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Presentación del informe "Puente a la otra Orilla"
"Los refugiados palestinos son como peones de ajedrez, usados para todos los agentes políticos de la zona", Arnau Funes, portavoz de ICV a la Diputación de Barcelona.

Tercera Información (8-11-09)

EEUU e Israel son los unicos países del mundo que tienen impunidad y a quien nadie juzga" Manuel Tapial, presidente de Cultura, Paz y Solidaridad (Catalunya); “Las Naciones Unidas no hacen cumplir sus resoluciones. Es obligación profesional denunciar esa realidad", Rita Manzoa, periodista; "Es cierta la frase de que la realidad supera la ficción". En pleno siglo XXI aún hay gente que no exhiste", Gràcia Ferrer, regidora de Cooperación en el Ayuntamiento de Vic (Catalunya).

Ayer en NoVa, Barcelona, se presentó el Informe de la Iniciativa “Puente a la otra orilla”. Informe fruto del viaje que esta delegación, formada por políticos, periodistas, escritores, artistas y activistas, realizó entre el 1 y 6 de octubre a los campos de refugiados de Líbano.

“Teníamos dos objetivos: el primero era conocer de primera mano la situación de los refugiados palestinos dentro de los campos. Hay 400 mil palestinos que malviven con claras restricciones de sus derechos humanos. El segundo objetivo era conocer en detalle el ideario político parlamentario libanés que es complejo. Se hacen equilibrios de circo para poder mantener la estabilidad del país”, declaró Nabil, músico catalán de origen palestino. Este documento pretende recoger toda la problemática de la zona donde los propios recursos y materias primas forman parte del conflicto. Según Tapial, "Es la guerra por el agua". Para mantener la intensa producción agrícola, Israel necesita apropiarse de los recursos hídricos de la zona. De ahí han venido las sucesivas guerras en el sur de Líbano y la ocupación de los Altos del Golán en Siria" Sin olvidar el drama humano “hay 3 médicos a dedicación completa para 85 mil refugiados", como indicó Anna Ribas, directora del servicio de urgencias de Osona, también integrante del viaje. Esta delegación ha adquirido el compromiso de enviar este informe al Alto Comisariado de de Derechos Humanos de la ONU, así como a la presidencia de la Unión Europea.

Entre las conclusiones del informe cabe destacar la solicitud a Jose Luís Rodriguez Zapatero, que en breve asumirá la presidencia de la Union Europea, de condicionar los acuerdos en cualquier esfera con Israel al respeto de este país a los derechos humanos de la población palestina y a la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas, entre las que se incluye la resolución 194 que reconoce el derecho al retorno de los refugiados palestinos.

Esta iniciativa tiene su continuidad en el Festival Interpueblos que tendrá lugar en Madrid en el mes de diciembre y, donde los refugiados serán el hilo argumental.




La cumbre climática de Barcelona termina en farsa por culpa de EEUU
Para el G-77, los únicos culpables del cambio climático son los países industrializados por no cooperar

TeleSur (8-11-09)

La cumbre de Barcelona sobre cambio climático concluyó este viernes, luego de seis días de negociaciones en las que la ausencia de una propuesta en la reducción de emisiones de CO2 por parte de EE.UU. dejó inconclusa la idea de lograr un acuerdo vinculante "postKioto".

El encuentro culminó tras una fuerte sesión plenaria en la que el G-77 (grupo que engloba a países en vías de desarrollo de África, Latinoamérica y Asia, y economías emergentes como China) manifestó que si fracasa la Conferencia de Copenhague los días 7 y 18 de diciembre, los únicos culpables serán los países industrializados por no cooperar.

El responsable de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Cambio Climático, Yvo de Boer, indicó a la prensa que los gobiernos todavía pueden lograr un gran acuerdo.

Además afirmó que al no haber surgido un principio de acuerdo en Barcelona, donde se esperaba que se fijasen las bases de las emisiones entre 2012 y 2020, la capital danesa se encargará de la negociación "in extremis" entre los jefes de Estado que asistirán al encuentro.

Sobre la negativa estadounidense a cifrar sus reducciones de CO2 y el lamento de los países en desarrollo por las propuestas poco ambiciosas, el secretario de la ONU señaló que la oferta estadounidense dependerá de la ley medioambiental que tramita su Senado.

EE.UU. descarta por el momento hacer caso a las peticiones de la Unión Europea y de la ONU para llegar a la reunión de diciembre con cifras, ya que eso depende de lo que decida la Cámara de Representantes sobre la ley mediambiental, según recordó el representante estadounidense Jonhatan Pershing, legislación que al parecer no estará lista antes de fin de año.

Por ello, tal y como expresó la representante española, Alicia Montalvo, la UE siente cierta "frustración", y lamenta que la cifra del 20 por ciento ofrecida unilateralmente no haya servido para que otros países sigan la misma dirección. De hecho, los Veintisiete congelan por el momento su propuesta de reducir sus emisiones hasta el 30 por ciento, ya que no han encontrado una respuesta positiva a sus planteamientos, y deberán esperar momentos más favorables. El representante de la delegación estadounidense, Jonathan Pershing, admitió que su país no está en disposición de ofrecer una cifra de reducción como reclama la comunidad internacional y añadió que Washington tampoco está dispuesto a firmar nada que no comprometa a los países en desarrollo sobre sus emisiones.

Boer aspira que la próxima reunión de Copenhague sea fijado un acuerdo político, que incluya compromisos de reducción de emisiones de los gobiernos ricos y las limitaciones de los estados en en desarrollo, así como el apoyo financiero que estos últimos deben recibir y un sistema de supervisión de ayudas.

El protocolo de Kioto, no rubricado por Estados Unidos, durante el gobierno de Bill Clinton, ni George W. Bush, es en este momento el único mecanismo legal del que se dispone para combatir los estragos del cambio climático.

En 2001 la adhesión simbólica de EE.UU. al protocolo fue retirado por Bush, quien lo consideró "ineficiente".

Para muchos activistas la posición de este país industrializado es injusta ya que consume alrededor del 25 por ciento de la energía fósil y es el mayor emisor de gases contaminantes del mundo.

Los ecologistas lamentaron la falta de compromiso político de los países que acudieron a Copenhague, mientras se multiplican las voces de alarmas sobre la posibilidad de que, para cuando se llegue a un acuerdo, en realidad ya sea demasiado tarde para revertir la situación.




La crisis económica resucita la toma de fábricas
Al menos 40 empresas en declive han sido reconvertidas en cooperativas al asumir su gestión los trabajadores y en algún caso el antiguo dueño

Pere Rusiñol
Público (8-11-09)

A Daniel Martínez, de 33 años, le despidieron de la empresa en la que trabajaba, en Mazarrón (Murcia), machacada como tantas por la crisis. Medio año después, sigue en la nave y es el dueño.

La crisis económica ha llevado a decenas de trabajadores en España a tomar empresas en declive y gestionarlas directamente. En lugar de contentarse con el paro, han despedido al dueño y han tratado de mantenerlas a flote reconvertidas en cooperativas.

Aquí no se escucha el ruido de Argentina, cuando con el crash de 2002 miles de obreros se quedaron con las fábricas ante la huida de sus jefes y su lucha fue captada por la cámara de Naomi Klein y Avis Lewis en La Toma. Pero el goteo es incesante: Daniel Martínez y seis compañeros crearon el pasado abril la cooperativa Akami Tuna y trabajan incluso en la misma nave y con la misma maquinaria de la empresa que les despidió; la metalúrgica Metalva unió en Alcañiz (Teruel) a obreros que un día fueron a trabajar y el dueño se había fugado; los cooperativistas de Zero-Pro en Porriño (Pontevedra) desarrollan por su cuenta los proyectos de robotización que antes elaboraban para su jefe.

La Confederación de Cooperativas de Trabajo (Coceta) estima que en dos años se han tomado unas 40 empresas en España cuando en dos decenios no tuvieron constancia de ninguna acción parecida.

En ocasiones aunque raras, incluso el dueño se suma a la toma. Es el caso, por ejemplo, de Francisco Javier Jiménez, de 40 años, que era propietario de Cuin Factory, una pequeña empresa de producción y comercialización de muebles de cocina de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). A principios de año, echó cuentas, le salieron rojas y comunicó a sus empleados que cerraba. Tras el shock colectivo, alguien sugirió arrimar el hombro juntos y seguir como cooperativa. Desde junio, el dueño ha dejado de serlo y es un trabajador más, sometido a la asamblea. Pero la fábrica sigue.

" La persona que hoy firma mi nómina era antes mi secretaria. Parece el mundo al revés, pero estoy muy satisfecho del paso dado: antes todo recaía sobre mis espaldas, ahora tengo compañeros de fatigas", explica Jiménez. Como la situación es de economía de guerra, los seis cooperativistas se han autoasignado un salario de apenas 900 euros al mes. "Todos somos jefes y todos ganamos lo mismo, que espero que aumente a medida que dejemos atrás la crisis", añade Jiménez, quien ironiza que sus ex obreros "ahora se dan cuenta de lo duro que puede resultar ser empresario".

Catalunya es probablemente la comunidad donde se dan más experiencias de este tipo, hasta el punto de que la Generalitat creó en junio una línea de ayudas específicas para transformar una empresa mercantil en cooperativa. Y existe una cooperativa, Ara_coop, especializada en ayudar en el proceso de transformación. En el último año, las peticiones de información a Aracoop han aumentado el 50%.

El fenómeno se ha extendido sigilosamente por toda España ante la posibilidad de capitalizar el paro y con la riquísima experiencia acumulada en la crisis de finales de la década de 1970, cuando muchos obreros tomaron sus fábricas y las reconvirtieron en cooperativas. Algunas de esas empresas, como la catalana Mol-Matric, siguen funcionando de forma asamblearia 30 años después y generando beneficios.

"El problema, a veces, es directamente el propietario", apunta Enrique Emsoleaga, gerente de Metalva, metalúrgica creada por cinco obreros cansados de que el dueño no les pagara. " Antes teníamos trabajo, pero nunca dinero . Ahora hacemos lo mismo, pero con mucha más libertad y nos ganamos la vida", añade.

¿Y no son un engorro las asambleas para tomar decisiones? "No, para nada", responde Emsoleaga con un punto de ironía. "Los acuerdos son siempre unánimes: trabajar, trabajar y trabajar", dice. Las asambleas las hacen los sábados, en la fábrica, mientras desayunan con toda la familia.

Las razones para la toma no suelen ser ideológicas, sino prácticas, aunque muchos interlocutores no lo crean: "El responsable de un banco al que pedimos dinero cerró el portafolio cuando escuchó la palabra cooperativa. ¡Debía de pensar que estaba ante el mismísimo Lenin!", explica entre risas Marcos Jalda, de Zero-Pro.

 

 
Los gobiernos deben actuar sobre los derechos humanos a los 20 años de la caída del muro de Berlín
Cuando se cumplen 20 años de la caída del muro de Berlín, los gobiernos europeos deben actuar con urgencia para hacer frente a los abusos contra los derechos humanos que se infligen a migrantes, solicitantes de asilo, personas detenidas y minorías, ha afirmado Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional (7-11-09)

“Aunque la caída del muro de Berlín simbolizó la apertura de las fronteras, la respuesta habitual de la Europa actual ante los desafíos de la migración es convertir el continente en una fortaleza”, ha declarado Nicola Duckworth, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Personas que huyen de la pobreza, la violencia o la persecución en otras partes del mundo han sido empujadas literalmente al mar.”

En mayo del presente año, se puso en peligro la vida y la seguridad de cientos de personas migrantes y solicitantes de asilo que estaban a bordo de tres barcos en el mar Mediterráneo, primero por una discusión entre las autoridades de Italia y Malta en relación con su obligación de responder a las llamadas de desastre marítimo, y después por la decisión del gobierno italiano de enviar a esas personas a Libia, sin valorar sus necesidades de protección.

Los gobiernos europeos deben también hacer más para investigar las denuncias de tortura, malos tratos y detención ilícita durante la guerra contra el terror liderada por Estados Unidos, ha afirmado Amnistía Internacional.

“En la nueva Europa después del muro de Berlín, los derechos humanos vuelven a ser atacados. En esta ocasión son víctimas de la pretensión de los Estados de que es preciso sacrificar incluso los derechos humanos más básicos, como el de no ser sometido a tortura, para poder contrarrestar las amenazas terroristas”, ha señalado Nicola Duckworth.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Europa albergó cárceles secretas dirigidas por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), donde las personas detenidas fueron víctimas de desaparición forzada, estuvieron recluidas en condiciones constitutivas de tortura y fueron sometidas a técnicas de interrogatorio abusivas.

El mes de agosto de 2009 salieran a la luz revelaciones que han motivado llamamientos a las autoridades de Polonia y Lituania para que investiguen las denuncias de que la CIA mantuvo recluidos e interrogó en secreto a detenidos de “alto valor” en instalaciones de detención situadas en sus respectivos territorios hasta finales de 2005.

Pero no todos los desafíos que hoy tenemos planteados en relación con los derechos humanos en Europa son nuevos.

“Es vergonzoso que los frutos de 20 años de crecimiento económico y mayor unidad política desde la caída del muro de Berlín no hayan sido compartidos en plano de igualdad por todas las personas. Sigue habiendo problemas de racismo y discriminación graves y profundamente arraigados en el corazón de la moderna Europa”, ha afirmado Nicola Duckworth.

Una de las ilustraciones más profundas de la discriminación sistémica en Europa es la que se produce contra las comunidades romaníes, que en gran medida continúan excluidas de la vida pública en todos los países.

Las personas romaníes de Europa oriental fueron en muchos casos las primeras en quedar excluidas del empleo cuando se privatizaron las empresas que eran de propiedad estatal. Los desalojos forzosos ilegales están empujando a esas personas a niveles aún más profundos de pobreza.

En algunos países, como Eslovaquia y la República Checa, los niños y niñas romaníes siguen asistiendo en una proporción excesiva a los centros escolares para alumnado con discapacidad mental, y siguen estado segregados en escuelas y clases exclusivas para romaníes que ofrecen una educación de calidad inferior a la normal. Las autoridades no han adoptado medidas efectivas e inequívocas para eliminar la segregación racial en la educación.

Y 20 años después de la caída del muro de Berlín, Amnistía Internacional sigue reconociendo como presos de conciencia a periodistas y activistas de los derechos humanos detenidos por tratar de ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión, asociación y religión en Azerbaiyán, Bielorrusia, Moldavia, Rusia, Uzbekistán y Turkmenistán.
“En el Berlín actual queda poco del muro físico que hace 20 años era un símbolo de la división y la represión. Pero sigue habiendo muros que hacen que unas personas sean más iguales que otras en lo relativo al disfrute del espectro completo de los derechos humanos”, ha afirmado Nicola Duckworth.

“Sin embargo, a pesar de las amenazas, la intimidación y la detención, defensores y defensoras de los derechos humanos de toda Europa, impulsados por la energía que derribó el muro de Berlín, siguen luchando por la visión de una región donde se respeten todos los derechos humanos para todas las personas.




Cumbre del Clima: El comercio de carbono, el próximo mercado especulativo
Los planes para ampliar los mercados de carbono en la Cumbre del Clima en diciembre podrían accionar una segunda debacle financiera como la que hemos vivido, lo que haría imposible proteger al mundo del calentamiento, advierte un nuevo informe de Amigos de la Tierra.

EcoPortal (7-11-09)

“Una obsesión peligrosa” se centra en la compra y venta de una nueva y artificiosa comodidad, el derecho a emitir dióxido de carbono. Los países industrializados quieren ampliar este nuevo negocio al mercado global, y están presionando para que se normalice durante las negociaciones en Copenhague.

El comercio de los créditos de carbono, según datos europeos, ascendió a 126.000 millones de dólares en 2008, y se espera que llegue a los 3,1 billones en 2020.

Sin embargo, la mayoría de las transacciones no se llevan a cabo por las industrias más contaminantes y las fábricas que basan su estrategia en el mercado de carbono, sino por los bancos y los accionistas que se benefician de la especulación en estos mercados, con productos financieros de carbono cada vez más complejos.

Esto pone en riesgo el desarrollo del carbono de baja calidad y provoca la pérdida de confianza en el mercado, con consecuencias catastróficas para la economía global, y para nuestros objetivos para acabar con el cambio climático.

El informe de Amigos de la Tierra señala que la obsesión de los Gobiernos de solucionar el calentamiento global mediante los mercados de carbono es arriesgada, irresponsable y peligrosa.

Los esquemas actuales del comercio de carbono no están cumpliendo con las reducciones de emisiones prometidas, y confiar en este mecanismo para reducir las emisiones globales significa un atentado contra la salud del planeta y el futuro de millones de personas.

El comercio del carbón también está siendo utilizado como cortina de humo por los países industrializados para evitar un compromiso legal y moral para proporcionar financiación y tecnología a los países del Sur para crecer de manera limpia y para poder adaptarse al cambio climático. Amigos de la Tierra invitan al Gobierno a utilizar herramientas simples, directas y ya probadas políticamente, como impuestos sobre el carbono y la reducción de emisiones de un 40% antes de 2020, sin que exista la posibilidad de compensación de carbono.



Los piratas son “Guardacostas Voluntarios de Somalia”
Los “piratas” somalíes son pescadores en lucha contra el saqueo occidental de la pesca de arrastre y la descarga de basura tóxica
Los barcos IUUs arrasan anualmente con un estimado de 450 millones de dólares en mariscos y peces de las aguas somalíes
La evidencia de descarga de basura tóxica en aguas somaliés emergió cuando el tsunami de 2004 azotó el país

Vista al Mar
Nodo50 (7-11-09)

En sus bien nutridos informes los periodistas Najad Abdullahi (Al Jazeera English), Johann Hari (Huffington Post) y Mohamed Abshir Waldo (WardheerNews), que Ernesto Carmona tradujo para Argenpress, puede leerse otra “versión” acerca de los aborrecibles piratas somalíes que la que suelen ofrecer con escenografía de dibujito animado los medios comerciales.

Según cuentan, la comunidad internacional condenó con fuerza y declaró la guerra a los piratas-pescadores somalíes, mientras protege discretamente las operaciones de sus flotas dedicadas a la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (IUU, por su sigla en inglés) procedentes de todo el mundo, que pescan furtivamente y, además, descargan basura tóxica en aguas somalíes desde que cayó el gobierno de ese país hace 18 años. Cuando colapsó el gobierno de Somalia, en 1991, los intereses extranjeros aprovecharon la oportunidad para comenzar a saquear las fuentes alimentarias del mar del país y a utilizar las aguas sin vigilancia como vertedero de basura nuclear y tóxica.

Según el Grupo de Trabajo de Alta Mar (HSTF, sigla en inglés), en 2005 más de 800 barcos pesqueros IUU operaban al mismo tiempo en aguas de Somalia, aprovechándose de la incapacidad del país de vigilar y controlar sus propias aguas y zonas de pesca. . Así roban una fuente inestimable de proteína a una de las naciones más pobres del mundo y arruinan el sustento de vida legítimo de los pescadores.

Los reclamos contra la descarga de basura tóxica, así como la pesca ilegal, han existido desde principios de los años 90, pero las pruebas físicas emergieron cuando el tsunami de 2004 azotó el país. El Programa del Ambiente de Naciones Unidas (UNEP, por su sigla en inglés) reportó que el tsunami reventó la herrumbre de los contenedores de basura tóxica que se vararon a orillas de Puntland, en el norte de Somalia.

Nick Nuttall, portavoz del UNEP, dijo a la cadena árabe Al Jazeera que cuando los envases fueron rotos y abiertos por la fuerza de las olas, los contenedores expusieron a la luz una “actividad espantosa” que se había estado llevando a cabo por más de una década. “Somalia está siendo utilizada como vertedero para desechos peligrosos desde comienzos de los años 90, y continuó desde con la guerra civil desatada en ese país”, dijo. “La basura es de muy diversas clases. Hay desechos radioactivos de uranio, la basura principal, y metales pesados como cadmio y mercurio. También hay basura industrial, desechos de hospital, basuras de sustancias químicas y lo que se desee nombrar”.

Nuttall también dijo que desde que los contenedores llegaron a las playas, centenares de residentes han caído enfermos, afectados por hemorragias abdominales y de boca, infecciones en la piel y otras dolencias. “Lo más alarmante aquí es que se está descargando basura nuclear. La basura radiactiva de uranio está matando potencialmente a los somalíes y está destruyendo totalmente el océano”, dijo.

Ahmedou Ould-Abdallah, enviado de la ONU para Somalia, dijo que en la práctica el petróleo contribuyó a la guerra civil de 18 años en Somalia, pues las compañías pagan para descargar su basura a los ministros del gobierno y/o a los líderes de la milicia. “No hay control gubernamental… y sí hay pocas personas con alta base moral…, están pagándole a gente encumbrada, pero a causa de la fragilidad del “gobierno federal transitorio”, algunas de estas corporaciones ahora ni siquiera consultan a las autoridades: simplemente descargan su basura y se van”.

En 1992 los países miembros de la Unión Europea y otras 168 naciones firmaron la Convención de Basilea, sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su almacenamiento. El convenio prohíbe el comercio de basura entre los países signatarios, así como también a los países que no hayan firmado el acuerdo, a menos que haya sido negociado un acuerdo bilateral. También prohíbe el envío de desechos peligrosos a zonas de guerra.

Asombrosamente, la ONU ha desatendido sus propios principios y ha ignorado súplicas somalíes e internacionales para detener la devastación continua de los recursos marinos somalíes y la descarga de basura tóxica. Las violaciones también han sido largamente ignoradas por las autoridades marítimas de la región. Éste es el contexto en el que aparecieron los hombres que estamos llamando “piratas”.

Hay acuerdo en que al principio los pescadores somalíes ordinarios fueron quienes usaron lanchas rápidas para intentar disuadir a los barcos descargadores y rastreadores, o por lo menos aplicarles un “impuesto”. Se llamaron a sí mismos “Guardacostas Voluntarios de Somalia”.

Uno de los líderes de los piratas, Sugule Ali, explicó que su motivo fue “poner alto a la pesca ilegal y a las descargas en nuestras aguas… No nos consideramos bandidos del mar. Consideramos que los bandidos del mar [son] quienes pescan ilegalmente y descargan basura, y portamos armas pero en nuestros mares”.

El periodista británico Johann Hari observó en el Huffington Post que, mientras nada de esto justifica la toma de rehenes, los “piratas” tienen, de manera aplastante, el apoyo de la población local que les da la razón. El sitio web independiente WardherNews, de Somalia, condujo la mejor investigación que tenemos sobre qué está pensando el somalí ordinario. Encontró que el 70% “apoya fuertemente la piratería como una forma de defensa nacional de las aguas territoriales del país”.

En vez de tomar medidas para proteger a la población y las aguas de Somalia contra las transgresiones internacionales, la respuesta de la ONU a esta situación ha sido aprobar resoluciones agresivas que dan derecho y animan a los transgresores a emprender la guerra contra los piratas somalíes.

Un coro de países que demanda endurecer la acción internacional condujo a una precipitación naval multinacional y unilateral por invadir y tomar el control de las aguas somalíes. El Consejo de Seguridad de la ONU (algunos de cuyos miembros pueden tener muchos motivos ocultos para proteger indirectamente a sus flotas pesqueras ilegales en aguas somalíes) aprobó las resoluciones 1816, en junio de 2008, y 1838, en octubre de 2008, que “invitan a los estados interesados en la seguridad de las actividades marítimas a participar activamente en la lucha contra la piratería en alta mar fuera de las costas de Somalia, particularmente desplegando buques de guerra y aviones militares…”

La OTAN y la Unión Europea han publicado órdenes al mismo efecto. Rusia, Japón, India, Malasia, Egipto y Yemen se han unido a la batalla, junto con un número cada vez mayor de países.

Durante años, las tentativas realizadas para controlar la piratería en los mares del mundo a través de resoluciones de la ONU no pudieron aprobarse, en gran parte porque las naciones miembro sentían que tales acuerdos afectarían a su soberanía y seguridad. Los países son poco proclives a ceder el control y patrullaje de sus propias aguas. Las resoluciones 1816 y 1838 de la ONU, a las que se opusieron algunas naciones de África Occidental, del Caribe y Sur América, por consiguiente fueron acordadas para aplicarse solamente a Somalia, un país que no tiene ninguna representación en las Naciones Unidas con fuerza como para exigir enmiendas destinadas a proteger su soberanía. Igualmente, fueron ignoradas las objeciones de la sociedad civil somalí al proyecto de resolución, que no hizo ninguna mención a la pesca ilegal ni a los peligros de la descarga de basura.

Hari preguntó: “¿Esperamos que los somalíes hambrientos permanezcan masivamente en sus playas, remando entre nuestra basura nuclear, y nos observen cómo les arrebatamos sus peces para comérnoslos en restaurantes de Londres, París y Roma? No hemos actuado contra esos crímenes. Pero cuando algunos pescadores respondieron interrumpiendo el tránsito por el corredor marítimo del 20% del suministro de petróleo del mundo, comenzamos a chillar sobre esta “maldad”. Si realmente queremos ocuparnos de la piratería, necesitamos extirpar la raíz que la causa -nuestros crímenes-, antes de enviar a las cañoneras a despejar la ruta de criminales somalíes”.

El informe verdaderamente no tiene desperdicio; tampoco sus conclusiones.

Por otro lado ya en abril de esta año el líder del autoproclamado estado somalí de Puntland, Abdirahman Mohamed Mohamud, conocido como Farole, acusó a la flota pesquera española de sumarse “al robo de nuestros recursos marítimos al pescar ilegalmente”. Farole aseguró que esta práctica ilegal ha sido “el origen de la piratería”.

“Somalia ha denunciado en muchas conferencias internacionales que hay que detener la pesca ilegal sin que se haga nada. Los pescadores somalíes han sufrido mucho a manos de estos navíos. Se armaron para atacarles”, indicó.

“Hay muchos barcos de propiedad española que están operando de forma ilegal en nuestras costas. No les hemos otorgado ninguna licencia”, añadió el dirigente del territorio somalí.

Farole incidió en el escaso resultado que está generando el amplio despliegue naval de las flotas militares extranjeras -en el que participa España- frente al elevado coste que supone tal operativo.

“¿Cuántos barcos tienen los españoles, ingleses y americanos y no pueden parar a los piratas? La solución se encuentra en tierra. Lo hemos repetido mil veces”, precisó el general Abdi Hassan Xajar, recientemente nombrado jefe máximo de la Fuerza Especial anti-piratería de Puntland. ”A todas esas naciones les hemos pedido que, en vez de gastar tanto dinero, gasten menos ayudándonos a luchar contra los piratas”, dijo Farole.

La opinión de la cúpula dirigente de Puntland coincide con la de la mayoría de los expertos y los mismos responsables militares desplazados a la zona. “No podemos escoltar todos los barcos”, admitió en abrilo el capitán español Juan Garat, jefe en aquellas fechas de la misión naval de la UE que lucha contra este flagelo.

Farole también insistió en que el pago de rescates una práctica común entre los propietarios de los buques capturados es el principal acicate que está fomentando la expansión de esta actividad. “Al principio eran sólo los pescadores, pero en cuanto han comenzado a recibir rescates se les ha unido todo tipo de gente, incluso algunos ex militares”, dijo.

Tras un periodo en el que se registró una significativa reducción en la acción de los piratas somalíes “relacionado en gran parte con la climatología en la zona”, éstos han vuelto a reactivar sus razzias desde hace semanas y casi no hay jornada en la que no protagonicen una intentona.

El dinero que están obteniendo estos grupos armados ha propiciado una espiral que ahora se ha extendido también a tierra, donde cualquier occidental se ha convertido en una cotizada pieza para los milicianos. Los responsables del rapto, tamién en abril de 2009, de un ciudadano belga y otro danés miembros de la ONG Médicos sin Frontera exigieron 1 millón de dólares por su liberación.

Analistas y somalíes inciden en que bajo este caos cualquier acción antipiratería internacional está dirigida al fracaso. “Si quieren pueden traer portaaviones y matar a cientos pero los piratas seguirán activos. La desesperanza es ingobernable”, declaró Abdulahi Daib, un activista de derechos humanos de Puntland.

La misma confusión legal en la que se mueven las flotas extranjeras ha propiciado que en repetidos casos los bandoleros capturados sean puestos en libertad. “Eso les está dando ánimos. La amenaza a su vida es muy pequeña y lo mismo la posibilidad de que les arresten y les envíen a una prisión de Kenia”, manifestó Peter Lehr, autor de ‘Violencia en el mar: Piratería en la edad del terrorismo global’.

En este sentido, el gobierno federal somalí instalado en Mogadiscio exigió que este delito sea castigado con la pena de muerte. “Convertirse en pirata es un crimen y el Islam dice que si eres un pirata debes ser ajusticiado porque estás matando a tu gente”, precisó el vice primer ministro somalí, Abdurrahman Haji Adam.

 

 
Impunidad ante la tortura policial... ¿hasta cuándo?
Once casos de maltrato policial en el año 2007 son los reflejados por el informe que Amnistía Internacional. La mayoría de ellos han sido sobreseídos. La ONG denuncia la impunidad policial y pide medidas e implicación al Gobierno.

Canal Solidario (6-11-09)

Torturas por parte de agentes, impunidad policial, casos archivados o sobreseídos. No estamos hablando de una película de gánsters. Estamos hablando de lo que sucede en nuestro país, según el informe ‘España: sal en la herida. Impunidad policial dos años después’, publicado por Amnistía Internacional. En él, la ONG expone la situación de once personas que denunciaron maltrato policial tras ser detenidas en el 2007. De estos casos, sólo dos han concluido con una declaración de culpabilidad para los agentes; otros dos aún siguen en investigación y el resto han sido todos sobreseídos.

