Presos catalanes de Franco acusan al PP de penalizarles con impuestos
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 06/07/2003

Exigen que las indemnizaciones de la Generalitat no tributen, igual que las del Estado de 1990
Algunos beneficiarios de la paga del Govern ya han sido objeto de sanción por Hacienda

TONI SUST
BARCELONA

Los antiguos presos del régimen franquista que han sido indemnizados por la Generalitat por el tiempo que pasaron en prisión están indignados con el Gobierno central, tras ser apercibidos por Hacienda de que deben pagar más de un 25% de la compensación recibida en concepto de impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
Los afectados subrayan que los represaliados por la dictadura que cobraron del Estado en 1990 quedaron eximidos de tributar. Las cantidades entregadas por el Govern son de un mínimo de 900 euros (150.000 pesetas) y un máximo de 6.000 euros (un millón de pesetas), según el tiempo pasado en prisión.

SANCIONES
Tras multitud de gestiones infructuosas de representantes del colectivo, muchas de las más de 12.000 personas que han cobrado de la Generalitat ya se han visto obligadas a entregar la cuarta parte de su indemnización y, en algunos casos, a afrontar sanciones complementarias de hasta un 50% después de recibir declaraciones paralelas, que empezaron a llegarles el pasado otoño.
La Associació Catalana d'ex-Presos Polítics, que asesora a los afectados, desconoce cuántos han pagado, dada la amplitud del colectivo. Sospechan que algunos no protestan por miedo a la Agencia Tributaria.

UNA LARGA LUCHA
Decenas de miles de presos de Franco se quedaron sin las compensaciones que el Gobierno central concedió en 1990 a los perseguidos políticos a los que la dictadura metió en la cárcel porque la ley aprobada a tal efecto limitaba como beneficiarios a los mayores de 65 años en aquella fecha. Tras varios años de lucha, los excluidos lograron hacerse oír en el Parlament. En 1998, un decreto de la Generalitat otorgó indemnizaciones a los que tuvieran 65 años en ese año, y un segundo decreto amplió el margen hasta los que cumplieron 65 en el 2000.
La asociación no piensa quedarse de brazos cruzados. Hasta ahora se ha dirigido al Defensor del Pueblo, al Parlamento Europeo y a Hacienda. Este ministerio les ha respondido que no procede aplicarles el mismo eximente que a su predecesores por no estar contemplada esa posibilidad en la vigente regulación del IRPF, de 1998. Todos los partidos catalanes, a excepción del PP, han intentado en el Congreso que los ex-presos fueran eximidos de tributar por sus indemnizaciones, pero han chocado con la mayoría absoluta de los conservadores.

'VENGANZA DEL PP'
El secretario de la Associació Catalana d'ex-Presos Polítics, Joan Garcia Tristany, clama contra el Gobierno del PP y atribuye su actitud a 'una venganza política miserable'. Garcia Tristany y el presidente del grupo, Enric Pubill, declaran que están dispuestos 'a luchar'. 'Están hurgando en una herida que se cerraba', avisa este último.
Pubill ironiza sobre las multas de Hacienda y afirma que, 'con toda tranquilidad', volvería durante un tiempo a la cárcel en vez de pagarlas, sobre todo tras conocer las condiciones de las prisiones actuales, que, dice, nada tienen que ver con el penal de Burgos en el que él y Garcia Tristany, entre muchos otros, pasaron varios años de condena.


EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 07/07/2003
POLÉMICA POR LAS COMPENSACIONES A LOS ENCARCELADOS POR EL FRANQUISMO
ICV exige la retirada de multas a los ex-presos

Critica que los indemnizados por el Govern deban tributar

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El presidente de ICV, Joan Saura, exigió ayer al Gobierno del PP que retire de forma inmediata las multas impuestas a algunos antiguos presos catalanes del régimen franquista por no haber declarado a Hacienda las compensaciones que recibieron de la Generalitat por el tiempo que pasaron en prisión.
Muchas de las más de 12.000 personas que han cobrado de la Generalitat ya se han visto obligadas a entregar la cuarta parte de su indemnización a Hacienda y, en algunos casos, a afrontar sanciones complementarias de hasta un 50%, después de recibir declaraciones paralelas que empezaron a llegarles el pasado otoño, según avanzó EL PERIÓDICO en su edición de ayer.

