ELTIEMPO.COM
6/02/02
ONG piden a E.U. congelar ayuda a Colombia

Tres importantes organizaciones de derechos humanos pidieron ayer al gobierno de Estados Unidos no entregar casi 400 millones de dólares en ayuda a Colombia, porque no ha cumplido con ninguno de los compromisos que fijó el Congreso estadounidense en relación, entre otras cosas, con la suspensión de militares vinculados con grupos paramilitaes.

Las condiciones fueron impuestas a finales del año pasado como requisito previo para el desembolso de los recursos.

En una rueda de prensa conjunta realizada en Washington, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Wola entregaron un extenso documento en el que justifican su petición para que E.U. suspenda el sumistro de recursos con los que se esperaba contar este año para adelantar los programas antinarcóticos y de desarrollo social en el país.

Las ONG criticaron a su vez el deseo de la admistración Bush de autorizar más fondos militares para Colombia cuando todavía no se cumplen con las condiciones para desembolsar la que ya fue aprobada.

Como se sabe, Bush ha solicitado al Congreso cerca de US$ 538 millones que serían invertidos en el país el año entrante. Parte de los fondos se utilizarían para apoyar unidades del Ejército en la protección de infraestructura petrolera y para formar una segunda brigada antinarcóticos.

Sobre este particular, el senador Patrick Leahy, presidente del subcomité de Apropiaciones para Operaciones internacionales, dijo que "Esta propuesta marca la primera vez que la linea que separa la contrainsurgencia de la lucha contra los narcóticos es cruzada por E.U.".

Por su parte, el senador Paul Wellstone señaló que "esto no fue lo que debatimos en el Congreso cuando se aprobó el Plan Colombia. Nos estamos metiendo cada vez más en este conflicto".

En Bogotá, el secretario de Estado adjunto para Asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de E.U., Lorne Craner, destacó los progresos de los militares colombianos en el respeto de los derechos humanos.

Craner, que integra una comisión estadounidense de alto nivel que evalúa la marcha del Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina de lucha antidrogas, dijo que "veo que la actitud hacia el respeto de los derechos humanos en Colombia existe en el alto mando y eso es muy importante en cualquier país".

Las declaraciones fueron difundidas por la agencia de noticias del Gobierno (Ancol), al término de una reunión con la cúpula militar. Craner también criticó a los guerrilleros, a quienes calificó de narcotraficantes. "Son traficantes de droga, definitivamente. Antes tenían una ideología pero hoy están comercializando la droga", puntualizó.

Con respecto a la situación de Colombia, desde Washington, el secretario de Estado de E.U., Colin Powell, dijo "hay algunas nubes oscuras que se están moviendo y una de las más oscuras se posa sobre Colombia donde una combinación de narcoterrorismo y guerrillas amenazan con descarrilar el progreso que los colombianos han logrado en pro de su democracia. Por eso nuestra Iniciativa Regional Andina, dirigida a combatir las drogas mientras se promueve el desarrollo económico, los derechos humanos y las instituciones democráticas".

Precisamente, según la ley, Powell debe "certificar" en dos semanas, y antes de "girar el primer cheque", que Colombia esta suspendiendo del servicio activo a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, que los militares están cooperando plenamente con la justicia civil en este tipo de investigaciones y que se están cortando sus nexos con los paramilitares.

'No se han cumplido condiciones'

"Colombia no ha cumplido con ninguna de las condiciones. Una certificación prematura o viciada de las condiciones en derechos humanos mandaría el mensaje de que E.U. mira para el otro lado, mientras Colombia continúa por su camino de impunidad, violencia y terror", dice el documento de las ONG.

De acuerdo con Colleta Youngers, de Wola, si E.U. llega a certificar a Colombia estaría "mintiendo".

Según las ONG, en lugar de suspender a militares de quienes se sospecha están involucrados en violaciones a los derechos humanos, como exige la ley, los está promoviendo o manteniendo en sus cargos.

Mencionan el caso del general Rodrigo Quiñonez, a quien asocian con las masacres de El Salado y Chengue, y que recientmente fue ascendido a vicerrector de la Escuela de Guerra.