Por ello, la organización reclama al Gobierno que instaure un organismo independiente que se dedique únicamente a investigar las denuncias por tortura policial que se dan en España, tenga la potestad de iniciar las pertinentes investigaciones por propia iniciativa, emita informes vinculantes y pueda llevar el caso ante la fiscalía. Asimismo, Amnistía Internacional recalcó que el Ministerio de Interior ha rechazado comentar el informe con los medios.

El director de la ONG, Esteban Beltrán, aprovechó los datos del informe para acusar al Gobierno de “falta de voluntad política” en la materia y de “no querer avanzar en la investigación de la tortura policial”. Aseguró, además, que “la investigación y la sanción por malos tratos siguen siendo un agujero negro por donde se cuela una impunidad casi absoluta”. Y recordó que, el próximo día 12 de noviembre, el caso español será examinado por el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura.

El informe supone un reflejo de los datos que tiene la fiscalía sobre los casos denunciados de maltrato y abuso por parte de agentes durante el año 2007. Estas cifras han sido recogidas y difundidas por la organización. El 66% de los casos de presuntas torturas policiales fueron sobreseídos o cerrados sin llegar a la celebración de un juicio. De un total de 75 casos, sólo cuatro concluyeron con una declaración de culpabilidad y siete con una absolución.

Cataluña, por delante

Beltrán quiso destacar también la creación por parte del Gobierno catalán del Comité de Ética de la Policía de Cataluña, que, aunque no puede iniciar sus propias investigaciones ni remitir pruebas a la fiscalía, funciona independientemente de la policía local catalana. “La actuación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se va a quedar aún más atrás que la de las fuerzas policiales autonómicas”, sentenció.



Activistas bloquean la salida de la cumbre del clima de Barcelona

Ecologistas en Acción (6-11-09)

Activistas bloquean el pasado día 4 la cumbre del clima de Barcelona porque consideran que sin reducciones urgentes, obligatorias, domésticas y de hasta un 40% en 2020 para los países industrializados, no hay salida a la crisis climática.

A las 10 de la mañana, 70 activistas de la campaña "El Clima no está en Venta", en la que participa Ecologistas en Acción han bloqueado 10 puertas de salida del recinto ferial donde se está celebrando la conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, denunciado así que "si los países del norte industrializado no asumen una reducción drástica, obligatoria y hecha en el propio territorio de las emisiones de CO2, no hay salida a la crisis climática ".

Los activistas han colgado pancartas contra el mercadeo de emisiones y han gritado consignas recordando a los delegados internacionales que "market is the problem, not the solution".

Bloqueando las puertas con sus propios cuerpos, han cantado lemas como "aquí estamos, aquí nos quedamos, si no hay reducciones, no nos levantamos" y han denunciando la influencia de los lobbys empresariales en las negociaciones.

La tensión inicial con el servicio de seguridad de las Naciones Unidas no ha ido a más y los activistas han podido hablar con algunos delegados, entre ellos una representante de la delegación española, a quienes se les ha transmitido la frustración por el doble discurso de las administraciones catalana, española y europea, que al mismo tiempo que se declaran preocupadas por el cambio climático siguen planificando un crecimiento indefinido del consumo energético y las infraestructuras.

A continuación se reproduce el comunicado de la acción:

En Barcelona se está cocinando el acuerdo histórico de Copenhague que ha de impedir que el cambio climático cruce el catastrófico punto de no retorno.

El vigente protocolo de Kioto no ha sido capaz de alcanzar sus modestos objetivos de reducción de emisiones de CO2. Entre los años 2000 y 2005, las emisiones han aumentado un 3.2% anual, cuatro veces más rápido que en la década anterior.

La necesidad urgente de una reducción ambiciosa de las emisiones de CO2 ha sido consensuada por la comunidad científica, pero choca de pleno con intereses e inercias estructurales. La gravedad de la situación es de dominio público. Sin embargo, los elementos fundamentales se han sustraído del debate público y se nos distrae reduciendo el problema al cambio de bombillas de casa.

Ciudadanos anónimos de procedencia local, estatal e internacional hemos venido aquí porque sin una reducción drástica, doméstica y obligatoria de las emisiones de CO2 no hay salida a la crisis climática. Porque los delegados no deberían salir de la conferencia hasta consensuar un buen acuerdo. Y un buen acuerdo no puede basarse en ficciones tecnológicas y mercadeo de emisiones.

- Hemos venido aquí para exigir que de la Cumbre de Copenhague salga un compromiso firme por una reducción drástica e inmediata de las emisiones de gases invernadero, así como un programa creíble que el uso de energías fósiles se haya abandonado plenamente a mediados de siglo y la deforestación se haya detenido mucho antes.
- Hemos venido aquí para dar a conocer que una de las razones principales del fracaso de Kioto es que permite “deslocalizar” los objetivos nacionales de reducción. Esta reducción ficticia se puede hacer tanto a través del comercio de emisiones como a través de la actividad industrial deslocalizada a países donde es más barato producir, como en China.
- Hemos venido aquí para dar a conocer que el comercio de emisiones permite obtener créditos de CO2 a cambio de implementar tecnologías “limpias” a los países pobres. Denunciamos estos Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) para subsidios a los criminales climáticos de las grandes corporaciones regalándoles créditos de CO2, porque retrasado peligrosamente los cambios que hay que hacer aquí para transformar nuestro modelo de producción, y porque son ineficientes (según la propia UE, en más de un 40% de los casos no existe ninguna reducción de emisiones).
- Hemos venido aquí para exigir al gobierno español que cambie las directrices de la política energética y detenga el mantenimiento y la intensificación del consumo de combustibles fósiles mediante la subvención del carbón español. El gobierno español maquilla con retórica ambientalista lo que realmente es una política energética altamente contaminante.
- Hemos venido aquí para exigir al Gobierno catalán que asuma una reducción real de las emisiones de gases invernadero, que deje de lado los planes estratégicos basados en el uso intensivo de combustibles fósiles, reformulando radicalmente el Plan General de Infraestructuras y el Plan de la Energía.
- Hemos venido aquí para exigir un apoyo real a las energías renovables descentralizadas y en manos de la sociedad, no de los grandes criminales climáticos corporativos. Como también para reivindicar la extensión por todo el territorio de Planes Locales por el Descenso de la Energía.
- Hemos venido aquí para que se incluya la industria aeronáutica dentro del acuerdo de Copenhague, poniendo fecha de caducidad a los vuelos domésticos y estableciendo reducciones obligatorias de emisiones.
- Hemos venido aquí porque los grupos de presión empresariales también están. Barcelona, zona libre de lobbies!
- Hemos venido aquí para denunciar la fe tecnológica que hoy toma la forma de la captura de CO2 o la energía nuclear y recordar que, valoradas en conjunto, estas tecnologías resultan peligrosas y contraproducentes, y no pueden evitar lo impostergable: un cambio profundo del modelo económico.

Si algún mercado hay que promover para salvar el clima, son los mercados agroecológicos, no los mercados de emisiones. Queremos un acuerdo JUSTO, VINCULANTE Y AMBICIOSO que asuma el gran tabú: que el crecimiento económico es inseparable del crecimiento de las emisiones, y actúe en consecuencia.

Si el clima fuese un banco ya lo habrían salvado… y el tiempo se acaba…




Venezuela: Mujeres Yukpas, la ancestral lucha por la tierra
En la Sierra de Perijá, el pueblo indígena Yukpa pelea desde hace años por el reconocimiento legal y la demarcación de su territorio, ubicado en el Estado Zulia, en el noroeste de Venezuela.

Aline Castellanos
AmecoPress (6-11-09)

Son antiguos habitantes de tierras que ahora es zona de explotación carbonífera y de ganadería intensiva. Sobrevivientes ancestrales a la colonización, la explotación de sus recursos, a la ambición y la ira; mujeres y hombres Yukpas siguen enterrando a su gente, siguen pagando con la vida la exigencia de una vida mejor.

A manos de terratenientes, ganaderos, militares y paramilitares, las comunidades Yukpas han sufrido una persecución que ha dejado muertos, incontables heridos y la criminalización de su lucha.

Los más recientes fueron en la comunidad de Chaktapa luego de la conmemoración del día de la resistencia indígena, el pasado 12 de octubre. El yerno de uno de los principales líderes Yukpas y una adolescente embarazada fueron asesinados a balazos. Y aunque el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, anunció la detención de los responsables y negó su relación con la lucha Yukpa, las víctimas eran familiares de uno de los líderes perseguidos, Sabino Romero.

El año pasado, su padre, el cacique José Manuel Romero, fue muerto a palos, presumiblemente a manos de ganaderos locales.

Las agresiones han dejado incontables lesionados, como el propio cacique Sabino Romero, herido de bala el pasado 14 de octubre; violaciones contra mujeres y un número no determinado de mujeres y hombres desplazados.

La contaminación producto de la explotación minera, por otro lado, está impactando en la salud de los habitantes. Las mujeres, por ejemplo, han denunciado afectaciones en sus procesos y órganos reproductivos.

La situación de las personas indígenas Yukpas ha sido documentada por diversos organismos de derechos humanos, académicos e institucionales, en los que hay una coincidencia fundamental: se está cometiendo una grave violación de los derechos del pueblo Yukpa con motivo de su lucha por la tierra.

La participación protagónica de los habitantes de las comunidades Yukpas, señalan los informes, debe ser el primer paso gubernamental para saldar la deuda histórica e iniciar un proceso de justicia social.

El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), adscrito al Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL) de la Universidad de los Andes (ULA); el Observatorio de los derechos humanos de los pueblos indígenas "José Manuel Romero"; la organización civil Homo et Natura y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, han emitido informes y documentos para denunciar y proponer alternativas que den respuesta a la demanda indígena.

El presidente Hugo Chávez, por su parte, ha señalado públicamente su opción preferencial por los pueblos indígenas y el pasado 12 de octubre hizo entrega de títulos a las comunidades Shirapta, Aroy y Tinacoa, acción que fue cuestionada por el GTAI, al señalar que fue "en detrimento de la mayoría de las comunidades Yukpa (y violatoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [CRBV] en su artículo 119".)

En tanto, una propuesta concreta del pueblo Yukpa es que el gobierno nacional compre las haciendas que se encuentran dentro del territorio reclamado, para que pasen nuevamente a sus dueños originales y cese la persecución de ganaderos y hacendados a las comunidades.

Sin embargo, la demanda Yukpa sobre el reconocimiento de su territorio y el respeto a su cultura y formas de organización, ha tenido una respuesta institucional ampliamente cuestionada.

La instalación de Centros Piloto, instancias administrativas del gobierno central, "obvian a las instituciones tradicionales Yukpas"; el inicio de la construcción de una base militar en la cuenca del Tokuko carece del consentimiento de la población; la construcción de viviendas transgrede las formas de convivencia, la organización y materiales de construcción tradicionales, además de que son otorgadas sólo a 10 familias por comunidad.

El propio proceso de demarcación territorial, a manos de la Comisión Regional de Demarcación, adolece, de acuerdo con los informes de las instancias citadas, de falta de consulta y participación protagónica de los propios Yukpas; de traducción a su idioma -con lo que quedan fuera del proceso quienes no hablan castellano, sobre todo las y los ancianos-; de exclusión, y de obviar las formas de organización y a las instituciones indígenas.

En su Informe de actividades de abril-agosto 2009, el Observatorio de los derechos humanos de los pueblos indígenas "José Manuel Romero" señaló el peligro de que las instituciones gubernamentales busquen "garantizar la adopción forzosa de las políticas indigenistas" y denunció que "se ha criminalizado y culpabilizado la resistencia yukpa a estas intenciones".

Por su parte, el GTAI señaló su preocupación por "la peligrosa deriva de un etnocidio silencioso contra los pueblos y comunidades indígenas del país en tiempos de revolución" Y propuso la integración de una "agenda indígena nacional, que se complemente con las experiencias de titulación de tierras indígenas en los otros países miembros de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA)".

Las voces que se han alzado desde la sociedad civil para reclamar justicia y fin de la impunidad para el pueblo Yukpa son muchas.

En un comunicado, Mujer Quilombo, una organización femenina, demandó al Ministerio de la Mujer designara personal para visitar las comunidades Yukpas y hacer un levantamiento que documente y ponga cifras a las implicaciones del conflicto específicamente a las integrantes de esa etnia: prestar asesoría a las víctimas de violencia y violaciones sexuales y ser portavoz de las indígenas ante las instancias competentes, para garantizar sus derechos.

El Observatorio de Derechos Indígenas, en el estudio citado, propuso un acompañamiento estatal al proceso de demarcación que deberían realizar los propios Yukpas: "Si el Estado apoya técnica, logística, financiera, sobre todo políticamente, la demarcación que realicen por (sic) los propios Yukpas, de su territorio ancestral, probablemente (el proceso) no trascienda de los seis meses", señala.

Mientras tanto, mujeres y hombres Yukpas continúan su lucha por la tierra y esperan por la justicia que, si llega, Mireya Romero -la adolescente embarazada, Ebert García y el anciano José Manuel Romero ya no verán.

 

 
Amnistía Internacional, denuncia la impunidad de las policías españolas en casos de torturas

La Haine (5-11-09)

A.I. ha vuelto a denunciar la impunidad de la que gozan los agentes de las fuerzas policiales de todo el estado español en los casos de tortura

El director de Amnistía Internacional (AI) en el Estado español, Esteban Beltrán, ha presentado el informe "España: sal en la herida: Impunidad policial dos años después", que actualiza el estado de las denuncias contra agentes de las fuerzas de seguridad de todo el Estado de las que informó en otro informe publicado dos años antes y analiza los cambios habidos en el Estado español con respecto a la prevención en investigación de la tortura y malos tratos.

"La investigación y sanción de la tortura policial sigue siendo un agujero negro que cae en la impunidad", ha afirmado Beltrán, quien ha añadido que "esta impunidad de facto se basa en deficiencias estructurales", que ha resumido en cuatro factores: "La falta de voluntad política de perseguir a los torturadores", que los mismos cuerpos policiales que cometen el delito son los que luego "investigan" los casos de tortura y malos tratos; la falta de colaboración de las FSE para identificar a los agentes y las frecuentes "contradenuncias".

Frente a esa situación, la organización internacional recomienda crear un mecanismo independiente que tenga facultad para investigar las denuncias contra los miembros de las FSE y que se suspenda siempre del servicio a los agentes acusados de malos tratos mientras duren los procedimientos contra ellos.

Además, aconseja que se adopten medidas concretas para introducir la grabación en audio y vídeo con cámaras de circuito cerrado de televisión en todas las zonas de custodia y en otros lugares de las comisarías en las que pueda haber personas detenidas, incluidas las que se encuentran en régimen de incomunicación; y que se publiquen memorias anuales completas de las unidades de asuntos internos de la Policía española y la Guardia Civil a fin de que la opinión pública pueda estar plenamente informada de todas las denuncias presentadas contra agentes policiales y de las medidas adoptadas en respuesta a esas denuncias.

Para prevenir tal lacra, según Beltrán, se incidiría en la parte más problemática, las carencias de la investigación, ya que, a su entender, una "investigación rigurosa, imparcial y efectiva de todas las denuncias de tortura es fundamental. La prevención es siempre el mejor remedio". En ese punto, AI aprecia "claros avances" en la Ertzaintza y los Mossos D’Esquadra, como "que los agentes lleven visible su número de identificación o que haya cámaras de seguridad en las comisarías", aunque lamenta que esos "avances no se han visto reflejados en el ámbito nacional".

"En España no hay una política sistemática de tortura y malos tratos, pero va más allá de un problema aislado", ha insistido.




Brasil: MST denuncia persecución política en la OIT y la ONU
El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) continúa aún siendo blanco de persecuciones de latifundistas, agentes políticos ruralistas y sectores de los medios de comunicación. Esto fue lo que denunció el pasado lunes, 2 de Noviembre, el integrante de la coordinación nacional del Movimiento, João Paulo Rodrigues, en una audiencia en Ginebra, Suiza.

Daniel Barrantes
ADITAL (5-11-09)

En la ocasión, João Paulo entregó el texto de denuncia al Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavia, y al representante de Brasil ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), María Nazareth Farani Azevêdo. La idea es presentar a los organismos internacionales el proceso de criminalización que vienen sufriendo los movimientos sociales brasileros por parte de sectores del Poder Judicial, del Congreso Nacional y de una parte de los medios.

Según el texto presentado por el Movimiento, el proceso de deslegitimación aumentó todavía más después de diciembre de 2003. Durantes estos seis años, según la denuncia, el MST fue blanco de tres investigaciones de la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación, destinada a averiguar las acciones del MST y de organizaciones y personas que los apoyan.

Octubre de este año es la fecha más reciente en que se movilizaron "para presionar al MST, a las actividades de apoyo a este movimiento y al mismo gobierno del Presidente Lula, acusando al MST de apropiarse de recursos públicos, a través de entidades que establecen convenios con el gobierno." De acuerdo con los denunciantes, tal persecución no es azarosa. En agosto de 2009, el presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, se comprometió a firmar el decreto de actualización de los índices de productividad, desactualizados desde 1980.

"Pretende la bancada del latifundio, de esta manera, alcanzar el triple objetivo de asociar al MST con la imagen de un movimiento de corruptos; establecer una fisura en el apoyo que la sociedad brasilera y muchos compañeros nacionales e internacionales brindan a las aspiraciones campesinas, y, finalmente, hacer que el gobierno retroceda en su intento de promover la actualización de los índices de productividad de las propiedades rurales", denuncia.

El texto "La actualidad de la violencia contra los trabajadores sin tierra en Brasil" resalta también que los conflictos entre familias campesinas y propietarios de tierras no es una realidad de los últimos tiempos. En realidad, los hechos ya existían antes incluso del surgimiento del Movimiento organizado, que sólo produjo la visibilidad del problema.

"El surgimiento del nuevo movimiento campesino dio visibilidad a los conflictos: no se podían esconder las ocupaciones masivas, ni era posible agredirlas tan fácilmente. Esta mayor visibilidad, que contrastaba con el silencio sepulcral -digamos- anterior, permitió muchas veces que se atribuyera a la presencia del MST en una determinada región, el surgimiento de los conflictos por la tierra, cuando en realidad, sólo era responsable del retiro del velo que los encubría", explica.

Según la denuncia, a lo largo de los años, el proceso de represión al Movimiento aumentó, incrementándose la violencia y utilizando, también, organismos estatales, como la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para deslegitimar al MST y establecer "un rechazo social en su contra, presentándolo no sólo como violento, sino fundamentalmente como agente de corrupción".



Sudáfrica: lucha de clases en el hospital
Sin la atención mediática que reciben los intentos de Obama de establecer una salud pública en EE UU, en Sudáfrica se vive un debate similar de intereses enfrentados.

Guillem Sànchez
Diagonal (5-11-09)

La portada del periódico sensacionalista Sowetan abre con una imagen del presidente sudafricano, Jacob Zuma, vestido de Tío Sam. “¿Quién pagará el nuevo Seguro Nacional de Salud?”, pregunta inquisitivamente el rotativo sudafricano.

El dedo amenazante de Zuma responde con claridad. Hoy en día en Sudáfrica aún es habitual que mueran bebés de diarrea porque sus madres no llegaron a tiempo a un puesto de salud y que la tuberculosis siga cobrándose miles de víctimas al año. Esto podría parecer algo normal en una nación africana, pero en un país con el 8% del PIB en gasto sanitario –una cifra similar a la española– es normal que surjan preguntas. De hecho, su servicio de salud es uno de los más desiguales del mundo, con una sanidad privada puntera (aquí se realizó el primer trasplante de corazón del mundo), junto a una pública que resulta totalmente insuficiente. Las cifras hablan por sí solas. Mientras el sistema público tiene un presupuesto de 56.000 millones de rands (5.600 millones de euros) para atender a más de 45 millones de personas, las corporaciones sanitarias recaudan cerca de 70.000 millones para encargarse de siete millones de pacientes. El nuevo Seguro Nacional de Salud (NHI, por sus siglas en inglés) que pretende implementar el nuevo Gobierno del Congreso Nacional Africano, elegido el pasado abril, se parece bastante a la seguridad social española. Una cobertura universal y pública bajo pagador único que garantice el derecho al tratamiento médico adecuado establecido en la constitución. O en palabras del ministro de Sanidad, Aaron Motsoaledi, “utilizar la salud para reducir desigualdades”.

La oposición a este ‘socialismo sanitario’ no se ha hecho esperar. Como en EE UU, su origen son los seguros médicos, potentes compañías con ingentes beneficios provenientes, no sólo de la casi obligación de contratar sus servicios ante el mal funcionamiento del sistema público, sino también de las deducciones fiscales de las que disfrutan. La base social de la campaña es, sobre todo, una clase media blanca que, si bien tiene dificultades para pagar el seguro médico, no quiere ni oír hablar de compartir cama con la mayoría pobre y además negra.

Como la segregación racial no es políticamente correcta en la nueva Sudáfrica, se utiliza un argumento especialmente demagógico: el de los pagadores de impuestos. Según esta teoría, aunque en el país hay unos 50 millones de habitantes, sólo siete de estos pagan impuestos directos y por tanto son los únicos con derecho a recibir prestaciones públicas. El resto, la gran mayoría, son tratados como una especie de parásitos que se aprovechan de los recursos ajenos. Sin embargo, Diane McIntyre, profesora de Economía de la Salud en la Universidad de Ciudad del Cabo, se revuelve contra este postulado: “Todos los sudafricanos pagan impuestos cada vez que llenan el depósito o se compran una camisa. Y proporcionalmente los pobres pagan muchos más que los ricos”. Pocas veces como ahora la brecha social y racial que aún divide Sudáfrica 15 años después del fin del apartheid ha quedado tan expuesta.

El bloque del sector privado

Desde las corporaciones se argumenta que no se tiene nada en contra del NHI, salvo que éste se quiera construir “desmontando el sector privado”, según el portavoz de Discovery, Adrian Gore, una de las empresas líderes en la materia. El profesor de Economía y asesor del proyecto gubernamental del NHI, Patrick Bond, replica que este argumento no es cierto: “El NHI acepta y reconoce la existencia de un sector privado fuerte. Pero estas empresas no quieren ver reducida su tasa de beneficio”. Bond también sale al paso de las acusaciones de ineficacia: “El sector privado, con ocho veces más recursos por paciente, es mucho menos eficiente que el público”. Para corroborar sus palabras un solo dato: más de mil millones de rands (unos cien millones de euros) del sector privado se invierten en pagar a los comerciales que captan clientes.

“No es posible tener una sanidad como la canadiense en Sudáfrica, sin tener su economía”, opina el doctor Chris Archer, y añade: “Para mejorar la salud primero hay que hacer crecer la economía”. Acérrimo defensor del modelo actual, blande la amenaza más habitual entre la minoría blanca sudafricana: “Si se les obliga a trabajar en los hospitales públicos, los médicos se marcharán al extranjero”. Pero, ¿para qué sirve tener médicos si tampoco van a atender a quien más lo necesita? Otro doctor, Trevor Fisher, director del hospital George Mukhari, responde irónicamente: “Los ricos sí que pueden ir a tratarse al extranjero”.

La fuerte campaña mediática contra el NHI no parece haber dado sus frutos. Las encuestas dan hasta un 76% de apoyo al proyecto, lo que no es raro si se tiene en cuenta que ésta fue una de las promesas de Zuma en las últimas elecciones, en las que logró casi dos tercios de los votos. De momento sindicatos y movimientos sociales se encuentran a la expectativa de que empiecen los debates parlamentarios. Jim Irvin, secretario general del sindicato de Metalúrgicos, es claro en este aspecto: “El NHI es una de las razones por las que los trabajadores votamos por Zuma y no vamos a dejar que caiga en saco roto.

 

 
52.373 personas en paro en Jaén: ¿cuántos más?
Ningún sector productivo demanda mano de obra en la provincia de Jaén, que seguirá destruyendo trabajo hasta alcanzar una tasa de desempleo de más del 28%

JORGE PASTOR
Ideal Digital (4-11-09)

Cuando algo excepcional se repite con cierta frecuencia pasa a ser algo normal. Esto es lo que está sucediendo con el desempleo, que sube casi un 4 por ciento y hay quien dice que la cosa va a mejor porque en octubre de 2008 el incremento fue de más del 7 por ciento. La cuestión es que estamos asistiendo a una destrucción de trabajo masiva y que en estos momento Jaén contabiliza la friolera de 52.373 personas inscritas en las oficinas del Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE) -antiguo Inem-. Resulta complicado afirmar a ciencia cierta si estamos en cifras récord, pero lo que sí es seguro es que desde
1993, desde la anterior crisis, no se observaba una coyuntura tan negativa.

Tanto es así que el propio sindicato UGT ya habla abiertamente de un estado de «emergencia social» en la provincia. Y es que en el último año 8.517 jienenses se han quedado sin oficio ni beneficio, un alza alarmante por el número en sí y porque muchos de ellos tardarán mucho tiempo en volver a colocarse. De hecho, se estima que uno de cada tres parados de Jaén lleva más de doce meses en el SPEE.

Ahora la pregunta ¿cuánto va a durar este martirio? Ayer mismo la Comisión Europea hizo públicas sus previsiones económicas a medio plazo. Según el comisario Joaquín Almunia, España no saldrá de la recesión hasta dentro de dos años y, lo más preocupante, lo hará con un paro -oigan bien- del 20,5 por ciento. Es decir, que si de aquí a finales de 2011 se mantiene el diferencial de ocho puntos que separa hoy día la tasa nacional (17,93 por ciento) de la de Jaén (25,92 por ciento), nos iríamos a un porcentaje superior al 28 por ciento. Entonces sí que hablaríamos ya de magnitudes sin precedentes si tomamos como referencia la Encuesta de Población Activa (EPA), el único sistema válido dentro de la Unión Europea y que permite realizar comparaciones entre los diferentes estados socios. Esas proyecciones apuntan, precisamente, a que ese 20,5 por ciento de España en 2011 nos colocará como el país de la UE con más gente excluida del mercado laboral, duplicando incluso la media comunitaria. Así que... imagínense cuál puede ser la situación de Jaén.

'Lo que es'

En cualquier caso, todos estos futuribles forman parte de 'lo que puede ser'. Hablemos de 'lo que es'. O sea, de los 52.273 ciudadanos apuntados en el SPEE y que no les queda otra que esperar y esperar hasta recibir esa ansiada llamada que nunca llega. Buena parte de las empresas está reduciendo plantilla. Ningún sector productivo demanda mano de obra; al contrario, todos despiden o no renuevan a sus empleados. La mayor escabechina se está produciendo en los servicios. El 39 por ciento de los 1.948 nuevos demandantes figura en este epígrafe del SPEE.

Y es que el desplome generalizado de los niveles de consumo, agravado por la falta de confianza, está haciendo un daño enorme en el comercio y en la hostelería. La agricultura tampoco levanta cabeza. El agro se cobra el 33 por ciento de los nuevos desempleados. Detrás de este aumento subyace el fin de la vendimia y la falta de rentabilidad de la mayoría de las explotaciones debido a los bajos precios de liquidación de la cosecha, tan sólo 1,87 euros cuando el umbral de rentabilidad fluctúa entre los 2,30 y los 2,40 euros. Los oleicultores han optado claramente por disminuir costes de personal hasta que empiece la aceituna (el comienzo de la cosecha se adelantará este ejercicio a mediados de noviembre) y haya que 'tirar' forzosamente de temporeros. Se estima que esta campaña se ofertarán 6.770.000 jornales de recolección y 221.400 de molturación para una producción de 530.000 toneladas de aceite de oliva.
La construcción también se desinfla. Una vez finalizado el grueso de los proyectos del Plan E (118 millones de euros) y el Proteja (24 millones de euros), son muchos los albañiles que han 'pasado a la reserva'. El 9 por ciento de las 1.948 altas computadas el mes pasado formaban parte del gremio del 'ladrillo'. Y en la industria, más de lo mismo. El bajo número de pedidos mantiene buena parte de las fábricas de Jaén completamente paralizadas. Una buena prueba de ello es el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la multinacional Valeo para su factoría de Martos, cuyos operarios se quedarán en casa durante cuatro días en diciembre.

Precariedad

Esta atonía tiene su reflejo, como es lógico, en el escaso volumen de contrataciones. Tan sólo 22.126 en octubre, un 10,65 por ciento menos que en septiembre. ¿Cuál es el problema? Con independencia de que se trata de unos resultados paupérrimos, es inquietante que únicamente el 4 por ciento de estas vinculaciones no tuviera fecha de caducidad. Huelga recordar que temporalidad es sinónimo de precariedad.




Más de siete millones de niños estadounidenses no tiene cobertura médica
En los últimos 20 años han muerto más de 17 mil por falta de seguro médico según revela un informe del Centro Infantil Johns Hopkins.

Guillermo Nova
La República (4-11-09)

Según un estudio del Centro Infantil Johns Hopkins, publicado en el Journal of Public Health, más de 17 mil niños estadounidenses murieron en los últimos 20 años debido a la falta de un seguro médico.

El estudio es el más amplio que se ha hecho, recopilando más de 23 millones de fichas médicas de 37 estados, durante los años 1988 y 2005, comparando los niños que tenían cobertura médica y los que no.

El estudio demostró que los menores sin seguro tienen más probabilidades de morir que los que sí están asegurados, pero también alerta de que en Estados Unidos hay todavía más de 7 millones de niños sin cobertura médica.

El director del estudio y cirujano pediátrico en el Centro Infantial Johns Hopkins, Fizan Abdullah, explicó que los pequeños sin seguro tienen un 60 por ciento más de posibilidades de fallecer en un hospital.



OMS: Unos 24 millones de niños en el mundo no acceden a las vacunas
El organismo internacional destaca los avances logrados en el mundo, pero llama la atención porque aún hay niños excluidos en países pobres y solicita a los gobiernos aumentar el acceso.