INDIGNACIÓN DE LOS AFECTADOS
La Associació Catalana d'ex-Presos Polítics, que asesora a los afectados, mostró su indignación por estos hechos. Las indemnizaciones satisfechas por el Govern son de un mínimo de 900 euros (150.000 pesetas) y un máximo de 6.000 euros (un millón de pesetas), según el tiempo pasado en prisión. Los ex-presos apercibidos por Hacienda denuncian un trato discriminatorio, ya que los represaliados por la dictadura indemnizados por el Estado en 1990 quedaron eximidos de tributar.
Saura consideró ayer 'muy grave' la 'anomalía' que supone que se trate de forma diferente a 'personas que han sufrido el mismo daño por parte de la dictadura' en función de si las compensaciones las paga el Estado o la Generalitat. El presidente de ICV también recordó que el partido de José María Aznar 'ha rechazado' en diversas ocasiones corregir estas diferencias que, subrayó, afectan a unas personas 'que fueron a la cárcel únicamente por expresar sus opiniones'. Todos los partidos catalanes, a excepción del PP, intentaron en el Congreso que los ex-presos fueran eximidos de tributar por sus indemnizaciones, pero toparon con la mayoría absoluta de los populares.

VÍAS LEGALES
La Associació Catalana d'ex-Presos Polítics se ha mostrado dispuesta a agotar todas las vías legales para impedir que a los represaliados indemnizados por la Generalitat se les otorgue un trato diferente al recibido por otros presos de la dictadura.
Hasta el pasado mes de junio, habían cobrado del Govern 12.218 represaliados, mientras otros 12.519 estaban pendientes de recibir la compensación. Las cantidades satisfechas suman un total de 32.068.683 euros (más de 5.335 millones de pesetas).


EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 08/07/2003
La izquierda y CiU llevan al Congreso las multas a ex-presos

ANDREAS GONZÁLEZ
BARCELONA

Todos los partidos catalanes, excepto el PP, reclamarán en el Congreso que el Gobierno de José María Aznar retire las multas impuestas a algunos de los antiguos presos del régimen franquista que no han declarado a Hacienda las indemnizaciones recibidas de la Generalitat por el tiempo que pasaron en la cárcel.
CiU, los socialistas, ICV y ERC exigirán asimismo la modificación de la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), para que deje de considerar sujetas a tributación las indemnizaciones que otorgan las autonomías. De esta manera, los represaliados indemnizados por la Generalitat quedarían equiparados a los que fueron compensados por el Estado en 1990, a los que Hacienda sí aplicó la exención fiscal.
Muchos de los 12.000 ex-presos que han cobrado de la Generalitat ya se han visto obligados a entregar a la Agencia Tributaria la cuarta parte de su indemnización, que va de los 900 a los 6.000 euros. En algunos casos, ha denunciado la Associació Catalana d'ex-Presos Polítics, la medida ha ido acompañada de una sanción de hasta un 50% de la deuda.

PREGUNTAS AL GOBIERNO
Las peticiones al Gobierno para que exima del IRPF las compensaciones recibidas por los ex-presos indemnizados por la Generalitat serán defendidas en forma de proposiciones no de ley que las cuatro formaciones ya han hecho llegar al registro de la Cámara. El primero en hacerlo fue el PSC-PSOE, el 3 de junio. El ecosocialista Joan Saura presentará, además, varias preguntas al Gobierno sobre la misma cuestión. ICV considera asimismo que debería ser el Estado el que asumiera el coste de todas las indemnizaciones sin excepción.
Los partidos catalanes, menos el PP, ya habían pedido en anteriores ocasiones las mismas exenciones fiscales, rechazadas siempre por la mayoría absoluta del partido de Aznar. El líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, achacó ayer esta negativa al hecho de que el PP es 'heredero político' de quienes 'nunca fueron encarcelados ni torturados por el franquismo y que, en todo caso, se sentaron en sus consejos de ministros'.
El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, atribuyó el desigual trato fiscal 'al interés político de que todo dependa de Madrid'.