También dieron a conocer el caso del general Carlos Ospina Ovalle, implicado, según dicen, con la masacre de El Aro, y quien ejerce como director de Operaciones del Ejército.

De la misma manera señalan a los generales Gabriel Diaz, por el supuesto apoyo a paramilitares en el Putumayo; Freddy Padilla León, por su "omisión" en la masacre de Puerto Alvira; Rafael Ruiz por el apoyo a paramilitares en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, y a Martin Carreño Sandoval por permitir la colaboración de miembros de la Quinta Brigada con paramilitares en Bucaramanga.

De acuerdo con el informe, los militares también continuaron adjudicándose casos que debían ser competencia de la justicia civil, pues involcuraban violaciones a los derechos humanos, contrariando disposiciones del Congreso de E.U.

Piden en ese sentido que trasfieran a la justicia civil los casos del general Rodrigo Quiñones, del general (r) Fernando Millán, del brigadier general Jaime Alberto Canal y de los generales retirados Jaime Humberto Cortés, Jaime Uscategui, Alberto Bravo Silva, Rito Alejo del Río y Farouk Yanine Diaz.

De la misma menera les solicitan a los militares que transfieran a la justicia civil las investigaciones de las masacres de Trujillo (Valle), Caloto (Cauca), Riofrío, Blanquicet, San José de Apartado, Santo Domigo y El Aro, tal como lo dispone las condiciones de la ayuda estadoundiense.

A su vez indican que buena parte de los progresos que se venían registrando en el país han sido descarrillados por la gestión del fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio. "Lo que parece evidente, cuando terminaba el año pasado, es que Osorio tenía la intención de desacelerar o detener los avances que se venían registrando en casos muy importantes que implicaban a altos militares, entre ellas la investigación contra el general Rito Alejo del Río", dice el reporte.

Sergio Gómez Maseri
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington

Los reclamos concretos de las ONG sobre Colombia

El informe de Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y Washington Office on Latin America (WOLA) hace los siguientes reclamos concretos sobre los Derechos Humanos en Colombia:

1) Suspender de las Fuerzas Armadas colombianas y procesar en cortes civiles si existe mérito suficiente a los oficiales acusados de graves abusos contra los DDHHH o contra los cuales existe evidencia creíble de apoyo o tolerancia del paramilitarismo.
Los siguientes estaban aún activos en el 2001:
- General (Armada) Rodrigo Quiñones
- General Carlos Ospina Ovalle
- General Gabriel Díaz
- General Freddy Padilla León
- General Rafael Ruiz
-General Martín Carreño Sandoval

2) Las Fuerzas Armadas colombianas deben cooperar con fiscales civiles y autoridades judiciales en el procesamiento y la sentencia de sus miembros sospechosos de graves violaciones a los DDHH, incluidas matanzas extrajudiciales.
A. El ejército colombiano debe transferir los siguientes casos a las autoridades civiles apropiadas, para su investigación:
- General (Armada) Rodrigo Quiñones
- General (ret.) Fernando Millán
- Brigadier General Jaime Canal Albán (ret.)
- General (ret.) Jaime Humberto Cortés Parada
- General (ret.) Jaime Uscátegui
- General (ret.) Alberto Bravo Silva
- General (ret.) Rito Alejo del Río
- General (ret.) Farouk Yanine Díaz
B. El ejército colombiano debe transferir a las autoridades civiles apropiadas para su investigación y procesamiento casos de violaciones a los DDHH o de apoyo a los paranmilitares investigados por tribunales militares o que no han llegado a la etapa de apelación final y resolución. Entre ellos:
- Masacres de Trujillo (Valle del Cauca): docenas de muertos entre fines de los 80 y principios de los 90.
- Masacre en El Caloto (Cauca): 20 miembros de la comunidad indígena Páez asesinados el 16 de diciembre de 1992 por la policía judicial.
- Masacre en Riofrío (Valle del Cauca): 13 personas asesinadas en el poblado El Bosque, el 5 de octubre de 1993, por hombres uniformados y enmascarados.
- Blanquicet (Antioquia): el 22 de setiembre de 1993 soldados del ejército
colombiano mataron a Carlos Manuel Prada y Evelio Bolano, miembros del grupo de oposición armada Corriente de Renovación Socialista, que habían estado actuando como negociadores de paz.
- San José de Apartado (Antioquia): amenazas y violaciones de DDHH contra esta comunidad por paramilitares apoyados por el ejército en 2001.
- Santo Domingo (Arauca): evidencia creíble de que la fuerza aérea
colombiana que volaba un helicóptero de combate financiado por Estados Unidos atacó con un cohete una casa donde se habían refugiado civiles.
- El Aro (Antioquia): documentos gubernamentales muestran que en la masacre del 25 de octubre de 1997, donde cuatro personas fueron ejecutadas, hubo una estrecha colaboración entre paramilitares y el ejército.
- Angel Quintero y Claudia Monsalve: la investigación de la desaparición de estos defensores de DDHH que desaparecieron el 6 de octubre del 2000 en
Medellín reveló evidencias de que el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA, fuerza antisecuestros conjunta de la policía y el ejército) tenía intervenidos ilegalmente miles de teléfonos de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, y de otras organizaciones.