Alianza por tus Derechos
Gloobal (4-11-09)

A pesar de que en la actualidad se inmuniza a más niños y niñas que nunca contra las enfermedades mortíferas más comunes, por lo menos 24 millones de lactantes continúan desprotegidos debido a la falta de acceso a vacunas y a la carencia de suficientes fondos.

Un informe dado a conocer por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que no se vacuna a uno de cada cuatro niños y niñas en las campañas ordinarias de inmunización contra las enfermedades infantiles prevenibles, como el sarampión, el tétanos y la difteria.

El informe titulado “Estado mundial de las vacunas” y la inmunización demuestra también —según Unicef— que la reciente reducción de las tasas de mortalidad infantil es resultado directo del aumento de las tareas de inmunización.

“En el plano mundial, la mortalidad debida al sarampión descendió el 74 por ciento entre 2000 y 2007, y la vacunación fue un factor importante de esa reducción”, afirmó Ann M. Veneman, directora ejecutiva de Unicef.

“Esos avances deben servir de ejemplo para que en todo el mundo se redoblen los esfuerzos por inmunizar a los niños y niñas contra las enfermedades que amenazan sus vidas”.

El médico Mickey Chopra, jefe de Salud de Unicef, afirmó que esas vacunas son “maravillosas”, pero advierte de que debido a la falta de fondos no es posible incorporar las nuevas vacunas en los programas nacionales de inmunización de los países que más las necesitan.

El informe hace hincapié en el importante papel desempeñado por la vacunación con respecto a la prevención de una amplia gama de enfermedades contagiosas.

En los últimos 30 años, la inmunización contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis, el sarampión y la tuberculosis se ha convertido en una práctica de salud habitual, y se estima que gracias a la vacunación se salvan anualmente unos 2,5 millones de jóvenes vidas.

En Bolivia existen avances significativos en el alcance de las vacunas fundamentales desde la creación, en 1979, del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). En la actualidad se ha eliminado la circulación del virus salvaje de la poliomielitis y se está a punto de erradicar el virus del sarampión. Desde hace más de una década no se informa de ningún caso de poliomielitis en el país, y desde 2003 no se ha informado casos de sarampión. Desde hace algunos años se ha efectuado una masiva campaña en contra de la fiebre amarilla con un 95 por ciento de cobertura. También se comenzó con la eliminación del síndrome de la rubéola congénita.

Para lograr nuevos avances en el mundo —señala Unicef—, es necesario aumentar el grado de acceso a toda la población y lograr un mayor control de la cadena de frío para almacenar y transportar las dosis. Hasta en los países con altos niveles de cobertura existen niños y niñas que han quedado excluidos.

En Bolivia se ha erradicado la poliomielitis y se está a punto de hacer lo mismo con el sarampión.

 

 
El 70% de la delincuencia es perpetrada por españoles según el INE
La mayoría de los delitos cometidos en españa son perpetrados por la población nativa

Tercera Información (2-11-09)

Ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el estudio que analiza los inscritos en el Registro de Condenados durante 2.008. Los datos proporcionados desmienten el tópico que une a los extranjeros con la delincuencia, ya que de cada 100 veces que se quebranta la ley en España, 70 lo hacen españoles mayores de edad, siendo 80 de cada 100 en los menores de edad.

Aunque el 30% de los ciudadanos que residen en España son extranjeros, poco más de la mitad de ese porcentaje lo representan inmigrantes latinoamericanos y africanos, identificados como motivo del incremento de la delincuencia por una gran parte de la sociedad española, que sufre de un aumento de racismo, institucionalizado por el gobierno en las sucesivas reformas y leyes de extranjería pactadas con la derecha española.

Del total de delitos cometidos poco más del 15% son llevados a cabo por ciudadanos de origen latinoamericano y africanos juntos.

Entre los delitos que más cometen los españoles se encuentran los delitos contra la libertad (detenciones ilegales y secuestro, amenazas y coacciones) que son llevados a cabo en un 77% de las ocasiones por los españoles, seguidos de los europeos con un 8,4%; los delitos contra la libertad sexual (prostitución y corrupción de menores, abusos y agresiones sexuales entre otros) son cometidos en un 74% de los casos por españoles; los robos y los hurtos también son cometidos por los españoles en mñas de un 70% de las veces, seguidos de los europeos (12%).

Además los españoles cometen el 100% de los delitos de prevaricación y corrupción, el 90% de los casos los delitos con riesgos catastróficos y las defraudaciones en un 80% de las ocasiones.

Los delitos que más cometen los inmigrantes señalados por diversos secotres sociales como excusa para justificar el incremento de la delincuencia son los delitos contra la seguridad colectiva (incendios y contra la seguridad vial entre otros), los hurtos y robos y las lesiones todos ellos en un 20% de los casos.

Además el estudio resalta que los actos delictivos han aumentado en más del 21% con respecto al 2.007, estableciendo que del total de los condenados sólo el 8,7% son mujeres con una edad media en torno a los 33 años frente al 91,3% de hombres que en su mayoría poseen una edad entre los 30 y los 35 años.




Convocatoria de protesta contra la OMC
A final de este año se reunirá en Ginebra la séptima sección de la conferencia ministerial de la OMC. [...] Hacemos un llamamiento a participar masivamente en la manifestación del 28 de noviembre en Ginebra. Habrá un centro de convergencia del 27 de noviembre al 2 de diciembre.

Action Autonome (2-11-09)

A final de este año se reunirá en Ginebra la séptima sección de la conferencia ministerial de la OMC. Diez años después de Seattle que vio nacer el movimiento antiglobalización, este evento será, para los poderosos, la ocasión de reiniciar las negociaciones del ciclo de Doha e intentar reparar un capitalismo debilitado por el terremoto financiero de octubre 2008. El objetivo es siempre el mismo: favorecer el libre mercado, incrementar la circulación de las mercancías con todas sus consecuencias, deslocalización, exclusión de las personas y colectividades poco rentables, enriquecimiento de los ricos, contaminación, destrucción masiva de la materias primas no renovables y del medio ambiente.

Durante este encuentro convergerá hacia Ginebra la militancia habitual, para realizar el recorrido de lamentaciones tradicional. El folclore contestatario intentará reunirse y pronunciará sus tradicionales quejas. Después de 10 años de altermundismo, el panorama es desolador, en cuatro palabras : la parálisis es total.

Sin embargo, estos últimos 10 años han visto aparecer un sinfín de razones de rebelarse; mas a la desolación militante, le acompaña una pobreza intelectual. Miremos las cosas: el “alternativismo” no puede responder a la miseria. Ninguna alternativa existe dentro del sistema capitalista; solo su destrucción es una perspectiva. Ademas de integrar los criterios de gestión de los responsables del desastre, los altermundistas no se oponen à la gobernanza mundial. Una organización mundial del comercio de “rostro humano” no les molestaría demasiado. Los altermundistas actúan como fuerza de conciliación en el seno de la sociedad actual. Los sindicatos participan en la pacificación social; los políticos son el aval democrático del sistema, la “santa oposición”. Los sindicatos, los partidos de izquierda y las ONG son los interlocutores del Estado. Las prestaciones sociales y otras subvenciones que consienten los potentes hacen parte de las medidas de pacificación social que han destruido toda forma de contestación. Nos han domesticado para llevar nuestra pequeña vida anestesiada. La izquierda cogestiona directamente la crisis ¡Constituye una contra revolución permanente qui impide toda posibilidad de emancipación!

En cambio, un fantasma recorre Europa: el autónomo. Una constatación se impone: desde Génova, Rostock y Estrasburgo, el altermundismo se agota y el movimiento radical se desarrolla. No queremos intervenir de forma episódica y espectacular para llevar a cabo una negociación. Al revés, somos parte de la guerra generalizada y constante que el Estado y el capital imponen a los pobres y exploitad@s. Estamos inmersos en un contexto de guerra difusa donde cada un@ de nosotr@s es actor y victima. Resignarnos a la pacificación liderada por los “cogestionarios”, por la izquierda, es aceptar nuestra impotencia. Debemos romper con el orden establecido: ningún dialogo, ninguna reivindicación. Cambiemos el mundo de fase, luchemos para no caer. No debemos huir, debemos hacer frente al viejo mundo.

Hacemos un llamamiento a participar masivamente en la manifestación del 28 de noviembre en Ginebra. Intentaremos detener la máquina de la OMC. Habrá un centro de convergencia del 27 de noviembre al 2 de diciembre. También está previsto alojamiento, un servicio médico, un centro de medias independientes y un apoyo legal.

Superando el inmediatismo, esta convergencia debe esbozar una nueva correlación de fuerza a nivel internacional. En la perspectiva de una organización amplia de grupos radicales en Europa y más allá, y para superar la separación entre teoría y practica, os invitamos a compartir vuestras experiencias, redes y contactos en el seno de un foro para la autonomía, el domingo 29 de noviembre.




Acabar con los tensiómetros de mercurio

Ecologistas en Acción (2-11-09)

Ecologistas en Acción y MercurioCero, junto con varias organizaciones europeas defensoras del medio ambiente y la salud, han reiterado su demanda de una rápida eliminación de los aparatos médicos con mercurio y ha solicitado las conclusiones del informe recientemente publicado por la Comisión Europea sobre esta cuestión. Estos grupos llevan años haciendo campaña para poner fin al uso de mercurio en hospitales e instituciones sanitarias.

El informe, publicado por la Dirección General de Sanidad y Consumo de la Comisión Europea, confirma que los tensiómetros con mercurio no son necesarios para el cuidado de la salud, ni en las prácticas clínicas de rutina ni en los casos especiales. El informe también concluye que los tensiómetros con mercurio no son “esenciales” para la calibración. Por lo tanto, no hay razón para exponer a los trabajadores sanitarios y a la sociedad a esta peligrosa sustancia tóxica.

El informe aclara que los dispositivos con mercurio sólo se utilizarán en protocolos de validación mientras no estén homologadas las alternativas sin mercurio, una homologación que no debería tardar.

Estas conclusiones son un importante avance para el inmediato reemplazo de los tensiómetros con mercurio de uso clínico en toda la Unión Europea. En la reciente reunión del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) celebrada en Bangkok, los gobiernos del mundo han empezado a negociar un tratado mundial para eliminar el mercurio. Dentro de ese marco, la Unión Europea puede hacer prueba de su liderazgo exigiendo la sustitución de los tensiómetros con mercurio por alternativas más seguras.

El mercurio es un metal pesado extremadamente tóxico, que se acumula en el medio ambiente y en el organismo animal y humano, especialmente peligroso para las mujeres en edad fértil y los niños/as, ya que afecta a su desarrollo cerebral, entre otros.

 

 
Varios centenares de personas piden acciones contundentes contra el cambio climático

Agencia EFE (1-11-09)

Una decena de niños y niñas portando una pancarta con la palabra "¿Futuro?" entre interrogantes abrían esta tarde la marcha convocada por una cuarentena de colectivos y entidades sociales en el centro de Barcelona para pedir a los gobiernos "acciones contundentes" para frenar el cambio climático.

En un ambiente festivo, entre sones de tambores y acordeones, varios centenares de personas -700, según la Guardia Urbana y 4.000, según los organizadores- han recorrido las principales calles de la capital catalana a pocas horas del inicio en esta ciudad, entre los días 2 y 6 de noviembre, de la última ronda negociadora previa a la cumbre del clima de Copenhague.

Está previsto que en la ciudad condal se reúnan durante una semana más de 4.000 representantes de los gobiernos de todo el mundo para tratar sobre el protocolo del clima que debe sustituir al de Kioto.

En declaraciones a Efe, la portavoz de la campaña "El clima no está en venta", Esther Vivas, ha comentado que con la acción de hoy pretenden que se escuche "la voz de los que pedimos soluciones al cambio climático".

En este sentido, ha exigido que se reduzcan de forma obligatoria y en toda España las emisiones de CO2 y los gases de efecto invernadero y que se "aplique en todo el territorio una justicia climática frente a los intereses del mercado".

La plataforma entiende que en la actualidad "pesan mucho más los intereses empresariales y de los grupos de presión que las reivindicaciones sociales".

Esther Vivas cree que es necesaria, asimismo, la "reconversión ecológica del modelo industrial" y ha agregado que "hay que romper la lógica del modelo de producción, distribución y consumo de los alimentos", a la vez que es "necesaria una apuesta firme por las energías renovables en base al respeto del territorio".

Un histórico del movimiento ecologista catalán como Josep Puig, ex-concejal del Ayuntamiento de Barcelona, espera que en Copenhague haya un acuerdo vinculante para que "los países emisores de CO2 acaben consiguiendo en 2050 la emisión cero" y ha recordado que Alemania se ha propuesto la reducción del 80 por ciento de estas emisiones para mediados de siglo.

Durante la manifestación, que se ha iniciado con media hora de retraso en la plaza Universidad y ha transcurrido por varias vías del centro hasta la plaza Sant Jaume, sin incidentes, los participantes han coreado varios lemas como: "No, no, no a la contaminación" o "Vote, vote, vote, petrolero el que no vote".

En medio de la marcha, un coche con altavoces, era empujado por tres personas, para no contaminar, mientras otros de los manifestantes iban montados en bicicleta, e incluso había uno de los participantes descalzos.

Varios bebés, acompañados por sus padres, tampoco se han perdido el acto y en uno de los cochecitos se podía leer una pequeña pancarta con la frase: "Yo amo el clima de Barcelona, no lo cambiéis".

Otros han aprovechado la convocatoria para sacar del armario camisetas con lemas en favor de la ecología e incluso ha habido uno que se ha disfrazado de oso polar y, de esa guisa, ha seguido la manifestación.

Los ecologistas han llegado a la plaza Sant Jaume, sede de la Generalitat y el Ayuntamiento, donde han leído un manifiesto relacionado con el cambio climático y han incidido en que la reunión de Barcelona de los próximos días debería servir, también, para conseguir "compromisos ambiciosos" con respecto a un nuevo protocolo del clima.




Del campo a casa, es posible
La colectividad agraria Del Campo a casa y la cooperativa Ecosecha nos cuentan cómo producen y distribuyen variedades locales y de temporada en un mercado de proximidad.

Carolina Yacamán
Diagonal (1-11-09)

El Estado español encabeza la lista en superficie dedicada a la producción ecológica en toda la Unión Europea, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Desde el año 2004 se registró un aumento del 80% de la superficie cultivada hasta alcanzar en la actualidad 1.317.000 hectáreas dedicadas al cultivo certificado en ecológico.

Sin embargo, las cifras con respecto al consumo interno de estos productos no son muy alentadoras. Además de ser un consumo escaso, el 80% de estos productos con certificado ecológico acaban siendo exportados hacia otros países de la Unión Europea como Alemania o Francia, según el Instituto Español de Comercio Exterior.

DIAGONAL ha hablado con dos proyectos que producen hortalizas y verduras a pequeña escala y que hacen agricultura bajo los principios de la agroecología. Uno de ellos es Ecosecha, cooperativa de trabajo asociado con sede en Madrid. El otro Del Campo a Casa, un Servicio a Domicilio en Madrid.

Ambas se caracterizan porque sólo distribuyen sus productos a través de la venta directa, primando las variedades locales y de temporada. Estos dos proyectos cuestionan la agricultura ecológica convencional y proponen formas alternativas de producción agrícola y también de distribución.

Como pequeños agricultores, su principal reto es crear redes de apoyo conjunto que les permita llegar a un mercado lo más próximo posible a sus fincas y estrechar los vínculos con sus consumidores. Entre sus principales limitaciones está el tiempo, pues además de cultivar, necesitan divulgar sus proyectos y hacer actividades de sensibilización para conseguir nuevas personas que se sumen al proyecto, según comenta Joaquín, agricultor de Del Campo a Casa.

Otra barrera habitual para vender a pequeña escala es la falta de estructuras comerciales donde el pequeño productor pueda distribuir directamente su cosecha. “Sólo queremos distribuir nuestros productos a través de la venta directa porque pensamos que el consumidor debe participar de la estructura de producción, de tal manera que haya una comunicación permanente entre el productor y el consumidor”, afirma Javier Peréz, socio trabajador de Ecosecha.

La venta de sus verduras y hortalizas se realiza habitualmente bajo el formato de bolsa cerrada con verduras de temporada, realizando un reparto semanal de la cosecha y garantizando la venta total de la producción. Este modelo exige ciertos cambios en las pautas de los consumidores y exige, también, la organización en grupos de consumidores para poder recibir las verduras semanalmente. El otro método también frecuente, es el de la oferta semanal: Grupos de Consumo bien organizados y divididos en unidades de consumo familiares que reciben semanlamente una oferta de productos donde cada unidad decide lo que pide.

Para ellos las cifras del Ministerio sólo muestran una cara de la agricultura que es la certificada por el Comité de Agricultura Ecológica. Esta certificación controla que no haya residuos químicos en los productos, pero no certifica factores tan importantes como la reducción de residuos en el proceso de producción o que al final del ciclo de vida los materiales usados puedan ser reciclados y reutilizados. La vertiente social y económica tampoco es tenida en cuenta por el sello.

"Para nosotros no supone un gran problema cumplir con todos los parámetros que exige el Comité, pues el etiquetado sólo garantiza un control administrativo en una parte del proceso, pero no garantiza otros parámetros que consideramos fundamentales como que se primen los circuitos de venta de proximidad o el cuidado de los trabajadores, como puede ser a través de la dignificación de sus condiciones laborales", explica Javier.

Del Campo a Casa, a pesar de contar con la certificación, opina que es mucho más interesante que la persona consumidora sea quién los certifique conociendo sus fincas, obteniendo así su sello de confianza. "Nuestro proyecto es mucho más que eso, no es sólo el sello de un producto, es la relación directa, la proximidad, es otra forma de consumo. Porque todos debemos ejercer el principio de responsabilidad compartida en el tránsito hacia el consumo responsable", aclara Joaquín.

Redes de economía social

A su vez, estos proyectos están muy relacionados con las redes de economía solidaria como la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) o la red de cooperativas La Traviesa. Para Joaquín, un gran reto dentro de la agroecología es que "además de que nos estamos desvinculando de las grandes empresas de agroquímicos y del modelo de consumo clásico, también consigamos ser parte de otra forma de entender la economía y apostar por los principios de la economía solidaria. Las empresas deben de tener unas bases éticas y deben potenciar ese tipo de modelo con sus formas de hacer". Ambos proyectos han contado o están en el proceso de tener el apoyo de la cooperativa de crédito Coop57 para poder financiar mejoras en sus estructuras.

La experiencia de las cooperativas agroecológicas

Las cooperativas de producción, distribución y consumo de verduras agroecológicas plantean un modo de relación entre productores y consumidores basado en la corresponsabilidad. La idea motriz de grupos como Bajo el Asfalto está la Huerta (BAH!), Surco a Surco (SaS), Crestas y Lechugas, Hortigas y demás Grupos de Consumo Agroecológico, es tomar las decisiones entre productores y consumidores y que desaparezca por tanto la tensión que hay entre estos dos grupos en las relaciones de mercado. Se trata, en casos como el del BAH!, de proyectos económico- políticos que rechazan el modelo de producción, distribución y consumo basado en "producir, consumir y callar". Formar parte de la asamblea de una cooperativa agroecológica requiere cambios en los hábitos de consumo, así como asumir la responsabilidad común de todo el proceso. La mayoría de estas cooperativas se organizan para que los consumidores acudan a la huerta al menos una vez al mes, aunque dependiendo de la estación puede solicitarse más apoyo. También el reparto se socializa y en asamblea se decide sobre cosas como la composición de la cesta semanal, la compra de semillas y el reparto en bolsas de la verdura. Los principios de no emplear fertilizantes, insecticidas ni hormonas hacen que el clima cobre más importancia que en los procesos intensivos; también las plagas pueden jugar malas pasadas, que, en un funcionamiento horizontal, afectan a toda la cooperativa: algunas semanas la cesta es escasa para todos, en verano en cambio es normal que las cestas rebosen. "En septiembre ha habido un esplendor", cuenta Amaia, del SaS del Centro Social la Piluka (Madrid): “calabacines, berenjenas, tomates, etc.”. Lo frecuente es que las cooperativas tengan entre 20 o 25 consumidores por cada trabajador, pero que hay ocasiones en las que, si los trabajadores tienen mucha experiencia en la huerta o las tierras son muy buenas, se pueden alcanzar los 50 consumidores por productor. Crecer no es el objetivo, aseguran desde una de ellas, la idea es que el desarrollo se produzca en un radio pequeño, pero que se compartan conocimientos y medios con otros grupos. El salto adelante, reconocen, “es lograr que las agroecológicas cooperen con otras que aporten otros productos”.




La carrera armamentista terrorista
El Senado de EEUU aprobó en octubre de 2009 el presupuesto militar más elevado para un país en la historia humana: Un total de 626 mil millones de dólares. Esta suma no incluye otros 400 mil millones que EEUU está invirtiendo en sus guerras en Irak y Afganistán. La suma representa casi la mitad del presupuesto total de EEUU. Esta tendencia “suicida” no es novedosa. Muchos analistas señalan que es precisamente la economía de guerra norteamericana la que alimenta la demanda de una economía capitalista insaciable.

Gandásegui, Marco A.
Agencia Latinoamericana de Información (1-11-09)

Dicen que sin guerra no hay crecimiento. Ahora el lema cambió: sin guerra no hay recuperación económica. Los ideólogos de Washington insisten en que el armamentismo, las guerras y la destrucción masiva son muy saludables para un paciente enfermo como el capitalismo norteamericano. (Cuando no había crisis decían que el armamentismo era la medicina necesaria para no enfermarse).

Gran Bretaña es el país que sigue en importancia en términos de gastos militares. Pareciera increíble pero es cierto: Gran Bretaña tiene un presupuesto bélico de 50 mil millones de dólares. Aproximadamente el 7 por ciento de EEUU. Sigue en tercer y cuarto lugares, Francia y Alemana, respectivamente, con presupuestos de 40 mil millones cada uno. En quinto lugar está Rusia (39 mil millones) y China en sexto lugar con 35 mil millones. Los cinco países que siguen a EEUU en importancia tienen combinados un presupuesto militar de 210 mil millones.

América Latina no se queda atrás en los gastos militares (sin poder compararse con EEUU). En total sus gastos militares suman 34 mil millones de dólares. Casi alcanza a China pero apenas representa el 5.5 por ciento del presupuesto militar de EEUU. Chile, Colombia y Brasil se convirtieron en los países con más gastos militares de la región durante 2008. Chile lidera el gasto militar por habitante con 290 dólares “per cápita” en 2008, mientras Colombia gastó 115, Ecuador 89 y Brasil 80. En términos absolutos, medidos en miles de millones de dólares, el país que más gasta es Brasil, con el 45 por ciento del total latinoamericano, seguido por Colombia y Chile.

Según un estudio realizado por SIPRI (Suecia) y FLACSO (Chile), el país latinoamericano que más gasta es Brasil con casi 15 mil millones de dólares, seguido por Colombia con 5.5 mil millones de dólares. Chile casi llega a 5 mil millones de dólares y Venezuela alcanza los 2.2 mil millones en gastos militares. Argentina y Perú siguen con 1.7 y 1.1 mil millones. Estos seis países son responsables del 89 por ciento del presupuesto militar de América latina.

El presupuesto colombiano no se puede calcular con mucha certeza desde que EEUU decidió escalar el Plan Colombia con una intervención militar directa en este país. Los países de Sur América (el Consejo Suramericano de Defensa de la UNASUR) le han pedido a Bogotá que presente un informe con los detalles concernientes al incremento de los gastos militares. El gobierno colombiano se ha negado a cumplir con sus obligaciones echándole la culpa al secretismo de Washington.

EEUU es en la actualidad el proveedor más importante de equipo militar (que incluye entrenamiento de personal y otros “servicios”) a los países latinoamericanos. Además del Plan Colombia, recientemente el presidente de EEUU, Barack Obama, incrementó el presupuesto militar del Plan Mérida que incluye a México, Centroamérica y Panamá. También mantiene una relación militar privilegiada con Perú, Chile y Argentina. Desde fines del siglo XIX, EEUU ha sido el principal mercado de armas para la región, muchas veces promoviendo carreras armamentistas entre los países para venderles más y dominarlos.

 

 
Denuncian que la Ley de Extranjería restringe derechos fundamentales
CEAR, Cáritas y la Red Acoge expresan su preocupación ante la reforma de la Ley de Extranjería aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados.

Tercera Información (31-11-09)

Estas tres organizaciones recuerdan que gracias al intenso trabajo de sensibilización que han realizado (con el apoyo de más de 500 organizaciones sociales de todo el Estado) han conseguido que la reforma aprobada incluya alguna mejora relevante. Por ejemplo, a través de los Grupos Parlamentarios se han aportado decenas de enmiendas entre las que destacan la posibilidad (contemplada en el artículo 62 bis.3) de que las organizaciones sociales legalmente constituidas en España puedan visitar y fiscalizar el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Sin embargo, denuncian que en el proyecto finalmente aprobado se han incluido importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes que viven en España.

Destacando entre ellas la restricción de manera injusta para la reagrupación familiar de los ascendientes de la persona inmigrante, lo que perjudicará gravemente el proceso de integración social (Art. 17); que se eleve a rango legal la obligatoriedad de iniciar un expediente sancionador a las inmigrantes en situación administrativa irregular en España que denuncien ser víctimas de violencia de género, lo que objetivamente desincentivará estas denuncias (Art. 31); el aumento de sanciones a quienes faciliten el empadronamiento de personas extranjeras en situación irregular. “Esto supondrá, por ejemplo, que un sector significativo de la población inmigrante podrá ver en peligro el acceso a los recursos de la sanidad pública, en un momento de especial preocupación”. (Art. 53.1c) y 53.2c)); o el incremento del período máximo de internamiento en los CIE de 40 a 60 días (Art. 62).

Interlocución con los grupos políticos en el Senado

A lo largo de las próximas semanas, CEAR, Cáritas y Acoge proseguirán su interlocución con los grupos políticos con representación en el Senado para intentar garantizar que la reforma de la Ley de Extranjería atienda finalmente a los derechos de las personas inmigrantes.

Al mismo tiempo, reiteran su apuesta por construir una política de inmigración basada en un gran consenso social que defina un modelo de integración de las personas inmigrantes en España. “Esta opción exige que nuestro país, a casi dos meses de asumir la Presidencia de turno de la Unión Europea, lidere un cambio profundo de las políticas comunitarias, en la línea opuesta al Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo aprobado en octubre de 2008”.



¿Comercio consentido, o comercio con sentido? ¡Ojo a lo que consumes!
Esta última taza de café no te ha sentado muy bien. Tal vez porque a la familia que lo sembró le pagaron una miseria. Solidaridad Internacional lanza una campaña para que hagas justicia con un consumo responsable.

Canal Solidario (31-10-09)

¿Por qué siguen siendo pobres los agricultores si cada vez producen más? Ronal y Orquidea se preguntan lo mismo. Los dos son representantes de organizaciones de productores de Bolivia y Ecuador y tienen un billete de ida y vuelta a Madrid. ¿En la maleta? Miles de voces reclamando justicia y dos preguntas más: ¿Consentimos con nuestros hábitos de consumo que se mantengan las leyes del comercio internacional que amplían la brecha entre ricos y pobres? O por el contrario, ¿damos sentido a nuestro acto de compra cotidiano, incorporando como criterios los valores medioambientales y el respeto a los derechos laborales de quienes producen? Te toca a ti responder.

La campaña "8x80 el comercio CONsentido" pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre el potencial del comercio justo, una iniciativa que garantiza el precio justo (y real) a los trabajadores, garantizando que la producción este libre de explotación laboral e infantil y respetando el medioambiente.

La campaña, que coincide con el mes del Comercio Justo, incluye la distribución de materiales educativos para centros escolares y la realización de charlas y conferencias. El 12 de noviembre se concentran gran parte de las actividades, con la celebración de una Jornada de Comercio Justo en La Casa Encendida de Madrid, en la que intervendrán diversos actores vinculados al Comercio Justo, entre ellos Ronal Lagrava y Orquidea Chicaiza, que hablarán de los beneficios del comercio justo en sus comunidades.

El objetivo de la campaña es uno: luchar por el cumplimiento del octavo Objetivo del Milenio. Con él se quiere garantizar un sistema comercial mundial más equilibrado y equitativo, en el que los países del Sur puedan acceder a los mercados del Norte y competir en condiciones de igualdad.

La reivindicación incluye la condonación de la deuda externa que ahoga a los países del sur y la facilitación del acceso a medicamentos y a las tecnologías de la información.




OTAN, nueva concepción
Cuando se reunieron en Bruselas, el 4 de abril de 2009 los jefes de Estado y de Gobierno miembros de la OTAN, decidieron que a fines del mes de julio de este año, esté lista una hoja de ruta para que en poco tiempo más la Organización tenga nuevos horizontes y atribuciones.

Juan Roque
Agencia Latinoamericana de Información (31-10-09)

El desafío que se plantea la OTAN, es que en algo más de un año puedan elaborar una nueva concepción estratégica que implique sepultar la doctrina vigente desde 1999. Este nuevo perfil deberá contemplar las nuevas amenazas que afrontará la OTAN en el futuro pero al mismo tiempo deberá encontrar nuevas respuestas, inmediatas, que permitan hacer frente a las vicisitudes actuales en Afganistán.

Para esta misión se ha convocado a un grupo de expertos que está dirigido por Madelaine Albright, ex Secretaria de Estado de los Estados Unidos. La candidatura fue propuesta por la actual Secretaria Hillary Clinton que ha promovido a Madeleine Albright como presidenta de la comisión de la OTAN que elaborará la nueva doctrina estratégica de la organización atlántica. El ex director ejecutivo de Shell, el holandés, Jeroen van der Veer, será el vicepresidente de este comité consultivo dentro de la OTAN. Este ex ejecutivo plantea que además de la amenaza del terrorismo, la Organización deberá elaborar planes contra posibles ataques cibernéticos y la piratería, con lo cual la nueva misión de la OTAN ya se puede ir perfilando no solo por los nombres que integran este comité sino por sus dichos.

