El Estado pagará casi 9 millones de euros al PNV por la incautación de seis batzokis en la Guerra Civil
diariovasco.com - 29 de octubre de 2003

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El Consejo de Ministros había desestimado en 2001 las solicitudes de compensación o restitución efectuadas por los nacionalistas

El Tribunal Supremo ha condenado a la Administración del Estado a pagar al PNV la cantidad de 8.808.894,72 euros (equivalentes a 1.465.676.757 pesetas) en compensación por la incautación de seis batzokis durante el periodo de la Guerra Civil española, que estaban situados en Zeanuri, Lekeitio, Eibar, Durango, Zorroza, y Sondika.

VASCO PRESS / MADRID

El Alto Tribunal considera probado que el PNV era el propietario de esos inmuebles, aunque estuvieran a nombre de distintas sociedades mercantiles, por lo que acepta el recurso planteado por esta formación, contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2001, que rechazó la solicitud 'por no haber quedado acreditada la vinculación entre las entidades titulares de los inmuebles en el momento de su incautación, y el partido político solicitante'.

El PNV alegó que 'los batzokis se incautaron por razón de su pertenencia al PNV-EAJ, al ser la titularidad registral de aquellas mercantiles meramente fiduciaria'. Esas mercantiles no eran más que una mera 'fachada', un artilugio jurídico o tapadera de un dominio real del partido sobre esos locales, con el objetivo de proteger su patrimonio.

El Supremo coincide con estos argumentos y se remite a los documentos y las declaraciones aportadas en el expediente administrativo, donde se demuestra que las mercantiles 'fueron constituidas en su día para ostentar la propiedad registral del inmueble donde vino a radicar el batzoki de la localidad respectiva, que tenían como finalidad la protección del patrimonio real del PNV, y que ceden a éste por el precio simbólico de una peseta los derechos que ostentan sobre las participaciones en el capital de dichas sociedades'. Además, recuerda que en el propio acuerdo del Consejo de Ministros, que rechazó la reclamación, se reconoce que los inmuebles estaban siendo utilizados, en esa época, como sedes por el PNV.

Por tanto, esta formación tiene derecho a que se le restituyan los bienes que le fueron incautados entre los años 1936 y 1939, o bien que reciba una compensación económica por ellos, porque eran propiedad del PNV, y estaban destinados a sus actividades políticas, en este caso, como lugar de encuentro y reunión de afiliados y simpatizantes. El Alto Tribunal utilizó también estos mismos argumentos en la sentencia de 5 de febrero de 2002, en la que concedió una compensación por la incautación del batzoki de Plencia.

Compensaciones rechazadas

Unicamente, rechaza que el PNV deba recibir una compensación por los batzokis de Soraluce-Plasencia de las Armas y Zarautz, porque fueron adquiridos de nuevo por las sociedades mercantiles a las que pertenecían en el momento de la incautación. La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo cuenta con el voto particular del magistrado Oscar González González, que se opone a que el Supremo fije la cantidad de la compensación que debe cobrar el PNV.

González-González afirma que es una materia para la que se requieren conocimiento técnicos e informes de los organismos especializados, porque tanto en el valor del suelo como en el de las edificaciones influyen factores como la situación o la antigüedad que podrían hacer variar la suma final. Por tanto, considera que el expediente debería haber sido devuelto a la Administración para que efectuase la correspondiente valoración.

Lo contrario, según este magistrado, 'supone la determinación de un valor en función de los medios de prueba que han sido propuestos sólo por la parte recurrente'. Los informes en los que se basa la cantidad fijada por el Supremo fueron emitidos por los servicios técnicos sobre valores catastrales de las respectivas Diputaciones Forales.