3) Las Fuerzas Armadas colombianas deben tomar medidas efectivas para cortar los lazos con los paramilitares, y ejecutar órdenes de captura de miembros de estos grupos.
A. El Gobierno colombiano debe presentar un plan completo y financiado para desbandar los grupos paramilitares, arrestar y procesar a sus líderes, e incautar sus bienes.
B. El ejército colombiano debe adoptar una estrategia para ejecutar inmediatamente órdenes de arresto relacionados con los siguientes casos de asesinato de investigadores y defensores de los DDHH:
- Alirio de Jesús Pedraza Becerra
- Blanca Cecilia Valero de Durán
- Oscar Elías López
- Julio César Berrio
- Ligia Patricia Cortez Colmenares
- Jairo Barahona Martínez
- Ernesto Emilio Fernández
- Javier Alberto Barriga Vergal, CSPP
- Josué Giraldo Cardona
- Elsa Alvarado y Mario Calderón
- Jesús María Valle Jaramillo
- Eduardo Umaña
- Jorge Ortega
- Jairo Bedoya Hoyos
- Margarita María Pulgarín Trujillo
- Jesús Ramiro Zapata Hoyos
- Elizabeth Cañas Cano
- Yolanda Cerón, Pepe Zabala y Angela Andrade
- Fernando Cruz Peña, Cali
- Fernando Rafael Castro, Magdalena
- Iván Villamizar Luciani, Cúcuta
- Carmenza Trujillo Bernal, Caldas
- Gonzalo Zárate Triana, Meta
- Dario Suárez Meneses, Huila
- Kimy Pernia Domicó, Córdoba
- Alma Rosa Jaramillo Lafourie y Eduardo Estrada, Santander
C. Estados Unidos debe insistir en la captura de autores intelectuales de
graves violaciones a los DDHH contra los cuales hay órdenes de arresto,
incluidos oficiales militares y líderes paramilitares, entre ellos:
- Carlos Castaño Gil, líder de las AUC
- Alexander "El Zarco" Londoño, Las Terrazas
- Julián Duque
- Gabriel Salvatore "El Mono" Mancuso Gómez
- Ramón Isaza Arango
- Luis Eduardo "El Aguila" Cifuentes Galindo
- Diego Fernando Murillo Bejerano
- Rodrigo Tovar Pupo, "El Papa"
- Víctor Burgos Vellojín
- Lino Arias Paternina
- Gustavo Adolfo Upegui
- Omar Yesud López Alarcón
- Martín Villa Montoya
- Jorge Iván Laverde Zapata, "Sebastián" o "El Iguano"
- Salomón Feris Chadid
- Francisco Javier Piedrahita
- Humberto Caicedo Grosso
- Héctor Buitrago, "Tripas"
- Jacinto Soto Toro, "Lucas" o "Aníbal"
- Hernán Giraldo

Washington
Con AFP