De acuerdo a esta hoja de ruta, el pasado 9 de septiembre tuvo su primera reunión el grupo consultivo encabezado por Madeleine Albright y Jeroen van der Veer. El Secretario General aliado, Anders Fogh Rasmussen dijo luego de la reunión: "El mundo ha cambiado, las amenazas han cambiado, y también la OTAN". No se estaba refiriendo a la crisis financiera, a las pandemias mundiales, al aumento de la pobreza. No, se está refiriendo a cómo la OTAN piensa cambiar al mundo.

Por supuesto, en esta reunión se han acordado de Rusia y en consecuencia han enviado un gesto (¿o un mensaje?) "Rusia puede tener voz, pero no veto", subrayó sobre este punto Albright, quien consideró "importante" incrementar la cooperación aliada con ese país. Pero cómo interpretar estos dichos cuanto la OTAN no ha dejado de provocar a Rusia con la ambición de incluir entre sus aliados a Georgia y Ucrania, y dirige su política hacia Bielorrusia, Azerbaiján y Uzbekistán. Al mismo tiempo refuerza las fronteras de Lituania y Polonia, moderniza la base aérea Emari en Estonia y crea con ello posibilidades para albergar todo tipo de aviones de combate de la OTAN a sólo 300 kilómetros de San Petersburgo. En Letonia se planea construir una pista de aterrizaje y se prepara para comenzar a funcionar la base naval en Liepae. ¿Hay alguna diferencia con la política desplegada por los Estados Unidos en Colombia donde planea instalar más de siete bases militares que miran hacia América Latina?

Las propuestas, planes y nueva doctrina deberían estar preparadas para ser presentadas en la cumbre de la OTAN en Lisboa a finales del otoño europeo de 2010.

¿Se prepara la OTAN para suplantar a las Naciones Unidas? Quizás el mundo tenga un anticipo cuando en diciembre de 2009 se reúnan los ministros de relaciones exteriores de la Alianza y puedan conocer los primeros apuntes que les presente el Secretario General de la OTAN Anders Fogh Rasmussen. Detrás de él se ubicarán los miembros de la comisión. Tal cual, como si fueran doce apóstoles del apocalipsis de los pueblos libres, de los que no tienen voz.

 

 
Presupuesto militar español para 2010: ¿Crisis? ¿Qué crisis?

Centre J. M. Delàs d’Estudis per la Pau
Insumissia (29-10-09)

El Centro Delàs de Justicia i Pau, como cada año, hace una valoración del gasto militar del Estado español con motivo de la aprobación de los Presupuestos de l’Estado.

El presupuesto del Ministerio de Defensa para el año 2010 asciende a 9.155 millones de euros y supone una disminución del 6,2% respecto al año anterior. Pese a esto, el gasto militar total es bastante más elevado puesto que hay gastos que a pesar de ser militares, no están contabilizadas dentro el Ministerio de Defensa. El gasto militar total, pues, suma 18.161 millones de euros y supone una disminución del 2,4% respecto al 2009.

Una de las partidas que más han bajado en los presupuestos del Ministerio de Defensa de 2010 son las inversiones militares. Disminuirán el 23,5%, aunque este hecho no ha conducido a suspender ningún proyecto militar. Además, hace falta añadir que pese a se anuncia que bajan significativamente en realidad, es probable que no acaben disminuyendo tanto. Esto es así porque el presupuesto liquidado a final de año suele sufrir una gran desviación respecto al que estaba presupuestado inicialmente. A fecha de 30 de septiembre de 2009, por ejemplo, los gastos del Ministerio de Defensa en vez de bajar un 3% como se había anunciado en el presupuesto inicial subían cerca de un 8%.

La R+D militar es una partida que también disminuye bastante respecto al 2009 (19,1%). Además, se trata de una partida cargada de controversia. Un 81% de la R+D militar sale del Ministerio de Industria en forma de créditos a la industria militar, 951 millones de euros para 2010. Esta fórmula viene funcionando desde 1997 y ya acumula un crédito por valor de 14.205 millones d’euros, de los cuales todavía no se han devuelto ni el 1% del total.




Guatemala: Las niñas tienen que aprender a ser madres
Las niñas guatemaltecas suelen tener hijos más temprano de lo que mudan dientes. Desde los 10 años de edad ellas ya conocen qué es una sala de parto y el significado de recuperarse del dolor de una cesárea.

Alba Trejo
AmecoPress (29-10-09)

Los defensores de los derechos humanos ven este fenómeno social como un problema que ocurre a puerta cerrada, y lo atribuyen a los incestos y abusos del padre, el tío o el abuelo dentro de casa. Otros, como los fiscales del Ministerio Público (MP), están convencidos que son secuela del alto índice de violaciones sexuales en esta nación.

En tanto, los expertos en educación sexual lo perciben como la falta de conocimiento del sexo y sus manifestaciones, lo cual -apuntan- genera desórdenes sociales.

Lo cierto es que en este país centroamericano de 14 millones de habitantes, con una población infantil de cinco millones de niños y niñas, la infancia tiene partos prematuros.

En Guatemala, las niñas menstrúan entre los 10 y 13 años, y según la encuesta de Salud Materno Infantil de 2006, 26 de cada 100 mujeres ha tenido su primera experiencia sexual entre los 13 y 15 años.

Un amigo, un novio o un compañero, son las personas con quienes, según señalan las adolescentes en el sondeo, sostuvieron la primera relación. Pero también fueron víctimas de violación sexual, porque el abuso sexual infantil también forma parte de ese perfil. Así, dos de cada 10 mujeres lo han padecido antes de dejar la primaria.

Asustadas, rechazadas y discriminadas por su familia, las niñas adelantan cinco años su madurez uterina y con ello, elevan el índice de natalidad al llegar a los 20 años cuando -de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística- ya tienen dos o tres hijos.

Un estudio realizado en el 2006 por el Instituto Guttmacher, denominado "Maternidad temprana: un desafío constante", determinó que en Guatemala por cada 1.000 mujeres hay 114 nacimientos cada año. En la región el número es de 80 por cada 1.000.

Bebés que nacen de madres de 10 años de edad han dado la alerta al Ministerio de Salud de que cada año los embarazos son más tempranos. No es normal que al menos 1.000 niñas de 14 años hayan sido madres en 2008. O más grave aún, que 300 pequeñas de 13 hayan formado parte de las mamás de este país.

A Edilzar Castro, de la Asociación Pro Bienestar de la Familia (APROFAM), se le hace difícil aceptar que al menos 74 niñas de 12 años de edad y 19 pequeñas de 11 años estuvieran en una cama de un hospital público sufriendo dolores de parto.

¿Pero qué está fallando en esta nación que forma parte de los 17 países con alto riesgo reproductivo a nivel mundial?

APROFAM considera que el problema radica en la educación sexual, e incluso menciona la oposición de las escuelas a enseñar el tema de sexualidad y métodos anticonceptivos en la adolescencia.

Castro, jefe de mercadeo, expresó a SEMlac su preocupación porque adolescentes entre 15 y 16 años dieron a luz 9.000 niños en los 10 meses transcurridos.

Y Dalila de la Cruz, jefa del departamento de educación de APROFAM, no sale del asombro al saber que siete niñas de 10 años de edad entraron a las salas de parto en los últimos días.

Afanosos, buscan que se reduzca el número utilizando programas que enseñan a las niñas y niños desde los 11 años la responsabilidad que implica ser padres.

Un chaleco que simula los síntomas del embarazo y un muñeco inteligente que tienen que llevarse a casa por dos días las y los niños para darle pacha (biberón) por la madrugada, son el instrumento para demostrarles que aún no están preparados para ser padres.

Sin embargo, los embarazos en las niñas no sólo es cuestión de educación sexual. Ana Gladys Ollas, de la Procuraduría de los Derechos Humanos de la Mujer, dice a SEMlac que es consecuencia de los hogares donde los incestos forman parte de la violencia intrafamiliar.

También el chantaje sentimental repercute en los embarazos prematuros.

La funcionaria advierte que los sitios de donde proceden la mayoría de las niñas embarazadas son lugares pobres en donde las pandillas las envuelven sentimentalmente y las embarazan. Pero también las violan no uno, sino hasta cinco o seis individuos y de ahí vienen las consecuencias, agrega Ollas.

También en presidios ocurren estos hechos. La funcionaria comenta que las niñas son llevadas a las cárceles para ser violadas como consecuencia de las extorsiones a sus familias que no tienen con que pagar los chantajes, y ofrecen a sus hijas a cambio.

En este país, los más pobres son también los ciudadanos más vulnerables. Con apenas un dólar para subsistir, un hogar integrado por cinco hijos también tiene que someterse a las extorsiones de las denominadas pandillas que requieren de ellos y pagan entre 50 y 1.000 dólares, según sea el caso.

Actualmente, la Policía Nacional Civil estima que existen 70.000 mareros (pandilleros) viviendo en los cinturones pobres del país y que se dedican a extorsionar a la población que cada vez es más pobre.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, existen seis millones de pobres y un millón de habitantes en extrema pobreza en Guatemala.

Palmadas, reprimendas, golpes, quemaduras, encierros y prohibiciones son las formas de castigo que han sufrido las niñas desde pequeñas por sus padres o un familiar, señalaron en la encuesta de Salud Materno Infantil en el 2006. Esa violencia intrafamiliar ha contribuido a que las pequeñas busquen afecto y sean engañadas.

En este país, 22 de cada 100 guatemaltecas fueron golpeadas por sus padres antes de cumplir los 15 años, lo que las motivó a buscar un refugio sentimental.

Leonel Dubón, que dirige la Fundación de la Niña, explica que los embarazos prematuros también hace que las niñas y su familia prefieran deshacerse de los bebes, antes de hacerle frente a la situación. Cuando Dubón habla de ’deshacerse’, se refiere a abortos clandestinos y a darlos en adopción.

Zenaida Escobedo, encargada del área de género del Organismo Judicial, señala que en el país se practican alrededor de 65.000 abortos clandestinos al año. En cuanto al tema de adopciones, las niñas llegan a vender a los bebés hasta por 600 dólares a casas clandestinas dedicadas a la trata de personas para adopciones irregulares.

La Organización Panamericana de la Salud señala que más de 800.000 mujeres en el mundo y más de 800 en Guatemala, mueren anualmente por causas asociadas al embarazo y parto, entre ellas los abortos involuntarios, la desnutrición y muerte materna.

Dalila Velásquez, ginecóloga de la Clínica de Atención al Adolescente del Hospital San Juan de Dios, explicó que la mayoría de jóvenes que atiende resultan embarazadas sin haberlo planeado, y que el promedio de inicio de relaciones sexuales es a los 13 años.

Informes del gobierno indican que los embarazos en menores de 19 años se registran con mayor incidencia en las niñas indígenas, ya que el 64 por ciento de ellas se casa siendo adolescentes.

Las mujeres mayas son las más pobres, y suelen tener hasta 10 hijos al término de su vida, ya que en la cultura indígena el uso de preservativos en los hombres y de anticonceptivos en las mujeres suele ser mal visto.



RDC: En el maldito corazón de África
La RD del Congo es uno de los pocos países del mundo en el que Obama no despierta esperanzas. "Lo mejor que puede pasar es que Obama se olvide de nosotros". El pueblo congoleño tiene un deseo unánime: que les dejen en paz ya.

Enrique Conde
UMOYA (29-10-09)

En Ruanda terminó la primera parada. No fue casualidad. Tras una semana recorriendo el conflicto armado y el drama humano que pervive en la región de los Grandes Lagos, en la República Democrática del Congo, las casi veinte entrevistas realizadas en este viaje con autoridades locales, miembros de la sociedad civil, jesuitas y cooperantes que despliegan sus proyectos entre los vulnerables y la población desplazada, esas charlas, que completaron más de cinco horas de grabadora, indican que la realidad del Congo está íntimamente ligada con el pasado de Ruanda, con la importancia geopolítica de ambas naciones y con las riquezas sin fin congoleñas.

En esta aventura a bordo de la ONG ALBOAN, que opera en Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca en alianza con el Servicio Jesuita a Refugiados, que realiza el trabajo de campo en este caso en el Congo, se buscaba también explicar los porqués de la volcánica región, del mantenimiento de las armas en la zona, del continuo saqueo de sus minas, de la inoperancia de las Fuerzas Armadas de la ONU, de un territorio maldito por su vigor natural y la tremenda corrupción de sus poderes locales y nacionales.

También era hora de comprobar el estado del más de un millón de personas desplazadas que ocasionó la última bravuconada militar de un general ruandés, Nkunda, que entre octubre de 2008 y enero del presente año, sembró de agitación el país, tratando de echar el lazo a la capital del Kivu Norte, Goma.

"Es imposible de creer que todo el mundo quiera la democracia en el Congo", reconoce Deo Bashi, jurista y asistente de la Comisión de Justicia y Paz de Bukavu, capital del Kivu Sur, que trata de tender puentes entre las autoridades y la población, de rendir cuentas al pueblo de los logros y los fracasos. Para hacerse una idea de los problemas inabarcables que recorren el Congo, Bashi reconoce que "hay 243 partidos políticos en el país y es difícil saber hasta la coalición que forma el gobierno". Es evidente que para la población rural, analfabeta en muchas ocasiones, es indescifrable.

"La comunidad internacional se siente culpable de no haber intervenido en el genocidio de Ruanda, así que le han dado dinero, han rearmado su Ejército y han trasladado el problema al Congo, que parece el único lugar donde se puede establecer un diálogo. ¿Por qué no se habla con Ruanda, de donde proceden todos esos militares que están en la selva?", expone Justin Nkunzi, director del mismo organismo para el que emplea Bashi.

Esta tesis la defiende un sacerdote del Kivu Sur, al que no se identifica ya que ha sido amenazado por el propio Ejército congoleño y ha sido víctima de un intento de envenenamiento. "La comunidad internacional está aceptando que toda esa gente que huyó de Ruanda durante el genocidio muera en la selva. Se tiene que proponer a Ruanda que dialogue con esas milicias. Pero hay personas a las que no les interesa la verdad", afirma.

Hechas estas consideraciones, el presente de Congo remite a un Estado caótico, corrupto, expoliado y, en definitiva, invisible. Como dice un periodista navarro que trabajó allí, un país en el que "El Bigotes estaría en su salsa". En el Congo, donde la impunidad reina en cualquier orden, cada uno se gana las habas como puede. Se vive al día, por lo general abundan los sentimientos de trauma, resignación o frustración, el alboroto es marca de la casa y uno no se fía ni del vecino. Quizá por eso los congoleños tienen la manía de no aceptar dólares anteriores a 2003 y de cabeza pequeña (es decir, que el rostro del presidente que aparezca en el billete debe ser bien grande). Es una más de las manías africanas, que en Congo son como leyes de Estado. El vudú, la magia negra, los crímenes por encargo fruto de la venganza o las falsas creencias, como las de violar a niñas vírgenes porque se piensa que curan el Sida, dominan el imaginario colectivo.

Cada amanecer abre una nueva pelea por la supervivencia, una exploración en los límites humanos. En cierto modo, buena parte de la inmensa población del Congo (más de 65 millones de habitantes en un país que es cuatro veces Francia) permanece en shock, paralizada por los vaivenes de un país que se arrastra desde hace una década en un drama sin salir de otro. Antes no fue mucho mejor.

Tras la independencia de Bélgica, que se empleó con inusitada violencia en el antiguo Zaire, basta un rápido barrido histórico para comprender tanto mangoneo en medio de la bulla. El actual Congo sufrió durante tres décadas el autoritarismo y la cleptocracia del dictador Mobutu Sese Seko, que según habría robado durante su égida cinco mil millones de dólares.

Opuesto al gobierno tutsi de Ruanda, el poder de Mobutu se sostenía con alfileres cuando se desencadenó en 1994 la gran crisis de los refugiados de los Grandes Lagos, con dos millones de ruandeses en plena evasión y muchos guerrilleros, tanto hutus (interahamwe) como tutsis (banyamulengues), refugiados en el este del Congo. El avance de Kabila hacia Kinshasa y la agitación en la zona desencadenó la primera guerra del Congo (1996-7), con más de 200.000 bajas, y que terminó llevándose por delante a Mobutu.

Con Kabila en el poder, el anónimo sacerdote del Kivu Sur reconoce que se respiró "aire de esperanza, incluso se empezó a pagar a los militares y a los profesores. Pero todo acabó el 2 de agosto de 1998, un domingo". Kabila parecía una marioneta en manos extranjeras y cuando solicitó el abandono del país a los ruandeses y ugandeses se encontró con que éstos se habían hecho fuertes en las riquísimas zonas mineras del Este. Así se desencadena la Segunda Guerra del Congo, también llamada Guerra Mundial Africana, ya que participaron hasta nueve naciones del continente.

Uganda, Ruanda y Burundi eran los acérrimos combatientes contra el inmenso Congo, al que respaldaron Namibia, Zimbabue, Angola, Chad, Libia y Sudán. Esa guerra y las enfermedades que causó entre los millares de desplazados se zanjó en 2003 con un balance esperpéntico de más de cuatro millones de muertos, entre ellos el propio Kabila, sucedido en 2001 por su hijo Joseph.

Con los acuerdos de Paz de Pretoria no se acabó la rabia. Las facciones armadas del general Nkunda (tutsi ruandés) y cabeza del CNDP (Congreso Nacional en Defensa del Pueblo), la milicia hutu FDLR (Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda), el propio Ejército congoleño, impagado y por lo tanto también hostigador y violador de derechos, y la MONUC, la misión de paz de la ONU en el Congo, con más de 17.000 soldados en la zona, se despliegan en la región. De sus tropelías no se salva nadie. Con un rifle se creen los reyes del mambo.

En la última escalada del conflicto, en octubre de 2008, Nkunda trató de apoderarse del Kivu Norte asistiendo la población con perplejidad a una huida sin rubor del Ejército y de la MONUC. En los mismos días de revuelo, la ONU elabora dos resoluciones ligadas a la explotación ilegal de los recursos, con sanciones a empresas y países vinculados en la explotación. Esto motiva, dada la perceptible implicación de Ruanda en el saqueo, la interrupción de la ayuda bilateral directa que Holanda y Suecia ofrecen al gobierno ruandés. Siempre Ruanda, nada nuevo bajo el sol.

La manera de resolver el conflicto resulta sorprendente. En enero Nkunda es detenido en una operación militar conjunta del Congo y Ruanda, a cuyas tropas se permitió el acceso a los Kivus. En este tablero de risk, acaba de aparecer un actor nuevo, China, que ha inyectado 6.000 millones de dólares en Congo, cuando la inversión de toda la comunidad internacional era de 930 millones.

Ahora, Nkunda permanece supuestamente detenido en Gisenyi (Ruanda) sin extradición y por lo tanto sin responder aún de sus atrocidades en el Congo. Mientras, su CNDP se reformula como partido político y algunos de sus miembros se alistan en el Ejército nacional. Estas tropas congolesas junto a la MONUC andan enfangados en la operación militar Kimya II (La Calma) en aras de exterminar al FDLR. En términos eufemísticos se habla de desarmarles y enseñarles el camino de vuelta a Ruanda a los supuestos genocidarios antiguos.

Como todos no son soldaditos, pero éstos agitan demasiado, la población se halla en continua mudanza. En marzo se computaban más de 840.000 desplazados por la guerra en el Kivu Norte y hasta 335.000 en el Sur. Ahora, justo antes de este viaje de prensa, se estaban cerrando los campos de desplazados más visibles, en torno a Goma. Ahí había hasta 60.000 personas en cinco campos, se han candado cuatro enclaves y sólo guarda ahora a 4.000 congoleños. Pero el drama sigue en el interior, donde no se les ve tanto, y los desplazados, muchos de los cuales acuden a familias de acogida, se mantienen en torno al millón de habitantes.

 

 
Uganda: Mutilación genital es tema clave en elecciones
"Es común que las niñas se desangren después de la circuncisión. Algunas tienen infecciones o se mueren de tétano. Muchas otras sufren problemas que luego las afectan durante el parto".

Wambi Michael
Agencia de Noticias Inter Press Service (28-10-09)

Hace tres décadas, Gertrude Chebet, de 14 años, su hermana y otras adolescentes se dirigieron al río Amana para una ceremonia que les cambiaría la vida para siempre. Desde que era niña le hablaban del día en que se convertiría en mujer. La convencieron de que sería un gran cambio y de que debía esperar aquel momento con alegría.

Cuando llegó aquella fría mañana, ella y su hermana atravesaron la selva desde su aldea, en el este de Uganda, hasta donde se realizaría la ceremonia de iniciación. Para Chebet, resultó ser el día más terrible: iba a ser sometida a una mutilación genital.

"Una de las ancianas que supervisaba la circuncisión nos tomó una muestra de saliva, de orina y un vello público y enterró todo. Luego nos ordenó que nos acostáramos en el piso. Tras el primer corte, me desmayé y no recuerdo nada de lo que ocurrió después", relató.

Al igual que a las otras adolescentes, no le permitieron recurrir a medicamentos. La obligaron a usar orina de vaca para limpiar la herida, como indica la costumbre.

Chebet hoy es maestra y preside la Iniciativa de Mujeres en Paz de Kapchorwa/Bukwo, que aboga por una legislación contra la también llamada circuncisión femenina.

Es una larga y dura lucha cambiar una antigua tradición que se practica en diferentes regiones del mundo y que en Uganda implica cercenar el clítoris y mutilar otras partes del órgano sexual femenino.

Las autoridades ugandesas no han logrado detener esa práctica ritual, condenada a principios de este año por el propio presidente Yoweri Museveni. Su gobierno, por falta de votos en el parlamento, no ha podido promover una ley que la prohíba.

En las comunidades donde la circuncisión femenina es algo común, es difícil que elijan a candidatas a cargos de poder que no se la hayan realizado. Incluso algunas mujeres han perdido elecciones por hacer campaña contra la práctica.

Jane Frances Kuka, ex ministra de Género y ex legisladora por el distrito de Kapchorwa, donde la mutilación genital está prohibida, perdió su asiento parlamentario por hacer campaña contra esa práctica tradicional, observada por las etnias sabiny, sebei y pokot.

"Es común que las niñas se desangren después de la circuncisión. Algunas tienen infecciones o se mueren de tétano. Muchas otras sufren problemas que luego las afectan durante el parto", explicó Chebet.

Los consejos de los distritos de Kapchorwa y Bukwo aprobaron en 2007 una serie de ordenanzas municipales que prohíben la ablación genital, pero no suelen ser respetadas. En diciembre del año siguiente, unas 40 adolescentes de la primera localidad y más de 100 de la segunda fueron sometidas al ritual de iniciación.

Se necesita una ley nacional, indicó Chebet, pero reconoció que hay una gran resistencia a abolir la práctica, en especial de quienes tienen aspiraciones políticas..

Uganda es signataria del Protocolo de Maputo, adoptado por la Unión Africana, que garantiza los derechos de las mujeres y se opone a la mutilación genital, pero no ha aprobado aún ninguna ley para prohibirla.

El gobierno de Museveni ha sido aclamado en conferencias internacionales de mujeres por promover la emancipación femenina, pero se ha demorado en prohibir del todo la ablación genital.

Musevini obtuvo amplio respaldo en los distritos de Kapchorwa y Bukwo, en parte porque no interfirió con las tradiciones culturales, como la práctica de la circuncisión.

En abril de 2007, la organización Derecho y Defensa de las Mujeres en Uganda presentó una petición ante el Tribunal Constitucional para prohibir la práctica. Las activistas arguyeron que se trataba de una violación de sus derechos fundamentales y una forma de tortura y un trato inhumano y cruel.

Las Cámaras de la Fiscalía General, presididas por el fiscal general y el Ministerio de Justicia, pidieron al tribunal que rechazara el petitorio, pero éste aún no ha comunicado su fallo.

La ministra de Cultura, Roukia Nakadama, dijo que el gobierno ahora estaba resuelto a trabajar con las comunidades donde se practican ablaciones, y que apoyará un proyecto de ley presentado en el parlamento para prohibirlas.

El legislador y médico Chris Baryomunsi es el autor de la iniciativa. El parlamentario dijo a IPS que se sentía obligado a hacer algo por las mujeres ugandesas que sufren de las circuncisiones.

"Siento dolor y tristeza de que esto continúe en Uganda. Esas mujeres, voluntaria o involuntariamente, son sometidas a métodos crueles para cortarles partes de sus cuerpos sin ningún beneficio médico. Tuve que dar un paso para pelear contra esta injusticia", afirmó.

Baryomunsi es respaldado por algunas activistas y por la vicepresidenta del parlamento, Rebecca Kadaga.

El proyecto propone duras penas para curanderos tradicionales y padres que promuevan la mutilación genital, de hasta 15 años de prisión. También establece que el consentimiento de la joven o mujer no es una defensa válida, dado que la práctica supone serios riesgos para la salud.

La Organización Mundial de la Salud presentó en 2006 un primer estudio sobre los efectos nocivos de la mutilación genital, indicando que las mujeres que han sido víctimas de la práctica tenían más probabilidades de padecer dificultades durante el parto, y sus hijos tenían más probabilidades de morir.

Incluso a los candidatos hombres el tema de la mutilación femenina les ha planteado problemas entre los ancianos de las comunidades, celosos de sus tradiciones.

"Algunas personas han perdido (las elecciones) por el lenguaje que usan contra la mutilación genital femenina. Yo personalmente he hablado en contra, subrayando sus aspectos negativos", señaló el parlamentario John Yeko, del condado de Kween.

La situación no es diferente en la vecina Kenia. La parlamentaria Linah Jebbi dijo que el tema siempre aparece durante las elecciones, y reconoce que ella misma pudo haber perdido los últimos comicios por su postura contra las ablaciones si no hubiera apoyado a la vez otras campañas por los intereses de las comunidades locales, como una por la paz entre las tribus pastorales.

A sus 46 años, muchos ancianos la siguen considerando una "niña" a la que no se le puede confiar una responsabilidad de liderazgo.

"Hoy acepto que soy una niña según sus ideas, pero les digo que para ser un líder, para integrar el parlamento, hay que ser un servidor. ¿Y a quién envían para servir? No envían a un adulto, envían a un niño", afirmó Jebbi.

En muchas culturas africanas tradicionales, es costumbre enviar a niños y niñas para hacer recados.

Por su parte, Kukas dijo a IPS que la mayoría de los políticos hombres utilizan la mutilación genital y la cultura patriarcal como argumentos para socavar a las mujeres que hacen campaña. Si una política no ha sido sometida a una ablación, será un tema que usarán en su contra.

Fuente original: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=93669.




Alerta en la India: llueve sobre mojado para los más excluidos
La ONG Proyecto India denuncia la pasividad del gobierno hindú ante los daños provocados por las recientes inundaciones en el sur del país y pide ayuda humanitaria.

Ferran Ramírez
CanalSoloidario (28-10-09)

Los nadies siguen en la cola de los excluidos. La ONG Proyecto India ha denunciado el desamparo al que el gobierno del estado de Karnataka está sometiendo a los 'sin casta' en el sur de la India ante el estado de emergencia que está viviendo su población a causa de las inundaciones durante este mes de octubre. Como consecuencia, todas las familias han perdido todas sus posesiones. Por supuesto, no tienen comida, ni ropa, ni electricidad, ni agua potable.

Según la entidad, el gobierno “quiere dar la impresión de que nada serio ha ocurrido en la región afectada ya que no ha dado ningún paso para evaluar las pérdidas económicas y humanas en la zona”. Así lo ha podido comprobar un grupo de voluntarios de la Universidad de Comillas que ha viajado a la región para colaborar en un proyecto de cooperación con la ONG en el pueblo de Pannur.

Ayuda ante la catástrofe

Lucía, una de las voluntarias que ha vivido las consecuencias de las inundaciones en el pueblo de Pannur, nos cuenta desde la web del proyecto: “En las 212 casas que componen el pueblo, hay daños de distinta gravedad, y los habitantes se han trasladado acampando en la parte alta de un dispensario que se estaba construyendo para la aldea. Al estar rodeados de agua, corren un alto riesgo de ser mordidos por serpientes, pues ya ha habido personas mordidas por cobras en el transcurso de estos días”.

Sus habitantes viven ahora en pequeñas tiendas rudimentarias construidas con telas y palos a lo largo de la carretera que cruza el pueblo. Esperan la bajada de las aguas mientras buscan la manera de sobrevivir tras la total pérdida de todas las cosechas de este año y la muerte de todo el ganado. La gran parte de las aldeas vecinas también se encuentran en la misma situación.

Otros voluntarios de la zona están trabajando sin descanso, e incluso algunos niños se han unido en la tarea ya que “ningún organismo gubernamental ha iniciado ningún programa de ayuda”. Por ello, la entidad hace un llamamiento para poder mandar toda la ayuda humanitaria posible. Los jesuitas hindús de la región han conseguido, sin embargo, llegar a la zona para trasladar todo lo que han podido para colaborar en la emergencia.



La Organización Mundial de la Salud reconoce los logros de la sanidad cubana

InSurGente (28-10-09)

Al pisar por primera vez tierra cubana, la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, expresó que era un gran placer para ella visitar este pequeño país, pero de gran importancia para la OMS "para ver y aprender sobre los excelentes esfuerzos que realiza el sistema de salud cubano". Parece que al sistema capitalista no le ha quedado mas remedio que reconocer lo que era un secreto a voces.


Quiero observar, añadió, el trabajo que desarrollan en la atención primaria y las comunidades, la igualdad y acceso para todos a la asistencia médica, que son temas de gran interés para nuestra organización, y dijo que esperaba obtener "grandes experiencias" en los recorridos por centros asistenciales y de investigación.

