El Gobierno quiere devolver a UGT en esta legislatura los bienes que se le expropiaron. El sindicato cifra en 240 millones de euros el valor de las propiedades que le quitaron
El Diario Montañés - 19 de septiembre de 2004

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ELISA GARCÍA/MADRID

El Gobierno intentará devolver a UGT en la presente legislatura los bienes expropiados durante el franquismo, según reconoció el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez. «Es preciso buscar una salida a esta demanda histórica sindical», pero «sobre la base de una valoración adecuada», matizó. Asimismo, informó que el Ejecutivo es partidario de buscar mediante el diálogo social «fórmulas estables» de financiación para las patronales y los sindicatos más representativos, relacionadas con su participación en la negociación colectiva.

La reclamación de UGT se sitúa en los 240 millones de euros (40.000 millones de las antiguas pesetas). La medida que baraja el Gobierno sería complementaria a la realizada en 1986 por el Ejecutivo socialista de entonces, valorada en 25 millones de euros (4.144 millones de pesetas). En aquella ocasión, también se reintegraron a CNT-AIT 1,5 millones de euros (248 millones de pesetas), que después de permanecer depositados durante años en el Banco de España, por un conflicto entre la central anarquista y un sector escindido bajo las siglas de CGT, se entregaron a la confederación nacional.

Gómez se mostró consciente de que la devolución de los bienes incautados en la Guerra Civil permitirá a UGT resolver definitivamente la crisis económica que padece el sindicato por el problema de la cooperativa de viviendas PSV y su gestora IGS, que mantiene embargado su patrimonio. «Sería razonable intentar alcanzar algún tipo de acuerdo, aunque existe un problema de valoración. Estamos en negociación», expuso

Respecto al establecimiento de un sistema de financiación que «mejore las dotaciones para la acción sindical y de las patronales», el secretario general insistió en que cualquier reforma en este sentido se llevará a cabo en el ámbito del diálogo social. Recordó que la declaración de intenciones suscrita por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los líderes de CEOE, CCOO y UGT, en julio, recoge un apartado que aboga por dotar a los agentes sociales de «los medios para el logro de los fines constitucionalmente atribuidos».