reivindicaban la autonomía de los partidos políticos, las iglesias y las centrales sindicales, y desarrollaban trabajos de organización y difusión en torno a las más variadas problemáticas, desde la comunicación popular, hasta las comunidades originarias, pasando por las víctimas de accidentes de tránsito y los incipientes movimientos de trabajadores desocupados, entre muchas otras organizaciones y tareas específicas. En este espacio, que continuaría por otros cinco encuentros durante dos años y medio, muchas organizaciones y compañeros harían sus primeros contactos, como parte de un camino de articulación que se profundizaría con el correr del tiempo y los proyectos compartidos.

En el marco de este proceso de recomposición del campo popular en general, y de los sectores autónomos en particular, a partir de 1998 las agrupaciones estudiantiles comienzan a debatir con varios otros participantes de la Cátedra del Che11 la necesidad de formar espacios de participación en el plano político y social más general, y puntualmente un lugar donde continuar la militancia "después de la Universidad". A partir de este debate -y de todas las tareas comunes entre las agrupaciones estudiantiles, y lo que va generando el encuentro con otros grupos del EOS- comienza a formarse lo que más tarde tomaría el nombre de Galpón Sur.

En los años siguientes el movimiento popular argentino (y latinoamericano) continuó con sus transformaciones, recomponiéndose y avanzando en movilización, organización y cuestionamiento de las políticas que condenan al hambre y la pobreza a millones mientras se garantizan enormes privilegios para unos pocos, comprometiendo además el futuro de todos, a través de la apropiación privada de los recursos y la destrucción del medio ambiente.
En el plano netamente universitario, a partir de 1996 se dio en el conflicto de proyectos antagónicos una situación de estancamiento relativo en las posiciones de fuerza. Si bien la LES se aprobó e ingresó en algunas universidades, lo cierto es que su aplicación dista mucho de ser lo que sus impulsores proyectaban; y basta comparar la Universidad nacional (aún pública, pese a sus limitaciones) con el desguace y privatización de los demás recursos estatales. De todos modos, la tendencia a la privatización continúa siendo fuerte. Se trata de un fenómeno que antes y después de la Ley se expresó en algunos aranceles parciales (contribuciones "voluntarias" en algunas sedes), en la venta de servicios a grandes empresas y en la injerencia de organismos al servicio de las empresas, influyendo en programas de investigación/extensión y en la reformulación de los planes de estudio.
En cuanto a los demás sectores sociales, es conocida la emergencia de organizaciones -predominantemente barriales- que han sostenido importantes luchas en lo últimos años, contribuyendo a minar la legitimidad del neoliberalismo más crudo, aún sin poder conformar plenamente una nueva subjetividad y organización social que ponga al campo popular a la ofensiva en cuanto a sus demandas y soluciones concretas de carácter estructural.

Desde Galpón Sur hemos intentado hacer nuestro aporte al esfuerzo colectivo de resistencia popular, una lucha contra el saqueo que hoy continúa a la orden del día, como prioridad en la agenda de los pueblos de América. En Argentina, como intento de construcción de una propuesta alternativa que ponga freno al retorno del modelo agroexportador, oligárquico y excluyente, al que también se suma la extracción intensiva de otras riquezas comunitarias, como el gas, el petróleo, el oro y otros minerales, que tiene como condición necesaria la concentración de los recursos en muy pocas manos (grandes empresas trasnacionales, de capitales argentinos y extranjeros) y la destrucción y contaminación del agua, del aire y la tierra.
Nuestro aporte a esta batalla se inscribe en el que miles de personas realizan para construir otro presente y otro futuro, con trabajo y dignidad, libertad y justicia social. En estos siete, diez o aún más años ese ha sido nuestro camino. En ese contexto situamos los diez años del 20 de febrero. "Que la Universidad se pinte de pueblo", decíamos y decimos. Como una manera -otra de tantas necesarias- de que el pueblo lo pinte todo con los colores que le parezca.