Es también un gran placer su presencia entre nosotros, indicó el ministro José Ramón Balaguer en el recibimiento, y expuso que "admiramos y respetamos su trabajo y los conceptos que tiene con relación a la salud pública mundial".

Durante una reciente intervención en Dinamarca, la doctora Chan, licenciada en Medicina en la University of Western Ontario (Canadá), puso de relieve que, como hemos podido comprobar, las fuerzas del mercado, por sí solas, no resolverán los problemas sociales. El mundo debe girar en torno a un sistema de valores. De lo contrario, una situación ya peligrosa de enormes desequilibrios, en términos de ingresos, de oportunidades y de salud, no puede sino empeorar.

Al referirse a la "apretada agenda de trabajo" preparada en ocasión de su visita, sonriente comentó que "me consideraría insatisfecha si no me hubieran preparado una agenda tan intensa, porque conozco que en Cuba se ha hecho un buen trabajo en la esfera de la Salud".

Abordada ahora por Granma en torno a la pandemia del virus A (H1N1), dijo que es la primera que nos afecta en este siglo porque la anterior transcurrió hace unas cuatro décadas. Informó que en estos momentos 195 países han reportado a la OMS casos de esta influenza, que es un "virus de extremos", porque, por un lado hay casos que se desarrollan de forma benigna, leve, sin requerir siquiera medicamentos, y de otro existe un pequeño porcentaje de pacientes que desarrollan rápidamente un cuadro muy grave.

Según la experiencia internacional, citó entre las personas que pueden tener complicaciones más severas (neumonía) a las embarazadas, los niños menores de dos años y las que están aquejadas de enfermedades crónicas del corazón, asma.

Ante esta pandemia no se pueden ignorar o poner a un lado sus peligros para la vida. El virus A (H1N1) puede matar.

La OMS plantea que los gobiernos deben crear un "paquete de medidas" para enfrentar esta pandemia, con énfasis en la prevención, atención, medicamentos y vacuna. "Considero que el Gobierno cubano está haciendo un buen trabajo, por lo que le estoy muy agradecida", concluyó.

Con la doctora Chan, nombrada directora general de la OMS en noviembre del 2006, viajó a Cuba este fin de semana la doctora Mirta Roses, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quienes permanecerán hasta el miércoles en la Isla.

 

 
Concluyó en la capital la Marcha contra Ley de Extranjería
Cientos de personas apoyaron en Madrid la marcha por la Igualdad y contra ley Extranjería

La República (27-10-09)

La Marcha por la Igualdad, iniciada hace un mes en Barcelona por casi un centenar de inmigrantes contra una nueva reforma a la Ley de Extranjería, concluyó ayer en Madrid con un ámplio respaldo ciudadano.

Cientos de españoles recibieron en la capital a los protagonistas de la inusual protesta de ciudadanos de diversas nacionalidades, en particular africanos y latinoamericanos, quienes el pasado 24 de septiembre partieron a pie desde la Ciudad Condal.

Los inmigrantes, pertenecientes en su mayoría a asociaciones catalanas, salieron entonces de Barcelona para exigir el respeto de sus derechos, vulnerados, según denuncian, por la propuesta de normativa oficial.

Bajo los lemas de "Somos personas, Libertad, democracia y trabajo para todos" y "Fuera la Ley de Extranjería", los manifestantes marcharon de forma pacífica desde la Plaza de Legazpi hasta la céntrica estación de trenes capitalina de Atocha.

Durante un mes recorrieron a pie unos 700 kilómetros, trayecto que sirvió para explicar, en todas las localidades por donde pasaron, las reivindicaciones de más de 200 colectivos reunidos en torno a esta iniciativa.

Entre sus pedidos al gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero figura el cierre de los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la regulación y renovación de su estatus de residencia sin necesidad de un contrato de trabajo.

Demandan, además, la reagrupación familiar sin recortes y que no se penalice la solidaridad con los extranjeros.

Entre sus aspectos más polémicos, el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, presentado en junio pasado por el ejecutivo, amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados en los CIE.

La modificación limita también la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), quienes sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.

A juicio de observadores, este cambio pretende frenar el arribo de sin papeles en edad de trabajar en plena crisis económica, situación que tiene en el desempleo a unas cuatro millones de personas en esta nación europea.

En declaraciones a periodistas, uno de los coordinadores de la campaña y participante en la marcha, Hugo Colacho, aseguró que no se puede construir una sociedad democrática en paz y libertad si se sancionan derechos a una parte de ella.

El activista dijo que no se puede hablar en foros internacionales de alianzas de civilizaciones, cuando se reducen derechos de los inmigrantes que hemos venido a trabajar y que no somos responsables de esta crisis.

Un manifiesto leído por los manifestantes denuncia que la proyectada modificación contempla a las personas emigradas sólo como medios de producción, no como seres humanos con plenos derechos, entre ellos, el de la libertad de movimientos.

La futura ley criminaliza a los inmigrantes, al aumentar el plazo de detención en los centros de internamiento, reitera.

La nueva normativa se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, y podría sufrir cambios hasta su aprobación definitiva, prevista para finales de año, de acuerdo con todos los pronósticos.




¿A quién beneficia el negocio de las prisiones?

Ekintza Zuzena
Tortuga (27-10-09)

En Estados Unidos de América en el año 1972 había 300.000 presos, hoy en día hay más de 2.000.000. En el estado español el 1 de Enero de 1972 había 13.109 presos, en la actualidad hay más de 67.000 (sin contar los emigrantes encerrados en CIES, los menores que hay en los centros de reforma y los «internados» en los psiquiátricos). A escala mundial hay una clara tendencia a aumentar el número de presos y ciertos paralelismos en las políticas penitenciarias de los distintos estados.

En EEUU las prisiones son un gran negocio, en primer lugar, porque centenares de miles de presos están trabajando para empresas privadas cobrando infrasalarios y haciendo de mano de obra barata. En segundo lugar, porque desde que gobernó Reagan, el estado ha privatizado la construcción, mantenimiento y hasta la gestión de prisiones, es decir, el estado paga a empresas privadas para que se encarguen de los penales. Una de las más rentables y mayores empresas yankis es CCA (Corporación Correccional de América), que se encarga del control y la gestión de prisiones. Hay que destacar, que CCA y Kentucky Fried Chicken pertenecen al mismo grupo financiero.

En el estado español muchas empresas están ganando gran cantidad de dinero haciendo negocio con los «centros penitenciarios». De momento, ya se han privatizado completamente las prisiones para menores de 18 años, hipócritamente llamadas «Centros de Menores». Respecto a las prisiones «de adultos», la construcción y el mantenimiento es realizado por empresas privadas, pero del control directo se encargan funcionarios de prisiones y guardias civiles. Además, numerosas empresas se están aprovechando de las circunstancias de los cautivos para explotarlos laboralmente a cambio de una miseria.

Entre el 2006 y el 2012 Instituciones Penitenciarias tiene prevista la construcción de 46 nuevas infraestructuras penitenciarias, en las que el estado español gastará más de 3.000 millones de euros; entre estas encontramos 11 nuevas macroprisiones y 18 prisiones destinadas a tercer grado («prisioneros a tiempo parcial») llamadas CIS (Centros de Integración Social). De las nuevas macroprisiones destacamos una que nos queda bien cerca, en Albocasser, Castellón.

Desde Instituciones Penitenciarias se justifican afirmando que la situación actual es de masificación, ya que la ocupación de «plazas» en las prisiones es de más del 150%. Lo que no dicen es que la previsión es que si el número de presos continúa aumentando al mismo ritmo, en el 2012 habrá 80.000 presos, con lo que la situación de masificación seguirá siendo una realidad.

Estos 3.000 millones de euros irán a parar directamente a los bolsillos de los grandes grupos empresariales, que por cierto, tienen vínculos evidentes con políticos e incluso con jueces. La construcción de módulos para la prisión catalana de Quatre Camins la ha hecho la FCC, empresa de las Koplowitz y de Marcelino Oreja (ex-eurodiputado del PP). El grupo Villegas, que es el que ha hecho las polémicas obras en casa de Joan Ignasi Pla (PSOE), también ha hecho las reformas del Psiquiátrico Penitenciario de Alicante.

El grupo empresarial que más prisiones está construyendo es FERROVIAL, empresa dirigida por un familiar del expresidente Calvo Sotelo. El grupo ACS, de Florentino Pérez, también construye prisiones. Otro gigante de la construcción de prisiones es el grupo COMSA. También encontramos muchas otras constructoras menos conocidas que también se benefician de este negocio.

También participan en la edificación de prisiones empresas dedicadas a la fontanería, la electricidad y la instalación de sistemas de vigilancia. La empresa que está instalando los sistemas de seguridad en Albocasser, llamada ISOLUX, por este contrato cobrará más de seis millones de euros. Al mismo tiempo ISOLUX está participando en la construcción de prisiones en otros paises, por ejemplo, Venezuela.

Una vez están construidas las equipan con muebles, cocinas, colchones, etc. Por ejemplo, Pikolín gana millones de euros por la venta de colchones ignífugos. El estado también contrata empresas de autobuses, recogida de residuos y toda clase de servicios. La comida en Picassent la lleva una empresa, vinculada al Opus Dei, que se llama «Gastronomía Mediterránea SL» que cobra 4,01 euros por interno-día, gran negocio ya que en Picassent hay alrededor de 3.000 presos. Además, el estado paga a 16.000 funcionarios de prisiones y a otros 2.000 carceleros con contratos temporales. En Cataluña es la Generalitat quien paga, ya que es la única comunidad autónoma que gestiona sus prisiones. Los carceleros, tanto en Cataluña como en el resto del territorio del estado español, dan palizas y torturan con impunidad y de una manera cotidiana, de hecho es un trabajo de fascistas. Por si fuera poco, carceleros controlan el tráfico de drogas en las prisiones y muchos de ellos se lucran así.

Las prisiones garantizan la economía y el orden capitalista, la represión es el fundamento de este sistema. La manipulación mediática quiere presentar a los presos como asesinos y violadores, pero esto no es cierto, de hecho, no llegan a 2.000 los asesinos (entre una población de 67.000 presos) y violadores hay muy pocos, la gran mayoría de presos lo son por delitos contra la propiedad privada o por venta de drogas. Otra razón que hace a las prisiones rentables para los empresarios es que un gran número de presos trabajan en los talleres de las prisiones cobrando sueldos de miseria, en muchos casos no llegan a los 150 euros al mes por 40 horas semanales de faena. El Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias (OATPP) es el encargado de facilitar presos trabajadores a más de 100 empresas y a asociaciones de empresarios como la CAEB de las Islas Baleares o las cámaras provinciales de comercio.

OATPP informa que tiene a 11.350 presos trabajando, a estas cifras hemos de añadir los que explota el CIRE de la Generalitat Catalana y los menores de los centros de reforma que también están trabajando; con esto tendremos más o menos un total de unos 15.000 cautivos trabajando.

Algunas de las empresas privadas que explotan a los presos son Cooperativa Mondragón, Citröen, Codorniu y El Corte Inglés. En Picassent encontramos a «Industrias Ochoa», en Castellón a Onix, que hace fabricar a los presos mosaicos para piscinas, en Fontcalent y en Villena está Gaviota Imbac que les hace producir persianas. Otra empresa valenciana que explota presos es Boxtar SL.

Todo esto del trabajo de los cautivos recuerda al esclavismo, de hecho, un esclavo es un trabajador que no es libre... En la historia el trabajo de los presos se ha utilizado por los regímenes opresivos, como el Egipto de los faraones, la América española, la Alemania nazi, el régimen de Franco, etc. Roma tembló por la rebelión de Espartaco y los esclavos.

En los reformatorios (Centros de Menores), los mayores de 16 años sufren especialmente la precariedad y la explotación, ya que se les hace contratos de aprendizaje y les pagan muy poco. Los trabajos más usuales que hacen son tallar mármol en canteras, trabajar en la construcción y empaquetar productos agrícolas. Los educadores-carceleros transportan a los adolescentes a los lugares de trabajo y después los recogen para llevarlos de regreso a la prisión.

Donde se toma como modelo, de una manera más clara, la actual política penitenciaria anglosajona de privatizar las prisiones, es en los Centros de Menores. Aproximadamente unos 2.750 menores están en régimen de internamiento, cada uno de ellos tiene un coste de 200 euros al día; dinero que cada Comunidad Autónoma paga a «fundaciones» (eufemismo de empresa privada) para gestionar y controlar estos centros. Además, hay muchos jóvenes en libertad vigilada y «semilibertad».

El Centro de «Reeducación» de Burjassot es gestionado por la fundación Diagrama, que tiene un contrato de 4 millones de euros con la un contrato anual con la Generalitat por valor de 1 millón y medio de euros por la gestión del Centro de Menores de Elche, donde en el mes de Mayo de 2007 la muerte de un chico evidenció numerosos casos de torturas y maltratos. Existen muchas otras fundaciones y empresas que gestionan reformatorios, como, por ejemplo, Dianova, Ginso, Crisol, etc.. Los Centros de Menores son vigilados por empresas de seguridad, los guardias de estas tienen como tarea principal reducir físicamente a los internos. Algunas de estas empresas que hacen dinero del uso de la violencia en las prisiones de menores son Securitas, Grupo Norte y Grupo Eulen. La «Levantina de Seguridad» vinculada a la ultraderecha estaba contratada en Madrid en el Centro de Menores «El Pinar».

Otro sector que mueve millones es el de la industria de los fármacos, ya que gran parte de los menores son obligados a tomar psicofármacos que actúan como camisas de fuerza química, lo que generalmente les deja secuelas de por vida. Los psicofármacos utilizados son comprados principalmente a Novartis (que también produce transgénicos), a Lilly SA y a Janssen-Cilag del grupo Johnson&Johnson. Por otro lado, muchos presos adultos tiene Hepatitis y Sida, lo que supone un gran consumo de medicamentos.

El hecho de que el capitalismo haga negocio con el sufrimiento es una constante del sistema. Se calcula que 100.000 personas mueren diariamente en el mundo como causa de la desnutrición. Muchas de estas muertes se producen en paises fértiles donde las tierras son propiedad de las multinacionales. Son las leyes y las prisiones las encargadas de mantener la opresión, de parar a la gente, de crear fronteras y jerarquías. Si no queremos ser cómplices de este sistema genocida y criminal debemos tumbar los muros de las prisiones y de la represión o al menos intentarlo.




El ministerio de Medio Ambiente reconoce, por primera vez, la existencia de afectados por transgénicos en España

Greenpeace (27-10-09)

Por primera vez, el Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino reconoció la existencia de personas y de empresas que han sufrido los efectos de la política de transgénicos llevada a cabo por el Ejecutivo español (1). En el orden del día de la reunión convocada el pasado día 21 por el Ministerio (2) aparece un punto en el que se dice textualmente: “Coexistencia de maíz modificado genéticamente con maíz convencional y ecológico. Experiencias de agricultores afectados”.

Estos efectos sociales y económicos de la presencia de maíz transgénico en España llevan siendo denunciados por las organizaciones ecologistas y agrarias desde hace una década. Sin embargo, los niveles de irresponsabilidad política en el Gobierno han alcanzado cotas elevadas. Por ejemplo, en una reciente reunión con los colectivos ambientales y agrarios, el director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Jesús Casas, reconocía que las empresas como Monsanto “realizan una constante labor de lobby en el Ministerio” y que “los casos de contaminación por transgénicos son indignantes”. Sin embargo, Casas afirmaba también que votaba siempre a favor de los transgénicos en el Consejo Interministerial de OMG (Organismos Modificados Genéticamente) del Gobierno español, a pesar de reconocer el mismo que no entiende sobre transgénicos

Pero a pesar de la existencia de este punto en el orden del día de la reunión, y de las afirmaciones de Casas, tanto la presidencia de la reunión como los responsables del MARM presentes en ella defendieron que los transgénicos son una opción y que el Gobierno de España no va a frenarlos. Asimismo, calificaron de acto político de dudosa validez científica aquellas prohibiciones que se están disparando en la UE.(3)

Otra muestra de irresponsabilidad, que ha sido percibida como una afrenta histórica contra las posturas críticas con los transgénicos y contra el conjunto de la sociedad civil, ha sido la ausencia del propio Casas (quien convocó la reunión pero finalmente “por motivos de agenda” prefirió no estar presente). No obstante, fueron convocadas en bloque un conjunto de asociaciones sectoriales como ASEBIO, ANOVE, FIAB, CESFAC (algunas de las cuales se considera que ejercen como lobby de las multinacionales de los transgénicos) a pesar de no ser miembros de pleno derecho del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA). La empresa Monsanto, por ejemplo, principal responsable de las contaminaciones genéticas en el mundo y cuyo historial está plagado de escándalos, tenía varios representantes en dicha reunión, bajo siglas de al menos dos organizaciones empresariales.

En la reunión, una vez más, se rechazó tratar los asuntos que las organizaciones ambientales y agrarias llevan años poniendo sobre la mesa y que se había solicitado fueran parte del orden del día. Por ejemplo, la falta de transparencia, la ausencia de registros públicos de los cultivos transgénicos, las irregularidades en el etiquetado de los alimentos transgénicos, los reiterados casos de contaminación, etc.

(1) El Gobierno sigue tolerando el cultivo a gran escala de Organismos Modificados Genéticamente en territorio español en contra de la tendencia de la UE y de la mayoría de estados miembros.
(2) Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de OGM del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) 21 octubre 2009.
(3) El sábado 10 de octubre la coalición que gobierna Irlanda publicó un acuerdo en el que especifica que se “declarará a la República de Irlanda Zona Libre de Transgénicos, libre del cultivo de cualquier planta modificada genéticamente”. Irlanda se suma así a Francia, Austria, Grecia, Luxemburgo, Hungría, Italia, Polonia y Alemania que ya mantienen algún tipo de prohibición sobre el cultivo de organismos modificados genéticamente. En marzo, 22 estados miembros rechazaron la propuesta de la Comisión para abolir las prohibiciones existentes en Austria y Hungría (entre ellos España).

 

 
La cara más joven de la crisis económica
Los jóvenes jienenses son los últimos en acceder al mercado laboral y los primeros en salir
El desempleo entre los menores de 25 años ha crecido en Jaén un 19% desde que estalló la crisis

J. PASTOR Y J. L. GALENDE
Ideal Digital (25-10-09)

Aunque los efectos del desempleo sobre los jóvenes no sean tan llamativos para la opinión pública, por aquello de que la mayoría no se ha embarcado en una hipoteca o no tiene hijos, lo cierto es que este grupo de población se encuentra en el punto de mira. Los números son reveladores. Los menores de 25 años han visto cómo la cifra de parados entre amigos de su edad crecía (y crece) mes tras mes. Concretamente, el volumen de parados en este grupo de población ha subido en la provincia jienense un 18,9 por ciento en los últimos dos años, pasando de 5.414 en septiembre de 2007 a 6.439 el mismo mes de 2009.
Los datos del Ministerio de Trabajo permiten afinar aún más, ya que son los chicos entre 20 y 25 años los que antes se han quedado sin empleo o sin posibilidades de firmar un contrato. Hasta un 58,4 por ciento han aumentado del desempleo entre varones de 20 y 25 años de Jaén. En términos absolutos estamos hablando de 1.323 demandantes más en el período que estamos analizando, desde que estalló la crisis, tras el verano de 2007, hasta nuestros días.
¿Qué salidas tienen? En todos los casos, una huida hacia delante: retrasar la emancipación del hogar familiar, aplazar la paternidad (la edad para tener el primer hijo ya supera los 30 años) y alargar la formación con la esperanza de lograr un trabajo más pronto que tarde. Son los últimos en llegar al mercado laboral, y también están siendo los primeros en salir, siguiendo una especie de norma no escrita.

Situación nacional
En sólo dos años, la recesión ha impulsado desde el 18,2 por ciento hasta el 38,1 el desempleo de la población en el ámbito nacional comprendida entre 16 y 25 años, según las estadísticas oficiales. Se trata de 855.000 parados, la cifra más elevada de la última década y casi el doble que en 2007, cuando la desaceleración empezaba ya a dejarse sentir en algunos sectores.
Esta desmesurada subida del desempleo no es fruto de la llegada de nuevas generaciones al mercado laboral, sino de la vertiginosa destrucción de puestos de trabajo en ese segmento de edad. Así, en los dos últimos ejercicios la población ocupada ha caído en algo más de 600.000 personas, la mitad de todo el empleo perdido por la economía. Tal descenso ha supuesto que los ocupados de esa edad hayan bajado de 1,9 a 1,4 millones.
La situación en Andalucía es similar. Los menores de 25 que residen en la comunidad autónoma han visto cómo se incrementaba en un 61 por ciento el desempleo. En este caso, el sector más afectado son los andaluces entre 16 y 19 años, que registran un 71 por ciento más de desempleados que hace sólo dos años, en septiembre de 2007,

«Más justo»
«En un periodo de crisis es normal que el desempleo se cebe en los jóvenes», señala el sociólogo Javier Elzo. Primero, explica, porque no acceden a un empleo que es escaso; y también porque han sido los últimos en llegar a las empresas. «Es más fácil para los empresarios, e incluso más justo», asegura, que si alguien ha de engrosar las listas del paro sea un joven y no una persona mayor de 45 años. «Aunque ello no quiere decir que no sea preocupante».
España no sólo tiene la tasa de paro juvenil más alta de Europa, sino que también sufre la cifra absoluta más elevada de jóvenes sin trabajo, junto con Reino Unido. Las estadísticas comunitarias que difunde Eurostat revelan que, de las principales economías europeas, es Italia la que presenta la segunda peor tasa, a gran distancia de la nacional, con un 24%.
Al contrario de lo que sucede en territorio español, en esos grandes países el crecimiento del paro juvenil es inferior al del desempleo en general. En algunos casos, prácticamente no ha variado en los últimos dos años, desde que arrancó la crisis. En cifras medias comunitarias, la tasa de desocupación ha subido entre los jóvenes del 15,3 por ciento al 19,6 -un alza que sería menor si se descontara el efecto de España-, mientras que el total de desocupados de 16 a 25 años ha pasado de 4,1 a 5,1 millones, de los que 422.000 son españoles.

Paro y formación
Una circunstancia que las estadísticas demuestran sin lugar a dudas es que el paro entre los jóvenes está directamente relacionado con el nivel de formación alcanzado por los trabajadores; al menos, en España. Los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) indican que el 45% de los que sólo tienen estudios primarios están en desempleo, la tercera cifra más alta de Europa por detrás de algunos socios de la última ampliación como Estonia y Letonia, mientras que Hungría y Croacia se acercan a ese nivel.
Poseer estudios medios facilita algo el acceso a un trabajo, pero el 31,7 por ciento de los jóvenes en esta situación no dispone de ocupación, que es la tasa más alta de la UE. En cambio, los que han terminado estudios superiores en paro son 'sólo' el 24,7, una cifra que está por debajo de las de Italia y Grecia, pero que aún así casi duplica la media de la Unión, situada en el 13,1.
La cara menos amarga es que la tasa de desempleo femenino entre los 16 y 25 años fue del 35,6 por ciento en el segundo año, frente al 39,9 de los varones.




Representan en Madrid las consecuencias del cambio climático

Ecologistas en Acción (25-10-09)

El sábado 24 de octubre, Día de Acción Global contra el Cambio Climático se han celebrado en todo el mundo actos para reivindicar una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Al Día de Acción Global contra el Cambio Climático se le conoce como día 350, en referencia a la concentración atmosférica de GEI en Partes Por Millón de CO2. Debemos mantener esa concentración por debajo de ese valor para impedir que se desencadenen las consecuencias más graves del calentamiento global.

La Plataforma Ciudadana contra el Cambio Climático (formada por organizaciones sociales, ecologistas, sindicales etc.), en la que participa Ecologistas en Acción, mostró, mediante una parodia en la Puerta del Sol, las consecuencias catastróficas que tendrá el cambio climático sobre el planeta. Tres personas de diferentes épocas, el presente, el año 2020 y el año 2050 aterrizaron en la Puerta del Sol para mostrar cómo el medio ambiente y sus condiciones de vida se habían ido deteriorando. En el 2009, en medio de la indiferencia generalizada, se empezaban a notar algunos de los efectos del calentamiento global. En el 2020 las consecuencias del cambio climático eran más que evidentes, y aunque se hacían ya algunos intentos para por fin cambiar las cosas… era demasiado tarde: en el 2050, por culpa de la inoperancia de los gobiernos del mundo, el tiempo se nos había acabado para actuar contra el cambio climático y sus consecuencias eran ya catastróficas.

La Plataforma Ciudadana contra el Cambio Climático considera el año 2009 clave en la lucha contra esta amenaza. Durantes las Cumbres de las Naciones Unidas que tendrá lugar en Noviembre y Diciembre en Barcelona y Copenhague respectivamente, se decidirán los detalles del acuerdo que dará continuidad al Protocolo de Kioto. Sin embargo, no hay muestras claras de progreso en las negociaciones. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan creciendo, la pérdida de hielo de los casquetes polares ha sobrepasado las peores previsiones científicas, y millones de vidas humanas y de especies vegetales y animales están en peligro.

También recuerda que España sigue siendo el país más alejado del cumplimiento de los objetivos de Kioto. La Plataforma Ciudadana contra el Cambio Climático considera que es el momento de dar un giro y apostar por vivir sin exceder la capacidad de nuestro planeta utilizando los recursos de forma sostenible y con equidad. La crisis no es excusa para no actuar y, de hecho, si no invertimos la situación presente, las consecuencias económicas de no hacer frente al cambio climático serán mucho peores. Pedimos que se dé a la lucha contra el cambio climático la prioridad y la urgencia necesaria por lo que proponemos:
- Conseguir una reducción del 50% de las emisiones globales antes de 2050 con respecto a los niveles de 1990. Para ello, los países industrializados deben obtener una reducción del 40% de sus emisiones para el año 2020 y de un 80% para 2050.
- Hacer una apuesta plena por energías renovables y eficientes, y una transformación de los sistemas de transporte basados en la combustión de petróleo. Aunque estas políticas resulten costosas, serán rentables a medio plazo y podrán crear millones de nuevos empleos “verdes” productivos.
- Aportar fondos para hacer accesibles globalmente las tecnologías limpias, reducir la deforestación y adaptarse a los efectos inevitables del cambio climático. La contribución de cada país ha de basarse en su responsabilidad histórica en la generación de emisiones y su capacidad para reducirlas. Los países industrializados deben ayudar al resto trasfiriendo la tecnología y medios necesarios para controlar las emisiones.
- Concretar la aportación de los fondos públicos necesarios y establecer que la ONU sea la reguladora y supervisora de los flujos financieros. Se necesitarán grandes inversiones para transformar la economía actual, dependiente en un 80% de los combustibles fósiles.




Marcha por la Igualdad y contra la Ley de Extranjería
La marcha salió de Barcelona el pasado 23 de Septiembre y el domingo 25 de Octubre llega a Madrid tras recorrer más de 600 kilómetros luchando por la igualdad de derechos y la dignidad de las personas, contra la Ley de Extranjería y la criminalización de la pobreza

Alasbarricadas (25-10-09)

La "Marcha por la Igualdad y Contra la Ley de extranjería " salió el pasado 23 de septiembre y recorre más de 600 kilómetros hasta Madrid reivindicando cinco puntos básicos, a los que se pueden adherir personas y colectivos en la siguiente dirección: marchaigualdad.blogspot.com/

1.- El cierre de los CIE.Marcha por la Igualdad a su paso por Zaragoza
2.- Establecimiento de un proceso de regularización de las personas sin papeles que no dependa del contrato de trabajo y eliminación de la obligación de 180 días cotizados para la renovación de permiso.
3.- Eliminar las restricciones para la reagrupación familiar, permiso de trabajo para los reagrupados.
4.- La no penalización del principio de solidaridad.
5.- La igualdad de derechos plena entre inmigrantes y personas autóctonas incluyendo el derecho a participar o abstenerse en los procesos electorales que se produzcan.

El silencio mediático en torno a la marcha no ha impedido el aumento del apoyo a los marchantes a su paso por las distintas localidades: Mollins de Rei, Martorell, Monserrat, Igualada, La Panadella, Cervera, Tárrega, Mollerussa; Lleida, Fraga, Candasnos, Bujaraloz, Pina de ebro, Alfalarín, Zaragoza, La Muela, La Almunia de Doña Godina, Calatayud, Ateca, Ariza, Arcos de Jalón, Medinaceli, La Torresaviñán, Alaminos, Torrija, Guadalajara, Alcalá De Henares, Torrejón de Ardoz, Madrid.

A su paso por Zaragoza más de cincuenta entidades ciudadanas y de inmigrantes se solidarizaron con la marcha, se realizó un concierto de apoyo, un homenaje al poeta chileno Rolado Mix, recientemente fallecido, y recogida de firmas en el marco de la Campaña por la Despenalización del Top Manta que, en Zaragoza, lleva a cabo la Red de Apoyo a los/las Sin Papeles.

La Marcha culmina con una Manifestación Por la Igualdad, Contra la Ley de extranjería a las 10:00 en la Plaza de Legazpi (Madrid).

 

 
5.300 jienenses 'tiran la toalla' ante la imposibilidad de encontrar un trabajo
La EPA sitúa a Jaén como la sexta provincia con mayor tasa de desempleo, con cerca del 26%
La sangría de parados no frena y ya son 73.100 los ciudadanos excluidos del mercado laboral

JORGE PASTOR
Ideal Digital (24-10-09)

Los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos ayer son malos para Jaén se miren por donde se miren. Y es que el problema no es ya que la lista de parados siga sumando víctimas, lo realmente preocupante es que 5.300 jienenses han decidido 'entregar la cuchara' en los últimos tres meses completamente hartos de buscar una colocación por todas partes y recibir por respuesta un 'no' seco y rotundo. Y es que hasta ahora el número de activos, un concepto que incluye tanto a los que trabajan como a los que no lo hacen pero lo intentan, no paraba de subir cada vez que se hacían públicos los datos de la EPA, una circunstancia que se valoraba de forma positiva por parte de los sindicatos y la Junta de Andalucía al considerar que siempre es bueno que haya más gente interesada en acceder al mercado del empleo.

Pues bien, ahora ni eso. A finales de junio había en Jaén 287.500 personas 'activas'; a finales de septiembre esta cantidad se había reducido hasta 282.500. ¿A qué se dedican ahora todos éstos que se han visto obligados a 'tirar la toalla'? Pues muchos de ellos, concretamente 3.500, han optado por las labores del hogar. En la mayor parte de los casos se trata de mujeres que, ante las dificultades económicas que atraviesan sus familias, se lanzaron al proceloso mundo de la inserción laboral ante la imperiosa necesidad de meter un sueldo en casa. Ahora 3.500 de ellas han regresado a su estatus anterior, con todas las secuelas que ello tiene al margen de lo material (fundamentalmente desmoralización y sensación de fracaso). Así que ésta es la nueva realidad.

La cuestión es que en estos instantes la tasa de paro se sitúa en Jaén en un preocupante 25,92 por ciento, cuando hace un año estábamos en el 17,76 por ciento y ya sonaban todas las alarmas. Este 25,92 por ciento es una barbaridad, ya que estamos hablando de 73.100 desempleados frente a los 70.000 exactos del anterior recuento de la EPA (el del segundo trimestre de 2009). Tan sólo hay cinco provincias, cuatro de ellas andaluzas, que presentan un indicador peor que el de Jaén: Almería (30,64 por ciento), Las Palmas (28,07 por ciento), Córdoba (27,88 por ciento), Granada (27,36 por ciento) y Cádiz (26,30 por ciento). La media de la comunidad autónoma es del 25,64 por ciento y la nacional, del 17,93 por ciento.

Punto crítico

Jaén ha llegado a este punto crítico porque la atonía es generalizada en todos los sectores productivos. Tan sólo el 'ladrillo' demanda mano de obra. La construcción ha creado 1.100 puestos en los tres meses que estamos analizando, una demanda de mano de obra que se explica única y exclusivamente por la infinidad de obras puestas en marcha con los 118 millones del Fondo Estatal de Inversión Local (el denominado Plan E) y los 24 millones del Proteja. También ha ayudado los grandes proyectos de infraestructuras que se acometen en municipios como Jaén y la ejecución de viviendas de protección oficial también en la capital (casi todos los edificios se concentran en la zona del Bulevar). En este sentido, conviene destacar la aprobación de un segundo Plan E por parte del Gobierno, cuyos efectos se empezarán a notar a principios de 2010 y que tiene una dotación de 5.000 millones de euros para el conjunto del Estado.

La agricultura presenta un importantes descenso de ocupados. Hay 5.100 menos respecto a mediados del verano. Detrás de esta coyuntura subyace la crisis de precios del aceite de oliva, lo que ha situado a la inmensa mayoría de las explotaciones por debajo del umbral de la rentabilidad. Los olivareros han disminuido gastos, lo que ha implicado 'tirar' de menos personal.

La industria y los servicios sí que se están viendo claramente afectados por la retracción de consumo. En el primer caso, muchas fábricas están paradas por la falta de pedidos y, como consecuencia de ello, recortan sus plantillas. Se contabilizan 1.400 despidos. La mala temporada de vacaciones también ha tenido una incidencia negativa. Las empresas de servicios (donde se incluye el subsector turístico) han prescindido de 3.100 efectivos.




Casi el 20% de los españoles vive bajo el umbral de la pobreza relativa
Viven con menos de 5.815 euros al año. Extremadura (con un 38,4 por ciento) y Andalucía (28,9 por ciento) presentan las mayores tasas de riesgo de pobreza del Estado.

CanalSolidario (24-10-09)

El 19,6 por ciento de la población residente en España vive por debajo del umbral de pobreza relativa, medido éste sin considerar la posesión de vivienda, al ingresar menos de 5.815 euros al año, según recoge la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2008 hecha pública esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por comunidades autónomas, Extremadura (con un 38,4 por ciento) y Andalucía (28,9 por ciento) presentan las mayores tasas de riesgo de pobreza en España. Por el contrario, las comunidades con menor proporción de población por debajo de dicho umbral son Comunidad Foral de Navarra (6,5 por ciento) y País Vasco (8,5 por ciento).

Por otro lado, el 33,5 por ciento de los españoles (hogares) no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa más de una semana al año. Asimismo, el 44,6 por ciento de las familias con hijos no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y en un 5,3% de hogares no se mantiene la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos.

Sin embargo, el ingreso monetario medio neto por hogar percibido durante 2007 ascendió a 26.010 euros, un incremento de seis puntos respecto al año anterior. En función del sexo, las mujeres siguen ingresando cerca de 3.700 euros menos que los hombre al año. El nivel educativo también influye: el ingreso medio de los hogares cuya persona de referencia tenía una educación superior fue de 35.930 euros, frente a los 19.210 cuando ésta tenía una educación primaria o inferior.

En relación con los problemas en la vivienda, el 5,9 por ciento de los españoles sufrió escasez de luz natural en su vivienda en 2008. Mientras que en función de la zona donde está ubicada, el 13,2 por ciento padeció contaminación u otros problemas medioambientales, el 15,4 por ciento se vio afectado por la delincuencia y el vandalismo y el 21,8 por ciento sufrió ruidos producidos por vecinos o procedentes de la calle. Comunidad Valenciana fue la que tuvo los mayores porcentajes de familias afectadas por problemas de ruidos y contaminación, mientras que Comunidad de Madrid presentó el mayor porcentaje con problemas de delincuencia o vandalismo en su zona de residencia.



El Ministerio de Medio Ambiente reconoce la existencia de afectados por transgénicos en España
Nota de prensa conjunta elaborada por Amigos de la Tierra, COAG, Ecologistas en Acción y Greenpeace.

Ecologistas en Acción (24-10-09)

Por primera vez, el Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino reconoció ayer la existencia de personas y de empresas que han sufrido los efectos de la política de transgénicos llevada a cabo por el Ejecutivo español [1]. En el orden del día de la reunión convocada para ayer por el Ministerio [2] aparece un punto en el que se dice textualmente: “Coexistencia de maíz modificado genéticamente con maíz convencional y ecológico. Experiencias de agricultores afectados”.

Estos efectos sociales y económicos de la presencia de maíz transgénico en España llevan siendo denunciados por las organizaciones ecologistas y agrarias desde hace una década. Sin embargo, los niveles de irresponsabilidad política en el Gobierno han alcanzado cotas muy preocupantes. Por ejemplo, en una reciente reunión con los colectivos ambientales y agrarios, el director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Jesús Casas, reconocía que las empresas como Monsanto “realizan una constante labor de lobby en el Ministerio” y que “los casos de contaminación por transgénicos son indignantes”. Sin embargo, Casas afirmaba también que votaba siempre a favor de los transgénicos en el Consejo Interministerial de OMG (Organismos Modificados Genéticamente) del Gobierno español, a pesar de reconocer el mismo que no entiende sobre transgénicos.

Pero a pesar de la existencia de este punto en el orden del día de la reunión de ayer, y de las afirmaciones de Casas, tanto la presidencia de la reunión como los responsables del MARM presentes en ella defendieron que los transgénicos son una opción y que el Gobierno de España no va a frenarlos. Asimismo, calificaron de acto político de dudosa validez científica aquellas prohibiciones que se están disparando en la UE [3].

Otra muestra de irresponsabilidad, que ha sido percibida como una afrenta histórica contra las posturas críticas con los transgénicos y contra el conjunto de la sociedad civil, ha sido la ausencia del propio Casas (quien convocó la reunión pero finalmente “por motivos de agenda” prefirió no estar presente). No obstante, fueron convocadas en bloque un conjunto de asociaciones sectoriales como ASEBIO, ANOVE, FIAB, CESFAC (algunas de las cuales se considera que ejercen como lobby de las multinacionales de los transgénicos) a pesar de no ser miembros de pleno derecho del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA). La empresa Monsanto, por ejemplo, principal responsable de las contaminaciones genéticas en el mundo y cuyo historial está plagado de escándalos, tenía varios representantes en dicha reunión, bajo siglas de al menos dos organizaciones empresariales.

En la reunión, una vez más, se rechazó tratar los asuntos que las organizaciones ambientales y agrarias llevan años poniendo sobre la mesa y que se había solicitado fueran parte del orden del día. Por ejemplo, la falta de transparencia, la ausencia de registros públicos de los cultivos transgénicos, las irregularidades en el etiquetado de los alimentos transgénicos, los reiterados casos de contaminación, etc.

[1] El Gobierno sigue tolerando el cultivo a gran escala de Organismos Modificados Genéticamente en territorio español en contra de la tendencia de la UE y de la mayoría de estados miembros.
[2] Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de OGM del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) 21 octubre 2009.
[3] El sábado 10 de octubre la coalición que gobierna Irlanda publicó un acuerdo en el que especifica que se “declarará a la República de Irlanda Zona Libre de Transgénicos, libre del cultivo de cualquier planta modificada genéticamente”. Irlanda se suma así a Francia, Austria, Grecia, Luxemburgo, Hungría, Italia, Polonia y Alemania que ya mantienen algún tipo de prohibición sobre el cultivo de organismos modificados genéticamente. En marzo, 22 estados miembros (entre ellos España) rechazaron la propuesta de la Comisión para abolir las prohibiciones existentes en Austria y Hungría.

 

 
La UE encarece los medicamentos a los países pobres
La UE encarece las medicinas básicas en los países menos desarrollados. Son medicamentos que llegan a 2.000 millones de personas. Lo han denunciado Oxfam Internacional y Health Action.

Canal Solidario (23-10-09)

La Unión Europea dificulta el acceso a medicamentos básicos a 2.000 millones de personas en países en vías de desarrollo. Además, pone trabas comunitarias a la exportación de fármacos genéricos, según un informe presentado por las ONG Oxfam Internacional y Health Action International (HAI).

La política comercial de la UE de encarecer el acceso a los medicamentos tiene un efecto devastador en la economía de los países empobrecidos, que gastan entre el 20% y el 60% de sus presupuestos sanitarios en la compra de fármacos" destacan las ONG.

Así, la comunidad europea "contradice sus compromisos" para alcanzar los Objetivos del Milenio y vulnera los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), afirmó, Elise Ford, la asesora jurídica de la oficina europea de la ONG Oxfam.

Los '27' están aumentando la presión legal sobre los países pobres al aplicar "normas de propiedad intelectual cada vez más estrictas a las exportaciones de medicamentos genéricos a dichos estados", explicó Ford. "La UE está imponiendo sus estándares de propiedad intelectual al resto del mundo a través de los acuerdos de asociación comercial con terceros países".

Como caso concreto, el informe destaca la situación que vive Bolivia que abandonó las negociaciones para un acuerdo de unión entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), incluyendo aspectos políticos, de cooperación y comerciales, principalmente por sus reticencias sobre las normas de propiedad intelectual que La Unión quería incluir.

La Unión decidió entonces seguir negociando únicamente para alcanzar un tratado de libre comercio , que afecta exclusivamente a cuestiones comerciales, con Colombia, Perú y Ecuador.

Las ONG acusan a los '27' de favorecer los intereses comerciales de las compañías farmacéuticas europeas y de causar un "grave daño" a la sanidad pública de los países menos favorecidos.

En reacción a las conclusiones del informe, la Comunidad Europea "negó el impacto negativo" de las políticas comerciales europeas sobre medicamentos y destacó que éstas "promueven la competitividad de la industria europea", según dijo Sophie Bloemen, responsable de la oficina de HAI ante la UE.




Actividades previas a la Cumbre sobre el Cambio Climático
Entre los días 7 y 18 de diciembre, Presidentes y Jefes de Estado mundiales se reunirán en Copenhague en la 15ª Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15). La idea es discutir un nuevo acuerdo global que sustituya el Protocolo de Kyoto, que vence el 2012. Para llamar la atención de los líderes mundiales sobre la importancia de este nuevo acuerdo, movimientos y ambientalistas de varios países realizan actividades previas a la COP15.

Daniel Barrantes
ADITAL (23-10-09)

Mañana sábado (24), la Campaña 350.org prepara una gran movilización para sensibilizar a las personas y a las autoridades mundiales sobre la importancia de encontrar soluciones urgentes a la crisis climática. De acuerdo con la Campaña, estudios recientes revelan que para "mantener un planeta semejante a aquél en que nuestra civilización se desarrolló", las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera deben caer de 387 a 350 partes por millón o menos.

De esta manera, la intención de la 350.org es realizar actividades en varios lugares del mundo el 24 de octubre. Plantación de árboles, paseos en bicicleta, manifestaciones, marchas, caminatas y otras acciones relacionadas con la temática podrá ser desarrollada por cualquier persona y en cualquier lugar. Los participantes podrán fotografiar las actividades y enviarlas al sitio web de la Campaña (www.350.org).

El objetivo es reunir las imágenes y divulgarlas al mundo entero, incentivando las discusiones sobre los cambios climáticos. "El día 24 de Octubre llega seis semanas antes de las cruciales reuniones de la ONU [Organización de las Naciones Unidas] en Copenhague. Si todos hacemos nuestro trabajo, cada nación sabrá qué se está tratando cuando se elabora un plan: ¿regresará este planeta al camino de los 350?", cuestiona la Campaña.

Además, el grupo de Amigos de la Tierra Internacional preparó una petición que será entregada a los participantes de la COP15. En el documento -que puede ser firmado por cualquier ciudadano-, el grupo pide que se firme en Copenhague un acuerdo climático justo, que reconozca a los países desarrollados como los principales responsables del cambio climático.

En la petición, piden además, que el nuevo acuerdo establezca que los países industrializados reduzcan en un 40% las emisiones a nivel nacional para 2020. Para los Amigos de la Tierra, tal reducción debe ser fruto de producciones sustentables y de uso de energías limpias, y no de la compra de créditos de carbono o de bosques en naciones en desarrollo para compensar las emisiones de los países desarrollados.

"Los países ricos deben proporcionar fondos adicionales para que los países en desarrollo crezcan de una manera limpia y para que puedan enfrentar las inundaciones, sequías y hambre causados por el cambio climático. El acuerdo debería asegurar que estos fondos se distribuyan de manera justa y transparente", agrega el grupo.




La CIA compra la empresa que monitorea blogs, Twitter, YouTube y Amazon
Esta empresa, Visible Technologies, vigila cada día más de medio millon de sitios en internet, revisando más de un millon de conversaciones, foros y posts

Eva Golinger
La República (23-10-09)

En una noticia exclusiva publicada esta semana en la revista WIRED, fue revelada que In-Q-Tel, una empresa inversionista de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), acaba de hacer grandes inversiones en un negocio dedicado a monitorear los medios y redes sociales. Esta empresa, Visible Technologies, vigila cada día más de medio millon de sitios en internet, revisando más de un millon de conversaciones, foros y posts en diferentes blogs, foros en línea, Flickr, YouTube, Twitter y Amazon. Los clientes de Visible Technologies reciben información en tiempo real sobre lo que se está diciendo y haciendo en el ciberespacio, basada en una serie de palabras claves.

Según la revista WIRED, esta nueva adquisición de la CIA forma parte de un movimiento mayor dentro de la comunidad de inteligencia para mejorar la capacidad de utilizar “fuentes abiertas de inteligencia” – información que está disponible en el ámbito público, pero muchas veces escondida en programas de televisión, artículos de prensa, blogs, videos en internet y reportajes en miles de emisoras que se generan todos los días.

El vocero de Visible Technologies, Donald Tighe, reveló que la CIA les pidió monitorear a los medios sociales extranjeros e instalar un sistema de “deteción temprana” para informar a la agencia de inteligencia sobre “cómo los asuntos de interés se están manifestando a nivel internacional”. Pero también, se utiliza a nivel nacional, dentro de Estados Unidos, para monitorear a los bloggers y tweeters domésticos.

Visible también suministra un servicio similar a empresas de comunicación, como Dell, AT&T, Verizon y Microsoft, para informarles sobre lo que están diciendo en los foros de ciberespacio sobre sus productos.

A finales del año 2008, Visible comenzó una colaboración con la empresa consultora de Washington, Concepts & Strategies (Conceptos y Estrategias), que estaba dedicada a monitorear y traducir medios extranjeros para el Comando Estratégico del Pentágono y el Estado Mayor Conjunto, entre otras agencias estadounidenses. Concepts & Strategies está actualmente reclutando “especialistas en medios sociales” con experiencia en el Departamento de Defensa y fluidéz en árabe, farsi, francés, urdu o ruso. La empresa también está buscando un “ingeniero de seguridad para sistemas informáticas” que ha sido ya otorgado acceso “Top Secret” por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos.

La comunidad de inteligencia ha tenido un gran interés durante muchos años en los medios sociales y las redes sociales en internet. In-Q-Tel ha realizado grandes inversiones en Facebook y otras empresas que reúnen datos e información de millones de usuarios por todo el mundo. La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Estados Unidos mantiene el Centro de Fuentes Abiertas, que está dedicada a la búsqueda y el monitoreo de información públicamente disponible, pero no siempre encontrada con facilidad.

Hace una semana, el Departamento de Estado patricinó un evento en la Ciudad de México llamado la Cumbre de la Alianza de Movimientos Juveniles, reuniendo jóvenes dirigentes políticos afínes a los intereses de Washington con los fundadores y representantes de las nuevas tecnologías como Facebook, Twitter y YouTube. La Alianza buscaba “mejorar la capacidad de los jóvenes políticos para utilizar las nuevas tecnologías para mobilizar sus organizaciones y diseminar información a un público masivo.” Participaron varios dirigentes opositores de Venezuela, como Yon Goicochea y Geraldine Álvarez, conocidos por sus vínculos a las agencias de Washington desde hace unos años. También asistieron, por invitación del Departamento de Estado, los promotores de la marcha “No Más Chávez” que fue convocada en Facebook durante el mes de septiembre 2009.

La unión entre las agencias de Washington, las nuevas tecnologías y los jóvenes dirigentes políticos seleccionados por el Departamento de Estado, era una receta para una nueva estrategia de ’’cambiar regímenes’’. Además, ese evento reafirmó el apoyo político y financiero al movimiento estudiantil de la oposición en Venezuela por parte de Estados Unidos y colocó ante la opinión pública una evidencia irrefutable de la siniestra alianza entre Washington y las nuevas tecnologías.

Ahora, con la nueva evidencia sobre las últimas inversiones de la CIA que permiten el monitoreo y rastreo de información en Twitter, blogs, YouTube y otros foros en ciberespacio, no hay duda de que el campo de batalla ha sido ampliada.

Sin embargo, la comunidad de inteligencia no controla – aún – todo el contenido y flujo de información en el ámbito cibernético. Y las mismas herramientas que les sirven a ellos para minar data y obtener información sobre sus potenciales adversarios, pueden ser utilizadas por aquellos que luchan contra las intrusiones imperiales como armas para mobilizar masas y diseminar verdades sobre sus agresiones.

La CIA nos tiene en la mira, pero nosotros también la estamos vigilando.

 

 
Oposición a la MAT: una lucha plural enraizada en el territorio
EL MOVIMIENTO CONTRA LA LÍNEA DE MUY ALTA TENSIÓN (MAT) AFRONTA EL RETO DE IMPULSAR LA LUCHA ANTE EL AVANCE DE LAS OBRAS
Desde 2004, los territorios catalanes de ambos lados de la frontera franco-española han visto nacer y desarrollarse a uno de los movimientos ciudadanos con mayor arraigo de los últimos tiempos: la oposición a la línea MAT.

Óscar Chaves
Diagonal (22-10-09)

El 26 de julio de 2007 varios técnicos de Red Eléctrica de España (REE) se personaron en el Ayuntamiento de la localidad gerundense de Benascó (4.242 habitantes) con la intención de firmar las actas previas de expropiación de los terrenos por donde actualmente pasa la línea eléctrica de Muy Alta Tensión (MAT) que, en palabras de la compañía, unirá Francia y España en 2013. Un grupo de personas de la Plataforma No a la MAT se concentró en señal de protesta y el alcalde de la localidad, de CiU, les impidió usar las dependencias municipales, después de invitarles a abandonar la comarca. Casi un año después, los operarios eléctricos llegaron al mismo lugar para comenzar las obras de la polémica línea de 400.000 vatios y se toparon con un recibimiento similar: un grupo de vecinos bloqueó el paso de las excavadoras.

Estos hechos, que se han repetido en numerosos pueblos afectados desde que el proyecto comenzó a ser ejecutado, dan muestra de la implantación territorial de un movimiento que se extiende a ambos lados de la frontera. Si en la Catalunya sur ha conseguido unir en un mismo espacio de oposición a los ayuntamientos afectados, colectivos ecologistas y vecinales y a empresas locales (del sector turístico, sobre todo), en la parte francesa esta unión se extiende a los partidos parlamentarios y a grandes instituciones y empresas.

Como muestra aparece el Juramento de Montferrier, un documento firmado en agosto de 2004 con el que todos los alcaldes de los departamentos de los Pirineos orientales franceses se comprometieron a dimitir en bloque cuando se levantase la primera pilona de las torres de la MAT. En total, 180 municipios de ambos lados de los Pirineos se han posicionado en contra de la red de 200 km que el consorcio Inelfe (formado por REE y el Réseau de Transport d’Electricité) pretende levantar entre Bescanó y la localidad francesa de Baixàs. En la Catalunya Nord, el Colectif non a la THT (MAT) dinamiza la protesta, mientras que en la Sur lo hace, desde 2004, la Plataforma No a la MAT. La coordinación entre ambos es estrecha. Junto a la Plataforma, con una visión más pragmática, 62 Ayuntamientos se oponen al proyecto desde la Asociación de Municipios Afectados por la MAT (AMMAT) que actualmente pide el soterramiento completo de la línea y la paralización de las obras.

Y es que, a pesar de la intensa actividad de las plataformas en estos cinco años, que ha estado jalonada por decenas de manifestaciones (algunas multitudinarias), actos informativos, bloqueos de obras, acampadas, concentraciones y recursos judiciales, entre otras acciones, más de 80 km de la polémica línea de doble circuito, desde Sentmenat a Bescanó, ya se han construído. Ni siquiera las decenas de sabotajes realizados por grupos autónomos contra la maquinaria de las obras ni el recurso contencioso administrativo que la Plataforma mantiene en el Tribunal Supremo, han conseguido impedir hasta ahora el desarrollo de los trabajos.

Eso sí, estos avanzan de manera torpe y pesada debido a la actitud vigilante e incisiva de un movimiento que ni mucho menos ha arrojado aún la toalla. Pero, más allá de la paralización de esta infraestructura costosa y, a tenor de sus opositores, insostenible e innecesaria, el éxito de las plataformas contra la MAT reposa en el propio desarrollo de un movimiento ciudadano amplio y heterogéneo, de base asamblearia, que ha sido capaz de trasladar a la sociedad, a pesar del boicot y oscurantismo de las administraciones autonómica y central, no sólo las razones de su rechazo sino alternativas serias y viables.

MÁS Infrmación:
PLATAFORMA NO A LA MAT. SITIO OFICIAL DE LA COORDINADORA CATALANA (CATALÁN, CASTEL. Y FRANCÉS) http://www.nomat.org
COLLECTIF NON A LA THT. PLATAFORMA FRANCESA CONTRA LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN (FRANCÉS) http://www.collectif-nonalatht.com
COORDINADORA VASCA DE AFECTAD@ S POR LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS (EKEUKO/COVACE) http://www.covace.org
NEXT-UP ORGANISATION. PORTAL MULTILINGÜE CON ABUNDANTE DOCUMENTACIÓN. http://www.next-up


FORTALEZAS
SOLIDARIDAD ENTRE TERRITORIOS El proyecto de línea MAT transpirenáica ha generado un importante movimiento de solidaridad que va más allá de las comarcas afectadas de ambos lados de la frontera.
ARGUMENTARIO SÓLIDO Y PROPUESTA ALTERNATIVA El movimiento ha construido en estos años un rico argumentario, de alto nivel técnico, que no sólo desmonta las supuestas bondades de la MAT sino que aporta alternativas viables.
FRENTE COMÚN EN CATALUNYA NORD En la Cataluña francesa el movimiento contra la MAT ha generado un frente unitario con todos los partidos políticos, cargos electos, agentes económicos y la ciudadanía.

DEBILIDADES
FALTA DE TRADICIÓN DE LUCHA EN ZONAS La ausencia de una tradición de conflicto con Gobiernos y grandes empresas en muchas de las zonas afectadas ha favorecido el conservadurismo y las salidas individuales.
AUSENCIA DE ENTIDADES EN CATALUNYA SUR Aunque para unos aparece como una virtud, para otros es una debilidad la ausencia en la lucha de partidos políticos parlamentarios e instituciones políticas y económicas relevantes.
ABANDONOS ANTE EL AVANCE DE LAS OBRAS La política de hechos consumados provocada por el avance de las obras está generando el desánimo y el abandono de personas y grupos que formaban parte de la lucha.




EE.UU: se dispara el número de pobres, ya son 47 millones

InSurGente (22-10-09)

Estados Unidos cuenta con 47,4 millones de pobres, siete millones más de lo anunciado en septiembre por la Oficina del Censo, que ha revisado algunas de las variables de sus estadísticas como el incremento de los costes médicos.

El pasado mes el Censo publicó un informe en el que indicaba que en 2008 cerca de 39,8 millones de personas vivían en situación de pobreza en EE.UU., el 13,2 por ciento del total de la población frente al 12,5 por ciento registrado el año anterior.

La Oficina del Censo señaló que este incremento de la pobreza, debido a los estragos causados por la crisis económica y la recesión, fue el mayor registrado desde 1997.

Sin embargo, tras la revisión, los nuevos datos muestran que el nivel de pobreza es aún peor de lo que se creía.

La discordancia de cifras se ha producido por la diferencia entre las fórmulas para el cálculo de la tasa de pobreza de la Oficina del Censo y de la Academia Nacional de Ciencias (NAS), que finalmente fijó la tasa en el 15,8 por ciento de la población, o lo que es lo mismo, casi uno de cada seis estadounidenses.

El informe, que refleja las condiciones sociales de una población de más de 300 millones, no había tenido en cuenta algunas variables como el aumento del coste de la atención médica, el transporte, el cuidado de niños o las diferencias geográficas para calcular el coste de la vida.

Tampoco consideró las ayudas no económicas del Gobierno en el cálculo de los ingresos familiares, con lo que el Censo pudo haber pasado por alto a millones de personas pobres, muchos de ellos mayores de 65 años, los más afectados por el incremento de los servicios médicos.

La fórmula revisada del NAS indica que casi 7,1 millones de los estadounidenses mayores de 65 años, el 18,7 por ciento, están en condiciones de pobreza, frente a los 3,7 millones que se habían reportado, debido al aumento de los costes del seguro médico Medicare y una menor cobertura en la prescripción de medicamentos.

La pobreza infantil, sin embargo, bajó del 19 por ciento indicado inicialmente al 17,0 por ciento, por las ayudas no monetarias que reciben las madres solteras y sus hijos, como los cupones de comida.

Las tasas de pobreza finalmente quedaron en un 29 por ciento para los hispanos, en el 17 por ciento para los asiáticos y en el 11 por ciento para los blancos no hispanos, mientras que para los afroamericanos el nivel se mantuvo en el 24,7 por ciento, debido que las ayudas no monetarias amortiguaron el impacto.

Geográficamente, la pobreza aumentó en el noreste y el oeste del país, ya que es estas partes del país se encuentran ciudades como Nueva York y Boston, en la costa este, o Los Ángeles y San Francisco, en la oeste, con los costes de vida más altos de EE.UU.



RDC: El gobierno incrementa la represión a la población civil

UMOYA (22-10-09)

La situación de violencia y represión en el este del país empeora a pesar del cese de hostilidades. El presidente Kabila está respondiendo con mano dura a toda voz que se levante en contra del gobierno. La inseguridad campa a sus anchas y varios defensores de derechos humanos han sido arrestados en los últimos meses.

Según informaciones de uno de nuestros colaboradores, los últimos sucesos en Bukavu (capital de Kivu sur, este del Congo) comenzaron cuando un adolescente del barrio Panzi compuso una canción denunciando la precariedad de la educación pública y reivindicando la necesidad de que los niños asistan a la escuela y de que los profesores reciban su salario. El joven fue secuestrado y detenido. En respuesta, compañeros del barrio se lanzaron a la calle a buscarlo y cortaron la carretera. La tragedia estalló cuando llegó la policía y empezó a disparar contra los civiles. Uno de los adolescentes murió en el acto y dos mujeres y un niño fallecieron en el atropello de un coche que huía. En el altercado se cuentan varios heridos más. Dos días más tarde, el adolescente secuestrado salía de la Oficina de Seguridad; dónde lo mantuvieron secuestrado y qué ocurrió esos días todavía es un enigma. Sucesos de este tipo han sido denunciados en las últimas semanas por organizaciones internacionales que operan sobre el terreno. En un comunicado, Herederos de la Justicia denuncia la situación de inseguridad en Bukavu, incluso en sitios próximos a campos de militares del ejército. Reporteros sin Fronteras ha denunciado las amenazas de muerte a tres mujeres periodistas y Amnistía Internacional ha pedido el fin de las intimidaciones a activistas de derechos humanos. Recientemente, el presidente de la ONG Los amigos de Nelson Mandela ha salido de la cárcel en libertad condicional bajo fianza. Mientras, en Kivu Norte la situación de seguridad pública es alarmante; continúan produciéndose ataques por grupos armados no identificados y actos de pillaje. El clima de ingobernabilidad es extremo en la provincia oriental: tanto el sector salud como la administración pública se ha declarado en huelga y la reapertura del curso escolar difícilmente se está realizando.

Federación de Comités de Solidaridad con África Negra

 

 
Miles de personas reclaman acción política contra la pobreza ¡ya!
Más de 10.000 personas reclamaron en Madrid que el Gobierno cumpla su "compromiso" de ayuda a los países empobrecidos y no utilice la crisis económica mundial como "excusa" para eludir sus responsabilidades.

Canal Solidario (21-10-09)

"A finales de año, España debe cumplir el Pacto de Estado, asumido por el Ejecutivo y todos los partidos políticos, de alcanzar el 0,7 por ciento del PIB en la cooperación para el desarrollo", señalaba en el manifiesto leído al finalizar la manifestación contra la pobreza celebrada en Madrid el pasado viernes.

Al acto, apoyado por entidades como Amnistía Internacional, Cáritas, Manos Unidas, Solidaridad Internacional y Jóvenes y Desarrollo, entre otras, se sumaron unas 12.000 personas según los promotores.

Mediante la lectura de un manifiesto y bajo el lema 'Una promesa no alimenta. Rebélate contra la pobreza', las asociaciones solicitaron al Ejecutivo el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, entre los que figura reducir la hambruna a la mitad en 2015. Según FAO, el número de personas que pasan hambre en el planeta asciende a 1.020 millones.

Asimismo, reclamaron al Gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero que participe activamente en "diferentes foros internacionales y multilaterales" destinados a "controlar los mercados financieros y erradicar los paraísos fiscales y la aplicación de nuevos impuestos globales". "España debe financiar auténticas políticas de desarrollo humano", precisaron.

Según sostuvieron, el Gobierno debe revisar "en profundidad" las políticas comerciales, agrícolas, migratorias y medioambientales para "erradicar la pobreza sin esquilmar el entorno" y conseguir así que estos distintos proyectos funciones de forma "coherente".

A su vez, apostaron por la promoción de valores como "la solidaridad, la igualdad y la justicia" en la sociedad española. "Por ello, es necesario reforzar mecanismos de comunicación social y políticas públicas que pongan en valor el decrecimiento del hiperconsumo, el refuerzo de las producciones orgánicas y sostenibles y la economía productiva frente a la específica", explicaron.

La manifestación concluyó con la actuación de los grupos de música pop 'El Canto del Loco', 'La Sonrisa de Julia y 'El Sueño de Morfeo', quienes interpretaron una canción compuesta especialmente para la ocasión, 'El grito de mi generación'.

Compromiso de los gobiernos

Los sindicatos UGT y CC.OO. estuvieron presentes en la marcha para apoyar la iniciativa y ambas organizaciones coincidieron en señalar que son los gobiernos quienes deben de adoptar un mayor compromiso con la pobreza.

En declaraciones a los medios, el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio fernández Toxo, indicó que su presencia allí era "parte del compromiso del sindicato para intentar luchar contra esta situación que, además, se ve agravada por la crisis".

Además, Toxo aprovechó para apuntar que "la pobreza sigue creciendo mientras los gobiernos incumplen sus compromisos, incluido el compromiso del Ejecutivo español de alcanzar el 0,7% para el desarrollo en esta legislatura, algo que parece hoy un objetivo lejano".

Por su parte, el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez, lamentó el hecho de que se pudiera "acabar con el hambre en el mundo utilizando el 1% de lo que los gobiernos de los países desarrollados han utilizado para rescatar a las instituciones financieras de la recesión económica" y que no se haga así.

Otras de las manifestaciones más multitudinarias fueron las de Barcelona, Valencia, Pamplona y Oviedo.




América Latina y el Caribe: OIT apunta alta incidencia del trabajo infantil indígena en la región
En toda la América Latina y el Caribe, hay cerca de 5,7 millones de niños/as entre 5 y 14 años de edad trabajando y algunas de las formas de trabajo les son degradantes. Los datos han sido divulgados el pasado día 16, por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El documento va a ayudar la organización a construir programas para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia indígena en la región.

ADITAL (21-10-09)

Uno de los casos más preocupantes es de los/as niños/as indígenas de Panamá, donde la incidencia de la pobreza entre los indígenas es de 100%, según la OIT. En el país, son ocho pueblos indígenas, que representan 10% del la población nacional. De ese total, 58% son menores de 18 años y, así, están vulnerables al trabajo infantil considerado ilegítimo.

En Ecuador, 49% de los niños indígenas trabajan. Esa porcentaje llega a 14% entre la población no indígena, 30% a menos. En Guatemala, más de la mitad de niños trabajadores son indígenas. Sus condiciones impiden su asistencia escolar y les causan riesgo para su salud y futuro desarrollo.

El trabajo infantil está relacionado a la pobreza, a los bajo indicadores de logro educativo y al acceso a electricidad, agua y saneamiento básico. Según los datos, ese trabajo incide con más fuerza en la población indígena.

"Esto sucede en un contexto con profundos cambios socioculturales internos y externos que afectan el tejido social de las comunidades, de los pueblos indígenas y sus capacidades internas de gobernanza", analiza la publicación de la OIT.

Según la organización, la mayoría de los países no tiene datos específicos para la población infantil indígena trabajadora. Para el organismo, muchas de las formas de trabajo infantil son peligrosas y limitan el desarrollo de los/as niños/as.

El documento pondera que no son ilegítimas todas las formas de trabajo infantil. "Son millones los adolescentes que realizan trabajos legítimos, remunerados o no, y que son adecuados para su edad y grado de madurez", explicó.

En algunos de ellos - como trabajos de la casa o el cuidado de otros/as niños/as - los/as niños/as "aprenden a asumir responsabilidades, adquieren aptitudes, ayudan a sus familias, incrementan su bienestar […] y contribuyen al bienestar de sus comunidades", dijo.

Las particularidades de la población indígena pueden cambiar la concepción del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Ipec), de la OIT y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



Para que la especulación pague
El Nobel Stiglitz propone un impuesto a las transacciones financieras

Tomás Lukin
Página 12 (21-10-09)

En el G-20 algunos líderes plantearon la posibilidad de un impuesto al movimiento de capitales. Sin mucha voluntad política, indicaron que el FMI sería el encargado de cobrar ese tributo. Más firme, Joseph Stiglitz reclamó la fijación de ese impuesto.

La aparente estabilización del descalabro global que difunde el Fondo Monetario consiguió postergar las reformas estructurales de la arquitectura financiera a las que se habían comprometido los miembros del G-20. Así, las propuestas de cambio quedaron reducidas a una materia de estudio, como la creación de un impuesto a las transacciones financieras global. Ayer, el economista Joseph Stiglitz se sumó al grupo de especialistas que en las últimas semanas reactivaron la propuesta para instalar un tributo que desestimule las operaciones especulativas con divisas y otros instrumentos financieros. La idea está presente desde 1972 y se la conoce como tasa Tobin. El establishment financiero global se opone firmemente a la instalación de este tipo de impuestos a escala global que complicarían algunos negocios muy rentables.

La propuesta de Stiglitz se suma a las declaraciones en ese sentido que ya hicieron la mandataria alemana, Angela Merkel; el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, y el primer ministro inglés, Gordon Brown. Frente a la postergación en las reformas regulatorias, la reaparición de la tasa Tobin como herramienta para disminuir el grado de volatilidad en las operaciones financieras transnacionales parece, por ahora, más un atajo discursivo que una declaración de intencionalidad política.

Los países centrales invirtieron alrededor de 4 billones de dólares para rescatar a sus entidades financieras del colapso y el argumento de Stiglitz para impulsar la aplicación del gravamen en este momento en que la crisis la tienen que pagar los responsables: “El sector financiero contaminó la economía global con activos tóxicos y ahora deben limpiarla”, sostuvo el profesor de la Universidad de Columbia. La propuesta de Stiglitz es aplicar una tasa marginal a todas las operaciones financieras transnacionales y la recaudación podría destinarse a “ayudar” a los países pobres. “Los gobiernos dieron a los bancos dinero cuando ellos realizaron préstamos malos. Esa es la razón por la que hay un consenso amplio de que debería imponérseles tributaciones.” Según estimó el economista, esa medida generaría de 60 mil a 70 mil millones de dólares anuales. Los cálculos varían según el monto de la alícuota.

Especialistas como Dani Rodik reconocen el limitado alcance que tendría la imposición de un impuesto frente a la magnitud de los desbalances globales, pero remarcan que es un “buen punto de partida” o, como sostuvo el creador del impuesto, James Tobin, “un grano de arena en el engranaje financiero”. Sus defensores sostienen que una tasa marginal a las operaciones financieras transfronterizas desestimularía las operaciones especulativas de corto plazo.

La propuesta de Tobin, declarado defensor del libre comercio, surgió en 1972, meses después de que Estados Unidos decretara el fin del sistema de tipos de cambio fijos instalado en Bretton Woods. El objetivo del economista era lograr que los tipos de cambio flotantes no fueran tan volátiles. En 1971 sólo once bancos de Wall Street operaban en los mercados de divisas, hoy con la desregularización y liberalización el número ronda las 200. Según el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), entre 1992 y 2001, el promedio diario de operaciones en el mercado de divisas pasó de 776 mil millones de dólares a 1,17 billón de dólares. Esas operaciones superan en más de 50 veces el comercio diario de bienes y servicios.

Los mandatarios que incluyen en su discurso la posibilidad de instalar este tipo de impuesto postulan al revitalizado FMI como ente global de aplicación. Sin embargo, el mismo titular del Fondo, Dominique Strauss-Kahn, desestimó la posibilidad de avanzar sobre la tasa Tobin: “No creo que una idea tan simplista funcione por muchas razones, pero sobre todo por motivos técnicos, porque sería muy difícil de implementar”, apuntó. Más sincera fue la respuesta que el propio Tobin dio en 2001 al diario alemán Der Spiegel. “No hay ninguna oportunidad, me temo. La gente que decide en el mundo financiero internacional está en contra”, sostuvo el economista.

 

 
1020 millones de personas pasan hambre según la FAO
La crisis económica tiene un efecto devastador para las víctimas del hambre en el mundo

ATTAC Madrid (20-10-09)

El brusco aumento del hambre causado por la crisis económica ha golpeado con mayor fuerza a las personas más pobres en los países en desarrollo, poniendo en evidencia la fragilidad del sistema alimentario mundial y la necesidad urgente de su reforma, según el informe publicado hoy por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

La combinación de crisis económica y alimentaria ha empujado la cifra de víctimas del hambre en el mundo a niveles históricos: más de 1 000 millones de personas sufren hambre crónica, según los cálculos de la FAO.

La práctica totalidad de las personas subnutridas en el mundo viven en los países en desarrollo. En Asia y el Pacífico se calcula que 642 millones de personas sufren hambre crónica, en África subsahariana son 265 millones, en Latinoamérica y el Caribe 53 millones, en Oriente próximo y el Norte de África 42 millones y en los países desarrollados 15 millones, según el informe anual de la FAO sobre el hambre El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, producido este año en colaboración del PMA. El informe se ha publicado en vísperas del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre de 2009.

Una tendencia que se remonta a una década

Incluso antes de la reciente crisis el número de personas subnutridas en el mundo se había estado incrementando de forma lenta pero constante durante la última década, según el informe.

En la década de 1980 y a principios de la de 1990 se alcanzaron progresos para reducir el hambre crónica debido en gran parte al incremento de las inversiones en agricultura tras la crisis alimentaria mundial de principios de los 70.

Pero entre 1995-97 y 2004-06, coincidiendo con un descenso sustancial de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) dedicada a la agricultura, el número de hambrientos se disparó en todas las regiones excepto en Latinoamérica y el Caribe. Pero los logros en la reducción del hambre se cancelaron también posteriormente en esta región debido a las crisis económica y alimentaria.

El aumento de víctimas del hambre durante ambos periodos de precios bajos y prosperidad económica y las bruscas subidas en periodos de precios altos y dificultades económicas demuestra la debilidad del sistema de gobernanza de la seguridad alimentaria mundial, según la FAO.

"Los líderes mundiales reaccionaron con contundencia a la crisis económica y financiera y lograron movilizar miles de millones de dólares en un plazo de tiempo muy corto. La misma acción enérgica es necesaria para combatir el hambre y la pobreza", aseguró el Director General de la FAO, Jacques Diouf.

"El aumento del número de víctimas del hambre es intolerable-añadió-. Tenemos los medios técnicos y económicos para hacer desaparecer el hambre, lo que falta es una mayor voluntad política para erradicarla para siempre. Invertir en agricultura en los países en desarrollo es clave, ya que un sector agrícola saludable es esencial no sólo para vencer al hambre y la pobreza, sino también para asegurar un crecimiento económico generalizado y la paz y estabilidad en el mundo".

"Aplaudimos el nuevo compromiso para abordar la seguridad alimentaria, pero hay que actuar deprisa. Es inaceptable que en el siglo XXI casi una sexta parte de la población mundial sufra hambre", añadió Josette Sheeran, Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos. "En un momento -aseguró- en que hay más personas hambrientas en el mundo que nunca, hay menos ayuda alimentaria de la que se visto jamás. Sabemos lo que se necesita para cubrir las necesidades urgentes: nos faltan tan solo los recursos y el compromiso internacional para hacer el trabajo".

Otro golpe para las familias pobres

Existen varios factores que han coincidido para hacer que la actual crisis sea especialmente devastadora para las familias pobres en los países en desarrollo.

Primero, la crisis está afectando a una gran parte del mundo de forma simultánea, reduciendo la posibilidad de mecanismos tradicionales de defensa como la devaluación de la divisa, solicitar créditos, el mayor uso de la ayuda oficial al desarrollo o las remesas de los emigrantes.

En segundo lugar, la crisis económica llega tras una crisis alimentaria que ya ha debilitado las estrategias de supervivencia de los pobres, golpeando a aquellos más vulnerables a la inseguridad alimentaria en un momento de debilidad. Enfrentados al alza de los precios domésticos de los alimentos, la disminución de ingresos y empleo y tras haber vendido sus activos domésticos, reducido el consumo de alimentos y recortado gastos en aspectos esenciales como la atención sanitaria y la educación, estas familias se arriesgan a caer aún más hondo en la trampa del hambre y la pobreza.

Economías más vulnerables

El tercer factor que diferencia esta crisis de las anteriores es que los países en desarrollo se encuentran más integrados -a nivel financiero y comercial- en la economía mundial que hace 20 años, los que les hace más vulnerables a las fluctuaciones de los mercados internacionales.

Muchos países han experimentado descensos generalizados en sus flujos comerciales y financieros, y han visto caer sus ingresos por exportaciones, la inversión extranjera y las remesas. Ello no reduce solamente las oportunidades de empleo, sino también el dinero del que disponen los gobiernos para programas que promueven el crecimiento y de apoyo a las personas necesitadas.

Las 17 economías más importantes de Latinoamérica, por ejemplo, recibieron en 2007 unos 184 000 millones de dólares en entradas financieras, que se redujeron a menos de la mitad en 2008 con 89 000 millones y se espera que suceda lo mismo en 2009, con 43 000 millones, según la FAO. Esto significa que deben reducir el consumo, y que para algunos países de bajos ingresos y déficit de alimentos (países PBIDA, ndr) el ajuste del consumo puede implicar disminuir importaciones de alimentos muy necesarias y de otros bienes como equipos médicos y medicinas.

El informe incluye casos de estudio compilados por el PMA en cinco países: Armenia, Bangladesh, Ghana, Nicaragua y Zambia, mostrando que las familias se ven afectadas por el descenso de las remesas y otros impactos de la crisis económica y la forma en que los gobiernos están respondiendo ante la crisis con inversiones en agricultura e infraestructuras y extendiendo las redes de protección social.

El informe señala que estas intervenciones ayudarán a salvar vidas y familias, pero debido a la gravedad de la crisis, es necesario hacer mucho más.

La FAO y el PMA continúan defendiendo un enfoque de doble vía para hacer frente la gravedad del hambre aguda a corto plazo -provocada por la escasez de alimentos- y el hambre crónica a largo plazo, que es sintomática de la extrema pobreza, como forma de alcanzar soluciones duraderas.

"Los pequeños campesinos necesitan acceso a semillas de alta calidad, fertilizantes, abonos y tecnologías para poder impulsar la producción y la productividad", subrayó Diouf. "Y sus gobiernos -concluyó-necesitan herramientas económicas y políticas para garantizar que los sectores agrícolas de sus países son a la vez más productivos y más resistentes frente a las crisis".

El estado de la seguridad alimentaria en el mundo 2009 puede consultarse en: www.fao.org/docrep/012/i0876s/i0876s00.htm

La FAO también ha lanzado un nuevo sitio en Internet sobre el hambre en el mundo que incluye un mapa interactivo con las tendencias de la proporción de población mundial víctima del hambre en las últimas décadas y datos específicos por países:

www.fao.org/hunger/inicio/es/
http://www.fao.org/news/story/es/item/36212/icode/




El ALBA se establece como la resistencia al neoliberalismo
La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América firma el Tradado de Comercio para los Pueblos

Gonzalo Sánchez
Tercera Informacion (20-10-09)

El ALBA es una organización integrada por países de América Latina que nació en 2004 como una forma de lucha contra el Tratado de Libre Comercio que los Estados Unidos de América promovía entre los países latinoamericanos para beneficiarse con sus empresas privadas de los recursos naturales y servicios básicos de los países del sur del continente. A lo que se llamó Área de Libre Comercio de América (ALCA).

Los países fundadores del ALBA, Venezuela y Cuba, han visto como otros 7 países se han sumado a su iniciativa en tan sólo 5 años. Bolivia y Nicaragua fueron los siguientes en unirse, en 2006 y2007 respectivamente; Honduras y Dominica se integraron en 2008 y en este año Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas y Ecuador también ha decidido sumarse a esta institución que es el máximo exponente de la integración latinoamericana que defiente el presidente Hugo Chávez.

Otros países que participan en el ALBA como observadores son Paraguay que ya ha expresado su deseo de unirse mediante su vicecanciller Jorge lara, Haití, República Dominicana y Uruguay, coincidiendo con el ascenso de José Mujica en el gobernante Frente Amplio.

Durante el pasado fin de semana, 17 y 18 de octubre de 2009, se llevó a cabo en Cochabamba, Bolivia, la VII cumbre del ALBA, con la asistencia de delegaciones de todos los países anteriormente nombrados, incluidos los observadores y Honduras que estuvo representada por Patricia Rodas, jefa de la diplomacia hondureña. También participaron los presidentes Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega y Rafael Correa.

A propuesta de Evo Morales todos los integrantes del ALBA suscribieron el Tratado de Comercio para los Pueblos, hasta ahora sólo ratificado por Cuba, Venezuela y Bolivia. Este tratado supone todo lo contrario al de Libre Comercio propuesto por los Estados Unidos de América, ya que descansa sobre los principios socialistas en los que el ALBA basa sus relaciones comerciales: la complementación, cooperación, solidaridad y respeto a la soberanía de los países.

En ese tratado se establece que las empresas grannacionales que lleven a cabo los trabajos del ALBA estarán nacionalizadas y sus beneficios serán para los pueblos, se fomentan las cooperativas como liberación de los trabajadores, se establece que los intercambios de cualquier tipo (comercial, cultural o técnológico) serán de mutuo beneficio basándose para ello en las potencialidades de cada país y no en sus recursos económicos, y se llama a impulsar "el desarrollo de planes culturales conjuntos que tengan en cuenta las características particulares de las distintas regiones y la identidad cultural de los pueblos".

Para llevar a cabo ese tratado sin los límites que impone el dólar, los países del ALBA han creado el Sistema Unificado de Compensación de Pagos Recíprocos (SUCRE) como forma de pago que promueve el comercio justo a iniciativa del presidente ecuatoriano Rafael Correa, el cual ha expresado que "nos tienen a su merced, si dependemos de su moneda", refiriéndose a que EEUU capta parte de su dinero cuando hacen transacciones al usar el dólar. El reglamento del SUCRE será aprobado en la próxima cumbre del ALBA a celebrarse en La Habana.

El presidente venezolano expresó que deberá basarse siguiendo el principio marxista que dice "cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades".

El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha llamado a fortalecer el Banco del ALBA, el cual está funcionando desde el 1 de septiembre y se dedica a financiar los proyectos de salud, cultura, alimentación e infraestructura que los pueblos de los países del ALBA desarrollen.

Pero en esta cumbre del ALBA no sólo se ha avanzado en la economía de corte socialista que promueven sus miembros sino que además se han incrementado las sanciones contra la dictadura hondureña, se ha creado junto con 700 organizaciones sociales una lucha contra la contaminación que según el ALBA ha sido provocada por el capitalismo, y se ha llamado al fin incondicional del bloqueo estadounidense a Cuba: "el cuál debe terminar de manera incondicional, unilateral e inmediata".



El "cacao" de Nestlé en África

Kurioso
Rebelión (20-10-09)

¿Sabías que más de la mitad del cacao que consumes procede de África? ¿Sabías que allí hay plantaciones donde trabajan todavía casi 300.000 niños subyugados por la influencia de las multinacionales y fuera del comercio justo? Probablemente lo hayas oído alguna vez con cierta incredulidad. Hoy te voy a contar el pasado y el presente de esta iniquidad. De como algunas compañías como Nestlé han demorado y diferido su gran responsabilidad en los acuerdos establecidos para solucionar, de raíz, el problema de esclavitud en estas plantaciones.

El “Theobroma cacao“, árbol del cacao o “Alimento de los Dioses” es una planta nativa de América del Sur que es ‘criolla’ en el continente americano y ‘forastera’ en el africano. Esta última variedad, por sus componentes taninos y mejor precio, se ha convertido en la familia más solicitada para la industria alimenticia occidental. Transformando a Costa de Marfil 38%, Ghana 19%, Nigeria 5% y Camerún 5% en los principales productores mundiales de cacao.

Históricamente el descontrol y anarquía de las plantaciones en áfrica occidental ha hecho imposible el registro de la calidad laboral en las producciones destinadas a occidente. La esclavitud y métodos de siglos pasados han chocado con las leyes y necesidades imperiosas del mercado europeo y americano. Durante décadas se ha aprovechado el vacío legal para llevarse una plusvalía en la diferencia de precios y costos del producto y mano de obra entre ambos continentes; provocando la asfixia de productores locales en beneficio de las grandes corporaciones. Con la llegada de la cultura de “Comercio Justo” o “Fair Trade” y la nueva conciencia global parecía que esto iba a cambiar.

En toda Costa de Marfíl, en África; cientos de miles de niños trabajan esclavizados en las plantaciones de cacao. Los cultivos son de muy difícil acceso y están fuera del control y el censo internacional. Los productores ‘tiran’ de esta mano de obra barata ante la asfixia del precio convenido con sus intermediarios, directamente vinculados a las multinacionales. El precio que reciben los aldeanos no se ha modificado en 40 años mientras que en el mercado internacional ha subido -según algunas fuentes- hasta un 300% sólo en los últimos 10 años [fuente "Bitter Sweet" (Dulce amargo) documental de la BBC]

En el años 2000 informes de la administración norteamericana hablaban de más de 15.000 niños de entre 9 y 12 años vendidos como esclavos en las plantaciones de algodón, café y cacao de Costa de Marfil. Informes posteriores de la Organización Internacional del Trabajo (ILO) confirmaban el tráfico de niños entre productores africanos.

El subterfugio de Nestlé, amparado por la libertad de comercio y de formulación de sus productos, ha sido -históricamente- comprar chocolate en aquellos mercados internacionales donde se mezcla con otras variedades perdiendo entonces su identidad como producto “hecho por esclavos” y haciendo imposible su catalogación y procedencia exacta. Conforme crecía la empresa y su monopolio en el sector, sus brutales necesidades de materia prima hicieron imposible la selección de productos más controlados y, por tanto, más caros en mercados de calidad. ¿Para qué molestarse pudiendo comprar bueno, bonito y barato? Además, la (no) ley internacional por un comercio justo ha avalado con sus carencias estas prácticas.

En septiembre de 2001, demostrado el mal hecho durante tanto tiempo con el cacao africano, las principales multinacionales y explotadoras del cacao de África occidental se vieron obligadas a firmar por la presión de la opinión pública y la insistencia de los jueces estadounidenses Tom Harkin y Ellot Engel, un acuerdo internacional o “Protocolo del Cacao” para hacer frente a las peores formas de trabajo infantil y trabajo forzado de adultos, en las plantaciones de cacao en África Occidental. Parecía que todo iba a cambiar y Nestlé y otras muchas compañías firmaron el acuerdo que les trajo múltiples beneficios traducidos en subvenciones y lavados de imagen. Todos contentos.

El protocolo estipulaba que en el 2005 todos los mercados deberían estar regularizados y desarrollar las normas de certificación y etiquetado en todos sus chocolates. Evidentemente muy pocos, por no decir ninguno, cumplieron los plazos y menos los grandes imperios del ‘oro marrón’ y sus derivados. La mayoría pidió una prorroga de cuatro años para confirmar los compromisos. Los resultados en 2008 no fueron los deseados.

Poco después, el periodista holandés Tony van der Keuken, levantó ampollas con un impresionante reportaje (ver vídeo arriba) sobre el ‘trapicheo’ de Nestlé y otras compañías con el cacao de Costa de Marfil. Lo que demostraba que los pactos adquiridos eran tan efímeros como una onza de chocolate en manos de un niño. El propio Tony, atendiendo a la legislación vigente en su país, se denunció a sí mismo por comer 16 tabletas de chocolate producido con cacao de mano esclava. Las autoridades estuvieron a punto de llevarle a juicio. También creó una compañía que distribuía tabletas de cacao certificadas y procedentes de comercios controlados. La respuesta a la campaña orquestada por Tony de un directivo de la multinacional Nestlé fue:
“Está bien, llamadlo esclavitud; pero todos sabemos que seguirán siendo pobres de todas formas”

Durante el ruego de excusas esgrimidas por las grandes corporaciones ante la justicia americana para disculparse por el incumplimiento de los acuerdos, Nestlé se descolgó con la infamia de que era imposible monitorizar la producción de cacao en plena guerra civil en Costa de Marfil , mientras seguía facturando con su complejo entramado de espías y mercaderes de precios injustos la producción de cacao esclavo.

A pesar de todo ello, Nestlé ha trabajado y destinado muchos recursos, intentando acabar con el problema -más desde un punto de vista mediático que efectivo- suscribiéndose siempre a todas y cada unas de las organizaciones que promueven el comercio justo del cacao. Y con un pequeño goteo de inversiones mediáticas y teledirigidas a ablandar la mellada opinión pública. Los esfuerzos de otras compañías por garantizar el etiquetado “free-slavery” demuestran que es posible certificar la procedencia ‘limpia’ del cacao dentro de sus marcas. Así mientras empresas como la multinacional inglesa Cadbury, se están empezando a adherir al “Comercio justo” en sus marcas originales. Nestlé tira balones fuera creando un único producto (entre más de 8.500, y no es chocolate) que sí se suma a la iniciativa del ‘Fair trade‘ pero no se sabe por qué no lo hace con sus marcas más tradicionales ¿Tendrían que cambiar las formulaciones de sus productos para adaptarse a los cacaos limpios? La impresión es que después de varios lustros de comercio más-que-injusto han creado una dependencia del cacao esclavo y sus pingües beneficios difícil de contrarrestar hoy en día.

Según el irónico código empresarial de conducta de Nestlé “[...] la integridad, la honestidad, el trato justo y el pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables han guiado las prácticas comerciales de Nestlé [..]“. Entonces:

¿Por que es tan difícil cumplir los compromisos firmados al mismo tiempo que otras empresas que con menor tamaño son capaces de sacrificar sus beneficios en virtud del acuerdo? ¿Por qué Nestle es una de las multinacionales con más acusaciones públicas y denuncias contra la salud pública y el medio ambiente de la historia reciente?

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Unas 200 personas se suman en una concentración antitaurina en la capital en plena Feria de San Lucas

Dirario Jaén (18-10-09)

Unas 200 personas se sumaron ayer en una concentración antitaurina celebrada en la capital jiennense, concretamente a las puertas de la plaza de toros de La Alameda, con motivo de reivindicar la erradicación de la Fiesta Nacional.

En declaraciones a Europa Press, el delegado provincial del Colectivo Andaluz Contra el Maltrato Animal (Cacma), Alberto Escudero, señaló que dicha concentración se celebró "sin incidentes" y "con gritos" que proclamaban 'Abolición', 'Toreros asesinos' o 'No con mis impuestos', entre otros lemas, y algún que otro "insulto" a quienes se disponían a entrar a las dependencias del coso de Jaén para acudir a la celebración de la corrida de toros de esta misma tarde. En esta línea, el antitaurino dijo que deberían "cesar las subvenciones públicas hacia el mundo del toro", debiendo destinarse el mismo a "más fondo social". De esta forma, apuntó, "podrían haberse evitado muchas muertes dadas por falta de intervención médica". En cuanto al futuro de la tauromaquia, el delegado provincial del Cacma se mostró convencido de que "los jóvenes son cada vez más inconformistas", por lo que cree que "la tortura y las subvenciones tienen un tiempo limitado", haciendo referencia de esta forma a la Fiesta Nacional, y añadió que "es necesario que la gente se conciencie de que esta tortura no se puede llamar arte".




El ALBA adoptará el Sucre como moneda común
Con el objetivo de lograr la "independencia absoluta del dólar" en América Latina

TeleSUR (18-10-09)

Los presidentes miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) firmaron este viernes, como parte de la VII Cumbre del bloque, el tratado constitutivo para aplicar la moneda común Sucre, (Sistema Unificado de Compensación de Pagos Recíprocos) y realizar intercambios comerciales intraregionales.

"Aprobado el documento", afirmó el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien es el anfitrión de la cita que se realiza en la ciudad de Cochabamba (centro). Líderes políticos de más de 13 países participan en el encuentro, con el fin de fortalecer principalmente sus relaciones económicas y de integración.

El Sucre (Sistema Unificado de Compensación de Pagos Recíprocos) tiene el propósito de sustituir a la moneda de Estados Unidos (EE.UU.), el dólar, en el intercambio comercial entre los países miembros, aunque primero se aprobará un reglamento entre las naciones del ALBA.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, durante una de sus intervenciones en la cumbre, explicó que cuando el dólar es usado en las transacciones entre países, EE.UU, "está captando parte de la producción nuestra", en base a lo que se conoce en términos económicos como "ingreso por señoriaje".

"Quien emite la moneda se lleva parte de la producción y encima dependemos de una moneda extraregional", continuó Correa.

Informó que la segunda fase del Sucre, permitirá una "independencia absoluta del dólar" a través de la implementación de una moneda electrónica, lo que significa "un paso histórico para la verdadera soberanía de los pueblos".

Correa recordó la frase de un intelectual en materia económica, quien dijo, "Denme el poder de emitir moneda en su país, y me reiré de sus leyes", es decir que "nos tienen a su merced, si dependemos de su moneda", añadió.

La moneda intraregional lleva el nombre del libertador venezolano Antonio José de Sucre, uno de los comandantes que dirigió en Suramérica la Guerra de la Independencia en el siglo XIX contra la corona española.

Para que entre en vigencia el Sucre, los países miembros deberán hacer depósitos en sus respectivas monedas locales en el Banco del ALBA que tiene su sede en Caracas, según lo acordado.

Por su parte, el presidente de Venezuela, país promotor del ALBA junto a Cuba, Hugo Chávez, enfatizó que "sin un modelo socialista es imposible que nosotros construyamos una historia y un mundo nuevo", por lo que dijo que "estamos obligados a unirnos en la planificación de nuestro rumbo económico".

"Cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades, es un principio socialista", puntualizó Chávez.




La crisis guineana corre el riesgo de degenerar en un enfrentamiento étnico
“No tenemos confirmación alguna de que entre los que reprimieron sangrientamente las manifestaciones del 28 de setiembre hayan ex rebeldes liberianos del ULIMO o del NPFL”, declara a la Agencia Fides una fuente local de Guinea.

Agencia Fides (18-10-09)

Según fuentes de la prensa, entre los militares que dispararon contra los manifestantes reunidos por los partidos de la oposición el 28 de setiembre en el estadio de Conakry, habían algunos hombres que hablaban ingles o una lengua de la Guinea forestal, la región fronteriza con Liberia y Sierra Leona, que entre el 1999 y el 2001 fue escenario de una sangrienta guerra entre el ejército de Guinea y algunos grupos de la guerrilla de Libera y de Sierra Leona. Entre estos el Movimiento Unido por la Democracia en Liberia (cuya sigla en inglés es ULIMO), un grupo que entonces luchaba contra el Presidente liberiano Charles Taylor. El ULIMO contaba con el apoyo del difunto Presidente de Guinea Lansana Conté, quién a su vez debía enfrentar las incursiones en el propio territorio de los hombres del Frente Nacional Patriótico de Liberia (NPFL), el grupo de Taylor, entre cuyos miembros se podía contar también con algunos habitantes de Guinea forestal.

Al final de la guerra civil liberiana (2003), en Guinea forestal quedaron una decena de millares de hombres de ambos grupos. Algunos de estos hombres (aún cuando habían combatido entre ellos en la guerra liberiana) habrían entrado a ser parte de la guardia de seguridad del jefe de la junta militar de Guinea, el capitán Moussa Dadis Camara, quién tomó el poder con un golpe de estado en diciembre del 2008, poco después de la muerte del Presidente Conté.

La manifestación del 28 de setiembre fue convocada en la Capital por los partidos de la oposición para protestar contra la candidatura de Camara a las elecciones presidenciales que se tendrían en el 2010. Los militares dispararon contra la muchedumbre, causando la muerte de al menos 150 personas según la oposición, además de haberse abandonado a una violencia feroz, sobre todo contra las mujeres. Camara declaró que la violencia fue cometida por “elementos incontrolables”.

“Tanto la junta militar como la oposición, por motivos opuestos, tienen interés en alimentar las voces que afirman que los guerrilleros liberianos son los responsables de la violencia. La primera, pues de ese modo puede tomar distancia de la masacre, haciendo creer que no han sido los militares guineanos los autores sino “elementos extranjeros incontrolables”. La segunda más bien, acusa a la junta militar de servirse de mercenarios extranjeros para reforzar su propio poder” afirman las fuentes de Fides.

Mientras la Comunidad Económica de los Estados de África occidental (CEDEAO) está por celebrar, dentro de esta semana, una reunión dedicada a la crisis de Guinea. La situación en Conarkry, según las fuentes de Fides “sigue siendo preocupante, ya que parecería que se quieren jugar las cartas étnicas”. “En los barrios de la periferia de Conakry resuena un slogan ‘Acabemos con la Guinea Marítima y con la Guinea forestal. Ha llegado la hora de los Peuls’”. Los Peuls representan la clase más rica e intelectual del país que hasta el momento ha sido mantenida al margen de la vida política. Es por lo tanto real el riesgo de que en el enfrentamiento político se use la etnicidad como arma para acceder al poder. Es una evolución preocupante, concluye la fuente de Fides.

 

 
España, ¿más insolidaria que nunca?
La Ley de Asilo aprobada esta semana en las Cortes convierte este derecho "en una carrera de obstáculos", según denuncian ONG. "Perdemos la oportunidad de proteger a quienes huyen de violaciones de derechos humanos", explican.

Canal Solidario (17-10-09)

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Amnistía Internacional han denunciado que la nueva Ley de Asilo aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados convierte este derecho en "una carrera de obstáculos" y supone perder una oportunidad "para avanzar en el compromiso de proteger a quienes huyen de violaciones de derechos humanos".

Para Amnistía y CEAR, el texto aprobado "añade a la ley vigente un número importante de obstáculos que no sólo son contrarios a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado sino que, lo más grave, impedirán que muchas personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos puedan simplemente acceder".

"No se entiende que un país como España que cerraba el 2008, según los datos aportados por la Oficina de Asilo y Refugio, con unas 4.500 solicitudes y sólo 151 estatutos concedidos, muestre esta resistencia a garantizar la protección de las personas necesitadas de protección internacional", denunciaron las ONG.

Entre los "obstáculos" incorporados a la ley, estas entidades señalan la desaparición del derecho a pedir asilo en las embajadas españolas. La nueva norma recoge la posibilidad de que el solicitante pida un visado al embajador para viajar a España y cursar su petición de refugio en territorio, pero no contempla que la solicitud pueda tramitarse in situ, en la misma embajada.

"Retroceso injustificado"

"Nos preocupa que la decisión quede bajo la discrecionalidad del embajador. La desaparición de la vía diplomática reconocida hasta ahora en la Ley, supone un retroceso injustificado y de especial gravedad ante los obstáculos ya existentes para acceder al procedimiento en territorio español", denunciaron las ONG.

El aumento de las causas de exclusión ante la posibilidad de una persona de pedir asilo, el no considerar a los ciudadanos de la Europa comunitaria como posibles beneficiarios de este derecho, el concepto de "tercer país seguro" como causa de inadmisión de la solicitud y la ampliación de los plazos de detención en frontera, hasta un máximo de 10 días, son otras de las modificaciones que "preocupan" a las entidades.

En el apartado de "aspectos positivos", CEAR y Amnistía Internacional señalan que la nueva norma "amplía las referencias a los conceptos de refugiado y de persona merecedora de protección subsidiaria, incorporando la persecución por motivos de género y orientación sexual, así como una mención expresa a colectivos especialmente vulnerables como puedan ser los menores y las personas víctimas de trata".

Asimismo, destacan la inclusión de los programas de reasentamiento y la "mejora sustancial del régimen de residencia en España de los beneficiarios", así como la ampliación de los supuestos de persecución por motivos de género, orientación sexual y enfermedad.

El único grupo parlamentario que ha criticado la ley ha sido el formado por IU-ICV-ERC. Su portavoz, Joan Tardà, ha dicho que con esta ley "la Italia quizá pre fascista de Berlusconi es más solidaria que la España democrática".




La alimentación, un derecho urgente
Más de mil millones de personas viven en situación de hambre crónica.

AmecoPress (17-10-09)

Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación con el lema “Conseguir la seguridad alimentaria en época de crisis”. Se trata de un día para la reflexión y la reivindicación en un momento en el que se ha alcanzado un record histórico en la cifra de personas hambrientas: más de mil millones de seres humanos viven en situación de hambre crónica.

La FAO identifica como causas de la crisis alimentaria la baja productividad agrícola, la alta tasa de crecimiento demográfico, los problemas de disponibilidad de agua y tierra, la mayor frecuencia de inundaciones y sequías y las limitadas inversiones en investigación y desarrollo.

Desde la campaña “Derecho a la Alimentación. Urgente” manifiestan que el hambre también es culpa de la inequitativa distribución de recursos, los insuficientes sistemas de protección social, la débil protección de los trabajadores y trabajadoras agrícolas, el predominio de las grandes explotaciones, la desigualdad en el consumo energético, la extensión de monocultivos, el injusto sistema de comercio internacional y la especulación de productos agrícolas.

Las organizaciones que impulsan la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente”, formada por las ONG Prosalus, Ayuda en Acción, Ingeniería Sin Fronteras y Cáritas, reclaman que los países del Sur sean integrados en las reformas planteadas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, así como en la elaboración de políticas y estrategias internacionales para luchar contra el hambre. En especial, deberían estar integradas aquellas organizaciones que representan al pequeño campesinado, principales agentes de la agricultura destinada a la alimentación.

En el contexto de crisis internacional actual se han de garantizar que las ayudas estatales o internacionales dirigidas a los sistemas de producción, especialmente los agrícolas promuevan sistemas social, económica y ambientalmente sostenibles, con bajo consumo energético y en un marco de soberanía alimentaria.



Armas de Estados Unidos fueron usadas en crímenes de guerra en Gaza

Fred Abrahams/Rory McCarthy/Thalif Deen/ Saed Bannoura/Jeremy R. Hammond
Human Rights Watch/Guardian/IPS/International Middle East Media Center News/Foreign Policy Journal
Rebelión (17-10-09)

Dejando evidencia de sus crímenes de guerra, Israel lanzó repetida e indiscriminadamente bombas de fósforo blanco fabricadas en EEUU sobre áreas civiles densamente pobladas de Gaza durante su reciente campaña militar, denunció un informe de Human Rights Watch, difundido el 25 de marzo de 2009. El informe de 71 páginas, titulado “Lluvia de fuego: Uso ilegal de Israel de fósforo blanco en Gaza”, proporciona relatos de testigos sobre los efectos devastadores de las bombas de fósforo blanco lanzadas sobre civiles y sus propiedades en Gaza.

Inmediatamente después que terminaron las hostilidades en enero, en las calles de la ciudad, tejados de viviendas, patios residenciales y en una escuela de Naciones Unidas en Gaza los investigadores de Human Rights Watch encontraron restos usados de “proyectiles shell”, municiones “canister liners” y otras evidencias que contenían fósforo blanco.

Oficialmente, los militares israelíes utilizaron el fósforo blanco para obscurecer sus operaciones en tierra creando densas humaredas. También lo utilizaron como arma incendiaria, aunque tal uso constituye un crimen de guerra. “En Gaza, los militares israelíes no sólo utilizaron fósforo blanco en zonas abiertas como cortina oscurecedora para sus tropas”, dijo Fred Abrahams, investigador superior de emergencias de Human Rights Watch y co-autor del informe. “Dispararon el fósforo blanco en varias ocasiones, encendiéndolo sobre áreas densamente pobladas, incluso cuando sus tropas no estaban en el área y aunque disponían de bombas de humo más seguras. Como resultado, murió población civil y hubo sufrimiento”. El informe documenta un patrón o política de uso del fósforo blanco que según Human Rights Watch debe haber requerido la aprobación de oficiales de alto grado del ejército israelí.

Las armas israelíes, cuya devastadora potencia de fuego fue descargada en gran parte sobre civiles palestinos en Gaza durante el ataque de tres semanas que comenzó el 27 de diciembre de 2008, fueron suministradas por EEUU y pagadas con fondos públicos provenientes de los contribuyentes estadounidenses. Washington proporcionó, además, aviones caza F-16, helicópteros Apache, misiles tácticos y una amplia gama de municiones que incluyen “proyectiles shell” de fósforo blanco y bombas DIME (Dense Inert Metal Explosives, que producen una ráfaga inusualmente potente dentro de un área relativamente pequeña, rociando una micro-metralla sobrecalentada y pulverizada).

Las armas requeridas para el asalto israelí fueron autorizadas por EEUU en junio de 2008 y en septiembre el Congreso acordó la transferencia de 1.000 unidades de bombas anti-búnker guiadas por GPS, de diámetro bajo y del tipo 39, llamadas en inglés Small Diameter Guided Bomb Units 39 (GBU-39). Las bombas GBU 39 fueron entregadas a Israel en noviembre para usarlas en los ataques aéreos iniciales en Gaza, mucho antes de cualquier reclamo de Hamás por violación del cese del fuego.

Los investigadores encontraron en Gaza varios fragmentos de armas después de los ataques. Una de estas piezas proviene de una bomba de aleta Mark-82, teleguiada, de 227 kg, cuyos pedazos conservaban la marca de fábrica de la corporación estadounidense Raytheon [entre las más relevantes proveedoras del Pentágono, Ver Tema Nº 7]. También se encontraron fragmentos de proyectiles de artillería de fósforo blanco M825 A1, fabricados en EEUU.

En las operaciones recientes en Gaza, frecuentemente las fuerzas israelíes hicieron explotar en el aire, dentro y cerca de áreas pobladas, proyectiles de “artillería sehll” de fósforo blanco de 155 mm. Cada explosión en el aire de un “proyectil shell” dispersa un racimo de 116 cuñas ardientes de fósforo blanco en un radio que se extiende hasta 125 metros desde el origen de la ráfaga. El fósforo blanco enciende y quema al hacer contacto con el oxígeno y continúa quemando a una temperatura de 816 grados Celsius (1500 grados Fahrenheit), hasta no dejar nada o eliminar la presencia del oxígeno. Cuando el fósforo blanco entra en contacto con la piel provoca quemaduras intensas y persistentes que continúan encendiéndose una y otra vez.

El 15 de enero, varios “proyectiles shell” de fósforo blanco encendido lanzados por los militares israelíes impactaron en la sede de la Agencia de Asistencia y Trabajo de Naciones Unidas en la ciudad de Gaza, destruyendo medicinas, comida y otra ayuda básica. Un fragmento encontrado en la escena conserva marcas que indican que el proyectil fue fabricado en octubre de 1991por Pine Bluff Arsenal, en Arkansas.

El Consejo de Seguridad de la ONU, Amnistía Internacional, la Cruz Roja Internacional y otras voces de protesta alrededor del mundo exigieron un alto el fuego. Con todo, y una impactante falta de respeto, ambas ramas del Congreso de EEUU aprobaron de manera aplastante resoluciones de apoyo para que Israel continuara su “defensa propia”.

Bloqueo de armas en Grecia

Al cuarto día del ataque y en medio de la carnicería –el 31 de diciembre–, el Sealift Command de la marina de guerra de EEUU envió a Israel, a través de Grecia, un cargamento de otras 3.000 toneladas de armas. Pero este último envío fue bloqueado a mediados de enero de 2009 por las protestas y movilizaciones del pueblo griego. EEUU han sido largamente el proveedor de armas más grande de Israel. Según los términos de un acuerdo de diez años todavía vigente, negociado por la administración Bush, EEUU proporcionará a Israel material militar por 30.000 millones de dólares.

“Como principal proveedor de armas de Israel, EEUU tiene una obligación particular de detener cualquier suministro que contribuya a gruesas violaciones de las leyes de guerra y de los derechos humanos”, dijo Malcolm Smart, director del Programa Oriente Medio y África del Norte de Amnistía Internacional. “En una gran extensión, la ofensiva militar de Israel en Gaza fue realizada con armas, municiones y equipo militar suministrado por EEUU y pagados con el dinero de los contribuyentes estadounidenses”.

Actualización de Jeremy R. Hammond (de “Foreign Policy Journal”)

El día que el Senado de EEUU aprobó la resolución S.RES.10 “reafirmando el fuerte apoyo de Estados Unidos a Israel en su batalla contra Hamás” (8 de enero de 2009), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publicó una declaración exigiendo que se le permitiera asistir a quienes necesitaban atención médica porque los militares israelíes habían bloqueado el acceso para auxiliar a los palestinos, un crimen de guerra bajo el derecho internacional. También ese mismo día, el secretario general de la ONU Ban Ki-Moon publicó una declaración condenando al ejército israelí por atacar a un convoy de ayuda humanitaria de Naciones Unidas destinada a la población desesperada de Gaza, otro crimen de guerra, así como la masacre, en otro incidente separado, de dos miembros del personal de la Agencia de Asistencia y Trabajo de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA, por su sigla en inglés).

Al día siguiente, la Cámara de Representantes aprobó su propia versión de la resolución H.RES.34, mientras la UNRWA anunciaba que había tenido que paralizar sus esfuerzos humanitarios debido a los numerosos incidentes en que su personal, convoyes e instalaciones habían sufrido ataques de las fuerzas israelíes.

La resolución del Senado fue divulgada por las agencias de noticias extranjeras. El “Jerusalem Post” publicó una nota, al igual que “Reuters”. En EEUU fue difundida por el diario judío “Forward” y mencionada en fuentes mediáticas alternativas por Stephen Zunes, Roberto Naiman, y varios otros. El primero que atrajo mi atención fue “Foreign Policy in Focus” (www.fpif.org), cuyo texto estaba disponible en el sitio web de AIPAC (sigla en inglés del lobby israelí en EEUU, American Israel Public Affairs Committee). Pero en mi conocimiento no fue divulgada en los grandes medios.

Es apenas un secreto que EEUU tiene una “relación especial” con Israel, pero la extensión completa de la ayuda estadounidense para los crímenes israelíes es una cuestión resuelta con el silencio absoluto de los grandes medios de información, y no fue ninguna excepción el apoyo del Congreso a los crímenes de guerra y agresiones de Israel contra la población de Gaza. Cuando los grandes medios llegan a informar emplean eufemismos o repiten mecánicamente la línea oficial del gobierno de EEUU, como que los asentamientos son un “obstáculo a la paz” o ciertamente “ilegales”, etc.

EEUU apoya financieramente a Israel con más de 3 mil millones de dólares anuales. Este dinero es entregado con poco o ningún descuido, pero incluso si no se utiliza directamente en financiar los asentamientos ilegales y la ocupación de Israel, permite que el gobierno israelí libere otros fondos y los divierta de ese propósito con fines militares.

EEUU apoya militarmente a Israel. En su asalto en Gaza, por ejemplo, Israel empleó jets F-16 y helicópteros Apache tipo “cañoneras” manufacturados en EEUU. Las bombas “made in USA” fueron lanzadas en Gaza durante 22 días de violencia, con el resultado de más de 1.300 muertes palestinas, donde un tercio fueron niños, entre otras víctimas civiles.

EEUU también apoya diplomáticamente a Israel. Por ejemplo, EEUU retrasó la aprobación de una resolución de la ONU que pedía un alto el fuego durante el asalto en Gaza, según diplomáticos extranjeros.

El Presidente Obama ha expresado palabras fuertes en apoyo de un estado palestino y contra los asentamientos israelíes. Empero, incumbe al pueblo estadounidense aplicar presión sobre el gobierno de EEUU para asegurarse de que la retórica sea seguida por la acción, por ejemplo terminando con el apoyo financiero, militar y diplomático a los crímenes israelíes.

Ésta es una de las razones de por qué es tan importante que se den a conocer al público las noticias como el apoyo del congreso de EEUU a la “Operation Cast Lead” de Israel contra Gaza. Y este hecho explicaría las razones de por qué tal información es ocultada por los grandes medios corporativos de información.

Fuentes: Human Rights Watch, 25 de marzo de 2009, Israel: “White Phosphorus Use Evidence of War Crimes Report: Rain of Fire: Israel’s Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza”, por Fred Abrahams; Guardian/UK, 23 de febrero de 2009, “Suspend Military Aid to Israel, Amnesty Urges Obama after Detailing US Weapons Used in Gaza”, por Rory McCarthy; Inter Press Service, 8 de enero de 2009 , “U.S. Weaponry Facilitates Killings in Gaza”, por Thalif Deen, International Middle East Media Center News, 8 de enero de 2009, “US military re-supplying Israel with ammunition through Greece”, por Saed Bannoura; y Foreign Policy Journal, 9 de enero de 2009, “US Senate Endorses Israel's War on Gaza”, por Jeremy R. Hammond. Estudiantes investigadores: Erin Galbraith y Curtis Harrison. Evaluadores académicos: Andy Merrifield, Ph.D., Cynthia Boaz, Ph.D., y David McCuan, Ph.D., Sonoma State University.

Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

 

 
Convocan manifestación contra la Ley de Extranjería
La Red Estatal por los Derechos de los Emigrantes llama a la movilización pacífica en favor de los derechos humanos para todas las personas, sea cual sea su origen.

Gonzalo Sánchez
Tercera Información (16-10-09)

REDI, se define como un amplio movimiento que incluye a "organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática".

Debido a que la nueva Ley de Extanjería elaborada por el PSOE profundiza en el atentado contra los derechos humanos de los inmigrantes que tienen como precede las anteriores leyes de extranjerías y sus consecutivas reformas, REDI junto con organizaciones políticas como Izquierda Unida, Partido comunista de España, Izquierda Anticapitalista, sindicatos de clase como FERINE y organizaciones sociales como OSPAAAL y SOS Racismo entre otros muchos, convoca este viernes 17 de octubre en Madrid una manifestación que dará comienzo a las 11:30 de la mañana en Atocha y finalizará su recorrido en Tirso de Molina.

En el comunicado que los convocantes han hecho público se dice que,

"Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.) Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno de la Unión Europea en el Estado español.

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico reconocido por la propia Constitución Española.

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares. Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor. El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión. En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive por sobreseimiento provisional.

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español."




Unos Nobel Alternativos... ¿que sonrojan a Obama?
Los Nobel Solidarios premian el trabajo en la protección de los bosques, el desarme nuclear, la asistencia sanitaria y el uso responsable de la ciencia, no campañas de márketing o promesas de acción.

Canal Solidario (16-10-09)

El jurado del Right Livelihood Award (RLA) o Nobel Alternativo premia cada año, la labor social de personas e instituciones de todo el mundo con los más desfavorecidos y es considerado la antesala del Nobel de la Paz. Pero este año el boleto ganador de tan alta distinción ha recaído en el presidente norteamericano, una decisión con la que no todos están de acuerdo

La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 4 de diciembre en el Parlamento sueco. La dotación de estos es de 50.000 euros para cada uno excepto para el honorífico. Ésta se utiliza para financiar actividades o proyectos de interés público y no para finalidades personales.

Los galardonados de este año

Impulsar la reforestación
A René Ngongo, de 48 años, según el fallo, el jurado le reconoce su "coraje confrontando a las fuerzas que están destruyendo la selva del Congo (la segunda en tamaño del planeta) y construyendo apoyo político para su conservación y uso sostenible". Ngongo creó en 1994 OCEAN, una organización que se extiende por todo el Congo para impulsar la reforestación y la explotación sostenible de los recursos a través de campañas, programas de radio y televisión y labor de presión a nivel local, nacional e internacional.

Desarme nuclear

El neozelandés Alyn Ware ha sido galardonado por abogar “la defensa efectiva y creativa y el impulso de iniciativas durante más de dos décadas para promover la educación pacífica y eliminar las armas nucleares”.

Ware, de 47 años, comenzó su carrera con el proyecto Caravana Móvil de la Paz, con el que durante años enseñó y coordinó su programa de educación pacífica en escuelas por toda Nueva Zelanda, ha ejercido de consejero del gobierno neozelandés y de la ONU en educación sobre desarme, formó parte activa de la campaña de prohibición de armas nucleares en su país y ha promovido esas ideas en distintos organismos y foros internacionales.

La salud de las mujeres etíopes

De origen australiano, Catherine Hamlin llegó a Etiopía en 1959 para trabajar como ginecóloga y obstetra en un hospital de Addis Abeba, donde impulsó un tratamiento pionero de la fístula obstétrica. En su caso, el jurado ha premiado su medio siglo "dedicado a tratar a pacientes de fístula obstétrica, restaurando de este modo la salud, esperanza y dignidad de miles de las mujeres africanas más pobres". Más tarde construyó un hospital para tratar gratis a mujeres, el comienzo de un proyecto que se ha ido extendiendo al resto del país.

El premio "honorífico" a la"defensa de la responsabilidad social del uso de la ciencia”

Por esto y por su contribución masiva a extender el conocimiento de los peligros del cambio climático e impulsar el apoyo público a las políticas que lo reconocen”, es por lo que le han concedido esta distinción a David Suzuki.

A través de sus libros y sus programas de televisión, Suzuki ha alertado sobre los peligros del cambio climático, los riesgos de la biotecnología y ha defendido los derechos de las poblaciones indígenas en una labor de dos décadas de compromiso.

Cualquiera puede presentar un candidato al Right Livelihood Award (RLA). Es un proceso de selección abierto, que pone en evidencia los problemas más urgentes de las sociedades actuales. El reglamento no establece categorías fijas, por lo que históricamente el Premio ha sido entregado a activistas de campos tan diferentes como la defensa de los derechos humanos, la justicia social, la paz y el desarme, la promoción de las minorías, el desarrollo de la agricultura, la ciencia y la tecnología, etc.

Cada año llegan a las oficinas de Estocolmo entre 70 y 100 propuestas de candidatura, este año en concreto 82 candidatos de 46 países. Los funcionarios de la Fundación analizan la trayectoria de los candidatos, cuyos nombres se mantienen en el más riguroso secreto, mientras que la selección está a cargo de un jurado internacional.

Este premio, cuyo nombre real es: Premio al Sustento Bien Ganado fue instituido en 1980 por el escritor y ex eurodiputado sueco-alemán Jakob von Uexküll que conmovido por la miseria y el hambre que observó durante sus viajes, quiso patrocinar un premio Nóbel de ecología que fue rechazado por la Academia Sueca, motivo por el cual fundó los Right Livelihood Award, cuya primera entrega se realizó en una sala alquilada en 1980. Desde año, ya han sido 137 los premiados de 58 países.




Más de 65 mil mujeres mueren anualmente por abortos mal practicados
Sepsis, laceraciones cervicales y perforaciones uterinas, entre las complicaciones graves.

Kerstin Bognar
CIMAC (16-10-09)

Cada año mueren 66 mil 500 mujeres por causas relacionadas con abortos mal practicados; en el mismo lapso se practican alrededor de 19 millones de legrados inseguros a mujeres de países en desarrollo –cifra que equivale aproximadamente a la suma de la población de Jalisco, Veracruz y el Distrito Federal–, señala el Instituto Guttmacher, especializado en salud sexual y reproductiva, en un estudio reciente.

Unas cinco millones de mujeres reciben tratamiento por complicaciones graves producidas por aborto incompleto, sepsis (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica provocada por una infección grave), pérdida de sangre, laceraciones cervicales y vaginales o perforaciones uterinas. Entre 15 y 25 por ciento de las mujeres que necesitan atención hospitalaria por tales motivos no la reciben, señala el informe.

Los costos para el tratamiento de estas complicaciones en América Latina y África equivalen a alrededor de 280 millones de dólares por año y, si se incluyen las regiones en desarrollo de Asia y el Pacífico, se eleva a 341 millones de dólares.

Estas cifras representan una gran carga para los sistemas de salud de las regiones en desarrollo, pero se podrían reducir significativamente con medidas para prevenir los embarazos no deseados y facilitar el acceso al aborto seguro, destaca el instituto estadounidense.

“Los abortos inseguros son una causa de mortalidad materna y amenazan la salud de las mujeres tanto en estas regiones como alrededor del mundo. Los costos calculados en este estudio resultan de prevenir los embarazos no deseados o de terminarlos de manera segura” señala Michael Vlassoff, autor principal del estudio.

El gasto para los sistemas de salud de las naciones en vías de desarrollo a causa del tratamiento de complicaciones resultantes de abortos inseguros es sólo un componente del impacto económico total que reciben las sociedades por esta causa y es, además, sumamente difícil de medir, pues incluye el tratamiento de consecuencias de largo plazo –como infecciones pélvicas crónicas e infertilidad– así como los efectos económicos indirectos del aborto inseguro, que afectan a los hogares, a la población excluida del sistema de salud y a la economía general de un país.

Los autores del informe señalan que es necesario que los gobiernos tomen en cuenta los costos directos de los abortos inseguros y los comparen con los precios, mucho menos elevados, de las medidas que pueden prevenirlos, como la facilitación del acceso a servicios anticonceptivos y la despenalización del aborto.

Un estudio llevado a cabo en Nigeria demuestra que la cantidad de dinero necesaria para implementar servicios anticonceptivos es 25 por ciento menor que el costo de los tratamientos de complicaciones relacionadas con los abortos inseguros. Otra investigación señala que el precio de un aborto seguro oscila entre seis y 23 dólares, mientras que el del tratamiento de complicaciones asciende aproximadamente a 89 dólares, cifra que el Instituto Guttmacher calculó para el África Subsahariana.

“Se pueden tomar medidas para proteger la salud de las mujeres ahorrando, al mismo tiempo, dinero para el sistema de salud” concluyen Vlassoff y sus colaboradores.

En este contexto, cabe mencionar que, además de incrementar los costos médicos y poner en peligro la salud de las mujeres, la penalización del aborto significa una violación del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

Fuente original:http://www.cimacnoticias.com/site/09101207-Mas-de-65-mil-mujer.39606.0.html.